CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LOS
GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES:
BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN
PRESUPUESTARIA DE CASOS EMERGENTES
PUBLIC PROCUREMENT IN MUNICIPAL AUTONOMOUS
GOVERNMENTS: GOOD PRACTICES IN THE BUDGETARY
MANAGEMENT OF EMERGING CASES
Denny Luis Avila Sanchez
Universidad Técnica de Machala, Ecuador
Cesar Efren Barzola Armijos
Universidad Técnica de Machala, Ecuador
Zaida Patricia Morocho Roman
Universidad Técnica de Machala, Ecuador

pág. 10502
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i6.22203
Contratación Pública en los Gobiernos Autónomos Municipales:
Buenas Prácticas en la Gestión Presupuestaria de Casos Emergentes
Denny Luis Avila Sanchez1
davila4@utmachala.edu.ec
https://orcid.org/0009-0009-0547-4292
Universidad Técnica de Machala
Ecuador
Cesar Efren Barzola Armijos
cbarzola1@utmachala.edu.ec
https://orcid.org/0009-0002-6316-0717
Universidad Técnica de Machala
Ecuador
Zaida Patricia Morocho Roman
zmorocho@utmachala.edu.ec
https://orcid.org/0000-0003-3964-843X
Universidad Técnica de Machala
Ecuador
RESUMEN
El objetivo de la investigación fue evaluar la aplicación de buenas prácticas en la gestión presupuestaria
de la contratación pública emergente ejecutada por el GAD Municipal de Machala durante la
emergencia sanitaria por COVID-19. El estudio adopta un enfoque cualitativo, con un diseño de estudio
de caso y método descriptivo, utilizando como técnica el análisis documental de informes de auditoría
de la Contraloría General del Estado y del marco normativo aplicable. Los resultados evidencian
deficiencias en transparencia, eficiencia, legalidad, planificación y capacidad técnica, manifestadas en
omisiones de publicación contractual, sobreprecios, pagos sin respaldo documental y ausencia de
justificación técnica. Estas prácticas reflejan una priorización de la celeridad operativa sobre la calidad
institucional del gasto. Se concluye que la contratación pública emergente no se alineó de manera
sistemática con los principios que rigen la gestión presupuestaria, lo que resalta la necesidad de
fortalecer la planificación, el control y las capacidades técnicas para mejorar la respuesta institucional
ante futuras crisis.
Palabras clave: contratación pública, gestión presupuestaria, transparencia administrativa,
administración pública local, covid-19
1 Autor principal
Correspondencia: davila4@utmachala.edu.ec

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Public Procurement in Municipal Autonomous Governments: Good
Practices in the Budgetary Management of Emerging Cases
ABSTRACT
The aim of this research was to evaluate the application of good practices in the budgetary management
of emergency public procurement carried out by the Municipal Government of Machala during the
COVID-19 health emergency. The study adopts a qualitative approach, using a case study design and a
descriptive method, based on documentary analysis of audit reports issued by the Office of the
Comptroller General and the applicable regulatory framework. The findings reveal deficiencies in
transparency, efficiency, legality, planning, and technical capacity, reflected in failures to publish
contractual information, overpricing, undocumented payments, and lack of technical justification.
These practices indicate a predominance of operational speed over institutional quality in public
spending. The study concludes that emergency public procurement was not systematically aligned with
budgetary management principles, highlighting the need to strengthen planning, oversight mechanisms,
and technical capacities to improve institutional performance in future emergency contexts.
Keywords: public procurement, budget management, administrative transparency, local public
administration, covid-19
Artículo recibido 10 diciembre 2025
Aceptado para publicación: 10 enero 2026

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INTRODUCCIÓN
Como punto de partida es necesario mencionar que los procesos de adquisición de bienes y servicios
por parte de los municipios simbolizan un instrumento trascendental para llevar a cabo la
materialización de las acciones gubernamentales, así como brindar una adecuada atención a las
necesidades básicas poblacionales. Un aspecto importante a enfatizar es que la pandemia suscitada en
2020 significó a nivel global un evento sin precedentes que puso en jaque los sistemas de salud pública
y, en Ecuador en especial, sirvió para destapar una fuerte ola de corrupción de los sistemas de
contratación pública, de acuerdo al estudio de Carrión y Maldonado (2024) los sobreprecios en el
sistema de salud público generaron un perjuicio al Estado de más 17 millones de dólares.
Como es posible de contrastar, esta situación excepcional evidenció una serie de fragilidades en los
esquemas de ejecución financiera y destacó la necesidad de fortalecer los sistemas de fiscalización y de
rendición de cuentas. En este marco, Gudiño (2022) resaltan que la transparencia se perfila como uno
de los principios básicos para llevar a cabo un enfrentamiento efectivo sobre los casos de corrupción en
Ecuador, destacando además el rol de la participación ciudadana dentro de los procesos de fiscalización.
Las gestiones observadas en los gobiernos municipales a lo largo de la crisis sanitaria develaron
diferentes vulnerabilidades estructurales en lo referente al proceso catalogado como contratación
emergente. Entre las principales deficiencias se identifican la limitada capacidad técnica para la
implementación de procedimientos excepcionales, la insuficiente planificación presupuestaria y la
carencia de mecanismos efectivos de supervisión institucional.
Con énfasis en lo anterior, Ochoipoma y Muñoz (2023) advierten que, pese a que los fundamentos de
la contratación pública como la transparencia, libre concurrencia y eficiencia se encuentran
formalmente establecidos en el ordenamiento jurídico, su materialización concreta enfrenta retos
considerables particularmente en situaciones de emergencia, donde la premura puede comprometer la
adecuada supervisión y control administrativo.
La relevancia de esta investigación radica en su aporte concreto al fortalecimiento de la gobernanza
local y la transparencia, esto a través de la exposición de evidencia empírica sobre las prácticas que
mejoran la capacidad institucional para actuar en contextos de crisis como la afrontada en el último
lustro.

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Como argumentan Rojas et al. (2025), la persistencia de marcos regulatorios desactualizados y de
estructuras organizacionales endebles ha obstaculizado el desarrollo de procesos de compra pública
sostenibles durante los períodos de emergencia extraordinarios, afectando la legitimidad de las
decisiones administrativas, así como la confianza hacia los funcionarios.
En esta misma línea, la literatura actual subraya la necesidad de adoptar estrategias integradoras que
equilibren la eficiencia presupuestaria, sostenibilidad y participación ciudadana dentro de los procesos
de contratación pública. Investigaciones como las de Arteaga et al. (2025) demuestran que el uso
efectivo de los recursos en los gobiernos subnacionales se fundamenta en procedimientos que
garantizan la transparencia, articulan las acciones locales con las políticas de Estado y fomentan la
capacidad del talento humano, especialmente en contextos de emergencia. En elocuencia, la pregunta o
problemática central se basa en corroborar lo siguiente: ¿Cómo se alinearon las prácticas de gestión
presupuestaria aplicadas en los procesos de contratación pública emergente del GAD Municipal de
Machala con los principios de transparencia, eficiencia y legalidad, durante la emergencia sanitaria por
COVID-19?
Ante lo manifestado, el presente estudio se orienta a evaluar la aplicación de buenas prácticas en la
ejecución presupuestaria de casos emergentes en los procesos de contratación pública en el GAD
Municipal de la ciudad de Machala durante la emergencia sanitaria COVID-19, mediante un análisis
documental y normativo vigente, con el fin de determinar si estas prácticas se alinean con los principios
de eficiencia, transparencia y legalidad establecidos en el régimen jurídico ecuatoriano.
Contratación pública en situaciones de emergencia: principios, normativa y procedimientos
excepcionales
La contratación pública es circunstancial para la provisión de bienes y servicios por parte del Estado,
con un impacto económico significativo, llegando a representar entre el 10% y 15% del PIB de una
nación (Molina y Arrias, 2022). A través de este dato inicial, se puede apreciar como su correcta gestión
es determinante para el desarrollo social y económico dado a que permite solventar necesidades
poblacionales a través de una distribución oportuna de los recursos.
En circunstancias ordinarias, este proceso se rige por un conjunto de principios inscritos en el artículo
4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) que puntualmente

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establece lo siguiente: “Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se
observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad,
concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional” (Asamblea Nacional del Ecuador,
2008, p. 4). Esto implica que todos los procedimientos deben ajustarse estrictamente al marco
normativo, garantizando un trato imparcial a los participantes y asegurando que la selección se base en
criterios técnicos plenamente justificados (Faz et al., 2023).
Sin embargo, las situaciones de emergencia, como la desencadenada por la pandemia de COVID-19,
alteran profundamente este esquema, debido a que la necesidad de atender una crisis con la mayor
rapidez posible, obliga a las autoridades a acelerar y simplificar los procesos de adquisición (Macias et
al., 2021). La normativa nacional, específicamente la LOSNCP, reconoce esta realidad y establece
procedimientos excepcionales para tales casos. No obstante, los investigadores Macias et al. (2021)
subrayan que esta flexibilización genera una tensión inherente, ya que el Estado debe procurar que
incluso las compras urgentes se ejecuten respetando, en la medida de lo posible, los principios de
publicidad y transparencia.
La relajación de los controles habituales ha propiciado, de hecho, numerosas denuncias de corrupción
en contextos de emergencia, evidenciando el riesgo que supone para la legitimidad de la gestión pública
(Macias et al., 2021). De hecho, el reportaje desarrollado por Roa (2021) evidenció que entre el mes de
marzo y mayo de 2020 existieron sobreprecios de hasta el 9.000% en contratos vinculados con la
compra de insumos médicos. Esta problemática subraya la necesidad de que el órgano rector del
sistema, el Servicio Nacional de Contratación Pública, desarrolle soluciones sistemáticas y protocolos
claros para guiar la aplicación de estas figuras excepcionales, equilibrando la celeridad con la integridad
(Granda, 2024).
Rol y responsabilidad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en la gestión pública
emergente
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) son los entes públicos encargados de ejecutar
políticas y administrar los recursos económicos en su jurisdicción, enfatizando que una gestión eficaz
de estas competencias depende, en gran medida, de una planificación rigurosa de las adquisiciones,
cuyo instrumento es el Plan Anual de Contrataciones (Quiñonez y Zambrano, 2025).

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Este plan es de amplia trascendencia para alinear las compras públicas con las metas presupuestarias y
lograr un uso óptimo de los fondos.
Sin embargo, la ejecución presupuestaria participativa enfrenta obstáculos importantes derivados de
ineficiencias en los procedimientos de contratación. Como mencionan Hidalgo et al. (2025), problemas
como las frecuentes modificaciones al Plan Anual de Contrataciones y el recurso a prórrogas
presupuestarias durante el año fiscal comprometen la gestión oportuna de los recursos. Estas
dificultades operativas pueden limitar la capacidad de los GAD para cumplir sus objetivos de desarrollo
comunitario a través de los proyectos, aun cuando dispongan de diversas modalidades de contratación.
Ante este escenario, fortalecer la gobernanza y la gestión de recursos se vuelve indispensable,
especialmente para garantizar respuestas eficientes en contextos de emergencia. Para ello, es necesario
implementar reformas administrativas que, sin sacrificar la transparencia o la eficacia, aseguren la
disponibilidad oportuna de recursos (Villa y Barba, 2025; Soledispa y Castillo, 2025). Como sugieren
Piguabe y Rodríguez (2025) la optimización de los procesos requiere una estrategia integral que
fortalezca la supervisión y estandarice los procedimientos, reduciendo así los riesgos de irregularidades.
Complementariamente, mejorar la capacitación técnica y los recursos tecnológicos disponibles para los
funcionarios resulta importante para agilizar las adquisiciones y superar la alta carga burocrática (Calle
y Ortega, 2025).
Planificación y gestión presupuestaria en contextos emergentes
El ciclo presupuestario es un proceso integral que organiza la asignación y aplicación de recursos
financieros, humanos y materiales con el propósito de alcanzar los objetivos establecidos en la
planificación, bajo los principios de eficacia y eficiencia (Mora y Cuadrado, 2023). Esta articulación
entre planificación y presupuesto resulta clave para optimizar el gasto público y atender las demandas
sociales, especialmente en escenarios de restricción financiera (Rodríguez y Pacheco, 2025).
Esta relación adquiere mayor complejidad durante las crisis, subrayando que la gestión presupuestaria
en contextos emergentes requiere una integración estrecha entre la planificación, la ejecución y el
control del gasto. Según Rojas et al. (2025), dicha gestión debe fundamentarse en criterios de
racionalidad económica, focalización de los recursos y una evaluación continua de los resultados para
maximizar su impacto social.

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La ausencia de este marco incrementa sustancialmente el riesgo de ineficiencia y desperdicio de fondos
públicos. Por ende, la planificación para estas situaciones necesita incorporar mecanismos flexibles que
permitan una respuesta ágil a las circunstancias cambiantes, manteniendo al mismo tiempo la
sostenibilidad fiscal.
Operativamente, esta flexibilidad se materializa mediante la utilización de reprogramaciones y reformas
presupuestarias guiadas por criterios técnicos y prioridades emergentes, así como a través de ajustes
correctivos cuando se identifican ineficiencias o una baja ejecución (Del Pino y García, 2025). No
obstante, la calidad técnica de estos procesos puede verse comprometida, por ejemplo, la escasa
participación ciudadana y la carencia de diagnósticos comunitarios actualizados dificultan la
formulación de una planificación presupuestaria objetiva y equitativa, lo que disminuye la legitimidad
de las decisiones adoptadas (Calle y Lucas, 2025).
Transparencia, control y rendición de cuentas en la contratación pública emergente
La transparencia y los mecanismos de fiscalización en la contratación pública ejecutada bajo figuras de
emergencia han sido un campo de estudio de creciente interés, particularmente a partir de la crisis
sanitaria de 2020. La declaratoria de emergencia en marzo de aquel año, fundamentada en un acuerdo
ministerial, impulsó una serie de adquisiciones urgentes para enfrentar la pandemia. No obstante, este
proceso evidenció vulnerabilidades estructurales. Un informe de la Contraloría General del Estado
(CGE) señaló irregularidades en 179 contrataciones, entre las que destacaron casos de sobreprecios en
instituciones como el IESS, la Policía Nacional, GAD’s y la propia función ejecutiva (Sandoval et al.,
2024). Esta situación ilustra cómo los procedimientos excepcionales, a pesar de su necesidad, pueden
verse socavados por deficiencias en el control y la rendición de cuentas.
La literatura sugiere que tales deficiencias se manifiestan en problemas específicos destacando, por
ejemplo, una fiscalización previa insuficiente, un alto grado de discrecionalidad en las adjudicaciones
y una trazabilidad limitada de los procesos (Abad, 2025). Según Dávila et al. (2021), esta dinámica
compromete gravemente el principio universal de transparencia que debe regir las adquisiciones
públicas, erosionando la relación de rendición de cuentas entre el Estado y la sociedad. Por ello, se ha
argumentado que es imprescindible una reforma integral del marco normativo para estos casos, que
incluya auditorías preventivas, una supervisión más robusta por parte de los órganos de control y

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criterios de selección de proveedores estandarizados (Abad, 2025). Una de las vías más prometedoras
para fortalecer este marco es la transformación digital de los procesos. La implementación de
herramientas digitalizadas no solo incrementa la eficiencia, sino que también potencia la transparencia
en la ejecución presupuestaria y contractual (Vaicilla et al., 2020).
El investigador Campos (2022) analiza esta dimensión, proyectando que la publicación sistemática de
información a través de canales electrónicos facilita el control social señalando adicionalmente que el
tratamiento masivo de datos, permite una rendición de cuentas más efectiva. No obstante, también
menciona que este proceso de digitalización debe complementarse con el fortalecimiento de las
capacidades institucionales, señalando que, la profesionalización de los servidores públicos y la
adopción de sistemas integrales, como las técnicas de Compliance, se presentan como elementos
necesarios para asegurar una gestión ética y una racionalización del gasto, incluso en contextos de
urgencia. De manera complementaria, Vaicilla et al. (2020) mencionan que la integración de procesos
contables, presupuestarios y de contratación, apoyada en indicadores de gestión, permite tomar
decisiones más fundamentadas y evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales. En
retrospectiva, estas medidas buscan conciliar la celeridad que exige una emergencia con los principios
irrenunciables de control y transparencia en el uso de los recursos públicos.
Capacidad técnica y fortalecimiento institucional del personal público
Una gestión eficaz de las contrataciones públicas, especialmente en los gobiernos locales, depende
significativamente de la preparación técnica de sus cuadros administrativos. La complejidad inherente
a estos procesos, marcada por exigencias técnicas elevadas, una multiplicidad de actores y una
considerable carga procedimental, representa un reto para la administración municipal (González y
Navarro, 2022). Superar estas barreras requiere de un compromiso sostenido con el aprendizaje
organizacional y la creación de canales efectivos para la transferencia de conocimiento al interior de las
instituciones.
Este fortalecimiento de capacidades es particularmente más sensible en los municipios de menor
tamaño, cuya capacidad institucional suele ser más limitada (Muñoz y Torres, 2025). La mejora en la
prestación de servicios y el desarrollo local está vinculada a una gestión estratégica del talento humano,
que trasciende la operatividad.

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Como señalan Arteaga et al. (2025), la eficiencia en la gestión pública se construye sobre la inversión
en formación especializada, la estabilidad de los servidores y la implementación de sistemas que
preserven y distribuyan el conocimiento institucional. En situaciones de emergencia, estas capacidades
técnicas se transforman en un activo estratégico que ayuda a garantizar decisiones ágiles y
adecuadamente sustentadas.
Una dimensión práctica de esta capacitación debe orientarse a las competencias específicas del personal
a cargo de las adquisiciones. Peláez (2024) subraya la necesidad de formar a este personal para que sus
acciones se alineen con el interés común, dotándoles de habilidades para realizar estudios de mercado
rigurosos. Este análisis debe utilizar de manera transparente la información histórica disponible en los
portales de compras públicas de otras instituciones, con el fin de establecer precios referenciales que
combinen eficiencia y transparencia en la contratación.
La ausencia de estas competencias y de un entorno institucional robusto tiene consecuencias directas.
Cuando el personal carece de los conocimientos técnicos necesarios, se abre espacio para prácticas
negativas que distorsionan el proceso. Esto puede manifestarse en la asignación de contratos a
proveedores sin la experiencia adecuada, lo cual compromete la calidad del servicio y, con frecuencia,
incrementa los costos de forma injustificada (Espejo y Cruz, 2023).
Buenas prácticas internacionales en contratación pública y gestión presupuestaria emergente
China
Las experiencias comparadas demuestran que la eficacia en la contratación pública durante crisis
sanitarias depende de diseños institucionales y marcos normativos específicamente adaptados. Yan y
Cao (2022) exponen que el caso de China ilustra la utilidad de un sistema de compras estratégicas
centralizado y de alto nivel. Esta estrategia integra objetivos de política pública claros, como la
protección de la salud, en una estructura de mando jerárquica que garantiza su cumplimiento. Para
ejecutarlo, se conformaron equipos intersectoriales que coordinaban producción, adquisición y
distribución, fusionando operativamente las fases de compra y suministro. Un aspecto destacable es la
movilización sinérgica de recursos que trascendió al sector público, incorporando capacidades del
sector privado y de organizaciones sin ánimo de lucro.

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España
En el ámbito normativo, la respuesta española a la pandemia configuró un régimen jurídico de
excepción que priorizó la celeridad manteniendo salvaguardias. La regulación, concentrada en
modificaciones legales como la incorporada en el Real Decreto-ley 7/2020, activó la tramitación de
emergencia prevista en la ley general de contratación (Bello, 2020). Este marco, posteriormente
ampliado, facilitó medidas como el pago anticipado y la flexibilización de garantías, aunque
preservando la obligación de que los contratistas y subcontratistas cumplieran los requisitos de aptitud,
cuya acreditación podía posponerse. El modelo español muestra que la flexibilidad no debe eliminar la
trazabilidad, sino únicamente modificar el orden formal del procedimiento.
América Latina y El Caribe
La región de América Latina y el Caribe presenta avances dispares en la modernización de sus sistemas
de compras, siendo la transparencia y el control en tiempo real un eje aún en desarrollo. Chile
implementó durante la pandemia sistemas de trazabilidad digital que permitían el seguimiento
concurrente de contratos y precios, una práctica que redujo la opacidad y habilitó auditorías preventivas
(Granda, 2024). Según un diagnóstico regional, países como Chile, Paraguay y República Dominicana
lideran en la gestión de datos, debido en parte a la adopción de estándares como el OCDS (Open
Contracting Data Standard) para publicar información contractual (Red Interamericana de Compras
Gubernamentales [RICG], 2022). No obstante, el mismo informe señala que el aprovechamiento
analítico de esos datos para la inteligencia de negocio y la toma de decisiones sigue siendo limitado en
la mayor parte de la región, con excepciones parciales en Chile y Panamá. ()
METODOLOGÍA
El presente estudio adopta un enfoque cualitativo, orientado a comprender las prácticas presupuestarias
en la contratación pública emergente dentro de los GAD municipales. Este enfoque se fundamenta en
criterios de rigor como la credibilidad, transferibilidad y conformabilidad, que acorde a Lim (2024),
permite captar las experiencias y percepciones subyacentes en procesos administrativos complejos. En
complemento, Caballero (2025) sostiene que el desarrollo de estos enfoques requiere de una adecuada
fundamentación documental para asegurar la validez y ética de los resultados.

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En sintonía con el enfoque, se aplicó un diseño reconocido como estudio de caso que se caracteriza por
permitir el estudio a profundidad de problemas contemporáneos, vinculados con organizaciones o
personas, permitiendo la conexión entre la teoría y la práctica (Canta y Quesada, 2021). Otra perspectiva
acerca este diseño es compartido por Bernal (2016) quien destaca que permite la evaluación de
fenómenos complejos que no pueden ser simplemente explicados a través de la estadística. En este
sentido, la aplicación de este diseño permitirá analizar cómo se llevó a cabo la contratación emergente
durante el período de coronavirus en el GAD municipal de Machala.
El estudio se estructura bajo el método descriptivo, que permite capturar con precisión las prácticas
presupuestarias que se optaron por parte del GAD municipal de Machala durante la crisis sanitaria.
Como explican Guevara et al. (2020) este método permite puntualizar en las características de mayor
trascendencia del fenómeno de estudio. Desde la óptica de Ordoñez (2025) la información suministrada
a través de este método debe cumplir con los criterios de precisión, sistematización y veracidad.
La técnica de investigación utilizada para el presente estudio es el Análisis Documental, y como
instrumento la Guía de Análisis Documental, la misma que permitió recopilar la información necesaria
del GAD MACHALA durante la pandemia COVID-19, con respecto a las contrataciones efectuadas, a
fin de evaluar la aplicación de buenas prácticas presupuestarias en los procesos de contratación pública
emergente de la entidad. La técnica de análisis documental acorde a lo expuesto por Marcelino et al.
(2024) se enfoca en la construcción del conocimiento mediante la integración de información
disponible. Por su parte, la guía de revisión documental como acentúan Martínez et al. (2023) permite
recopilar, examinar e interpretar información relevante, en este caso información relacionada con la
contratación pública del GAD MACHALA, con énfasis en los procesos de contratación emergente.
La validez del estudio se aseguró mediante la triangulación teórica de fuentes normativas, académicas
y administrativas. Como mencionan Charres et al. (2018) la triangulación permite el cruce de dos o más
fuentes para la validación de la información. En adición, Betrián et al. (2013) estipulan que la
triangulación aporta al mejoramiento del proceso investigativo al articular distintas perspectivas o
fuentes sobre un mismo elemento de estudio.

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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para la elaboración de la Guía de Análisis Documental se analizaron puntualmente los informes de
auditoría desarrollados por la Contraloría General del Estado (CGE) hacia el GAD municipal de
Machala y la Red Municipal de Salud Machala-EP. Esta selección documental respondió a los criterios
de relevancia, pertinencia institucional y temporal, destacando que la CGE evalúa directamente la
gestión de los organismos públicos para detectar fortalezas y debilidades inherentes a su activad.
Es importante mencionar que la matriz sintetiza las prácticas encontradas en la gestión presupuestaria
de la contratación pública emergente, llegando a evidenciar si existió o no el cumplimiento de los
principios de transparencia, eficiencia y legalidad.
Objetivo de la Guía: Sistematizar información documental sobre los procesos de contratación pública
emergente del GAD Machala y su empresa pública de salud, mediante una guía de análisis estructurada
en categorías (transparencia y trazabilidad, gestión presupuestaria y eficiencia, legalidad y
cumplimiento normativo, planificación y justificación técnica, fortalecimiento institucional), con el fin
de determinar la existencia de buenas prácticas presupuestarias.
Tabla 1 Guía de Análisis Documental sobre las prácticas de contratación emergente en el GAD
municipal de Machala durante el COVID-19
Categoría de
Análisis
Principio de la
Buena Práctica
Hallazgo Específico Entidad Auditada
I. Transparencia y
Trazabilidad
Publicidad y Control
Social
No se publicaron en el portal del SERCOP el
contrato y las órdenes de compra por un total
de $145.647,00 USD.
RED SALUD EP
Auditorías y
Fiscalización Previa
Se omitió el procedimiento formal de
entrega-recepción final de los bienes, lo cual
obstaculiza cualquier proceso de
fiscalización posterior sobre la ejecución
contractual.
RED SALUD EP
II. Gestión
Presupuestaria y
Eficiencia
Racionalidad
Económica y
Oportunidad
Adquisición de 120 kits de insumos médicos
con un sobreprecio de $15.658,00 USD, lo
que compromete la eficiencia del gasto.
RED SALUD EP
Adquisición y pago de un producto
desinfectante por $1.148,40 USD que no
cumplió con las especificaciones técnicas
para el objeto requerido, resultando en un
perjuicio económico.
RED SALUD EP

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III. Legalidad y
Cumplimiento
Normativo
Control y
Cumplimiento
Normativo
Pagos por $297.000,00 USD a un contratista
sin contar con factura u otro documento que
sustente el egreso del bien o servicio.
GAD Machala
Legalidad en la
Adjudicación
Habilitación de oferentes que no acreditaron
la experiencia específica o que no
justificaron la comercialización de los bienes
en su RUC y RUP, afectando la equidad y el
trato justo
GAD Machala
IV. Planificación y
Justificación
Técnica
Justificación Técnica
de la contratación
Ejecución de tres contratos por un total de
$539.998,00 USD sin contar con la
justificación técnica y legal que sustentara la
necesidad de la contratación.
GAD Machala
V. Fortalecimiento
Institucional
Capacidad Técnica y
Aptitud de
Proveedores
El proveedor de kits médicos no adjuntó la
experiencia específica requerida para
demostrar su aptitud técnica.
RED SALUD EP
Capacitación y
Criterios de
Evaluación
El personal técnico (subcomisión de apoyo)
descalificó y habilitó a proveedores sin estar
debidamente acreditados y sin cumplir con
los requisitos exigidos.
GAD Machala
Fuente: Elaborado con información de la CGE (2020a; 2020b).
La matriz demuestra que el GAD Municipal de Machala y la RED SALUD EP enfrentaron retos
significativos de transparencia y control durante la emergencia sanitaria del 2020, resultando en
pérdidas económicas considerables derivadas de la inobservancia técnica en los procesos de
contratación. Estos resultados dan visibilidad a las fragilidades que afrontan los gobiernos
subnacionales dentro de lo que compete a la ejecución presupuestaria eficiente en contextos emergentes,
lo que afecta el cumplimiento de las buenas prácticas presupuestarias.
Tabla 2 Matriz de triangulación teórica
Categoría de análisis Aporte teórico Hallazgo documental
(CGE)
Resultado de la
triangulación
I. Transparencia y
trazabilidad
Gudiño (2022) y Dávila et
al. (2021) enfatizan que la
publicidad garantiza
control social y rendición
de cuentas.
Omisión de publicación
contractual en SERCOP y
ausencia de actas de
entrega–recepción.
Brecha significativa entre
el marco normativo y su
implementación práctica
durante la emergencia.
II. Gestión
presupuestaria y
eficiencia
Rojas et al. (2025) y Mora
y Cuadrado (2023)
advierten que la
racionalidad económica no
debe dejarse de lado a pesar
que se trate de una crisis.
Sobreprecios y adquisición
de bienes que no
cumplieron
especificaciones técnicas.
El análisis conjunto indica
que la urgencia, en algunos
casos, se empleó sin los
filtros técnicos necesarios,
comprometiendo el uso
óptimo de los recursos.

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III. Legalidad y
cumplimiento
normativo
Abad (2025) y Macías et al.
(2021) alertan que las
situaciones excepcionales
de emergencia tienden a
ampliar los márgenes de
discrecionalidad.
Pagos sin respaldo
documental y habilitación
de proveedores no aptos
Se evidencia debilitamiento
del control administrativo y
normativo.
IV. Planificación y
justificación técnica
Quiñonez y Zambrano
(2025) y Del Pino y García
(2025) concuerdan en que
una planificación adecuada
es fundamental incluso
bajo presión.
Contrataciones sin sustento
técnico ni legal.
La falta de planificación
incrementó el riesgo de
decisiones arbitrarias.
V. Fortalecimiento
institucional
Arteaga et al. (2025) y
Peláez (2024) subrayan la
capacitación como factor
determinante de la
eficiencia presupuestaria.
Personal técnico sin
acreditación adecuada y
evaluación deficiente de
proveedores.
La limitada capacidad
técnica incidió
directamente en los errores
de contratación.
La triangulación teórica denota una alineación entre los hallazgos documentales obtenidos de los
informes de auditoría y los planteamientos extraídos de la revisión literaria, confirmando que las
irregularidades detectadas no responden a hechos aislados, sino a debilidades estructurales en la gestión
de la contratación pública emergente. Los resultados muestran que la flexibilización procedimental
propia de la emergencia sanitaria no estuvo acompañada de mecanismos técnicos y administrativos que
conservaran los principios de transparencia, eficiencia y legalidad.
Desde una perspectiva teórica, los incumplimientos observados refuerzan los argumentos que señalan
que la ausencia de planificación, la limitada capacidad técnica del personal y la debilidad de los
controles institucionales incrementan significativamente el riesgo de uso ineficiente de los recursos
públicos. En consonancia, la triangulación valida que los problemas identificados en el GAD Municipal
de Machala se alinean con patrones descritos previamente, aportando validez a los resultados y
destacando la necesidad de fortalecer las prácticas presupuestarias y el control institucional en contextos
de crisis nacionales para que esta flexibilidad no sea aprovechada para hacer mal uso de los fondos
públicos.
La evidencia analizada del GAD municipal de Machala y su empresa de salud afiliada denotó la
inexistencia de buenas prácticas de ejecución presupuestaria, subrayando que la misma estuvo marcada
por deficiencias en transparencia, eficiencia, legalidad, planificación y capacidad técnica lo que

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respalda lo expuesto por estudios anteriores sobre la fragilidad institucional del sector público en
contextos de crisis.
Como primer punto, los hallazgos relacionados con la falta de publicación de contratos y documentos
habilitantes en el portal del SERCOP confirman que los principios de publicidad y control social no se
materializan adecuadamente en escenarios de emergencia. Este resultado coincide con lo señalado por
Gudiño (2022) y Dávila et al. (2021), quienes sostienen que la opacidad informativa durante crisis
sanitarias tiende a incrementarse debido a la priorización de la celeridad administrativa. Sin embargo,
la evidencia también contradice el enfoque normativo de la LOSNCP, que exige mantener la
transparencia incluso bajo procedimientos excepcionales. La ausencia de trazabilidad documental
sugiere que la emergencia fue asumida más como un medio para disminuir los controles en lugar de
adaptarlos, confirmando el uso discrecional de las figuras emergentes, tal como lo advierten Macías et
al. (2021).
Los hallazgos relacionados con sobreprecios y la adquisición de bienes que no cumplían
especificaciones técnicas demuestran un debilitamiento claro de la racionalidad económica. Este
comportamiento se alinea con lo expuesto por Rojas et al. (2025), quienes advierten que, sin criterios
técnicos sólidos, la flexibilización presupuestaria incrementa el riesgo de ineficiencia y desperdicio de
recursos. De forma complementaria, Mora y Cuadrado (2023) sostienen que la articulación entre
planificación y presupuesto es determinante para evitar distorsiones en el gasto público, algo que los
resultados muestran que no ocurrió con plenitud en el caso analizado. No obstante, pese a estas
deficiencias, las adquisiciones sí lograron ejecutarse con rapidez, lo que sugiere que la eficiencia
temporal se priorizó sobre la eficiencia económica, un aspecto ya descrito por investigadores como
Bello (2020) y Yan y Cao (2022).
Las irregularidades en materia de legalidad, como los pagos sin respaldo o la habilitación de
proveedores sin experiencia comprobable, reflejan cómo la presión operativa relegó el cumplimiento
normativo a un plano secundario. Estas desviaciones no constituyen hechos aislados, sino que se alinean
con patrones documentados por Abad (2025) y Sandoval et al. (2024), quienes identifican un
relajamiento del rigor jurídico en contextos de crisis. Esta situación en lo particular afecta la legitimidad
de la gestión institucional, generando adicionalmente un alto costo reputacional.

pág. 10517
En cuanto a la planificación y justificación técnica, la ejecución de contratos sin informes que sustenten
la necesidad de la contratación confirma la débil articulación entre planificación y ejecución
presupuestaria. Este resultado coincide con Quiñonez y Zambrano (2025), quienes sostienen que la
ausencia de planificación adecuada en los GAD limita la coherencia del gasto público. En consonancia,
la ausencia de diagnósticos técnicos solo generó que se acrecentara el perjuicio económico, dado a que
como explican Del Pino y García (2025) la flexibilidad presupuestaria solo es funcional cuando se
apoya en diagnósticos técnicos adecuados.
Las fallas en la evaluación de ofertas y la participación de personal técnicamente no capacitado apuntan
a un déficit institucional. Este aspecto sustenta la tesis de Arteaga et al. (2025), que conecta la eficiencia
de la gestión pública con la especialización del talento humano. La incapacidad para realizar estudios
de mercado rigurosos, un factor que Peláez (2024) considera determinante para evitar sobrecostos,
también estuvo presente. De esta forma, la emergencia sanitaria parece haber exacerbado problemas
estructurales preexistentes en la administración local, tal como sugieren Muñoz y Torres (2025).
En particular, la experiencia expuesta sobre el GAD de Machala ilustra cómo una crisis pone a prueba
la solidez de los sistemas de control y gobernanza, más que suspenderlos (Vaicilla et al., 2020; Campos,
2022). La respuesta municipal demostró que los mecanismos de rendición de cuentas no fueron capaces
de adaptarse con suficiente agilidad al nuevo contexto. Sin embargo, también se identifica una
oportunidad de aprendizaje institucional, debido a que la experiencia acumulada durante la pandemia
puede servir como base para rediseñar protocolos emergentes más equilibrados, como lo demuestran
experiencias internacionales en China, Chile y España.
CONCLUSIONES
Cabe volver a mencionar que el propósito de este estudio fue evaluar la aplicación de buenas prácticas
en la gestión presupuestaria de los procesos de contratación pública emergente ejecutados por el GAD
Municipal de Machala durante la emergencia sanitaria por COVID-19, a partir de un análisis
documental de informes de auditoría y del marco normativo vigente. Los resultados permiten afirmar
que dichas prácticas no se aplicaron de manera consistente ni articulada con los principios de
transparencia, eficiencia y legalidad.

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El análisis evidenció deficiencias significativas en la transparencia y trazabilidad de los procesos,
reflejadas en la omisión de la publicación de contratos y documentos habilitantes, así como en la
inexistencia de actas formales de entrega–recepción. Estas prácticas en especial limitaron el control
social y dificultaron la fiscalización posterior, afectando la rendición de cuentas.
En el ámbito de la gestión presupuestaria, se identificaron sobreprecios, adquisiciones que no
cumplieron especificaciones técnicas y pagos sin respaldo documental, lo que revela una débil
racionalidad económica en el uso de los recursos públicos. La priorización de la rapidez operativa sobre
el sustento técnico incidió negativamente en la eficiencia del gasto. La falta de planificación y de
justificación técnica en varias contrataciones emergentes mostró una desconexión entre la planificación
presupuestaria y la ejecución del gasto, incrementando el riesgo de decisiones discrecionales y
reduciendo la posibilidad de evaluar el impacto real de las adquisiciones realizadas.
Una contribución central del estudio radica en evidenciar que las irregularidades detectadas no
responden únicamente al contexto excepcional de la pandemia, sino que reflejan debilidades
estructurales en la capacidad técnica y en los mecanismos de control del gobierno local. Este hallazgo
aporta evidencia empírica para el debate sobre la necesidad de fortalecer la gobernanza y el control en
escenarios de crisis.
Como líneas futuras de investigación, se propone analizar comparativamente la contratación pública
emergente en otros GAD municipales, incorporar la percepción de actores institucionales, y evaluar el
impacto de la digitalización y de los sistemas de control preventivo en la mejora de la gestión
presupuestaria.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Abad, P. (2025). La importancia de los contratos por emergencia en ecuador y los desafíos para
garantizar transparencia y eficacia en la función pública. Revista De Finanzas, 5(1), 5-20.
https://doi.org/10.33386/rdf.2025.1.34
Arteaga, A., Zegarra, S., Portillo, D., y Carhuamaca, M. (2025). La gestión pública en la eficiencia de
la ejecución presupuestal en los gobiernos subnacionales: una revisión sistemática. Revista
InveCom, 6(1), 1-10. https://doi.org/10.5281/zenodo.15620643

pág. 10519
Asamblea Nacional del Ecuador. (2008). Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-
content/uploads/2021/04/losncp_actualizada1702.pdf
Bello, S. (2020). COVID-19 y contratación pública: un peligroso cóctel en España. Revista De
Administración Pública(213), 373-403. https://doi.org/10.18042/cepc/rap.213.16
Bernal, C. (2016). Metodología de la Investigación (Cuarta ed.). Pearson Educación.
https://www.academia.edu/44228601/Metodologia_De_La_Investigaci%C3%B3n_Bernal_4t
a_edicion
Betrián, E., Galitó, N., García, N., Jové, G., y Macarulla, M. (2013). La triangulación múltiple como
estrategia metodológica. REICE, 11(4), 5-24.
https://www.redalyc.org/pdf/551/55128238001.pdf
Caballero, J. (2025). Metodología de la investigación desde un enfoque cualitativo, resultados y
experiencias. UNESUM, 9(2), 16-26. https://doi.org/10.47230/unesum-ciencias.v9.n2.2025.16-
26
Calle, A., y Lucas, E. (2025). Presupuesto y la gestión pública: GAD Parroquial Rural Pedro Pablo
Gómez. Revista Pulso Científico, 3(3), 250-270. https://doi.org/10.70577/rps.v3i3.54
Calle, A., y Ortega, K. (2025). Contratación pública en los procesos de adquisiciones en el Gobierno
Autónomo Descentralizado Parroquial Alhajuela. Pulso Científico, 3(4), 76-90.
https://doi.org/10.70577/rps.v3i4.104
Campos, C. (2022). Integridad y transparencia en la contratación pública como una herramienta de
eficacia y eficiencia en la gestión pública pos-COVID. Revista del CLAD Reforma Y
Democracia, 82, 115-150. https://doi.org/10.69733/clad.ryd.n82.a286
Canta, J., y Quesada, J. (2021). El uso del enfoque del estudio de caso: Una revisión de la literatura.
Horizontes, 5(19), 775-786. https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v5i19.236
Carrión, J., y Maldonado, L. (2024). Sobreprecios en la contratación pública en la salud en Ecuador
ante la pandemia por COVID-19 en 2020. Revista Lex, 7(25), 744-765.
https://doi.org/10.33996/revistalex.v7i25.212

pág. 10520
Charres, H., Villalaz, J., y Martínez, J. (2018). Triangulación: Una herramienta adecuada para las
investigaciones en las ciencias administrativas y contables. FAECO sapiens, 1(1).
https://portal.amelica.org/ameli/journal/221/2211026002/html/
Contraloría General del Estado (CGE). (2020a). Examen especial a las fases preparatoria,
precontractual, contractual y de ejecución de los procesos de contratación pública efectuados,
por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala, por el período
comprendido entre el 16 de marzo de 2020.
https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63403&tipo=inf
Contraloría General del Estado (CGE). (2020b). Examen especial al proceso de contratación, entrega
recepción y pagos, por la adquisición de dispositivos e insumos médicos, para solventar la
emergencia declarada por motivo de COVID- 19, en la Empresa Pública Red Municipal de
Saludad Machala – EP. https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=64299&tipo=inf
Dávila, M., Coka, D., y Álvarez, M. (2021). Transparencia y control social en la contratación pública
en Ecuador. Universidad Y Sociedad, 13(S2), 385-391.
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2324/2295
Del Pino, G., y García, M. (2025). Presupuesto y la administración pública del Gobierno Autónomo
Descentralizado Puerto Cayo. Revista Pulso Científico, 3(3), 663-681.
https://doi.org/10.70577/rps.v3i3.76
Espejo, L., y Cruz, S. (2023). El Control en las Contrataciones Públicas. Docentes 2.0, 16(2), 196-208.
https://doi.org/10.37843/rted.v16i2.395
Faz, W., Fuentes, L., Hidalgo, M., y Guerrero, K. (2023). La contratación pública en el Ecuador: análisis
y perspectiva. Universidad, Ciencia y Tecnología, 27(119), 127-136.
https://doi.org/10.47460/uct.v27i119.714
González, M., y Navarro, C. (2022). Capacidad institucional y contratación pública. Experiencias de
aprendizaje organizativo informal en la administración local. Gestión y Análisis de Políticas
Públicas(29), 88-102. https://doi.org/10.24965/gapp.11065

pág. 10521
Granda, G. (2024). Contratación pública en situaciones de emergencia establecida en la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública. [Tesis de pregrado, Universidad Central del
Ecuador]. https://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/33707
Gudiño, Z. (2022). El principio constitucional de transparencia en la contratación pública del Ecuador.
Un enfoque desde la participación ciudadana. Revista Universidad y Sociedad, 14(2), 410-420.
http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v14n2/2218-3620-rus-14-02-410.pdf
Guevara, G., Verdesoto, A., y Castro, N. (2020). Metodologías de investigación educativa (descriptivas,
experimentales, participativas, y de investigación-acción). Recimundo, 4(3), 163-173.
https://doi.org/10.26820/recimundo/4.(3).julio.2020.163-173
Hidalgo, L., Ibarra, G., Pinargote, Q., y Navarrete, E. (2025). La contratación pública y su influencia
en la ejecución del presupuesto participativo del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del cantón Bolívar, período 2022. Maestro Y Sociedad, 22(2), 1844-1852.
https://maestroysociedad.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/view/7045
Lim, W. (2024). What Is Qualitative Research? An Overview and Guidelines. Australasian Marketing
Journal, 33(2), 199-229. https://doi.org/10.1177/14413582241264619
Macias, J., Barcos, I., y Burbano, C. (2021). Análisis de la contratación pública en situación de
emergencia. Impacto del COVID-19. Revista Dilemas Contemporáneos(27), 1-17.
https://doi.org/10.46377/dilemas.v8i.2707
Marcelino, M., Martínez, M., y Camacho, A. (2024). Análisis documental, un proceso de apropiación
del conocimiento. Revista Digital Universitaria, 25(6), 1-11.
http://doi.org/10.22201/ceide.16076079e.2024.25.6.1
Martínez, J., Palacios, G., y Oliva, D. (2023). Guía para la revisión y el análisis documental: propuesta
desde el enfoque investigativo. Ra Ximhai, 19(1), 67-83.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8851658
Molina, J., y Arrias, J. (2022). Vulnerabilidades en la contratación pública en empresas del sector
públicas en Ecuador. Revista Universidad y Sociedad, 14(4), 598-608.
http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v14n4/2218-3620-rus-14-04-598.pdf

pág. 10522
Mora, E., y Cuadrado, G. (2023). Evaluación de la ejecución presupuestaria 2019-2021, del Gobierno
Autónomo Descentralizado Parroquial de Tarqui, Azuay, Ecuador. Revista Multidisciplinaria
Investigación Contemporánea, 1(2), 2-28. https://doi.org/10.58995/redlic.ic.v1.n2.a48
Muñoz, D., y Torres, A. (2025). Evaluación de estrategias para las capacidades institucionales en
municipios de 5ª y 6ª categoría en Colombia. European Public & Social Innovation Review, 10,
1-16. https://doi.org/10.31637/epsir-2025-1597
Ochoipoma, J., y Muñoz, F. (2023). Análisis de la contratación pública con énfasis en sus principios
generales. Revista científica En Ciencias Sociales, 5(1), 73-90.
https://doi.org/10.53732/rccsociales/05.01.2023.73
Ordoñez, Á. (2025). Metodología académica con aplicación a las investigaciones sociales: enfoques,
tipos, métodos y diseños. Sociedad & Tecnología, 8(2), 335-357.
https://doi.org/10.51247/st.v8i2.484
Peláez, A. (2024). Análisis doctrinario y jurídico del proceso de contratación emergente en el Ministerio
de Salud Pública durante la Pandemia COVID-2019. LATAM Revista Latinoamericana De
Ciencias Sociales Y Humanidades, 5(5), 1236-1250. https://doi.org/10.56712/latam.v5i5.2683
Piguabe, A., y Rodríguez, A. (2025). Normas de control interno y su incidencia en el proceso de
contratación pública en el Municipio del cantón Jipijapa. REICOMUNICAR, 8(15), 431-444.
https://reicomunicar.org/index.php/reicomunicar/article/view/402
Quiñonez, M., y Zambrano, A. (2025). Ley de contratación pública en los procesos de adquisición de
bienes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone. YACHASUN,
9(17), 1517-1532. https://editorialibkn.com/index.php/Yachasun/article/view/811
Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG). (2022). Modelo de madurez en contratación
pública electrónica. https://ricg.org/wp-content/uploads/2022/10/Reporte-paises-Modelo-de-
Madurez-eGP.pdf
Roa, S. (2021). La cirugía que salió mal. GK: https://gk.city/2020/05/24/corrupcion-emergencia-
ecuador/

pág. 10523
Rodríguez, A., y Pacheco, G. (2025). Planificación presupuestaria y eficiencia financiera: Caso de
estudio: GAD Parroquial La América, Jipijapa – Manabí. Revista Pulso Científico, 3(3), 635-
654. https://doi.org/10.70577/rps.v3i3.75
Rojas, R., Rojas, L., y Baylon, E. (2025). Compras públicas sostenibles en América Latina: análisis
comparativo y normativo regional. Revista InveCom, 6(1), 1-10.
https://doi.org/10.5281/zenodo.15665885
Sandoval, K., Dillon, V., Erazo, G., y Arguello, S. (2024). Contratación Publica en Ecuador:
Fundamentos, Perspectivas y Normativa Legal. CienPapers. https://n9.cl/f3ffva
Soledispa, S., y Castillo, A. (2025). Procesos de contracción pública en el Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial Julcuy. YACHASUN, 9(16), 134-146.
https://editorialibkn.com/index.php/Yachasun/article/view/591
Vaicilla, M., Narváez, C., Erazo, J., y Torres, M. (2020). Transparencia y efectividad en la ejecución
presupuestaria y contratación pública en los gobiernos cantonales. Revista Arbitrada
Interdisciplinaria Koinonía, 5(10), 774-805.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7541838
Villa, A., y Barba, E. (2025). El principio de celeridad en los procesos de contratación pública de
emergencia en los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales. Revista Científica
Multidisciplinaria InvestiGo, 14(154-167), 6. https://doi.org/10.56519/rqw6h676
Yan, R., y Cao, F. (2022). Improving Public Health and Governance in COVID-19 Response: A
Strategic Public Procurement Perspective. Frontiers in public health, 10, 897731.
https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.897731