VIOLENCIA PATRIMONIAL EN NIÑOS QUE
RECIBEN PENSIÓN O AYUDA SOCIAL
PATRIMONIAL VIOLENCE ON CHILDREN WHO RECEIVE
CHILD SUPPORT OR SOCIAL ASSISTANCE
Danna Bonett Carranza
Universidad Hispanoamericana
Gloriana Montero Chevez
Universidad Hispanoamericana
Daniela Solano Cartín
Universidad Hispanoamericana
pág. 8579
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i5.20195
Violencia patrimonial en niños que reciben pensión o ayuda social
Danna Bonett Carranza1
Danna.bonett@uhispano.ac.cr
https://orcid.org/0009-0004-8357-4225
Universidad Hispanoamericana
Gloriana Montero Chevez
gloriana.montero@uhispno.ac.cr
https://orcid.org/0009-0009-6416-5035
Universidad Hispanoamericana
Daniela Solano Cartín
daniela.solano0437@uhispano.ac.cr
https://orcid.org/0009-0000-0764-7163
Universidad Hispanoamericana
RESUMEN
La violencia patrimonial hacia los niños es una forma de maltrato poco visibilizada que afecta
directamente sus derechos económicos. En este artículo se analiza cómo algunos padres, madres o
cuidadores hacen uso indebido de la pensión alimentaria o de las ayudas sociales destinadas al bienestar
de los menores, empleando estos recursos para fines personales o negándoles el acceso a los mismos.
Esta práctica no solo vulnera el derecho a una vida digna, sino que reproduce ciclos de desigualdad y
exclusión social. Se presentan datos de estudios previos, casos reales y un análisis desde una perspectiva
socioeducativa, con el objetivo de evidenciar esta problemática y promover acciones de protección más
efectivas para la niñez.
Palabras clave: violencia patrimonial, niñez, pensión alimentaria, ayuda social, derechos del niño,
sociología educativa
1 Autor Principal
Correspondencia: Danna.bonett@uhispano.ac.cr
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i5.20195
Violencia patrimonial en niños que reciben pensión o ayuda social
Danna Bonett Carranza1
Danna.bonett@uhispano.ac.cr
https://orcid.org/0009-0004-8357-4225
Universidad Hispanoamericana
Gloriana Montero Chevez
gloriana.montero@uhispno.ac.cr
https://orcid.org/0009-0009-6416-5035
Universidad Hispanoamericana
Daniela Solano Cartín
daniela.solano0437@uhispano.ac.cr
https://orcid.org/0009-0000-0764-7163
Universidad Hispanoamericana
RESUMEN
La violencia patrimonial hacia los niños es una forma de maltrato poco visibilizada que afecta
directamente sus derechos económicos. En este artículo se analiza cómo algunos padres, madres o
cuidadores hacen uso indebido de la pensión alimentaria o de las ayudas sociales destinadas al bienestar
de los menores, empleando estos recursos para fines personales o negándoles el acceso a los mismos.
Esta práctica no solo vulnera el derecho a una vida digna, sino que reproduce ciclos de desigualdad y
exclusión social. Se presentan datos de estudios previos, casos reales y un análisis desde una perspectiva
socioeducativa, con el objetivo de evidenciar esta problemática y promover acciones de protección más
efectivas para la niñez.
Palabras clave: violencia patrimonial, niñez, pensión alimentaria, ayuda social, derechos del niño,
sociología educativa
1 Autor Principal
Correspondencia: Danna.bonett@uhispano.ac.cr
pág. 8580
Patrimonial Violence on Children Who Receive Child Support or Social
Assistance
ABSTRACT
Patrimonial violence against children is an under-recognized form of abuse that directly affects their
economic rights. This article analyzes how some parents or caregivers misuse child support or
government social assistance intended for the child's well-being, diverting these funds for personal use,
or denying the child access to them. Such practices not only violate the right to a dignified life but also
perpetuate cycles of inequality and social exclusion. The article presents data from previous studies, real
cases, and a socio-educational analysis aimed at highlighting this issue and encouraging stronger
protective measures for children.
Keywords: childhood, child support, social assistance, children's rights, sociology education
Artículo recibido 09 agosto 2025
Aceptado para publicación: 13 septiembre 2025
Patrimonial Violence on Children Who Receive Child Support or Social
Assistance
ABSTRACT
Patrimonial violence against children is an under-recognized form of abuse that directly affects their
economic rights. This article analyzes how some parents or caregivers misuse child support or
government social assistance intended for the child's well-being, diverting these funds for personal use,
or denying the child access to them. Such practices not only violate the right to a dignified life but also
perpetuate cycles of inequality and social exclusion. The article presents data from previous studies, real
cases, and a socio-educational analysis aimed at highlighting this issue and encouraging stronger
protective measures for children.
Keywords: childhood, child support, social assistance, children's rights, sociology education
Artículo recibido 09 agosto 2025
Aceptado para publicación: 13 septiembre 2025
pág. 8581
INTRODUCCIÓN
Tipo de investigación
investigación documental, enfoque cualitativo, característica y las bondades
La violencia patrimonial contra los niños es una forma de abuso financiero que ha sido poco registrada
en comparación con otras formas de maltrato, como el abuso físico, emocional o sexual. Esta forma de
violencia implica el uso inapropiado, la retención o la apropiación de fondos que están legitimados o
éticamente asignados al bienestar de un niño o una niña. Frecuentemente se presenta en el entorno
familiar y se ignora por la ausencia de mecanismos eficaces de control y por la normalización de
conductas abusivas en relaciones de poder desiguales (Jiménez et al., 2021).
Específicamente, la manutención y las asistencias sociales constituyen instrumentos fundamentales para
asegurar el crecimiento pleno de los niños en situaciones de riesgo. La manutención alimentaria es un
derecho legalmente reconocido, y su propósito es garantizar que se satisfagan las necesidades
fundamentales del menor (nutrición, educación, salud, vivienda, recreación). Las prestaciones sociales,
a su vez, desempeñan un rol redistributivo en el marco del sistema de protección social, funcionando
como apoyo ante circunstancias de pobreza estructural o deficiencias temporales (Cecchini & Martínez,
2011). No obstante, cuando estos recursos son empleados para satisfacer necesidades personales del
adulto encargado (como saldar deudas, comprar sustancias, lujos individuales o simplemente mal
manejo del dinero), se establece una circunstancia de violencia patrimonial.
Por lo tanto, cuando estos recursos son utilizados para satisfacer necesidades personales del adulto, se
genera un daño directo en el bienestar y desarrollo del niño o niña, propiciando de esta manera una
situación de violencia patrimonial. Este maltrato financiero no solo limita el acceso a bienes y servicios
fundamentales, sino que afecta la estabilidad emocional y la seguridad del menor, ampliando sus
condiciones de vulnerabilidad y exclusión social.
Sin duda alguna, esta forma de abuso impacta negativamente en el desarrollo integral del menor,
generando efectos sobre su autoestima, confianza y capacidad para establecer relaciones sanas y
disminuir la violencia intergeneracional.
Para enfrentar esta problemática, es fundamental fortalecer los mecanismos legales y administrativos
que garantizan la correcta asignación y uso de los recursos destinados a los niños y niñas. Lo anterior,
INTRODUCCIÓN
Tipo de investigación
investigación documental, enfoque cualitativo, característica y las bondades
La violencia patrimonial contra los niños es una forma de abuso financiero que ha sido poco registrada
en comparación con otras formas de maltrato, como el abuso físico, emocional o sexual. Esta forma de
violencia implica el uso inapropiado, la retención o la apropiación de fondos que están legitimados o
éticamente asignados al bienestar de un niño o una niña. Frecuentemente se presenta en el entorno
familiar y se ignora por la ausencia de mecanismos eficaces de control y por la normalización de
conductas abusivas en relaciones de poder desiguales (Jiménez et al., 2021).
Específicamente, la manutención y las asistencias sociales constituyen instrumentos fundamentales para
asegurar el crecimiento pleno de los niños en situaciones de riesgo. La manutención alimentaria es un
derecho legalmente reconocido, y su propósito es garantizar que se satisfagan las necesidades
fundamentales del menor (nutrición, educación, salud, vivienda, recreación). Las prestaciones sociales,
a su vez, desempeñan un rol redistributivo en el marco del sistema de protección social, funcionando
como apoyo ante circunstancias de pobreza estructural o deficiencias temporales (Cecchini & Martínez,
2011). No obstante, cuando estos recursos son empleados para satisfacer necesidades personales del
adulto encargado (como saldar deudas, comprar sustancias, lujos individuales o simplemente mal
manejo del dinero), se establece una circunstancia de violencia patrimonial.
Por lo tanto, cuando estos recursos son utilizados para satisfacer necesidades personales del adulto, se
genera un daño directo en el bienestar y desarrollo del niño o niña, propiciando de esta manera una
situación de violencia patrimonial. Este maltrato financiero no solo limita el acceso a bienes y servicios
fundamentales, sino que afecta la estabilidad emocional y la seguridad del menor, ampliando sus
condiciones de vulnerabilidad y exclusión social.
Sin duda alguna, esta forma de abuso impacta negativamente en el desarrollo integral del menor,
generando efectos sobre su autoestima, confianza y capacidad para establecer relaciones sanas y
disminuir la violencia intergeneracional.
Para enfrentar esta problemática, es fundamental fortalecer los mecanismos legales y administrativos
que garantizan la correcta asignación y uso de los recursos destinados a los niños y niñas. Lo anterior,
pág. 8582
incluyendo la implementación de sistemas de seguimiento y control más rigurosos, la capacitación de
profesionales en el reconocimiento y atención de la violencia patrimonial y el fomento de la
participación de la comunidad y las familias en la protección de los derechos en la primera infancia. Del
mismo modo, resulta indispensable promover la sensibilización social para visibilizar esta forma de
maltrato y desmontar las prácticas culturales que la permiten o justifican.
La violencia patrimonial contra los niños y niñas representa una grave vulneración de derechos que
requiere mayor atención, tanto en el ámbito académico como en las políticas públicas y en la
intervención comunitaria, para garantizar que todos los niños y niñas puedan desarrollarse en
condiciones de bienestar, seguridad y dignidad.
La Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989) indica que los países deben asegurar el mayor
bienestar posible de los niños y resguardarlos de cualquier tipo de abandono o abuso por parte de quienes
los cuidan. Sin embargo, en la realidad, el control sobre el uso de estos recursos es restringido, y
numerosos sistemas judiciales y sociales no tienen mecanismos para supervisar cómo se emplean
realmente las ayudas económicas que se otorgan a las familias en nombre de los niños.
Aparte de las consecuencias legales, el efecto en la infancia es notable: la escasez de acceso efectivo a
estos recursos pone en riesgo el derecho del niño a una vida digna, afecta adversamente su desarrollo
emocional, restringe su acceso a oportunidades educativas y puede elevar su riesgo de enfrentar
situaciones peligrosas, como el trabajo infantil o el abandono escolar (González et al., 2018).
Así, este artículo busca visibilizar esta forma sutil de abuso desde una óptica socioeducativa, fomentando
el debate sobre su incorporación en las políticas públicas de protección infantil, la urgencia de establecer
controles más estrictos en la gestión de estos recursos y el fortalecimiento de enfoques que sitúen al niño
en el centro de la atención social.
En este contexto, es urgente reflexionar sobre el papel del Estado, la familia y la sociedad en la garantía
efectiva de los derechos económicos de la niñez. La violencia patrimonial, aunque silenciosa, limita el
desarrollo integral de los menores y perpetua desigualdades estructurales que deberían erradicarse
mediante políticas públicas más inclusivas, educación parental y mecanismos de fiscalización más
rigurosos. A través de este artículo se pretende aportar a la discusión académica y social sobre una
problemática poco explorada, pero de profundas consecuencias.
incluyendo la implementación de sistemas de seguimiento y control más rigurosos, la capacitación de
profesionales en el reconocimiento y atención de la violencia patrimonial y el fomento de la
participación de la comunidad y las familias en la protección de los derechos en la primera infancia. Del
mismo modo, resulta indispensable promover la sensibilización social para visibilizar esta forma de
maltrato y desmontar las prácticas culturales que la permiten o justifican.
La violencia patrimonial contra los niños y niñas representa una grave vulneración de derechos que
requiere mayor atención, tanto en el ámbito académico como en las políticas públicas y en la
intervención comunitaria, para garantizar que todos los niños y niñas puedan desarrollarse en
condiciones de bienestar, seguridad y dignidad.
La Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989) indica que los países deben asegurar el mayor
bienestar posible de los niños y resguardarlos de cualquier tipo de abandono o abuso por parte de quienes
los cuidan. Sin embargo, en la realidad, el control sobre el uso de estos recursos es restringido, y
numerosos sistemas judiciales y sociales no tienen mecanismos para supervisar cómo se emplean
realmente las ayudas económicas que se otorgan a las familias en nombre de los niños.
Aparte de las consecuencias legales, el efecto en la infancia es notable: la escasez de acceso efectivo a
estos recursos pone en riesgo el derecho del niño a una vida digna, afecta adversamente su desarrollo
emocional, restringe su acceso a oportunidades educativas y puede elevar su riesgo de enfrentar
situaciones peligrosas, como el trabajo infantil o el abandono escolar (González et al., 2018).
Así, este artículo busca visibilizar esta forma sutil de abuso desde una óptica socioeducativa, fomentando
el debate sobre su incorporación en las políticas públicas de protección infantil, la urgencia de establecer
controles más estrictos en la gestión de estos recursos y el fortalecimiento de enfoques que sitúen al niño
en el centro de la atención social.
En este contexto, es urgente reflexionar sobre el papel del Estado, la familia y la sociedad en la garantía
efectiva de los derechos económicos de la niñez. La violencia patrimonial, aunque silenciosa, limita el
desarrollo integral de los menores y perpetua desigualdades estructurales que deberían erradicarse
mediante políticas públicas más inclusivas, educación parental y mecanismos de fiscalización más
rigurosos. A través de este artículo se pretende aportar a la discusión académica y social sobre una
problemática poco explorada, pero de profundas consecuencias.
pág. 8583
Objetivo general
Visibilizar la violencia patrimonial ejercida hacia los niños que reciben pensión alimentaria o ayuda
social, analizando sus implicaciones socioeducativas, legales y emocionales, para promover propuestas
de mejora en los mecanismos de protección infantil.
Objetivos específicos
1. Analizar el impacto del uso indebido de pensiones alimentarias y ayudas sociales en el
desarrollo integral de la niñez.
2. Examinar las fallas estructurales en la supervisión estatal del uso de recursos asignados al
bienestar infantil desde un enfoque socioeducativo.
Tipo de investigación
Este artículo se basa en el análisis de fuentes teóricas, estudios previos, casos reales y documentos
legales para interpretar un fenómeno social sin intervención directa en el campo, por lo cual se considera
cualitativa y documental.
Subtitulo (relacionado con la discusión)
1. Definición de términos
• Violencia patrimonial: Forma de violencia económica que implica el daño, retención,
apropiación o destrucción de recursos o bienes de una persona dependiente (Lagarde y de los
Ríos, 2007).
• Niñez: Etapa vital comprendida entre el nacimiento y los 18 años, caracterizada por una alta
dependencia y necesidad de protección (ONU, 1989).
• Pensión alimentaria: Obligación económica legal que garantiza la cobertura de necesidades
básicas del menor, incluyendo alimentación, salud, educación y esparcimiento (Sanzhez et al,
2021).
• Ayuda social: Transferencias monetarias o en especie que otorgan los Estados para contribuir
al bienestar de poblaciones vulnerables (Cecchini & Martínez, 2011).
• Derechos del niño: Conjunto de prerrogativas reconocidas internacionalmente que garantizan
la protección integral, la supervivencia, el desarrollo y la participación infantil (ONU, 1989).
Objetivo general
Visibilizar la violencia patrimonial ejercida hacia los niños que reciben pensión alimentaria o ayuda
social, analizando sus implicaciones socioeducativas, legales y emocionales, para promover propuestas
de mejora en los mecanismos de protección infantil.
Objetivos específicos
1. Analizar el impacto del uso indebido de pensiones alimentarias y ayudas sociales en el
desarrollo integral de la niñez.
2. Examinar las fallas estructurales en la supervisión estatal del uso de recursos asignados al
bienestar infantil desde un enfoque socioeducativo.
Tipo de investigación
Este artículo se basa en el análisis de fuentes teóricas, estudios previos, casos reales y documentos
legales para interpretar un fenómeno social sin intervención directa en el campo, por lo cual se considera
cualitativa y documental.
Subtitulo (relacionado con la discusión)
1. Definición de términos
• Violencia patrimonial: Forma de violencia económica que implica el daño, retención,
apropiación o destrucción de recursos o bienes de una persona dependiente (Lagarde y de los
Ríos, 2007).
• Niñez: Etapa vital comprendida entre el nacimiento y los 18 años, caracterizada por una alta
dependencia y necesidad de protección (ONU, 1989).
• Pensión alimentaria: Obligación económica legal que garantiza la cobertura de necesidades
básicas del menor, incluyendo alimentación, salud, educación y esparcimiento (Sanzhez et al,
2021).
• Ayuda social: Transferencias monetarias o en especie que otorgan los Estados para contribuir
al bienestar de poblaciones vulnerables (Cecchini & Martínez, 2011).
• Derechos del niño: Conjunto de prerrogativas reconocidas internacionalmente que garantizan
la protección integral, la supervivencia, el desarrollo y la participación infantil (ONU, 1989).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La violencia patrimonial contra los niños que reciben pensión alimentaria y asistencias sociales es un
fenómeno complicado que conecta elementos legales, sociales, educativos y emocionales. Aunque la ley
indica de manera clara que estos fondos deben ser usados solamente para el bienestar del niño, su
aplicación y supervisión efectivas muestran importantes lagunas. Según lo expuesto por Jiménez et al.
(2021), hay una "zona gris" en la implementación de estos derechos, particularmente en situaciones
donde la gestión del dinero está totalmente en manos del adulto sin monitoreo estatal ni apoyo
institucional.
Varios estudios han encontrado comportamientos recurrentes donde las madres, padres o tutores
emplean la pensión alimentaria para propósitos ajenos al menor, argumentando razones personales o
problemas económicos generales de la familia. Aunque es entendible que las circunstancias de vida sean
difíciles en ciertos casos, esto no avala que se antepongan las necesidades del adulto a las del niño
(Sánchez et al, 2021). Esta clase de práctica no solo representa una violación ética y legal, sino que
perpetúa ciclos de pobreza que se transmiten entre generaciones, dado que el niño se desarrolla sin los
recursos esenciales requeridos para lograr una mejor calidad de vida.
Desde una perspectiva socioeducativa, el mal uso de los recursos destinados a la infancia constituye un
obstáculo evidente para el ejercicio efectivo del derecho a la educación, el esparcimiento y el bienestar
emocional. Tal y como exponen González et al. (2018), los niños que crecen en contextos de privación,
incluso cuando cuentan con algún apoyo familiar, presentan tasas significativamente más altas de
fracaso escolar, manifestaciones de ansiedad y una sensación de abandono que puede afectar de manera
profunda su autoestima y su desarrollo social.
Esta situación no solo limita las oportunidades académicas y recreativas de los menores, sino que
también genera un impacto negativo en su salud mental y emocional, dificultando la construcción de
relaciones sociales saludables y la adquisición de habilidades para la vida. La privación constante de
recursos básicos conduce a un ciclo de vulnerabilidad que afecta no solo el presente, sino también el
futuro de los niños y niñas, dificultando su inclusión plena en la sociedad.
Además, cuando el contexto familiar, no cuenta con las herramientas adecuadas para gestionar y
priorizar el bienestar infantil, puede convertirse en un espacio donde se reproducen dinámicas de
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La violencia patrimonial contra los niños que reciben pensión alimentaria y asistencias sociales es un
fenómeno complicado que conecta elementos legales, sociales, educativos y emocionales. Aunque la ley
indica de manera clara que estos fondos deben ser usados solamente para el bienestar del niño, su
aplicación y supervisión efectivas muestran importantes lagunas. Según lo expuesto por Jiménez et al.
(2021), hay una "zona gris" en la implementación de estos derechos, particularmente en situaciones
donde la gestión del dinero está totalmente en manos del adulto sin monitoreo estatal ni apoyo
institucional.
Varios estudios han encontrado comportamientos recurrentes donde las madres, padres o tutores
emplean la pensión alimentaria para propósitos ajenos al menor, argumentando razones personales o
problemas económicos generales de la familia. Aunque es entendible que las circunstancias de vida sean
difíciles en ciertos casos, esto no avala que se antepongan las necesidades del adulto a las del niño
(Sánchez et al, 2021). Esta clase de práctica no solo representa una violación ética y legal, sino que
perpetúa ciclos de pobreza que se transmiten entre generaciones, dado que el niño se desarrolla sin los
recursos esenciales requeridos para lograr una mejor calidad de vida.
Desde una perspectiva socioeducativa, el mal uso de los recursos destinados a la infancia constituye un
obstáculo evidente para el ejercicio efectivo del derecho a la educación, el esparcimiento y el bienestar
emocional. Tal y como exponen González et al. (2018), los niños que crecen en contextos de privación,
incluso cuando cuentan con algún apoyo familiar, presentan tasas significativamente más altas de
fracaso escolar, manifestaciones de ansiedad y una sensación de abandono que puede afectar de manera
profunda su autoestima y su desarrollo social.
Esta situación no solo limita las oportunidades académicas y recreativas de los menores, sino que
también genera un impacto negativo en su salud mental y emocional, dificultando la construcción de
relaciones sociales saludables y la adquisición de habilidades para la vida. La privación constante de
recursos básicos conduce a un ciclo de vulnerabilidad que afecta no solo el presente, sino también el
futuro de los niños y niñas, dificultando su inclusión plena en la sociedad.
Además, cuando el contexto familiar, no cuenta con las herramientas adecuadas para gestionar y
priorizar el bienestar infantil, puede convertirse en un espacio donde se reproducen dinámicas de
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desprotección y exclusión. Por lo tanto, es primordial fortalecer las capacidades de las familias por
medio de de programas educativos y de apoyo socioemocional que les permitan garantizar un ambiente
propicio para el desarrollo integral de sus hijos e hijas.
Asimismo, esta cuestión también evidencia deficiencias estructurales en las políticas públicas, pues el
Estado tiene la obligación expresa de adoptar medidas administrativas, legislativas y presupuestarias
para garantizar la efectividad de los derechos de la niñez y sostener, como principio rector, su interés
superior (Código de la Niñez y la Adolescencia [CNA], art. 4; art. 5). Rara vez se confirma el uso
correcto de los recursos proporcionados y, en numerosos casos, no hay protocolos que exijan justificar
el uso de la pensión alimentaria; si bien el ordenamiento reconoce el derecho a percibir alimentos y
prevé mecanismos de homologación y ejecución de acuerdos, no desarrolla controles específicos sobre
el destino del gasto (CNA, arts. 37, 39–40). En la práctica comparada, ciertas iniciativas —como las
tarjetas prepagadas restringidas a bienes esenciales para el menor o el apoyo psicosocial obligatorio en
contextos de negligencia— han mostrado resultados favorables (UNICEF, 2019) y podrían explorarse
como modelos replicables en América Latina, en consonancia con el mandato de diseñar políticas de
protección integral a través del Sistema Nacional de Protección (CNA, art. 168). La violencia
patrimonial también debe concebirse dentro de la violencia simbólica (Bourdieu, 1999), en tanto las
estructuras sociales normalizan el control económico por parte del adulto y opacan la agencia del niño
como sujeto de derechos; frente a ello, el principio del interés superior y el reconocimiento de la niñez
como sujeto de derechos exigen procedimientos y medidas de protección oportunas (CNA, arts. 5, 10,
130–133). Ante esta situación, es crucial potenciar las habilidades del Estado, no solo para detectar y
castigar las situaciones de malversación de fondos dirigidos a menores, sino también para proporcionar
educación parental, apoyo sociofamiliar y recursos de supervisión que aseguren que la infancia reciba
de manera efectiva los recursos que le pertenecen.
Además de los aspectos legales y socioeducativos previamente abordados, es importante considerar el
impacto psicológico que la violencia patrimonial puede tener en los niños. Según López y Ramírez
(2020), “la privación económica en la infancia no solo limita el acceso a bienes materiales, sino que
genera sentimientos de inseguridad, abandono y baja autoestima que pueden perdurar en la vida adulta”.
desprotección y exclusión. Por lo tanto, es primordial fortalecer las capacidades de las familias por
medio de de programas educativos y de apoyo socioemocional que les permitan garantizar un ambiente
propicio para el desarrollo integral de sus hijos e hijas.
Asimismo, esta cuestión también evidencia deficiencias estructurales en las políticas públicas, pues el
Estado tiene la obligación expresa de adoptar medidas administrativas, legislativas y presupuestarias
para garantizar la efectividad de los derechos de la niñez y sostener, como principio rector, su interés
superior (Código de la Niñez y la Adolescencia [CNA], art. 4; art. 5). Rara vez se confirma el uso
correcto de los recursos proporcionados y, en numerosos casos, no hay protocolos que exijan justificar
el uso de la pensión alimentaria; si bien el ordenamiento reconoce el derecho a percibir alimentos y
prevé mecanismos de homologación y ejecución de acuerdos, no desarrolla controles específicos sobre
el destino del gasto (CNA, arts. 37, 39–40). En la práctica comparada, ciertas iniciativas —como las
tarjetas prepagadas restringidas a bienes esenciales para el menor o el apoyo psicosocial obligatorio en
contextos de negligencia— han mostrado resultados favorables (UNICEF, 2019) y podrían explorarse
como modelos replicables en América Latina, en consonancia con el mandato de diseñar políticas de
protección integral a través del Sistema Nacional de Protección (CNA, art. 168). La violencia
patrimonial también debe concebirse dentro de la violencia simbólica (Bourdieu, 1999), en tanto las
estructuras sociales normalizan el control económico por parte del adulto y opacan la agencia del niño
como sujeto de derechos; frente a ello, el principio del interés superior y el reconocimiento de la niñez
como sujeto de derechos exigen procedimientos y medidas de protección oportunas (CNA, arts. 5, 10,
130–133). Ante esta situación, es crucial potenciar las habilidades del Estado, no solo para detectar y
castigar las situaciones de malversación de fondos dirigidos a menores, sino también para proporcionar
educación parental, apoyo sociofamiliar y recursos de supervisión que aseguren que la infancia reciba
de manera efectiva los recursos que le pertenecen.
Además de los aspectos legales y socioeducativos previamente abordados, es importante considerar el
impacto psicológico que la violencia patrimonial puede tener en los niños. Según López y Ramírez
(2020), “la privación económica en la infancia no solo limita el acceso a bienes materiales, sino que
genera sentimientos de inseguridad, abandono y baja autoestima que pueden perdurar en la vida adulta”.
pág. 8586
Esta afirmación resalta cómo el mal uso de los recursos destinados a los menores no solo afecta su
presente, sino que configura patrones emocionales y cognitivos que condicionan su futuro.
Asimismo, estudios recientes han demostrado que los niños que viven en entornos donde sus derechos
económicos son vulnerados tienden a desarrollar una visión distorsionada sobre el valor del dinero, el
rol del adulto proveedor y su propia capacidad de exigir justicia. Como señala Calderón (2022), “cuando
el niño observa que los recursos que le pertenecen son utilizados sin consulta ni beneficio directo,
aprende que su voz no tiene peso y que sus necesidades pueden ser ignoradas sin consecuencias”.
Este tipo de aprendizaje social refuerza dinámicas de dependencia y sumisión, lo cual es especialmente
grave en contextos de pobreza estructural. En estos escenarios, el niño no solo enfrenta carencias
materiales, sino también una invisibilización simbólica que lo excluye de los procesos de toma de
decisiones que afectan su bienestar. La violencia patrimonial, debe ser entendida como una forma de
violencia estructural que se entrelaza con otras formas de exclusión, como la educativa, la afectiva y la
institucional.
Por otro lado, es fundamental incorporar una perspectiva interseccional al análisis de esta problemática.
Las niñas, por ejemplo, pueden enfrentar una doble vulnerabilidad cuando los recursos económicos son
administrados por adultos que reproducen estereotipos de género. En algunos casos, se ha documentado
que las ayudas sociales son utilizadas para
beneficiar más a los varones del hogar, relegando a las niñas a roles secundarios o invisibles dentro del
núcleo familiar (Tobón, 2017).
Además, la violencia patrimonial infantil debe ser abordada desde una perspectiva de derechos humanos,
reconociendo que el acceso equitativo a los recursos económicos es una condición básica para el
desarrollo integral. Las instituciones educativas, los sistemas de protección social y las políticas públicas
tienen un rol clave en la identificación y prevención de estas prácticas, que muchas veces se normalizan
dentro de dinámicas familiares.
La sensibilización de los docentes, trabajadores sociales y funcionarios públicos sobre este tipo de
violencia puede marcar una diferencia significativa en la vida de los menores afectados. La formación
en derechos económicos, el uso ético de ayudas estatales y la promoción de la participación infantil en
las decisiones que les conciernen son estrategias que deben fortalecerse en todos los niveles del sistema.
Esta afirmación resalta cómo el mal uso de los recursos destinados a los menores no solo afecta su
presente, sino que configura patrones emocionales y cognitivos que condicionan su futuro.
Asimismo, estudios recientes han demostrado que los niños que viven en entornos donde sus derechos
económicos son vulnerados tienden a desarrollar una visión distorsionada sobre el valor del dinero, el
rol del adulto proveedor y su propia capacidad de exigir justicia. Como señala Calderón (2022), “cuando
el niño observa que los recursos que le pertenecen son utilizados sin consulta ni beneficio directo,
aprende que su voz no tiene peso y que sus necesidades pueden ser ignoradas sin consecuencias”.
Este tipo de aprendizaje social refuerza dinámicas de dependencia y sumisión, lo cual es especialmente
grave en contextos de pobreza estructural. En estos escenarios, el niño no solo enfrenta carencias
materiales, sino también una invisibilización simbólica que lo excluye de los procesos de toma de
decisiones que afectan su bienestar. La violencia patrimonial, debe ser entendida como una forma de
violencia estructural que se entrelaza con otras formas de exclusión, como la educativa, la afectiva y la
institucional.
Por otro lado, es fundamental incorporar una perspectiva interseccional al análisis de esta problemática.
Las niñas, por ejemplo, pueden enfrentar una doble vulnerabilidad cuando los recursos económicos son
administrados por adultos que reproducen estereotipos de género. En algunos casos, se ha documentado
que las ayudas sociales son utilizadas para
beneficiar más a los varones del hogar, relegando a las niñas a roles secundarios o invisibles dentro del
núcleo familiar (Tobón, 2017).
Además, la violencia patrimonial infantil debe ser abordada desde una perspectiva de derechos humanos,
reconociendo que el acceso equitativo a los recursos económicos es una condición básica para el
desarrollo integral. Las instituciones educativas, los sistemas de protección social y las políticas públicas
tienen un rol clave en la identificación y prevención de estas prácticas, que muchas veces se normalizan
dentro de dinámicas familiares.
La sensibilización de los docentes, trabajadores sociales y funcionarios públicos sobre este tipo de
violencia puede marcar una diferencia significativa en la vida de los menores afectados. La formación
en derechos económicos, el uso ético de ayudas estatales y la promoción de la participación infantil en
las decisiones que les conciernen son estrategias que deben fortalecerse en todos los niveles del sistema.
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Por consiguiente, es esencial promover la participación de las familias, organizaciones comunitarias,
instituciones educativas y sistemas de protección social para crear espacios de diálogo, prevención y
atención efectivos frente a la violencia patrimonial contra la infancia. La coordinación interinstitucional
y el fortalecimiento de las políticas públicas integrales son clave para garantizar un seguimiento riguroso
y transparente del uso de los recursos destinados a los niños y niñas.
Asimismo, resulta indispensable facilitar el acceso a apoyo sociofamiliar y educativo que permita a los
adultos responsables gestionar adecuadamente estos recursos en beneficio del desarrollo integral de los
menores. La investigación continua y el diseño de políticas públicas basadas en evidencia son esenciales
para comprender y atender la complejidad de la violencia patrimonial infantil en sus diversas
dimensiones. De manera que es primordial incorporar perspectivas interseccionales, que consideren
género, etnia, condición socioeconómica y contexto familiar, permitirá desarrollar estrategias
específicas y efectivas, de la mano con la capacitación de profesionales que trabajan con la infancia y la
asignación de recursos, para fortalecer la prevención y el acompañamiento sociofamiliar, garantizando
así un desarrollo digno y pleno para todos los niños y niñas.
CONCLUSIÓN
La violencia patrimonial en la infancia representa una forma de maltrato silencioso que vulnera derechos
fundamentales y refleja graves deficiencias en la gestión institucional de los recursos destinados al
bienestar infantil. Aunque existen marcos legales que regulan el uso de pensiones alimentarias y ayudas
sociales, en la práctica persisten vacíos de supervisión que permiten el uso indebido de estos fondos,
afectando directamente el desarrollo físico, emocional y cognitivo de los menores.
Desde una perspectiva socioeducativa, es urgente visibilizar esta problemática y promover estrategias
integrales que fortalezcan el rol protector del Estado, brinden acompañamiento a las familias y fomenten
una cultura de respeto hacia los derechos del niño como sujeto pleno. El mal manejo de los recursos
destinados a la niñez limita el acceso a bienes esenciales como alimentación, salud, educación y
recreación, generando condiciones de vulnerabilidad que se perpetúan en el tiempo.
Además, esta forma de violencia se entrelaza con dinámicas estructurales de exclusión, donde los
menores quedan relegados en la toma de decisiones que afectan su vida. La ausencia de mecanismos
que garanticen su participación refuerza patrones de dependencia y sumisión, especialmente en
Por consiguiente, es esencial promover la participación de las familias, organizaciones comunitarias,
instituciones educativas y sistemas de protección social para crear espacios de diálogo, prevención y
atención efectivos frente a la violencia patrimonial contra la infancia. La coordinación interinstitucional
y el fortalecimiento de las políticas públicas integrales son clave para garantizar un seguimiento riguroso
y transparente del uso de los recursos destinados a los niños y niñas.
Asimismo, resulta indispensable facilitar el acceso a apoyo sociofamiliar y educativo que permita a los
adultos responsables gestionar adecuadamente estos recursos en beneficio del desarrollo integral de los
menores. La investigación continua y el diseño de políticas públicas basadas en evidencia son esenciales
para comprender y atender la complejidad de la violencia patrimonial infantil en sus diversas
dimensiones. De manera que es primordial incorporar perspectivas interseccionales, que consideren
género, etnia, condición socioeconómica y contexto familiar, permitirá desarrollar estrategias
específicas y efectivas, de la mano con la capacitación de profesionales que trabajan con la infancia y la
asignación de recursos, para fortalecer la prevención y el acompañamiento sociofamiliar, garantizando
así un desarrollo digno y pleno para todos los niños y niñas.
CONCLUSIÓN
La violencia patrimonial en la infancia representa una forma de maltrato silencioso que vulnera derechos
fundamentales y refleja graves deficiencias en la gestión institucional de los recursos destinados al
bienestar infantil. Aunque existen marcos legales que regulan el uso de pensiones alimentarias y ayudas
sociales, en la práctica persisten vacíos de supervisión que permiten el uso indebido de estos fondos,
afectando directamente el desarrollo físico, emocional y cognitivo de los menores.
Desde una perspectiva socioeducativa, es urgente visibilizar esta problemática y promover estrategias
integrales que fortalezcan el rol protector del Estado, brinden acompañamiento a las familias y fomenten
una cultura de respeto hacia los derechos del niño como sujeto pleno. El mal manejo de los recursos
destinados a la niñez limita el acceso a bienes esenciales como alimentación, salud, educación y
recreación, generando condiciones de vulnerabilidad que se perpetúan en el tiempo.
Además, esta forma de violencia se entrelaza con dinámicas estructurales de exclusión, donde los
menores quedan relegados en la toma de decisiones que afectan su vida. La ausencia de mecanismos
que garanticen su participación refuerza patrones de dependencia y sumisión, especialmente en
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contextos de pobreza estructural. En estos escenarios, el niño no solo enfrenta carencias materiales, sino
también una invisibilización simbólica que lo excluye de los procesos sociales y familiares.
Incorporar una perspectiva interseccional es clave para comprender la complejidad del fenómeno. Las
niñas, por ejemplo, pueden enfrentar una doble vulnerabilidad cuando los recursos son administrados
en entornos que reproducen estereotipos de género. Asimismo, es fundamental que las políticas públicas
contemplen variables como etnia, condición socioeconómica y contexto familiar, para diseñar
estrategias específicas que garanticen una protección efectiva.
La articulación entre instituciones educativas, sistemas de protección social y comunidades puede
generar entornos más seguros y equitativos, donde los derechos económicos de los menores sean
respetados y protegidos. La formación de profesionales sensibles a esta problemática, el fortalecimiento
de los sistemas de fiscalización y la promoción de la participación infantil son pilares esenciales para
avanzar hacia una infancia más justa, digna y protegida.
La violencia patrimonial en la infancia debe ser entendida no solo como una forma de negligencia
económica, sino como una vulneración integral de los derechos humanos de los niños y niñas. Este
fenómeno revela cómo los recursos, lejos de garantizar bienestar, pueden convertirse en un mecanismo
de control, exclusión y perpetuación de desigualdades. En este sentido, no se trata únicamente de un
problema de gestión administrativa o de supervisión institucional, sino de un desafío ético y social que
interpela a toda la comunidad en la manera en que reconoce y respeta a la infancia como sujeto de
derecho.
Para enfrentar este tipo de violencia es necesario avanzar hacia una reconceptualización de la protección
infantil que no se limite a garantizar mínimos de subsistencia, sino que asegure condiciones de desarrollo
integral. Esto implica establecer políticas públicas que prioricen la transparencia en el manejo de los
fondos destinados a la niñez, fortalecer los mecanismos de fiscalización, y sancionar efectivamente el
mal uso de los recursos. A la par, resulta indispensable crear instancias de acompañamiento
socioeducativo que fortalezcan las competencias parentales y generen conciencia sobre la importancia
de administrar los bienes infantiles de forma ética y responsable.
Del mismo modo, la educación en derechos humanos debe ocupar un lugar central, no solo en las
instituciones escolares, sino también en espacios comunitarios y familiares, para construir una cultura
contextos de pobreza estructural. En estos escenarios, el niño no solo enfrenta carencias materiales, sino
también una invisibilización simbólica que lo excluye de los procesos sociales y familiares.
Incorporar una perspectiva interseccional es clave para comprender la complejidad del fenómeno. Las
niñas, por ejemplo, pueden enfrentar una doble vulnerabilidad cuando los recursos son administrados
en entornos que reproducen estereotipos de género. Asimismo, es fundamental que las políticas públicas
contemplen variables como etnia, condición socioeconómica y contexto familiar, para diseñar
estrategias específicas que garanticen una protección efectiva.
La articulación entre instituciones educativas, sistemas de protección social y comunidades puede
generar entornos más seguros y equitativos, donde los derechos económicos de los menores sean
respetados y protegidos. La formación de profesionales sensibles a esta problemática, el fortalecimiento
de los sistemas de fiscalización y la promoción de la participación infantil son pilares esenciales para
avanzar hacia una infancia más justa, digna y protegida.
La violencia patrimonial en la infancia debe ser entendida no solo como una forma de negligencia
económica, sino como una vulneración integral de los derechos humanos de los niños y niñas. Este
fenómeno revela cómo los recursos, lejos de garantizar bienestar, pueden convertirse en un mecanismo
de control, exclusión y perpetuación de desigualdades. En este sentido, no se trata únicamente de un
problema de gestión administrativa o de supervisión institucional, sino de un desafío ético y social que
interpela a toda la comunidad en la manera en que reconoce y respeta a la infancia como sujeto de
derecho.
Para enfrentar este tipo de violencia es necesario avanzar hacia una reconceptualización de la protección
infantil que no se limite a garantizar mínimos de subsistencia, sino que asegure condiciones de desarrollo
integral. Esto implica establecer políticas públicas que prioricen la transparencia en el manejo de los
fondos destinados a la niñez, fortalecer los mecanismos de fiscalización, y sancionar efectivamente el
mal uso de los recursos. A la par, resulta indispensable crear instancias de acompañamiento
socioeducativo que fortalezcan las competencias parentales y generen conciencia sobre la importancia
de administrar los bienes infantiles de forma ética y responsable.
Del mismo modo, la educación en derechos humanos debe ocupar un lugar central, no solo en las
instituciones escolares, sino también en espacios comunitarios y familiares, para construir una cultura
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de respeto y corresponsabilidad hacia la infancia. Reconocer a los niños y niñas como actores sociales
implica garantizar su voz y participación en los asuntos que los afectan, lo que constituye un paso
fundamental para romper los patrones de invisibilización simbólica y dependencia que se perpetúan en
contextos de vulnerabilidad estructural.
Asimismo, incorporar una mirada interseccional en el análisis y diseño de políticas públicas permitirá
identificar con mayor precisión cómo se combinan factores como género, etnia, condición
socioeconómica o pertenencia a comunidades rurales o urbanas en la reproducción de esta forma de
violencia. Este enfoque diferenciado posibilita implementar estrategias ajustadas a las realidades
concretas de cada territorio, evitando respuestas homogéneas que no alcanzan a cubrir la diversidad de
experiencias infantiles.
Finalmente, superar la violencia patrimonial en la infancia exige una responsabilidad compartida: del
Estado, que debe garantizar protección efectiva y equidad en la distribución de recursos; de las familias,
que han de asumir con compromiso ético su rol como cuidadores; de la sociedad civil, que tiene la tarea
de vigilar, denunciar y acompañar; y de las instituciones educativas, llamadas a ser agentes activos en
la promoción de la justicia social y el respeto a los derechos de la niñez. Solo a través de esta articulación
es posible construir un entorno donde la infancia sea reconocida como el centro de toda acción social,
asegurando que cada niño y niña crezca en condiciones de dignidad, justicia y plenitud.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Bourdieu, P. (1999). La dominación masculina. Anagrama.
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de respeto y corresponsabilidad hacia la infancia. Reconocer a los niños y niñas como actores sociales
implica garantizar su voz y participación en los asuntos que los afectan, lo que constituye un paso
fundamental para romper los patrones de invisibilización simbólica y dependencia que se perpetúan en
contextos de vulnerabilidad estructural.
Asimismo, incorporar una mirada interseccional en el análisis y diseño de políticas públicas permitirá
identificar con mayor precisión cómo se combinan factores como género, etnia, condición
socioeconómica o pertenencia a comunidades rurales o urbanas en la reproducción de esta forma de
violencia. Este enfoque diferenciado posibilita implementar estrategias ajustadas a las realidades
concretas de cada territorio, evitando respuestas homogéneas que no alcanzan a cubrir la diversidad de
experiencias infantiles.
Finalmente, superar la violencia patrimonial en la infancia exige una responsabilidad compartida: del
Estado, que debe garantizar protección efectiva y equidad en la distribución de recursos; de las familias,
que han de asumir con compromiso ético su rol como cuidadores; de la sociedad civil, que tiene la tarea
de vigilar, denunciar y acompañar; y de las instituciones educativas, llamadas a ser agentes activos en
la promoción de la justicia social y el respeto a los derechos de la niñez. Solo a través de esta articulación
es posible construir un entorno donde la infancia sea reconocida como el centro de toda acción social,
asegurando que cada niño y niña crezca en condiciones de dignidad, justicia y plenitud.
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