Minería
informal e ilegal: Alcances desde el ámbito social,
económico y
medioambiental en el Perú
Hipólito
Vargas Sacha
https://orcid.org/0000-0001-9729-8242
RESUMEN
Este estudio
se realizó con la finalidad de analizar la actividad minera informal e ilegal
del Perú, a través de distintas fuentes reconocidas, enfocado en los aspectos
que alcanza: ámbito social, medioambiental y económico, destacando la
importancia de brindar a las poblaciones vulnerables más afectadas las
herramientas que les permitan desarrollar dicha actividad dentro de la
legislación nacional y potenciar así su crecimiento económico, desarrollando
además como aporte, una comisión unificada que permita regular y mejorar las condiciones
de trabajo, brindando protección tanto a los individuos, como al ambiente, el
agua, suelos y el aire, contando para ello con el compromiso de las entidades
estatales, empresas privadas y la ciudadanía, para revertir los efectos nocivos
de la actividad minera y apalancar una productividad ambientalmente responsable
para el mejor porvenir del país.
Palabras clave: minería ilegal, contaminación
ambiental, sostenibilidad.
Informal and illegal mining: Scope from the social sphere,
economic and environmental in Peru
ABSTRACT
This study was
carried out with the purpose of analyzing the informal and illegal mining
activity in Peru in summary form, through different recognized sources, focused
on the aspects that it reaches: social, environmental and economic, stressing
the importance of providing the most affected vulnerable populations with the
tools that will enable them to carry out this activity within national
legislation and thus boost their economic growth, while also developing as a
contribution, a unified commission to regulate and improve working conditions,
providing protection for individuals, the environment, water, soil and air,
with the commitment of State entities, private companies and citizens, to
reverse the harmful effects of mining activity and leverage environmentally
responsible productivity for the best future of the country.
Keywords: illegal
mining, environmental contamination, sustainability.
Artículo recibido: 03 marzo 2022
Aceptado para publicación: 20 marzo 2022
Correspondencia: hipolito.vargas@unh.edu.pe
Conflictos
de Interés: Ninguna que declarar
INTRODUCCIÓN
El Perú es
ampliamente reconocido por su riqueza geológica a lo ancho del territorio
nacional, tomando en consideración la gran extensión de yacimientos de oro, plata
y bronce que posee, por lo que se ha convertido en un promotor del
extractivismo (Glave, 2007). En ese
sentido, es un país eminentemente minero, lo que le ha permitido en las últimas
décadas alcanzar un crecimiento económico favorable, además de ser, según Mamani
et al. (2022), el cuarto productor de plomo en el mundo, por lo que está
expuesto a la contaminación ambiental producida por la explotación minera, tanto
formal como informal.
Al respecto, Glave y Kuramoto (2002), señalaron que “la
minería peruana está orientada principalmente al mercado externo y es el sector
económico que más contribuye en la balanza comercial, con alrededor de 45% de
las exportaciones totales”, no obstante, la baja disponibilidad de mano de obra
calificada a nivel local, impide el máximo aprovechamiento económico, reduciéndose
a tan solo al 5% del PIB nacional y entre 2 a 3% del empleo del país. Adicional
a lo anterior, Martínez (2013), confirmó que constantes conflictos socio-ambientales
se han originado entre las empresas mineras del país y la comunidad, debido al profundo
impacto ambiental derivado de la explotación minera por altas demandas de
dichas materias primas, por parte de sociedades industrializadas.
En ese sentido este estudio plantea realizar un
análisis sobre la minería informal e
ilegal, destacando su alcance en el ámbito social, económico y medioambiental
en el Perú y así brindar una perspectiva de la realidad actual, resaltando de
igual manera la implicación del Estado peruano en la resolución de dichos
conflictos y la aplicación de normativas adecuadas para fomentar la expansión
de dicha actividad de manera segura para garantizar una sostenibilidad a largo
plazo, apalancada en la inversión extranjera proveniente de países como China,
principalmente.
La
minería informal e ilegal alcances desde el ámbito social, económico y
medioambiental en el Perú
La minería informal e ilegal es una consecuencia de la
falta de leyes eficaces y de la poca gestión por parte de las entidades del
Estado por hacer cumplir dichas regulaciones (Gallardo et al. 2013). En
detrimento de ello, las explotaciones manuales de minerales, en especial de oro,
han venido constituyendo una fuente de recursos económicos para determinados
sectores de población, principalmente, donde existen altas tasas de pobreza y
están carentes de alternativas laborales y profesionales, desde hace mucho
tiempo. En línea con lo anterior, sostuvo Glave
(2007), lo siguiente:
“Es preciso diseñar e implementar políticas que
promuevan la diversificación económica y que generen incentivos para la
inversión en actividades económicas en las zonas mineras. Asimismo, es preciso
que el Estado haga inversiones complementarias que incrementen el impacto del
canon y las regalías, entre otras medidas. Pero también olvidamos que para
diseñar e implementar políticas se debe tener un sólido conocimiento sobre el
tema”.
También Roma (2021), argumentó que la minería informal
constituye un importante problema en Perú y además en naciones como Ecuador,
Bolivia y Colombia, con graves afectaciones al medio ambiente y que tiene
repercusiones en materias sensibles como la trata de personas y la financiación
de grupos criminales organizados. Otro aspecto para considerar en este
particular, de acuerdo con Chávez (2022), es el importante número de
productores, los cuales, en muchos casos pueden acceder a medios productivos
altamente dañinos en una economía de escala que no puede ser desatendida,
capaces de generar una importante producción de mineral.
Por su parte, Manrique y Sanborn
(2021), señalaron que
la falta de supervisión especializada y el correcto uso de equipos y recursos,
se convirtió en una alerta constante para trabajadores y entidades del Estado,
quienes podrían recibir sanciones tanto nacionales como internacionales por las
afectaciones a trabajadores y el ambiente. Asimismo, sostuvo Suárez (2014), que
es importante crear diversas legislaciones para formalizar la minería en los poblados
más apartados, con el fin de garantizar la salud y seguridad de las personas,
la recaudación tributaria, la conservación del patrimonio natural y el
desarrollo de actividades económicas sostenibles.
De igual forma Brou (2019), señaló que el contar con
un territorio rico en minerales y la gran cantidad de fronteras, vuelven al
país particularmente vulnerable ante la minería ilegal o informal y en
particular al narcotráfico. Asimismo, destacó Acosta (2014) que las actividades mineras ilícitas que reúnen grandes
cantidades de dinero se relacionan por medio de actividades como el lobby, el
financiamiento de campañas, y actividades similares, en diversos sectores
estatales, haciendo parecer ser dejadas de lado a la hora de analizar a
profundidad el impacto del dinero en la política. Como complemento de ello, el
informe del Banco mundial (2005) publicó lo siguiente:
La minería ilícita, se mantiene enraizada en el Perú y
se conecta con otras actividades ilícitas como el narcotráfico o la trata de
personas. Por lo que, es de suma importancia analizar el vínculo que mantiene
con la política peruana, y así develar las formas en la que dichas actividades
permanecen al margen de la ley.
Mientras que, en relación a la contaminación ambiental,
dicho informe, sumado a la investigación de Gianoli et al. (2019), demostraron que
la cantidad de contaminación microbiana presente en el agua, son
alarmantes, debido a que están estrechamente relacionados con los ecosistemas y
la salud humana, demostrando que elevadas concentraciones de coliformes totales
y termotolerantes estarían relacionados con su cercanía a zonas urbanizadas de
la ciudad de Puerto Maldonado. Esta
situación según Kambuta y Ulloa, (2020), podría
revertirse considerando la capacidad de respuesta de las instituciones
encargadas de prevenir, monitorear, y fiscalizar las irregularidades dentro del
territorio nacional, garantizando la sustentabilidad.
Ciertamente la economía a nivel nacional se sustenta
en base a la actividad minera, sin embargo, las expectativas creadas por dicho desarrollo
son interrumpidas por el daño al medio ambiente, por un lado, y por las
limitaciones en el uso y distribución de los ingresos de la minería, por el
otro. Ambos hechos están ocasionando conflictos sociales, hasta el punto en que
podrían desalentar a los inversionistas y afectar el inicio de nuevos
proyectos, ocasionando en ese sentido, lo que se ha denominado “la maldición de
los recursos naturales” (Acosta, 2011).
Lo anterior se refleja de forma detallada en el Informe
de sustentabilidad del Banco Mundial (2005), donde se mencionan diversos
aspectos que truncan el progreso socioeconómico del país, evidenciando el
alcance de la actividad minera en el aspecto social, tales como:
§
Falta
de conocimientos y conciencia por parte de la población sobre temas ambientales
relacionados con las operaciones mineras;
§
La
ausencia de información de línea base para medir la calidad del medio ambiente
y los riesgos derivados de los pasivos ambientales;
§
La
opinión ampliamente difundida de que calidad
ambiental y crecimiento económico son objetivos incompatibles;
§
Un
marco institucional débil, que incluye la ausencia de una autoridad ambiental
central independiente con capacidad de fiscalización; y
§
Carencias
de recursos financieros y humanos en la unidad ambiental sectorial dependiente
del Ministerio de Energía y Minas (MEM) para que pueda llevar a cabo sus tareas
de manera eficiente.
Abordar los puntos mencionados es una tarea pendiente
por parte del Gobierno Nacional que al ser solventados beneficiará a la
sociedad alcanzando el equilibrio económico y social esperado, logrando un
enfoque exitoso y compatible entre la calidad ambiental y el desarrollo
económico, a través del diseño de estrategias competitivas, minimizando así los
indicadores negativos como los pasivos ambientales mineros, de manera que sea posible además, reducir el
sentimiento colectivo de malestar entre las comunidades más vulnerables.
Otra investigación a resaltar es la de Luque (2021),
quien destacó el impacto ambiental ocasionado por la minería ilegal, con relación
a la deforestación en el sureste de la amazonia del Perú, caso Región de Madre
de Dios (Puerto Maldonado – Inambari), basado en los siguientes hallazgos:
El avance de la minería aurífera aluvial, influenciada
por la pavimentación de la vía interoceánica y por el alza del precio del oro,
es el agente principal de la deforestación, y en menor orden, la ampliación de
la frontera agrícola, la ganadería y la actividad forestal. Esto ha ocasionado
una superficie deforestada de 55 426 ha., la cual representa una tasa anual de
cambio de cobertura de – 0,22% y una deforestación anual promedio de 3 246
ha/año.
Lo expuesto anteriormente coincide con Lozada (2017), haciendo
destacar que la minería ilegal e informal continua incrementándose a través de
los años provocando daños al medio ambiente generando además de la
deforestación, otras figuras delictivas, por lo que representa en la
actualidad, el mayor problema ambiental, económico y social del país. Estudios
previos demostraron que entre el 2006 y el 2011, la tasa de deforestación
creció en un 425%, de manera que cuando en el 2006 la deforestación era de 2010
hectáreas al año, durante el 2011, llegó a 8536 hectáreas anuales a nivel
nacional (Luque, 2021).
Respecto a esta situación, Smits et al. (2020), expusieron que las entidades gubernamentales y de
desarrollo han iniciado esfuerzos para la formalización de mineros artesanales,
así como para que los mineros dejen de usar mercurio en los sistemas de
procesamiento de minerales y mejoren los métodos de recuperación de oro. De
igual forma destacaron que, aun cuando existe un claro reconocimiento entre las
comunidades y los reguladores, como una operación ilegal e informal, el sector
es fundamental para los medios de vida rurales, por consiguiente, existen
preocupaciones relacionadas con su sostenibilidad como medio de vida viable y
los impactos ambientales y sociales asociados.
De acuerdo con el estudio antes señalado, el Perú
creó el Registro Integrado de Formalización Minera (REINFO) (2012), una base de
datos utilizada para registrar a los mineros para su formalización. Desde
entonces, el proceso de registro y la base de datos han pasado por varias actualizaciones,
pese a ello, el gobierno nacional confirmó el registro de aproximadamente 50.000
mineros hasta el año 2020, procedentes del sur del Perú (Arequipa, Ayacucho,
Puno, Apurímac y Madre de Dios).
En ese orden, se desprende la importancia de regular las obligaciones y procedimientos que deben
cumplir los titulares de la actividad minera para la elaboración, presentación
e implementación de extracción de minerales, que aseguren el cumplimiento de
las inversiones que representa, sujeta a
los principios de protección, preservación y recuperación del medio ambiente (Rodríguez
y Julca, 2020), teniendo como principal finalidad el mitigar sus
impactos negativos a la salud de la población, el ecosistema circundante y la
propiedad, teniendo en cuenta que la minería es una de las principales fuentes
de contaminación del agua, el aire, el suelo y el paisaje, siendo al mismo
tiempo la actividad central de la economía del país, tal como fue señalado por Menéndez y
Muñoz (2021).
Entre tanto, se estima que el impacto económico relacionado
a la actividad minera desarrollada al margen de la ley conlleva a situaciones
desfavorables para el país, siendo estas descritas por Roma (2021), de la
siguiente manera;
§
Muchas
de las áreas en donde se desarrolla la actividad minera cuentan con poca
presencia efectiva de las instituciones estatales, y en ocasiones se hallan
ubicadas en zonas de fronteras permeables que dificultan la aplicación de la
legislación minera.
§
El
incremento del precio de los metales preciosos, unida a las mejoras en
transporte y comunicación, han favorecido la rentabilidad de una actividad
tradicionalmente limitada a la subsistencia de los productores.
§
A
diferencia de otras actividades, la minería permite obtener metales como el
oro, de lícito comercio y con una rentabilidad más alta que, por ejemplo, la
cocaína, atendiendo al precio por kilogramo.
§
La
preexistencia de una población que practicaba la actividad frecuentemente se
ubica en zonas de territorio con altas tasas de pobreza y carente de
alternativas laborales y profesionales.
§
La
actividad minera se consolida como uno de los principales valores del producto
interno bruto de las distintas naciones en que se desarrolla esta actividad, lo
que no ha impedido que el porcentaje de la minería ilegal cuente con unas
proporciones elevadísimas.
De manera complementaria, se destaca la necesidad de
que las normas estatales regulatorias sean claras y efectivas, permitiendo establecer
las responsabilidades del participante de la actividad minera y asignar
sanciones pertinentes. Basado en ello, se menciona a continuación lo señalado
en la Legislación peruana; Ley n ° 29815 del 20 de diciembre de 2011, analizando
dos aspectos relevantes:
§
Castigar
la ausencia de autorización de la entidad administrativa competente. En este sentido,
debe valorarse en los casos concretos los supuestos de extralimitación de la
licencia atendiendo al principio de proporcionalidad, en que la licencia
circunscribe la autorización. Al respecto, habrá que entender que la licencia
debe ser la escrita y adaptada a la legislación minera, con exclusión de las
autorizaciones informales o verbales.
§
La
acusación efectiva o potencial de causar perjuicio, alteración o daño al
ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental. Esto es,
el concepto de potencialidad del daño, pudiendo castigarse con la misma pena a
quien contamina, y a quien realiza una actividad que, en muchos casos, cuenta con
un alcance contaminante casi desapercibido.
CONCLUSIONES
La investigación realizada permitió generar las
siguientes aportaciones en relación con la minería informal e ilegal: Alcances
desde el ámbito social, económico y medioambiental en el Perú:
Es importante la conformación de una comisión
unificada que vele por el cumplimiento de la legislación peruana y más allá de
ello, represente a los trabajadores informales, permitiendo su formalización y
con ello, el desarrollo óptimo de las actividades mineras en concordancia con
las exigencias del gobierno nacional, contando con el respaldo del Estado y la
comunidad para solventar los conflictos socioeconómicos y ambientalistas.
Para cumplir lo anterior, debe consolidarse una
normativa clara y consensuada a nivel nacional y regional, través de la cual
sean valorados los derechos y deberes de los trabajadores informales, la cual segregue
claramente la intencionalidad de la actividad minera, apoyando a los pobladores
y sancionando a los foráneos y nativos de forma severa, cuando incumplan la
ley, garantizando la protección al ambiente, el agua y los suelos.
Se recomienda realizar un programa nacional de
capacitaciones para los mineros, en función de optimizar sus procesos de extracción
de metales precisos, dotándoles de herramientas y conocimientos para hacerlos
autogestores de su productividad y seguridad, dándoles un lugar en la cadena
productiva, brindando fuentes de empleo y sustentabilidad a las poblaciones
vulnerables, impulsando su desarrollo económico.
Trabajar de forma conjunta el Estado y las grandes
empresas mineras, en función de crear campañas informativas, investigativas y
de asistencia económica a la población más afectada por los efectos de la
contaminación y deforestación, demostrando con hechos su compromiso por brindar
a las futuras generaciones un lugar seguro para vivir, siendo social y
ambientalmente responsables, y así recuperar además, la confianza por parte de
sociedad, hacia las instituciones públicas y privadas involucradas.
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