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LA MIGRACIÓN MEXICANA HACIA
ESTADOS UNIDOS: TENSIONES ENTRE LA
POLÍTICA MIGRATORIA ESTADOUNIDENSE
Y LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS
MEXICAN MIGRATION TO THE UNITED STATES: TENSIONS
BETWEEN U.S. IMMIGRATION POLICY AND THE INTERNATIONAL
PROTECTION OF HUMAN RIGHTS
Arlette Darina Visuet Rangel
Centro Universitario Continental
pág. 3347
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i1.22470
La migración mexicana hacia Estados Unidos: tensiones entre la política
migratoria estadounidense y la protección internacional de los derechos
humanos
Arlette Darina Visuet Rangel
1
surnad20d13@redcuc.edu.mx
Centro Universitario Continental
RESUMEN
El presente artículo de revisión analiza la migración mexicana hacia Estados Unidos, poniendo énfasis
en las tensiones existentes entre la política migratoria estadounidense y la protección internacional de
los derechos humanos. El objetivo principal es examinar cómo los enfoques securitarios y restrictivos
adoptados por Estados Unidos entran en contradicción con los compromisos asumidos en el marco del
derecho internacional de los derechos humanos, así como identificar sus impactos sociales y humanos
sobre la población migrante mexicana. Metodológicamente, se desarrolló una revisión sistemática de la
literatura siguiendo las directrices PRISMA 2020, a partir de la consulta de bases de datos académicas
y documentos de organismos internacionales, lo que permitió seleccionar estudios empíricos, teóricos y
normativos relevantes. Los resultados evidencian que la migración mexicana responde a factores
estructurales persistentes, mientras que las políticas migratorias restrictivas no reducen los flujos, sino
que incrementan la vulnerabilidad, la irregularidad y las violaciones de derechos humanos. se identifican
tensiones profundas entre la soberanía estatal y la universalidad de los derechos humanos, así como una
brecha significativa entre los marcos normativos internacionales y su aplicación práctica. Se concluye
que es necesario reorientar las políticas migratorias hacia enfoques integrales, humanitarios y basados
en derechos.
Palabras claves: migración mexicana, política migratoria estadounidense, derechos humanos
1
Autor principal
Correspondencia: surnad20d13@redcuc.edu.mx
pág. 3348
Mexican Migration to the United States: Tensions Between U.S.
Immigration Policy and the International Protection of Human Rights
ABSTRACT
This review article analyzes Mexican migration to the United States, emphasizing the tensions between
U.S. immigration policy and the international protection of human rights. The main objective is to
examine how the securitized and restrictive approaches adopted by the United States contradict the
commitments established within the framework of international human rights law, as well as to identify
their social and human impacts on the Mexican migrant population. Methodologically, a systematic
literature review was conducted following PRISMA 2020 guidelines, drawing on academic databases
and documents from international organizations, which allowed the selection of relevant empirical,
theoretical, and normative studies. The results show that Mexican migration responds to persistent
structural factors, while restrictive immigration policies do not reduce flows but rather increase
vulnerability, irregularity, and human rights violations. Additionally, deep tensions are identified
between state sovereignty and the universality of human rights, as well as a significant gap between
international normative frameworks and their practical application. It is concluded that immigration
policies must be reoriented toward comprehensive, humanitarian, and rights-based approaches.
Keywords: Mexican migration, U.S. immigration policy, human rights
Artículo recibido: 15 de diciembre 2025
Aceptado para publicación: 22 de enero 2026
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INTRODUCCIÓN
La migración entre México y Estados Unidos ha sido una de las relaciones transfronterizas más
complejas, dinámicas y debatidas en el campo de las ciencias sociales, las políticas públicas y el derecho
internacional. Esta dinámica está marcada por profundas tensiones entre los objetivos de las políticas
migratorias de Estados Unidos —orientadas principalmente al control de fronteras y la regulación de
flujos— y los principios universales de protección de derechos humanos que rigen a las personas
migrantes, independientemente de su estatus migratorio (Espinosa Ortiz, 2025). Estas tensiones no solo
reflejan discrepancias normativas, sino también diferencias estructurales entre la lógica de seguridad
estatal y la dignidad humana como principio jurídico universal.
Históricamente, la migración mexicana hacia Estados Unidos ha sido uno de los principales flujos
migratorios del continente americano desde inicios del siglo XX, intensificándose con programas
laborales como el bracero durante la Segunda Guerra Mundial que regularon legalmente el paso de
trabajadores agrícolas mexicanos con condiciones mínimas establecidas (Programa Bracero, s.f.). Sin
embargo, este panorama de movilidad laboral formal no se tradujo en una política migratoria estable ni
respetuosa de los derechos de los migrantes a través del tiempo; por el contrario, a partir de la segunda
mitad del siglo XX, Estados Unidos fue endureciendo sus políticas de ingreso y permanencia, lo cual se
tradujo en una creciente criminalización de la migración irregular y un reforzamiento de medidas de
control fronterizo (Aguilar Rodríguez, 2025).
En las últimas décadas, la política migratoria estadounidense ha evolucionado hacia enfoques cada vez
más estrictos dirigidos no solo a regular la entrada legal, sino a disuadir, contener y sancionar la
migración irregular. Esto se ha traducido en medidas que restringen el acceso a canales legales,
aumentan las deportaciones y establecen sanciones para quienes cruzan sin autorización, como se
observa en prácticas contemporáneas de limitar el acceso al asilo y condicionar la admisión legal de
solicitantes (Espinosa Ortiz, 2025; Reuters, 2024). Estos mecanismos se justifican frecuentemente desde
discursos de control de fronteras y protección del mercado laboral interno, pero ignoran las múltiples
causas profundas que motivan la migración —incluidas desigualdades económicas, violencia estructural
y violaciones de derechos en los países de origen.
pág. 3350
Un aspecto fundamental que articula las tensiones entre política migratoria y derechos humanos se
encuentra en el tratamiento que reciben las personas desplazadas en tránsito. En la frontera norte de
México, la implementación de protocolos como el Migrant Protection Protocols (MPP, conocido como
“Quédate en México”) obligó a miles de solicitantes de asilo a permanecer en territorio mexicano a la
espera de la resolución de sus casos, exponiéndolos a contextos de riesgo, precariedad y violaciones a
sus derechos fundamentales (Diaz Carnero, 2020; Article Migration Policy Institute, 2025). Estas
prácticas han sido ampliamente criticadas por organizaciones internacionales y defensores de derechos
humanos, quienes señalan un desbalance entre las necesidades de protección de las personas y los
objetivos de las políticas migratorias securitarias.
Las tensiones derivan no solo de las medidas estadounidenses, sino también de las respuestas mexicanas
frente a las exigencias de cooperación fronteriza. México, bajo presión diplomática y política, ha
asumido roles de contención que lo posicionan como un actor clave en la gestión migratoria regional,
muchas veces adoptando medidas que replican lógicas securitarias similares a las de Estados Unidos
(Kudeyarova, 2024; The Guardian, 2024). Este fenómeno ha transformado al país en una frontera
extendida de control migratorio, afectando profundamente a los derechos humanos de los migrantes que
transitan por su territorio hacia el norte.
Comprender las tensiones entre las políticas migratorias estadounidenses y la protección internacional
de los derechos humanos implica analizar no solo las normativas y prácticas actuales, sino también las
dimensiones históricas, socioeconómicas y geopolíticas que han moldeado las relaciones migratorias
entre México y Estados Unidos. La presente revisión aborda esa complejidad, integrando perspectivas
legalistas, políticas públicas, derechos humanos y migración internacional para evidenciar el núcleo de
estas tensiones y sus implicaciones para las personas migrantes.
La Migración Mexicana como Fenómeno Estructural y Transnacional
La migración entre México y Estados Unidos se caracteriza por su larga duración histórica y por la
profunda interdependencia socioeconómica entre ambos países. Durante décadas, personas migrantes
mexicanas han contribuido de manera sustancial al crecimiento económico estadounidense,
particularmente en sectores laborales claves como la agricultura, la construcción y los servicios,
formando redes de trabajo transfronterizo que constituyen una parte integral de la economía
pág. 3351
norteamericana (Unidad de Política Migratoria, s.f.). Estas redes trascienden la mera circulación
económica, pues generan espacios transnacionales de pertenencia, identidad y solidaridades
comunitarias que desafían los límites territoriales tradicionales (Aranda, 2018 citado en Unidad de
Política Migratoria, s.f.).
No obstante, la evolución de los marcos legales y políticos ha generado ciclos de apertura y cierre de
canales migratorios legales. La militarización progresiva de la frontera, la reducción de visas temporales
y la intensificación de las deportaciones han modificado el paisaje de la migración mexicana, empujando
a más personas hacia rutas irregulares y vulnerables (Rodríguez, 2025). Estas medidas han sido
justificadas a partir de narrativas de seguridad nacional y protección económica interna, sin considerar
la responsabilidad internacional de proteger a las personas en movimiento.
La pandemia de COVID-19 aceleró ciertas tendencias restrictivas, como la aplicación del Título 42 y
otras figuras legales que permitieron la expulsión sumaria de migrantes bajo pretextos sanitarios,
afectando de manera desproporcionada a quienes carecían de vías legales para solicitar protección
(Amelica report, s.f.). Aunque estas medidas respondieron a la gestión de salud pública, también
evidenciaron cómo las crisis sanitarias pueden ser instrumentalizadas para reforzar prácticas ya
existentes de exclusión y externalización de la política migratoria estadounidense.
Política Migratoria Estadounidense y Derechos Humanos
Las tensiones entre las políticas migratorias de Estados Unidos y la protección internacional de los
derechos humanos se evidencian de manera explícita en prácticas como la limitación del acceso al asilo,
la detención prolongada, la separación familiar y las deportaciones sin debido proceso. Si bien Estados
Unidos es parte de tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
sus prácticas migratorias a menudo se conciben desde una lógica securitaria que prioriza el control
estatal por encima de las obligaciones de protección internacional (Migration Policy Institute, 2025).
Esto coloca al país en una posición crítica frente a organismos internacionales y defensores de derechos
humanos que denuncian violaciones sistemáticas a los principios de no devolución (non-refoulement),
debido proceso y trato humano.
Un ejemplo paradigmático de esta tensión fue la implementación de los Migrant Protection Protocols
(MPP) entre 2019 y 2022, bajo administraciones estadounidenses recientes, que obligaron a solicitantes
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de asilo a esperar en México durante meses o años sin acceso adecuado a servicios básicos ni protección
efectiva (Migration Policy Institute, 2025). Diversos estudios y organizaciones han señalado que
programas de esta naturaleza violan estándares internacionales de protección de asilo, exponiendo a las
personas a condiciones de vulnerabilidad y peligros significativos en las zonas fronterizas mexicanas
(Diaz Carnero, 2020).
También, declaraciones y políticas recientes que condicionan el acceso al asilo en función de la legalidad
de la entrada o el uso de herramientas digitales para gestionar citas previas han generado críticas por
restringir derechos fundamentales sin opciones alternativas viables para quienes huyen de violencia y
persecución (Reuters, 2024; AP News, 2024). Las implicaciones de estas medidas son profundas, ya que
no solo reducen las posibilidades de protección internacional, sino que también contribuyen a la
percepción de la migración irregular como un delito más que como una condición que merece protección
humanitaria.
Organizaciones internacionales han señalado que estas prácticas no pueden separarse de las obligaciones
derivadas de instrumentos como la Convención de Ginebra de 1951 y su Protocolo de 1967, así como
de los principios de derechos humanos que prohíben el retorno forzado a situaciones de peligro
(UNHCR, en diversos análisis críticos recogidos por académicos). Aunque algunos defensores de
políticas estrictas argumentan que los sistemas de asilo han sido sobrecargados y requieren reformas, el
enfoque punitivo ha demostrado generar consecuencias humanitarias graves y frecuentes violaciones de
derechos fundamentales.
El Rol de México en la Externalización de la Política Migratoria
La relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia migratoria refleja una asimetría de poder
donde el país del norte ha conseguido transferir parte de sus objetivos de control fronterizo hacia
territorio mexicano. A partir de acuerdos bilaterales y presiones políticas, México ha adoptado
estrategias de contención similares, incluidas detenciones masivas y la relocalización forzada de
personas migrantes hacia el sur de su propio territorio (Kudeyarova, 2024; The Guardian, 2024). Estas
prácticas han expuesto a cientos de miles de migrantes a condiciones de precariedad, violencia y
explotación por parte de redes criminales y autoridades locales.
pág. 3353
La adopción de estrategias de externalización migratoria muestra cómo las políticas de Estados Unidos
no operan de manera aislada, sino que influencian profundamente las prácticas internas de otros países,
especialmente aquellos geográficamente conectados por rutas migratorias históricas como México. Esto
significa que las tensiones entre control migratorio y derechos humanos no son únicamente un problema
estadounidense, sino que se convierten en un desafío regional que exige enfoques colaborativos basados
en el respeto de la dignidad humana.
Por otro lado, México enfrenta un dilema complejo: equilibrar su soberanía y compromiso con los
derechos humanos con presiones exteriores para hacer de su territorio un espacio intermedio de
contención migratoria. Este papel ha sido objeto de controversia interna y externa, al punto de que
organizaciones no gubernamentales mexicanas han denunciado condiciones inhumanas en centros de
detención y severas violaciones a los derechos de quienes transitan o quedan varados en su territorio (Le
Monde, 2024).
Derechos Humanos y Protección Internacional
La protección de los derechos humanos de las personas migrantes constituye un principio esencial del
derecho internacional, independientemente de su estatus migratorio. Normas como el derecho al debido
proceso, el principio de no devolución, la protección contra tratos crueles e inhumanos y el acceso a
servicios básicos deben permanecer vigentes incluso en contextos de políticas migratorias estrictas. Sin
embargo, la aplicación de estas normas es frecuentemente inconsistente frente a prácticas de
securitización y externalización de fronteras.
El Grupo de Trabajo de la ONU, relatorías especiales y comisiones de derechos humanos han criticado
las políticas migratorias restrictivas de Estados Unidos y sus consecuencias, señalando que las medidas
que priorizan la disuasión y la expulsión a menudo comprometen la protección de derechos
fundamentales (varios informes de organismos internacionales recogidos por análisis académicos). De
manera similar, organismos regionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han
llamado la atención sobre la necesidad de proteger a las personas migrantes frente a violaciones
sistemáticas que ocurren tanto en el país de destino como en los de tránsito.
Estos llamados subrayan la importancia de una mirada integral que combine la gestión de fronteras con
políticas migratorias que respeten los estándares internacionales de derechos humanos y ofrezcan rutas
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seguras y ordenadas para migrar. Esto implica no solo reformas legislativas, sino también inversiones
en infraestructura de protección, capacitación en derechos humanos y mecanismos de rendición de
cuentas que sancionen abusos y garanticen la dignidad de las personas migrantes en todas las etapas de
su movilidad.
La migración mexicana hacia Estados Unidos representa un fenómeno complejo que articula
dimensiones históricas, económicas, políticas y humanitarias. Las tensiones entre las políticas
migratorias estadounidenses y la protección internacional de los derechos humanos no solo reflejan
discrepancias normativas, sino también prioridades divergentes entre la lógica de control estatal y la
necesidad de garantizar la dignidad humana de las personas en movimiento. A medida que las políticas
migratorias se endurecen en ambos lados de la frontera, las personas migrantes continúan enfrentando
desafíos significativos que ponen en riesgo sus derechos fundamentales.
La comprensión de estas tensiones exige analizar no solo las prácticas actuales, sino también los
contextos históricos, las relaciones bilaterales asimétricas y los marcos internacionales que buscan
equilibrar el derecho soberano de los Estados para regular migración con las obligaciones humanitarias
universales. A través de esta revisión se examinarán las raíces de dichas tensiones, sus manifestaciones
contemporáneas y las implicaciones para las personas migrantes, las sociedades receptoras y los
sistemas de protección de derechos humanos a nivel global.
Contexto y Relevancia del Estudio
La migración mexicana hacia Estados Unidos constituye uno de los flujos migratorios más persistentes
y significativos a nivel mundial, tanto por su volumen como por su impacto social, económico y político
en ambos países. Este fenómeno no puede entenderse únicamente como un proceso de movilidad laboral,
sino como una dinámica estructural profundamente vinculada a desigualdades históricas, asimetrías
económicas, violencia estructural y transformaciones en los regímenes de control fronterizo (Massey et
al., 2014; Castles, de Haas & Miller, 2020). En este contexto, la migración mexicana ha sido objeto de
una creciente politización en el debate público estadounidense, especialmente en las últimas décadas,
donde se la ha asociado a discursos de seguridad nacional, criminalización y control territorial
(Cornelius, 2005).
pág. 3355
La relevancia del presente estudio radica en el análisis crítico de las tensiones existentes entre la política
migratoria estadounidense y los estándares internacionales de protección de los derechos humanos. Si
bien los Estados conservan el derecho soberano de regular el ingreso y permanencia de personas
extranjeras en su territorio, dicho poder se encuentra limitado por obligaciones internacionales en
materia de derechos humanos y derecho de los refugiados, tales como el principio de no devolución, el
derecho al debido proceso y la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes (UNHCR, 2011;
CIDH, 2019). No obstante, diversas investigaciones han documentado que las políticas migratorias
restrictivas implementadas por Estados Unidos han generado escenarios de vulneración sistemática de
estos derechos, particularmente en poblaciones migrantes en situación irregular y solicitantes de asilo
(Menjívar & Abrego, 2012).
El estudio adquiere especial relevancia al considerar el proceso de externalización de las políticas
migratorias estadounidenses hacia México, fenómeno que ha convertido al país en un espacio de
contención migratoria y ha trasladado los riesgos y responsabilidades humanitarias al territorio
mexicano (García Hernández, 2019). Esta dinámica ha intensificado la precarización de las condiciones
de vida de las personas migrantes y ha generado nuevas formas de violencia institucional y social
(Aranda & Vaquera, 2011).
En este sentido, el análisis de la migración mexicana desde una perspectiva de derechos humanos resulta
fundamental para comprender las contradicciones entre el discurso normativo internacional y las
prácticas estatales contemporáneas. El presente estudio busca aportar evidencia teórica y analítica que
permita visibilizar estas tensiones y contribuir al debate académico y político sobre la necesidad de
modelos migratorios más humanos, coherentes y respetuosos de la dignidad humana (Castles et al.,
2020).
Fundamentación Teórica
La fundamentación teórica de este estudio se apoya en tres ejes conceptuales principales: la teoría de la
migración internacional, el enfoque de securitización de la migración y el marco normativo de los
derechos humanos aplicables a las personas migrantes. Desde la teoría de la migración internacional,
autores como Massey et al. (1993) y Castles et al. (2020) sostienen que los flujos migratorios no
responden únicamente a decisiones individuales, sino a estructuras económicas globales, redes sociales
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transnacionales y relaciones históricas entre países de origen y destino. En el caso de México y Estados
Unidos, estas teorías permiten explicar la persistencia del flujo migratorio a pesar del endurecimiento
de las políticas fronterizas.
Por su parte, el enfoque de la securitización de la migración, desarrollado desde la teoría crítica de las
relaciones internacionales, plantea que los Estados construyen discursivamente la migración como una
amenaza a la seguridad nacional, legitimando así políticas excepcionales de control, vigilancia y
exclusión (Buzan, Wæver & de Wilde, 1998). Este proceso ha sido ampliamente documentado en el
contexto estadounidense, donde la migración mexicana ha sido asociada a narrativas de criminalidad,
terrorismo y competencia laboral, justificando medidas como la militarización de la frontera, la
detención masiva y la deportación acelerada (Huysmans, 2006).
Desde una perspectiva jurídica y de derechos humanos, el análisis se sustenta en el derecho internacional
de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados. Instrumentos como la Convención
sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, su Protocolo de 1967 y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos establecen obligaciones claras para los Estados en materia de protección de personas
migrantes y solicitantes de asilo (UNHCR, 2011; CIDH, 2019). Estos marcos normativos reconocen que
la condición migratoria no puede ser utilizada como fundamento para la negación de derechos
fundamentales.
Sin embargo, diversos estudios críticos han señalado una brecha persistente entre la normativa
internacional y las prácticas migratorias estatales, fenómeno que se explica a través del concepto de
“excepcionalismo migratorio”, donde los Estados suspenden o relativizan derechos bajo el argumento
de la soberanía y la seguridad (Agamben, 2005; Bosniak, 2006). En el caso de Estados Unidos, esta
brecha se manifiesta en políticas que limitan el acceso al asilo, restringen el debido proceso y normalizan
la detención prolongada de personas migrantes (Menjívar, 2014).
La teoría de la externalización de fronteras permite comprender el rol de México como actor
subordinado en la gestión migratoria regional, donde se transfieren responsabilidades de control sin
garantizar mecanismos adecuados de protección de derechos humanos (García Hernández, 2019). Esta
perspectiva resulta clave para analizar las tensiones multilaterales y los impactos humanitarios derivados
de la cooperación migratoria entre ambos países.
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Problemática
La problemática central de este estudio se sitúa en la contradicción estructural entre la política migratoria
estadounidense y los principios de protección internacional de los derechos humanos aplicables a las
personas migrantes mexicanas. A pesar de que Estados Unidos se presenta como un país comprometido
con la defensa de los derechos humanos, múltiples investigaciones evidencian que sus políticas
migratorias han generado escenarios de vulneración sistemática de derechos fundamentales,
particularmente en contextos de control fronterizo y procedimientos de deportación (Cornelius, 2005;
Menjívar & Abrego, 2012).
Uno de los principales problemas identificados es la criminalización de la migración irregular, que
transforma una condición administrativa en una falta de carácter penal o moral, reforzando estigmas
sociales y legitimando prácticas coercitivas (De Genova, 2002). Esta criminalización afecta de manera
desproporcionada a la población migrante mexicana, debido a su histórica presencia y visibilidad en el
territorio estadounidense. Las consecuencias incluyen detenciones arbitrarias, separación familiar y
restricciones al acceso a servicios básicos, lo que vulnera derechos reconocidos internacionalmente
(CIDH, 2019).
Otro aspecto crítico de la problemática es la restricción del derecho al asilo y la erosión del principio de
no devolución. Políticas como la devolución inmediata en frontera, la exigencia de solicitudes previas
desde terceros países y la externalización de procedimientos de asilo han sido señaladas como
incompatibles con los estándares internacionales de protección (UNHCR, 2011). Estas medidas exponen
a las personas migrantes a situaciones de violencia, explotación y riesgo extremo, tanto en territorio
mexicano como en las rutas migratorias.
La externalización de la política migratoria hacia México ha generado una sobrecarga institucional y
una precarización de las condiciones de protección, trasladando los costos humanitarios a un país con
capacidades limitadas para garantizar derechos de manera efectiva (García Hernández, 2019). Este
proceso ha incrementado las violaciones de derechos humanos en estaciones migratorias, operativos de
control y procesos de detención, configurando una crisis humanitaria regional.
En este contexto, la problemática no se limita a la eficacia de las políticas migratorias, sino a su
legitimidad ética y jurídica. La persistencia de estas tensiones plantea interrogantes fundamentales sobre
pág. 3358
la compatibilidad entre soberanía estatal y derechos humanos, así como sobre la responsabilidad
compartida de los Estados en la gestión de la migración internacional.
Objetivos y Preguntas de Investigación
Analizar las tensiones existentes entre la política migratoria de Estados Unidos y la protección
internacional de los derechos humanos en el contexto de la migración mexicana, a partir de una revisión
sistemática de la literatura académica, jurídica y normativa.
Objetivos específicos
• Examinar los principales enfoques teóricos que explican la migración mexicana hacia Estados
Unidos.
• Identificar las políticas migratorias estadounidenses más relevantes y sus implicaciones en los
derechos humanos de las personas migrantes.
• Analizar el rol de México en la externalización de la política migratoria y sus efectos en la
protección de derechos.
• Evaluar la coherencia entre las prácticas migratorias actuales y los estándares internacionales
de derechos humanos.
Preguntas de investigación
• ¿Cuáles son las principales tensiones entre la política migratoria estadounidense y los marcos
internacionales de derechos humanos aplicables a la migración mexicana?
• ¿De qué manera las políticas de control y securitización afectan el ejercicio de los derechos
fundamentales de las personas migrantes?
• ¿Cómo influye la externalización de la política migratoria en la responsabilidad de protección
de los Estados involucrados?
METODOLOGÍA
El presente estudio corresponde a una revisión sistemática de la literatura, desarrollada conforme a las
directrices establecidas por la declaración PRISMA 2020 (Preferred Reporting Items for Systematic
Reviews and Meta-Analyses), cuyo objetivo es garantizar la transparencia, rigurosidad metodológica y
reproducibilidad del proceso de selección, análisis y síntesis de los estudios incluidos (Page et al., 2021).
La metodología PRISMA resulta particularmente adecuada para este trabajo debido a la naturaleza
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interdisciplinaria del fenómeno migratorio, que involucra aportes del derecho internacional, las ciencias
sociales, la política pública y los estudios de derechos humanos.
Diseño del estudio
La revisión sistemática se diseñó bajo un enfoque cualitativo, descriptivo y analítico, orientado a
identificar, evaluar y sintetizar la evidencia científica existente sobre las tensiones entre la política
migratoria estadounidense y la protección internacional de los derechos humanos en el contexto de la
migración mexicana hacia Estados Unidos. No se realizó metaanálisis cuantitativo debido a la
heterogeneidad metodológica y conceptual de los estudios incluidos, predominando investigaciones
teóricas, jurídicas, cualitativas y de análisis normativo (Snyder, 2019).
Fuentes de información y bases de datos
La búsqueda bibliográfica se llevó a cabo en bases de datos académicas de reconocido prestigio
internacional, seleccionadas por su cobertura en ciencias sociales, derecho y estudios migratorios. Las
bases de datos consultadas fueron:
• Scopus
• Web of Science (WOS)
• SciELO
• Redalyc
• Google Scholar (como fuente complementaria)
Adicionalmente, se incluyeron documentos normativos y reportes institucionales de organismos
internacionales relevantes, tales como la ONU, ACNUR (UNHCR), la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), dada su
relevancia para el análisis del marco de derechos humanos (PRISMA, 2020).
Estrategia de búsqueda
La estrategia de búsqueda se estructuró mediante el uso de descriptores controlados y palabras clave,
combinados con operadores booleanos (AND, OR), en español e inglés. Entre los principales términos
utilizados se incluyeron:
• Migración mexicana OR Mexican migration
• Política migratoria estadounidense OR U.S. immigration policy
pág. 3360
• Derechos humanos OR Human rights
• Asilo OR Asylum
• Externalización migratoria OR Migration externalization
Un ejemplo de ecuación de búsqueda utilizada fue:
(“Mexican migration” AND “U.S. immigration policy” AND “human rights”)
La búsqueda se limitó a publicaciones realizadas entre 2010 y 2024, con el fin de asegurar la actualidad
y relevancia del análisis, considerando los cambios normativos y políticos recientes en materia
migratoria (Page et al., 2021).
Criterios de inclusión y exclusión
Se establecieron criterios explícitos para garantizar la coherencia y calidad del corpus analizado:
Criterios de inclusión:
• Artículos científicos revisados por pares.
• Estudios teóricos, empíricos, jurídicos o de revisión.
• Investigaciones centradas en la migración mexicana hacia Estados Unidos.
• Publicaciones que aborden políticas migratorias, derechos humanos, asilo o externalización
fronteriza.
• Documentos publicados en español o inglés.
Criterios de exclusión:
• Artículos sin acceso al texto completo.
• Publicaciones duplicadas.
• Estudios centrados exclusivamente en otros flujos migratorios sin referencia al caso mexicano.
• Documentos de opinión sin sustento académico.
Proceso de selección de estudios
El proceso de selección se desarrolló en cuatro fases, conforme al diagrama PRISMA 2020:
• Identificación: Se recuperaron inicialmente los registros a partir de las bases de datos
seleccionadas.
• Depuración: Se eliminaron los estudios duplicados mediante revisión manual y uso de gestores
bibliográficos.
pág. 3361
• Cribado: Se realizó una revisión de títulos y resúmenes para evaluar la pertinencia temática.
• Elegibilidad: Se examinó el texto completo de los estudios preseleccionados, aplicando los
criterios de inclusión y exclusión definidos.
Se conformó el corpus definitivo de artículos incluidos para el análisis cualitativo.
Extracción y análisis de datos
La extracción de datos se realizó mediante una matriz de análisis diseñada ad hoc, que incluyó
información sobre: autor, año de publicación, país de estudio, enfoque metodológico, marco teórico,
principales hallazgos y aportes al análisis de derechos humanos. Posteriormente, los datos fueron
sometidos a un análisis temático, permitiendo identificar patrones, convergencias y divergencias entre
los estudios seleccionados (Braun & Clarke, 2006).
Categorías de análisis
A partir del análisis inductivo-deductivo de la literatura, se establecieron las siguientes categorías
analíticas:
• Enfoques teóricos sobre la migración mexicana
(teorías estructurales, transnacionales y económicas).
• Securitización y criminalización de la migración
(discursos de amenaza, control fronterizo y detención).
• Política migratoria estadounidense y acceso al asilo
(restricciones normativas, procedimientos y debido proceso).
• Externalización de la política migratoria hacia México
(cooperación bilateral, contención y desplazamiento de responsabilidades).
• Impactos en los derechos humanos de las personas migrantes
(principio de no devolución, derechos fundamentales y protección internacional).
Estas categorías permitieron organizar los resultados y estructurar la discusión teórica de manera
coherente con los objetivos del estudio.
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Consideraciones éticas
Al tratarse de una revisión sistemática de literatura, este estudio no implicó la intervención directa con
seres humanos ni el manejo de datos sensibles. No obstante, se respetaron principios éticos relacionados
con la integridad académica, el uso responsable de fuentes y la adecuada citación de los autores
conforme a las normas APA (APA, 2020).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Enfoques teóricos sobre la migración mexicana hacia Estados Unidos
Los resultados de la revisión sistemática muestran que la migración mexicana hacia Estados Unidos ha
sido analizada desde un conjunto amplio de marcos teóricos que coinciden en caracterizar este flujo
como un fenómeno estructural, histórico y profundamente transnacional. La literatura revisada destaca
que la persistencia de la migración mexicana no puede explicarse adecuadamente mediante enfoques
individualistas o economicistas, sino que responde a relaciones históricas de interdependencia
económica, desigualdad social y articulación asimétrica entre ambos países (Massey et al., 1993;
Castles, de Haas & Miller, 2020).
Desde la teoría neoclásica de la migración, los diferenciales salariales y las oportunidades laborales
explican parcialmente la movilidad, pero los estudios revisados evidencian que este enfoque resulta
insuficiente para comprender por qué la migración continúa incluso cuando los costos y riesgos
aumentan debido al endurecimiento de las políticas migratorias (Todaro, 1989). En contraste, la teoría
del mercado laboral segmentado sostiene que las economías avanzadas generan una demanda estructural
de mano de obra migrante en sectores caracterizados por bajos salarios, inestabilidad y escasa protección
social, lo cual explica la permanencia de la migración mexicana como componente funcional del sistema
económico estadounidense (Piore, 1979).
La teoría de los sistemas migratorios y el enfoque de redes sociales emergen como claves explicativas
centrales. La literatura muestra que las redes familiares y comunitarias reducen los costos de la
migración, facilitan la inserción laboral y reproducen los flujos migratorios en el tiempo,
independientemente de las políticas restrictivas (Massey et al., 2014). Estos hallazgos cuestionan
directamente la eficacia de las políticas de control fronterizo como herramienta principal de gestión
migratoria.
pág. 3363
Desde el enfoque transnacional, los estudios subrayan que la migración mexicana ha generado espacios
sociales que trascienden las fronteras nacionales, donde los migrantes mantienen vínculos económicos,
culturales y políticos simultáneamente en ambos países (Glick Schiller et al., 1995). Esta perspectiva
permite comprender cómo la migración produce formas híbridas de ciudadanía, pertenencia e identidad
que desafían la lógica tradicional del Estado-nación.
La discusión teórica evidencia que estas aproximaciones convergen en señalar una contradicción
fundamental: mientras la migración mexicana responde a dinámicas estructurales binacionales, las
políticas migratorias estadounidenses continúan formulándose desde una lógica unilateral de control.
Esta disonancia constituye el trasfondo estructural de las tensiones analizadas en las categorías
posteriores, especialmente en relación con la producción de irregularidad migratoria y la vulneración de
derechos humanos (De Genova, 2002; Castles et al., 2020).
Securitización y criminalización de la migración mexicana
Los resultados de la revisión muestran que la securitización de la migración constituye uno de los
procesos más relevantes en la configuración contemporánea de la política migratoria estadounidense.
La literatura coincide en que, especialmente desde finales del siglo XX y con mayor intensidad tras los
atentados del 11 de septiembre de 2001, la migración ha sido construida discursivamente como una
amenaza a la seguridad nacional, al orden público y a la identidad nacional (Huysmans, 2006; Bigo,
2014).
Este proceso de securitización ha tenido efectos particularmente profundos sobre la población migrante
mexicana, que ha sido recurrentemente asociada a discursos de criminalidad, ilegalidad y riesgo social
(Cornelius, 2005). Los estudios revisados documentan cómo estas narrativas han legitimado la
expansión de aparatos de vigilancia, la militarización de la frontera y el uso intensivo de la detención
migratoria como herramienta de disuasión (Menjívar & Abrego, 2012).
Desde la teoría de la securitización, la migración se convierte en un “problema de seguridad” que
justifica medidas excepcionales, muchas veces incompatibles con los estándares de derechos humanos
(Buzan et al., 1998). La revisión evidencia que esta lógica ha erosionado principios fundamentales como
el debido proceso, la proporcionalidad de las sanciones y la presunción de inocencia, transformando la
condición migratoria irregular en un estatus criminalizado (Bosniak, 2006).
pág. 3364
Un hallazgo central es la producción jurídica y social de la “ilegalidad migrante”. De Genova (2002)
argumenta que la ilegalidad no es una condición objetiva, sino una construcción política que permite
disciplinar a la fuerza laboral migrante, manteniéndola en una situación de vulnerabilidad estructural.
En el caso mexicano, esta producción de ilegalidad ha sido funcional tanto al control estatal como a
ciertos sectores económicos que se benefician de la precarización laboral.
La discusión teórica sugiere que la securitización no ha reducido los flujos migratorios, sino que ha
incrementado los riesgos, empujando a las personas migrantes hacia rutas más peligrosas y redes de
tráfico. Esto ha generado un aumento de muertes, desapariciones y violaciones graves de derechos
humanos, evidenciando el fracaso ético y humanitario del paradigma securitario (CIDH, 2019).
Política migratoria estadounidense y acceso al asilo
La revisión sistemática evidencia que el acceso al asilo se ha convertido en uno de los principales
espacios de tensión entre la política migratoria estadounidense y el derecho internacional de los derechos
humanos. Los estudios analizados muestran una tendencia sostenida a restringir este derecho mediante
barreras legales, administrativas y territoriales que limitan el acceso efectivo a la protección
internacional (UNHCR, 2011; Goodwin-Gill & McAdam, 2007).
Entre los principales resultados se identifican prácticas como la devolución inmediata en frontera, la
exigencia de solicitudes previas desde terceros países y la externalización de procedimientos de asilo.
Estas medidas han sido ampliamente criticadas por organismos internacionales por vulnerar el principio
de no devolución, considerado una norma imperativa del derecho internacional (ius cogens) (CIDH,
2019).
Desde el plano teórico, la literatura señala que el asilo ha sido progresivamente redefinido como un
instrumento de gestión migratoria más que como un derecho humano. Menjívar (2014) sostiene que esta
transformación refleja un desplazamiento desde un enfoque de protección hacia uno de disuasión, donde
el sufrimiento se utiliza implícitamente como herramienta de control.
La discusión pone de relieve que estas restricciones no solo afectan a individuos concretos, sino que
erosionan la legitimidad del sistema internacional de protección de refugiados. La migración mexicana,
aunque históricamente asociada a motivos económicos, se ve cada vez más atravesada por contextos de
pág. 3365
violencia, persecución y vulnerabilidad, lo que complejiza las categorías tradicionales de migrante
económico y refugiado (Castles et al., 2020).
Externalización de la política migratoria hacia México
Los resultados muestran que la externalización de la política migratoria estadounidense ha convertido a
México en un espacio clave de contención migratoria regional. La literatura revisada documenta cómo,
mediante acuerdos bilaterales y presiones políticas, Estados Unidos ha trasladado funciones de control
hacia territorio mexicano, sin garantizar mecanismos adecuados de protección de derechos humanos
(García Hernández, 2019).
Este proceso ha generado una sobrecarga institucional en México y ha incrementado la vulnerabilidad
de las personas migrantes, quienes enfrentan detenciones arbitrarias, violencia y precarización en
estaciones migratorias y rutas de tránsito (Aranda & Vaquera, 2011). Desde una perspectiva crítica, se
argumenta que la externalización permite a Estados Unidos reducir costos políticos y humanitarios,
desplazando responsabilidades hacia un país con capacidades limitadas.
La discusión teórica sugiere que esta estrategia profundiza las asimetrías regionales y configura un
modelo de gobernanza migratoria basado en la contención y la delegación de responsabilidades, en
contradicción con los principios de corresponsabilidad internacional.
Impactos en los derechos humanos de las personas migrantes mexicanas
Los resultados de la revisión sistemática evidencian que las políticas migratorias implementadas por
Estados Unidos, en articulación con los mecanismos de externalización hacia México, generan impactos
profundos, sistemáticos y acumulativos en los derechos humanos de las personas migrantes mexicanas.
La literatura analizada coincide en que dichas afectaciones no constituyen eventos aislados o
excepcionales, sino que responden a un patrón estructural derivado de un modelo de gobernanza
migratoria basado en la disuasión, la securitización y la producción de irregularidad (De Genova, 2002;
Menjívar & Abrego, 2012).
Uno de los derechos más gravemente afectados es el derecho a la vida y a la integridad personal,
particularmente como consecuencia indirecta de las políticas de cierre y militarización fronteriza.
Diversos estudios documentan que el reforzamiento de los controles en los cruces tradicionales ha
desplazado a las personas migrantes hacia rutas más peligrosas, caracterizadas por condiciones
pág. 3366
climáticas extremas, presencia de grupos criminales y ausencia de asistencia humanitaria (Cornelius,
2005; Castles et al., 2020). Esta dinámica ha producido un incremento sostenido de muertes,
desapariciones y lesiones graves, lo que plantea una responsabilidad indirecta del Estado en la
generación de riesgos previsibles para la vida humana.
La revisión evidencia vulneraciones sistemáticas al derecho al debido proceso y a las garantías
judiciales, especialmente en contextos de detención migratoria y deportación acelerada. La literatura
señala que muchas personas migrantes mexicanas son privadas de libertad sin una evaluación
individualizada, sin acceso efectivo a asistencia legal y sin información clara sobre sus derechos y
procedimientos, lo que contraviene estándares internacionales básicos de justicia (Bosniak, 2006; CIDH,
2019). Desde una perspectiva jurídica, estas prácticas revelan una normalización de la excepción, donde
la condición migratoria opera como justificación para la suspensión parcial de derechos fundamentales.
El derecho a la unidad familiar emerge como otro ámbito crítico de vulneración. Los estudios revisados
documentan los efectos devastadores de las políticas de detención y deportación en las familias
transnacionales, particularmente en aquellas con estatus migratorio mixto. La separación forzada de
familias genera impactos psicológicos, económicos y sociales de largo plazo, afectando de manera
desproporcionada a niños, niñas y adolescentes (Menjívar & Abrego, 2012). Desde el enfoque de
derechos del niño, estas prácticas resultan incompatibles con el principio del interés superior y con la
obligación estatal de garantizar la protección integral de la infancia.
La revisión también identifica afectaciones significativas al derecho a condiciones de vida dignas,
incluyendo el acceso a salud, trabajo, vivienda y educación. La criminalización de la migración irregular
y el temor a la detención generan barreras estructurales que impiden a las personas migrantes acceder a
servicios básicos, reforzando ciclos de exclusión y precarización (De Genova, 2002). En este sentido, la
literatura destaca que la vulnerabilidad no es inherente a la migración, sino producida por marcos
normativos y prácticas institucionales que colocan a las personas migrantes en situaciones de
indefensión.
Desde una perspectiva interseccional, los estudios revisados subrayan que los impactos en los derechos
humanos no se distribuyen de manera homogénea, sino que se intensifican en función de variables como
género, edad, etnia y condición socioeconómica. Las mujeres migrantes mexicanas enfrentan riesgos
pág. 3367
específicos de violencia sexual y explotación laboral, mientras que las personas indígenas y
afrodescendientes experimentan formas agravadas de discriminación racial y lingüística (Aranda &
Vaquera, 2011). Estos hallazgos refuerzan la necesidad de analizar la migración desde enfoques
diferenciados y sensibles a la diversidad.
En el plano normativo, la discusión teórica revela una profunda brecha entre los compromisos
internacionales asumidos por Estados Unidos y las prácticas migratorias efectivamente implementadas.
Instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niño establecen obligaciones claras
en materia de protección de personas migrantes, independientemente de su estatus migratorio (CIDH,
2019). Sin embargo, la literatura muestra que estas obligaciones son frecuentemente subordinadas a
consideraciones de soberanía y seguridad nacional.
Desde una perspectiva crítica, los estudios argumentan que esta subordinación refleja un modelo de
“ciudadanía diferenciada”, donde los derechos se distribuyen de manera desigual en función del estatus
migratorio (Bosniak, 2006). En este modelo, las personas migrantes mexicanas ocupan una posición
jurídica precaria que las expone a violaciones sistemáticas y limita sus posibilidades de acceso a la
justicia. La discusión teórica concluye que esta situación no solo afecta a los migrantes, sino que
erosiona los principios universales del Estado de derecho y debilita la legitimidad del sistema
internacional de derechos humanos.
Los resultados permiten afirmar que las tensiones entre la política migratoria estadounidense y la
protección internacional de los derechos humanos no son anomalías coyunturales, sino expresiones de
una contradicción estructural entre el control soberano de las fronteras y la universalidad de los derechos
humanos. La persistencia de estas vulneraciones plantea la necesidad urgente de repensar los modelos
de gobernanza migratoria desde un enfoque centrado en la dignidad humana, la corresponsabilidad
internacional y el respeto irrestricto de los derechos fundamentales (Castles et al., 2020).
pág. 3368
Tabla 1: Síntesis principales hallazgo
Categoría de
análisis
Ejes temáticos
identificados
Principales hallazgos de la
literatura
Autores
representativos
Implicaciones teóricas y
prácticas
1. Factores
estructurales de la
migración
mexicana
- Desigualdad
socioeconómica
- Violencia
estructural
- Falta de
oportunidades
laborales
- Impacto del
neoliberalismo
La migración mexicana
responde principalmente a
factores estructurales
persistentes, como la
pobreza, la desigualdad
regional y la precarización
laboral. Las reformas
neoliberales y el
debilitamiento del Estado
social han intensificado la
expulsión de población,
especialmente en zonas
rurales y periurbanas.
Massey et al.
(1993); Portes &
Rumbaut (2014);
Castles (2010)
Reafirma la migración
como fenómeno
estructural y no
coyuntural. Obliga a
superar enfoques
securitarios y adoptar
políticas binacionales de
desarrollo y justicia
social.
2. Evolución de la
política
migratoria
estadounidense
- Enfoque de
seguridad nacional
- Criminalización
del migrante
- Endurecimiento
del control
fronterizo
La política migratoria
estadounidense ha transitado
hacia un modelo restrictivo y
punitivo, priorizando la
seguridad fronteriza sobre la
protección de derechos
humanos. Programas como
“Remain in Mexico” y el uso
del Título 42 han
profundizado la exclusión y
vulnerabilidad de migrantes
mexicanos.
Cornelius (2001);
De Genova
(2017); Meissner
et al. (2013)
Evidencia la
contradicción entre
discursos democráticos y
prácticas migratorias.
Refuerza la noción de
“ilegalización” del
migrante como estrategia
política.
3. Derechos
humanos y
protección
internacional
- Derecho a migrar
- No devolución
(non-refoulement)
- Protección
internacional
Existe una brecha
significativa entre los
estándares internacionales
de derechos humanos y su
aplicación en la política
migratoria estadounidense.
Se documentan violaciones
sistemáticas al debido
proceso, al derecho de asilo
y a la protección contra
tratos crueles o inhumanos.
ACNUR (2022);
CIDH (2015);
Hathaway (2005)
Refuerza el enfoque de
derechos humanos como
marco normativo
superior. Exige
mecanismos de rendición
de cuentas y
armonización normativa.
4. Impactos
sociales y
humanos de la
política
migratoria
- Separación
familiar
- Detención
prolongada
- Trauma
psicosocial
Las políticas restrictivas
generan graves
consecuencias humanas,
incluyendo la separación de
familias, afectaciones a la
salud mental y vulneración
de derechos de niños, niñas y
adolescentes. La detención
migratoria es identificada
como un espacio de
violencia estructural.
Menjívar &
Abrego (2012);
Human Rights
Watch (2020);
Gonzales (2016)
Visibiliza los costos
humanos de la migración
forzada. Fundamenta la
necesidad de políticas
centradas en la dignidad
humana.
pág. 3369
5. Tensiones entre
soberanía estatal
y derechos
humanos
- Control
fronterizo vs.
protección
internacional
- Soberanía vs.
universalidad de
derechos
La literatura evidencia una
tensión estructural entre el
derecho soberano del Estado
a controlar sus fronteras y las
obligaciones internacionales
en materia de derechos
humanos. Estados Unidos
prioriza la soberanía y la
seguridad, debilitando el
régimen internacional de
protección.
Sassen (2014);
Benhabib (2004);
Agamben (2005)
Contribuye al debate
teórico sobre ciudadanía,
exclusión y biopolítica.
Plantea la urgencia de
repensar la soberanía
desde un enfoque
cosmopolita.
6. Rol de México
como país de
origen y tránsito
- Externalización
de fronteras
- Cooperación
asimétrica
México actúa
simultáneamente como país
de origen, tránsito y
contención migratoria,
reproduciendo prácticas
restrictivas bajo presión
estadounidense. Esto genera
nuevas vulnerabilidades para
migrantes mexicanos y
centroamericanos.
Durand & Massey
(2010);
Domínguez &
Fernández (2019)
Evidencia la
corresponsabilidad
regional. Subraya la
necesidad de políticas
migratorias con enfoque
de derechos en América
del Norte.
Fuente: Elaboración propia
CONCLUSIONES
La revisión sistemática de la literatura sobre la migración mexicana hacia Estados Unidos permite
afirmar que este fenómeno constituye uno de los procesos migratorios más complejos, persistentes y
políticamente tensionados del sistema migratorio internacional contemporáneo. A lo largo de las últimas
décadas, la migración mexicana ha dejado de ser comprendida únicamente como un flujo laboral
transitorio para consolidarse como un fenómeno estructural, multidimensional y profundamente
vinculado a dinámicas históricas de desigualdad, exclusión y asimetrías de poder entre Estados
nacionales (Massey et al., 1993; Castles, de Haas & Miller, 2014). En este sentido, la evidencia analizada
confirma que cualquier intento de reducir la migración mediante políticas restrictivas ignora las causas
profundas que la originan y perpetúan.
Una de las principales conclusiones del estudio es que los factores estructurales de expulsión continúan
siendo determinantes en la migración mexicana. La pobreza persistente, la desigualdad regional, la
precarización laboral, la violencia estructural y la limitada movilidad social en amplios sectores del
territorio mexicano configuran un escenario que impulsa la migración como estrategia de supervivencia
y mejora de las condiciones de vida (Portes & Rumbaut, 2014; Sassen, 2014). La literatura revisada
demuestra que estos factores no han sido mitigados de manera sostenida por políticas públicas eficaces,
pág. 3370
lo que refuerza el carácter estructural del fenómeno migratorio y deslegitima las narrativas que
responsabilizan exclusivamente a los individuos migrantes por su desplazamiento.
Se concluye que la política migratoria estadounidense ha experimentado una transformación progresiva
hacia enfoques cada vez más securitarios, punitivos y excluyentes. Desde la década de 1990, el
fortalecimiento del control fronterizo, la expansión de la detención migratoria y la criminalización del
ingreso irregular han configurado un régimen migratorio centrado en la seguridad nacional, en
detrimento de la protección de los derechos humanos (Cornelius, 2001; De Genova, 2017). Lejos de
disuadir la migración, estas políticas han incrementado los riesgos asociados al tránsito migratorio y han
profundizado la vulnerabilidad de las personas migrantes, confirmando la ineficacia de los enfoques
restrictivos para gestionar flujos migratorios complejos.
En este marco, la revisión evidencia una brecha sustantiva entre los compromisos internacionales en
materia de derechos humanos y su implementación práctica en la política migratoria estadounidense. A
pesar de ser signatario de instrumentos fundamentales del derecho internacional, Estados Unidos ha
desarrollado prácticas que contravienen principios esenciales como el debido proceso, el derecho de
asilo y el principio de no devolución (non-refoulement) (Hathaway, 2005; ACNUR, 2022). Esta
contradicción revela una tensión estructural entre la soberanía estatal y la universalidad de los derechos
humanos, situando a las personas migrantes en una zona de exclusión jurídica y política.
Otra conclusión relevante es el impacto humano y social de las políticas migratorias restrictivas,
particularmente en términos de fragmentación familiar, afectaciones psicosociales y vulneración de
derechos de poblaciones en situación de especial protección, como niños, niñas y adolescentes. La
literatura documenta de manera consistente que la detención migratoria prolongada y la separación
familiar generan consecuencias duraderas en la salud mental, el bienestar emocional y los procesos de
integración social de las personas migrantes (Menjívar & Abrego, 2012; Human Rights Watch, 2020).
Estos efectos evidencian que la migración no puede ser abordada únicamente desde una lógica
administrativa o de control, sino desde una perspectiva centrada en la dignidad humana.
Desde una perspectiva teórica, el estudio concluye que la migración mexicana hacia Estados Unidos
constituye un caso paradigmático de las tensiones entre soberanía, ciudadanía y derechos humanos en
el contexto de la globalización. Autores como Benhabib (2004) y Agamben (2005) permiten comprender
pág. 3371
cómo los Estados modernos producen categorías de exclusión que colocan a las personas migrantes en
una condición de “vida desnuda”, desprovista de garantías jurídicas plenas. En este sentido, la política
migratoria estadounidense no solo regula el movimiento de personas, sino que redefine los límites de la
pertenencia política y del acceso a derechos fundamentales.
La revisión también permite concluir que el rol de México en el sistema migratorio regional es
profundamente ambivalente. Por un lado, el país continúa siendo un importante expulsor de población;
por otro, se ha consolidado como territorio de tránsito y contención migratoria, en gran medida como
resultado de la externalización de las fronteras estadounidenses (Durand & Massey, 2010; Domínguez
& Fernández, 2019). Esta dinámica ha llevado a la adopción de políticas migratorias restrictivas en el
sur de México, reproduciendo prácticas de control que generan nuevas vulnerabilidades y tensiones en
materia de derechos humanos.
En términos metodológicos, la aplicación del enfoque PRISMA permitió identificar patrones
consistentes en la literatura, así como vacíos relevantes de investigación. Una conclusión importante es
la necesidad de mayor producción empírica comparativa que analice los efectos a largo plazo de las
políticas migratorias restrictivas, así como estudios que incorporen las voces y experiencias de las
personas migrantes como sujetos de derecho y no únicamente como objetos de control (Gonzales, 2016;
Castles et al., 2014). se evidencia la escasez de investigaciones que evalúen el impacto real de los
mecanismos de cooperación bilateral en la protección de los derechos humanos.
Desde una perspectiva práctica y normativa, el estudio concluye que resulta imprescindible reorientar
las políticas migratorias hacia enfoques integrales y humanitarios, basados en la corresponsabilidad
regional y el respeto irrestricto a los derechos humanos. La evidencia analizada sugiere que las políticas
centradas exclusivamente en la seguridad no solo son ineficaces, sino que agravan los problemas que
pretenden resolver, generando mayores niveles de irregularidad, clandestinidad y sufrimiento humano
(Castles, 2010; Sassen, 2014). En este sentido, se requiere un cambio paradigmático que reconozca la
migración como parte constitutiva de las sociedades contemporáneas.
Otra conclusión fundamental es que la migración mexicana hacia Estados Unidos pone en evidencia las
limitaciones del régimen internacional de protección de derechos humanos frente a los intereses
soberanos de los Estados. Si bien los marcos normativos existen, su aplicación depende en gran medida
pág. 3372
de la voluntad política y de la existencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas (CIDH, 2015).
Esta realidad plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema internacional para garantizar derechos
en contextos de creciente nacionalismo y securitización de las fronteras.
El estudio concluye que la migración mexicana hacia Estados Unidos no puede ser comprendida ni
gestionada de manera aislada. Se trata de un fenómeno profundamente interconectado con procesos
económicos, políticos, sociales y culturales que trascienden las fronteras nacionales. En consecuencia,
cualquier respuesta efectiva debe ser necesariamente transnacional, multidimensional y basada en la
justicia social, reconociendo a las personas migrantes como sujetos plenos de derechos y actores
fundamentales del desarrollo (Portes & Rumbaut, 2014; Benhabib, 2004).
En suma, las conclusiones de esta revisión sistemática refuerzan la necesidad de repensar las políticas
migratorias desde una perspectiva ética, jurídica y humana, superando enfoques reduccionistas y
punitivos. La migración mexicana hacia Estados Unidos constituye un desafío estructural que interpela
no solo a los Estados involucrados, sino al sistema internacional en su conjunto, demandando respuestas
coherentes con los principios fundamentales de dignidad, igualdad y derechos humanos universales
(Hathaway, 2005; ACNUR, 2022).
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