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INTRODUCCIÓN
La alfabetización de adultos en México representa, desde hace décadas, una deuda estructural no resuelta
(Narro Robles y Moctezuma, 2012). Aunque en los discursos oficiales se reconoce como un derecho
humano y una prioridad de política pública, en la práctica persiste como una problemática marginada,
especialmente en regiones con altos índices de pobreza, rezago social o población indígena, reflejando
exclusiones sociales históricas hacia estos grupos (Pineda y Chapa, 2018; Campero, 2018). Esta realidad
se manifiesta con especial crudeza en el estado de Veracruz, una entidad federativa donde, a pesar de la
existencia institucional del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA), creado
mediante decreto estatal en el año 2000 para combatir el rezago educativo, los avances en la reducción
del analfabetismo han sido lentos, fragmentarios y desiguales (Portal y Ramírez, 2018; Gobierno del
Estado de Veracruz-Llave, 2000).
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, en México el 4.7% de la población
de 15 años y más (aprox. 4.4 millones de personas) no sabe leer ni escribir. En Veracruz, el índice
asciende a 8.6% (más de 537 mil personas), lo que sitúa a la entidad entre las de mayores desafíos. Esta
persistencia confirma la tesis de que el analfabetismo adulto expresa injusticias estructurales difíciles de
revertir sin políticas sostenidas y contextualizadas (INEGI, 2020; Latapí, 2009).
El analfabetismo no es solo un dato: opera como mecanismo de exclusión que restringe el ejercicio de
la ciudadanía, el acceso a la salud, al empleo y a la participación social, además de limitar la transmisión
intergeneracional de saberes. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO, 2025) subraya que la alfabetización empodera al ampliar capacidades, reducir
pobreza e incrementar la participación social y laboral, con efectos positivos en salud y bienestar
familiar. En la misma línea, Ferreiro advierte que alfabetizar no es una técnica neutra de decodificación,
sino una práctica cultural ligada a la construcción del sujeto; negar esas prácticas limita el ejercicio
pleno de derechos y la participación en la vida comunitaria (Ferreiro, 2007; Pineda y Chapa, 2018).
Entre 2019 y 2024 se alfabetizaron 19,501 personas en Veracruz, según registros oficiales. No obstante,
la tendencia es descendente: 11,739 en 2019; 1,050 en 2020 (inicio de la pandemia); 1,544 en 2021;
2,136 en 2022; 1,575 en 2023; y 1,457 en 2024 (INEA, 2024). Dicha curva en los Usuarios que
Concluyen Nivel (UCN) sugiere fragilidad programática y dificultades para sostener la atención en el