LA EDUCACIÓN COMO HERRAMIENTA
PARA REDUCIR LA DESIGUALDAD SOCIAL:
ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MÉXICO
EDUCATION AS A TOOL TO REDUCE SOCIAL INEQUALITY:
ANALYSIS OF PUBLIC POLICIES IN MEXICO
Daniel Hernández Solis
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México
pág. 16725
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i6.21158
La Educación como Herramienta para Reducir la Desigualdad Social:
Análisis de Políticas Públicas en México
Daniel Hernández Solis1
danielsolismxt@gmail.com
https://orcid.org/0009-0004-4734-588X
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
México
RESUMEN
El presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica las políticas públicas educativas
implementadas en México entre 2000 y 2024, con énfasis en su impacto en la reducción de la
desigualdad social, a través de un enfoque cualitativo, se realizó una revisión sistemática y exhaustiva
de fuentes secundarias, incluyendo documentos oficiales, informes institucionales y artículos
académicos, utilizando una metodología documental y transversal, la investigación combinó la
triangulación de fuentes y un análisis comparativo de variables clave como cobertura, pertinencia,
enfoques de equidad y resultados observados en diferentes sexenios. Los hallazgos principales
revelaron que aunque se han logrado avances en la ampliación del acceso y mejorar la inversión en
educación, persisten desafíos significativos, como la exclusión en niveles medios y superiores, la
centralización de políticas y la insuficiente evaluación de impacto, además de ello se evidencia que la
desigualdad social y cultural continúa siendo un obstáculo para la equidad educativa, lo que requiere
una reforma integral con enfoque multifacético, que incluya metodologías pedagógicas innovadoras y
reformas sistémicas profundas, concluyendo que si bien la educación tiene potencial para reducir las
disparidades, su impacto aún es limitado por las brechas estructurales existentes.
Palabras clave: desigualdad social, políticas educativas, equidad, educación inclusiva, reforma
educativa
1 Autor principal
Correspondencia: danielsolismxt@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i6.21158
La Educación como Herramienta para Reducir la Desigualdad Social:
Análisis de Políticas Públicas en México
Daniel Hernández Solis1
danielsolismxt@gmail.com
https://orcid.org/0009-0004-4734-588X
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
México
RESUMEN
El presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica las políticas públicas educativas
implementadas en México entre 2000 y 2024, con énfasis en su impacto en la reducción de la
desigualdad social, a través de un enfoque cualitativo, se realizó una revisión sistemática y exhaustiva
de fuentes secundarias, incluyendo documentos oficiales, informes institucionales y artículos
académicos, utilizando una metodología documental y transversal, la investigación combinó la
triangulación de fuentes y un análisis comparativo de variables clave como cobertura, pertinencia,
enfoques de equidad y resultados observados en diferentes sexenios. Los hallazgos principales
revelaron que aunque se han logrado avances en la ampliación del acceso y mejorar la inversión en
educación, persisten desafíos significativos, como la exclusión en niveles medios y superiores, la
centralización de políticas y la insuficiente evaluación de impacto, además de ello se evidencia que la
desigualdad social y cultural continúa siendo un obstáculo para la equidad educativa, lo que requiere
una reforma integral con enfoque multifacético, que incluya metodologías pedagógicas innovadoras y
reformas sistémicas profundas, concluyendo que si bien la educación tiene potencial para reducir las
disparidades, su impacto aún es limitado por las brechas estructurales existentes.
Palabras clave: desigualdad social, políticas educativas, equidad, educación inclusiva, reforma
educativa
1 Autor principal
Correspondencia: danielsolismxt@gmail.com
pág. 16726
Education as a Tool to Reduce Social Inequality: Analysis of Public Policies
in Mexico
ABSTRACT
This article aims to critically analyze the educational public policies implemented in Mexico between
2000 and 2024, with emphasis on their impact on the reduction of social inequality, through a qualitative
approach, a systematic and exhaustive review of secondary sources was carried out, including official
documents, institutional reports and academic articles, Using a documentary and cross-sectional
methodology, the research combined the triangulation of sources and a comparative analysis of key
variables such as coverage, relevance, equity approaches and results observed in different six-year
periods. The main findings revealed that although progress has been made in expanding access and
improving investment in education, significant challenges persist, such as exclusion at middle and
higher levels, the centralization of policies and insufficient impact assessment, in addition to which it
is evident that social and cultural inequality continues to be an obstacle to educational equity. which
requires a comprehensive reform with a multifaceted approach, which includes innovative pedagogical
methodologies and deep systemic reforms, concluding that although education has the potential to
reduce disparities, its impact is still limited by existing structural gaps.
Keywords: social inequality, educational policies, equity, inclusive education, educational reform
Artículo recibido 25 setiembre 2025
Aceptado para publicación: 25 octubre 2025
Education as a Tool to Reduce Social Inequality: Analysis of Public Policies
in Mexico
ABSTRACT
This article aims to critically analyze the educational public policies implemented in Mexico between
2000 and 2024, with emphasis on their impact on the reduction of social inequality, through a qualitative
approach, a systematic and exhaustive review of secondary sources was carried out, including official
documents, institutional reports and academic articles, Using a documentary and cross-sectional
methodology, the research combined the triangulation of sources and a comparative analysis of key
variables such as coverage, relevance, equity approaches and results observed in different six-year
periods. The main findings revealed that although progress has been made in expanding access and
improving investment in education, significant challenges persist, such as exclusion at middle and
higher levels, the centralization of policies and insufficient impact assessment, in addition to which it
is evident that social and cultural inequality continues to be an obstacle to educational equity. which
requires a comprehensive reform with a multifaceted approach, which includes innovative pedagogical
methodologies and deep systemic reforms, concluding that although education has the potential to
reduce disparities, its impact is still limited by existing structural gaps.
Keywords: social inequality, educational policies, equity, inclusive education, educational reform
Artículo recibido 25 setiembre 2025
Aceptado para publicación: 25 octubre 2025
pág. 16727
INTRODUCCIÓN
La desigualdad y la pobreza representan los problemas más apremiantes para la sociedad mexicana en
el presente siglo, estos fenómenos amenazan la estabilidad social y política, y ponen en peligro la
armonía y el desarrollo de la nación (Blanco, 2023). En una sociedad valorada, y coherente con el
pluralismo de las identidades, la innegable heterogeneidad de las perspectivas sociales, políticas,
económicas y culturales, y de las afiliaciones etnonacionales, hace que la pobreza parezca
fundamentalmente más que tradicional, con el advenimiento de la agenda neoliberal a finales de la
década de 1980, la promoción de programas sociales se convirtió en un foco importante del Estado, sin
embargo, existe un conjunto de consideraciones en torno a la posibilidad de transformar el destino
individual a través de la educación y programas sociales seleccionados que no han sido debidamente
analizados por la comunidad académica (Soberanes, 2022).
El primer punto a considerar es que la educación y las políticas sociales pueden desempeñar un papel
en la reducción de la pobreza, y lo han hecho; la pobreza no puede definirse únicamente como una
cuestión de falta de recursos para satisfacer las necesidades básicas de supervivencia, los pobres, la
educación y el bienestar no se preocupan sólo por la adquisición de recursos (López-Salazar y Torre-
Valdez, 2022)., también implican el desarrollo del yo, una reconstrucción de la identidad y una
reconstrucción de las redes sociales e interpersonales; la pobreza cultural, la pérdida de valores, de
responsabilidad colectiva, de sentido de autoestima y de riqueza cultural están en el centro del
subdesarrollo y esto es lo que hace que la política social pública, la promoción de la formación
profesional, la educación materna y comunitaria, y la provisión de condiciones sanitarias y atención
básica de salud, sean tan críticas hoy en día.
Sólo a través de la educación se puede atacar las raíces profundas de la pobreza, romper sus lentos ciclos
y entrar en un camino de desarrollo que es a la vez individual y colectivo, comunitario y capitalista, sin
embargo, la educación por sí sola no será suficiente, el desarrollo no será posible sin la construcción de
infraestructuras y de una sociedad civil o de un cuerpo político. Este artículo, considerará el caso
mexicano para presentar cuán cruciales son los factores políticos en el proceso de configuración de las
posibilidades de desarrollo, y cuán densamente la especialización de la política en un contexto político
INTRODUCCIÓN
La desigualdad y la pobreza representan los problemas más apremiantes para la sociedad mexicana en
el presente siglo, estos fenómenos amenazan la estabilidad social y política, y ponen en peligro la
armonía y el desarrollo de la nación (Blanco, 2023). En una sociedad valorada, y coherente con el
pluralismo de las identidades, la innegable heterogeneidad de las perspectivas sociales, políticas,
económicas y culturales, y de las afiliaciones etnonacionales, hace que la pobreza parezca
fundamentalmente más que tradicional, con el advenimiento de la agenda neoliberal a finales de la
década de 1980, la promoción de programas sociales se convirtió en un foco importante del Estado, sin
embargo, existe un conjunto de consideraciones en torno a la posibilidad de transformar el destino
individual a través de la educación y programas sociales seleccionados que no han sido debidamente
analizados por la comunidad académica (Soberanes, 2022).
El primer punto a considerar es que la educación y las políticas sociales pueden desempeñar un papel
en la reducción de la pobreza, y lo han hecho; la pobreza no puede definirse únicamente como una
cuestión de falta de recursos para satisfacer las necesidades básicas de supervivencia, los pobres, la
educación y el bienestar no se preocupan sólo por la adquisición de recursos (López-Salazar y Torre-
Valdez, 2022)., también implican el desarrollo del yo, una reconstrucción de la identidad y una
reconstrucción de las redes sociales e interpersonales; la pobreza cultural, la pérdida de valores, de
responsabilidad colectiva, de sentido de autoestima y de riqueza cultural están en el centro del
subdesarrollo y esto es lo que hace que la política social pública, la promoción de la formación
profesional, la educación materna y comunitaria, y la provisión de condiciones sanitarias y atención
básica de salud, sean tan críticas hoy en día.
Sólo a través de la educación se puede atacar las raíces profundas de la pobreza, romper sus lentos ciclos
y entrar en un camino de desarrollo que es a la vez individual y colectivo, comunitario y capitalista, sin
embargo, la educación por sí sola no será suficiente, el desarrollo no será posible sin la construcción de
infraestructuras y de una sociedad civil o de un cuerpo político. Este artículo, considerará el caso
mexicano para presentar cuán cruciales son los factores políticos en el proceso de configuración de las
posibilidades de desarrollo, y cuán densamente la especialización de la política en un contexto político
pág. 16728
y en un momento dado puede proporcionar oportunidades (y obstáculos) para cambios reales para
mejor.
Se presenta un marco teórico que contextualiza los conceptos de desigualdad social, educación y política
pública, posteriormente, se describe la metodología empleada en el análisis, mientras que en el cuerpo
principal del artículo se examinan las políticas públicas educativas implementadas en México en las
últimas dos décadas, evaluando su impacto en términos de equidad y finalmente, se discuten los
hallazgos más relevantes y se proponen recomendaciones orientadas a fortalecer el papel de la
educación en la lucha contra la desigualdad social en el país.
En el presente artículo se abordará la educación como herramienta para reducir la desigualdad social en
México estudiando puntualmente la evaluación crítica de las políticas públicas educativas
implementadas entre los años 2000 y 2024, como punto de partida para comprender cómo dichas
políticas han sido diseñadas e implementadas para fomentar la equidad, especialmente en contextos
marcados por exclusión social, pobreza estructural y segmentación territorial (Bentancur et al., 2021).
En este contexto, Puyol-Cortez y Santander-Salmon, (2023) se refieren a la educación como un
mecanismo de movilidad social y de redistribución de oportunidades, a pesar de ello, en México se
continúan evidenciando altos niveles de desigualdad educativa y social, con marcadas diferencias por
nivel socioeconómico, región geográfica, origen étnico y género (Vargas y Zuñiga, 2021), siendo así el
problema de investigación se centra en identificar y analizar el vacío existente entre el diseño normativo
de las políticas educativas con enfoque en equidad y su capacidad real para reducir las brechas sociales
en la práctica y a partir de esta problemática nace la siguiente interrogante: ¿Hasta qué punto las
políticas públicas educativas implementadas en México entre los años 2000 y 2024 han sido efectivas
para reducir la desigualdad social?
Atendido a esta pregunta, la relevancia del estudio se enmarca en 4 dimensiones: la social, teniendo en
cuenta que México es un país donde el 43.9% de la población vive en condiciones de pobreza (López-
Salazar y Torre-Valdez, 2022), la educación representa una de las pocas vías institucionales capaces de
alterar trayectorias de exclusión intergeneracional; en la dimensión política se expone que las políticas
públicas educativas han sido objeto de reformas constantes, muchas veces con fines ideológicos o de
corto plazo, sin evaluaciones integrales que midan su impacto real en términos de justicia social
y en un momento dado puede proporcionar oportunidades (y obstáculos) para cambios reales para
mejor.
Se presenta un marco teórico que contextualiza los conceptos de desigualdad social, educación y política
pública, posteriormente, se describe la metodología empleada en el análisis, mientras que en el cuerpo
principal del artículo se examinan las políticas públicas educativas implementadas en México en las
últimas dos décadas, evaluando su impacto en términos de equidad y finalmente, se discuten los
hallazgos más relevantes y se proponen recomendaciones orientadas a fortalecer el papel de la
educación en la lucha contra la desigualdad social en el país.
En el presente artículo se abordará la educación como herramienta para reducir la desigualdad social en
México estudiando puntualmente la evaluación crítica de las políticas públicas educativas
implementadas entre los años 2000 y 2024, como punto de partida para comprender cómo dichas
políticas han sido diseñadas e implementadas para fomentar la equidad, especialmente en contextos
marcados por exclusión social, pobreza estructural y segmentación territorial (Bentancur et al., 2021).
En este contexto, Puyol-Cortez y Santander-Salmon, (2023) se refieren a la educación como un
mecanismo de movilidad social y de redistribución de oportunidades, a pesar de ello, en México se
continúan evidenciando altos niveles de desigualdad educativa y social, con marcadas diferencias por
nivel socioeconómico, región geográfica, origen étnico y género (Vargas y Zuñiga, 2021), siendo así el
problema de investigación se centra en identificar y analizar el vacío existente entre el diseño normativo
de las políticas educativas con enfoque en equidad y su capacidad real para reducir las brechas sociales
en la práctica y a partir de esta problemática nace la siguiente interrogante: ¿Hasta qué punto las
políticas públicas educativas implementadas en México entre los años 2000 y 2024 han sido efectivas
para reducir la desigualdad social?
Atendido a esta pregunta, la relevancia del estudio se enmarca en 4 dimensiones: la social, teniendo en
cuenta que México es un país donde el 43.9% de la población vive en condiciones de pobreza (López-
Salazar y Torre-Valdez, 2022), la educación representa una de las pocas vías institucionales capaces de
alterar trayectorias de exclusión intergeneracional; en la dimensión política se expone que las políticas
públicas educativas han sido objeto de reformas constantes, muchas veces con fines ideológicos o de
corto plazo, sin evaluaciones integrales que midan su impacto real en términos de justicia social
pág. 16729
(Blanco, 2023); mientras que la dimensión académica refiere que existe un cuerpo importante de
literatura que analiza la desigualdad en México, sin embargo, pocos estudios articulan de forma crítica
el diseño de políticas educativas con sus efectos sociales desde un enfoque cualitativo, contextual y
longitudinal (Rodríguez-Cano y Morgan-Beltrán, 2021) y finalmente, la dimensión ligada a la ética y
de derechos humanos garantizando el derecho a una educación inclusiva y equitativa que a su vez está
alineado con el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el ODS 4 y el
ODS 10 como lo mencionan en los estudios de Gómez (2020) y Huerta-Estévez et al. (2023).
Al mismo tiempo, la investigación se sitúa en el contexto de México contemporáneo, caracterizado por
las históricas desigualdades sociales y regionales, particularmente entre el norte y el sur del país, y entre
zonas urbanas y rurales (López, 2024); la existencia de grupos históricamente excluidos, como los
pueblos indígenas, personas en pobreza extrema, mujeres en zonas marginadas y jóvenes en situación
de riesgo, los cambios políticos significativos en el sistema educativo nacional, especialmente a través
de las reformas de 2013 y 2019 que transformaron los modelos de evaluación docente, participación
sindical y equidad educativa (Puyol-Cortez y Santander-Salmon, 2023) y un contexto de crisis educativa
reciente provocado por la pandemia de COVID-19, que exacerbó la desigualdad en el acceso a recursos
digitales y la continuidad escolar.
En atención a estos constructos, es importante incluir algunas definiciones fundamentales, por ejemplo,
el concepto de desigualdad social sigue siendo bastante difuso, a pesar de una larga tradición filosófica
y una extensa literatura empírica. En términos generales, la desigualdad social puede definirse como la
distribución sistemáticamente desigual de bienes y oportunidades valiosos que incluyen el ingreso y la
riqueza, la vivienda, la atención médica, la educación, el empleo, el acceso a los servicios públicos, la
facilidad del transporte público, los derechos civiles, la seguridad, el poder político y la representación
(Cienfuegos-Terrón, 2023); una vez que los individuos y grupos fuera de los ricos y poderosos se
encuentran sistemáticamente en desventaja en uno o más de estos dominios, la desigualdad puede
considerarse como una injusticia social, enraizada en procesos sociales y políticos tanto de defensa
como de cambio (Blanco, 2023).
La desigualdad social es promovida por el fracaso de las instituciones y las políticas públicas que dejan
atrás a una parte importante de la sociedad en lo económico, político y social; se supone que las
(Blanco, 2023); mientras que la dimensión académica refiere que existe un cuerpo importante de
literatura que analiza la desigualdad en México, sin embargo, pocos estudios articulan de forma crítica
el diseño de políticas educativas con sus efectos sociales desde un enfoque cualitativo, contextual y
longitudinal (Rodríguez-Cano y Morgan-Beltrán, 2021) y finalmente, la dimensión ligada a la ética y
de derechos humanos garantizando el derecho a una educación inclusiva y equitativa que a su vez está
alineado con el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el ODS 4 y el
ODS 10 como lo mencionan en los estudios de Gómez (2020) y Huerta-Estévez et al. (2023).
Al mismo tiempo, la investigación se sitúa en el contexto de México contemporáneo, caracterizado por
las históricas desigualdades sociales y regionales, particularmente entre el norte y el sur del país, y entre
zonas urbanas y rurales (López, 2024); la existencia de grupos históricamente excluidos, como los
pueblos indígenas, personas en pobreza extrema, mujeres en zonas marginadas y jóvenes en situación
de riesgo, los cambios políticos significativos en el sistema educativo nacional, especialmente a través
de las reformas de 2013 y 2019 que transformaron los modelos de evaluación docente, participación
sindical y equidad educativa (Puyol-Cortez y Santander-Salmon, 2023) y un contexto de crisis educativa
reciente provocado por la pandemia de COVID-19, que exacerbó la desigualdad en el acceso a recursos
digitales y la continuidad escolar.
En atención a estos constructos, es importante incluir algunas definiciones fundamentales, por ejemplo,
el concepto de desigualdad social sigue siendo bastante difuso, a pesar de una larga tradición filosófica
y una extensa literatura empírica. En términos generales, la desigualdad social puede definirse como la
distribución sistemáticamente desigual de bienes y oportunidades valiosos que incluyen el ingreso y la
riqueza, la vivienda, la atención médica, la educación, el empleo, el acceso a los servicios públicos, la
facilidad del transporte público, los derechos civiles, la seguridad, el poder político y la representación
(Cienfuegos-Terrón, 2023); una vez que los individuos y grupos fuera de los ricos y poderosos se
encuentran sistemáticamente en desventaja en uno o más de estos dominios, la desigualdad puede
considerarse como una injusticia social, enraizada en procesos sociales y políticos tanto de defensa
como de cambio (Blanco, 2023).
La desigualdad social es promovida por el fracaso de las instituciones y las políticas públicas que dejan
atrás a una parte importante de la sociedad en lo económico, político y social; se supone que las
pág. 16730
instituciones formales (leyes, derechos, políticas) y las instituciones informales (normas navales y
consuetudinarias, convenciones y códigos de conducta) reducen la vulnerabilidad económica y social
(Jaramillo–Molina, 2022). Para evitar las desventajas sociales es necesario un acceso justo a un mercado
laboral inclusivo, a una amplia gama de servicios y bienes públicos y a la protección social; bajo ciertas
condiciones, la seguridad está relativamente bien provista, antes esto, reponen Altamirano y Flamand
(2021); que si los derechos civiles se distribuyen injustamente y uno o varios grupos de población se
ven excluidos de los procesos de toma de decisiones y de las prácticas de evaluación de riesgos, es
probable que se produzcan disparidades sociales. Las formas prevalentes de participación política,
deliberación pública, responsabilidad legal y asesoramiento personal individual conocido por la
mayoría son a menudo una prerrogativa de los ricos y los poderosos.
Es por ello que la educación juega un papel fundamental en las sociedades a través del tiempo y el
espacio, entendiéndose como un proceso social a través del cual los individuos comprenden y asimilan
los valores, normas y discursos que prevalecen en una sociedad o grupo (Jiménez-Moreno, 2021). De
este modo, la educación hace del ser humano un ser social y cultural siendo clave para que las personas
que han nacido o viven en contextos desfavorecidos logren una mayor equidad social.
La educación es un derecho que tiene toda persona, tal y como se estipula en el Marco de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, esto garantiza que todos los ciudadanos puedan acceder a la educación
gratuita hasta el nivel terciario, gratuita y sin discriminación, siendo deber del Estado hacer que las
instituciones educativas sean accesibles y viables para que su aplicación se convierta en una herramienta
utilizable para que una sociedad se transforme a sí misma (Vargas y Zuñiga, 2021). México ratificó este
derecho humano desde 1976, comprometiéndose a garantizarlo y desde la década de 1920, la educación
ha sido la mayor responsabilidad para los niños de la nación encargada de construir una sociedad justa
(Dussel y Williams, 2023), históricamente, la educación ha avergonzado a la sociedad como un fracaso,
con su falta de capacidad para erradicar la pobreza y la marginación, los planes y políticas educativas
han seguido y predicado los mismos objetivos y su veracidad (Pérez, 2019).
Siendo así, la desigualdad es un problema social que está constantemente en el frente de la agenda de
la nación, se le llama problema social porque sería más fácil abordar las implicaciones sociales que un
discurso económico o políticocéntrico y en consecuencia, la educación es percibida como un problema
instituciones formales (leyes, derechos, políticas) y las instituciones informales (normas navales y
consuetudinarias, convenciones y códigos de conducta) reducen la vulnerabilidad económica y social
(Jaramillo–Molina, 2022). Para evitar las desventajas sociales es necesario un acceso justo a un mercado
laboral inclusivo, a una amplia gama de servicios y bienes públicos y a la protección social; bajo ciertas
condiciones, la seguridad está relativamente bien provista, antes esto, reponen Altamirano y Flamand
(2021); que si los derechos civiles se distribuyen injustamente y uno o varios grupos de población se
ven excluidos de los procesos de toma de decisiones y de las prácticas de evaluación de riesgos, es
probable que se produzcan disparidades sociales. Las formas prevalentes de participación política,
deliberación pública, responsabilidad legal y asesoramiento personal individual conocido por la
mayoría son a menudo una prerrogativa de los ricos y los poderosos.
Es por ello que la educación juega un papel fundamental en las sociedades a través del tiempo y el
espacio, entendiéndose como un proceso social a través del cual los individuos comprenden y asimilan
los valores, normas y discursos que prevalecen en una sociedad o grupo (Jiménez-Moreno, 2021). De
este modo, la educación hace del ser humano un ser social y cultural siendo clave para que las personas
que han nacido o viven en contextos desfavorecidos logren una mayor equidad social.
La educación es un derecho que tiene toda persona, tal y como se estipula en el Marco de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, esto garantiza que todos los ciudadanos puedan acceder a la educación
gratuita hasta el nivel terciario, gratuita y sin discriminación, siendo deber del Estado hacer que las
instituciones educativas sean accesibles y viables para que su aplicación se convierta en una herramienta
utilizable para que una sociedad se transforme a sí misma (Vargas y Zuñiga, 2021). México ratificó este
derecho humano desde 1976, comprometiéndose a garantizarlo y desde la década de 1920, la educación
ha sido la mayor responsabilidad para los niños de la nación encargada de construir una sociedad justa
(Dussel y Williams, 2023), históricamente, la educación ha avergonzado a la sociedad como un fracaso,
con su falta de capacidad para erradicar la pobreza y la marginación, los planes y políticas educativas
han seguido y predicado los mismos objetivos y su veracidad (Pérez, 2019).
Siendo así, la desigualdad es un problema social que está constantemente en el frente de la agenda de
la nación, se le llama problema social porque sería más fácil abordar las implicaciones sociales que un
discurso económico o políticocéntrico y en consecuencia, la educación es percibida como un problema
pág. 16731
social de desintegración social (Llamas-Mangin y Mangin-Guixeras, 2021); por lo tanto, tiene que
seguir una solución social a través de las políticas educativas, pero las políticas públicas no han
abordado las inequidades sociales, lo que ha provocado la desintegración educativa y las inequidades
en el acceso a los niveles superiores de educación, en la calidad de la educación y entre los graduados
(Jiménez-Moreno, 2021); luego, el ciclo continúa, ya que la educación es una solución clave para
mejorar la pobreza.
Así, la inequidad social se relaciona con la inequidad educativa, se relaciona con la pobreza,
restringiendo el ajuste, por lo tanto, la educación es una herramienta esencial para mitigar las
inequidades sociales, pero se crean inequidades en las oportunidades de acceso a la educación, las
políticas públicas no abordan los síntomas ni las raíces de la desigualdad que generan las inequidades
educativas (Cienfuegos-Terrón, 2023).
Un elemento clave de las reformas educativas emprendidas en el país a principios del siglo XXI es la
modernización de la administración educativa y la implementación de nuevos modelos de gestión. Esta
modernización abarca varios ámbitos: la enseñanza responsable, las prácticas de gestión escolar, el
análisis de la organización educativa, la rendición de cuentas y la supervisión de los programas (Fajardo,
2018). En general, se refiere al giro hacia políticas de gestión que adoptan el mercado como paradigma,
lo que ha llevado a la racionalización del sistema, la práctica educativa también experimentó cambios
sustanciales, y surgió un nuevo paradigma educativo destinado a introducir, a través de un intenso
proceso de cambio, modelos más flexibles para dar cabida a las propuestas y prácticas pedagógicas y
curriculares más actualizadas (Pérez, 2019).
Las reformas educativas de los últimos años pretenden, a través de lo que se ha denominado la "espiral
educativa", generar cambios en la práctica educativa, la espiral tiene como objetivo mejorar el sistema
educativo nacional; por lo tanto, se debe prestar más atención a los factores de la espiral que podrían
explicar la falta de mejora (Llamas-Mangin y Mangin-Guixeras, 2021), Una faceta central de este
análisis tiene que ver con el proceso pedagógico, que debe adquirir mayor flexibilidad y adaptabilidad,
las reformas deben ser múltiples para abordar este proceso a nivel institucional desde varios ángulos, lo
que implica la creación gradual de conciencia y una "aplicación brutal" coordinada de las regulaciones
(Pérez, 2019).
social de desintegración social (Llamas-Mangin y Mangin-Guixeras, 2021); por lo tanto, tiene que
seguir una solución social a través de las políticas educativas, pero las políticas públicas no han
abordado las inequidades sociales, lo que ha provocado la desintegración educativa y las inequidades
en el acceso a los niveles superiores de educación, en la calidad de la educación y entre los graduados
(Jiménez-Moreno, 2021); luego, el ciclo continúa, ya que la educación es una solución clave para
mejorar la pobreza.
Así, la inequidad social se relaciona con la inequidad educativa, se relaciona con la pobreza,
restringiendo el ajuste, por lo tanto, la educación es una herramienta esencial para mitigar las
inequidades sociales, pero se crean inequidades en las oportunidades de acceso a la educación, las
políticas públicas no abordan los síntomas ni las raíces de la desigualdad que generan las inequidades
educativas (Cienfuegos-Terrón, 2023).
Un elemento clave de las reformas educativas emprendidas en el país a principios del siglo XXI es la
modernización de la administración educativa y la implementación de nuevos modelos de gestión. Esta
modernización abarca varios ámbitos: la enseñanza responsable, las prácticas de gestión escolar, el
análisis de la organización educativa, la rendición de cuentas y la supervisión de los programas (Fajardo,
2018). En general, se refiere al giro hacia políticas de gestión que adoptan el mercado como paradigma,
lo que ha llevado a la racionalización del sistema, la práctica educativa también experimentó cambios
sustanciales, y surgió un nuevo paradigma educativo destinado a introducir, a través de un intenso
proceso de cambio, modelos más flexibles para dar cabida a las propuestas y prácticas pedagógicas y
curriculares más actualizadas (Pérez, 2019).
Las reformas educativas de los últimos años pretenden, a través de lo que se ha denominado la "espiral
educativa", generar cambios en la práctica educativa, la espiral tiene como objetivo mejorar el sistema
educativo nacional; por lo tanto, se debe prestar más atención a los factores de la espiral que podrían
explicar la falta de mejora (Llamas-Mangin y Mangin-Guixeras, 2021), Una faceta central de este
análisis tiene que ver con el proceso pedagógico, que debe adquirir mayor flexibilidad y adaptabilidad,
las reformas deben ser múltiples para abordar este proceso a nivel institucional desde varios ángulos, lo
que implica la creación gradual de conciencia y una "aplicación brutal" coordinada de las regulaciones
(Pérez, 2019).
pág. 16732
Es necesario involucrar a más actores, más allá de las autoridades educativas, para generar un ambiente
más cooperativo y menos adverso con el que incentivar la construcción en lugar de la ruina; sin
embargo, el programa de reforma no tiene en cuenta ni el proceso de promulgación ni la etapa del
contrato.
De hecho, gran parte de los problemas de promulgación se derivan de los plazos impuestos a la
promulgación de medidas que desencadenarían una avalancha amenazante de cambios como lo comenta
Altamirano y Flamand (2021). Además, la contracción debe ser gradual, teniendo en cuenta las
limitadas capacidades actuales de docentes, funcionarios, padres de familia y estudiantes, las medidas
adoptadas tienden a acercarse al establecimiento educacional como si su despertar requiriera
simplemente la estructura del mercado, ignorando justamente que se requiere una amplia experiencia
para crear un mercado capaz (Vargas y Zuñiga, 2021).
En la actualidad, la oferta de educación básica está fuertemente centralizada, pero si en el futuro se
logra separar a las escuelas del sistema, probablemente será necesario dotarlas de algún grado de
facultades para adquirir servicios municipales, lo que no ocurre hoy en día en ningún municipio de
México, por el contrario, la sostenibilidad actual de estos cambios parece dudosa.
Las políticas de reforma educativa en México abarcan todos los niveles del sistema educativo nacional,
se consideran políticas públicas que incluyen leyes, normas y decisiones administrativas educativas
(Solazzi, 2023), las propuestas publicadas y los proyectos de desarrollo impulsados por las autoridades
educativas también se consideran políticas públicas en educación, los sistemas de educación nacional y
básica han abordado la inequidad y la calidad como los principales retos que enfrenta el sistema
educativo mexicano (Chiatchoua y Neme, 2022).
La inequidad en la educación se manifiesta de dos maneras: cobertura y calidad; con respecto a la
cobertura, una proporción inaceptablemente baja de la población cumple con los términos obligatorios
de educación, de una cohorte nacida entre 1976 y 1978, el 70 por ciento se graduó de la escuela primaria,
el 35 por ciento de la secundaria y el 11 por ciento de la escuela preparatoria (Dussel y Williams, 2023).
Sólo el 1% de la población de entre 15 y 24 años de edad ingresó simultáneamente a la escuela
preparatoria; debido a la considerable edad e incapacidad de algunos estudiantes, el número de alumnos
en los tres primeros años del sistema de enseñanza primaria se limitó a un total de 89.448.671 personas,
Es necesario involucrar a más actores, más allá de las autoridades educativas, para generar un ambiente
más cooperativo y menos adverso con el que incentivar la construcción en lugar de la ruina; sin
embargo, el programa de reforma no tiene en cuenta ni el proceso de promulgación ni la etapa del
contrato.
De hecho, gran parte de los problemas de promulgación se derivan de los plazos impuestos a la
promulgación de medidas que desencadenarían una avalancha amenazante de cambios como lo comenta
Altamirano y Flamand (2021). Además, la contracción debe ser gradual, teniendo en cuenta las
limitadas capacidades actuales de docentes, funcionarios, padres de familia y estudiantes, las medidas
adoptadas tienden a acercarse al establecimiento educacional como si su despertar requiriera
simplemente la estructura del mercado, ignorando justamente que se requiere una amplia experiencia
para crear un mercado capaz (Vargas y Zuñiga, 2021).
En la actualidad, la oferta de educación básica está fuertemente centralizada, pero si en el futuro se
logra separar a las escuelas del sistema, probablemente será necesario dotarlas de algún grado de
facultades para adquirir servicios municipales, lo que no ocurre hoy en día en ningún municipio de
México, por el contrario, la sostenibilidad actual de estos cambios parece dudosa.
Las políticas de reforma educativa en México abarcan todos los niveles del sistema educativo nacional,
se consideran políticas públicas que incluyen leyes, normas y decisiones administrativas educativas
(Solazzi, 2023), las propuestas publicadas y los proyectos de desarrollo impulsados por las autoridades
educativas también se consideran políticas públicas en educación, los sistemas de educación nacional y
básica han abordado la inequidad y la calidad como los principales retos que enfrenta el sistema
educativo mexicano (Chiatchoua y Neme, 2022).
La inequidad en la educación se manifiesta de dos maneras: cobertura y calidad; con respecto a la
cobertura, una proporción inaceptablemente baja de la población cumple con los términos obligatorios
de educación, de una cohorte nacida entre 1976 y 1978, el 70 por ciento se graduó de la escuela primaria,
el 35 por ciento de la secundaria y el 11 por ciento de la escuela preparatoria (Dussel y Williams, 2023).
Sólo el 1% de la población de entre 15 y 24 años de edad ingresó simultáneamente a la escuela
preparatoria; debido a la considerable edad e incapacidad de algunos estudiantes, el número de alumnos
en los tres primeros años del sistema de enseñanza primaria se limitó a un total de 89.448.671 personas,
pág. 16733
esto significó que la cobertura equivalía a solo el 76,4 por ciento (Rodríguez-Cano y Morgan-Beltrán,
2021).
Considerando estos constructos es valedero mencionar que a pesar de que la educación tiene un alto
potencial para reducir la desigualdad social en México aún las políticas públicas educativas
implementadas entre 2000 y 2024 exponen algunas limitaciones estructurales y de diseño que han
impedido alcanzar dicho objetivo de manera eficaz y sostenida, con base a ello el objeto principal de
este artículo es analizar de forma critica el diseño, implementación y efectos de las políticas públicas
educativas en México entre los años 2000 y 2024 ligadas a la reducción de la desigualdad social, para
lograrlo se requiere en un contexto más específico identificar los enfoques y principios de equidad
presentes en las políticas educativas federales; evaluar los logros y limitaciones de los programas clave
en términos de cobertura, pertinencia y justicia distributiva y comprender cómo los factores políticos,
sociales y administrativos condicionan la eficacia de dichas políticas.
Antes estas premisas las hipótesis de este estudio pretenden estudiar que aunque la educación tiene un
alto potencial para reducir la desigualdad social en México, las políticas públicas educativas
implementadas entre 2000 y 2024 aun presentan algunas limitaciones estructurales y de diseño que han
impedido alcanzar dicho objetivo de manera eficaz y sostenida.
METODOLOGÍA
El presente estudio adopta un enfoque cualitativo, orientado a comprender la relación entre las políticas
públicas educativas y la desigualdad social en México desde una perspectiva crítica, contextual y
longitudinal a través de un tipo de investigación es descriptiva-explicativa con la que se busca no solo
describir las políticas implementadas entre los años 2000 y 2024, sino también explicar sus efectos
reales en términos de equidad educativa y justicia social (Hernández-Sampieri et al., 2007).
En cuanto al diseño metodológico, se optó por uno documental y transversal, basado en la revisión
exhaustiva de fuentes secundarias provenientes de artículos científicos, informes institucionales,
documentos oficiales de política pública, legislación educativa y bases de datos académicas lo que
permitió analizar de manera crítica las líneas de acción gubernamental en materia educativa y su
impacto sobre los sectores históricamente excluidos o vulnerables (Hernández R et al., 2018).
esto significó que la cobertura equivalía a solo el 76,4 por ciento (Rodríguez-Cano y Morgan-Beltrán,
2021).
Considerando estos constructos es valedero mencionar que a pesar de que la educación tiene un alto
potencial para reducir la desigualdad social en México aún las políticas públicas educativas
implementadas entre 2000 y 2024 exponen algunas limitaciones estructurales y de diseño que han
impedido alcanzar dicho objetivo de manera eficaz y sostenida, con base a ello el objeto principal de
este artículo es analizar de forma critica el diseño, implementación y efectos de las políticas públicas
educativas en México entre los años 2000 y 2024 ligadas a la reducción de la desigualdad social, para
lograrlo se requiere en un contexto más específico identificar los enfoques y principios de equidad
presentes en las políticas educativas federales; evaluar los logros y limitaciones de los programas clave
en términos de cobertura, pertinencia y justicia distributiva y comprender cómo los factores políticos,
sociales y administrativos condicionan la eficacia de dichas políticas.
Antes estas premisas las hipótesis de este estudio pretenden estudiar que aunque la educación tiene un
alto potencial para reducir la desigualdad social en México, las políticas públicas educativas
implementadas entre 2000 y 2024 aun presentan algunas limitaciones estructurales y de diseño que han
impedido alcanzar dicho objetivo de manera eficaz y sostenida.
METODOLOGÍA
El presente estudio adopta un enfoque cualitativo, orientado a comprender la relación entre las políticas
públicas educativas y la desigualdad social en México desde una perspectiva crítica, contextual y
longitudinal a través de un tipo de investigación es descriptiva-explicativa con la que se busca no solo
describir las políticas implementadas entre los años 2000 y 2024, sino también explicar sus efectos
reales en términos de equidad educativa y justicia social (Hernández-Sampieri et al., 2007).
En cuanto al diseño metodológico, se optó por uno documental y transversal, basado en la revisión
exhaustiva de fuentes secundarias provenientes de artículos científicos, informes institucionales,
documentos oficiales de política pública, legislación educativa y bases de datos académicas lo que
permitió analizar de manera crítica las líneas de acción gubernamental en materia educativa y su
impacto sobre los sectores históricamente excluidos o vulnerables (Hernández R et al., 2018).
pág. 16734
La unidad de análisis en este caso, corresponde a las políticas públicas educativas federales
implementadas en México entre los años 2000 y 2024, la selección de las fuentes se realizó mediante
un muestreo no probabilístico por criterios (Ruiz, 2007), enfocándose en documentos que contuvieran
información relevante sobre el diseño, implementación y evaluación de dichas políticas con énfasis en
la equidad, la inclusión social y la reducción de desigualdades estructurales. Mientras que la recolección
de datos empleó la revisión documental sistematizada, guiada por una matriz de análisis de la temática,
en la que se organizaron los documentos conforme a variables clave como los objetivos de la política,
la población beneficiaria, los enfoques de equidad, resultados observados, limitaciones institucionales
y contexto socio-político; donde a través de una bitácora de análisis y una guía de extracción de datos
se facilitó la sistematización y comparación entre programas educativos a lo largo de los distintos
sexenios.
En términos de consideraciones éticas, por tratarse de un estudio documental sin participación directa
de personas, no se incurre en riesgos bioéticos; se respetaron los principios de integridad académica
mediante la adecuada citación y referencia de todas las fuentes consultadas. Los criterios de inclusión
para la selección de documentos se concentraron en la pertinencia temporal (publicaciones entre 2000
y 2024), el enfoque explícito en políticas educativas y su vínculo con la desigualdad social, y
disponibilidad pública o académica de los textos, excluyendo todos aquellos documentos no
verificables, duplicados o que carecieran de sustento metodológico.
Entre las limitaciones se reconoce la imposibilidad de acceder a información no pública o confidencial
de organismos gubernamentales, así como la escasez de evaluaciones independientes de impacto para
algunos programas educativos recientes esto se compensó con la triangulación de fuentes académicas y
oficiales en función de fortalecer la validez del análisis.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis de las políticas públicas educativas implementadas en México entre los años 2000 y 2024,
identifico 5 hallazgos significativos que dejan al descubierto los vínculos estructurales entre el diseño
de estas y su impacto sobre la desigualdad social, estos resultados fueron organizados y discutidos bajo
una lógica sistemática y transversal, de modo que se articulen los referentes teóricos que sustentan este
artículo, con los antecedentes empíricos y con el contexto político e institucional del país.
La unidad de análisis en este caso, corresponde a las políticas públicas educativas federales
implementadas en México entre los años 2000 y 2024, la selección de las fuentes se realizó mediante
un muestreo no probabilístico por criterios (Ruiz, 2007), enfocándose en documentos que contuvieran
información relevante sobre el diseño, implementación y evaluación de dichas políticas con énfasis en
la equidad, la inclusión social y la reducción de desigualdades estructurales. Mientras que la recolección
de datos empleó la revisión documental sistematizada, guiada por una matriz de análisis de la temática,
en la que se organizaron los documentos conforme a variables clave como los objetivos de la política,
la población beneficiaria, los enfoques de equidad, resultados observados, limitaciones institucionales
y contexto socio-político; donde a través de una bitácora de análisis y una guía de extracción de datos
se facilitó la sistematización y comparación entre programas educativos a lo largo de los distintos
sexenios.
En términos de consideraciones éticas, por tratarse de un estudio documental sin participación directa
de personas, no se incurre en riesgos bioéticos; se respetaron los principios de integridad académica
mediante la adecuada citación y referencia de todas las fuentes consultadas. Los criterios de inclusión
para la selección de documentos se concentraron en la pertinencia temporal (publicaciones entre 2000
y 2024), el enfoque explícito en políticas educativas y su vínculo con la desigualdad social, y
disponibilidad pública o académica de los textos, excluyendo todos aquellos documentos no
verificables, duplicados o que carecieran de sustento metodológico.
Entre las limitaciones se reconoce la imposibilidad de acceder a información no pública o confidencial
de organismos gubernamentales, así como la escasez de evaluaciones independientes de impacto para
algunos programas educativos recientes esto se compensó con la triangulación de fuentes académicas y
oficiales en función de fortalecer la validez del análisis.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis de las políticas públicas educativas implementadas en México entre los años 2000 y 2024,
identifico 5 hallazgos significativos que dejan al descubierto los vínculos estructurales entre el diseño
de estas y su impacto sobre la desigualdad social, estos resultados fueron organizados y discutidos bajo
una lógica sistemática y transversal, de modo que se articulen los referentes teóricos que sustentan este
artículo, con los antecedentes empíricos y con el contexto político e institucional del país.
pág. 16735
En primer lugar, se revela persistencia de brechas estructurales en cobertura y permanencia educativa
donde a pesar de los avances normativos y de inversión educativa son reincidentes las desigualdades
estructurales en el acceso y permanencia escolar, especialmente en la educación media superior y
superior, según los datos citados por Dussel y Williams (2023) de una cohorte nacida entre 1976 y 1978,
solo el 11 % alcanzó el nivel de preparatoria, y apenas el 1 % ingresó de manera oportuna, esto
demuestra la magnitud de la exclusión educativa intergeneracional que aún no ha sido superada aun
cuando se han implementado reformas en este contexto.
En este sentido, se observa que las políticas orientadas a mejorar la cobertura como las becas Benito
Juárez o el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, han sido limitadas para revertir la desigualdad
de origen en contextos de pobreza estructural. En este contexto Blanco (2023) Puyol-Cortez y
Santander-Salmon (2023) , refieren que la equidad en educación no puede reducirse a la distribución de
recursos materiales sino que requiere condiciones contextuales en las que se garanticen trayectorias
educativas completas y con sentido.
En segundo lugar, un análisis sobre el diseño tecnocrático y baja contextualización territorial indica que
muchas políticas educativas operan bajo lógicas tecnocráticas y centralistas, y bajo este sistema no se
toma en cuenta la diversidad cultural, lingüística y socioeconómica del país; Esto ha ganado mayor
notoriedad en los estados al sur de México, especialmente en comunidades indígenas, donde la
implementación de políticas como “Escuelas de Tiempo Completo” o “Nueva Escuela Mexicana”
tuvieron dificultades logísticas, resistencia comunitaria y desajustes curriculares por lo que en el año
2022 fueron suprimidas del Programa federal (Llamas-Mangin y Mangin-Guixeras, 2021; Lopéz,
2024).
Al haber una carencia contextual en las políticas educativas se genera un factor limitante en su impacto
transformador perpetuándose una lógica vertical en la toma de decisiones, lo que confirma lo
argumentado por Cienfuegos-Terrón (2023), quien sostiene que la desigualdad social es alimentada por
el desfase entre las políticas públicas y las realidades locales del país.
Un tercer hallazgo esta orienta por una reforma educativa sin continuidad institucional ni evaluación de
impacto y se relaciona también con la volatilidad de las instituciones enmarcadas en el sistema
educativo mexicano en donde cada administración federal ha creado un impulso sobre reformas
En primer lugar, se revela persistencia de brechas estructurales en cobertura y permanencia educativa
donde a pesar de los avances normativos y de inversión educativa son reincidentes las desigualdades
estructurales en el acceso y permanencia escolar, especialmente en la educación media superior y
superior, según los datos citados por Dussel y Williams (2023) de una cohorte nacida entre 1976 y 1978,
solo el 11 % alcanzó el nivel de preparatoria, y apenas el 1 % ingresó de manera oportuna, esto
demuestra la magnitud de la exclusión educativa intergeneracional que aún no ha sido superada aun
cuando se han implementado reformas en este contexto.
En este sentido, se observa que las políticas orientadas a mejorar la cobertura como las becas Benito
Juárez o el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, han sido limitadas para revertir la desigualdad
de origen en contextos de pobreza estructural. En este contexto Blanco (2023) Puyol-Cortez y
Santander-Salmon (2023) , refieren que la equidad en educación no puede reducirse a la distribución de
recursos materiales sino que requiere condiciones contextuales en las que se garanticen trayectorias
educativas completas y con sentido.
En segundo lugar, un análisis sobre el diseño tecnocrático y baja contextualización territorial indica que
muchas políticas educativas operan bajo lógicas tecnocráticas y centralistas, y bajo este sistema no se
toma en cuenta la diversidad cultural, lingüística y socioeconómica del país; Esto ha ganado mayor
notoriedad en los estados al sur de México, especialmente en comunidades indígenas, donde la
implementación de políticas como “Escuelas de Tiempo Completo” o “Nueva Escuela Mexicana”
tuvieron dificultades logísticas, resistencia comunitaria y desajustes curriculares por lo que en el año
2022 fueron suprimidas del Programa federal (Llamas-Mangin y Mangin-Guixeras, 2021; Lopéz,
2024).
Al haber una carencia contextual en las políticas educativas se genera un factor limitante en su impacto
transformador perpetuándose una lógica vertical en la toma de decisiones, lo que confirma lo
argumentado por Cienfuegos-Terrón (2023), quien sostiene que la desigualdad social es alimentada por
el desfase entre las políticas públicas y las realidades locales del país.
Un tercer hallazgo esta orienta por una reforma educativa sin continuidad institucional ni evaluación de
impacto y se relaciona también con la volatilidad de las instituciones enmarcadas en el sistema
educativo mexicano en donde cada administración federal ha creado un impulso sobre reformas
pág. 16736
educativas distintas, como es el caso la reforma educativa de 2013 centrada en evaluación docente, y la
de 2019 donde se enfatizaba mayormente la equidad, pero a pesar de este impulso no se ha generado
una base de continuidad o sistemas robustos de evaluación de este impacto. Ante esto, Pérez (2019)
expresa que debido a la ausencia de evaluaciones longitudinales no se conoce con precisión la eficacia
de los cambios promovidos y esto debilita la toma de decisiones basada en evidencia; esta
discontinuidad ha generado incertidumbre entre actores clave como docentes, estudiantes y padres,
socavando la legitimidad social de las políticas implementadas.
El cuarto hallazgo se relaciona con la inversión pública con resultados mixtos en calidad educativa,
donde los programas de expansión educativa han arrojado resultados ambivalentes, a pesar de que la
inversión educativa ha sido sostenida como un porción del PIB, los indicadores de calidad y aprendizaje
no muestran mejoras proporcionales; una prueba de ellos son los resultados de las pruebas
estandarizadas como PISA o PLANEA siguen mostrando brechas significativas específicamente en el
nivel socioeconómico y región geográfica (Rodríguez-Cano y Morgan-Beltrán, 2021). Por lo que es
valedero resaltar que la equidad educativa no solo se alcanza ampliando la cobertura, sino asegurando
la pertinencia cultural, pedagógica y evaluativa del proceso educativo, sin embargo, el modelo de
evaluación estandarizado ha sido insuficiente para captar la complejidad del aprendizaje en contextos
de exclusión como lo traduce Fajardo, (2018) y Solazzi (2023)
Finalmente, al evaluar la educación como mecanismo potencial de movilidad, aún no concretada, se
puede notar que aunque la educación es percibida como un camino hacia la movilidad social ascendente,
aun es controlada por barreras estructurales que no se han logrado resolver, entre ellas la segmentación
del sistema, la desigualdad en la calidad de instituciones y la discriminación sistémica Jiménez-Moreno
(2021) en conjunto con López-Salazar y Torre-Valdez, (2022).
Los estudios revisados coinciden en que la educación puede romper ciclos de pobreza solo si va
acompañada de políticas integrales de salud, nutrición, empleo y justicia social Jaramillo-Molina,
(2022) y Huerta-Estévez et al., (2023). La promesa de la educación como igualadora social sigue
vigente, pero no se ha materializado plenamente.
En la siguiente tabla se muestra un resumen de los hallazgo concebidos con el actual estudio:
educativas distintas, como es el caso la reforma educativa de 2013 centrada en evaluación docente, y la
de 2019 donde se enfatizaba mayormente la equidad, pero a pesar de este impulso no se ha generado
una base de continuidad o sistemas robustos de evaluación de este impacto. Ante esto, Pérez (2019)
expresa que debido a la ausencia de evaluaciones longitudinales no se conoce con precisión la eficacia
de los cambios promovidos y esto debilita la toma de decisiones basada en evidencia; esta
discontinuidad ha generado incertidumbre entre actores clave como docentes, estudiantes y padres,
socavando la legitimidad social de las políticas implementadas.
El cuarto hallazgo se relaciona con la inversión pública con resultados mixtos en calidad educativa,
donde los programas de expansión educativa han arrojado resultados ambivalentes, a pesar de que la
inversión educativa ha sido sostenida como un porción del PIB, los indicadores de calidad y aprendizaje
no muestran mejoras proporcionales; una prueba de ellos son los resultados de las pruebas
estandarizadas como PISA o PLANEA siguen mostrando brechas significativas específicamente en el
nivel socioeconómico y región geográfica (Rodríguez-Cano y Morgan-Beltrán, 2021). Por lo que es
valedero resaltar que la equidad educativa no solo se alcanza ampliando la cobertura, sino asegurando
la pertinencia cultural, pedagógica y evaluativa del proceso educativo, sin embargo, el modelo de
evaluación estandarizado ha sido insuficiente para captar la complejidad del aprendizaje en contextos
de exclusión como lo traduce Fajardo, (2018) y Solazzi (2023)
Finalmente, al evaluar la educación como mecanismo potencial de movilidad, aún no concretada, se
puede notar que aunque la educación es percibida como un camino hacia la movilidad social ascendente,
aun es controlada por barreras estructurales que no se han logrado resolver, entre ellas la segmentación
del sistema, la desigualdad en la calidad de instituciones y la discriminación sistémica Jiménez-Moreno
(2021) en conjunto con López-Salazar y Torre-Valdez, (2022).
Los estudios revisados coinciden en que la educación puede romper ciclos de pobreza solo si va
acompañada de políticas integrales de salud, nutrición, empleo y justicia social Jaramillo-Molina,
(2022) y Huerta-Estévez et al., (2023). La promesa de la educación como igualadora social sigue
vigente, pero no se ha materializado plenamente.
En la siguiente tabla se muestra un resumen de los hallazgo concebidos con el actual estudio:
pág. 16737
Tabla 1 Principales hallazgos
Dimensión Analizada Hallazgo Principal
Cobertura y permanencia escolar. Persistencia de exclusión educativa en niveles medio y superior.
Diseño institucional. Políticas centralizadas, poco contextualizadas territorialmente.
Continuidad y evaluación de
reformas.
Falta de continuidad entre sexenios y escasa evaluación de
impacto real.
Calidad educativa. Resultados inconsistentes pese a inversión pública sostenida.
Equidad y movilidad social. Educación aún no logra reducir desigualdades estructurales.
Nota: Esta tabla muestra las dimensiones y una conclusión concreta de los hallazgos analizados.
En este sentido, a medida que México lidia con la persistente desigualdad social, la evolución de su
política educativa debe ser estratégica e innovadora para fomentar una sociedad equitativa, por lo tanto
las futuras políticas educativas en México deben centrarse en abordar las disparidades, no solo
ampliando el acceso a una educación de calidad, sino también adaptando los enfoques para satisfacer
las diversas necesidades de su panorama socioeconómico y dado que la educación es un instrumento
fundamental para la movilidad socioeconómica, los responsables de la formulación de políticas deben
garantizar que las intervenciones sean inclusivas y holísticas, y que reduzcan las brechas en el acceso,
la calidad y las oportunidades para todos los educandos.
Para hacer frente a estas complejidades, es esencial una estrategia multifacética que integre tanto
métodos pedagógicos innovadores como amplias reformas sistémicas, esto implica adoptar entornos de
aprendizaje flexibles que se adapten a alumnos de diversos orígenes, las políticas que enfatizan la
inclusión podrían reforzarse mediante la implementación de ajustes curriculares que reflejen las
realidades socioculturales de todas las comunidades mexicanas; la integración de los contextos locales
en los materiales y metodologías educativos puede mejorar la participación y los resultados del
aprendizaje, elevando así los estándares educativos entre los grupos infrarrepresentados y la adopción
de los avances tecnológicos ofrece una vía prometedora para transformar el panorama educativo
(Rodríguez-Cano y Morgan-Beltrán, 2021) .
Aprovechar la tecnología puede facilitar el acceso a los recursos, conectar comunidades aisladas y
proporcionar experiencias de aprendizaje personalizadas, la incorporación de herramientas y
plataformas digitales debe ser un componente fundamental de las políticas futuras, centrándose en la
creación de una infraestructura digital equitativa y en la mejora de la alfabetización digital; al incorporar
Tabla 1 Principales hallazgos
Dimensión Analizada Hallazgo Principal
Cobertura y permanencia escolar. Persistencia de exclusión educativa en niveles medio y superior.
Diseño institucional. Políticas centralizadas, poco contextualizadas territorialmente.
Continuidad y evaluación de
reformas.
Falta de continuidad entre sexenios y escasa evaluación de
impacto real.
Calidad educativa. Resultados inconsistentes pese a inversión pública sostenida.
Equidad y movilidad social. Educación aún no logra reducir desigualdades estructurales.
Nota: Esta tabla muestra las dimensiones y una conclusión concreta de los hallazgos analizados.
En este sentido, a medida que México lidia con la persistente desigualdad social, la evolución de su
política educativa debe ser estratégica e innovadora para fomentar una sociedad equitativa, por lo tanto
las futuras políticas educativas en México deben centrarse en abordar las disparidades, no solo
ampliando el acceso a una educación de calidad, sino también adaptando los enfoques para satisfacer
las diversas necesidades de su panorama socioeconómico y dado que la educación es un instrumento
fundamental para la movilidad socioeconómica, los responsables de la formulación de políticas deben
garantizar que las intervenciones sean inclusivas y holísticas, y que reduzcan las brechas en el acceso,
la calidad y las oportunidades para todos los educandos.
Para hacer frente a estas complejidades, es esencial una estrategia multifacética que integre tanto
métodos pedagógicos innovadores como amplias reformas sistémicas, esto implica adoptar entornos de
aprendizaje flexibles que se adapten a alumnos de diversos orígenes, las políticas que enfatizan la
inclusión podrían reforzarse mediante la implementación de ajustes curriculares que reflejen las
realidades socioculturales de todas las comunidades mexicanas; la integración de los contextos locales
en los materiales y metodologías educativos puede mejorar la participación y los resultados del
aprendizaje, elevando así los estándares educativos entre los grupos infrarrepresentados y la adopción
de los avances tecnológicos ofrece una vía prometedora para transformar el panorama educativo
(Rodríguez-Cano y Morgan-Beltrán, 2021) .
Aprovechar la tecnología puede facilitar el acceso a los recursos, conectar comunidades aisladas y
proporcionar experiencias de aprendizaje personalizadas, la incorporación de herramientas y
plataformas digitales debe ser un componente fundamental de las políticas futuras, centrándose en la
creación de una infraestructura digital equitativa y en la mejora de la alfabetización digital; al incorporar
pág. 16738
iniciativas impulsadas por la tecnología dentro de los marcos educativos nacionales, México puede
impulsarse hacia la reducción de las disparidades educativas y el fomento de una sociedad más
equitativa, por lo tanto, la armonización de las prácticas educativas innovadoras con las iniciativas de
política estratégica tiene el potencial de avanzar significativamente en la búsqueda de la igualdad social
en México a través de la educación (Dussel y Williams, 2023).
CONCLUSIONES
Al finalizar el análisis de las políticas públicas en México destinadas a aprovechar la educación como
medio para reducir la desigualdad social, se evidencia que, si bien se han logrado avances, persisten
desafíos, la interacción entre la educación y la equidad social es compleja y requiere un enfoque
multifacético que trascienda la mera implementación de políticas; las iniciativas educativas deben
integrarse de manera efectiva con programas sociales más amplios para abordar las raíces de la
desigualdad. Los avances en México ilustran cómo las inversiones priorizadas en educación pueden
generar importantes beneficios para la sociedad, pero también exponen brechas sistémicas que
obstaculizan el acceso equitativo y la calidad.
Con el presente artículo se ofreció una visión integrada y longitudinal de las políticas públicas
educativas en México desde el año 2000 articulando enfoques de equidad, justicia distributiva y
derechos humanos, resaltando la necesidad de comprender la política educativa desde su contexto de
aplicación, sus limitaciones institucionales y sus contradicciones ideológicas. Entre los aportes más
significativos se encuentra la identificación de una falla estructural en la coherencia entre el diseño
normativo y la implementación territorial, así como la necesidad de reformular las políticas educativas
con participación comunitaria y mecanismos de evaluación continua, especialmente en poblaciones
vulnerables. Esta discusión abre nuevas líneas de investigación orientadas a explorar el impacto
diferencial de políticas educativas por región y grupo etnolingüístico, estudiar la interacción entre
políticas educativas y políticas de protección social y proponer modelos de gobernanza educativa más
inclusivos y adaptativos; los resultados de esta investigación permiten asegurar que aún persisten
desigualdades profundas en el acceso y permanencia educativa, especialmente en niveles medio
superior y superior, esto afecta de manera desproporcionada a poblaciones rurales, indígenas, mujeres
y jóvenes en situación de pobreza.
iniciativas impulsadas por la tecnología dentro de los marcos educativos nacionales, México puede
impulsarse hacia la reducción de las disparidades educativas y el fomento de una sociedad más
equitativa, por lo tanto, la armonización de las prácticas educativas innovadoras con las iniciativas de
política estratégica tiene el potencial de avanzar significativamente en la búsqueda de la igualdad social
en México a través de la educación (Dussel y Williams, 2023).
CONCLUSIONES
Al finalizar el análisis de las políticas públicas en México destinadas a aprovechar la educación como
medio para reducir la desigualdad social, se evidencia que, si bien se han logrado avances, persisten
desafíos, la interacción entre la educación y la equidad social es compleja y requiere un enfoque
multifacético que trascienda la mera implementación de políticas; las iniciativas educativas deben
integrarse de manera efectiva con programas sociales más amplios para abordar las raíces de la
desigualdad. Los avances en México ilustran cómo las inversiones priorizadas en educación pueden
generar importantes beneficios para la sociedad, pero también exponen brechas sistémicas que
obstaculizan el acceso equitativo y la calidad.
Con el presente artículo se ofreció una visión integrada y longitudinal de las políticas públicas
educativas en México desde el año 2000 articulando enfoques de equidad, justicia distributiva y
derechos humanos, resaltando la necesidad de comprender la política educativa desde su contexto de
aplicación, sus limitaciones institucionales y sus contradicciones ideológicas. Entre los aportes más
significativos se encuentra la identificación de una falla estructural en la coherencia entre el diseño
normativo y la implementación territorial, así como la necesidad de reformular las políticas educativas
con participación comunitaria y mecanismos de evaluación continua, especialmente en poblaciones
vulnerables. Esta discusión abre nuevas líneas de investigación orientadas a explorar el impacto
diferencial de políticas educativas por región y grupo etnolingüístico, estudiar la interacción entre
políticas educativas y políticas de protección social y proponer modelos de gobernanza educativa más
inclusivos y adaptativos; los resultados de esta investigación permiten asegurar que aún persisten
desigualdades profundas en el acceso y permanencia educativa, especialmente en niveles medio
superior y superior, esto afecta de manera desproporcionada a poblaciones rurales, indígenas, mujeres
y jóvenes en situación de pobreza.
pág. 16739
Por encima de los esfuerzos por ampliar la cobertura, las políticas educativas no han logrado cerrar las
brechas acumulativas derivadas de condiciones socioeconómicas desiguales, estas han carecido de una
visión contextualizada, replicando modelos centralistas en los que no se consideran las realidades
locales y culturales por lo que esta desconexión ha limitado la eficacia de las intervenciones educativas,
generando respuestas homogéneas frente a problemáticas heterogéneas; por otra parte, las reformas
educativas han estado marcadas por una baja continuidad institucional y escasa evaluación de impacto
produciendo ciclos de implementación inconclusa y falta de aprendizaje institucional, afectado la
legitimidad social del sistema educativo y dificultando la formulación de políticas públicas sustentadas
en evidencia.
Aunque la inversión educativa ha sido no ha resultado consistentemente en mejoras en la calidad del
aprendizaje, lo que demuestra una tensión entre expansión cuantitativa y pertinencia pedagógica, donde
la calidad sigue estando profundamente vinculada al origen social del alumnado y a la capacidad
institucional de las escuelas. En este contexto, la educación mantiene un potencial latente como
mecanismo de movilidad social siendo indispensable para su materialización que las políticas públicas
se articulen e integren con estrategias intersectoriales que garanticen derechos básicos como salud,
nutrición, conectividad y empleo digno, de forma particular en las regiones y comunidades
históricamente marginadas.
En consonancia con los derechos humanos y de justicia social se reafirma que la educación debe dejar
de ser una promesa postergada y convertirse en un derecho plenamente garantizado, desde lo normativo
y desde la acción estatal efectiva. Para ello, se recomienda diseñar políticas educativas con enfoque
territorial y participativo en las que se reconozca la diversidad cultural y social del país, fortalecer los
mecanismos de evaluación independiente y longitudinal para todas las políticas educativas, asegurando
su continuidad y ajuste con base en resultados verificables; promover un modelo de gobernanza
educativa que sea inclusivo, en el que los actores comunitarios, docentes, estudiantes y gobiernos
locales puedan integrarse de forma activa apoyando el diseño e implementación de las estrategias
educativas e integrar de manera transversal los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular los
ODS 4 y 10 vinculantes en la orientación de la equidad educativa en función de reducir las
desigualdades estructurales.
Por encima de los esfuerzos por ampliar la cobertura, las políticas educativas no han logrado cerrar las
brechas acumulativas derivadas de condiciones socioeconómicas desiguales, estas han carecido de una
visión contextualizada, replicando modelos centralistas en los que no se consideran las realidades
locales y culturales por lo que esta desconexión ha limitado la eficacia de las intervenciones educativas,
generando respuestas homogéneas frente a problemáticas heterogéneas; por otra parte, las reformas
educativas han estado marcadas por una baja continuidad institucional y escasa evaluación de impacto
produciendo ciclos de implementación inconclusa y falta de aprendizaje institucional, afectado la
legitimidad social del sistema educativo y dificultando la formulación de políticas públicas sustentadas
en evidencia.
Aunque la inversión educativa ha sido no ha resultado consistentemente en mejoras en la calidad del
aprendizaje, lo que demuestra una tensión entre expansión cuantitativa y pertinencia pedagógica, donde
la calidad sigue estando profundamente vinculada al origen social del alumnado y a la capacidad
institucional de las escuelas. En este contexto, la educación mantiene un potencial latente como
mecanismo de movilidad social siendo indispensable para su materialización que las políticas públicas
se articulen e integren con estrategias intersectoriales que garanticen derechos básicos como salud,
nutrición, conectividad y empleo digno, de forma particular en las regiones y comunidades
históricamente marginadas.
En consonancia con los derechos humanos y de justicia social se reafirma que la educación debe dejar
de ser una promesa postergada y convertirse en un derecho plenamente garantizado, desde lo normativo
y desde la acción estatal efectiva. Para ello, se recomienda diseñar políticas educativas con enfoque
territorial y participativo en las que se reconozca la diversidad cultural y social del país, fortalecer los
mecanismos de evaluación independiente y longitudinal para todas las políticas educativas, asegurando
su continuidad y ajuste con base en resultados verificables; promover un modelo de gobernanza
educativa que sea inclusivo, en el que los actores comunitarios, docentes, estudiantes y gobiernos
locales puedan integrarse de forma activa apoyando el diseño e implementación de las estrategias
educativas e integrar de manera transversal los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular los
ODS 4 y 10 vinculantes en la orientación de la equidad educativa en función de reducir las
desigualdades estructurales.
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De esta forma se abren las puertas a nuevas líneas de trabajo académico y político que guíen la
construcción de una educación más justa, incluyente y emancipadora, la pertinencia de este estudio se
sostiene no solo en la necesidad de evaluar el pasado, sino en la urgencia de transformar el presente y
futuro educativo de México.
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