pág. 1249
,
EL DESAFÍO EXISTENCIAL DEL ESTADO
ECUATORIANO: FRAGMENTACIÓN
CRIMINAL, NARCOTRÁFICO Y LA
PATOLOGÍA DE LA COOPTACIÓN
INSTITUCIONAL
THE EXISTENTIAL CHALLENGE OF THE
ECUADORIAN STATE: CRIMINAL FRAGMENTATION,
NARCOTRAFFICKING, AND THE PATHOLOGY OF
INSTITUTIONAL CO-OPTATION
Christian Roberto Cabezas-Freire
Investigador Independiente, Ecuador
Marco Hernán Cando Guashpa
Investigador Independiente, Ecuador
Christian David Acosta Reyes
Investigador Independiente, Ecuador
Carmen Cristina López Guevara
Investigador Independiente, Ecuador
pág. 1250
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i6.21111
El Desafío Existencial del Estado Ecuatoriano: Fragmentación Criminal,
Narcotráfico y la Patología de la Cooptación Institucional
Christian Roberto Cabezas-Freire1
christian.cabezas@gmail.com
https://orcid.org/0009-0009-3715-8235
Investigador Independiente, Ecuador
Marco Hernán Cando Guashpa
marcohcg@hotmail.com
https://orcid.org/0009-0007-7790-3055
Investigador Independiente, Ecuador
Christian David Acosta Reyes
crisfae1990@hotmail.com
Investigador Independiente, Ecuador
Carmen Cristina López Guevara
cristy_xyc@hotmail.com
https://orcid.org/0009-0001-7751-710X
Investigador Independiente, Ecuador
RESUMEN
Este artículo argumenta que la crisis de seguridad en Ecuador (2020-2025) constituye un desafío
existencial para el Estado, impulsado no principalmente por la fragmentación de los Grupos Armados
Organizados (GAO), sino por una patología de cooptación estructural que cataliza y sofistica la
violencia territorial. Mediante una metodología de métodos mixtos, el estudio analiza datos de
homicidios y casos emblemáticos de corrupción (“Metástasis” y “Purga”). Los hallazgos demuestran
que la cooptación sistémica del sistema judicial y penitenciario por parte de GAO’s como Los Choneros
y Los Lobos ingenió una arquitectura de impunidad, permitiendo el control criminal desde las prisiones
y la infiltración de las fuerzas de seguridad. Esta cooptación, que supera el impacto de la mera
fragmentación, se correlaciona directamente con la trayectoria ascendente sin precedentes de la
violencia homicida, que proyecta a 2025 como el año más violento en la historia del Ecuador. La
investigación también documenta la sofisticación operativa de los GAO, incluyendo el uso de drones
explosivos y alianzas transnacionales, y su diversificación hacia economías ilícitas como la minería
ilegal. Se concluye que la sinergia entre fragmentación criminal y un Estado cooptado ha generado una
forma de gobernanza criminal que erosiona la soberanía estatal, posicionando a la reforma institucional
profunda, y no solo a las respuestas securitizadas, como imperativo para la supervivencia del Estado
ecuatoriano
Palabras clave: Ecuador, crimen organizado, cooptación estatal, narcotráfico, violencia homicida,
gobernanza criminal, crisis penitenciaria
1 Autor principal.
Correspondencia: christian.cabezas@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i6.21111
El Desafío Existencial del Estado Ecuatoriano: Fragmentación Criminal,
Narcotráfico y la Patología de la Cooptación Institucional
Christian Roberto Cabezas-Freire1
christian.cabezas@gmail.com
https://orcid.org/0009-0009-3715-8235
Investigador Independiente, Ecuador
Marco Hernán Cando Guashpa
marcohcg@hotmail.com
https://orcid.org/0009-0007-7790-3055
Investigador Independiente, Ecuador
Christian David Acosta Reyes
crisfae1990@hotmail.com
Investigador Independiente, Ecuador
Carmen Cristina López Guevara
cristy_xyc@hotmail.com
https://orcid.org/0009-0001-7751-710X
Investigador Independiente, Ecuador
RESUMEN
Este artículo argumenta que la crisis de seguridad en Ecuador (2020-2025) constituye un desafío
existencial para el Estado, impulsado no principalmente por la fragmentación de los Grupos Armados
Organizados (GAO), sino por una patología de cooptación estructural que cataliza y sofistica la
violencia territorial. Mediante una metodología de métodos mixtos, el estudio analiza datos de
homicidios y casos emblemáticos de corrupción (“Metástasis” y “Purga”). Los hallazgos demuestran
que la cooptación sistémica del sistema judicial y penitenciario por parte de GAO’s como Los Choneros
y Los Lobos ingenió una arquitectura de impunidad, permitiendo el control criminal desde las prisiones
y la infiltración de las fuerzas de seguridad. Esta cooptación, que supera el impacto de la mera
fragmentación, se correlaciona directamente con la trayectoria ascendente sin precedentes de la
violencia homicida, que proyecta a 2025 como el año más violento en la historia del Ecuador. La
investigación también documenta la sofisticación operativa de los GAO, incluyendo el uso de drones
explosivos y alianzas transnacionales, y su diversificación hacia economías ilícitas como la minería
ilegal. Se concluye que la sinergia entre fragmentación criminal y un Estado cooptado ha generado una
forma de gobernanza criminal que erosiona la soberanía estatal, posicionando a la reforma institucional
profunda, y no solo a las respuestas securitizadas, como imperativo para la supervivencia del Estado
ecuatoriano
Palabras clave: Ecuador, crimen organizado, cooptación estatal, narcotráfico, violencia homicida,
gobernanza criminal, crisis penitenciaria
1 Autor principal.
Correspondencia: christian.cabezas@gmail.com
pág. 1251
The existential challenge of the Ecuadorian State: Criminal Fragmentation,
Narcotrafficking, and the Pathology of Institutional Co-optation
ABSTRACT
This article argues that the security crisis in Ecuador (2020-2025) constitutes an existential threat to the
state, driven not primarily by the fragmentation of Armed Organized Groups (GAOs), but by a
pathology of structural co-optation that catalyzes and sophisticates territorial violence. Using a mixed-
methods methodology, the study analyzes homicide data and emblematic corruption cases (“Metastasis”
and “Purge”). The findings demonstrate that the systemic co-optation of the judicial and penitentiary
systems by GAOs such as Los Choneros and Los Lobos engineered an architecture of impunity,
allowing for criminal control from within prisons and the infiltration of security forces. This co-
optation, whose impact surpasses that of mere fragmentation, directly correlates with the unprecedented
upward trajectory of homicidal violence, projecting 2025 as the most violent year in Ecuador's history.
The research also documents the operational sophistication of GAOs, including the use of explosive
drones and transnational alliances, and their diversification into illicit economies such as illegal mining.
It is concluded that the synergy between criminal fragmentation and a co-opted state has generated a
form of criminal governance that erodes state sovereignty, positioning deep institutional reform, and
not just securitized responses, as an imperative for the survival of the Ecuadorian state
Keywords: Ecuador, organized crime, state co-optation, drug trafficking,homicidal violence, criminal
governance, penitentiary crisis
Artículo recibido 17 octubre 2025
Aceptado para publicación: 25 noviembre 2025
The existential challenge of the Ecuadorian State: Criminal Fragmentation,
Narcotrafficking, and the Pathology of Institutional Co-optation
ABSTRACT
This article argues that the security crisis in Ecuador (2020-2025) constitutes an existential threat to the
state, driven not primarily by the fragmentation of Armed Organized Groups (GAOs), but by a
pathology of structural co-optation that catalyzes and sophisticates territorial violence. Using a mixed-
methods methodology, the study analyzes homicide data and emblematic corruption cases (“Metastasis”
and “Purge”). The findings demonstrate that the systemic co-optation of the judicial and penitentiary
systems by GAOs such as Los Choneros and Los Lobos engineered an architecture of impunity,
allowing for criminal control from within prisons and the infiltration of security forces. This co-
optation, whose impact surpasses that of mere fragmentation, directly correlates with the unprecedented
upward trajectory of homicidal violence, projecting 2025 as the most violent year in Ecuador's history.
The research also documents the operational sophistication of GAOs, including the use of explosive
drones and transnational alliances, and their diversification into illicit economies such as illegal mining.
It is concluded that the synergy between criminal fragmentation and a co-opted state has generated a
form of criminal governance that erodes state sovereignty, positioning deep institutional reform, and
not just securitized responses, as an imperative for the survival of the Ecuadorian state
Keywords: Ecuador, organized crime, state co-optation, drug trafficking,homicidal violence, criminal
governance, penitentiary crisis
Artículo recibido 17 octubre 2025
Aceptado para publicación: 25 noviembre 2025
pág. 1252
INTRODUCCIÓN
El presente artículo examina la compleja dinámica entre los Grupos Armados Organizados (GAO), la
cooptación estatal y la escalada de violencia territorial en Ecuador, un fenómeno que ha transformado
el panorama de seguridad del país en los últimos años . Ecuador enfrenta una crisis de seguridad sin
precedentes, marcada por la reconfiguración y el fortalecimiento virulento de Grupos Armados
Organizados y una escalada sostenida de violencia territorial (Chuquimarca et al., 2018; Strigunov,
2025). Este fenómeno ha transformado profundamente el panorama de seguridad del país (Ayuso,
2024), generando un incremento alarmante en los índices de homicidios, que alcanzaron las 8.004
muertes violentas en 2023 (International Rescue Committee, 2024), y un desplazamiento interno
masivo, con estimaciones de más de 300.000 personas forzadas a abandonar sus hogares entre 2023 y
2025 debido a la violencia criminal (Madera, 2025; Malo, 2024; Redacción Primicias/EFE, 2025). El
presente artículo examina la compleja interacción entre la fragmentación criminal, el narcotráfico y la
patología de la cooptación institucional en Ecuador (Ayuso, 2024; Observatorio Ecuatoriano de Crimen
Organizado, 2023), argumentando que esta sinergia representa un desafío existencial para la estabilidad
del Estado.
La relevancia académica de este estudio radica en su contribución a la comprensión de las dinámicas
de la gobernanza criminal y la captura estatal en contextos de fragilidad institucional en América Latina.
A diferencia de enfoques que pueden atribuir la escalada de violencia meramente a la fragmentación de
grupos criminales, esta investigación propone un mecanismo causal más profundo. La pregunta de
investigación central es: ¿De qué manera la cooptación estructural de las instituciones estatales ha
catalizado la intensificación y sofisticación de la violencia territorial en Ecuador tras la fragmentación
de los Grupos Armados Organizados, particularmente en el período 2020-2025?
Para abordar esta cuestión, se postula la siguiente hipótesis central: la cooptación estructural del sistema
judicial y penitenciario por parte de los Grupos Armados Organizados Choneros y Lobos se
correlaciona directamente con la intensificación y sofisticación de la violencia territorial en Ecuador
durante el período 2020-2025, superando el impacto atribuible únicamente a la fragmentación criminal.
Este artículo se estructura en cinco secciones principales. Tras esta introducción, la sección de Revisión
de Literatura profundizará en los marcos teóricos de la cooptación estatal, la gobernanza criminal y la
INTRODUCCIÓN
El presente artículo examina la compleja dinámica entre los Grupos Armados Organizados (GAO), la
cooptación estatal y la escalada de violencia territorial en Ecuador, un fenómeno que ha transformado
el panorama de seguridad del país en los últimos años . Ecuador enfrenta una crisis de seguridad sin
precedentes, marcada por la reconfiguración y el fortalecimiento virulento de Grupos Armados
Organizados y una escalada sostenida de violencia territorial (Chuquimarca et al., 2018; Strigunov,
2025). Este fenómeno ha transformado profundamente el panorama de seguridad del país (Ayuso,
2024), generando un incremento alarmante en los índices de homicidios, que alcanzaron las 8.004
muertes violentas en 2023 (International Rescue Committee, 2024), y un desplazamiento interno
masivo, con estimaciones de más de 300.000 personas forzadas a abandonar sus hogares entre 2023 y
2025 debido a la violencia criminal (Madera, 2025; Malo, 2024; Redacción Primicias/EFE, 2025). El
presente artículo examina la compleja interacción entre la fragmentación criminal, el narcotráfico y la
patología de la cooptación institucional en Ecuador (Ayuso, 2024; Observatorio Ecuatoriano de Crimen
Organizado, 2023), argumentando que esta sinergia representa un desafío existencial para la estabilidad
del Estado.
La relevancia académica de este estudio radica en su contribución a la comprensión de las dinámicas
de la gobernanza criminal y la captura estatal en contextos de fragilidad institucional en América Latina.
A diferencia de enfoques que pueden atribuir la escalada de violencia meramente a la fragmentación de
grupos criminales, esta investigación propone un mecanismo causal más profundo. La pregunta de
investigación central es: ¿De qué manera la cooptación estructural de las instituciones estatales ha
catalizado la intensificación y sofisticación de la violencia territorial en Ecuador tras la fragmentación
de los Grupos Armados Organizados, particularmente en el período 2020-2025?
Para abordar esta cuestión, se postula la siguiente hipótesis central: la cooptación estructural del sistema
judicial y penitenciario por parte de los Grupos Armados Organizados Choneros y Lobos se
correlaciona directamente con la intensificación y sofisticación de la violencia territorial en Ecuador
durante el período 2020-2025, superando el impacto atribuible únicamente a la fragmentación criminal.
Este artículo se estructura en cinco secciones principales. Tras esta introducción, la sección de Revisión
de Literatura profundizará en los marcos teóricos de la cooptación estatal, la gobernanza criminal y la
pág. 1253
fragmentación de grupos armados. Posteriormente, la Metodología detallará las fuentes de datos y el
enfoque analítico empleado. Los Resultados presentarán la evidencia empírica que soporta la hipótesis,
seguida de una Discusión que interpretará estos hallazgos en el contexto de la literatura académica.
Finalmente, la Conclusión resumirá los principales aportes del estudio y sus implicaciones para la
política pública y la investigación futura.
Estado Del Arte
La literatura especializada ha documentado el incremento y la diversificación del fenómeno delictivo
en Ecuador, el cual no solo responde a condiciones internas, sino también a la interacción con
circunstancias globales y regionales (Parra et al., 2020). En este contexto, la vulnerabilidad
socioeconómica del país ha sido un factor crucial que ha facilitado el arraigo de actividades ilícitas y su
progresiva expansión, incrementando los niveles de violencia y criminalidad en todo el territorio
(International Rescue Committee, 2024). Ecuador, en 2023, fue catalogado como uno de los países más
violentos del mundo, registrando 8.004 muertes violentas, una cifra que evidencia la profunda
penetración del crimen organizado, especialmente el narcotráfico (International Rescue Committee,
2024). Este dramático aumento en la violencia se atribuye a una intensificación de los enfrentamientos
entre organizaciones criminales, tanto entre sí como contra el Estado, exacerbado por masacres
carcelarias y la lucha por el control territorial (Strigunov, 2025). La reconfiguración de las rutas del
narcotráfico y el aumento de la producción de cocaína en países vecinos han transformado a Ecuador
en un punto neurálgico para el tránsito de drogas, lo que ha propiciado la consolidación de grupos
criminales con mayor poder operativo y capacidad de cooptación institucional (Observatorio
Ecuatoriano de Crimen Organizado, 2023; Rivera Rhon & Bravo Grijalva, 2020). La Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en colaboración con la Embajada de Alemania y el
Ministerio de Defensa del Ecuador, ha documentado cómo las condiciones geográficas y la
proliferación de cultivos ilícitos en Colombia han intensificado el narcotráfico y el contrabando en la
frontera ecuatoriana (Molina, 2023). Este escenario ha sido aprovechado por organizaciones criminales
para fragmentarse y acentuar su dominio territorial, especialmente en zonas con alta incidencia de
delitos graves como el tráfico internacional de drogas y armas, así como en la disputa por plazas de
microtráfico en ciudades portuarias (Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, 2023). Este
fragmentación de grupos armados. Posteriormente, la Metodología detallará las fuentes de datos y el
enfoque analítico empleado. Los Resultados presentarán la evidencia empírica que soporta la hipótesis,
seguida de una Discusión que interpretará estos hallazgos en el contexto de la literatura académica.
Finalmente, la Conclusión resumirá los principales aportes del estudio y sus implicaciones para la
política pública y la investigación futura.
Estado Del Arte
La literatura especializada ha documentado el incremento y la diversificación del fenómeno delictivo
en Ecuador, el cual no solo responde a condiciones internas, sino también a la interacción con
circunstancias globales y regionales (Parra et al., 2020). En este contexto, la vulnerabilidad
socioeconómica del país ha sido un factor crucial que ha facilitado el arraigo de actividades ilícitas y su
progresiva expansión, incrementando los niveles de violencia y criminalidad en todo el territorio
(International Rescue Committee, 2024). Ecuador, en 2023, fue catalogado como uno de los países más
violentos del mundo, registrando 8.004 muertes violentas, una cifra que evidencia la profunda
penetración del crimen organizado, especialmente el narcotráfico (International Rescue Committee,
2024). Este dramático aumento en la violencia se atribuye a una intensificación de los enfrentamientos
entre organizaciones criminales, tanto entre sí como contra el Estado, exacerbado por masacres
carcelarias y la lucha por el control territorial (Strigunov, 2025). La reconfiguración de las rutas del
narcotráfico y el aumento de la producción de cocaína en países vecinos han transformado a Ecuador
en un punto neurálgico para el tránsito de drogas, lo que ha propiciado la consolidación de grupos
criminales con mayor poder operativo y capacidad de cooptación institucional (Observatorio
Ecuatoriano de Crimen Organizado, 2023; Rivera Rhon & Bravo Grijalva, 2020). La Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en colaboración con la Embajada de Alemania y el
Ministerio de Defensa del Ecuador, ha documentado cómo las condiciones geográficas y la
proliferación de cultivos ilícitos en Colombia han intensificado el narcotráfico y el contrabando en la
frontera ecuatoriana (Molina, 2023). Este escenario ha sido aprovechado por organizaciones criminales
para fragmentarse y acentuar su dominio territorial, especialmente en zonas con alta incidencia de
delitos graves como el tráfico internacional de drogas y armas, así como en la disputa por plazas de
microtráfico en ciudades portuarias (Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, 2023). Este
pág. 1254
contexto ha generado que no solo las zonas fronterizas sean críticas, sino que el crimen organizado haya
permeado a todo el país, desarrollando un entramado delictivo que abarca desde asesinatos y extorsiones
hasta el tráfico de armas y precursores químicos (Chuquimarca et al., 2018). La interconexión entre la
seguridad fronteriza, la crisis carcelaria y el incremento de actividades ilícitas ha sido identificada como
un componente crítico en la proliferación del crimen organizado en Ecuador (Molina, 2023). La
literatura también resalta cómo el 80% de los asesinatos en Ecuador son atribuibles a disputas
territoriales entre bandas delictivas por el control de la distribución y exportación de drogas, con
Guayaquil emergiendo como un epicentro de esta violencia (Valarezo Romero, 2024). Este patrón de
violencia responde a la evolución del país de un mero corredor de drogas a un centro de operaciones
criminales (Tapia & Fierro, 2024), impulsado por su ubicación geográfica estratégica y la subsiguiente
diversificación de actividades ilícitas que incluyen el tráfico de armas, la trata de personas, el lavado de
dinero y la extorsión. Este cambio de rol ha sido catalizado por la reconfiguración geopolítica del
narcotráfico, particularmente tras el proceso de paz en Colombia en 2016 y la creciente influencia de
cárteles mexicanos en la cadena de valor global de la cocaína, lo que ha posicionado a Ecuador como
un eslabón estratégico en la producción, refinamiento, almacenamiento y transporte de estupefacientes
(Rivera Rhon & Bravo Grijalva, 2020). La colaboración entre grupos delictivos organizados
ecuatorianos y cárteles internacionales, como los colombianos y mexicanos, ha sido fundamental para
consolidar al país como un eje central del narcotráfico regional, complejizando la capacidad operativa
y logística de estas redes (International Rescue Committee, 2024; Tapia & Fierro, 2024). Esta
consolidación ha transformado la estructura del crimen organizado ecuatoriano, que ahora opera bajo
modelos más complejos e integrados, asemejándose a un “holding” criminal que coordina diversas
actividades ilícitas bajo un mando central (Strigunov, 2025). Esta evolución ha propiciado el desarrollo
de sofisticadas redes de corrupción y blanqueo de activos, permitiendo a estas organizaciones infiltrarse
en la economía formal y en las estructuras estatales (Tapia & Fierro, 2024). Además, la crisis carcelaria
ecuatoriana actúa como un ecosistema criminal interconectado con el exterior, facilitando la
organización de actores delictivos y la expansión de sus redes (Álvarez & Rodríguez, 2018). La
permeabilidad de las instituciones penitenciarias ha permitido que los líderes criminales sigan
ejerciendo control y coordinando operaciones desde dentro, transformando las prisiones en centros de
contexto ha generado que no solo las zonas fronterizas sean críticas, sino que el crimen organizado haya
permeado a todo el país, desarrollando un entramado delictivo que abarca desde asesinatos y extorsiones
hasta el tráfico de armas y precursores químicos (Chuquimarca et al., 2018). La interconexión entre la
seguridad fronteriza, la crisis carcelaria y el incremento de actividades ilícitas ha sido identificada como
un componente crítico en la proliferación del crimen organizado en Ecuador (Molina, 2023). La
literatura también resalta cómo el 80% de los asesinatos en Ecuador son atribuibles a disputas
territoriales entre bandas delictivas por el control de la distribución y exportación de drogas, con
Guayaquil emergiendo como un epicentro de esta violencia (Valarezo Romero, 2024). Este patrón de
violencia responde a la evolución del país de un mero corredor de drogas a un centro de operaciones
criminales (Tapia & Fierro, 2024), impulsado por su ubicación geográfica estratégica y la subsiguiente
diversificación de actividades ilícitas que incluyen el tráfico de armas, la trata de personas, el lavado de
dinero y la extorsión. Este cambio de rol ha sido catalizado por la reconfiguración geopolítica del
narcotráfico, particularmente tras el proceso de paz en Colombia en 2016 y la creciente influencia de
cárteles mexicanos en la cadena de valor global de la cocaína, lo que ha posicionado a Ecuador como
un eslabón estratégico en la producción, refinamiento, almacenamiento y transporte de estupefacientes
(Rivera Rhon & Bravo Grijalva, 2020). La colaboración entre grupos delictivos organizados
ecuatorianos y cárteles internacionales, como los colombianos y mexicanos, ha sido fundamental para
consolidar al país como un eje central del narcotráfico regional, complejizando la capacidad operativa
y logística de estas redes (International Rescue Committee, 2024; Tapia & Fierro, 2024). Esta
consolidación ha transformado la estructura del crimen organizado ecuatoriano, que ahora opera bajo
modelos más complejos e integrados, asemejándose a un “holding” criminal que coordina diversas
actividades ilícitas bajo un mando central (Strigunov, 2025). Esta evolución ha propiciado el desarrollo
de sofisticadas redes de corrupción y blanqueo de activos, permitiendo a estas organizaciones infiltrarse
en la economía formal y en las estructuras estatales (Tapia & Fierro, 2024). Además, la crisis carcelaria
ecuatoriana actúa como un ecosistema criminal interconectado con el exterior, facilitando la
organización de actores delictivos y la expansión de sus redes (Álvarez & Rodríguez, 2018). La
permeabilidad de las instituciones penitenciarias ha permitido que los líderes criminales sigan
ejerciendo control y coordinando operaciones desde dentro, transformando las prisiones en centros de
pág. 1255
comando para la actividad delictiva (International Rescue Committee, 2024).
Fragmentación Criminal y Escalada de Violencia
La fragmentación de organizaciones criminales se ha identificado como un factor significativo que
contribuye al aumento de la violencia en diversos contextos latinoamericanos (Garriga & Phillips, 2022;
Velasco, 2023). Esta fragmentación puede ser resultado de intervenciones estatales, como la
eliminación/captura de líderes, o de conflictos internos entre grupos, lo que a menudo conduce a la
diversificación de actividades criminales y a la adopción de estrategias más violentas por parte de los
grupos escindidos para competir por recursos y mercados ilícitos (Garriga & Phillips, 2022). En
Ecuador, la atomización criminal se intensificó a finales de 2019, potenciando el tráfico de armas, el
lavado de activos y la corrupción, y facilitando la consolidación de nuevas organizaciones
(Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, 2023), como Los Lobos, que surgieron tras la
división de Los Choneros (GK, 2025). Este proceso ha llevado a una reconfiguración constante de
agrupaciones criminales, con alianzas y confrontaciones que dificultan el registro fidedigno de su
situación (Parra et al., 2020). La competencia resultante entre grupos como Los Choneros y Los Lobos
por el control de rutas de narcotráfico en provincias estratégicas como Manabí ha desatado masacres,
dejando decenas de muertos (Redacción ED, 2025), y es un motor clave de la violencia en el país.
Cooptación Estatal y Patología Institucional
La cooptación estatal, definida como la influencia indebida de organizaciones criminales sobre
funcionarios e instituciones del Estado para su propio beneficio (Gutiérrez Romero, 2025), es un pilar
central en la escalada de violencia en Ecuador. Este fenómeno, en el cual actores estatales y autoridades
políticas comparten poder con organizaciones criminales, plantea desafíos significativos para la
democracia y el estado de derecho (Feldmann & Luna, 2022). La corrupción en el sistema judicial es
un factor clave que facilita las actividades del crimen organizado, con una alta percepción de corrupción
que refleja una realidad donde jueces y fiscales pueden ser comprados o intimidados (Tapia & Fierro,
2024). El emblemático Caso Metástasis, iniciado en 2023, es un claro ejemplo del alcance de esta
influencia criminal, revelando una red de corrupción que involucra a jueces, fiscales, policías y otros
funcionarios públicos que colaboraban con narcotraficantes aliados a grupos como Los Lobos para
obtener favores judiciales y protección (Fernández Salvador Fallet, 2024; Latin American Post Staff,
comando para la actividad delictiva (International Rescue Committee, 2024).
Fragmentación Criminal y Escalada de Violencia
La fragmentación de organizaciones criminales se ha identificado como un factor significativo que
contribuye al aumento de la violencia en diversos contextos latinoamericanos (Garriga & Phillips, 2022;
Velasco, 2023). Esta fragmentación puede ser resultado de intervenciones estatales, como la
eliminación/captura de líderes, o de conflictos internos entre grupos, lo que a menudo conduce a la
diversificación de actividades criminales y a la adopción de estrategias más violentas por parte de los
grupos escindidos para competir por recursos y mercados ilícitos (Garriga & Phillips, 2022). En
Ecuador, la atomización criminal se intensificó a finales de 2019, potenciando el tráfico de armas, el
lavado de activos y la corrupción, y facilitando la consolidación de nuevas organizaciones
(Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, 2023), como Los Lobos, que surgieron tras la
división de Los Choneros (GK, 2025). Este proceso ha llevado a una reconfiguración constante de
agrupaciones criminales, con alianzas y confrontaciones que dificultan el registro fidedigno de su
situación (Parra et al., 2020). La competencia resultante entre grupos como Los Choneros y Los Lobos
por el control de rutas de narcotráfico en provincias estratégicas como Manabí ha desatado masacres,
dejando decenas de muertos (Redacción ED, 2025), y es un motor clave de la violencia en el país.
Cooptación Estatal y Patología Institucional
La cooptación estatal, definida como la influencia indebida de organizaciones criminales sobre
funcionarios e instituciones del Estado para su propio beneficio (Gutiérrez Romero, 2025), es un pilar
central en la escalada de violencia en Ecuador. Este fenómeno, en el cual actores estatales y autoridades
políticas comparten poder con organizaciones criminales, plantea desafíos significativos para la
democracia y el estado de derecho (Feldmann & Luna, 2022). La corrupción en el sistema judicial es
un factor clave que facilita las actividades del crimen organizado, con una alta percepción de corrupción
que refleja una realidad donde jueces y fiscales pueden ser comprados o intimidados (Tapia & Fierro,
2024). El emblemático Caso Metástasis, iniciado en 2023, es un claro ejemplo del alcance de esta
influencia criminal, revelando una red de corrupción que involucra a jueces, fiscales, policías y otros
funcionarios públicos que colaboraban con narcotraficantes aliados a grupos como Los Lobos para
obtener favores judiciales y protección (Fernández Salvador Fallet, 2024; Latin American Post Staff,
pág. 1256
2024; Voss, 2024). Esta infiltración se extiende a las fuerzas de seguridad, con casos documentados de
policías presuntamente implicados en el robo de cargamentos de droga para el Grupo Armado
Organizado (GAO) Lobos y militares involucrados en el contrabando de objetos prohibidos dentro de
los Centros de Privación de Libertad (CPL). La corrupción puede aumentar su escala hasta la captura o
reconfiguración cooptada del Estado (Garay et al., 2009; Serrano López, 2020), un proceso donde las
organizaciones criminales se incrustan en el tejido político y económico para garantizar su impunidad
y facilitar sus operaciones (Gutiérrez Romero, 2025).
Gobernanza Criminal y Control Territorial
El concepto de gobernanza criminal describe cómo las organizaciones criminales establecen y ejercen
autoridad, a menudo a través de la violencia, para regular el comportamiento y controlar territorios o
poblaciones, incluso con la colaboración de actores estatales (Alvarado, 2019; Badillo & Trejos, 2023a,
2023b; Feldmann & Luna, 2022). En el contexto ecuatoriano, la crisis carcelaria es un ejemplo
paradigmático de gobernanza criminal. Las prisiones se han transformado en centros de operaciones y
comando para el crimen organizado (International Rescue Committee, 2024), donde los líderes
criminales ejercen control y coordinan actividades ilícitas desde dentro (Saltos Galarza, 2024; Valarezo
Romero, 2024). Este control intra-carcelario se extiende a la calle, regulando mercados de drogas,
extorsiones y disputas territoriales, un fenómeno observado en otros países de la región (Blattman et
al., 2021; Magaloni et al., 2020). El sistema penitenciario ecuatoriano ha experimentado una
“progresiva pérdida de soberanía estatal” donde las bandas criminales han consolidado su control,
convirtiendo las cárceles en “compañías rentables” para sus cabecillas (Valarezo Romero , 2024). La
deficiencia en la gestión penitenciaria, el hacinamiento y la insuficiencia de personal facilitan este
“autogobierno” criminal, donde se comparten formas de “gobernanza informal” entre autoridades
estatales y líderes criminales encarcelados (Daudelin & Ratton, 2023; Parker & Weegels, 2023; Parra
et al., 2020).
Interconexión de los Fenómenos
La escalada de violencia en Ecuador no puede entenderse como la suma de estos factores, sino como
su interacción sinérgica. La fragmentación criminal, aunque inicialmente puede generar conflictos
internos por el control, se potencia exponencialmente cuando se combina con una cooptación estatal
2024; Voss, 2024). Esta infiltración se extiende a las fuerzas de seguridad, con casos documentados de
policías presuntamente implicados en el robo de cargamentos de droga para el Grupo Armado
Organizado (GAO) Lobos y militares involucrados en el contrabando de objetos prohibidos dentro de
los Centros de Privación de Libertad (CPL). La corrupción puede aumentar su escala hasta la captura o
reconfiguración cooptada del Estado (Garay et al., 2009; Serrano López, 2020), un proceso donde las
organizaciones criminales se incrustan en el tejido político y económico para garantizar su impunidad
y facilitar sus operaciones (Gutiérrez Romero, 2025).
Gobernanza Criminal y Control Territorial
El concepto de gobernanza criminal describe cómo las organizaciones criminales establecen y ejercen
autoridad, a menudo a través de la violencia, para regular el comportamiento y controlar territorios o
poblaciones, incluso con la colaboración de actores estatales (Alvarado, 2019; Badillo & Trejos, 2023a,
2023b; Feldmann & Luna, 2022). En el contexto ecuatoriano, la crisis carcelaria es un ejemplo
paradigmático de gobernanza criminal. Las prisiones se han transformado en centros de operaciones y
comando para el crimen organizado (International Rescue Committee, 2024), donde los líderes
criminales ejercen control y coordinan actividades ilícitas desde dentro (Saltos Galarza, 2024; Valarezo
Romero, 2024). Este control intra-carcelario se extiende a la calle, regulando mercados de drogas,
extorsiones y disputas territoriales, un fenómeno observado en otros países de la región (Blattman et
al., 2021; Magaloni et al., 2020). El sistema penitenciario ecuatoriano ha experimentado una
“progresiva pérdida de soberanía estatal” donde las bandas criminales han consolidado su control,
convirtiendo las cárceles en “compañías rentables” para sus cabecillas (Valarezo Romero , 2024). La
deficiencia en la gestión penitenciaria, el hacinamiento y la insuficiencia de personal facilitan este
“autogobierno” criminal, donde se comparten formas de “gobernanza informal” entre autoridades
estatales y líderes criminales encarcelados (Daudelin & Ratton, 2023; Parker & Weegels, 2023; Parra
et al., 2020).
Interconexión de los Fenómenos
La escalada de violencia en Ecuador no puede entenderse como la suma de estos factores, sino como
su interacción sinérgica. La fragmentación criminal, aunque inicialmente puede generar conflictos
internos por el control, se potencia exponencialmente cuando se combina con una cooptación estatal
pág. 1257
profunda que garantiza la impunidad y con la emergencia de estructuras de gobernanza criminal que
operan desde dentro y fuera de las instituciones estatales. La presencia de cárteles transnacionales, como
los de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que se alían con grupos locales como Los Choneros y Los
Lobos, proporciona recursos, experiencia y tácticas que magnifican el impacto de esta dinámica interna
(Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, 2023; Strigunov, 2025; Yandún Bolaños, 2023). En
este escenario, la violencia deja de ser un mero efecto colateral y se convierte en una herramienta
estratégica de los GAO para consolidar su poder, disciplinar a sus miembros, eliminar rivales y ejercer
control sobre poblaciones y territorios (Badillo & Trejos, 2023a, 2023b).
METODOLOGÍA
Enfoque de Investigación
La presente investigación adopta un enfoque de métodos mixtos, combinando aproximaciones
cualitativas y cuantitativas para ofrecer una comprensión integral de la compleja dinámica entre la
fragmentación criminal, el narcotráfico y la cooptación institucional en Ecuador (Schreier & Leimbach,
2022; Thaler, 2015). Este diseño permite triangular datos y perspectivas, enriqueciendo el análisis de
fenómenos complejos como el crimen organizado y la gobernanza criminal, donde la interconexión de
factores sociales, políticos y económicos es crucial. De tal manera que, la naturaleza multifacética del
problema requiere la flexibilidad de los métodos cualitativos para explorar en profundidad los
mecanismos de cooptación y gobernanza criminal, junto con la capacidad de los métodos cuantitativos
para identificar patrones, tendencias y la magnitud de la violencia (Campana & Varese, 2020).
Diseño de la Investigación
El estudio se estructura en dos componentes analíticos interconectados. El componente cuantitativo se
enfoca en el análisis de las tendencias de la violencia homicida en Ecuador, buscando correlaciones con
periodos de fragmentación criminal y episodios de cooptación estatal. El componente cualitativo se
centra en el estudio de casos emblemáticos de cooptación judicial y penitenciaria, así como en el análisis
de contenido de informes y documentos clave para desentrañar los mecanismos causales y contextuales.
La integración de ambos componentes se realiza de manera iterativa, donde los hallazgos cuantitativos
informan la selección y el enfoque de los estudios de caso cualitativos, y los resultados cualitativos
profunda que garantiza la impunidad y con la emergencia de estructuras de gobernanza criminal que
operan desde dentro y fuera de las instituciones estatales. La presencia de cárteles transnacionales, como
los de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que se alían con grupos locales como Los Choneros y Los
Lobos, proporciona recursos, experiencia y tácticas que magnifican el impacto de esta dinámica interna
(Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, 2023; Strigunov, 2025; Yandún Bolaños, 2023). En
este escenario, la violencia deja de ser un mero efecto colateral y se convierte en una herramienta
estratégica de los GAO para consolidar su poder, disciplinar a sus miembros, eliminar rivales y ejercer
control sobre poblaciones y territorios (Badillo & Trejos, 2023a, 2023b).
METODOLOGÍA
Enfoque de Investigación
La presente investigación adopta un enfoque de métodos mixtos, combinando aproximaciones
cualitativas y cuantitativas para ofrecer una comprensión integral de la compleja dinámica entre la
fragmentación criminal, el narcotráfico y la cooptación institucional en Ecuador (Schreier & Leimbach,
2022; Thaler, 2015). Este diseño permite triangular datos y perspectivas, enriqueciendo el análisis de
fenómenos complejos como el crimen organizado y la gobernanza criminal, donde la interconexión de
factores sociales, políticos y económicos es crucial. De tal manera que, la naturaleza multifacética del
problema requiere la flexibilidad de los métodos cualitativos para explorar en profundidad los
mecanismos de cooptación y gobernanza criminal, junto con la capacidad de los métodos cuantitativos
para identificar patrones, tendencias y la magnitud de la violencia (Campana & Varese, 2020).
Diseño de la Investigación
El estudio se estructura en dos componentes analíticos interconectados. El componente cuantitativo se
enfoca en el análisis de las tendencias de la violencia homicida en Ecuador, buscando correlaciones con
periodos de fragmentación criminal y episodios de cooptación estatal. El componente cualitativo se
centra en el estudio de casos emblemáticos de cooptación judicial y penitenciaria, así como en el análisis
de contenido de informes y documentos clave para desentrañar los mecanismos causales y contextuales.
La integración de ambos componentes se realiza de manera iterativa, donde los hallazgos cuantitativos
informan la selección y el enfoque de los estudios de caso cualitativos, y los resultados cualitativos
pág. 1258
proveen el contexto y la explicación para las tendencias cuantitativas observadas (Campana & Varese,
2020).
Fuentes de Datos
Para esta investigación, se emplearon diversas fuentes de datos, categorizadas de la siguiente manera:
Datos Cuantitativos:
Homicidios Intencionales: Se recopilaron y analizaron datos sobre homicidios intencionales en Ecuador
para el período 2020-2025. Las fuentes primarias incluyen estadísticas oficiales del Ministerio del
Interior y la Policía Nacional del Ecuador, así como informes del Observatorio Ecuatoriano de Crimen
Organizado (International Rescue Committee, 2024; Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado,
2023, 2024). Estos datos permiten mapear la evolución de la violencia y correlacionarla con eventos
clave y periodos de actividad criminal (Niezink & Campana, 2022).
Datos Cualitativos:
Estudios de Caso: Se realizó un análisis en profundidad de los casos "Metástasis" y "Purga",
considerados emblemáticos de la cooptación del sistema judicial y penitenciario en Ecuador. Las fuentes
para estos estudios de caso incluyen reportes de prensa y medios digitales (Tapia & Fierro, 2024; Voss,
2024), informes de investigación, y documentos judiciales disponibles públicamente. La metodología
de estudio de caso es adecuada para explorar fenómenos complejos y poco estudiados en profundidad,
permitiendo la identificación de los factores y mecanismos de corrupción (Achwan, 2014; Das, 2018;
Muhdiarta, 2025; Villanueva, 2022).
Informes y Publicaciones de Organizaciones: Se utilizaron informes elaborados por organizaciones
nacionales e internacionales como ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados [ACNUR], 2023; Madera, 2025; Malo, 2024; Redacción Primicias/EFE, 2025), el
Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, y otras instituciones académicas y de la sociedad civil
(Tapia & Fierro, 2024). Estos documentos proporcionan contextualización, datos desagregados y
análisis expertos sobre el crimen organizado, la violencia y el desplazamiento en Ecuador.
Artículos de Prensa y Medios Digitales: La cobertura de medios de comunicación ecuatorianos e
internacionales fue analizada para identificar eventos clave, declaraciones de actores relevantes y la
percepción pública sobre la crisis de seguridad y los casos de corrupción (Alto Comisionado de las
proveen el contexto y la explicación para las tendencias cuantitativas observadas (Campana & Varese,
2020).
Fuentes de Datos
Para esta investigación, se emplearon diversas fuentes de datos, categorizadas de la siguiente manera:
Datos Cuantitativos:
Homicidios Intencionales: Se recopilaron y analizaron datos sobre homicidios intencionales en Ecuador
para el período 2020-2025. Las fuentes primarias incluyen estadísticas oficiales del Ministerio del
Interior y la Policía Nacional del Ecuador, así como informes del Observatorio Ecuatoriano de Crimen
Organizado (International Rescue Committee, 2024; Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado,
2023, 2024). Estos datos permiten mapear la evolución de la violencia y correlacionarla con eventos
clave y periodos de actividad criminal (Niezink & Campana, 2022).
Datos Cualitativos:
Estudios de Caso: Se realizó un análisis en profundidad de los casos "Metástasis" y "Purga",
considerados emblemáticos de la cooptación del sistema judicial y penitenciario en Ecuador. Las fuentes
para estos estudios de caso incluyen reportes de prensa y medios digitales (Tapia & Fierro, 2024; Voss,
2024), informes de investigación, y documentos judiciales disponibles públicamente. La metodología
de estudio de caso es adecuada para explorar fenómenos complejos y poco estudiados en profundidad,
permitiendo la identificación de los factores y mecanismos de corrupción (Achwan, 2014; Das, 2018;
Muhdiarta, 2025; Villanueva, 2022).
Informes y Publicaciones de Organizaciones: Se utilizaron informes elaborados por organizaciones
nacionales e internacionales como ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados [ACNUR], 2023; Madera, 2025; Malo, 2024; Redacción Primicias/EFE, 2025), el
Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, y otras instituciones académicas y de la sociedad civil
(Tapia & Fierro, 2024). Estos documentos proporcionan contextualización, datos desagregados y
análisis expertos sobre el crimen organizado, la violencia y el desplazamiento en Ecuador.
Artículos de Prensa y Medios Digitales: La cobertura de medios de comunicación ecuatorianos e
internacionales fue analizada para identificar eventos clave, declaraciones de actores relevantes y la
percepción pública sobre la crisis de seguridad y los casos de corrupción (Alto Comisionado de las
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Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR], 2023; International Rescue Committee, 2024). Esto
complementa los datos oficiales y ofrece una visión más amplia de la evolución de la situación.
Adicionalmente, se consultaron investigaciones académicas y literatura especializada en ciencias
políticas, sociología y criminología para fundamentar el marco teórico y contextualizar los hallazgos en
un plano global (Tapia & Fierro, 2024).
Documentos Internos de Inteligencia: Se consultaron informes y documentos internos de inteligencia,
cuyos hallazgos fueron contrastados y verificados con información de dominio público y literatura
secundaria para asegurar su fiabilidad y validez académica, reconociendo la dificultad inherente de
obtener datos fiables sobre organizaciones criminales (Klantschnig et al., 2023; Mori et al., 2024). Un
enfoque cualitativo adicional incluyó la revisión de casos específicos y el análisis de fuentes abiertas,
complementado con inferencias de analistas de inteligencia estratégica para comprender la evolución
de las dinámicas criminales (Parra et al., 2020).
Métodos de Análisis
Análisis Cuantitativo: Se empleó un análisis de tendencias y, debido a la granularidad de los datos, un
análisis de series de tiempo para examinar la evolución de las tasas de homicidios. Esto permitió
identificar periodos de escalada, puntos de inflexión y posibles correlaciones con eventos políticos,
operativos de seguridad o cambios en las dinámicas del crimen organizado (Curiel et al., 2023; Niezink
& Campana, 2022; Velasco, 2023).
Análisis Cualitativo:
Estudio de Caso: Los casos "Metástasis" y "Purga" fueron analizados mediante un enfoque de estudio
de caso, centrado en la reconstrucción de los eventos, la identificación de los actores involucrados, los
mecanismos específicos de cooptación (sobornos, intimidación, infiltración) y el impacto de estas
acciones en el sistema judicial y penitenciario (Catino et al., 2022; Das, 2018; Guerrón & Fierro, 2024;
Voss, 2024). Se buscaron patrones comunes de corrupción judicial (Mazur, 2024).
Análisis de Contenido: Se realizó un análisis de contenido cualitativo de los informes, documentos y
artículos de prensa para identificar categorías temáticas relacionadas con la fragmentación criminal, la
cooptación estatal, la gobernanza criminal, el narcotráfico y la violencia territorial (Yandún Bolaños,
Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR], 2023; International Rescue Committee, 2024). Esto
complementa los datos oficiales y ofrece una visión más amplia de la evolución de la situación.
Adicionalmente, se consultaron investigaciones académicas y literatura especializada en ciencias
políticas, sociología y criminología para fundamentar el marco teórico y contextualizar los hallazgos en
un plano global (Tapia & Fierro, 2024).
Documentos Internos de Inteligencia: Se consultaron informes y documentos internos de inteligencia,
cuyos hallazgos fueron contrastados y verificados con información de dominio público y literatura
secundaria para asegurar su fiabilidad y validez académica, reconociendo la dificultad inherente de
obtener datos fiables sobre organizaciones criminales (Klantschnig et al., 2023; Mori et al., 2024). Un
enfoque cualitativo adicional incluyó la revisión de casos específicos y el análisis de fuentes abiertas,
complementado con inferencias de analistas de inteligencia estratégica para comprender la evolución
de las dinámicas criminales (Parra et al., 2020).
Métodos de Análisis
Análisis Cuantitativo: Se empleó un análisis de tendencias y, debido a la granularidad de los datos, un
análisis de series de tiempo para examinar la evolución de las tasas de homicidios. Esto permitió
identificar periodos de escalada, puntos de inflexión y posibles correlaciones con eventos políticos,
operativos de seguridad o cambios en las dinámicas del crimen organizado (Curiel et al., 2023; Niezink
& Campana, 2022; Velasco, 2023).
Análisis Cualitativo:
Estudio de Caso: Los casos "Metástasis" y "Purga" fueron analizados mediante un enfoque de estudio
de caso, centrado en la reconstrucción de los eventos, la identificación de los actores involucrados, los
mecanismos específicos de cooptación (sobornos, intimidación, infiltración) y el impacto de estas
acciones en el sistema judicial y penitenciario (Catino et al., 2022; Das, 2018; Guerrón & Fierro, 2024;
Voss, 2024). Se buscaron patrones comunes de corrupción judicial (Mazur, 2024).
Análisis de Contenido: Se realizó un análisis de contenido cualitativo de los informes, documentos y
artículos de prensa para identificar categorías temáticas relacionadas con la fragmentación criminal, la
cooptación estatal, la gobernanza criminal, el narcotráfico y la violencia territorial (Yandún Bolaños,
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2023). Esto ayudó a identificar narrativas dominantes, percepciones y marcos interpretativos
(Klantschnig et al., 2023).
Integración de Datos: La integración de los hallazgos cuantitativos y cualitativos se realizó mediante
un proceso de triangulación. Los patrones identificados en los datos de homicidios fueron
contextualizados y explicados por los detalles emergentes de los estudios de caso y el análisis de
contenido. Por su parte, los datos cuantitativos proporcionaron una escala y validación a las inferencias
cualitativas, buscando así una comprensión holística del fenómeno (Campana & Varese, 2020).
Consideraciones Éticas
La investigación reconoce las sensibilidades éticas inherentes al estudio de fenómenos violentos y
criminales. Se garantiza el manejo responsable de toda la información, priorizando la confidencialidad
de las fuentes y la anonimización de datos personales cuando sea necesario (Cronin et al., 2020). Se
tuvo especial cuidado en la interpretación de la información proveniente de medios de comunicación y
documentos internos, verificando los datos con fuentes múltiples y académicamente reconocidas para
evitar sesgos y asegurar la precisión. Se destaca la dificultad de recopilar datos fiables sobre redes
criminales, y se enfatiza la necesidad de una aproximación cuidadosa y ética (Klantschnig et al., 2023;
Yeung et al., 2025).
RESULTADOS
El análisis de la inteligencia disponible y los datos empíricos recabados hasta octubre de 2025 permite
identificar patrones claros y medibles que explican la crisis de seguridad nacional. Los resultados se
agrupan en cuatro ejes centrales: la arquitectura de la cooptación estatal, la tendencia imparable de la
violencia homicida, la sofisticación operativa de los Grupos Armados Organizados y la expansión de
sus economías ilícitas.
Cooptación Estatal Sistémica: La Ingeniería de la Impunidad
Los casos Metástasis y Purga no son hechos aislados, sino la manifestación de un patrón estructural de
cooptación que socava los pilares del Estado ecuatoriano. Los hallazgos empíricos demuestran dos
mecanismos principales de infiltración:
Corrupción Judicial y Penitenciaria Institucionalizada: El análisis del caso Metástasis, iniciado en
2023, reveló un mecanismo de soborno sistemático dirigido a jueces, fiscales y altos funcionarios. Se
2023). Esto ayudó a identificar narrativas dominantes, percepciones y marcos interpretativos
(Klantschnig et al., 2023).
Integración de Datos: La integración de los hallazgos cuantitativos y cualitativos se realizó mediante
un proceso de triangulación. Los patrones identificados en los datos de homicidios fueron
contextualizados y explicados por los detalles emergentes de los estudios de caso y el análisis de
contenido. Por su parte, los datos cuantitativos proporcionaron una escala y validación a las inferencias
cualitativas, buscando así una comprensión holística del fenómeno (Campana & Varese, 2020).
Consideraciones Éticas
La investigación reconoce las sensibilidades éticas inherentes al estudio de fenómenos violentos y
criminales. Se garantiza el manejo responsable de toda la información, priorizando la confidencialidad
de las fuentes y la anonimización de datos personales cuando sea necesario (Cronin et al., 2020). Se
tuvo especial cuidado en la interpretación de la información proveniente de medios de comunicación y
documentos internos, verificando los datos con fuentes múltiples y académicamente reconocidas para
evitar sesgos y asegurar la precisión. Se destaca la dificultad de recopilar datos fiables sobre redes
criminales, y se enfatiza la necesidad de una aproximación cuidadosa y ética (Klantschnig et al., 2023;
Yeung et al., 2025).
RESULTADOS
El análisis de la inteligencia disponible y los datos empíricos recabados hasta octubre de 2025 permite
identificar patrones claros y medibles que explican la crisis de seguridad nacional. Los resultados se
agrupan en cuatro ejes centrales: la arquitectura de la cooptación estatal, la tendencia imparable de la
violencia homicida, la sofisticación operativa de los Grupos Armados Organizados y la expansión de
sus economías ilícitas.
Cooptación Estatal Sistémica: La Ingeniería de la Impunidad
Los casos Metástasis y Purga no son hechos aislados, sino la manifestación de un patrón estructural de
cooptación que socava los pilares del Estado ecuatoriano. Los hallazgos empíricos demuestran dos
mecanismos principales de infiltración:
Corrupción Judicial y Penitenciaria Institucionalizada: El análisis del caso Metástasis, iniciado en
2023, reveló un mecanismo de soborno sistemático dirigido a jueces, fiscales y altos funcionarios. Se
pág. 1261
evidenció una red de corrupción que involucraba a jueces, fiscales y a un expresidente del Consejo de
la Judicatura, quienes colaboraban con un narcotraficante, aliado del GAO Los Lobos, para obtener
favores judiciales y protección (Latin American Post Staff, 2024; Voss, 2024). Este modus operandi
incluía la venta de sobreseimientos y sentencias favorables a cambio de sobornos, transformando al
sistema de justicia en un instrumento de impunidad (Voss, 2024). De forma complementaria, el caso
Purga evidenció cómo el trato preferencial y las comodidades otorgadas al cabecilla de Los Choneros,
dentro de la Penitenciaría del Litoral le permitían mantener el control operativo del GAO y delinquir
desde prisión (Redacción Web, 2025). Esto confirma la profunda corrupción del sistema penitenciario
como un habilitador crítico para las operaciones criminales.
Infiltración por Soborno en las Fuerzas de Seguridad: La inteligencia disponible confirma que el
principal vector de cooptación del personal militar en los Centros de Privación de Libertad es el soborno,
descartando la intimidación como factor primario y apuntando a una corrupción motivada por
incentivos económicos. La presunta participación de un sargento de policía, vinculado a alias "Gato
Farfán", en el robo de 321 kg de cocaína desde una bodega policial en Guayaquil a finales de febrero
de 2024, es un ejemplo clave de cómo los GAOs se abastecen de droga incautada gracias a la
complicidad interna (Redacción Primicias, 2025). Adicionalmente, se reportan múltiples incidentes de
personal militar introduciendo contrabando (armas, municiones, tarjetas SIM) en los CPL a cambio de
pagos ilícitos (Redacción Seguridad, 2025). Este fenómeno no solo facilita las operaciones de los GAO
desde las prisiones, sino que erosiona gravemente la credibilidad y cohesión interna de las Fuerzas
Armadas. La cooptación del aparato estatal por parte de los Grupos Armados Organizados no se limita
a las fuerzas de seguridad y al sistema judicial, sino que se extiende a esferas políticas, donde se infiltran
en estructuras de poder para financiar campañas y cooptar gobiernos locales. Este fenómeno crea un
círculo vicioso de impunidad y fortalecimiento del crimen organizado, dificultando la implementación
de políticas públicas efectivas y la consolidación de la gobernanza democrática (Saltos Galarza, 2024).
Además, la capacidad de las organizaciones criminales para influir en las elecciones y en la toma de
decisiones políticas compromete la integridad del sistema democrático y mina la confianza pública en
las instituciones (Tapia & Fierro, 2024).
evidenció una red de corrupción que involucraba a jueces, fiscales y a un expresidente del Consejo de
la Judicatura, quienes colaboraban con un narcotraficante, aliado del GAO Los Lobos, para obtener
favores judiciales y protección (Latin American Post Staff, 2024; Voss, 2024). Este modus operandi
incluía la venta de sobreseimientos y sentencias favorables a cambio de sobornos, transformando al
sistema de justicia en un instrumento de impunidad (Voss, 2024). De forma complementaria, el caso
Purga evidenció cómo el trato preferencial y las comodidades otorgadas al cabecilla de Los Choneros,
dentro de la Penitenciaría del Litoral le permitían mantener el control operativo del GAO y delinquir
desde prisión (Redacción Web, 2025). Esto confirma la profunda corrupción del sistema penitenciario
como un habilitador crítico para las operaciones criminales.
Infiltración por Soborno en las Fuerzas de Seguridad: La inteligencia disponible confirma que el
principal vector de cooptación del personal militar en los Centros de Privación de Libertad es el soborno,
descartando la intimidación como factor primario y apuntando a una corrupción motivada por
incentivos económicos. La presunta participación de un sargento de policía, vinculado a alias "Gato
Farfán", en el robo de 321 kg de cocaína desde una bodega policial en Guayaquil a finales de febrero
de 2024, es un ejemplo clave de cómo los GAOs se abastecen de droga incautada gracias a la
complicidad interna (Redacción Primicias, 2025). Adicionalmente, se reportan múltiples incidentes de
personal militar introduciendo contrabando (armas, municiones, tarjetas SIM) en los CPL a cambio de
pagos ilícitos (Redacción Seguridad, 2025). Este fenómeno no solo facilita las operaciones de los GAO
desde las prisiones, sino que erosiona gravemente la credibilidad y cohesión interna de las Fuerzas
Armadas. La cooptación del aparato estatal por parte de los Grupos Armados Organizados no se limita
a las fuerzas de seguridad y al sistema judicial, sino que se extiende a esferas políticas, donde se infiltran
en estructuras de poder para financiar campañas y cooptar gobiernos locales. Este fenómeno crea un
círculo vicioso de impunidad y fortalecimiento del crimen organizado, dificultando la implementación
de políticas públicas efectivas y la consolidación de la gobernanza democrática (Saltos Galarza, 2024).
Además, la capacidad de las organizaciones criminales para influir en las elecciones y en la toma de
decisiones políticas compromete la integridad del sistema democrático y mina la confianza pública en
las instituciones (Tapia & Fierro, 2024).
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Tendencias de la Violencia Homicida: La Proyección de una Crisis Sistémica
El análisis de los datos de homicidios intencionales confirma la proyección más pesimista: el año 2025
se consolidará como el más violento en la historia del Ecuador. Los resultados son contundentes:
Trayectoria Ascendente sin Precedentes: El primer semestre de 2025 cerró con 4,619 homicidios
intencionales, representando un incremento del 47% respecto al mismo periodo de 2024, que registró
3,143 casos (Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado [OECO], 2025). Esta cifra semestral es
la más alta registrada en la historia reciente del país. Si bien el 2023 se consolidó como el año más
violento con un total de 8,004 homicidios intencionales (Observatorio Ecuatoriano de Crimen
Organizado, 2024), la tendencia para 2025 es aún más grave. Al corte de finales de octubre de 2025, se
habrían registrado 7,674 homicidios a nivel nacional, una cifra que, a solo dos meses de cerrar el año,
ya se aproxima peligrosamente al total anual de 2023, confirmando la tendencia ascendente y la
intensificación de la violencia.
Concentración Geográfica y Vinculación Criminal: La gran mayoría de estos homicidios son producto
de la violencia criminal asociada a la disputa territorial entre Grupos Armados Organizados. La tríada
Guayaquil-Durán-Samborondón, que conforma la Zona 8, concentró el 39.58% de todos los homicidios
intencionales del país en el primer semestre de 2025, con una tasa de 61.29 por cada cien mil
habitantes (Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado [OECO], 2025, pp. 26, 28). Guayaquil,
como epicentro de la crisis, aglutina por sí sola el 31.67% de los homicidios a nivel nacional,
registrando más de cuatro veces los homicidios de Durán, la segunda ciudad con mayor incidencia
(OECO, 2025, p. 36). Esta violencia letal se ha consolidado y expandido significativamente a provincias
costeras como Los Ríos, Guayas y El Oro, todas con tasas muy por encima del promedio nacional
(25.51), coincidiendo con corredores logísticos estratégicos para el narcotráfico (OECO, 2025, pp. 31-
32). Adicionalmente, se observa un preocupante crecimiento de la violencia en provincias amazónicas
como Orellana y Zamora Chinchipe, vinculadas al avance de economías ilegales como la minería
(OECO, 2025, pp. 12, 33).
Tendencias de la Violencia Homicida: La Proyección de una Crisis Sistémica
El análisis de los datos de homicidios intencionales confirma la proyección más pesimista: el año 2025
se consolidará como el más violento en la historia del Ecuador. Los resultados son contundentes:
Trayectoria Ascendente sin Precedentes: El primer semestre de 2025 cerró con 4,619 homicidios
intencionales, representando un incremento del 47% respecto al mismo periodo de 2024, que registró
3,143 casos (Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado [OECO], 2025). Esta cifra semestral es
la más alta registrada en la historia reciente del país. Si bien el 2023 se consolidó como el año más
violento con un total de 8,004 homicidios intencionales (Observatorio Ecuatoriano de Crimen
Organizado, 2024), la tendencia para 2025 es aún más grave. Al corte de finales de octubre de 2025, se
habrían registrado 7,674 homicidios a nivel nacional, una cifra que, a solo dos meses de cerrar el año,
ya se aproxima peligrosamente al total anual de 2023, confirmando la tendencia ascendente y la
intensificación de la violencia.
Concentración Geográfica y Vinculación Criminal: La gran mayoría de estos homicidios son producto
de la violencia criminal asociada a la disputa territorial entre Grupos Armados Organizados. La tríada
Guayaquil-Durán-Samborondón, que conforma la Zona 8, concentró el 39.58% de todos los homicidios
intencionales del país en el primer semestre de 2025, con una tasa de 61.29 por cada cien mil
habitantes (Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado [OECO], 2025, pp. 26, 28). Guayaquil,
como epicentro de la crisis, aglutina por sí sola el 31.67% de los homicidios a nivel nacional,
registrando más de cuatro veces los homicidios de Durán, la segunda ciudad con mayor incidencia
(OECO, 2025, p. 36). Esta violencia letal se ha consolidado y expandido significativamente a provincias
costeras como Los Ríos, Guayas y El Oro, todas con tasas muy por encima del promedio nacional
(25.51), coincidiendo con corredores logísticos estratégicos para el narcotráfico (OECO, 2025, pp. 31-
32). Adicionalmente, se observa un preocupante crecimiento de la violencia en provincias amazónicas
como Orellana y Zamora Chinchipe, vinculadas al avance de economías ilegales como la minería
(OECO, 2025, pp. 12, 33).
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Figura 1. distribución geográfica de homicidios intencionales en ecuador (enero-octubre 2025). nota.
el mapa de calor ilustra la concentración provincial de homicidios intencionales en ecuador, destacando
a guayas, los ríos y el oro, como los territorios más afectados
Elaborado por los autores
Sofisticación Operativa y Alianzas Transnacionales
Los GAO han demostrado una capacidad de adaptación y evolución que trasciende las tácticas delictivas
convencionales.
Tecnología y Tácticas Híbridas: El ataque con un dron cargado de explosivos al CPL "La Roca" en
septiembre de 2023 marca un punto de inflexión en las capacidades de los GAO. Este evento, que
buscaba atacar la instalación penitenciaria en un área cercana a la celda del principal cabecilla de “Los
Choneros”, constituye el primer uso registrado de un Artefacto Explosivo Improvisado aerotransportado
por un grupo criminal en Ecuador, introduciendo una nueva dimensión asimétrica en la
amenaza (Redacción Primicias, 2023).
Alianzas Transnacionales Estratégicas: La clara división de alianzas con los cárteles mexicanos más
poderosos (Los Choneros con el Cártel de Sinaloa y Los Lobos con el Cártel Jalisco Nueva Generación)
ha provisto a los GAO nacionales no solo recursos financieros y logísticos, sino también de know-how
táctico (Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, 2023; Strigunov, 2025; Yandún Bolaños,
2023). Esta transferencia de capacidades se correlaciona directamente con el aumento del poder de
fuego, el uso de tácticas de terror y la rápida diversificación hacia otras economías ilícitas
Figura 1. distribución geográfica de homicidios intencionales en ecuador (enero-octubre 2025). nota.
el mapa de calor ilustra la concentración provincial de homicidios intencionales en ecuador, destacando
a guayas, los ríos y el oro, como los territorios más afectados
Elaborado por los autores
Sofisticación Operativa y Alianzas Transnacionales
Los GAO han demostrado una capacidad de adaptación y evolución que trasciende las tácticas delictivas
convencionales.
Tecnología y Tácticas Híbridas: El ataque con un dron cargado de explosivos al CPL "La Roca" en
septiembre de 2023 marca un punto de inflexión en las capacidades de los GAO. Este evento, que
buscaba atacar la instalación penitenciaria en un área cercana a la celda del principal cabecilla de “Los
Choneros”, constituye el primer uso registrado de un Artefacto Explosivo Improvisado aerotransportado
por un grupo criminal en Ecuador, introduciendo una nueva dimensión asimétrica en la
amenaza (Redacción Primicias, 2023).
Alianzas Transnacionales Estratégicas: La clara división de alianzas con los cárteles mexicanos más
poderosos (Los Choneros con el Cártel de Sinaloa y Los Lobos con el Cártel Jalisco Nueva Generación)
ha provisto a los GAO nacionales no solo recursos financieros y logísticos, sino también de know-how
táctico (Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, 2023; Strigunov, 2025; Yandún Bolaños,
2023). Esta transferencia de capacidades se correlaciona directamente con el aumento del poder de
fuego, el uso de tácticas de terror y la rápida diversificación hacia otras economías ilícitas
pág. 1264
Expansión y Control de Economías Ilícitas
Los GAO han consolidado un modelo de negocio policriminal que trasciende el narcotráfico.
Minería Ilegal como Pilar Financiero: La inteligencia confirma que los GAO, en alianza con Grupos
Irregulares Armados colombianos, ejercen control operativo sobre varios puntos críticos de minería
ilegal identificados en 17 provincias. Esta actividad se ha consolidado como la segunda fuente de
financiamiento más importante para organizaciones criminales como Los Lobos, que han ampliado su
cartera de servicios a actividades delictivas como la extorsión y el control de operaciones mineras
ilegales, especialmente en la Amazonía y tierras altas (Álvarez, 2024; Torres & Collyns, 2024). La
minería ilegal genera flujos de capital que rivalizan con los del narcotráfico y permite la instauración
de una gobernanza criminal en territorios con baja presencia estatal (Redaccion La Hora, 2025).
Resiliencia Logística del Narcotráfico: El análisis de rutas evidencia una constante adaptación
logística. Frente a los controles marítimos, se ha identificado un incremento en el uso de vías fluviales
amazónicas (como el río Putumayo) y del tráfico aéreo clandestino. Se han identificado pistas
clandestinas en las provincias de Manabí y Santa Elena, que son utilizadas para importar grandes sumas
de dinero, armamento sofisticado y para transportar cocaína directamente a Centroamérica y México,
aprovechando los vacíos de cobertura radar. Adicionalmente, se postula la existencia de puntos de
almacenamiento de combustible estratégicamente ubicados para la distribución marítima. No obstante,
la transparencia y eficacia de los controles estatales son insuficientes en relación con el volumen de
combustible abastecido a las embarcaciones, las características técnicas de sus motores y la fiabilidad
de sus registros. Estas limitaciones logísticas y la débil gobernanza estatal propician el
aprovisionamiento de combustible para las embarcaciones que zarpan desde puntos costeros como
Santa Elena y Manabí con destino a Centroamérica y el norte del continente, transformando estas
regiones en focos de conflicto para las organizaciones criminales. (Observatorio Ecuatoriano de Crimen
Organizado, 2023; Rivera Rhon & Bravo Grijalva, 2020). Esta diversificación de las rutas de
narcotráfico, incluyendo la reactivación de antiguas rutas aéreas y el establecimiento de nuevas
conexiones fluviales, refleja una sofisticación logística que garantiza la continuidad del flujo de
narcóticos a pesar de los esfuerzos de interdicción (Herrera & Martinez Alvarez, 2021; Escobar
Expansión y Control de Economías Ilícitas
Los GAO han consolidado un modelo de negocio policriminal que trasciende el narcotráfico.
Minería Ilegal como Pilar Financiero: La inteligencia confirma que los GAO, en alianza con Grupos
Irregulares Armados colombianos, ejercen control operativo sobre varios puntos críticos de minería
ilegal identificados en 17 provincias. Esta actividad se ha consolidado como la segunda fuente de
financiamiento más importante para organizaciones criminales como Los Lobos, que han ampliado su
cartera de servicios a actividades delictivas como la extorsión y el control de operaciones mineras
ilegales, especialmente en la Amazonía y tierras altas (Álvarez, 2024; Torres & Collyns, 2024). La
minería ilegal genera flujos de capital que rivalizan con los del narcotráfico y permite la instauración
de una gobernanza criminal en territorios con baja presencia estatal (Redaccion La Hora, 2025).
Resiliencia Logística del Narcotráfico: El análisis de rutas evidencia una constante adaptación
logística. Frente a los controles marítimos, se ha identificado un incremento en el uso de vías fluviales
amazónicas (como el río Putumayo) y del tráfico aéreo clandestino. Se han identificado pistas
clandestinas en las provincias de Manabí y Santa Elena, que son utilizadas para importar grandes sumas
de dinero, armamento sofisticado y para transportar cocaína directamente a Centroamérica y México,
aprovechando los vacíos de cobertura radar. Adicionalmente, se postula la existencia de puntos de
almacenamiento de combustible estratégicamente ubicados para la distribución marítima. No obstante,
la transparencia y eficacia de los controles estatales son insuficientes en relación con el volumen de
combustible abastecido a las embarcaciones, las características técnicas de sus motores y la fiabilidad
de sus registros. Estas limitaciones logísticas y la débil gobernanza estatal propician el
aprovisionamiento de combustible para las embarcaciones que zarpan desde puntos costeros como
Santa Elena y Manabí con destino a Centroamérica y el norte del continente, transformando estas
regiones en focos de conflicto para las organizaciones criminales. (Observatorio Ecuatoriano de Crimen
Organizado, 2023; Rivera Rhon & Bravo Grijalva, 2020). Esta diversificación de las rutas de
narcotráfico, incluyendo la reactivación de antiguas rutas aéreas y el establecimiento de nuevas
conexiones fluviales, refleja una sofisticación logística que garantiza la continuidad del flujo de
narcóticos a pesar de los esfuerzos de interdicción (Herrera & Martinez Alvarez, 2021; Escobar
pág. 1265
Jiménez, 2024). Esta adaptabilidad resalta la naturaleza evolutiva de los GAO, quienes capitalizan tanto
las vulnerabilidades geográficas como las limitaciones operacionales de las fuerzas de seguridad para
mantener la fluidez de sus cadenas de suministro ilícitas.
DISCUSIÓN
La presente investigación ha abordado la compleja dinámica de la escalada de violencia en Ecuador,
postulando que la cooptación estructural de las instituciones estatales, particularmente el sistema
judicial y penitenciario, por parte de los Grupos Armados Organizados Choneros y Lobos, se
correlaciona directamente con la intensificación y sofisticación de la violencia territorial en el período
2020-2025, superando el impacto atribuible únicamente a la fragmentación criminal. Los resultados
obtenidos robustecen esta hipótesis, ofreciendo una comprensión matizada de la crisis de seguridad que
trasciende las explicaciones simplistas.
La Cooptación Estatal como Motor Principal de la Violencia
Los hallazgos del estudio, particularmente a través de los casos Metástasis y Purga, demuestran de
manera contundente que la cooptación estatal es un mecanismo central que ha permitido la
consolidación del poder criminal y la escalada de la violencia en Ecuador. La corrupción judicial y
penitenciaria, manifestada en la venta de sentencias y sobreseimientos, así como el trato preferencial
intramuros a ciertos cabecillas (Latin American Post Staff, 2024; Redacción Web, 2025; Voss, 2024) ,
no solo garantiza la impunidad de los GAO sino que, crucialmente, les permite mantener su control
operativo y coordinar actividades ilícitas desde dentro de las prisiones (GLOBAL ORGANIZED
CRIME INDEX, 2023; Tapia & Fierro, 2024). La ineficiencia del sistema judicial, exacerbada por la
falta de recursos y la corrupción, permite que los criminales actúen con impunidad, un problema
persistente en Latinoamérica que socava el estado de derecho (Latin American Post Staff, 2024; Tapia
& Fierro, 2024). La permeabilidad de las instituciones, incluyendo la presunta participación de fuerzas
de seguridad en el robo de cocaína y el contrabando dentro de los centros de privación de
libertad (Redacción Primicias, 2025), refleja una “patología institucional” profunda que ha debilitado
gravemente la capacidad del Estado para ejercer su monopolio legítimo de la fuerza y la justicia.
Esta cooptación va más allá de la corrupción individual; evidencia una captura de Estado o una
“reconfiguración cooptada del Estado” (Garay et al., 2009; Gutiérrez Romero, 2025; Serrano López,
Jiménez, 2024). Esta adaptabilidad resalta la naturaleza evolutiva de los GAO, quienes capitalizan tanto
las vulnerabilidades geográficas como las limitaciones operacionales de las fuerzas de seguridad para
mantener la fluidez de sus cadenas de suministro ilícitas.
DISCUSIÓN
La presente investigación ha abordado la compleja dinámica de la escalada de violencia en Ecuador,
postulando que la cooptación estructural de las instituciones estatales, particularmente el sistema
judicial y penitenciario, por parte de los Grupos Armados Organizados Choneros y Lobos, se
correlaciona directamente con la intensificación y sofisticación de la violencia territorial en el período
2020-2025, superando el impacto atribuible únicamente a la fragmentación criminal. Los resultados
obtenidos robustecen esta hipótesis, ofreciendo una comprensión matizada de la crisis de seguridad que
trasciende las explicaciones simplistas.
La Cooptación Estatal como Motor Principal de la Violencia
Los hallazgos del estudio, particularmente a través de los casos Metástasis y Purga, demuestran de
manera contundente que la cooptación estatal es un mecanismo central que ha permitido la
consolidación del poder criminal y la escalada de la violencia en Ecuador. La corrupción judicial y
penitenciaria, manifestada en la venta de sentencias y sobreseimientos, así como el trato preferencial
intramuros a ciertos cabecillas (Latin American Post Staff, 2024; Redacción Web, 2025; Voss, 2024) ,
no solo garantiza la impunidad de los GAO sino que, crucialmente, les permite mantener su control
operativo y coordinar actividades ilícitas desde dentro de las prisiones (GLOBAL ORGANIZED
CRIME INDEX, 2023; Tapia & Fierro, 2024). La ineficiencia del sistema judicial, exacerbada por la
falta de recursos y la corrupción, permite que los criminales actúen con impunidad, un problema
persistente en Latinoamérica que socava el estado de derecho (Latin American Post Staff, 2024; Tapia
& Fierro, 2024). La permeabilidad de las instituciones, incluyendo la presunta participación de fuerzas
de seguridad en el robo de cocaína y el contrabando dentro de los centros de privación de
libertad (Redacción Primicias, 2025), refleja una “patología institucional” profunda que ha debilitado
gravemente la capacidad del Estado para ejercer su monopolio legítimo de la fuerza y la justicia.
Esta cooptación va más allá de la corrupción individual; evidencia una captura de Estado o una
“reconfiguración cooptada del Estado” (Garay et al., 2009; Gutiérrez Romero, 2025; Serrano López,
pág. 1266
2020), donde el crimen organizado se incrusta en el tejido político y económico para garantizar su
impunidad y facilitar sus operaciones (Feldmann & Luna, 2022). En el contexto ecuatoriano, la
magnitud de la cooptación ha creado un entorno donde la competencia entre grupos criminales no es
mitigada, sino exacerbada, por la ausencia de una respuesta estatal efectiva y legítima, contribuyendo a
la espiral de violencia. A pesar de las políticas de militarización, la tasa de homicidios en Ecuador ha
evidenciado una escalada ininterrumpida, elevándose de 25 por cada 100.000 habitantes en 2022
(International Rescue Committee, 2024; Lalangui et al., 2025), a un rango de 44.6 a 47.25 en 2023
(International Rescue Committee, 2024; Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, 2024),
consolidándose este último como el año más violento en la historia del país. Si bien en 2024 se
registraron 6.818 asesinatos, una cifra menor que el pico de 2023, este se posicionó como el segundo
año más violento, y se estima que 2025 podría superar estas cifras, consolidándose como el año más
violento registrado, según las proyecciones iniciales de este estudio. Esto demuestra que las políticas
de securitización no han logrado un efecto significativo ante la continua escalada de homicidios
intencionados. Este aumento persistente de la violencia, incluso bajo estados de excepción y el
despliegue militar, subraya la profunda debilidad institucional del Estado ecuatoriano (Malo, 2024).
Gobernanza Criminal: De las Cárceles a la Calle
Los resultados confirman que las prisiones ecuatorianas funcionan como epicentros de gobernanza
criminal, un fenómeno donde los líderes de los GAO ejercen autoridad y coordinan sus operaciones
incluso estando privados de libertad (International Rescue Committee, 2024; Saltos Galarza, 2024;
Valarezo Romero, 2024). La violencia dentro de las cárceles no se limita a sus muros, sino que se
extiende a las calles, vinculada a crímenes en las ciudades y a la lucha por el control del tráfico de
drogas, lo que ha llevado a un aumento significativo de homicidios en las ciudades más afectadas por
el narcotráfico (Valarezo Romero , 2024). La crisis carcelaria es un componente crítico en la
proliferación del crimen organizado (Molina, 2023), y la deficiencia en la gestión penitenciaria, el
hacinamiento y la insuficiencia de personal facilitan este “autogobierno” criminal y la cooptación de
las autoridades (Daudelin & Ratton, 2023; GLOBAL ORGANIZED CRIME INDEX, 2023; Parker &
Weegels, 2023; Parra et al., 2020).
2020), donde el crimen organizado se incrusta en el tejido político y económico para garantizar su
impunidad y facilitar sus operaciones (Feldmann & Luna, 2022). En el contexto ecuatoriano, la
magnitud de la cooptación ha creado un entorno donde la competencia entre grupos criminales no es
mitigada, sino exacerbada, por la ausencia de una respuesta estatal efectiva y legítima, contribuyendo a
la espiral de violencia. A pesar de las políticas de militarización, la tasa de homicidios en Ecuador ha
evidenciado una escalada ininterrumpida, elevándose de 25 por cada 100.000 habitantes en 2022
(International Rescue Committee, 2024; Lalangui et al., 2025), a un rango de 44.6 a 47.25 en 2023
(International Rescue Committee, 2024; Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, 2024),
consolidándose este último como el año más violento en la historia del país. Si bien en 2024 se
registraron 6.818 asesinatos, una cifra menor que el pico de 2023, este se posicionó como el segundo
año más violento, y se estima que 2025 podría superar estas cifras, consolidándose como el año más
violento registrado, según las proyecciones iniciales de este estudio. Esto demuestra que las políticas
de securitización no han logrado un efecto significativo ante la continua escalada de homicidios
intencionados. Este aumento persistente de la violencia, incluso bajo estados de excepción y el
despliegue militar, subraya la profunda debilidad institucional del Estado ecuatoriano (Malo, 2024).
Gobernanza Criminal: De las Cárceles a la Calle
Los resultados confirman que las prisiones ecuatorianas funcionan como epicentros de gobernanza
criminal, un fenómeno donde los líderes de los GAO ejercen autoridad y coordinan sus operaciones
incluso estando privados de libertad (International Rescue Committee, 2024; Saltos Galarza, 2024;
Valarezo Romero, 2024). La violencia dentro de las cárceles no se limita a sus muros, sino que se
extiende a las calles, vinculada a crímenes en las ciudades y a la lucha por el control del tráfico de
drogas, lo que ha llevado a un aumento significativo de homicidios en las ciudades más afectadas por
el narcotráfico (Valarezo Romero , 2024). La crisis carcelaria es un componente crítico en la
proliferación del crimen organizado (Molina, 2023), y la deficiencia en la gestión penitenciaria, el
hacinamiento y la insuficiencia de personal facilitan este “autogobierno” criminal y la cooptación de
las autoridades (Daudelin & Ratton, 2023; GLOBAL ORGANIZED CRIME INDEX, 2023; Parker &
Weegels, 2023; Parra et al., 2020).
pág. 1267
Además, la expansión hacia la minería ilegal como nuevo pilar financiero de los GAO, con el control
operativo sobre numerosas zonas, es un claro ejemplo de la instauración de esta gobernanza criminal
en territorios con baja presencia estatal (Redaccion La Hora, 2025; Torres & Collyns, 2024) .
Organizaciones como Los Lobos han ampliado su cartera de servicios a actividades como la extorsión
y el control de operaciones mineras ilegales, especialmente en la Amazonía y tierras altas (Torres &
Collyns, 2024). Esta diversificación de economías ilícitas, observada en otros contextos
latinoamericanos (Arce & Nieto Matiz, 2023; Brugger et al., 2024; Fox, 2021; Lambertini, 2023),
permite a los grupos criminales no solo financiar sus operaciones sino también establecer un control
social y territorial.
Sofisticación Operativa y Alianzas Transnacionales: Exacerbantes de la Crisis
La evolución en las capacidades operativas de los GAO es un factor crucial en la intensificación de la
violencia. El uso de drones cargados con explosivos en ataques contra centros de privación de libertad
(Redacción Primicias, 2023), tal como el ocurrido en el CPL “La Roca”, evidencia una sofisticación
tecnológica sin precedentes que refleja la adopción rápida de nuevas tecnologías por parte del crimen
organizado a nivel global. Esta táctica, que introduce una nueva dimensión asimétrica en la amenaza,
subraya la capacidad de adaptación de los GAO para sortear los esfuerzos de contención estatal. Los
grupos criminales integran rápidamente nuevas tecnologías en sus modus operandi, aprovechando la
disponibilidad de drones más accesibles y económicos; todo esto, sumado a la proliferación de estos
sistemas aéreos no tripulados por parte de actores no estatales violentos, incluidos cárteles y sindicatos
criminales, es un fenómeno global. (Krame et al., 2023; Nicola, 2022; Tsimashchenia, 2025)
Las alianzas transnacionales estratégicas con cárteles mexicanos como el Cártel de Sinaloa y el Cártel
Jalisco Nueva Generación (Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, 2023; Yandún Bolaños,
2023) son fundamentales en esta sofisticación. Estas alianzas no solo proveen recursos financieros y
logísticos, sino también un invaluable know-how táctico, que se traduce en un aumento del poder de
fuego, el empleo de tácticas de terror y una rápida diversificación hacia nuevas economías ilícitas. Este
escenario confirma la tesis de que el crimen organizado transnacional “crece, muta, se despliega con
acelerada transformación y perfecciona sus formatos de intervención”, operando bajo una modalidad
Además, la expansión hacia la minería ilegal como nuevo pilar financiero de los GAO, con el control
operativo sobre numerosas zonas, es un claro ejemplo de la instauración de esta gobernanza criminal
en territorios con baja presencia estatal (Redaccion La Hora, 2025; Torres & Collyns, 2024) .
Organizaciones como Los Lobos han ampliado su cartera de servicios a actividades como la extorsión
y el control de operaciones mineras ilegales, especialmente en la Amazonía y tierras altas (Torres &
Collyns, 2024). Esta diversificación de economías ilícitas, observada en otros contextos
latinoamericanos (Arce & Nieto Matiz, 2023; Brugger et al., 2024; Fox, 2021; Lambertini, 2023),
permite a los grupos criminales no solo financiar sus operaciones sino también establecer un control
social y territorial.
Sofisticación Operativa y Alianzas Transnacionales: Exacerbantes de la Crisis
La evolución en las capacidades operativas de los GAO es un factor crucial en la intensificación de la
violencia. El uso de drones cargados con explosivos en ataques contra centros de privación de libertad
(Redacción Primicias, 2023), tal como el ocurrido en el CPL “La Roca”, evidencia una sofisticación
tecnológica sin precedentes que refleja la adopción rápida de nuevas tecnologías por parte del crimen
organizado a nivel global. Esta táctica, que introduce una nueva dimensión asimétrica en la amenaza,
subraya la capacidad de adaptación de los GAO para sortear los esfuerzos de contención estatal. Los
grupos criminales integran rápidamente nuevas tecnologías en sus modus operandi, aprovechando la
disponibilidad de drones más accesibles y económicos; todo esto, sumado a la proliferación de estos
sistemas aéreos no tripulados por parte de actores no estatales violentos, incluidos cárteles y sindicatos
criminales, es un fenómeno global. (Krame et al., 2023; Nicola, 2022; Tsimashchenia, 2025)
Las alianzas transnacionales estratégicas con cárteles mexicanos como el Cártel de Sinaloa y el Cártel
Jalisco Nueva Generación (Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, 2023; Yandún Bolaños,
2023) son fundamentales en esta sofisticación. Estas alianzas no solo proveen recursos financieros y
logísticos, sino también un invaluable know-how táctico, que se traduce en un aumento del poder de
fuego, el empleo de tácticas de terror y una rápida diversificación hacia nuevas economías ilícitas. Este
escenario confirma la tesis de que el crimen organizado transnacional “crece, muta, se despliega con
acelerada transformación y perfecciona sus formatos de intervención”, operando bajo una modalidad
pág. 1268
delictiva con direccionamiento empresarial que busca la dominación sobre el Estado y la sociedad
(Rivera Rhon & Bravo Grijalva, 2020).
La Fragmentación vs. la Cooptación: Una Interacción Crítica
Si bien la fragmentación de organizaciones criminales (Garriga & Phillips, 2022; Velasco, 2023) ha
contribuido a la competencia y el aumento de la violencia, los resultados de este estudio sugieren que
su impacto se magnifica exponencialmente por la cooptación estatal. La fragmentación, sin la
contención de un Estado funcional, conduce a una proliferación descontrolada de actores violentos,
cada uno buscando asegurar sus nichos en un mercado ilícito ya de por sí desregulado por la impunidad.
La violencia homicida observada, concentrada en zonas estratégicas para el narcotráfico (Observatorio
Ecuatoriano de Crimen Organizado, 2024), es el resultado directo de estas disputas territoriales
exacerbadas por la incapacidad del Estado cooptado para imponer la ley. Por lo tanto, la cooptación no
solo permite la fragmentación, sino que convierte la fragmentación en un catalizador mucho más potente
de la violencia. La evidencia indica que la violencia letal se dispara cuando las redes de protección
extorsiva se rompen (Saltos Galarza, 2024), lo que sugiere que la debilidad inherente del Estado,
producto de la cooptación, es el factor dominante.
Implicaciones y Limitaciones
Los hallazgos de este estudio tienen profundas implicaciones para la seguridad nacional y la estabilidad
democrática de Ecuador. Destacan la urgencia de ir más allá de las respuestas meramente securitarias
para abordar las raíces estructurales de la cooptación y la gobernanza criminal. La lucha contra el crimen
organizado en Ecuador debe enfocarse en la reforma profunda del sistema judicial y penitenciario, el
fortalecimiento de la integridad institucional y la recuperación del control territorial efectivo.
Sin embargo, el estudio no está exento de limitaciones. La naturaleza clandestina del crimen organizado
y la corrupción dificulta la obtención de datos primarios directos sobre los mecanismos exactos de
cooptación y los flujos financieros ilícitos. Aunque se utilizaron estudios de caso y documentos internos
de inteligencia, la generalización de algunos hallazgos podría beneficiarse de futuras investigaciones
con acceso a datos más granulares y verificables sobre la toma de decisiones y las operaciones internas
de los GAO. La dificultad inherente de recopilar datos fiables sobre redes criminales subraya la
necesidad de un enfoque metodológico cuidadoso y ético (Klantschnig et al., 2023; Yeung et al., 2025).
delictiva con direccionamiento empresarial que busca la dominación sobre el Estado y la sociedad
(Rivera Rhon & Bravo Grijalva, 2020).
La Fragmentación vs. la Cooptación: Una Interacción Crítica
Si bien la fragmentación de organizaciones criminales (Garriga & Phillips, 2022; Velasco, 2023) ha
contribuido a la competencia y el aumento de la violencia, los resultados de este estudio sugieren que
su impacto se magnifica exponencialmente por la cooptación estatal. La fragmentación, sin la
contención de un Estado funcional, conduce a una proliferación descontrolada de actores violentos,
cada uno buscando asegurar sus nichos en un mercado ilícito ya de por sí desregulado por la impunidad.
La violencia homicida observada, concentrada en zonas estratégicas para el narcotráfico (Observatorio
Ecuatoriano de Crimen Organizado, 2024), es el resultado directo de estas disputas territoriales
exacerbadas por la incapacidad del Estado cooptado para imponer la ley. Por lo tanto, la cooptación no
solo permite la fragmentación, sino que convierte la fragmentación en un catalizador mucho más potente
de la violencia. La evidencia indica que la violencia letal se dispara cuando las redes de protección
extorsiva se rompen (Saltos Galarza, 2024), lo que sugiere que la debilidad inherente del Estado,
producto de la cooptación, es el factor dominante.
Implicaciones y Limitaciones
Los hallazgos de este estudio tienen profundas implicaciones para la seguridad nacional y la estabilidad
democrática de Ecuador. Destacan la urgencia de ir más allá de las respuestas meramente securitarias
para abordar las raíces estructurales de la cooptación y la gobernanza criminal. La lucha contra el crimen
organizado en Ecuador debe enfocarse en la reforma profunda del sistema judicial y penitenciario, el
fortalecimiento de la integridad institucional y la recuperación del control territorial efectivo.
Sin embargo, el estudio no está exento de limitaciones. La naturaleza clandestina del crimen organizado
y la corrupción dificulta la obtención de datos primarios directos sobre los mecanismos exactos de
cooptación y los flujos financieros ilícitos. Aunque se utilizaron estudios de caso y documentos internos
de inteligencia, la generalización de algunos hallazgos podría beneficiarse de futuras investigaciones
con acceso a datos más granulares y verificables sobre la toma de decisiones y las operaciones internas
de los GAO. La dificultad inherente de recopilar datos fiables sobre redes criminales subraya la
necesidad de un enfoque metodológico cuidadoso y ético (Klantschnig et al., 2023; Yeung et al., 2025).
pág. 1269
CONCLUSIONES
La presente investigación ha explorado la compleja y devastadora dinámica de la crisis de seguridad en
Ecuador, confirmando su naturaleza multifactorial y la hipótesis central que la guía: la cooptación
estructural del sistema judicial y penitenciario por parte de los Grupos Armados Organizados Choneros
y Lobos se correlaciona directamente con la intensificación y sofisticación de la violencia territorial en
el período 2020-2025, superando el impacto atribuible únicamente a la fragmentación criminal.
Los resultados empíricos derivados del análisis de los casos Metástasis y Purga revelan que la
corrupción no es un fenómeno accesorio, sino el factor común y sistémico que articula la crisis de
seguridad nacional. Esta cooptación se manifiesta en una institucionalización de la impunidad a través
de la venalidad judicial y penitenciaria, permitiendo a los GAO operar con un margen de acción que
subvierte los principios del Estado de derecho. La venta de sentencias, el trato preferencial a líderes
criminales en prisión, y la infiltración en las fuerzas de seguridad, son ejemplos patentes de cómo esta
patología institucional ha consolidado el poder criminal.
Asimismo, el estudio demuestra que la fragmentación criminal, si bien genera una competencia
violenta, es exacerbada exponencialmente por la vulnerabilidad de un Estado cooptado. La ausencia de
contención estatal efectiva no solo desregula el mercado ilícito, sino que fomenta una proliferación de
actores violentos, como se evidencia en la imparable trayectoria ascendente de la violencia homicida,
que proyecta el 2025 como el año más violento en la historia del Ecuador. Las tasas de homicidios se
concentran en corredores estratégicos para el narcotráfico, confirmando la naturaleza territorial de la
disputa y la incapacidad del Estado para imponer la ley.
La sofisticación operativa de los GAO, marcada por el uso de tecnología como drones explosivos y el
establecimiento de alianzas transnacionales con cárteles mexicanos, ha potenciado esta dinámica. Estas
alianzas no solo inyectan recursos y know-how táctico, sino que también impulsan la diversificación
hacia economías ilícitas como la minería ilegal y la adaptación logística del narcotráfico a través de
rutas fluviales y aéreas clandestinas. Estos fenómenos consolidan una gobernanza criminal que ejerce
control efectivo sobre vastos territorios y poblaciones, a menudo desde las propias prisiones.
En definitiva, la crisis ecuatoriana es la manifestación palpable de un Estado que ha experimentado una
reconfiguración cooptada, donde la erosión de sus instituciones, impulsada por la corrupción a todos
CONCLUSIONES
La presente investigación ha explorado la compleja y devastadora dinámica de la crisis de seguridad en
Ecuador, confirmando su naturaleza multifactorial y la hipótesis central que la guía: la cooptación
estructural del sistema judicial y penitenciario por parte de los Grupos Armados Organizados Choneros
y Lobos se correlaciona directamente con la intensificación y sofisticación de la violencia territorial en
el período 2020-2025, superando el impacto atribuible únicamente a la fragmentación criminal.
Los resultados empíricos derivados del análisis de los casos Metástasis y Purga revelan que la
corrupción no es un fenómeno accesorio, sino el factor común y sistémico que articula la crisis de
seguridad nacional. Esta cooptación se manifiesta en una institucionalización de la impunidad a través
de la venalidad judicial y penitenciaria, permitiendo a los GAO operar con un margen de acción que
subvierte los principios del Estado de derecho. La venta de sentencias, el trato preferencial a líderes
criminales en prisión, y la infiltración en las fuerzas de seguridad, son ejemplos patentes de cómo esta
patología institucional ha consolidado el poder criminal.
Asimismo, el estudio demuestra que la fragmentación criminal, si bien genera una competencia
violenta, es exacerbada exponencialmente por la vulnerabilidad de un Estado cooptado. La ausencia de
contención estatal efectiva no solo desregula el mercado ilícito, sino que fomenta una proliferación de
actores violentos, como se evidencia en la imparable trayectoria ascendente de la violencia homicida,
que proyecta el 2025 como el año más violento en la historia del Ecuador. Las tasas de homicidios se
concentran en corredores estratégicos para el narcotráfico, confirmando la naturaleza territorial de la
disputa y la incapacidad del Estado para imponer la ley.
La sofisticación operativa de los GAO, marcada por el uso de tecnología como drones explosivos y el
establecimiento de alianzas transnacionales con cárteles mexicanos, ha potenciado esta dinámica. Estas
alianzas no solo inyectan recursos y know-how táctico, sino que también impulsan la diversificación
hacia economías ilícitas como la minería ilegal y la adaptación logística del narcotráfico a través de
rutas fluviales y aéreas clandestinas. Estos fenómenos consolidan una gobernanza criminal que ejerce
control efectivo sobre vastos territorios y poblaciones, a menudo desde las propias prisiones.
En definitiva, la crisis ecuatoriana es la manifestación palpable de un Estado que ha experimentado una
reconfiguración cooptada, donde la erosión de sus instituciones, impulsada por la corrupción a todos
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los niveles, ha empoderado al crimen organizado hasta convertirlo en una amenaza existencial. La
lección principal de este estudio es que cualquier estrategia efectiva para recuperar la seguridad y la
estabilidad en Ecuador debe trascender las respuestas meramente represivas y enfocarse en una reforma
profunda e integral del sistema de justicia y penitenciario, el fortalecimiento de la integridad
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