LA ESCENA DEL CRIMEN Y SU
RELEVANCIA EN EL PROCESO PENAL
THE CRIME SCENE AND ITS RELEVANCE IN
CRIMINAL PROCEEDINGS
Rita Nicolle Montufar Celi
Universidad Técnica De Machala, Ecuador
Dustin Alexander Mendoza Álvarez
Universidad Técnica De Machala, Ecuador
Armando Rogelio Durán Ocampo
Universidad Técnica De Machala, Ecuador
pág. 14523
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i5.20676
La Escena del Crimen y su Relevancia en el Proceso Penal
Rita Nicolle Montufar Celi
1
rmontufar1@utmachala.edu.ec
https://orcid.org/0009-0009-1093-2526
Carrera De Derecho
Facultad De Ciencias Sociales
Universidad Ténica De Machala
Machala-El Oro-Ecuador
Dustin Alexander Mendoza Álvarez
dmendoza5@utmachala.edu.ec
https://orcid.org/0009-0003-0377-5872
Carrera De Derecho
Facultad De Ciencias Sociales
Universidad Ténica De Machala
Machala-El Oro-Ecuador
Armando Rogelio Durán Ocampo
aduran@utmachala.edu.ec
https://orcid.org/0000-0002-9524-0538
Carrera De Derecho
Facultad De Ciencias Sociales
Universidad Ténica De Machala
Machala-El Oro-Ecuador
RESUMEN
La escena del crimen constituye el espacio físico donde se inicia la reconstrucción fáctica del delito,
siendo clave para la identificación de indicios que pueden convertirse en elementos materiales de
prueba. Su adecuada preservación, documentación y análisis técnico inciden directamente en la validez
procesal de dichos elementos y en el respeto al debido proceso. La intervención inicial en este lugar
requiere una actuación meticulosa, sistemática y conforme a los protocolos establecidos, ya que
cualquier error puede generar consecuencias jurídicas significativas. Este proyecto de investigación
aborda el tratamiento normativo y operativo de la escena del crimen, considerando los protocolos de
actuación policial, la cadena de custodia y el rol de los peritos en la etapa investigativa. Se examina
también la importancia de la coordinación interinstitucional y la capacitación continua de los operadores
de justicia. Desde un enfoque cualitativo, se analizan disposiciones legales, estándares técnicos y
criterios jurisprudenciales con el propósito de evidenciar cómo las deficiencias en el manejo del lugar
de los hechos pueden comprometer la eficacia probatoria. El estudio propone una reflexión teórica sobre
las prácticas institucionales vigentes, orientada a fortalecer la actuación fiscal y policial mediante el
respeto de los derechos constitucionales y la consolidación de garantías procesales. Asimismo, se
plantea la necesidad de mejorar los mecanismos de supervisión y control en cada etapa del proceso
investigativo.
Palabras Clave: escena del crimen, proceso penal, cadena de custodia, garantías procesales
1
Autor principal
Correspondencia: rmontufar1@utmachala.edu.ec
pág. 14524
The Crime Scene and its Relevance in Criminal Proceedings
ABSTRAC
The crime scene constitutes the physical space where the factual reconstruction of the offense begins,
being key to the identification of clues that may become material elements of evidence. Its proper
preservation, documentation, and technical analysis directly affect the procedural validity of such
elements and the respect for due process. Initial intervention at this location requires meticulous,
systematic action in accordance with established protocols, as any error can lead to significant legal
consequences. This research project addresses the normative and operational treatment of the crime
scene, considering police action protocols, the chain of custody, and the role of forensic experts during
the investigative stage. It also examines the importance of inter-institutional coordination and the
ongoing training of justice operators. From a qualitative approach, legal provisions, technical standards,
and jurisprudential criteria are analyzed with the aim of demonstrating how deficiencies in handling the
scene of the events can compromise evidentiary effectiveness. The study proposes a theoretical
reflection on current institutional practices, aimed at strengthening prosecutorial and police actions
through respect for constitutional rights and the consolidation of procedural guarantees. Furthermore,
it highlights the need to improve supervision and control mechanisms at each stage of the investigative
process.
Keywords: crime scene; criminal proceedings; chain of custody; procedural guarantees
Artículo recibido 28 septiembre 2025
Aceptado para publicación 30 octubre 2025
pág. 14525
INTRODUCCIÓN
La escena del crimen representa una fase inicial y decisiva dentro del proceso penal, al constituirse
como el espacio físico donde se concentran los elementos materiales que permiten reconstruir los
hechos investigados, orientar la acción judicial y sustentar la acusación fiscal. En el sistema penal
ecuatoriano, su tratamiento técnico y jurídico adquiere especial relevancia, dado que la validez de la
prueba depende directamente de la forma en que los indicios son recolectados, preservados y
documentados. La correcta gestión de este espacio no solo incide en la eficacia investigativa, sino que
también condiciona el respeto de las garantías constitucionales que rigen el proceso penal, como el
debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.
El presente estudio parte de la identificación de un problema jurídico-operativo es la existencia de
vacíos normativos y deficiencias institucionales en el abordaje de la escena del crimen en Ecuador.
Aunque el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece principios generales para la actuación
investigativa, tales como legalidad, objetividad y respeto a los derechos fundamentales, no contempla
de manera detallada los procedimientos técnicos que deben aplicarse en el lugar de los hechos. Esta
omisión ha derivado en prácticas dispares entre los operadores encargados de la investigación,
afectando la trazabilidad de los indicios y comprometiendo su valor probatorio. La investigación se
propone analizar estas falencias, evaluar sus implicaciones procesales y formular propuestas orientadas
al fortalecimiento institucional desde una perspectiva garantista.
La relevancia del estudio radica en que la escena del crimen no puede ser concebida como un espacio
operativo aislado, sino como una etapa procesal crítica que condiciona la legitimidad de todo el proceso
penal. La omisión de registros técnicos, la manipulación indebida de evidencias y la ruptura de la cadena
de custodia no solo afectan la autenticidad de la prueba, sino que generan escenarios de vulneración de
derechos fundamentales. En este sentido, examinar el tratamiento técnico y normativo de la escena del
crimen permite contribuir al desarrollo de estándares operativos más rigurosos, a la consolidación de
una cultura institucional orientada a la legalidad y a la mejora de la calidad probatoria en los procesos
penales.
Diversos estudios han documentado las deficiencias estructurales en el manejo de la escena del crimen
en Ecuador. (Guevara Hernández & Mora Romero, 2025), advierten que la falta de capacitación
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especializada, la presión institucional por resultados inmediatos y la ausencia de protocolos unificados
han generado escenarios de impunidad, incluso en casos con elementos suficientes para sustentar una
acusación penal. (Saltos Ormaza, Emily Thaily Demera Ostaiza, & Díaz Loor, 2024), al analizar la
intervención policial en delitos de sicariato, identifican fallas en la trazabilidad de los indicios y en la
articulación interinstitucional, lo que compromete la eficacia investigativa. Por su parte, (Torres
Villacrés, 2024) examina la actuación en delitos de femicidio, señalando la desconexión entre los
estándares interamericanos de preservación de evidencia y la práctica local. Este trabajo se diferencia
de los anteriores al integrar el análisis normativo, técnico y jurisprudencial en una propuesta articulada
de mejora institucional.
La investigación se desarrolla en el marco del sistema penal ecuatoriano, caracterizado por una
transición hacia el modelo acusatorio, la consolidación de garantías constitucionales y una creciente
demanda social por procesos penales transparentes, eficaces y respetuosos de los derechos
fundamentales. En el plano institucional, se observa una fragmentación operativa entre las entidades
encargadas de la investigación, como la Policía Nacional, la Fiscalía General del Estado y las unidades
forenses, lo que dificulta la aplicación uniforme de los procedimientos técnicos. Este estudio se inscribe
en una perspectiva cualitativa, con enfoque jurídico-documental, orientado al análisis crítico de la
normativa vigente, los protocolos institucionales y la doctrina especializada.
El propósito central de esta investigación consiste en examinar de manera crítica el tratamiento técnico
y normativo que recibe la escena del crimen dentro del proceso penal ecuatoriano, con el fin de
identificar las deficiencias operativas que afectan la gestión de los indicios y proponer medidas
orientadas a fortalecer la cadena de custodia y la valoración judicial de la prueba. Se parte de la hipótesis
de que la inexistencia de protocolos vinculantes, sumada a la aplicación desigual de los procedimientos
por parte de los operadores institucionales, genera vulnerabilidades estructurales que comprometen la
legitimidad del proceso penal y limitan la eficacia de la investigación judicial. Esta premisa orienta el
análisis hacia la necesidad de articular estándares técnicos verificables con principios constitucionales,
en aras de consolidar una actuación investigativa más rigurosa, transparente y respetuosa de las
garantías procesales.
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DESARROLLO
Antecedentes normativos, doctrinarios y jurisprudenciales sobre el tratamiento de la escena del
crimen.
En el proceso penal ecuatoriano, la escena del crimen constituye el punto de partida de la investigación
judicial, al ser el lugar donde se concentran los elementos materiales que permiten reconstruir los
hechos, identificar a los presuntos responsables y orientar la acción penal. Su abordaje exige una
intervención técnica rigurosa, desde la delimitación del área hasta la recolección, embalaje y
documentación de los indicios, ya que de ello depende no solo la validez probatoria de los elementos
obtenidos, sino también el respeto de las garantías constitucionales que rigen el proceso, como el debido
proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.
Si bien el Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente desde 2014, establece principios rectores
para la actuación investigativa entre ellos la legalidad, la objetividad y la celeridad, su regulación sobre
la escena del crimen resulta insuficiente en términos técnicos. El artículo 456 contempla la cadena de
custodia como mecanismo de protección de los elementos materiales de prueba, y el artículo 443
atribuye al fiscal la dirección de la investigación. Sin embargo, el cuerpo normativo no detalla los
procedimientos operativos que deben aplicarse en el lugar de los hechos, lo que ha generado vacíos que
se traducen en prácticas dispares entre los operadores institucionales, afectando la trazabilidad de los
indicios y debilitando su consistencia probatoria.
La literatura especializada ha advertido que estas deficiencias operativas como la omisión de registros
planimétricos, la manipulación indebida de evidencias o la ruptura de la cadena de custodia— pueden
comprometer la validez procesal de la prueba. (Guevara Hernández & Mora Romero, 2025), sostienen
que una gestión inadecuada de los elementos materiales no solo debilita la eficacia investigativa, sino
que también genera afectaciones sustantivas al ejercicio de derechos fundamentales, especialmente en
lo relativo a la tutela judicial efectiva.
En el ámbito jurisprudencial, la Corte Nacional de Justicia ha reiterado que la actuación en el lugar de
los hechos debe cumplir estándares técnicos verificables, pues de ello depende la legitimidad de la
acusación fiscal y la validez del proceso penal. Diversas sentencias han reconocido que la omisión de
documentación técnica, la ruptura de la cadena de custodia o la manipulación de indicios constituyen
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vulneraciones al debido proceso, lo que puede derivar en la exclusión probatoria. Estos criterios
refuerzan la necesidad de concebir la escena del crimen como un espacio jurídico, donde cada
intervención debe respetar tanto los protocolos técnicos como los principios constitucionales.
Desde una perspectiva doctrinaria, (Saltos Ormaza, Emily Thaily Demera Ostaiza, & Díaz Loor, 2024),
analizan el tratamiento de la escena del crimen en delitos de sicariato, evidenciando que la falta de
protocolos estandarizados, la intervención de personal no capacitado y la ausencia de trazabilidad digital
han derivado en pérdida de evidencia y altos niveles de impunidad. Estos hallazgos confirman que la
escena del crimen no puede ser abordada como una etapa meramente operativa, sino como una fase
procesal crítica, donde cada acción debe ser jurídicamente válida, técnicamente verificable y
constitucionalmente protegida.
(Torres Villacrés, 2024), en su estudio sobre el manejo de la escena del crimen en casos de femicidio,
advierte que la falta de articulación entre los estándares interamericanos y la práctica local ha derivado
en investigaciones deficientes, donde la omisión de procedimientos técnicos ha impedido la
judicialización efectiva. El autor propone la adopción de protocolos homologados que integren
principios de legalidad, enfoque de género y estándares internacionales de preservación de evidencia,
como condición para garantizar el acceso a la justicia en contextos de violencia estructural.
Desde la doctrina especializada, ( Arregui Reyes, Bazantes Poveda, & Corral Calderón, 2023), sostienen
que la criminalística, como disciplina científica aplicada al derecho penal, debe operar bajo estándares
verificables que garanticen la reconstrucción técnica de los hechos y la legitimidad de la prueba en sede
judicial. Los autores advierten que, en el contexto ecuatoriano, la legislación vigente no contempla de
forma explícita los parámetros operativos que deben regir la intervención en la escena del crimen, lo
que genera vacíos normativos y operativos que afectan la eficacia investigativa. Esta perspectiva
permite superar el enfoque meramente instrumental y concebir la escena del crimen como una fase
procesal autónoma, sujeta a control judicial posterior, donde se aplican principios como contradicción,
trazabilidad y proporcionalidad. En consecuencia, cada intervención en el lugar de los hechos debe ser
jurídicamente válida, técnicamente documentada y constitucionalmente protegida.
En términos generales, el abordaje de la escena del crimen en el proceso penal ecuatoriano requiere una
comprensión integral que articule la dimensión normativa, técnica y procesal.
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No se trata únicamente de recolectar indicios, sino de garantizar que cada intervención se realice bajo
condiciones verificables, trazables y respetuosas de los derechos fundamentales. La doctrina, la
jurisprudencia y la normativa vigente coinciden en señalar que la ausencia de protocolos estandarizados,
la ejecución desigual entre operadores y la falta de control institucional generan vulnerabilidades que
afectan la legitimidad del proceso penal. Por tanto, resulta imprescindible consolidar un modelo de
actuación que integre estándares técnicos, principios constitucionales y mecanismos de fiscalización,
asegurando que la escena del crimen sea abordada como un espacio procesal protegido, donde la
evidencia no solo se recolecta, sino se preserva con garantías de legalidad, autenticidad y pertinencia.
Tratamiento técnico y normativo de la escena del crimen
La intervención en la escena del crimen exige una actuación técnica que combine precisión operativa
con respeto a los principios constitucionales. Este espacio no solo representa el punto de partida de la
investigación penal, sino que también constituye un entorno procesal donde cada acción debe ser
jurídicamente válida y metodológicamente verificable. En Ecuador, el abordaje técnico de la escena del
crimen ha sido objeto de esfuerzos institucionales, pero persisten limitaciones estructurales que afectan
la eficacia probatoria.
Los protocolos emitidos por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional contemplan
procedimientos como la delimitación del perímetro, el levantamiento de indicios, la documentación
fotográfica y la elaboración de informes periciales. Sin embargo, estos instrumentos carecen de
estandarización nacional y no han sido incorporados como normativa vinculante, lo que genera
disparidades en su aplicación práctica (Fiscalia General del Estado del Ecuador, 2014). Esta falta de
uniformidad técnica ha sido señalada por (Garcés Cañizares, 2024) quien advierte que la ausencia de
trazabilidad digital y de formatos únicos para el registro de evidencias limita la confiabilidad del proceso
investigativo. Desde una perspectiva operativa, la intervención en el lugar de los hechos requiere
personal capacitado, recursos tecnológicos adecuados y coordinación interinstitucional. La carencia de
estos elementos puede derivar en errores de procedimiento que comprometen la autenticidad de los
indicios. Según (Martínez Román & Macias Salazar, 2022), la criminalística debe regirse por
parámetros verificables, y cualquier desviación técnica puede distorsionar la reconstrucción de los
hechos, afectando la legitimidad del proceso penal.
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En el plano normativo, el Código Orgánico Integral Penal establece la cadena de custodia como
mecanismo de protección de la prueba, pero no detalla los estándares técnicos que deben regir su
aplicación. Esta omisión ha generado vacíos que dificultan el control institucional sobre la evidencia. (
Alvaréz Guamán, 2017) sostiene que la legalidad de la prueba no depende únicamente de su contenido,
sino también de la forma en que fue obtenida, registrada y conservada, lo que exige una regulación más
precisa y operativa.
A nivel internacional, organismos como INTERPOL y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC) han desarrollado guías técnicas que recomiendan el uso de herramientas digitales,
la documentación continua y la supervisión especializada en la escena del crimen (UNODC, 2009).
Estas directrices promueven la adopción de sistemas de trazabilidad electrónica, registros audiovisuales
y protocolos con enfoque de derechos humanos. En Ecuador, la incorporación de estos estándares ha
sido parcial, lo que evidencia una brecha entre la normativa nacional y las exigencias internacionales.
La consolidación de un modelo técnico y normativo eficaz requiere la articulación de tres dimensiones:
la estandarización de procedimientos, la capacitación permanente de los operadores y la
implementación de mecanismos de fiscalización externa. Solo mediante esta articulación será posible
garantizar que la intervención en la escena del crimen responda a criterios de legalidad, autenticidad y
pertinencia, fortaleciendo así la calidad probatoria y la legitimidad del proceso penal.
La cadena de custodia como garantía procesal
La cadena de custodia constituye un mecanismo técnico-jurídico esencial para preservar la integridad
de los elementos materiales de prueba desde su recolección hasta su presentación en juicio. Su correcta
aplicación permite garantizar la autenticidad, trazabilidad y legalidad de los indicios, evitando que sean
objeto de manipulación, sustitución o contaminación. En el proceso penal ecuatoriano, este
procedimiento adquiere relevancia constitucional al vincularse directamente con el derecho al debido
proceso, la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva.
La normativa vigente establece que la cadena de custodia inicia en el lugar donde se obtiene el elemento
de prueba y concluye por orden de la autoridad competente. El artículo 456 del (Código Orgánico
Integral Penal. COIP, 2014) dispone que deben registrarse las condiciones de recolección, las personas
intervinientes, los cambios realizados por cada custodio y las etapas de envío, análisis y conservación.
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Esta disposición amplía la responsabilidad a todos los servidores públicos y particulares que tengan
contacto con los elementos físicos vinculados a la investigación, incluyendo personal de tránsito,
medicina legal y servicio de salud.
Desde una perspectiva crítica, (Ordoñez Ordoñez , Vasquez Olaya , & Campoverde Nivicela, 2024)
advierten que la vulneración de la cadena de custodia por parte de los operadores policiales ha derivado
en escenarios de impunidad, incluso cuando existían elementos suficientes para sustentar una acusación
penal. Esta situación no responde a vacíos normativos, sino a fallas estructurales en la ejecución del
procedimiento, que invalidan la prueba y comprometen la legitimidad del proceso. Por ello, la cadena
de custodia debe ser entendida como una garantía procesal sustantiva, cuya observancia rigurosa es
indispensable para asegurar la confiabilidad de la evidencia y la transparencia judicial.
Autores como (Chuma Quizhpi & Durán Ramirez, Las etapas de cadena de custodia según el Código
Orgánico Integral Penal, 2024) han señalado que la cadena de custodia no puede ser concebida como
un trámite formal, sino como un sistema de control técnico que exige precisión documental y
supervisión institucional. La omisión de registros, la falta de estandarización en los formatos y la
ausencia de trazabilidad digital son factores que debilitan la eficacia probatoria y generan incertidumbre
jurídica.
En el plano doctrinario, (Alvear Calle, 2022) sostiene que la cadena de custodia debe ser reforzada
mediante la incorporación de tecnologías que permitan verificar cada etapa del manejo de la prueba.
Entre estas herramientas destacan los sistemas de codificación electrónica, los registros audiovisuales
obligatorios y la interoperabilidad entre plataformas institucionales. Estas medidas no solo fortalecen
el control interno, sino que permiten reconstruir el recorrido de la evidencia en caso de controversia
procesal.
La Fiscalía General del Estado ha desarrollado el Protocolo del Centro de Acopio como instrumento
técnico para la preservación y almacenamiento de indicios. Este documento contempla acciones
generales para el manejo de evidencias, pero su aplicación efectiva depende de la capacitación del
personal, la disponibilidad de infraestructura adecuada y la existencia de auditorías periódicas
Finalmente, (Quinche-Álvarez , Endara-Almeida, & Herrera-Herrera, 2025) proponen la
implementación de trazabilidad digital en la producción de prueba electrónica, destacando que la cadena
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de custodia debe adaptarse a los desafíos tecnológicos del sistema penal contemporáneo. La
incorporación de blockchain, por ejemplo, ha sido explorada como alternativa para garantizar la
inalterabilidad de los registros y la transparencia judicial (Jácome Salinas, 2025)
Valoración judicial de la prueba obtenida en la escena del crimen
La valoración judicial de la prueba constituye una etapa decisiva dentro del proceso penal, en la que el
juzgador debe determinar no solo la relevancia del indicio, sino también su legitimidad procesal. En
este sentido, la prueba obtenida en la escena del crimen no puede ser apreciada de forma aislada, sino
en función de su contexto de recolección, preservación y presentación. La eficacia probatoria de un
elemento depende directamente de su trazabilidad, autenticidad y conformidad con los principios
constitucionales que rigen el proceso penal (Freire Yancha & Naranjo Estrada, 2025).
La actividad valorativa exige que el juez examine si el indicio fue obtenido respetando los estándares
técnicos y jurídicos aplicables. Cuando se detectan fallas en la cadena de custodia, registros incompletos
o intervenciones no protocolizadas, la credibilidad del elemento probatorio se ve comprometida, lo que
puede afectar su incorporación al juicio. En este marco, la legalidad del procedimiento adquiere un peso
determinante, ya que una prueba obtenida de manera irregular puede ser excluida por vulnerar el debido
proceso (Chuma Quizhpi & Durán Ramírez, Las etapas de cadena de custodia según el Código Orgánico
Integral Penal, 2024).
Desde la perspectiva doctrinaria, la criminalística no solo aporta datos técnicos, sino que condiciona la
validez de la prueba en sede judicial. ( Arregui Reyes, Bazantes Poveda, & Corral Calderón, 2023)
sostienen que la criminalística, como ciencia aplicada, debe operar bajo estándares verificables que
permitan reconstruir los hechos con rigor metodológico y respeto a los derechos procesales. En
consecuencia, la valoración judicial exige una mirada integral que considere tanto la calidad del indicio
como la legalidad de su manejo, evitando que irregularidades técnicas distorsionen la interpretación de
los hechos.
Además, la doctrina procesal moderna ha señalado que el juez penal debe ejercer una función crítica
frente a la prueba, evaluando no solo su contenido, sino también su origen y evolución dentro del
proceso. Según (Barreto-Véliz & Bermúdez-Castañeda , 2023), la valoración judicial implica verificar
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si el indicio fue recolectado conforme a los principios de contradicción, proporcionalidad y objetividad,
lo que exige una fundamentación técnica clara por parte de los peritos y operadores institucionales.
La incorporación de herramientas digitales, como sistemas de trazabilidad electrónica, registros
audiovisuales y georreferenciación, fortalece la transparencia en el manejo de evidencias. Estas
tecnologías permiten documentar cada etapa del procedimiento, identificar a los intervinientes y
asegurar que la prueba presentada en juicio conserve su integridad original, lo que contribuye a una
valoración más objetiva y conforme a estándares constitucionales. (Navas-Abad & Vázquez-Martínez,
2025) destaca que el uso de plataformas interoperables entre entidades investigativas permite al
juzgador verificar la continuidad del manejo probatorio, reduciendo el margen de error y fortaleciendo
la legitimidad del proceso.
En definitiva, la valoración judicial de la prueba obtenida en la escena del crimen exige una articulación
entre técnica forense, garantías procesales y razonamiento jurídico. El juez no solo debe determinar si
un indicio es pertinente, sino también si fue obtenido y conservado conforme a los principios que rigen
un proceso penal legítimo. Esta exigencia responde a la necesidad de asegurar que la prueba cumpla su
función epistémica sin comprometer los derechos de las partes ni la integridad del proceso.
METODOLOGÍA
La presente investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, de tipo jurídico-documental,
orientado al análisis crítico de la normativa penal ecuatoriana y de las prácticas institucionales
vinculadas a la intervención en la escena del crimen. Este enfoque permite abordar el objeto de estudio
desde una perspectiva interpretativa, reconociendo que el derecho penal no se limita a la literalidad
normativa, sino que se configura en la interacción entre disposiciones legales, operadores institucionales
y principios constitucionales.
La estrategia metodológica responde a una lógica analítica-descriptiva, basada en la revisión sistemática
de fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias incluyen el (Código Orgánico Integral Penal.
COIP, 2014), especialmente los artículos 443 y 456, así como protocolos técnicos emitidos por la
Fiscalía General del Estado, la Policía Nacional y las unidades de medicina legal. Las fuentes
secundarias comprenden literatura científica indexada en repositorios como Dialnet, Latindex y Scielo,
seleccionada mediante criterios de pertinencia temática, actualidad normativa y trazabilidad académica.
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La técnica empleada es el análisis de contenido, aplicado a un corpus normativo y doctrinario
previamente delimitado. Este corpus se organiza en tres ejes temáticos: (1) regulación jurídica de la
escena del crimen, (2) aplicación técnica de la cadena de custodia, y (3) criterios de valoración judicial
de la prueba penal. Cada eje se examina mediante una lectura crítica que permite identificar tensiones
normativas, omisiones operativas y riesgos procesales, articulando el contenido legal con los desafíos
institucionales que enfrenta la investigación penal en Ecuador.
El estudio se inscribe en una postura garantista, que reconoce la centralidad de los derechos procesales
en la actuación investigativa. Esta perspectiva metodológica no se limita a describir el problema
jurídico, sino que busca generar insumos para la formulación de propuestas normativas y operativas
que contribuyan a fortalecer la legitimidad del proceso penal, la eficacia probatoria y la coherencia
institucional en el tratamiento de la escena del crimen.
En este marco, la construcción de tablas comparativas se incorpora como herramienta válida y
pertinente para sintetizar información normativa, doctrinaria y técnica. Al tratarse de una investigación
jurídica de carácter documental, no se recurre a instrumentos empíricos como encuestas o entrevistas,
sino al análisis sistemático de fuentes legales nacionales, estándares internacionales y literatura
especializada. Esta estrategia permite establecer niveles de convergencia y evidenciar vacíos operativos
en el abordaje de la escena del crimen.
La tabla que se presenta a continuación ha sido elaborada a partir del contraste entre la normativa
ecuatoriana vigente principalmente el Código Orgánico Integral Penal y los protocolos institucionales
de la Fiscalía y la Policía Nacional y los estándares internacionales propuestos por organismos como
INTERPOL, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR). Su propósito es identificar las áreas donde la práctica nacional
se distancia de los parámetros técnicos globales, afectando la trazabilidad de los indicios, la cadena de
custodia y la valoración judicial de la prueba.
Este recurso visual no representa datos estadísticos ni resultados empíricos, sino que organiza de forma
estructurada los hallazgos obtenidos mediante revisión bibliográfica y análisis normativo. Su inclusión
responde a criterios de claridad expositiva, rigor metodológico y utilidad académica, conforme a los
estándares editoriales exigidos por publicaciones científicas en el campo jurídico.
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Tabla 1. Procedimientos técnicos aplicados en la escena del crimen según entidad interviniente
Se considera “Parcial” cuando el procedimiento se ejecuta sin cumplir todos los estándares técnicos establecidos. “No aplica”
indica que la entidad no interviene directamente en esa fase. La trazabilidad digital se refiere al uso de sistemas informáticos
para el seguimiento de los indicios desde su recolección hasta su presentación en juicio.
Tabla 2. Comparación entre normativa ecuatoriana y estándares internacionales sobre el tratamiento de
la escena del crimen
Elemento técnico-
jurídico
Normativa ecuatoriana
(COIP y protocolos
institucionales)
Estándares internacionales
(ONU, INTERPOL, CICR)
Nivel de
convergencia
Delimitación del área
No estandarizada; depende
del criterio operativo del
agente interviniente
Requiere perímetro controlado con
registro visual
Parcial
Registro
planimétrico
No obligatorio se omite en
intervenciones urgentes
Obligatorio debe incluir escala y
orientación
Bajo
Documentación
fotográfica
Recomendado pero no
fiscalizado
Obligatorio debe ser continua y
georreferenciada
Parcial
Acta de recolección
de indicios
Formalizada, pero sin formato
único
Estandarizada incluye cadena de
custodia inicial
Parcial
Trazabilidad digital
No implementada de forma
nacional
Requiere sistema electrónico de
seguimiento
Bajo
Participación
interinstitucional
Fragmentada sin protocolo
compartido
Coordinada con roles definidos y
supervisión
Bajo
Cadena de custodia
Regulada en el COIP; sin
control externo
Supervisada con auditoría técnica
y legal
Parcial
Valoración judicial
de la prueba
Depende del criterio del
juzgador
Vinculada a estándares de
obtención y preservación
Parcial
Enfoque de género
en delitos violentos
No incorporado en protocolos
técnicos
Requiere enfoque diferenciado y
protección reforzada
Bajo
Control institucional
y fiscalización
Débil sin auditoría técnica
especializada
Requiere monitoreo externo y
revisión periódica
Bajo
Entidad
interviniente
Registro
planimétrico
Documentación
fotográfica
Acta de
recolección
Trazabilid
ad digital
Unidad de
medida
Policía Nacional
Parcial
Sí
Incompleta
No
Cualitativa
Fiscalía General del
Estado
No
Parcial
Sí
No
Cualitativa
Medicina Legal
No aplica
Sí
Sí
Parcial
Cualitativa
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Nivel de convergencia indica el grado de alineación entre la práctica en el Ecuador y los estándares
internacionales:
▪ Alto: cumplimiento integral
▪ Parcial: cumplimiento limitado o dependiente del operador
▪ Bajo: ausencia de regulación o aplicación sistemática
DISCUSIÓN Y RESULTADOS
El análisis jurídico-documental, complementado por las Tablas 1 y 2, permitió identificar deficiencias
estructurales en el tratamiento técnico y normativo de la escena del crimen en el proceso penal
ecuatoriano. Los resultados evidencian que, si bien el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece
principios generales sobre la recolección y manejo de los elementos materiales de prueba, su aplicación
práctica presenta inconsistencias que afectan la trazabilidad de los indicios y comprometen su validez
probatoria.
La Tabla 1 revela que los procedimientos técnicos aplicados por las entidades intervinientes —Policía
Nacional, Fiscalía General del Estado y Medicina Legal— se ejecutan de forma fragmentaria y sin
articulación operativa. El registro planimétrico, esencial para documentar la ubicación precisa de los
indicios en el lugar de los hechos, se realiza de manera parcial o se omite, lo que limita la reconstrucción
espacial del delito. La documentación fotográfica, aunque presente, no siempre se complementa con
actas de recolección completas ni con trazabilidad digital, lo que impide verificar la integridad del
indicio a lo largo de su recorrido procesal. Estas prácticas, lejos de responder a un protocolo
estandarizado, reflejan una ejecución desigual que debilita la cadena de custodia y genera riesgos de
exclusión probatoria.
Por otro lado, la Tabla 2 establece un contraste entre la normativa penal ecuatoriana y los estándares
internacionales en materia de preservación de evidencia. El nivel de convergencia es bajo en aspectos
clave como la delimitación del área intervenida, la participación interinstitucional, el enfoque de género
en delitos violentos y el control externo de la cadena de custodia. Aunque el COIP incorpora avances
normativos en los artículos 443 y 456, no contempla mecanismos de fiscalización técnica ni sanciones
específicas por incumplimiento, lo que otorga discrecionalidad a los operadores institucionales.
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Esta brecha entre la legalidad formal y la eficacia operativa impide garantizar la autenticidad, legalidad
y pertinencia de los elementos materiales de prueba, especialmente en contextos de alta complejidad
investigativa.
En conjunto, los hallazgos derivados de ambas tablas confirman que la intervención en la escena del
crimen se realiza bajo criterios técnicos no estandarizados, con escasa coordinación interinstitucional y
sin mecanismos de control que aseguren la trazabilidad del indicio. Estas deficiencias no solo afectan
la valoración judicial de la prueba, sino que generan escenarios de nulidad procesal y vulneración de
derechos fundamentales. Por ello, se concluye que resulta indispensable avanzar hacia un modelo de
actuación técnica y normativa que integre protocolos vinculantes, fiscalización operativa y formación
especializada, en consonancia con los estándares internacionales de preservación de evidencia.
CONCLUSIÓN
La escena del crimen constituye un espacio procesal de alta sensibilidad jurídica, en el que se define la
calidad y legitimidad de los elementos materiales de prueba que sustentan la investigación penal. El
análisis realizado ha permitido evidenciar que, más allá de la existencia de disposiciones legales que
regulan la actuación investigativa, persisten debilidades estructurales en la ejecución técnica del
procedimiento, especialmente en lo relativo a la cadena de custodia, la trazabilidad de los indicios y la
valoración judicial de la prueba.
Desde una perspectiva crítica, se ha constatado que la ausencia de protocolos técnicos vinculantes, la
aplicación desigual entre operadores institucionales y la falta de mecanismos de verificación
interinstitucional generan escenarios de vulnerabilidad probatoria. La criminalística, como disciplina
auxiliar del derecho penal, debe operar bajo estándares verificables que garanticen la autenticidad,
integridad y pertinencia de los elementos recolectados. Sin embargo, en la práctica, la intervención en
el lugar de los hechos suele estar marcada por omisiones metodológicas, registros incompletos y
procedimientos informales que comprometen la validez jurídica del indicio.
La cadena de custodia, entendida como garantía procesal sustantiva, exige una gestión rigurosa que
documente cada etapa del manejo del indicio, desde su recolección hasta su presentación en juicio. Su
ruptura o alteración no solo debilita la estructura probatoria, sino que puede derivar en exclusiones
procesales y afectaciones al derecho a la defensa.
pág. 14538
La valoración judicial de los elementos obtenidos en la escena del crimen requiere una mirada integral
que considere tanto la legalidad del procedimiento como la transparencia de su ejecución. La falta de
registros técnicos, la manipulación informal de evidencias y la inexistencia de controles verificables
limitan la capacidad del juzgador para emitir decisiones fundadas en prueba legítima. Por ello, resulta
indispensable consolidar una cultura institucional orientada al respeto de la legalidad, la transparencia
operativa y la formación especializada de los actores involucrados.
Finalmente, el tratamiento técnico y normativo de la escena del crimen debe ser abordado desde una
perspectiva garantista, que articule la actuación operativa con los principios constitucionales del
proceso penal. La implementación de estándares técnicos claros, la capacitación continua del personal
interviniente y el fortalecimiento de los mecanismos de control son condiciones necesarias para
asegurar que la prueba obtenida en el lugar de los hechos sea jurídicamente válida, procesalmente
legítima y constitucionalmente protegida.
AGRADECIMIENTOS
A lo largo de este significativo trayecto, elevo mi más profundo agradecimiento a Dios, por concederme
la sabiduría, la fortaleza y la perseverancia necesarias para alcanzar esta meta. Su guía ha sido mi faro
en los momentos de incertidumbre y su presencia, mi mayor consuelo.
A mi ángel en el cielo, mi amado padre Héctor Francisco Montufar Huilca fue y seguirá siendo mi
inspiración y mi guía. Gracias por el valioso legado de amor, esfuerzo y principios que sembraste en
mí. Sé que desde el cielo celebras conmigo este logro, y te llevo siempre en mi corazón, con infinito
amor y gratitud.
A mi madre, Carmen Celi, gracias por su apoyo incondicional, por su amor sin medida y por cada
sacrificio silencioso que hizo para que yo pudiera avanzar. Ha sido mi pilar, mi refugio y mi mayor
ejemplo de entrega. Este logro también es suyo.
Mi gratitud eterna a mis padres, Héctor y Shildita, por su amor incondicional, su entrega incansable y
su fe inquebrantable en mí. Gracias por ser luz en los momentos más oscuros y por sostenerme con
esperanza cuando más lo necesité. Su confianza me dio alas para seguir adelante y fuerza para no
rendirme.
pág. 14539
A mis hermanos Johana, Said y Jair, gracias por su compañía constante, por cada palabra de aliento y
por ser parte esencial de este camino. Cada paso que he dado ha estado acompañado de su cariño y
complicidad. Este logro también les pertenece.
A ti, Aldair Loor, gracias por tu amor incondicional y por estar a mi lado en cada paso de este recorrido.
Tu presencia ha sido refugio en los días difíciles y alegría en los momentos de triunfo. Gracias por creer
en mí incluso cuando dudaba, por celebrar cada logro como propio, y por convertir este camino en uno
más dulce, más fuerte y más lleno de esperanza. Este logro también lleva tu nombre, porque tu amor ha
sido parte esencial de mi fuerza.
Finalmente, extiendo también mi más profundo agradecimiento a toda mi familia, quienes siempre
creyeron en mí y con su amor, apoyo y generosidad, han contribuido de distintas maneras para que hoy
pueda alcanzar esta meta. A cada uno de ustedes, gracias por ser parte de mi historia, por acompañarme
con fe y cariño, y por hacer de este logro un reflejo del vínculo que nos une. Rita Nicolle Montufar Celi
Con humildad y profunda convicción, inicio este apartado agradeciendo a Dios, por guiar mis pasos y
concederme la fortaleza necesaria para culminar esta importante etapa de mi vida.
A mi familia, mis padres Enrique Mendoza y Sintia Alvarez a mi hermano Jean Carlos Mendoza, por
ser el pilar fundamental y la inspiración constante en este proceso.
A mi esposa Sonia Fares, por su amor, comprensión y apoyo incondicional; gracias por acompañarme
en cada momento de esfuerzo y motivarme a seguir adelante.
A mi hija Meredith Mendoza, por ser la razón de mis luchas y el motor que impulsa mis sueños.
A mi abuelo Nicolás Mendoza, por sus enseñanzas, valores y ejemplo de vida, que han dejado una
huella imborrable en mi corazón.
Y, de manera muy especial, este logro va al cielo para mi abuelita Esthela Pesantez , cuya memoria vive
en mí y cuya fe, amor y palabras de aliento me acompañaron incluso en la distancia eterna. Este trabajo
es también suyo, porque parte de mi esfuerzo nació del amor que me dejó.
A todos ellos, mi más profundo y sincero agradecimiento.
Dustin Alexander Mendoza Álvarez
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