pág. 4996
EL ACCESO A LA JUSTICIA COMO DERECHO
HUMANO EN MÉXICO
ACCESS TO JUSTICE AS A HUMAN RIGHT IN MEXICO
Stephany Maturano Preciado
Centro Universitario Continental
pág. 4997
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i1.22606
El acceso a la justicia como derecho humano en México
Stephany Maturano Preciado1
prmast20d15@redcuc.edu.mx
https://orcid.org/0009-0007-6881-8414
Centro Universitario Continental
México
RESUMEN
El presente artículo de revisión analiza el acceso a la justicia como derecho humano en México, con el
objetivo de sintetizar la evidencia científica, normativa y jurisprudencial sobre su implementación,
barreras existentes y estrategias para garantizar su efectividad. La revisión se desarrolló siguiendo la
metodología PRISMA 2020, mediante la identificación, selección y análisis de literatura académica,
informes institucionales, normativa nacional e internacional, y jurisprudencia relevante, aplicando
criterios de inclusión y exclusión para garantizar la relevancia y calidad de las fuentes. Los hallazgos se
organizaron en cinco categorías analíticas: (1) fundamentos conceptuales y doctrinales; (2) marco
normativo y jurisprudencial; (3) barreras estructurales y sociales; (4) grupos en situación de
vulnerabilidad; y (5) propuestas y buenas prácticas. La revisión evidencia que, aunque México cuenta
con un sólido marco constitucional y legal que reconoce el acceso a la justicia y su vinculación con los
derechos humanos, persisten barreras económicas, geográficas, culturales y procedimentales que limitan
su efectividad. Los grupos más afectados incluyen pueblos indígenas, mujeres, personas con
discapacidad, migrantes y población en pobreza extrema. Entre las buenas prácticas identificadas
destacan la simplificación de procedimientos, la asistencia legal gratuita, la capacitación judicial y el
uso de tecnologías digitales. La investigación concluye que garantizar el acceso efectivo a la justicia
requiere un enfoque integral, interseccional y sostenido, que articule normativa, instituciones y prácticas
judiciales.
Palabras claves: Acceso a la justicia, Derecho humano, México.
1 Autor principal
Correspondencia: prmast20d15@redcuc.edu.mx
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i1.22606
El acceso a la justicia como derecho humano en México
Stephany Maturano Preciado1
prmast20d15@redcuc.edu.mx
https://orcid.org/0009-0007-6881-8414
Centro Universitario Continental
México
RESUMEN
El presente artículo de revisión analiza el acceso a la justicia como derecho humano en México, con el
objetivo de sintetizar la evidencia científica, normativa y jurisprudencial sobre su implementación,
barreras existentes y estrategias para garantizar su efectividad. La revisión se desarrolló siguiendo la
metodología PRISMA 2020, mediante la identificación, selección y análisis de literatura académica,
informes institucionales, normativa nacional e internacional, y jurisprudencia relevante, aplicando
criterios de inclusión y exclusión para garantizar la relevancia y calidad de las fuentes. Los hallazgos se
organizaron en cinco categorías analíticas: (1) fundamentos conceptuales y doctrinales; (2) marco
normativo y jurisprudencial; (3) barreras estructurales y sociales; (4) grupos en situación de
vulnerabilidad; y (5) propuestas y buenas prácticas. La revisión evidencia que, aunque México cuenta
con un sólido marco constitucional y legal que reconoce el acceso a la justicia y su vinculación con los
derechos humanos, persisten barreras económicas, geográficas, culturales y procedimentales que limitan
su efectividad. Los grupos más afectados incluyen pueblos indígenas, mujeres, personas con
discapacidad, migrantes y población en pobreza extrema. Entre las buenas prácticas identificadas
destacan la simplificación de procedimientos, la asistencia legal gratuita, la capacitación judicial y el
uso de tecnologías digitales. La investigación concluye que garantizar el acceso efectivo a la justicia
requiere un enfoque integral, interseccional y sostenido, que articule normativa, instituciones y prácticas
judiciales.
Palabras claves: Acceso a la justicia, Derecho humano, México.
1 Autor principal
Correspondencia: prmast20d15@redcuc.edu.mx
pág. 4998
Access to Justice as a Human Right in Mexico
ABSTRACT
This review article analyzes access to justice as a human right in Mexico, aiming to synthesize scientific,
normative, and jurisprudential evidence regarding its implementation, existing barriers, and strategies
to ensure its effectiveness. The review was conducted following the PRISMA 2020 methodology,
involving the identification, selection, and analysis of academic literature, institutional reports, national
and international regulations, and relevant jurisprudence, applying inclusion and exclusion criteria to
ensure the relevance and quality of the sources. The findings were organized into five analytical
categories: (1) conceptual and doctrinal foundations; (2) normative and jurisprudential framework; (3)
structural and social barriers; (4) vulnerable groups; and (5) proposals and best practices. The review
shows that, although Mexico has a solid constitutional and legal framework recognizing access to justice
and its link to human rights, economic, geographic, cultural, and procedural barriers persist, limiting its
effectiveness. The most affected groups include indigenous peoples, women, persons with disabilities,
migrants, and populations living in extreme poverty. Among the identified best practices are procedural
simplification, free legal assistance, judicial training, and the use of digital technologies. The study
concludes that ensuring effective access to justice requires a comprehensive, intersectional, and
sustained approach that articulates legislation, institutions, and judicial practices.
Keywords: Access to justice, Human rights, Mexico
Artículo recibido 02 enero 2026
Aceptado para publicación: 30 enero 2026
Access to Justice as a Human Right in Mexico
ABSTRACT
This review article analyzes access to justice as a human right in Mexico, aiming to synthesize scientific,
normative, and jurisprudential evidence regarding its implementation, existing barriers, and strategies
to ensure its effectiveness. The review was conducted following the PRISMA 2020 methodology,
involving the identification, selection, and analysis of academic literature, institutional reports, national
and international regulations, and relevant jurisprudence, applying inclusion and exclusion criteria to
ensure the relevance and quality of the sources. The findings were organized into five analytical
categories: (1) conceptual and doctrinal foundations; (2) normative and jurisprudential framework; (3)
structural and social barriers; (4) vulnerable groups; and (5) proposals and best practices. The review
shows that, although Mexico has a solid constitutional and legal framework recognizing access to justice
and its link to human rights, economic, geographic, cultural, and procedural barriers persist, limiting its
effectiveness. The most affected groups include indigenous peoples, women, persons with disabilities,
migrants, and populations living in extreme poverty. Among the identified best practices are procedural
simplification, free legal assistance, judicial training, and the use of digital technologies. The study
concludes that ensuring effective access to justice requires a comprehensive, intersectional, and
sustained approach that articulates legislation, institutions, and judicial practices.
Keywords: Access to justice, Human rights, Mexico
Artículo recibido 02 enero 2026
Aceptado para publicación: 30 enero 2026
pág. 4999
INTRODUCCIÓN
El acceso a la justicia ha cobrado, en las últimas décadas, un lugar preponderante dentro de las
discusiones jurídicas y de derechos humanos en México, imponiéndose como un elemento indispensable
para la plena vigencia del Estado constitucional democrático de derecho. Tradicionalmente concebido
en términos procedimentales como la posibilidad de que una persona comparezca ante tribunales y
obtenga una respuesta judicial, el acceso a la justicia ha evolucionado hasta convertirse en un derecho
humano de carácter integral, cuya realización no sólo implica la apertura de tribunales, sino la
eliminación de obstáculos estructurales, económicos y sociales que lo limitan en la práctica (Luna
Leyva, 2020).
Una perspectiva constitucional, el acceso a la justicia en México encuentra sustento en múltiples
disposiciones que buscan garantizar la protección judicial efectiva de las personas. El artículo 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que “ninguna persona puede hacerse
justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”, y dispone que los tribunales deben
impartir justicia de manera gratuita, pronta y completa (Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, artículo 17). Este mandato constitucional se complementa con las obligaciones del Estado
mexicano de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, con un enfoque de igualdad y no
discriminación, tal como se establece en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos
por México.
En el plano internacional, el acceso a la justicia se reconoce como una garantía esencial dentro del
sistema de protección de derechos humanos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos,
también conocida como Pacto de San José, reconoce el derecho de toda persona a ser oída con las
debidas garantías por un juzgador competente, independiente e imparcial (artículo 8), lo cual implica
restricciones jurídicas al ejercicio del poder estatal y la obligación de implementar mecanismos efectivos
de tutela judicial (OEA, 1969). Más aún, diversos estándares elaborados por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos han profundizado en la noción de acceso a la justicia integrándolo como garantía
para la efectividad de otros derechos, incluyendo los económicos, sociales, culturales y ambientales, lo
que revela la dimensión multidimensional de este derecho humano fundamental.
INTRODUCCIÓN
El acceso a la justicia ha cobrado, en las últimas décadas, un lugar preponderante dentro de las
discusiones jurídicas y de derechos humanos en México, imponiéndose como un elemento indispensable
para la plena vigencia del Estado constitucional democrático de derecho. Tradicionalmente concebido
en términos procedimentales como la posibilidad de que una persona comparezca ante tribunales y
obtenga una respuesta judicial, el acceso a la justicia ha evolucionado hasta convertirse en un derecho
humano de carácter integral, cuya realización no sólo implica la apertura de tribunales, sino la
eliminación de obstáculos estructurales, económicos y sociales que lo limitan en la práctica (Luna
Leyva, 2020).
Una perspectiva constitucional, el acceso a la justicia en México encuentra sustento en múltiples
disposiciones que buscan garantizar la protección judicial efectiva de las personas. El artículo 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que “ninguna persona puede hacerse
justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”, y dispone que los tribunales deben
impartir justicia de manera gratuita, pronta y completa (Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, artículo 17). Este mandato constitucional se complementa con las obligaciones del Estado
mexicano de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, con un enfoque de igualdad y no
discriminación, tal como se establece en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos
por México.
En el plano internacional, el acceso a la justicia se reconoce como una garantía esencial dentro del
sistema de protección de derechos humanos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos,
también conocida como Pacto de San José, reconoce el derecho de toda persona a ser oída con las
debidas garantías por un juzgador competente, independiente e imparcial (artículo 8), lo cual implica
restricciones jurídicas al ejercicio del poder estatal y la obligación de implementar mecanismos efectivos
de tutela judicial (OEA, 1969). Más aún, diversos estándares elaborados por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos han profundizado en la noción de acceso a la justicia integrándolo como garantía
para la efectividad de otros derechos, incluyendo los económicos, sociales, culturales y ambientales, lo
que revela la dimensión multidimensional de este derecho humano fundamental.
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A pesar de este reconocimiento normativo y doctrinal, la materialización del acceso a la justicia en
México enfrenta retos significativos. Las barreras que dificultan su ejercicio pueden ser de índole
económica, como la falta de recursos para iniciar procesos judiciales; de índole geográfica, como la
lejanía de centros de justicia; o de índole estructural, como la insuficiente capacitación de operadores
jurídicos y la sobrecarga de trabajo de los órganos jurisdiccionales (Human Rights Watch, 2025). Estas
barreras no sólo obstaculizan la protección efectiva de los derechos individuales, sino que también
erosionan la confianza ciudadana en el sistema de justicia, perpetuando patrones de impunidad y
desigualdad que contravienen los compromisos internacionales y constitucionales del Estado mexicano.
Un aspecto clave en el análisis del acceso a la justicia lo constituye su relación con el debido proceso
legal y la protección judicial efectiva, elementos que han sido objeto de reformas constitucionales y
doctrinales en México. En particular, las reformas constitucionales de 2008 pretendieron fortalecer los
derechos humanos en el ámbito procesal, incorporando expresamente el catálogo de derechos
reconocidos internacionalmente y reconociendo su jerarquía constitucional (Salcedo Flores, 2024).
Sin embargo, académicos han señalado que, pese a estos avances formales, persisten retos en su
implementación, especialmente en la eficaz ejecución de los mecanismos de amparo y en la
accesibilidad real de los procedimientos judiciales para la población en situación de vulnerabilidad.
Para comprender cabalmente el acceso a la justicia como derecho humano en México, es indispensable
situarlo también en el contexto de la discriminación estructural y la exclusión social que enfrentan
diversos grupos. Las personas con discapacidad, por ejemplo, han sido objeto de estudios que señalan
que los obstáculos para acceder a la justicia constituyen una forma de discriminación estructural, ya que
no se han adoptado adecuadamente medidas de accesibilidad, interpretación y adaptación procesal que
garanticen su plena participación en los procedimientos judiciales (Escobedo Cabello & Téllez
González, 2023). l acceso a la justicia para las comunidades indígenas plantea desafíos particulares en
un sistema judicial que, históricamente, ha subvalorado los sistemas normativos propios y la jurisdicción
indígena como vías legítimas de resolución de conflictos. En este sentido, trabajos especializados han
explorado los estándares internacionales que exigen el respeto a los usos y costumbres indígenas como
manifestación concreta del derecho humano al acceso a la justicia para estos pueblos.
A pesar de este reconocimiento normativo y doctrinal, la materialización del acceso a la justicia en
México enfrenta retos significativos. Las barreras que dificultan su ejercicio pueden ser de índole
económica, como la falta de recursos para iniciar procesos judiciales; de índole geográfica, como la
lejanía de centros de justicia; o de índole estructural, como la insuficiente capacitación de operadores
jurídicos y la sobrecarga de trabajo de los órganos jurisdiccionales (Human Rights Watch, 2025). Estas
barreras no sólo obstaculizan la protección efectiva de los derechos individuales, sino que también
erosionan la confianza ciudadana en el sistema de justicia, perpetuando patrones de impunidad y
desigualdad que contravienen los compromisos internacionales y constitucionales del Estado mexicano.
Un aspecto clave en el análisis del acceso a la justicia lo constituye su relación con el debido proceso
legal y la protección judicial efectiva, elementos que han sido objeto de reformas constitucionales y
doctrinales en México. En particular, las reformas constitucionales de 2008 pretendieron fortalecer los
derechos humanos en el ámbito procesal, incorporando expresamente el catálogo de derechos
reconocidos internacionalmente y reconociendo su jerarquía constitucional (Salcedo Flores, 2024).
Sin embargo, académicos han señalado que, pese a estos avances formales, persisten retos en su
implementación, especialmente en la eficaz ejecución de los mecanismos de amparo y en la
accesibilidad real de los procedimientos judiciales para la población en situación de vulnerabilidad.
Para comprender cabalmente el acceso a la justicia como derecho humano en México, es indispensable
situarlo también en el contexto de la discriminación estructural y la exclusión social que enfrentan
diversos grupos. Las personas con discapacidad, por ejemplo, han sido objeto de estudios que señalan
que los obstáculos para acceder a la justicia constituyen una forma de discriminación estructural, ya que
no se han adoptado adecuadamente medidas de accesibilidad, interpretación y adaptación procesal que
garanticen su plena participación en los procedimientos judiciales (Escobedo Cabello & Téllez
González, 2023). l acceso a la justicia para las comunidades indígenas plantea desafíos particulares en
un sistema judicial que, históricamente, ha subvalorado los sistemas normativos propios y la jurisdicción
indígena como vías legítimas de resolución de conflictos. En este sentido, trabajos especializados han
explorado los estándares internacionales que exigen el respeto a los usos y costumbres indígenas como
manifestación concreta del derecho humano al acceso a la justicia para estos pueblos.
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Otro elemento crucial de la discusión contemporánea es la perspectiva de género en el acceso a la
justicia. Diversas organizaciones civiles y especialistas han resaltado que las mujeres enfrentan barreras
adicionales para lograr justicia, incluyendo la revictimización en los procesos, la falta de atención
especializada ante violencia de género, y las dificultades para que sus denuncias sean investigadas y
sancionadas con diligencia (Inmujeres, 2022). Estos obstáculos no sólo evidencian deficiencias
institucionales, sino que subrayan la urgencia de adoptar enfoques interseccionales que reconozcan
cómo las desigualdades de género, clase y etnia se entrelazan para limitar el acceso a la justicia de
determinados grupos en México.
En paralelo, la impunidad sistémica que caracteriza al sistema de justicia penal mexicano constituye un
factor crítico que retrae el acceso a la justicia como derecho humano efectivo. Informes de organismos
internacionales han documentado que una proporción alarmantemente alta de delitos —como los
homicidios intencionales y la violencia estructural— no son investigados de manera adecuada, ni
conducen a sanciones proporcionales, lo cual representa una violación al derecho de las víctimas y sus
familiares a la justicia y a la reparación integral. Esta realidad pone en evidencia que la existencia de
marcos normativos robustos no es suficiente si no se acompaña de políticas públicas eficaces, recursos
institucionales adecuados y una cultura judicial comprometida con los derechos humanos.
Igualmente, relevante para el entendimiento integral del acceso a la justicia es su vinculación con el
Estado de derecho. La garantía de acceso a la justicia no puede concebirse aisladamente, sino como un
componente inseparable de un sistema jurídico que respete la legalidad, la independencia judicial, la
igualdad ante la ley, y la protección de los derechos fundamentales de todas las personas. Esta
perspectiva, la efectividad del acceso a la justicia constituye un termómetro para medir la salud del
Estado de derecho en México y su capacidad de garantizar un orden social justo y equitativo.
Por otra parte, la literatura jurídica también ha discutido las interpretaciones y desafíos doctrinales que
surgen cuando se conceptualiza el acceso a la justicia como un derecho autónomo o como una categoría
auxiliar de otros derechos. Algunas corrientes sostienen que, si bien el término “acceso a la justicia” no
aparece explícitamente en todos los textos constitucionales o legislativos, su reconocimiento implícito
en la jurisprudencia, la doctrina y los tratados internacionales lo convierte en un derecho autónomo que
obliga al Estado a eliminar barreras de hecho y de derecho para su ejercicio pleno. Esta discusión
Otro elemento crucial de la discusión contemporánea es la perspectiva de género en el acceso a la
justicia. Diversas organizaciones civiles y especialistas han resaltado que las mujeres enfrentan barreras
adicionales para lograr justicia, incluyendo la revictimización en los procesos, la falta de atención
especializada ante violencia de género, y las dificultades para que sus denuncias sean investigadas y
sancionadas con diligencia (Inmujeres, 2022). Estos obstáculos no sólo evidencian deficiencias
institucionales, sino que subrayan la urgencia de adoptar enfoques interseccionales que reconozcan
cómo las desigualdades de género, clase y etnia se entrelazan para limitar el acceso a la justicia de
determinados grupos en México.
En paralelo, la impunidad sistémica que caracteriza al sistema de justicia penal mexicano constituye un
factor crítico que retrae el acceso a la justicia como derecho humano efectivo. Informes de organismos
internacionales han documentado que una proporción alarmantemente alta de delitos —como los
homicidios intencionales y la violencia estructural— no son investigados de manera adecuada, ni
conducen a sanciones proporcionales, lo cual representa una violación al derecho de las víctimas y sus
familiares a la justicia y a la reparación integral. Esta realidad pone en evidencia que la existencia de
marcos normativos robustos no es suficiente si no se acompaña de políticas públicas eficaces, recursos
institucionales adecuados y una cultura judicial comprometida con los derechos humanos.
Igualmente, relevante para el entendimiento integral del acceso a la justicia es su vinculación con el
Estado de derecho. La garantía de acceso a la justicia no puede concebirse aisladamente, sino como un
componente inseparable de un sistema jurídico que respete la legalidad, la independencia judicial, la
igualdad ante la ley, y la protección de los derechos fundamentales de todas las personas. Esta
perspectiva, la efectividad del acceso a la justicia constituye un termómetro para medir la salud del
Estado de derecho en México y su capacidad de garantizar un orden social justo y equitativo.
Por otra parte, la literatura jurídica también ha discutido las interpretaciones y desafíos doctrinales que
surgen cuando se conceptualiza el acceso a la justicia como un derecho autónomo o como una categoría
auxiliar de otros derechos. Algunas corrientes sostienen que, si bien el término “acceso a la justicia” no
aparece explícitamente en todos los textos constitucionales o legislativos, su reconocimiento implícito
en la jurisprudencia, la doctrina y los tratados internacionales lo convierte en un derecho autónomo que
obliga al Estado a eliminar barreras de hecho y de derecho para su ejercicio pleno. Esta discusión
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doctrinal enriquece el análisis académico, ya que permite articular mejor los fundamentos jurídicos del
acceso a la justicia y los retos prácticos de su implementación.
El análisis del acceso a la justicia como derecho humano en México exige atender no sólo a los marcos
normativos y doctrinales, sino también a las experiencias sociales y políticas que han marcado el debate
público. La exigencia de justicia por parte de víctimas de violaciones graves de derechos humanos,
colectivos de defensa de derechos, y organizaciones civiles ha contribuido a visibilizar las deficiencias
del sistema judicial y a promover reformas orientadas a fortalecer los mecanismos de protección judicial.
Este activismo social ha sido un motor para que el acceso a la justicia trascienda la teoría jurídica y se
proyecte como una demanda social que interpela al Estado mexicano sobre su responsabilidad de
garantizar justicia para todas las personas.
El acceso a la justicia en México no puede reducirse a una fórmula legal abstracta; se trata de un derecho
humano complejo que articula dimensiones constitucionales, internacionales, procesales y sociales. Su
realización plena implica no sólo la existencia de normas claras y adecuadas, sino la transformación de
las estructuras institucionales y culturales que impiden su ejercicio efectivo, especialmente para los
grupos en situación de vulnerabilidad. El presente artículo de revisión explora estas múltiples facetas
con el objetivo de ofrecer un panorama actualizado y crítico sobre el estado del acceso a la justicia en
México, destacando tanto los avances normativos como las persistentes brechas que obstaculizan su
materialización en la vida cotidiana.
Contexto y Relevancia del Estudio
El acceso a la justicia constituye uno de los pilares esenciales del Estado constitucional de derecho y se
reconoce actualmente como un derecho humano indispensable para la garantía efectiva de todos los
demás derechos. No se limita únicamente a la posibilidad formal de acudir a tribunales, sino que implica
la existencia de mecanismos reales, accesibles y eficaces para la protección de los derechos
fundamentales. La doctrina contemporánea ha enfatizado que sin acceso efectivo a la justicia, los
derechos reconocidos en normas constitucionales e internacionales se convierten en declaraciones
programáticas sin eficacia material (Fix-Zamudio & Valencia Carmona, 2019).
En el contexto mexicano, el acceso a la justicia ha adquirido especial relevancia a partir de la reforma
constitucional en materia de derechos humanos de 2011, la cual fortaleció el bloque de
doctrinal enriquece el análisis académico, ya que permite articular mejor los fundamentos jurídicos del
acceso a la justicia y los retos prácticos de su implementación.
El análisis del acceso a la justicia como derecho humano en México exige atender no sólo a los marcos
normativos y doctrinales, sino también a las experiencias sociales y políticas que han marcado el debate
público. La exigencia de justicia por parte de víctimas de violaciones graves de derechos humanos,
colectivos de defensa de derechos, y organizaciones civiles ha contribuido a visibilizar las deficiencias
del sistema judicial y a promover reformas orientadas a fortalecer los mecanismos de protección judicial.
Este activismo social ha sido un motor para que el acceso a la justicia trascienda la teoría jurídica y se
proyecte como una demanda social que interpela al Estado mexicano sobre su responsabilidad de
garantizar justicia para todas las personas.
El acceso a la justicia en México no puede reducirse a una fórmula legal abstracta; se trata de un derecho
humano complejo que articula dimensiones constitucionales, internacionales, procesales y sociales. Su
realización plena implica no sólo la existencia de normas claras y adecuadas, sino la transformación de
las estructuras institucionales y culturales que impiden su ejercicio efectivo, especialmente para los
grupos en situación de vulnerabilidad. El presente artículo de revisión explora estas múltiples facetas
con el objetivo de ofrecer un panorama actualizado y crítico sobre el estado del acceso a la justicia en
México, destacando tanto los avances normativos como las persistentes brechas que obstaculizan su
materialización en la vida cotidiana.
Contexto y Relevancia del Estudio
El acceso a la justicia constituye uno de los pilares esenciales del Estado constitucional de derecho y se
reconoce actualmente como un derecho humano indispensable para la garantía efectiva de todos los
demás derechos. No se limita únicamente a la posibilidad formal de acudir a tribunales, sino que implica
la existencia de mecanismos reales, accesibles y eficaces para la protección de los derechos
fundamentales. La doctrina contemporánea ha enfatizado que sin acceso efectivo a la justicia, los
derechos reconocidos en normas constitucionales e internacionales se convierten en declaraciones
programáticas sin eficacia material (Fix-Zamudio & Valencia Carmona, 2019).
En el contexto mexicano, el acceso a la justicia ha adquirido especial relevancia a partir de la reforma
constitucional en materia de derechos humanos de 2011, la cual fortaleció el bloque de
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constitucionalidad e incorporó el principio pro persona, ampliando la obligación estatal de garantizar
recursos judiciales efectivos. El artículo 17 constitucional establece la obligación del Estado de impartir
justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, configurando una base normativa directa para exigir
condiciones de acceso real a los órganos jurisdiccionales (Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 1917/última reforma).
A nivel internacional, el acceso a la justicia se encuentra sólidamente reconocido en instrumentos
vinculantes para México, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consagran el derecho al recurso judicial efectivo y a
las garantías procesales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado reiteradamente que
el acceso a la justicia es un derecho autónomo y también un medio indispensable para la protección de
otros derechos humanos (Corte IDH, 2007).
La relevancia del estudio del acceso a la justicia en México se incrementa frente a escenarios de
desigualdad social, impunidad y sobrecarga institucional. Diversos diagnósticos han mostrado que
amplios sectores de la población enfrentan barreras económicas, geográficas, culturales y
procedimentales para ejercer sus derechos ante las autoridades jurisdiccionales. Estas limitaciones
afectan especialmente a grupos en situación de vulnerabilidad, como pueblos indígenas, mujeres
víctimas de violencia y personas con discapacidad (Comisión Nacional de los Derechos Humanos
[CNDH], 2022).
En consecuencia, analizar el acceso a la justicia como derecho humano en México resulta pertinente no
sólo Una perspectiva jurídica, sino también social e institucional, ya que permite evaluar la eficacia real
del sistema de justicia y su capacidad para responder a las demandas ciudadanas en condiciones de
igualdad y dignidad (Carbonell, 2020).
Fundamentación Teórica
La fundamentación teórica del acceso a la justicia se ha desarrollado a partir de enfoques procesales,
constitucionales y de derechos humanos. Uno de los aportes más influyentes proviene de Cappelletti y
Garth, quienes conceptualizaron el acceso a la justicia como el requisito básico de un sistema jurídico
igualitario, identificando “olas” de reforma orientadas a eliminar barreras económicas, ampliar la
representación legal y transformar los mecanismos de resolución de conflictos. Estos autores sostienen
constitucionalidad e incorporó el principio pro persona, ampliando la obligación estatal de garantizar
recursos judiciales efectivos. El artículo 17 constitucional establece la obligación del Estado de impartir
justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, configurando una base normativa directa para exigir
condiciones de acceso real a los órganos jurisdiccionales (Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 1917/última reforma).
A nivel internacional, el acceso a la justicia se encuentra sólidamente reconocido en instrumentos
vinculantes para México, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consagran el derecho al recurso judicial efectivo y a
las garantías procesales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado reiteradamente que
el acceso a la justicia es un derecho autónomo y también un medio indispensable para la protección de
otros derechos humanos (Corte IDH, 2007).
La relevancia del estudio del acceso a la justicia en México se incrementa frente a escenarios de
desigualdad social, impunidad y sobrecarga institucional. Diversos diagnósticos han mostrado que
amplios sectores de la población enfrentan barreras económicas, geográficas, culturales y
procedimentales para ejercer sus derechos ante las autoridades jurisdiccionales. Estas limitaciones
afectan especialmente a grupos en situación de vulnerabilidad, como pueblos indígenas, mujeres
víctimas de violencia y personas con discapacidad (Comisión Nacional de los Derechos Humanos
[CNDH], 2022).
En consecuencia, analizar el acceso a la justicia como derecho humano en México resulta pertinente no
sólo Una perspectiva jurídica, sino también social e institucional, ya que permite evaluar la eficacia real
del sistema de justicia y su capacidad para responder a las demandas ciudadanas en condiciones de
igualdad y dignidad (Carbonell, 2020).
Fundamentación Teórica
La fundamentación teórica del acceso a la justicia se ha desarrollado a partir de enfoques procesales,
constitucionales y de derechos humanos. Uno de los aportes más influyentes proviene de Cappelletti y
Garth, quienes conceptualizaron el acceso a la justicia como el requisito básico de un sistema jurídico
igualitario, identificando “olas” de reforma orientadas a eliminar barreras económicas, ampliar la
representación legal y transformar los mecanismos de resolución de conflictos. Estos autores sostienen
pág. 5004
que el acceso a la justicia implica tanto la visibilidad de los derechos como la existencia de vías efectivas
para hacerlos valer (Cappelletti & Garth, 1978).
La teoría constitucional contemporánea, el acceso a la justicia se vincula con la tutela judicial efectiva,
entendida como el derecho de toda persona a obtener una resolución fundada, dentro de un plazo
razonable y emitida por autoridad competente. Este derecho integra componentes como el debido
proceso, la defensa adecuada y la ejecución de las resoluciones judiciales. La tutela judicial efectiva no
se satisface con la mera apertura de procedimientos, sino con la garantía de resultados jurídicamente
operativos (Fix-Zamudio & Valencia Carmona, 2019).
En el marco de los derechos humanos, el acceso a la justicia ha sido interpretado como un derecho
complejo que incluye dimensiones de disponibilidad, accesibilidad, calidad y adaptabilidad
institucional. La doctrina señala que los Estados deben remover obstáculos estructurales que impidan el
ejercicio de recursos judiciales efectivos, incluyendo barreras lingüísticas, culturales y económicas. Esta
visión supera el formalismo jurídico tradicional y adopta un enfoque material de igualdad (Abramovich
& Courtis, 2006).
La jurisprudencia interamericana ha contribuido significativamente a esta construcción teórica. La Corte
Interamericana ha establecido que el derecho al recurso efectivo exige que los Estados no sólo prevean
recursos en la ley, sino que aseguren su efectividad práctica. Ha vinculado el acceso a la justicia con la
obligación de investigar, sancionar y reparar violaciones de derechos humanos, especialmente en casos
de violencia estructural (Corte IDH, 2007).
En el caso mexicano, la teoría del control de convencionalidad ha fortalecido la fundamentación del
acceso a la justicia, al exigir que jueces y autoridades interpreten las normas internas conforme a los
tratados internacionales de derechos humanos. Esto implica una expansión interpretativa que
favorece la protección más amplia de las personas y refuerza la exigibilidad de recursos judiciales
efectivos (Carbonell, 2020).
Enfoques recientes incorporan perspectivas diferenciadas e interseccionales, reconociendo que el
acceso a la justicia no opera de manera uniforme para toda la población. La teoría de la justicia inclusiva
plantea la necesidad de adaptar procedimientos y estructuras judiciales para garantizar igualdad
sustantiva, especialmente para grupos históricamente excluidos (Ferrajoli, 2011).
que el acceso a la justicia implica tanto la visibilidad de los derechos como la existencia de vías efectivas
para hacerlos valer (Cappelletti & Garth, 1978).
La teoría constitucional contemporánea, el acceso a la justicia se vincula con la tutela judicial efectiva,
entendida como el derecho de toda persona a obtener una resolución fundada, dentro de un plazo
razonable y emitida por autoridad competente. Este derecho integra componentes como el debido
proceso, la defensa adecuada y la ejecución de las resoluciones judiciales. La tutela judicial efectiva no
se satisface con la mera apertura de procedimientos, sino con la garantía de resultados jurídicamente
operativos (Fix-Zamudio & Valencia Carmona, 2019).
En el marco de los derechos humanos, el acceso a la justicia ha sido interpretado como un derecho
complejo que incluye dimensiones de disponibilidad, accesibilidad, calidad y adaptabilidad
institucional. La doctrina señala que los Estados deben remover obstáculos estructurales que impidan el
ejercicio de recursos judiciales efectivos, incluyendo barreras lingüísticas, culturales y económicas. Esta
visión supera el formalismo jurídico tradicional y adopta un enfoque material de igualdad (Abramovich
& Courtis, 2006).
La jurisprudencia interamericana ha contribuido significativamente a esta construcción teórica. La Corte
Interamericana ha establecido que el derecho al recurso efectivo exige que los Estados no sólo prevean
recursos en la ley, sino que aseguren su efectividad práctica. Ha vinculado el acceso a la justicia con la
obligación de investigar, sancionar y reparar violaciones de derechos humanos, especialmente en casos
de violencia estructural (Corte IDH, 2007).
En el caso mexicano, la teoría del control de convencionalidad ha fortalecido la fundamentación del
acceso a la justicia, al exigir que jueces y autoridades interpreten las normas internas conforme a los
tratados internacionales de derechos humanos. Esto implica una expansión interpretativa que
favorece la protección más amplia de las personas y refuerza la exigibilidad de recursos judiciales
efectivos (Carbonell, 2020).
Enfoques recientes incorporan perspectivas diferenciadas e interseccionales, reconociendo que el
acceso a la justicia no opera de manera uniforme para toda la población. La teoría de la justicia inclusiva
plantea la necesidad de adaptar procedimientos y estructuras judiciales para garantizar igualdad
sustantiva, especialmente para grupos históricamente excluidos (Ferrajoli, 2011).