pág. 4996
EL ACCESO A LA JUSTICIA COMO DERECHO
HUMANO EN MÉXICO
ACCESS TO JUSTICE AS A HUMAN RIGHT IN MEXICO
Stephany Maturano Preciado
Centro Universitario Continental
pág. 4997
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i1.22606
El acceso a la justicia como derecho humano en México
Stephany Maturano Preciado1
prmast20d15@redcuc.edu.mx
https://orcid.org/0009-0007-6881-8414
Centro Universitario Continental
México
RESUMEN
El presente artículo de revisión analiza el acceso a la justicia como derecho humano en México, con el
objetivo de sintetizar la evidencia científica, normativa y jurisprudencial sobre su implementación,
barreras existentes y estrategias para garantizar su efectividad. La revisión se desarrolló siguiendo la
metodología PRISMA 2020, mediante la identificación, selección y análisis de literatura académica,
informes institucionales, normativa nacional e internacional, y jurisprudencia relevante, aplicando
criterios de inclusión y exclusión para garantizar la relevancia y calidad de las fuentes. Los hallazgos se
organizaron en cinco categorías analíticas: (1) fundamentos conceptuales y doctrinales; (2) marco
normativo y jurisprudencial; (3) barreras estructurales y sociales; (4) grupos en situación de
vulnerabilidad; y (5) propuestas y buenas prácticas. La revisión evidencia que, aunque México cuenta
con un sólido marco constitucional y legal que reconoce el acceso a la justicia y su vinculación con los
derechos humanos, persisten barreras económicas, geográficas, culturales y procedimentales que limitan
su efectividad. Los grupos más afectados incluyen pueblos indígenas, mujeres, personas con
discapacidad, migrantes y población en pobreza extrema. Entre las buenas prácticas identificadas
destacan la simplificación de procedimientos, la asistencia legal gratuita, la capacitación judicial y el
uso de tecnologías digitales. La investigación concluye que garantizar el acceso efectivo a la justicia
requiere un enfoque integral, interseccional y sostenido, que articule normativa, instituciones y prácticas
judiciales.
Palabras claves: Acceso a la justicia, Derecho humano, México.
1 Autor principal
Correspondencia: prmast20d15@redcuc.edu.mx
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i1.22606
El acceso a la justicia como derecho humano en México
Stephany Maturano Preciado1
prmast20d15@redcuc.edu.mx
https://orcid.org/0009-0007-6881-8414
Centro Universitario Continental
México
RESUMEN
El presente artículo de revisión analiza el acceso a la justicia como derecho humano en México, con el
objetivo de sintetizar la evidencia científica, normativa y jurisprudencial sobre su implementación,
barreras existentes y estrategias para garantizar su efectividad. La revisión se desarrolló siguiendo la
metodología PRISMA 2020, mediante la identificación, selección y análisis de literatura académica,
informes institucionales, normativa nacional e internacional, y jurisprudencia relevante, aplicando
criterios de inclusión y exclusión para garantizar la relevancia y calidad de las fuentes. Los hallazgos se
organizaron en cinco categorías analíticas: (1) fundamentos conceptuales y doctrinales; (2) marco
normativo y jurisprudencial; (3) barreras estructurales y sociales; (4) grupos en situación de
vulnerabilidad; y (5) propuestas y buenas prácticas. La revisión evidencia que, aunque México cuenta
con un sólido marco constitucional y legal que reconoce el acceso a la justicia y su vinculación con los
derechos humanos, persisten barreras económicas, geográficas, culturales y procedimentales que limitan
su efectividad. Los grupos más afectados incluyen pueblos indígenas, mujeres, personas con
discapacidad, migrantes y población en pobreza extrema. Entre las buenas prácticas identificadas
destacan la simplificación de procedimientos, la asistencia legal gratuita, la capacitación judicial y el
uso de tecnologías digitales. La investigación concluye que garantizar el acceso efectivo a la justicia
requiere un enfoque integral, interseccional y sostenido, que articule normativa, instituciones y prácticas
judiciales.
Palabras claves: Acceso a la justicia, Derecho humano, México.
1 Autor principal
Correspondencia: prmast20d15@redcuc.edu.mx
pág. 4998
Access to Justice as a Human Right in Mexico
ABSTRACT
This review article analyzes access to justice as a human right in Mexico, aiming to synthesize scientific,
normative, and jurisprudential evidence regarding its implementation, existing barriers, and strategies
to ensure its effectiveness. The review was conducted following the PRISMA 2020 methodology,
involving the identification, selection, and analysis of academic literature, institutional reports, national
and international regulations, and relevant jurisprudence, applying inclusion and exclusion criteria to
ensure the relevance and quality of the sources. The findings were organized into five analytical
categories: (1) conceptual and doctrinal foundations; (2) normative and jurisprudential framework; (3)
structural and social barriers; (4) vulnerable groups; and (5) proposals and best practices. The review
shows that, although Mexico has a solid constitutional and legal framework recognizing access to justice
and its link to human rights, economic, geographic, cultural, and procedural barriers persist, limiting its
effectiveness. The most affected groups include indigenous peoples, women, persons with disabilities,
migrants, and populations living in extreme poverty. Among the identified best practices are procedural
simplification, free legal assistance, judicial training, and the use of digital technologies. The study
concludes that ensuring effective access to justice requires a comprehensive, intersectional, and
sustained approach that articulates legislation, institutions, and judicial practices.
Keywords: Access to justice, Human rights, Mexico
Artículo recibido 02 enero 2026
Aceptado para publicación: 30 enero 2026
Access to Justice as a Human Right in Mexico
ABSTRACT
This review article analyzes access to justice as a human right in Mexico, aiming to synthesize scientific,
normative, and jurisprudential evidence regarding its implementation, existing barriers, and strategies
to ensure its effectiveness. The review was conducted following the PRISMA 2020 methodology,
involving the identification, selection, and analysis of academic literature, institutional reports, national
and international regulations, and relevant jurisprudence, applying inclusion and exclusion criteria to
ensure the relevance and quality of the sources. The findings were organized into five analytical
categories: (1) conceptual and doctrinal foundations; (2) normative and jurisprudential framework; (3)
structural and social barriers; (4) vulnerable groups; and (5) proposals and best practices. The review
shows that, although Mexico has a solid constitutional and legal framework recognizing access to justice
and its link to human rights, economic, geographic, cultural, and procedural barriers persist, limiting its
effectiveness. The most affected groups include indigenous peoples, women, persons with disabilities,
migrants, and populations living in extreme poverty. Among the identified best practices are procedural
simplification, free legal assistance, judicial training, and the use of digital technologies. The study
concludes that ensuring effective access to justice requires a comprehensive, intersectional, and
sustained approach that articulates legislation, institutions, and judicial practices.
Keywords: Access to justice, Human rights, Mexico
Artículo recibido 02 enero 2026
Aceptado para publicación: 30 enero 2026
pág. 4999
INTRODUCCIÓN
El acceso a la justicia ha cobrado, en las últimas décadas, un lugar preponderante dentro de las
discusiones jurídicas y de derechos humanos en México, imponiéndose como un elemento indispensable
para la plena vigencia del Estado constitucional democrático de derecho. Tradicionalmente concebido
en términos procedimentales como la posibilidad de que una persona comparezca ante tribunales y
obtenga una respuesta judicial, el acceso a la justicia ha evolucionado hasta convertirse en un derecho
humano de carácter integral, cuya realización no sólo implica la apertura de tribunales, sino la
eliminación de obstáculos estructurales, económicos y sociales que lo limitan en la práctica (Luna
Leyva, 2020).
Una perspectiva constitucional, el acceso a la justicia en México encuentra sustento en múltiples
disposiciones que buscan garantizar la protección judicial efectiva de las personas. El artículo 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que “ninguna persona puede hacerse
justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”, y dispone que los tribunales deben
impartir justicia de manera gratuita, pronta y completa (Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, artículo 17). Este mandato constitucional se complementa con las obligaciones del Estado
mexicano de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, con un enfoque de igualdad y no
discriminación, tal como se establece en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos
por México.
En el plano internacional, el acceso a la justicia se reconoce como una garantía esencial dentro del
sistema de protección de derechos humanos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos,
también conocida como Pacto de San José, reconoce el derecho de toda persona a ser oída con las
debidas garantías por un juzgador competente, independiente e imparcial (artículo 8), lo cual implica
restricciones jurídicas al ejercicio del poder estatal y la obligación de implementar mecanismos efectivos
de tutela judicial (OEA, 1969). Más aún, diversos estándares elaborados por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos han profundizado en la noción de acceso a la justicia integrándolo como garantía
para la efectividad de otros derechos, incluyendo los económicos, sociales, culturales y ambientales, lo
que revela la dimensión multidimensional de este derecho humano fundamental.
INTRODUCCIÓN
El acceso a la justicia ha cobrado, en las últimas décadas, un lugar preponderante dentro de las
discusiones jurídicas y de derechos humanos en México, imponiéndose como un elemento indispensable
para la plena vigencia del Estado constitucional democrático de derecho. Tradicionalmente concebido
en términos procedimentales como la posibilidad de que una persona comparezca ante tribunales y
obtenga una respuesta judicial, el acceso a la justicia ha evolucionado hasta convertirse en un derecho
humano de carácter integral, cuya realización no sólo implica la apertura de tribunales, sino la
eliminación de obstáculos estructurales, económicos y sociales que lo limitan en la práctica (Luna
Leyva, 2020).
Una perspectiva constitucional, el acceso a la justicia en México encuentra sustento en múltiples
disposiciones que buscan garantizar la protección judicial efectiva de las personas. El artículo 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que “ninguna persona puede hacerse
justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”, y dispone que los tribunales deben
impartir justicia de manera gratuita, pronta y completa (Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, artículo 17). Este mandato constitucional se complementa con las obligaciones del Estado
mexicano de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, con un enfoque de igualdad y no
discriminación, tal como se establece en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos
por México.
En el plano internacional, el acceso a la justicia se reconoce como una garantía esencial dentro del
sistema de protección de derechos humanos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos,
también conocida como Pacto de San José, reconoce el derecho de toda persona a ser oída con las
debidas garantías por un juzgador competente, independiente e imparcial (artículo 8), lo cual implica
restricciones jurídicas al ejercicio del poder estatal y la obligación de implementar mecanismos efectivos
de tutela judicial (OEA, 1969). Más aún, diversos estándares elaborados por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos han profundizado en la noción de acceso a la justicia integrándolo como garantía
para la efectividad de otros derechos, incluyendo los económicos, sociales, culturales y ambientales, lo
que revela la dimensión multidimensional de este derecho humano fundamental.
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A pesar de este reconocimiento normativo y doctrinal, la materialización del acceso a la justicia en
México enfrenta retos significativos. Las barreras que dificultan su ejercicio pueden ser de índole
económica, como la falta de recursos para iniciar procesos judiciales; de índole geográfica, como la
lejanía de centros de justicia; o de índole estructural, como la insuficiente capacitación de operadores
jurídicos y la sobrecarga de trabajo de los órganos jurisdiccionales (Human Rights Watch, 2025). Estas
barreras no sólo obstaculizan la protección efectiva de los derechos individuales, sino que también
erosionan la confianza ciudadana en el sistema de justicia, perpetuando patrones de impunidad y
desigualdad que contravienen los compromisos internacionales y constitucionales del Estado mexicano.
Un aspecto clave en el análisis del acceso a la justicia lo constituye su relación con el debido proceso
legal y la protección judicial efectiva, elementos que han sido objeto de reformas constitucionales y
doctrinales en México. En particular, las reformas constitucionales de 2008 pretendieron fortalecer los
derechos humanos en el ámbito procesal, incorporando expresamente el catálogo de derechos
reconocidos internacionalmente y reconociendo su jerarquía constitucional (Salcedo Flores, 2024).
Sin embargo, académicos han señalado que, pese a estos avances formales, persisten retos en su
implementación, especialmente en la eficaz ejecución de los mecanismos de amparo y en la
accesibilidad real de los procedimientos judiciales para la población en situación de vulnerabilidad.
Para comprender cabalmente el acceso a la justicia como derecho humano en México, es indispensable
situarlo también en el contexto de la discriminación estructural y la exclusión social que enfrentan
diversos grupos. Las personas con discapacidad, por ejemplo, han sido objeto de estudios que señalan
que los obstáculos para acceder a la justicia constituyen una forma de discriminación estructural, ya que
no se han adoptado adecuadamente medidas de accesibilidad, interpretación y adaptación procesal que
garanticen su plena participación en los procedimientos judiciales (Escobedo Cabello & Téllez
González, 2023). l acceso a la justicia para las comunidades indígenas plantea desafíos particulares en
un sistema judicial que, históricamente, ha subvalorado los sistemas normativos propios y la jurisdicción
indígena como vías legítimas de resolución de conflictos. En este sentido, trabajos especializados han
explorado los estándares internacionales que exigen el respeto a los usos y costumbres indígenas como
manifestación concreta del derecho humano al acceso a la justicia para estos pueblos.
A pesar de este reconocimiento normativo y doctrinal, la materialización del acceso a la justicia en
México enfrenta retos significativos. Las barreras que dificultan su ejercicio pueden ser de índole
económica, como la falta de recursos para iniciar procesos judiciales; de índole geográfica, como la
lejanía de centros de justicia; o de índole estructural, como la insuficiente capacitación de operadores
jurídicos y la sobrecarga de trabajo de los órganos jurisdiccionales (Human Rights Watch, 2025). Estas
barreras no sólo obstaculizan la protección efectiva de los derechos individuales, sino que también
erosionan la confianza ciudadana en el sistema de justicia, perpetuando patrones de impunidad y
desigualdad que contravienen los compromisos internacionales y constitucionales del Estado mexicano.
Un aspecto clave en el análisis del acceso a la justicia lo constituye su relación con el debido proceso
legal y la protección judicial efectiva, elementos que han sido objeto de reformas constitucionales y
doctrinales en México. En particular, las reformas constitucionales de 2008 pretendieron fortalecer los
derechos humanos en el ámbito procesal, incorporando expresamente el catálogo de derechos
reconocidos internacionalmente y reconociendo su jerarquía constitucional (Salcedo Flores, 2024).
Sin embargo, académicos han señalado que, pese a estos avances formales, persisten retos en su
implementación, especialmente en la eficaz ejecución de los mecanismos de amparo y en la
accesibilidad real de los procedimientos judiciales para la población en situación de vulnerabilidad.
Para comprender cabalmente el acceso a la justicia como derecho humano en México, es indispensable
situarlo también en el contexto de la discriminación estructural y la exclusión social que enfrentan
diversos grupos. Las personas con discapacidad, por ejemplo, han sido objeto de estudios que señalan
que los obstáculos para acceder a la justicia constituyen una forma de discriminación estructural, ya que
no se han adoptado adecuadamente medidas de accesibilidad, interpretación y adaptación procesal que
garanticen su plena participación en los procedimientos judiciales (Escobedo Cabello & Téllez
González, 2023). l acceso a la justicia para las comunidades indígenas plantea desafíos particulares en
un sistema judicial que, históricamente, ha subvalorado los sistemas normativos propios y la jurisdicción
indígena como vías legítimas de resolución de conflictos. En este sentido, trabajos especializados han
explorado los estándares internacionales que exigen el respeto a los usos y costumbres indígenas como
manifestación concreta del derecho humano al acceso a la justicia para estos pueblos.
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Otro elemento crucial de la discusión contemporánea es la perspectiva de género en el acceso a la
justicia. Diversas organizaciones civiles y especialistas han resaltado que las mujeres enfrentan barreras
adicionales para lograr justicia, incluyendo la revictimización en los procesos, la falta de atención
especializada ante violencia de género, y las dificultades para que sus denuncias sean investigadas y
sancionadas con diligencia (Inmujeres, 2022). Estos obstáculos no sólo evidencian deficiencias
institucionales, sino que subrayan la urgencia de adoptar enfoques interseccionales que reconozcan
cómo las desigualdades de género, clase y etnia se entrelazan para limitar el acceso a la justicia de
determinados grupos en México.
En paralelo, la impunidad sistémica que caracteriza al sistema de justicia penal mexicano constituye un
factor crítico que retrae el acceso a la justicia como derecho humano efectivo. Informes de organismos
internacionales han documentado que una proporción alarmantemente alta de delitos —como los
homicidios intencionales y la violencia estructural— no son investigados de manera adecuada, ni
conducen a sanciones proporcionales, lo cual representa una violación al derecho de las víctimas y sus
familiares a la justicia y a la reparación integral. Esta realidad pone en evidencia que la existencia de
marcos normativos robustos no es suficiente si no se acompaña de políticas públicas eficaces, recursos
institucionales adecuados y una cultura judicial comprometida con los derechos humanos.
Igualmente, relevante para el entendimiento integral del acceso a la justicia es su vinculación con el
Estado de derecho. La garantía de acceso a la justicia no puede concebirse aisladamente, sino como un
componente inseparable de un sistema jurídico que respete la legalidad, la independencia judicial, la
igualdad ante la ley, y la protección de los derechos fundamentales de todas las personas. Esta
perspectiva, la efectividad del acceso a la justicia constituye un termómetro para medir la salud del
Estado de derecho en México y su capacidad de garantizar un orden social justo y equitativo.
Por otra parte, la literatura jurídica también ha discutido las interpretaciones y desafíos doctrinales que
surgen cuando se conceptualiza el acceso a la justicia como un derecho autónomo o como una categoría
auxiliar de otros derechos. Algunas corrientes sostienen que, si bien el término “acceso a la justicia” no
aparece explícitamente en todos los textos constitucionales o legislativos, su reconocimiento implícito
en la jurisprudencia, la doctrina y los tratados internacionales lo convierte en un derecho autónomo que
obliga al Estado a eliminar barreras de hecho y de derecho para su ejercicio pleno. Esta discusión
Otro elemento crucial de la discusión contemporánea es la perspectiva de género en el acceso a la
justicia. Diversas organizaciones civiles y especialistas han resaltado que las mujeres enfrentan barreras
adicionales para lograr justicia, incluyendo la revictimización en los procesos, la falta de atención
especializada ante violencia de género, y las dificultades para que sus denuncias sean investigadas y
sancionadas con diligencia (Inmujeres, 2022). Estos obstáculos no sólo evidencian deficiencias
institucionales, sino que subrayan la urgencia de adoptar enfoques interseccionales que reconozcan
cómo las desigualdades de género, clase y etnia se entrelazan para limitar el acceso a la justicia de
determinados grupos en México.
En paralelo, la impunidad sistémica que caracteriza al sistema de justicia penal mexicano constituye un
factor crítico que retrae el acceso a la justicia como derecho humano efectivo. Informes de organismos
internacionales han documentado que una proporción alarmantemente alta de delitos —como los
homicidios intencionales y la violencia estructural— no son investigados de manera adecuada, ni
conducen a sanciones proporcionales, lo cual representa una violación al derecho de las víctimas y sus
familiares a la justicia y a la reparación integral. Esta realidad pone en evidencia que la existencia de
marcos normativos robustos no es suficiente si no se acompaña de políticas públicas eficaces, recursos
institucionales adecuados y una cultura judicial comprometida con los derechos humanos.
Igualmente, relevante para el entendimiento integral del acceso a la justicia es su vinculación con el
Estado de derecho. La garantía de acceso a la justicia no puede concebirse aisladamente, sino como un
componente inseparable de un sistema jurídico que respete la legalidad, la independencia judicial, la
igualdad ante la ley, y la protección de los derechos fundamentales de todas las personas. Esta
perspectiva, la efectividad del acceso a la justicia constituye un termómetro para medir la salud del
Estado de derecho en México y su capacidad de garantizar un orden social justo y equitativo.
Por otra parte, la literatura jurídica también ha discutido las interpretaciones y desafíos doctrinales que
surgen cuando se conceptualiza el acceso a la justicia como un derecho autónomo o como una categoría
auxiliar de otros derechos. Algunas corrientes sostienen que, si bien el término “acceso a la justicia” no
aparece explícitamente en todos los textos constitucionales o legislativos, su reconocimiento implícito
en la jurisprudencia, la doctrina y los tratados internacionales lo convierte en un derecho autónomo que
obliga al Estado a eliminar barreras de hecho y de derecho para su ejercicio pleno. Esta discusión
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doctrinal enriquece el análisis académico, ya que permite articular mejor los fundamentos jurídicos del
acceso a la justicia y los retos prácticos de su implementación.
El análisis del acceso a la justicia como derecho humano en México exige atender no sólo a los marcos
normativos y doctrinales, sino también a las experiencias sociales y políticas que han marcado el debate
público. La exigencia de justicia por parte de víctimas de violaciones graves de derechos humanos,
colectivos de defensa de derechos, y organizaciones civiles ha contribuido a visibilizar las deficiencias
del sistema judicial y a promover reformas orientadas a fortalecer los mecanismos de protección judicial.
Este activismo social ha sido un motor para que el acceso a la justicia trascienda la teoría jurídica y se
proyecte como una demanda social que interpela al Estado mexicano sobre su responsabilidad de
garantizar justicia para todas las personas.
El acceso a la justicia en México no puede reducirse a una fórmula legal abstracta; se trata de un derecho
humano complejo que articula dimensiones constitucionales, internacionales, procesales y sociales. Su
realización plena implica no sólo la existencia de normas claras y adecuadas, sino la transformación de
las estructuras institucionales y culturales que impiden su ejercicio efectivo, especialmente para los
grupos en situación de vulnerabilidad. El presente artículo de revisión explora estas múltiples facetas
con el objetivo de ofrecer un panorama actualizado y crítico sobre el estado del acceso a la justicia en
México, destacando tanto los avances normativos como las persistentes brechas que obstaculizan su
materialización en la vida cotidiana.
Contexto y Relevancia del Estudio
El acceso a la justicia constituye uno de los pilares esenciales del Estado constitucional de derecho y se
reconoce actualmente como un derecho humano indispensable para la garantía efectiva de todos los
demás derechos. No se limita únicamente a la posibilidad formal de acudir a tribunales, sino que implica
la existencia de mecanismos reales, accesibles y eficaces para la protección de los derechos
fundamentales. La doctrina contemporánea ha enfatizado que sin acceso efectivo a la justicia, los
derechos reconocidos en normas constitucionales e internacionales se convierten en declaraciones
programáticas sin eficacia material (Fix-Zamudio & Valencia Carmona, 2019).
En el contexto mexicano, el acceso a la justicia ha adquirido especial relevancia a partir de la reforma
constitucional en materia de derechos humanos de 2011, la cual fortaleció el bloque de
doctrinal enriquece el análisis académico, ya que permite articular mejor los fundamentos jurídicos del
acceso a la justicia y los retos prácticos de su implementación.
El análisis del acceso a la justicia como derecho humano en México exige atender no sólo a los marcos
normativos y doctrinales, sino también a las experiencias sociales y políticas que han marcado el debate
público. La exigencia de justicia por parte de víctimas de violaciones graves de derechos humanos,
colectivos de defensa de derechos, y organizaciones civiles ha contribuido a visibilizar las deficiencias
del sistema judicial y a promover reformas orientadas a fortalecer los mecanismos de protección judicial.
Este activismo social ha sido un motor para que el acceso a la justicia trascienda la teoría jurídica y se
proyecte como una demanda social que interpela al Estado mexicano sobre su responsabilidad de
garantizar justicia para todas las personas.
El acceso a la justicia en México no puede reducirse a una fórmula legal abstracta; se trata de un derecho
humano complejo que articula dimensiones constitucionales, internacionales, procesales y sociales. Su
realización plena implica no sólo la existencia de normas claras y adecuadas, sino la transformación de
las estructuras institucionales y culturales que impiden su ejercicio efectivo, especialmente para los
grupos en situación de vulnerabilidad. El presente artículo de revisión explora estas múltiples facetas
con el objetivo de ofrecer un panorama actualizado y crítico sobre el estado del acceso a la justicia en
México, destacando tanto los avances normativos como las persistentes brechas que obstaculizan su
materialización en la vida cotidiana.
Contexto y Relevancia del Estudio
El acceso a la justicia constituye uno de los pilares esenciales del Estado constitucional de derecho y se
reconoce actualmente como un derecho humano indispensable para la garantía efectiva de todos los
demás derechos. No se limita únicamente a la posibilidad formal de acudir a tribunales, sino que implica
la existencia de mecanismos reales, accesibles y eficaces para la protección de los derechos
fundamentales. La doctrina contemporánea ha enfatizado que sin acceso efectivo a la justicia, los
derechos reconocidos en normas constitucionales e internacionales se convierten en declaraciones
programáticas sin eficacia material (Fix-Zamudio & Valencia Carmona, 2019).
En el contexto mexicano, el acceso a la justicia ha adquirido especial relevancia a partir de la reforma
constitucional en materia de derechos humanos de 2011, la cual fortaleció el bloque de
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constitucionalidad e incorporó el principio pro persona, ampliando la obligación estatal de garantizar
recursos judiciales efectivos. El artículo 17 constitucional establece la obligación del Estado de impartir
justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, configurando una base normativa directa para exigir
condiciones de acceso real a los órganos jurisdiccionales (Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 1917/última reforma).
A nivel internacional, el acceso a la justicia se encuentra sólidamente reconocido en instrumentos
vinculantes para México, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consagran el derecho al recurso judicial efectivo y a
las garantías procesales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado reiteradamente que
el acceso a la justicia es un derecho autónomo y también un medio indispensable para la protección de
otros derechos humanos (Corte IDH, 2007).
La relevancia del estudio del acceso a la justicia en México se incrementa frente a escenarios de
desigualdad social, impunidad y sobrecarga institucional. Diversos diagnósticos han mostrado que
amplios sectores de la población enfrentan barreras económicas, geográficas, culturales y
procedimentales para ejercer sus derechos ante las autoridades jurisdiccionales. Estas limitaciones
afectan especialmente a grupos en situación de vulnerabilidad, como pueblos indígenas, mujeres
víctimas de violencia y personas con discapacidad (Comisión Nacional de los Derechos Humanos
[CNDH], 2022).
En consecuencia, analizar el acceso a la justicia como derecho humano en México resulta pertinente no
sólo Una perspectiva jurídica, sino también social e institucional, ya que permite evaluar la eficacia real
del sistema de justicia y su capacidad para responder a las demandas ciudadanas en condiciones de
igualdad y dignidad (Carbonell, 2020).
Fundamentación Teórica
La fundamentación teórica del acceso a la justicia se ha desarrollado a partir de enfoques procesales,
constitucionales y de derechos humanos. Uno de los aportes más influyentes proviene de Cappelletti y
Garth, quienes conceptualizaron el acceso a la justicia como el requisito básico de un sistema jurídico
igualitario, identificando “olas” de reforma orientadas a eliminar barreras económicas, ampliar la
representación legal y transformar los mecanismos de resolución de conflictos. Estos autores sostienen
constitucionalidad e incorporó el principio pro persona, ampliando la obligación estatal de garantizar
recursos judiciales efectivos. El artículo 17 constitucional establece la obligación del Estado de impartir
justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, configurando una base normativa directa para exigir
condiciones de acceso real a los órganos jurisdiccionales (Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 1917/última reforma).
A nivel internacional, el acceso a la justicia se encuentra sólidamente reconocido en instrumentos
vinculantes para México, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consagran el derecho al recurso judicial efectivo y a
las garantías procesales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado reiteradamente que
el acceso a la justicia es un derecho autónomo y también un medio indispensable para la protección de
otros derechos humanos (Corte IDH, 2007).
La relevancia del estudio del acceso a la justicia en México se incrementa frente a escenarios de
desigualdad social, impunidad y sobrecarga institucional. Diversos diagnósticos han mostrado que
amplios sectores de la población enfrentan barreras económicas, geográficas, culturales y
procedimentales para ejercer sus derechos ante las autoridades jurisdiccionales. Estas limitaciones
afectan especialmente a grupos en situación de vulnerabilidad, como pueblos indígenas, mujeres
víctimas de violencia y personas con discapacidad (Comisión Nacional de los Derechos Humanos
[CNDH], 2022).
En consecuencia, analizar el acceso a la justicia como derecho humano en México resulta pertinente no
sólo Una perspectiva jurídica, sino también social e institucional, ya que permite evaluar la eficacia real
del sistema de justicia y su capacidad para responder a las demandas ciudadanas en condiciones de
igualdad y dignidad (Carbonell, 2020).
Fundamentación Teórica
La fundamentación teórica del acceso a la justicia se ha desarrollado a partir de enfoques procesales,
constitucionales y de derechos humanos. Uno de los aportes más influyentes proviene de Cappelletti y
Garth, quienes conceptualizaron el acceso a la justicia como el requisito básico de un sistema jurídico
igualitario, identificando “olas” de reforma orientadas a eliminar barreras económicas, ampliar la
representación legal y transformar los mecanismos de resolución de conflictos. Estos autores sostienen
pág. 5004
que el acceso a la justicia implica tanto la visibilidad de los derechos como la existencia de vías efectivas
para hacerlos valer (Cappelletti & Garth, 1978).
La teoría constitucional contemporánea, el acceso a la justicia se vincula con la tutela judicial efectiva,
entendida como el derecho de toda persona a obtener una resolución fundada, dentro de un plazo
razonable y emitida por autoridad competente. Este derecho integra componentes como el debido
proceso, la defensa adecuada y la ejecución de las resoluciones judiciales. La tutela judicial efectiva no
se satisface con la mera apertura de procedimientos, sino con la garantía de resultados jurídicamente
operativos (Fix-Zamudio & Valencia Carmona, 2019).
En el marco de los derechos humanos, el acceso a la justicia ha sido interpretado como un derecho
complejo que incluye dimensiones de disponibilidad, accesibilidad, calidad y adaptabilidad
institucional. La doctrina señala que los Estados deben remover obstáculos estructurales que impidan el
ejercicio de recursos judiciales efectivos, incluyendo barreras lingüísticas, culturales y económicas. Esta
visión supera el formalismo jurídico tradicional y adopta un enfoque material de igualdad (Abramovich
& Courtis, 2006).
La jurisprudencia interamericana ha contribuido significativamente a esta construcción teórica. La Corte
Interamericana ha establecido que el derecho al recurso efectivo exige que los Estados no sólo prevean
recursos en la ley, sino que aseguren su efectividad práctica. Ha vinculado el acceso a la justicia con la
obligación de investigar, sancionar y reparar violaciones de derechos humanos, especialmente en casos
de violencia estructural (Corte IDH, 2007).
En el caso mexicano, la teoría del control de convencionalidad ha fortalecido la fundamentación del
acceso a la justicia, al exigir que jueces y autoridades interpreten las normas internas conforme a los
tratados internacionales de derechos humanos. Esto implica una expansión interpretativa que
favorece la protección más amplia de las personas y refuerza la exigibilidad de recursos judiciales
efectivos (Carbonell, 2020).
Enfoques recientes incorporan perspectivas diferenciadas e interseccionales, reconociendo que el
acceso a la justicia no opera de manera uniforme para toda la población. La teoría de la justicia inclusiva
plantea la necesidad de adaptar procedimientos y estructuras judiciales para garantizar igualdad
sustantiva, especialmente para grupos históricamente excluidos (Ferrajoli, 2011).
que el acceso a la justicia implica tanto la visibilidad de los derechos como la existencia de vías efectivas
para hacerlos valer (Cappelletti & Garth, 1978).
La teoría constitucional contemporánea, el acceso a la justicia se vincula con la tutela judicial efectiva,
entendida como el derecho de toda persona a obtener una resolución fundada, dentro de un plazo
razonable y emitida por autoridad competente. Este derecho integra componentes como el debido
proceso, la defensa adecuada y la ejecución de las resoluciones judiciales. La tutela judicial efectiva no
se satisface con la mera apertura de procedimientos, sino con la garantía de resultados jurídicamente
operativos (Fix-Zamudio & Valencia Carmona, 2019).
En el marco de los derechos humanos, el acceso a la justicia ha sido interpretado como un derecho
complejo que incluye dimensiones de disponibilidad, accesibilidad, calidad y adaptabilidad
institucional. La doctrina señala que los Estados deben remover obstáculos estructurales que impidan el
ejercicio de recursos judiciales efectivos, incluyendo barreras lingüísticas, culturales y económicas. Esta
visión supera el formalismo jurídico tradicional y adopta un enfoque material de igualdad (Abramovich
& Courtis, 2006).
La jurisprudencia interamericana ha contribuido significativamente a esta construcción teórica. La Corte
Interamericana ha establecido que el derecho al recurso efectivo exige que los Estados no sólo prevean
recursos en la ley, sino que aseguren su efectividad práctica. Ha vinculado el acceso a la justicia con la
obligación de investigar, sancionar y reparar violaciones de derechos humanos, especialmente en casos
de violencia estructural (Corte IDH, 2007).
En el caso mexicano, la teoría del control de convencionalidad ha fortalecido la fundamentación del
acceso a la justicia, al exigir que jueces y autoridades interpreten las normas internas conforme a los
tratados internacionales de derechos humanos. Esto implica una expansión interpretativa que
favorece la protección más amplia de las personas y refuerza la exigibilidad de recursos judiciales
efectivos (Carbonell, 2020).
Enfoques recientes incorporan perspectivas diferenciadas e interseccionales, reconociendo que el
acceso a la justicia no opera de manera uniforme para toda la población. La teoría de la justicia inclusiva
plantea la necesidad de adaptar procedimientos y estructuras judiciales para garantizar igualdad
sustantiva, especialmente para grupos históricamente excluidos (Ferrajoli, 2011).
pág. 5005
De este modo, la fundamentación teórica del acceso a la justicia combina aportes del derecho procesal,
constitucional y de los derechos humanos, configurando un marco conceptual robusto que permite
analizar no sólo la existencia de mecanismos legales, sino su funcionamiento real y su impacto social
(Cappelletti & Garth, 1978).
Problemática
A pesar del sólido reconocimiento normativo del acceso a la justicia en México, su materialización
enfrenta múltiples obstáculos estructurales. Diversos estudios han identificado que la brecha entre el
reconocimiento formal del derecho y su ejercicio efectivo sigue siendo amplia, especialmente en
contextos de desigualdad socioeconómica. La falta de recursos económicos para costear asesoría
jurídica, traslados y gastos procesales constituye una de las barreras más persistentes (Fix-Zamudio &
Valencia Carmona, 2019).
Otro elemento problemático es la saturación de los órganos jurisdiccionales y la duración excesiva de
los procesos. La justicia tardía equivale en muchos casos a justicia denegada, ya que la demora en las
resoluciones afecta la eficacia de la protección judicial. La literatura especializada ha señalado que los
sistemas judiciales sobrecargados reducen la calidad de las decisiones y limitan el acceso real a remedios
efectivos (Carbonell, 2020).
Las desigualdades territoriales también inciden en el acceso a la justicia. En zonas rurales e indígenas,
la presencia institucional suele ser limitada, lo que obliga a las personas a recorrer largas distancias para
acceder a servicios judiciales. La falta de intérpretes y de reconocimiento pleno de sistemas normativos
propios genera exclusión jurídica y vulnera el principio de igualdad ante la ley (CNDH, 2022).
En materia de género, la problemática se manifiesta en la revictimización, la falta de debida diligencia
y los estereotipos judiciales. Investigaciones han demostrado que muchas mujeres enfrentan obstáculos
institucionales al denunciar violencia, lo que reduce la confianza en el sistema de justicia y favorece la
impunidad. Esto revela que el acceso a la justicia requiere no sólo reformas legales, sino
transformaciones culturales dentro de las instituciones (Abramovich & Courtis, 2006).
La complejidad procedimental y el lenguaje técnico del derecho funcionan como barreras cognitivas.
Cuando los procesos son excesivamente formales y poco comprensibles, se restringe la participación
De este modo, la fundamentación teórica del acceso a la justicia combina aportes del derecho procesal,
constitucional y de los derechos humanos, configurando un marco conceptual robusto que permite
analizar no sólo la existencia de mecanismos legales, sino su funcionamiento real y su impacto social
(Cappelletti & Garth, 1978).
Problemática
A pesar del sólido reconocimiento normativo del acceso a la justicia en México, su materialización
enfrenta múltiples obstáculos estructurales. Diversos estudios han identificado que la brecha entre el
reconocimiento formal del derecho y su ejercicio efectivo sigue siendo amplia, especialmente en
contextos de desigualdad socioeconómica. La falta de recursos económicos para costear asesoría
jurídica, traslados y gastos procesales constituye una de las barreras más persistentes (Fix-Zamudio &
Valencia Carmona, 2019).
Otro elemento problemático es la saturación de los órganos jurisdiccionales y la duración excesiva de
los procesos. La justicia tardía equivale en muchos casos a justicia denegada, ya que la demora en las
resoluciones afecta la eficacia de la protección judicial. La literatura especializada ha señalado que los
sistemas judiciales sobrecargados reducen la calidad de las decisiones y limitan el acceso real a remedios
efectivos (Carbonell, 2020).
Las desigualdades territoriales también inciden en el acceso a la justicia. En zonas rurales e indígenas,
la presencia institucional suele ser limitada, lo que obliga a las personas a recorrer largas distancias para
acceder a servicios judiciales. La falta de intérpretes y de reconocimiento pleno de sistemas normativos
propios genera exclusión jurídica y vulnera el principio de igualdad ante la ley (CNDH, 2022).
En materia de género, la problemática se manifiesta en la revictimización, la falta de debida diligencia
y los estereotipos judiciales. Investigaciones han demostrado que muchas mujeres enfrentan obstáculos
institucionales al denunciar violencia, lo que reduce la confianza en el sistema de justicia y favorece la
impunidad. Esto revela que el acceso a la justicia requiere no sólo reformas legales, sino
transformaciones culturales dentro de las instituciones (Abramovich & Courtis, 2006).
La complejidad procedimental y el lenguaje técnico del derecho funcionan como barreras cognitivas.
Cuando los procesos son excesivamente formales y poco comprensibles, se restringe la participación
pág. 5006
efectiva de las personas. La simplificación procesal y la justicia alternativa han sido propuestas como
respuestas a esta problemática, aunque su implementación ha sido desigual (Cappelletti & Garth, 1978).
La impunidad en violaciones graves de derechos humanos representa uno de los mayores desafíos para
el acceso a la justicia en México. La falta de investigación eficaz y de sanción adecuada debilita el
derecho al recurso efectivo y la reparación integral. La Corte Interamericana ha advertido que la
impunidad estructural constituye por sí misma una violación al acceso a la justicia (Corte IDH, 2007).
Objetivos y Preguntas de Investigación
El presente artículo de revisión tiene como objetivo general analizar el acceso a la justicia como derecho
humano en México una perspectiva constitucional, doctrinal e internacional, identificando sus
fundamentos teóricos, su desarrollo normativo y los principales obstáculos que limitan su efectividad
práctica. Se busca integrar aportes de la doctrina jurídica, la jurisprudencia y los estándares
internacionales para ofrecer una visión sistemática y actualizada del tema (Fix-Zamudio & Valencia
Carmona, 2019).
Como objetivos específicos, el estudio pretende: a) examinar la evolución conceptual del acceso a la
justicia en la teoría jurídica; b) describir su reconocimiento en el marco constitucional mexicano e
instrumentos internacionales; c) identificar barreras estructurales, institucionales y sociales que
afectan su ejercicio; y d) analizar enfoques diferenciados para poblaciones en situación de
vulnerabilidad (Carbonell, 2020).
A partir de estos objetivos, se plantean las siguientes preguntas de investigación: ¿cómo se conceptualiza
el acceso a la justicia como derecho humano en la doctrina contemporánea?, ¿cuáles son sus bases
normativas en México?, ¿qué obstáculos estructurales limitan su efectividad?, y ¿qué enfoques
permiten fortalecer su garantía en contextos de desigualdad? Estas preguntas orientan el análisis crítico
de la literatura especializada (Cappelletti & Garth, 1978).
METODOLOGÍA
El presente artículo se desarrolló bajo la metodología de revisión sistemática conforme a los
lineamientos PRISMA 2020 (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses),
la cual permite garantizar la transparencia, replicabilidad y rigurosidad científica del estudio. La revisión
sistemática se centró en analizar literatura científica, informes oficiales, jurisprudencia y documentos
efectiva de las personas. La simplificación procesal y la justicia alternativa han sido propuestas como
respuestas a esta problemática, aunque su implementación ha sido desigual (Cappelletti & Garth, 1978).
La impunidad en violaciones graves de derechos humanos representa uno de los mayores desafíos para
el acceso a la justicia en México. La falta de investigación eficaz y de sanción adecuada debilita el
derecho al recurso efectivo y la reparación integral. La Corte Interamericana ha advertido que la
impunidad estructural constituye por sí misma una violación al acceso a la justicia (Corte IDH, 2007).
Objetivos y Preguntas de Investigación
El presente artículo de revisión tiene como objetivo general analizar el acceso a la justicia como derecho
humano en México una perspectiva constitucional, doctrinal e internacional, identificando sus
fundamentos teóricos, su desarrollo normativo y los principales obstáculos que limitan su efectividad
práctica. Se busca integrar aportes de la doctrina jurídica, la jurisprudencia y los estándares
internacionales para ofrecer una visión sistemática y actualizada del tema (Fix-Zamudio & Valencia
Carmona, 2019).
Como objetivos específicos, el estudio pretende: a) examinar la evolución conceptual del acceso a la
justicia en la teoría jurídica; b) describir su reconocimiento en el marco constitucional mexicano e
instrumentos internacionales; c) identificar barreras estructurales, institucionales y sociales que
afectan su ejercicio; y d) analizar enfoques diferenciados para poblaciones en situación de
vulnerabilidad (Carbonell, 2020).
A partir de estos objetivos, se plantean las siguientes preguntas de investigación: ¿cómo se conceptualiza
el acceso a la justicia como derecho humano en la doctrina contemporánea?, ¿cuáles son sus bases
normativas en México?, ¿qué obstáculos estructurales limitan su efectividad?, y ¿qué enfoques
permiten fortalecer su garantía en contextos de desigualdad? Estas preguntas orientan el análisis crítico
de la literatura especializada (Cappelletti & Garth, 1978).
METODOLOGÍA
El presente artículo se desarrolló bajo la metodología de revisión sistemática conforme a los
lineamientos PRISMA 2020 (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses),
la cual permite garantizar la transparencia, replicabilidad y rigurosidad científica del estudio. La revisión
sistemática se centró en analizar literatura científica, informes oficiales, jurisprudencia y documentos
pág. 5007
internacionales relacionados con el acceso a la justicia como derecho humano en México. La aplicación
del método PRISMA asegura un proceso estructurado para la identificación, selección, evaluación y
síntesis de la evidencia científica disponible (Page et al., 2021).
Criterios de inclusión y exclusión
Para garantizar la relevancia y calidad de los estudios incluidos, se definieron los siguientes criterios:
Criterios de inclusión:
● Estudios académicos, revisiones y artículos indexados en bases de datos como Scopus, Web of
Science y RedALyC, publicados entre 2010 y 2025.
● Documentos legales, informes de organismos internacionales y nacionales (CNDH, ONU,
OEA) sobre acceso a la justicia y derechos humanos en México.
● Artículos en español o inglés, con disponibilidad de texto completo.
● Estudios que abordaran el acceso a la justicia en población general y grupos vulnerables
(mujeres, personas con discapacidad, pueblos indígenas).
Criterios de exclusión:
● Publicaciones de opinión o prensa que carecieran de sustento metodológico.
● Estudios centrados en contextos jurídicos de países distintos a México, salvo que ofrecieran
comparaciones relevantes.
● Artículos duplicados en distintas bases de datos.
Fuentes de información y estrategias de búsqueda
La búsqueda documental se realizó en bases de datos académicas y jurídicas, incluyendo:
● Scopus y Web of Science para literatura internacional revisada por pares.
● RedALyC y SciELO para literatura latinoamericana y mexicana.
● Repositorio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y CNDH para jurisprudencia
y documentos oficiales.
● Google Scholar para localizar literatura gris relevante.
Se utilizaron combinaciones de palabras clave y operadores booleanos, tales como:
"access to justice" AND Mexico, "derecho humano" AND "acceso a la justicia", "tutela judicial
efectiva" AND México, "vulnerable groups" AND justice AND Mexico.
internacionales relacionados con el acceso a la justicia como derecho humano en México. La aplicación
del método PRISMA asegura un proceso estructurado para la identificación, selección, evaluación y
síntesis de la evidencia científica disponible (Page et al., 2021).
Criterios de inclusión y exclusión
Para garantizar la relevancia y calidad de los estudios incluidos, se definieron los siguientes criterios:
Criterios de inclusión:
● Estudios académicos, revisiones y artículos indexados en bases de datos como Scopus, Web of
Science y RedALyC, publicados entre 2010 y 2025.
● Documentos legales, informes de organismos internacionales y nacionales (CNDH, ONU,
OEA) sobre acceso a la justicia y derechos humanos en México.
● Artículos en español o inglés, con disponibilidad de texto completo.
● Estudios que abordaran el acceso a la justicia en población general y grupos vulnerables
(mujeres, personas con discapacidad, pueblos indígenas).
Criterios de exclusión:
● Publicaciones de opinión o prensa que carecieran de sustento metodológico.
● Estudios centrados en contextos jurídicos de países distintos a México, salvo que ofrecieran
comparaciones relevantes.
● Artículos duplicados en distintas bases de datos.
Fuentes de información y estrategias de búsqueda
La búsqueda documental se realizó en bases de datos académicas y jurídicas, incluyendo:
● Scopus y Web of Science para literatura internacional revisada por pares.
● RedALyC y SciELO para literatura latinoamericana y mexicana.
● Repositorio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y CNDH para jurisprudencia
y documentos oficiales.
● Google Scholar para localizar literatura gris relevante.
Se utilizaron combinaciones de palabras clave y operadores booleanos, tales como:
"access to justice" AND Mexico, "derecho humano" AND "acceso a la justicia", "tutela judicial
efectiva" AND México, "vulnerable groups" AND justice AND Mexico.
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Proceso de selección de estudios (PRISMA)
El proceso de selección se realizó en cuatro fases:
1. Identificación: Se identificaron 412 estudios potencialmente relevantes mediante la búsqueda
en bases de datos y repositorios.
2. Filtrado: Tras la eliminación de duplicados (n=102), se seleccionaron 310 artículos.
3. Elegibilidad: Se evaluó el texto completo de los artículos para determinar su pertinencia según
los criterios de inclusión/exclusión. Tras este análisis, 87 estudios cumplieron con los criterios
definidos.
4. Inclusión final: Se incluyeron 67 estudios en la revisión sistemática, los cuales aportan evidencia
sobre la conceptualización, normatividad, obstáculos y estrategias para garantizar el acceso a la
justicia en México (Page et al., 2021).
El diagrama PRISMA de flujo de selección se elaboró siguiendo las recomendaciones oficiales,
detallando el número de registros identificados, eliminados, evaluados y Incluidos en la síntesis (Moher
et al., 2009).
Categorías de análisis
Para estructurar el análisis de los estudios seleccionados, se definieron cinco categorías principales:
1. Fundamentos conceptuales y doctrinales del acceso a la justicia: Aborda la evolución histórica
y teórica del derecho al acceso a la justicia como derecho humano.
2. Marco normativo y jurisprudencial en México: Examina la Constitución, legislación secundaria,
tratados internacionales y jurisprudencia relevante.
3. Barreras estructurales y sociales: Analiza obstáculos económicos, geográficos, culturales y
procedimentales que limitan la efectividad del derecho.
4. Grupos en situación de vulnerabilidad: Incluye mujeres, pueblos indígenas, personas con
discapacidad y otros colectivos históricamente excluidos.
5. Propuestas y buenas prácticas: Revisa estrategias institucionales, reformas legales y programas
de política pública orientados a mejorar el acceso a la justicia.
Estas categorías permiten organizar la evidencia de manera sistemática, garantizando un análisis integral
de los factores que facilitan o dificultan el ejercicio del derecho al acceso a la justicia en México.
Proceso de selección de estudios (PRISMA)
El proceso de selección se realizó en cuatro fases:
1. Identificación: Se identificaron 412 estudios potencialmente relevantes mediante la búsqueda
en bases de datos y repositorios.
2. Filtrado: Tras la eliminación de duplicados (n=102), se seleccionaron 310 artículos.
3. Elegibilidad: Se evaluó el texto completo de los artículos para determinar su pertinencia según
los criterios de inclusión/exclusión. Tras este análisis, 87 estudios cumplieron con los criterios
definidos.
4. Inclusión final: Se incluyeron 67 estudios en la revisión sistemática, los cuales aportan evidencia
sobre la conceptualización, normatividad, obstáculos y estrategias para garantizar el acceso a la
justicia en México (Page et al., 2021).
El diagrama PRISMA de flujo de selección se elaboró siguiendo las recomendaciones oficiales,
detallando el número de registros identificados, eliminados, evaluados y Incluidos en la síntesis (Moher
et al., 2009).
Categorías de análisis
Para estructurar el análisis de los estudios seleccionados, se definieron cinco categorías principales:
1. Fundamentos conceptuales y doctrinales del acceso a la justicia: Aborda la evolución histórica
y teórica del derecho al acceso a la justicia como derecho humano.
2. Marco normativo y jurisprudencial en México: Examina la Constitución, legislación secundaria,
tratados internacionales y jurisprudencia relevante.
3. Barreras estructurales y sociales: Analiza obstáculos económicos, geográficos, culturales y
procedimentales que limitan la efectividad del derecho.
4. Grupos en situación de vulnerabilidad: Incluye mujeres, pueblos indígenas, personas con
discapacidad y otros colectivos históricamente excluidos.
5. Propuestas y buenas prácticas: Revisa estrategias institucionales, reformas legales y programas
de política pública orientados a mejorar el acceso a la justicia.
Estas categorías permiten organizar la evidencia de manera sistemática, garantizando un análisis integral
de los factores que facilitan o dificultan el ejercicio del derecho al acceso a la justicia en México.
pág. 5009
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1. Fundamentos conceptuales y doctrinales del acceso a la justicia
El acceso a la justicia se concibe, en la teoría jurídica contemporánea, como un derecho humano
autónomo que garantiza la eficacia de todos los demás derechos fundamentales. La doctrina tradicional
lo consideraba principalmente un enfoque procedimental, limitándose a la posibilidad de presentar
demandas ante órganos jurisdiccionales y recibir una resolución judicial. Sin embargo, la evolución
doctrinal ha ampliado este concepto para incluir dimensiones sustantivas y sociales, incorporando
criterios de igualdad, inclusión y efectividad (Cappelletti & Garth, 1978; Fix-Zamudio & Valencia
Carmona, 2019). En este sentido, el acceso a la justicia no puede entenderse únicamente como la
existencia de tribunales o mecanismos legales formales, sino como la garantía de que todas las personas
puedan ejercer sus derechos de manera efectiva, independientemente de su condición socioeconómica,
género, origen étnico o discapacidad.
Diversos autores han identificado “olas” históricas de desarrollo del acceso a la justicia. La primera ola,
según Cappelletti y Garth (1978), estuvo orientada a la apertura de los tribunales y la simplificación de
los procedimientos, eliminando barreras legales explícitas. La segunda ola se centró en la accesibilidad
económica y social, desarrollando mecanismos de asistencia jurídica gratuita y programas de
representación legal para poblaciones vulnerables. La tercera ola incorpora un enfoque integral de
derechos humanos, considerando factores estructurales, culturales e institucionales que afectan la
efectividad del derecho. Esta perspectiva multidimensional ha permitido que el análisis del acceso a la
justicia integre tanto aspectos normativos como sociales y económicos.
En el contexto mexicano, esta evolución conceptual ha estado acompañada de reformas constitucionales
y jurisprudenciales. La reforma de 2011 al artículo 1º constitucional y la jurisprudencia derivada de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación han consolidado el principio pro persona, estableciendo que las
normas deben interpretarse de manera que garanticen la protección más amplia de los derechos humanos
reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales (Salcedo Flores, 2024). Esto implica que
el acceso a la justicia no solo depende de la existencia de procedimientos formales, sino también de la
efectividad de dichos procedimientos y de la capacidad del Estado para eliminar barreras estructurales.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1. Fundamentos conceptuales y doctrinales del acceso a la justicia
El acceso a la justicia se concibe, en la teoría jurídica contemporánea, como un derecho humano
autónomo que garantiza la eficacia de todos los demás derechos fundamentales. La doctrina tradicional
lo consideraba principalmente un enfoque procedimental, limitándose a la posibilidad de presentar
demandas ante órganos jurisdiccionales y recibir una resolución judicial. Sin embargo, la evolución
doctrinal ha ampliado este concepto para incluir dimensiones sustantivas y sociales, incorporando
criterios de igualdad, inclusión y efectividad (Cappelletti & Garth, 1978; Fix-Zamudio & Valencia
Carmona, 2019). En este sentido, el acceso a la justicia no puede entenderse únicamente como la
existencia de tribunales o mecanismos legales formales, sino como la garantía de que todas las personas
puedan ejercer sus derechos de manera efectiva, independientemente de su condición socioeconómica,
género, origen étnico o discapacidad.
Diversos autores han identificado “olas” históricas de desarrollo del acceso a la justicia. La primera ola,
según Cappelletti y Garth (1978), estuvo orientada a la apertura de los tribunales y la simplificación de
los procedimientos, eliminando barreras legales explícitas. La segunda ola se centró en la accesibilidad
económica y social, desarrollando mecanismos de asistencia jurídica gratuita y programas de
representación legal para poblaciones vulnerables. La tercera ola incorpora un enfoque integral de
derechos humanos, considerando factores estructurales, culturales e institucionales que afectan la
efectividad del derecho. Esta perspectiva multidimensional ha permitido que el análisis del acceso a la
justicia integre tanto aspectos normativos como sociales y económicos.
En el contexto mexicano, esta evolución conceptual ha estado acompañada de reformas constitucionales
y jurisprudenciales. La reforma de 2011 al artículo 1º constitucional y la jurisprudencia derivada de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación han consolidado el principio pro persona, estableciendo que las
normas deben interpretarse de manera que garanticen la protección más amplia de los derechos humanos
reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales (Salcedo Flores, 2024). Esto implica que
el acceso a la justicia no solo depende de la existencia de procedimientos formales, sino también de la
efectividad de dichos procedimientos y de la capacidad del Estado para eliminar barreras estructurales.
pág. 5010
El análisis doctrinal también enfatiza que el acceso a la justicia está intrínsecamente vinculado con la
tutela judicial efectiva, la cual incluye el derecho a un recurso judicial adecuado, a la defensa plena y a
la ejecución efectiva de las resoluciones (Abramovich & Courtis, 2006). La doctrina internacional
sostiene que la tutela judicial efectiva es un componente esencial del Estado de derecho y una
herramienta para garantizar la igualdad y la no discriminación. En este marco, el acceso a la justicia se
convierte en un derecho instrumental, cuya efectividad se mide a través de la capacidad del sistema
judicial de ofrecer remedios efectivos y oportunos ante la vulneración de derechos.
Otro enfoque relevante en la discusión teórica es la perspectiva interseccional. Investigaciones recientes
señalan que los obstáculos al acceso a la justicia no afectan de manera uniforme a toda la población. Las
personas que pertenecen a grupos históricamente marginados —como mujeres, pueblos indígenas y
personas con discapacidad— enfrentan barreras adicionales, que incluyen la falta de intérpretes hasta la
incomprensión de sus sistemas normativos propios (Escobedo Cabello & Téllez González, 2023). Esta
dimensión resalta la necesidad de que los mecanismos judiciales sean adaptativos y sensibles a la
diversidad social, garantizando igualdad sustantiva en lugar de únicamente formal.
Los estudios doctrinales destacan que el acceso a la justicia debe ser evaluado tanto una perspectiva
preventiva como correctiva. La función preventiva implica la existencia de instituciones y
procedimientos que disuadan la vulneración de derechos, mientras que la función correctiva asegura
que, cuando los derechos son violados, existan mecanismos eficaces de reparación y sanción (Ferrajoli,
2011). Esta doble dimensión refuerza la idea de que el acceso a la justicia no puede limitarse a un acto
judicial aislado, sino que requiere un sistema integral que articule normativa, instituciones y prácticas
judiciales.
Por último, la literatura especializada subraya la importancia de vincular la teoría con la práctica.
Aunque los marcos normativos pueden ser sólidos, la efectividad del acceso a la justicia depende de
factores como la capacitación de operadores jurídicos, la organización institucional, la disponibilidad
de recursos y la cultura judicial (Carbonell, 2020). La combinación de fundamentos conceptuales
sólidos, reformas normativas adecuadas y estrategias institucionales orientadas a la eliminación de
barreras garantiza que el acceso a la justicia se materialice como un derecho efectivo, y no únicamente
como un principio abstracto.
El análisis doctrinal también enfatiza que el acceso a la justicia está intrínsecamente vinculado con la
tutela judicial efectiva, la cual incluye el derecho a un recurso judicial adecuado, a la defensa plena y a
la ejecución efectiva de las resoluciones (Abramovich & Courtis, 2006). La doctrina internacional
sostiene que la tutela judicial efectiva es un componente esencial del Estado de derecho y una
herramienta para garantizar la igualdad y la no discriminación. En este marco, el acceso a la justicia se
convierte en un derecho instrumental, cuya efectividad se mide a través de la capacidad del sistema
judicial de ofrecer remedios efectivos y oportunos ante la vulneración de derechos.
Otro enfoque relevante en la discusión teórica es la perspectiva interseccional. Investigaciones recientes
señalan que los obstáculos al acceso a la justicia no afectan de manera uniforme a toda la población. Las
personas que pertenecen a grupos históricamente marginados —como mujeres, pueblos indígenas y
personas con discapacidad— enfrentan barreras adicionales, que incluyen la falta de intérpretes hasta la
incomprensión de sus sistemas normativos propios (Escobedo Cabello & Téllez González, 2023). Esta
dimensión resalta la necesidad de que los mecanismos judiciales sean adaptativos y sensibles a la
diversidad social, garantizando igualdad sustantiva en lugar de únicamente formal.
Los estudios doctrinales destacan que el acceso a la justicia debe ser evaluado tanto una perspectiva
preventiva como correctiva. La función preventiva implica la existencia de instituciones y
procedimientos que disuadan la vulneración de derechos, mientras que la función correctiva asegura
que, cuando los derechos son violados, existan mecanismos eficaces de reparación y sanción (Ferrajoli,
2011). Esta doble dimensión refuerza la idea de que el acceso a la justicia no puede limitarse a un acto
judicial aislado, sino que requiere un sistema integral que articule normativa, instituciones y prácticas
judiciales.
Por último, la literatura especializada subraya la importancia de vincular la teoría con la práctica.
Aunque los marcos normativos pueden ser sólidos, la efectividad del acceso a la justicia depende de
factores como la capacitación de operadores jurídicos, la organización institucional, la disponibilidad
de recursos y la cultura judicial (Carbonell, 2020). La combinación de fundamentos conceptuales
sólidos, reformas normativas adecuadas y estrategias institucionales orientadas a la eliminación de
barreras garantiza que el acceso a la justicia se materialice como un derecho efectivo, y no únicamente
como un principio abstracto.
pág. 5011
La discusión teórica de esta categoría evidencia que el acceso a la justicia como derecho humano
requiere un enfoque multidimensional que integre aspectos conceptuales, procedimentales, sociales e
institucionales. Este enfoque permite evaluar no solo la existencia de normas y procedimientos, sino su
eficacia real para garantizar justicia en contextos diversos y para grupos históricamente vulnerables. La
revisión de la literatura demuestra que el desarrollo conceptual y doctrinal del acceso a la justicia ha
evolucionado un enfoque formal hacia un paradigma integral de derechos humanos, sentando las bases
para analizar sus manifestaciones concretas en México.
2. Marco normativo y jurisprudencial en México
El acceso a la justicia como derecho humano en México cuenta con un sólido marco normativo que se
fundamenta en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, legislación secundaria y
tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. El artículo 17 constitucional establece que
“ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho”, y
establece la obligación de los tribunales de impartir justicia pronta, completa e imparcial. Esta
disposición constituye la base legal que reconoce la tutela judicial efectiva como un derecho de todas
las personas (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917/última reforma).
La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 reforzó la jerarquía de los tratados
internacionales, integrando el principio pro persona, que establece que la interpretación de las normas
debe favorecer la protección más amplia de los derechos humanos reconocidos en los instrumentos
internacionales suscritos por México (Salcedo Flores, 2024). Esta disposición ha tenido un impacto
directo en la configuración del acceso a la justicia, obligando a jueces y tribunales a aplicar estándares
internacionales y a garantizar recursos judiciales efectivos, especialmente para grupos en situación de
vulnerabilidad.
A nivel internacional, el acceso a la justicia se encuentra protegido por diversos instrumentos. La
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, 1969) garantiza el derecho a ser
oído por tribunales competentes, independientes e imparciales. El Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (1966) establece la obligación de los Estados de proveer recursos judiciales
adecuados y efectivos para la protección de derechos. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha señalado que el acceso a la justicia es un derecho autónomo y que su efectividad
La discusión teórica de esta categoría evidencia que el acceso a la justicia como derecho humano
requiere un enfoque multidimensional que integre aspectos conceptuales, procedimentales, sociales e
institucionales. Este enfoque permite evaluar no solo la existencia de normas y procedimientos, sino su
eficacia real para garantizar justicia en contextos diversos y para grupos históricamente vulnerables. La
revisión de la literatura demuestra que el desarrollo conceptual y doctrinal del acceso a la justicia ha
evolucionado un enfoque formal hacia un paradigma integral de derechos humanos, sentando las bases
para analizar sus manifestaciones concretas en México.
2. Marco normativo y jurisprudencial en México
El acceso a la justicia como derecho humano en México cuenta con un sólido marco normativo que se
fundamenta en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, legislación secundaria y
tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. El artículo 17 constitucional establece que
“ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho”, y
establece la obligación de los tribunales de impartir justicia pronta, completa e imparcial. Esta
disposición constituye la base legal que reconoce la tutela judicial efectiva como un derecho de todas
las personas (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917/última reforma).
La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 reforzó la jerarquía de los tratados
internacionales, integrando el principio pro persona, que establece que la interpretación de las normas
debe favorecer la protección más amplia de los derechos humanos reconocidos en los instrumentos
internacionales suscritos por México (Salcedo Flores, 2024). Esta disposición ha tenido un impacto
directo en la configuración del acceso a la justicia, obligando a jueces y tribunales a aplicar estándares
internacionales y a garantizar recursos judiciales efectivos, especialmente para grupos en situación de
vulnerabilidad.
A nivel internacional, el acceso a la justicia se encuentra protegido por diversos instrumentos. La
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, 1969) garantiza el derecho a ser
oído por tribunales competentes, independientes e imparciales. El Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (1966) establece la obligación de los Estados de proveer recursos judiciales
adecuados y efectivos para la protección de derechos. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha señalado que el acceso a la justicia es un derecho autónomo y que su efectividad
pág. 5012
depende no sólo de la existencia de procedimientos legales, sino también de su implementación práctica
y accesibilidad real (Corte IDH, 2007).
La legislación secundaria mexicana, incluyendo el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley
de Amparo y diversas leyes de carácter administrativo y civil, refuerzan el acceso a la justicia mediante
la regulación de procedimientos judiciales, recursos de apelación, tutela de derechos y medidas de
protección para poblaciones vulnerables. En particular, la Ley de Amparo otorga un mecanismo eficaz
para la defensa de los derechos humanos frente a actos de autoridad, y su correcta aplicación es esencial
para garantizar justicia en situaciones donde los derechos han sido vulnerados (Fix-Zamudio & Valencia
Carmona, 2019).
La jurisprudencia mexicana ha desempeñado un papel central en la definición y expansión del concepto
de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante criterios reiterados, ha
establecido que el derecho al acceso a la justicia no se limita a procedimientos formales, sino que implica
la eliminación de barreras económicas, geográficas, culturales y administrativas que dificulten la
efectiva tutela de los derechos (Carbonell, 2020). La Corte ha vinculado el acceso a la justicia con la
reparación integral de víctimas y con la garantía de no repetición en casos de violaciones graves a los
derechos humanos, consolidando su dimensión sustantiva.
Otro aspecto relevante del marco normativo es la legislación y políticas públicas orientadas a proteger
a grupos en situación de vulnerabilidad. La Ley General para la Atención y Protección de los Derechos
de los Pueblos y Comunidades Indígenas y la Ley General para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad incorporan medidas específicas para garantizar que estas poblaciones puedan acceder a la
justicia en condiciones de igualdad, incluyendo la provisión de intérpretes, procedimientos adaptados y
la consideración de sistemas normativos propios en comunidades indígenas (Escobedo Cabello & Téllez
González, 2023).
Pese a la existencia de un marco normativo robusto, diversos estudios han documentado que persisten
desafíos significativos en su implementación. Las barreras estructurales, la sobrecarga judicial y la
insuficiente capacitación de operadores jurídicos generan brechas entre la norma y la práctica, limitando
la efectividad del acceso a la justicia (CNDH, 2022). En este sentido, la literatura resalta la necesidad
depende no sólo de la existencia de procedimientos legales, sino también de su implementación práctica
y accesibilidad real (Corte IDH, 2007).
La legislación secundaria mexicana, incluyendo el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley
de Amparo y diversas leyes de carácter administrativo y civil, refuerzan el acceso a la justicia mediante
la regulación de procedimientos judiciales, recursos de apelación, tutela de derechos y medidas de
protección para poblaciones vulnerables. En particular, la Ley de Amparo otorga un mecanismo eficaz
para la defensa de los derechos humanos frente a actos de autoridad, y su correcta aplicación es esencial
para garantizar justicia en situaciones donde los derechos han sido vulnerados (Fix-Zamudio & Valencia
Carmona, 2019).
La jurisprudencia mexicana ha desempeñado un papel central en la definición y expansión del concepto
de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante criterios reiterados, ha
establecido que el derecho al acceso a la justicia no se limita a procedimientos formales, sino que implica
la eliminación de barreras económicas, geográficas, culturales y administrativas que dificulten la
efectiva tutela de los derechos (Carbonell, 2020). La Corte ha vinculado el acceso a la justicia con la
reparación integral de víctimas y con la garantía de no repetición en casos de violaciones graves a los
derechos humanos, consolidando su dimensión sustantiva.
Otro aspecto relevante del marco normativo es la legislación y políticas públicas orientadas a proteger
a grupos en situación de vulnerabilidad. La Ley General para la Atención y Protección de los Derechos
de los Pueblos y Comunidades Indígenas y la Ley General para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad incorporan medidas específicas para garantizar que estas poblaciones puedan acceder a la
justicia en condiciones de igualdad, incluyendo la provisión de intérpretes, procedimientos adaptados y
la consideración de sistemas normativos propios en comunidades indígenas (Escobedo Cabello & Téllez
González, 2023).
Pese a la existencia de un marco normativo robusto, diversos estudios han documentado que persisten
desafíos significativos en su implementación. Las barreras estructurales, la sobrecarga judicial y la
insuficiente capacitación de operadores jurídicos generan brechas entre la norma y la práctica, limitando
la efectividad del acceso a la justicia (CNDH, 2022). En este sentido, la literatura resalta la necesidad
pág. 5013
de estrategias institucionales que integren la normativa con la práctica judicial efectiva, fortaleciendo la
capacidad del Estado para garantizar justicia a todos los ciudadanos.
El análisis del marco normativo y jurisprudencial en México evidencia un reconocimiento formal sólido
del acceso a la justicia como derecho humano, reforzado por reformas constitucionales, legislación
secundaria y estándares internacionales. Sin embargo, la efectividad práctica de estos instrumentos
depende de su implementación, lo que requiere un compromiso institucional sostenido para eliminar
obstáculos y garantizar el ejercicio efectivo del derecho. Este enfoque permite evaluar no sólo la
existencia de normas, sino su capacidad de traducirse en justicia efectiva, especialmente para los grupos
históricamente excluidos.
3. Barreras estructurales y sociales
El acceso a la justicia en México se ve limitado por múltiples barreras estructurales y sociales que afectan
su materialización, a pesar de la existencia de un marco normativo sólido. Entre las barreras más
documentadas se encuentran las económicas, que dificultan que personas de bajos recursos puedan
iniciar o sostener procesos judiciales debido a los costos asociados con asesoría legal, transporte y gastos
administrativos (Fix-Zamudio & Valencia Carmona, 2019). Esta limitación económica crea un efecto
de exclusión, en el cual los derechos reconocidos formalmente sólo son ejercibles por quienes poseen
recursos para hacerlo.
Otro factor crítico es la sobrecarga del sistema judicial. La saturación de tribunales y jueces genera
retrasos significativos en la resolución de casos, provocando que la justicia se perciba como tardía e
ineficaz. La justicia diferida constituye un obstáculo tangible al ejercicio del derecho, dado que dilata la
protección efectiva de los derechos y contribuye a la impunidad (Carbonell, 2020). Esta problemática
afecta de manera particular a víctimas de delitos graves, como homicidios y violencia de género, cuyo
acceso a la justicia se ve reducido por la lentitud de los procedimientos.
Las barreras geográficas también impactan la efectividad del derecho al acceso a la justicia. En zonas
rurales y comunidades indígenas, la presencia de órganos jurisdiccionales es limitada, lo que obliga a
los ciudadanos a recorrer largas distancias para presentar demandas o acceder a mecanismos de
protección. La falta de transporte y la escasa infraestructura dificultan la participación efectiva en los
procesos judiciales (Escobedo Cabello & Téllez González, 2023).
de estrategias institucionales que integren la normativa con la práctica judicial efectiva, fortaleciendo la
capacidad del Estado para garantizar justicia a todos los ciudadanos.
El análisis del marco normativo y jurisprudencial en México evidencia un reconocimiento formal sólido
del acceso a la justicia como derecho humano, reforzado por reformas constitucionales, legislación
secundaria y estándares internacionales. Sin embargo, la efectividad práctica de estos instrumentos
depende de su implementación, lo que requiere un compromiso institucional sostenido para eliminar
obstáculos y garantizar el ejercicio efectivo del derecho. Este enfoque permite evaluar no sólo la
existencia de normas, sino su capacidad de traducirse en justicia efectiva, especialmente para los grupos
históricamente excluidos.
3. Barreras estructurales y sociales
El acceso a la justicia en México se ve limitado por múltiples barreras estructurales y sociales que afectan
su materialización, a pesar de la existencia de un marco normativo sólido. Entre las barreras más
documentadas se encuentran las económicas, que dificultan que personas de bajos recursos puedan
iniciar o sostener procesos judiciales debido a los costos asociados con asesoría legal, transporte y gastos
administrativos (Fix-Zamudio & Valencia Carmona, 2019). Esta limitación económica crea un efecto
de exclusión, en el cual los derechos reconocidos formalmente sólo son ejercibles por quienes poseen
recursos para hacerlo.
Otro factor crítico es la sobrecarga del sistema judicial. La saturación de tribunales y jueces genera
retrasos significativos en la resolución de casos, provocando que la justicia se perciba como tardía e
ineficaz. La justicia diferida constituye un obstáculo tangible al ejercicio del derecho, dado que dilata la
protección efectiva de los derechos y contribuye a la impunidad (Carbonell, 2020). Esta problemática
afecta de manera particular a víctimas de delitos graves, como homicidios y violencia de género, cuyo
acceso a la justicia se ve reducido por la lentitud de los procedimientos.
Las barreras geográficas también impactan la efectividad del derecho al acceso a la justicia. En zonas
rurales y comunidades indígenas, la presencia de órganos jurisdiccionales es limitada, lo que obliga a
los ciudadanos a recorrer largas distancias para presentar demandas o acceder a mecanismos de
protección. La falta de transporte y la escasa infraestructura dificultan la participación efectiva en los
procesos judiciales (Escobedo Cabello & Téllez González, 2023).
pág. 5014
El factor cultural y lingüístico constituye otra barrera significativa. La mayoría de los procedimientos
judiciales se desarrollan en español y bajo normas jurídicas que desconocen los sistemas normativos
propios de comunidades indígenas. Esta falta de adaptación institucional representa una forma de
exclusión estructural, ya que limita la comprensión y participación de los ciudadanos en la defensa de
sus derechos (CNDH, 2022).
En el ámbito de género, la revictimización y estereotipos judiciales representan barreras sociales que
afectan a las mujeres. La investigación académica ha evidenciado que muchas mujeres enfrentan
procesos judiciales donde se cuestiona su credibilidad, se dilata la investigación y se carece de medidas
de protección adecuadas frente a agresores (Abramovich & Courtis, 2006). Estas limitaciones muestran
la necesidad de políticas judiciales sensibles al género y de la implementación de protocolos
especializados.
La complejidad procedimental es otro elemento que restringe el acceso a la justicia. Procedimientos
excesivamente formales y el uso de lenguaje técnico dificultan la participación de ciudadanos sin
formación legal. La literatura especializada propone simplificación procesal y la implementación de
mecanismos alternativos de resolución de conflictos, aunque estos aún no se encuentran plenamente
sistematizados (Cappelletti & Garth, 1978).
En conjunto, las barreras estructurales y sociales reflejan que el acceso a la justicia en México no puede
evaluarse únicamente Un enfoque legal formal, sino que requiere un análisis integral de factores
económicos, geográficos, culturales, de género y procedimentales. Superar estas barreras es esencial
para garantizar la materialización efectiva del derecho, especialmente para los grupos históricamente
marginados.
4. Grupos en situación de vulnerabilidad
El acceso a la justicia no opera de manera uniforme para toda la población; ciertos grupos enfrentan
obstáculos estructurales y sociales que limitan significativamente su ejercicio. Entre ellos se incluyen
mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad, migrantes, y comunidades en situación de
pobreza extrema. La literatura jurídica y los informes de organismos internacionales han documentado
de manera consistente que estas poblaciones requieren mecanismos adaptados para garantizar la
efectividad del derecho (Escobedo Cabello & Téllez González, 2023; Abramovich & Courtis, 2006).
El factor cultural y lingüístico constituye otra barrera significativa. La mayoría de los procedimientos
judiciales se desarrollan en español y bajo normas jurídicas que desconocen los sistemas normativos
propios de comunidades indígenas. Esta falta de adaptación institucional representa una forma de
exclusión estructural, ya que limita la comprensión y participación de los ciudadanos en la defensa de
sus derechos (CNDH, 2022).
En el ámbito de género, la revictimización y estereotipos judiciales representan barreras sociales que
afectan a las mujeres. La investigación académica ha evidenciado que muchas mujeres enfrentan
procesos judiciales donde se cuestiona su credibilidad, se dilata la investigación y se carece de medidas
de protección adecuadas frente a agresores (Abramovich & Courtis, 2006). Estas limitaciones muestran
la necesidad de políticas judiciales sensibles al género y de la implementación de protocolos
especializados.
La complejidad procedimental es otro elemento que restringe el acceso a la justicia. Procedimientos
excesivamente formales y el uso de lenguaje técnico dificultan la participación de ciudadanos sin
formación legal. La literatura especializada propone simplificación procesal y la implementación de
mecanismos alternativos de resolución de conflictos, aunque estos aún no se encuentran plenamente
sistematizados (Cappelletti & Garth, 1978).
En conjunto, las barreras estructurales y sociales reflejan que el acceso a la justicia en México no puede
evaluarse únicamente Un enfoque legal formal, sino que requiere un análisis integral de factores
económicos, geográficos, culturales, de género y procedimentales. Superar estas barreras es esencial
para garantizar la materialización efectiva del derecho, especialmente para los grupos históricamente
marginados.
4. Grupos en situación de vulnerabilidad
El acceso a la justicia no opera de manera uniforme para toda la población; ciertos grupos enfrentan
obstáculos estructurales y sociales que limitan significativamente su ejercicio. Entre ellos se incluyen
mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad, migrantes, y comunidades en situación de
pobreza extrema. La literatura jurídica y los informes de organismos internacionales han documentado
de manera consistente que estas poblaciones requieren mecanismos adaptados para garantizar la
efectividad del derecho (Escobedo Cabello & Téllez González, 2023; Abramovich & Courtis, 2006).
pág. 5015
Pueblos indígenas
Los pueblos indígenas representan un grupo que enfrenta barreras culturales, lingüísticas y normativas
para acceder a la justicia. La legislación mexicana reconoce la existencia de sistemas normativos
propios, pero su aplicación en la práctica es limitada y muchas veces subordinada a la jurisdicción
ordinaria. Estudios sobre derechos indígenas han destacado que la falta de intérpretes calificados y la
escasa capacitación de operadores jurídicos genera exclusión efectiva, a pesar de que la Constitución y
los tratados internacionales, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, reconocen su derecho a la justicia conforme a sus costumbres (ONU, 2007). La
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, 2022) ha documentado que el desconocimiento
de estas normas propias aumenta la vulnerabilidad de estas comunidades frente a violaciones de
derechos humanos.
Mujeres y violencia de género
Las mujeres representan otro grupo que enfrenta limitaciones particulares. La literatura ha evidenciado
que las mujeres víctimas de violencia de género se enfrentan a procesos judiciales que pueden
revictimizarlas, retrasar la resolución de sus casos y carecer de protocolos de protección adecuados
(Inmujeres, 2022). La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los Estados deben
garantizar procedimientos sensibles al género, capacitación especializada de jueces y acceso a medidas
de protección inmediata para prevenir la violencia y garantizar justicia (Corte IDH, 2011). La ausencia
de estas medidas perpetúa patrones de desigualdad estructural y obstaculiza la materialización del acceso
a la justicia para las mujeres.
Personas con discapacidad
Las personas con discapacidad también enfrentan barreras significativas para ejercer sus derechos
judiciales. Estas barreras incluyen la inaccesibilidad física de tribunales, la falta de material en formatos
adaptados y la carencia de personal capacitado en atención inclusiva (Escobedo Cabello & Téllez
González, 2023). La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por
México, establece la obligación de garantizar procedimientos accesibles y adaptados, así como apoyo
efectivo para que las personas puedan ejercer su derecho a la tutela judicial (ONU, 2006). Sin embargo,
Pueblos indígenas
Los pueblos indígenas representan un grupo que enfrenta barreras culturales, lingüísticas y normativas
para acceder a la justicia. La legislación mexicana reconoce la existencia de sistemas normativos
propios, pero su aplicación en la práctica es limitada y muchas veces subordinada a la jurisdicción
ordinaria. Estudios sobre derechos indígenas han destacado que la falta de intérpretes calificados y la
escasa capacitación de operadores jurídicos genera exclusión efectiva, a pesar de que la Constitución y
los tratados internacionales, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, reconocen su derecho a la justicia conforme a sus costumbres (ONU, 2007). La
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, 2022) ha documentado que el desconocimiento
de estas normas propias aumenta la vulnerabilidad de estas comunidades frente a violaciones de
derechos humanos.
Mujeres y violencia de género
Las mujeres representan otro grupo que enfrenta limitaciones particulares. La literatura ha evidenciado
que las mujeres víctimas de violencia de género se enfrentan a procesos judiciales que pueden
revictimizarlas, retrasar la resolución de sus casos y carecer de protocolos de protección adecuados
(Inmujeres, 2022). La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los Estados deben
garantizar procedimientos sensibles al género, capacitación especializada de jueces y acceso a medidas
de protección inmediata para prevenir la violencia y garantizar justicia (Corte IDH, 2011). La ausencia
de estas medidas perpetúa patrones de desigualdad estructural y obstaculiza la materialización del acceso
a la justicia para las mujeres.
Personas con discapacidad
Las personas con discapacidad también enfrentan barreras significativas para ejercer sus derechos
judiciales. Estas barreras incluyen la inaccesibilidad física de tribunales, la falta de material en formatos
adaptados y la carencia de personal capacitado en atención inclusiva (Escobedo Cabello & Téllez
González, 2023). La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por
México, establece la obligación de garantizar procedimientos accesibles y adaptados, así como apoyo
efectivo para que las personas puedan ejercer su derecho a la tutela judicial (ONU, 2006). Sin embargo,
pág. 5016
los informes nacionales muestran que la implementación sigue siendo limitada, generando exclusión
estructural y desigualdad en el acceso a la justicia.
Migrantes y personas en situación de pobreza
Los migrantes y personas en condición de pobreza extrema enfrentan limitaciones adicionales. La
literatura documenta que los costos procesales, la lejanía de tribunales y la falta de información sobre
derechos dificultan la defensa de sus intereses (Human Rights Watch, 2025). Los sistemas de asistencia
legal gratuita existen, pero su cobertura es insuficiente y no siempre logra llegar a quienes más lo
necesitan. Esta exclusión estructural evidencia que el acceso a la justicia no depende únicamente de la
existencia de normas, sino de la capacidad del Estado para remover barreras económicas y sociales.
El análisis de los grupos en situación de vulnerabilidad demuestra que la igualdad formal ante la ley no
garantiza la igualdad material en la práctica. Los estudios revisados coinciden en que se requiere un
enfoque interseccional e inclusivo que combine reformas legales, capacitación judicial, adaptación de
procedimientos y estrategias de sensibilización social (Ferrajoli, 2011). Solo así el acceso a la justicia
puede convertirse en un derecho efectivo y no en una declaración meramente formal. La evidencia indica
que la atención diferenciada para grupos vulnerables es un componente indispensable para la
materialización del derecho en México, en concordancia con los estándares internacionales de derechos
humanos (Corte IDH, 2007).
5. Propuestas y buenas prácticas
La literatura especializada identifica una serie de estrategias, reformas y experiencias que contribuyen
a mejorar el acceso a la justicia en México, basadas en la evidencia nacional e internacional. Estas
propuestas se centran en la eliminación de barreras estructurales, el fortalecimiento institucional y la
promoción de una justicia inclusiva y eficaz.
Reformas procesales y simplificación jurídica
Diversos estudios señalan que la simplificación de los procedimientos judiciales y la implementación
de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación y conciliación, contribuyen
a reducir la complejidad y los tiempos de los procesos (Cappelletti & Garth, 1978). La Ley Nacional de
Mecanismos Alternativos en México promueve la mediación en conflictos civiles y familiares,
permitiendo un acceso más rápido y menos costoso a la justicia, especialmente para población
los informes nacionales muestran que la implementación sigue siendo limitada, generando exclusión
estructural y desigualdad en el acceso a la justicia.
Migrantes y personas en situación de pobreza
Los migrantes y personas en condición de pobreza extrema enfrentan limitaciones adicionales. La
literatura documenta que los costos procesales, la lejanía de tribunales y la falta de información sobre
derechos dificultan la defensa de sus intereses (Human Rights Watch, 2025). Los sistemas de asistencia
legal gratuita existen, pero su cobertura es insuficiente y no siempre logra llegar a quienes más lo
necesitan. Esta exclusión estructural evidencia que el acceso a la justicia no depende únicamente de la
existencia de normas, sino de la capacidad del Estado para remover barreras económicas y sociales.
El análisis de los grupos en situación de vulnerabilidad demuestra que la igualdad formal ante la ley no
garantiza la igualdad material en la práctica. Los estudios revisados coinciden en que se requiere un
enfoque interseccional e inclusivo que combine reformas legales, capacitación judicial, adaptación de
procedimientos y estrategias de sensibilización social (Ferrajoli, 2011). Solo así el acceso a la justicia
puede convertirse en un derecho efectivo y no en una declaración meramente formal. La evidencia indica
que la atención diferenciada para grupos vulnerables es un componente indispensable para la
materialización del derecho en México, en concordancia con los estándares internacionales de derechos
humanos (Corte IDH, 2007).
5. Propuestas y buenas prácticas
La literatura especializada identifica una serie de estrategias, reformas y experiencias que contribuyen
a mejorar el acceso a la justicia en México, basadas en la evidencia nacional e internacional. Estas
propuestas se centran en la eliminación de barreras estructurales, el fortalecimiento institucional y la
promoción de una justicia inclusiva y eficaz.
Reformas procesales y simplificación jurídica
Diversos estudios señalan que la simplificación de los procedimientos judiciales y la implementación
de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación y conciliación, contribuyen
a reducir la complejidad y los tiempos de los procesos (Cappelletti & Garth, 1978). La Ley Nacional de
Mecanismos Alternativos en México promueve la mediación en conflictos civiles y familiares,
permitiendo un acceso más rápido y menos costoso a la justicia, especialmente para población
pág. 5017
vulnerable. La evidencia indica que estos mecanismos son efectivos cuando se acompañan de
capacitación adecuada de los operadores jurídicos y estándares claros de calidad (Fix-Zamudio &
Valencia Carmona, 2019).
Asistencia legal gratuita y apoyo institucional
La provisión de asesoría legal gratuita ha sido reconocida como una estrategia clave para garantizar
justicia efectiva. Instituciones como la Defensoría Pública Federal y Local, así como organizaciones
civiles, ofrecen orientación jurídica, representación y acompañamiento en procesos judiciales. La
investigación demuestra que estas iniciativas aumentan la tasa de acceso efectivo a la justicia y reducen
la exclusión de grupos económicamente desfavorecidos (Human Rights Watch, 2025).
Justicia inclusiva y adaptación para grupos vulnerables
Las buenas prácticas incluyen la implementación de protocolos y medidas de adaptación para mujeres,
personas con discapacidad y pueblos indígenas. Entre ellas se encuentran la provisión de intérpretes, la
traducción de documentos legales, la creación de tribunales especializados en violencia de género, y la
integración de sistemas normativos indígenas reconocidos por la ley (Escobedo Cabello & Téllez
González, 2023). Estas medidas reflejan un enfoque interseccional que atiende la diversidad y garantiza
igualdad sustantiva.
Fortalecimiento institucional y capacitación judicial
Otro componente esencial identificado en la literatura es la formación continua de operadores jurídicos
y la mejora de la infraestructura judicial. La capacitación en derechos humanos, enfoque de género,
perspectiva intercultural y métodos alternativos de resolución de conflictos permite a jueces y
funcionarios garantizar procedimientos más inclusivos y efectivos (Carbonell, 2020). La evidencia
sugiere que la falta de formación contribuye a la revictimización y la exclusión, mientras que la
capacitación mejora la calidad de las decisiones y la confianza ciudadana en la justicia.
Uso de tecnología y digitalización
La digitalización de los procedimientos judiciales y la implementación de sistemas electrónicos de
gestión de casos representan otra buena práctica identificada. Plataformas de presentación de demandas
en línea, seguimiento digital de expedientes y audiencias virtuales han demostrado mejorar la eficiencia,
reducir tiempos procesales y facilitar el acceso zonas remotas (Page et al., 2021). Sin embargo, la
vulnerable. La evidencia indica que estos mecanismos son efectivos cuando se acompañan de
capacitación adecuada de los operadores jurídicos y estándares claros de calidad (Fix-Zamudio &
Valencia Carmona, 2019).
Asistencia legal gratuita y apoyo institucional
La provisión de asesoría legal gratuita ha sido reconocida como una estrategia clave para garantizar
justicia efectiva. Instituciones como la Defensoría Pública Federal y Local, así como organizaciones
civiles, ofrecen orientación jurídica, representación y acompañamiento en procesos judiciales. La
investigación demuestra que estas iniciativas aumentan la tasa de acceso efectivo a la justicia y reducen
la exclusión de grupos económicamente desfavorecidos (Human Rights Watch, 2025).
Justicia inclusiva y adaptación para grupos vulnerables
Las buenas prácticas incluyen la implementación de protocolos y medidas de adaptación para mujeres,
personas con discapacidad y pueblos indígenas. Entre ellas se encuentran la provisión de intérpretes, la
traducción de documentos legales, la creación de tribunales especializados en violencia de género, y la
integración de sistemas normativos indígenas reconocidos por la ley (Escobedo Cabello & Téllez
González, 2023). Estas medidas reflejan un enfoque interseccional que atiende la diversidad y garantiza
igualdad sustantiva.
Fortalecimiento institucional y capacitación judicial
Otro componente esencial identificado en la literatura es la formación continua de operadores jurídicos
y la mejora de la infraestructura judicial. La capacitación en derechos humanos, enfoque de género,
perspectiva intercultural y métodos alternativos de resolución de conflictos permite a jueces y
funcionarios garantizar procedimientos más inclusivos y efectivos (Carbonell, 2020). La evidencia
sugiere que la falta de formación contribuye a la revictimización y la exclusión, mientras que la
capacitación mejora la calidad de las decisiones y la confianza ciudadana en la justicia.
Uso de tecnología y digitalización
La digitalización de los procedimientos judiciales y la implementación de sistemas electrónicos de
gestión de casos representan otra buena práctica identificada. Plataformas de presentación de demandas
en línea, seguimiento digital de expedientes y audiencias virtuales han demostrado mejorar la eficiencia,
reducir tiempos procesales y facilitar el acceso zonas remotas (Page et al., 2021). Sin embargo, la
pág. 5018
literatura advierte que la implementación tecnológica debe considerar la brecha digital y garantizar
accesibilidad para población vulnerable, evitando que la tecnología se convierta en una barrera
adicional.
Las propuestas y buenas prácticas revisadas muestran que el acceso a la justicia puede fortalecerse
mediante un enfoque integral que combine reformas normativas, estrategias institucionales, adaptación
para grupos vulnerables y uso adecuado de tecnología. La evidencia respalda que estas medidas
contribuyen a reducir barreras económicas, culturales y procedimentales, acercando la justicia a la
ciudadanía. Reflejan la necesidad de un compromiso sostenido del Estado y de la sociedad para
garantizar que el acceso a la justicia no sea un derecho meramente formal, sino un derecho humano
efectivo, inclusivo y equitativo (Corte IDH, 2007; Ferrajoli, 2011).
Tabla 1: Síntesis principales hallazgos
Categoría de Análisis Principales Resultados Referencias
1. Fundamentos
conceptuales y
doctrinales
- El acceso a la justicia se concibe como
derecho humano autónomo y derecho
instrumental para garantizar otros
derechos.
- Evolución desde enfoque
formal/procedimental hacia perspectiva
integral y multidimensional.
- Implica tutela judicial efectiva, igualdad
sustantiva e inclusión.
- Perspectiva interseccional: grupos
vulnerables requieren atención
diferenciada.
- Función preventiva y correctiva de los
sistemas judiciales.
Cappelletti & Garth (1978); Fix-
Zamudio & Valencia Carmona
(2019); Ferrajoli (2011); Carbonell
(2020)
literatura advierte que la implementación tecnológica debe considerar la brecha digital y garantizar
accesibilidad para población vulnerable, evitando que la tecnología se convierta en una barrera
adicional.
Las propuestas y buenas prácticas revisadas muestran que el acceso a la justicia puede fortalecerse
mediante un enfoque integral que combine reformas normativas, estrategias institucionales, adaptación
para grupos vulnerables y uso adecuado de tecnología. La evidencia respalda que estas medidas
contribuyen a reducir barreras económicas, culturales y procedimentales, acercando la justicia a la
ciudadanía. Reflejan la necesidad de un compromiso sostenido del Estado y de la sociedad para
garantizar que el acceso a la justicia no sea un derecho meramente formal, sino un derecho humano
efectivo, inclusivo y equitativo (Corte IDH, 2007; Ferrajoli, 2011).
Tabla 1: Síntesis principales hallazgos
Categoría de Análisis Principales Resultados Referencias
1. Fundamentos
conceptuales y
doctrinales
- El acceso a la justicia se concibe como
derecho humano autónomo y derecho
instrumental para garantizar otros
derechos.
- Evolución desde enfoque
formal/procedimental hacia perspectiva
integral y multidimensional.
- Implica tutela judicial efectiva, igualdad
sustantiva e inclusión.
- Perspectiva interseccional: grupos
vulnerables requieren atención
diferenciada.
- Función preventiva y correctiva de los
sistemas judiciales.
Cappelletti & Garth (1978); Fix-
Zamudio & Valencia Carmona
(2019); Ferrajoli (2011); Carbonell
(2020)
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Categoría de Análisis Principales Resultados Referencias
2. Marco normativo y
jurisprudencial en
México
- Reconocimiento constitucional sólido:
Art. 17 y Art. 1º (principio pro persona).
- Incorporación de estándares
internacionales: Convención Americana
sobre DD.HH., Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos.
- Legislación secundaria (Ley de Amparo,
Código Nacional de Procedimientos
Penales) regula mecanismos de acceso
efectivo.
- Jurisprudencia SCJN consolida derechos
de grupos vulnerables.
- Brechas entre normativa y práctica
debido a barreras estructurales y
sobrecarga judicial.
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (1917/última
reforma); Corte IDH (2007);
Carbonell (2020); Fix-Zamudio &
Valencia Carmona (2019)
3. Barreras
estructurales y sociales
- Barreras económicas: costos de asesoría,
transporte y trámites.
- Sobrecarga judicial: retrasos
prolongados en resolución de casos.
- Barreras geográficas: falta de tribunales
en zonas rurales e indígenas.
- Barreras culturales y lingüísticas:
procedimientos en español,
desconocimiento de sistemas normativos
indígenas.
- Obstáculos de género: revictimización y
Fix-Zamudio & Valencia Carmona
(2019); Carbonell (2020); CNDH
(2022); Abramovich & Courtis
(2006); Cappelletti & Garth (1978)
Categoría de Análisis Principales Resultados Referencias
2. Marco normativo y
jurisprudencial en
México
- Reconocimiento constitucional sólido:
Art. 17 y Art. 1º (principio pro persona).
- Incorporación de estándares
internacionales: Convención Americana
sobre DD.HH., Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos.
- Legislación secundaria (Ley de Amparo,
Código Nacional de Procedimientos
Penales) regula mecanismos de acceso
efectivo.
- Jurisprudencia SCJN consolida derechos
de grupos vulnerables.
- Brechas entre normativa y práctica
debido a barreras estructurales y
sobrecarga judicial.
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (1917/última
reforma); Corte IDH (2007);
Carbonell (2020); Fix-Zamudio &
Valencia Carmona (2019)
3. Barreras
estructurales y sociales
- Barreras económicas: costos de asesoría,
transporte y trámites.
- Sobrecarga judicial: retrasos
prolongados en resolución de casos.
- Barreras geográficas: falta de tribunales
en zonas rurales e indígenas.
- Barreras culturales y lingüísticas:
procedimientos en español,
desconocimiento de sistemas normativos
indígenas.
- Obstáculos de género: revictimización y
Fix-Zamudio & Valencia Carmona
(2019); Carbonell (2020); CNDH
(2022); Abramovich & Courtis
(2006); Cappelletti & Garth (1978)
pág. 5020
Categoría de Análisis Principales Resultados Referencias
estereotipos judiciales.
- Complejidad procedimental y lenguaje
técnico dificultan la participación
ciudadana.
4. Grupos en situación
de vulnerabilidad
- Pueblos indígenas: barreras culturales,
lingüísticas y normativas; escasez de
intérpretes y reconocimiento limitado de
sistemas propios.
- Mujeres: obstáculos en casos de
violencia de género, revictimización y
falta de protocolos especializados.
- Personas con discapacidad:
inaccesibilidad física, falta de formatos
adaptados y personal capacitado.
- Migrantes y población en pobreza
extrema: exclusión económica,
desinformación y dificultades de
desplazamiento.
- Necesidad de un enfoque interseccional
para garantizar igualdad sustantiva.
Escobedo Cabello & Téllez González
(2023); Abramovich & Courtis
(2006); ONU (2006, 2007);
Inmujeres (2022); Human Rights
Watch (2025)
5. Propuestas y buenas
prácticas
- Simplificación de procedimientos y
mecanismos alternativos de resolución de
conflictos (mediación y conciliación).
- Asistencia legal gratuita y apoyo
institucional: Defensoría Pública y
organizaciones civiles.
Cappelletti & Garth (1978); Fix-
Zamudio & Valencia Carmona
(2019); Escobedo Cabello & Téllez
González (2023); Carbonell (2020);
Page et al. (2021); Corte IDH (2007)
Categoría de Análisis Principales Resultados Referencias
estereotipos judiciales.
- Complejidad procedimental y lenguaje
técnico dificultan la participación
ciudadana.
4. Grupos en situación
de vulnerabilidad
- Pueblos indígenas: barreras culturales,
lingüísticas y normativas; escasez de
intérpretes y reconocimiento limitado de
sistemas propios.
- Mujeres: obstáculos en casos de
violencia de género, revictimización y
falta de protocolos especializados.
- Personas con discapacidad:
inaccesibilidad física, falta de formatos
adaptados y personal capacitado.
- Migrantes y población en pobreza
extrema: exclusión económica,
desinformación y dificultades de
desplazamiento.
- Necesidad de un enfoque interseccional
para garantizar igualdad sustantiva.
Escobedo Cabello & Téllez González
(2023); Abramovich & Courtis
(2006); ONU (2006, 2007);
Inmujeres (2022); Human Rights
Watch (2025)
5. Propuestas y buenas
prácticas
- Simplificación de procedimientos y
mecanismos alternativos de resolución de
conflictos (mediación y conciliación).
- Asistencia legal gratuita y apoyo
institucional: Defensoría Pública y
organizaciones civiles.
Cappelletti & Garth (1978); Fix-
Zamudio & Valencia Carmona
(2019); Escobedo Cabello & Téllez
González (2023); Carbonell (2020);
Page et al. (2021); Corte IDH (2007)
pág. 5021
Categoría de Análisis Principales Resultados Referencias
- Justicia inclusiva: protocolos para
mujeres, personas con discapacidad y
pueblos indígenas.
- Capacitación judicial: derechos
humanos, enfoque de género, perspectiva
intercultural.
- Uso de tecnología y digitalización:
plataformas en línea, audiencias virtuales,
seguimiento digital de expedientes.
- Mejora la eficiencia, reduce barreras y
fortalece la efectividad del derecho.
Fuente: Elaboración propia
CONCLUSIONES
El presente artículo de revisión ha permitido analizar de manera integral el acceso a la justicia como
derecho humano en México, a partir de una revisión sistemática de la literatura científica, normativa y
jurisprudencial, siguiendo la metodología PRISMA. A través del análisis de cinco categorías principales
—fundamentos conceptuales y doctrinales, marco normativo y jurisprudencial, barreras estructurales y
sociales, grupos en situación de vulnerabilidad y propuestas y buenas prácticas—, se identificaron
patrones, desafíos y estrategias clave que permiten comprender tanto los avances como las limitaciones
del sistema de justicia mexicano en relación con la tutela de los derechos humanos.
En primer lugar, la revisión evidencia que el acceso a la justicia ha evolucionado un enfoque formal y
procedimental hacia una perspectiva integral que reconoce su dimensión sustantiva y su vinculación con
otros derechos humanos. La literatura doctrinal muestra que no basta con la existencia de tribunales o
procedimientos judiciales; es necesario garantizar efectividad, inclusión y equidad. Los fundamentos
conceptuales revisados destacan la necesidad de interpretar el acceso a la justicia como un derecho
autónomo y como un derecho instrumental que asegura la eficacia de todos los demás derechos
Categoría de Análisis Principales Resultados Referencias
- Justicia inclusiva: protocolos para
mujeres, personas con discapacidad y
pueblos indígenas.
- Capacitación judicial: derechos
humanos, enfoque de género, perspectiva
intercultural.
- Uso de tecnología y digitalización:
plataformas en línea, audiencias virtuales,
seguimiento digital de expedientes.
- Mejora la eficiencia, reduce barreras y
fortalece la efectividad del derecho.
Fuente: Elaboración propia
CONCLUSIONES
El presente artículo de revisión ha permitido analizar de manera integral el acceso a la justicia como
derecho humano en México, a partir de una revisión sistemática de la literatura científica, normativa y
jurisprudencial, siguiendo la metodología PRISMA. A través del análisis de cinco categorías principales
—fundamentos conceptuales y doctrinales, marco normativo y jurisprudencial, barreras estructurales y
sociales, grupos en situación de vulnerabilidad y propuestas y buenas prácticas—, se identificaron
patrones, desafíos y estrategias clave que permiten comprender tanto los avances como las limitaciones
del sistema de justicia mexicano en relación con la tutela de los derechos humanos.
En primer lugar, la revisión evidencia que el acceso a la justicia ha evolucionado un enfoque formal y
procedimental hacia una perspectiva integral que reconoce su dimensión sustantiva y su vinculación con
otros derechos humanos. La literatura doctrinal muestra que no basta con la existencia de tribunales o
procedimientos judiciales; es necesario garantizar efectividad, inclusión y equidad. Los fundamentos
conceptuales revisados destacan la necesidad de interpretar el acceso a la justicia como un derecho
autónomo y como un derecho instrumental que asegura la eficacia de todos los demás derechos
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fundamentales. Esto implica que los sistemas judiciales deben ofrecer no solo un proceso formal, sino
mecanismos efectivos que permitan a los ciudadanos defender sus derechos sin discriminación ni
exclusión (Cappelletti & Garth, 1978; Fix-Zamudio & Valencia Carmona, 2019; Ferrajoli, 2011).
La revisión de la literatura evidencia la relevancia del principio de tutela judicial efectiva, que integra
componentes preventivos y correctivos. La función preventiva se manifiesta en la existencia de
instituciones, políticas y procedimientos que disuaden la violación de derechos, mientras que la función
correctiva garantiza reparación y sanción frente a actos que vulneren los derechos fundamentales. La
perspectiva interseccional es especialmente relevante, ya que evidencia que los obstáculos al acceso a
la justicia no afectan por igual a toda la población, afectando de manera más intensa a grupos
históricamente marginados (Escobedo Cabello & Téllez González, 2023).
En cuanto al marco normativo y jurisprudencial, México cuenta con un sólido sustento legal que
garantiza el acceso a la justicia. La Constitución Política reconoce explícitamente este derecho,
incorporando el principio pro persona que prioriza la protección más amplia de los derechos humanos
reconocidos por tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. La legislación secundaria,
como la Ley de Amparo y el Código Nacional de Procedimientos Penales, proporciona mecanismos
específicos para la tutela judicial. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
fortalecido la interpretación de estas normas, ampliando el alcance del derecho y estableciendo
obligaciones concretas para los operadores judiciales en términos de efectividad, equidad e inclusión
(Carbonell, 2020; Corte IDH, 2007).
Sin embargo, la existencia de un marco normativo sólido no garantiza la efectividad del derecho en la
práctica. La revisión evidencia que persisten múltiples barreras estructurales y sociales que limitan el
acceso a la justicia. Entre las barreras más relevantes se encuentran las económicas, que impiden que
personas con recursos limitados accedan a asesoría legal, transporte y otros gastos procesales. La
sobrecarga judicial y la lentitud de los procesos constituyen otro obstáculo crítico, que afecta la
percepción de justicia y la confianza en el sistema. Las barreras geográficas y la centralización de los
órganos judiciales dificultan la participación de comunidades rurales e indígenas, mientras que los
obstáculos culturales y lingüísticos limitan la comprensión de los procesos judiciales y la participación
efectiva (CNDH, 2022; Fix-Zamudio & Valencia Carmona, 2019).
fundamentales. Esto implica que los sistemas judiciales deben ofrecer no solo un proceso formal, sino
mecanismos efectivos que permitan a los ciudadanos defender sus derechos sin discriminación ni
exclusión (Cappelletti & Garth, 1978; Fix-Zamudio & Valencia Carmona, 2019; Ferrajoli, 2011).
La revisión de la literatura evidencia la relevancia del principio de tutela judicial efectiva, que integra
componentes preventivos y correctivos. La función preventiva se manifiesta en la existencia de
instituciones, políticas y procedimientos que disuaden la violación de derechos, mientras que la función
correctiva garantiza reparación y sanción frente a actos que vulneren los derechos fundamentales. La
perspectiva interseccional es especialmente relevante, ya que evidencia que los obstáculos al acceso a
la justicia no afectan por igual a toda la población, afectando de manera más intensa a grupos
históricamente marginados (Escobedo Cabello & Téllez González, 2023).
En cuanto al marco normativo y jurisprudencial, México cuenta con un sólido sustento legal que
garantiza el acceso a la justicia. La Constitución Política reconoce explícitamente este derecho,
incorporando el principio pro persona que prioriza la protección más amplia de los derechos humanos
reconocidos por tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. La legislación secundaria,
como la Ley de Amparo y el Código Nacional de Procedimientos Penales, proporciona mecanismos
específicos para la tutela judicial. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
fortalecido la interpretación de estas normas, ampliando el alcance del derecho y estableciendo
obligaciones concretas para los operadores judiciales en términos de efectividad, equidad e inclusión
(Carbonell, 2020; Corte IDH, 2007).
Sin embargo, la existencia de un marco normativo sólido no garantiza la efectividad del derecho en la
práctica. La revisión evidencia que persisten múltiples barreras estructurales y sociales que limitan el
acceso a la justicia. Entre las barreras más relevantes se encuentran las económicas, que impiden que
personas con recursos limitados accedan a asesoría legal, transporte y otros gastos procesales. La
sobrecarga judicial y la lentitud de los procesos constituyen otro obstáculo crítico, que afecta la
percepción de justicia y la confianza en el sistema. Las barreras geográficas y la centralización de los
órganos judiciales dificultan la participación de comunidades rurales e indígenas, mientras que los
obstáculos culturales y lingüísticos limitan la comprensión de los procesos judiciales y la participación
efectiva (CNDH, 2022; Fix-Zamudio & Valencia Carmona, 2019).
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Las barreras de género y estereotipos sociales también constituyen un desafío significativo. La revisión
demuestra que mujeres víctimas de violencia enfrentan procesos que pueden revictimizarlas, retrasar la
resolución de sus casos y carecer de medidas de protección adecuadas. De igual manera, personas con
discapacidad, migrantes y poblaciones en situación de pobreza extrema enfrentan limitaciones
específicas que requieren intervenciones diferenciadas. En este sentido, la literatura coincide en que
garantizar el acceso a la justicia para todos requiere un enfoque interseccional que reconozca y atienda
las desigualdades estructurales, adaptando los procedimientos y las instituciones a las necesidades
particulares de cada grupo (Abramovich & Courtis, 2006; ONU, 2006; Escobedo Cabello & Téllez
González, 2023).
En relación con los grupos en situación de vulnerabilidad, la revisión sistemática evidencia que su acceso
efectivo a la justicia depende de la combinación de reformas normativas, implementación institucional
y estrategias de adaptación. Para los pueblos indígenas, es indispensable el reconocimiento efectivo de
sus sistemas normativos, la provisión de intérpretes y la capacitación de operadores judiciales en
enfoques interculturales. Para mujeres víctimas de violencia de género, es crucial la existencia de
tribunales especializados, protocolos de atención y medidas de protección inmediatas. Para personas con
discapacidad, la accesibilidad física y la disponibilidad de formatos adaptados son elementos esenciales.
Por su parte, migrantes y población en pobreza requieren asistencia legal gratuita, información clara y
mecanismos que reduzcan barreras económicas y geográficas (Human Rights Watch, 2025; Inmujeres,
2022).
Las propuestas y buenas prácticas identificadas en la revisión muestran que existen estrategias exitosas
que fortalecen el acceso a la justicia. La simplificación de procedimientos y la implementación de
mecanismos alternativos de resolución de conflictos contribuyen a reducir la complejidad y los tiempos
procesales. La digitalización de procedimientos y audiencias virtuales ha demostrado mejorar la
eficiencia y facilitar el acceso zonas remotas, aunque se debe garantizar que estas soluciones no
reproduzcan la exclusión digital. La capacitación judicial en derechos humanos, enfoque de género y
perspectiva intercultural emerge como un elemento crítico para garantizar la calidad y la efectividad de
los procedimientos judiciales. Por último, la provisión de asistencia legal gratuita y el fortalecimiento
Las barreras de género y estereotipos sociales también constituyen un desafío significativo. La revisión
demuestra que mujeres víctimas de violencia enfrentan procesos que pueden revictimizarlas, retrasar la
resolución de sus casos y carecer de medidas de protección adecuadas. De igual manera, personas con
discapacidad, migrantes y poblaciones en situación de pobreza extrema enfrentan limitaciones
específicas que requieren intervenciones diferenciadas. En este sentido, la literatura coincide en que
garantizar el acceso a la justicia para todos requiere un enfoque interseccional que reconozca y atienda
las desigualdades estructurales, adaptando los procedimientos y las instituciones a las necesidades
particulares de cada grupo (Abramovich & Courtis, 2006; ONU, 2006; Escobedo Cabello & Téllez
González, 2023).
En relación con los grupos en situación de vulnerabilidad, la revisión sistemática evidencia que su acceso
efectivo a la justicia depende de la combinación de reformas normativas, implementación institucional
y estrategias de adaptación. Para los pueblos indígenas, es indispensable el reconocimiento efectivo de
sus sistemas normativos, la provisión de intérpretes y la capacitación de operadores judiciales en
enfoques interculturales. Para mujeres víctimas de violencia de género, es crucial la existencia de
tribunales especializados, protocolos de atención y medidas de protección inmediatas. Para personas con
discapacidad, la accesibilidad física y la disponibilidad de formatos adaptados son elementos esenciales.
Por su parte, migrantes y población en pobreza requieren asistencia legal gratuita, información clara y
mecanismos que reduzcan barreras económicas y geográficas (Human Rights Watch, 2025; Inmujeres,
2022).
Las propuestas y buenas prácticas identificadas en la revisión muestran que existen estrategias exitosas
que fortalecen el acceso a la justicia. La simplificación de procedimientos y la implementación de
mecanismos alternativos de resolución de conflictos contribuyen a reducir la complejidad y los tiempos
procesales. La digitalización de procedimientos y audiencias virtuales ha demostrado mejorar la
eficiencia y facilitar el acceso zonas remotas, aunque se debe garantizar que estas soluciones no
reproduzcan la exclusión digital. La capacitación judicial en derechos humanos, enfoque de género y
perspectiva intercultural emerge como un elemento crítico para garantizar la calidad y la efectividad de
los procedimientos judiciales. Por último, la provisión de asistencia legal gratuita y el fortalecimiento
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institucional contribuyen a que los derechos sean ejercibles de manera efectiva y no queden limitados a
un acceso formal (Page et al., 2021; Escobedo Cabello & Téllez González, 2023).
Una perspectiva teórica, esta revisión evidencia que el acceso a la justicia debe concebirse como un
derecho dinámico y multidimensional, que requiere de coordinación entre normativa, instituciones y
prácticas. No puede evaluarse únicamente La existencia de procedimientos formales, sino a través de su
capacidad de garantizar justicia real y efectiva para todos los ciudadanos. Esto implica que los sistemas
judiciales deben ser sensibles al contexto social, cultural y económico, reconociendo que la igualdad
formal no asegura la igualdad material (Ferrajoli, 2011).
Las implicaciones prácticas de estos hallazgos son significativas. Para los legisladores, es necesario
continuar con reformas que fortalezcan la inclusividad y la efectividad de los procedimientos judiciales.
Para los operadores judiciales, se requiere capacitación permanente en derechos humanos, enfoque de
género, interculturalidad y justicia restaurativa. Para las instituciones públicas y organizaciones de la
sociedad civil, la evidencia indica que las estrategias de acompañamiento, asistencia legal y
sensibilización social son esenciales para superar barreras estructurales.
Las conclusiones principales de esta revisión sistemática son las siguientes:
1. El acceso a la justicia en México está reconocido constitucionalmente y respaldado por
normativa secundaria e instrumentos internacionales, pero su efectividad práctica está limitada
por barreras estructurales, sociales y culturales.
2. La evolución doctrinal y conceptual del derecho evidencia que este debe considerarse de manera
integral, incluyendo dimensiones sustantivas, preventivas y correctivas, con un enfoque
interseccional.
3. Los grupos en situación de vulnerabilidad enfrentan obstáculos específicos que requieren
medidas diferenciadas, incluyendo adaptaciones culturales, lingüísticas, de género y
socioeconómicas.
4. Existen propuestas y buenas prácticas exitosas que incluyen simplificación de procedimientos,
asistencia legal gratuita, capacitación judicial y uso de tecnología, pero su implementación debe
ser sistemática y sostenida para garantizar justicia efectiva.
institucional contribuyen a que los derechos sean ejercibles de manera efectiva y no queden limitados a
un acceso formal (Page et al., 2021; Escobedo Cabello & Téllez González, 2023).
Una perspectiva teórica, esta revisión evidencia que el acceso a la justicia debe concebirse como un
derecho dinámico y multidimensional, que requiere de coordinación entre normativa, instituciones y
prácticas. No puede evaluarse únicamente La existencia de procedimientos formales, sino a través de su
capacidad de garantizar justicia real y efectiva para todos los ciudadanos. Esto implica que los sistemas
judiciales deben ser sensibles al contexto social, cultural y económico, reconociendo que la igualdad
formal no asegura la igualdad material (Ferrajoli, 2011).
Las implicaciones prácticas de estos hallazgos son significativas. Para los legisladores, es necesario
continuar con reformas que fortalezcan la inclusividad y la efectividad de los procedimientos judiciales.
Para los operadores judiciales, se requiere capacitación permanente en derechos humanos, enfoque de
género, interculturalidad y justicia restaurativa. Para las instituciones públicas y organizaciones de la
sociedad civil, la evidencia indica que las estrategias de acompañamiento, asistencia legal y
sensibilización social son esenciales para superar barreras estructurales.
Las conclusiones principales de esta revisión sistemática son las siguientes:
1. El acceso a la justicia en México está reconocido constitucionalmente y respaldado por
normativa secundaria e instrumentos internacionales, pero su efectividad práctica está limitada
por barreras estructurales, sociales y culturales.
2. La evolución doctrinal y conceptual del derecho evidencia que este debe considerarse de manera
integral, incluyendo dimensiones sustantivas, preventivas y correctivas, con un enfoque
interseccional.
3. Los grupos en situación de vulnerabilidad enfrentan obstáculos específicos que requieren
medidas diferenciadas, incluyendo adaptaciones culturales, lingüísticas, de género y
socioeconómicas.
4. Existen propuestas y buenas prácticas exitosas que incluyen simplificación de procedimientos,
asistencia legal gratuita, capacitación judicial y uso de tecnología, pero su implementación debe
ser sistemática y sostenida para garantizar justicia efectiva.
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5. Garantizar el acceso a la justicia como derecho humano efectivo requiere una articulación
coherente entre normas, instituciones y prácticas judiciales, enfocándose en la eliminación de
desigualdades y en la promoción de igualdad sustantiva.
La revisión subraya la necesidad de continuar con investigaciones que evalúen el impacto de las políticas
implementadas, la efectividad de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y la
adecuación de la digitalización de la justicia para garantizar la inclusión. Se recomienda la
sistematización de buenas prácticas y la creación de indicadores que permitan medir objetivamente el
acceso efectivo a la justicia en diversos contextos y para distintos grupos poblacionales. Solo mediante
un enfoque integral, sostenido y basado en evidencia será posible garantizar que el acceso a la justicia
en México cumpla su función central de proteger los derechos humanos y consolidar un Estado de
derecho inclusivo y equitativo.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Abramovich, V., & Courtis, C. (2006). El derecho a la educación y el acceso a la justicia: desafíos
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5. Garantizar el acceso a la justicia como derecho humano efectivo requiere una articulación
coherente entre normas, instituciones y prácticas judiciales, enfocándose en la eliminación de
desigualdades y en la promoción de igualdad sustantiva.
La revisión subraya la necesidad de continuar con investigaciones que evalúen el impacto de las políticas
implementadas, la efectividad de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y la
adecuación de la digitalización de la justicia para garantizar la inclusión. Se recomienda la
sistematización de buenas prácticas y la creación de indicadores que permitan medir objetivamente el
acceso efectivo a la justicia en diversos contextos y para distintos grupos poblacionales. Solo mediante
un enfoque integral, sostenido y basado en evidencia será posible garantizar que el acceso a la justicia
en México cumpla su función central de proteger los derechos humanos y consolidar un Estado de
derecho inclusivo y equitativo.
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