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suspensión de consultas programadas durante la emergencia sanitaria incrementaron la duración
promedio de las incapacidades, superando en múltiples casos los 365 días [21].
El fenómeno de la incapacidad prolongada no puede analizarse únicamente desde la dimensión clínica.
La literatura reconoce que la duración de la ITT está determinada por una compleja interacción de
factores médicos y no médicos. Entre los factores médicos se incluyen la severidad del diagnóstico, la
presencia de complicaciones, comorbilidades, secuelas, retrasos en la recuperación y adherencia
terapéutica [23,24]. Asimismo, la carga de trabajo —entendida como el conjunto de requerimientos
físicos y mentales exigidos por la actividad laboral— influye en el tiempo de reincorporación,
especialmente en ocupaciones con alta demanda energética o postural [14–16].
Por otra parte, los factores no médicos comprenden elementos administrativos, organizacionales y
estructurales que pueden retrasar la resolución del proceso incapacitante. Entre ellos destacan la falta de
personal, escasez de insumos, diferimiento de intervenciones quirúrgicas, retraso en consultas de
segundo y tercer nivel, ausencia de dictámenes por salud en el trabajo y deficiencias en la gestión
institucional [17]. Durante la pandemia por SARS-CoV-2, múltiples sistemas de salud priorizaron la
atención de casos COVID-19, generando suspensión de servicios especializados y aumento en tiempos
de espera para procedimientos diagnósticos y terapéuticos, lo que pudo influir en la prolongación de
incapacidades [21,22].
Desde el punto de vista sociodemográfico, se ha documentado que el sexo masculino, la edad entre 30
y 45 años, el nivel socioeconómico bajo y la ausencia de capacitación laboral se asocian con mayor
persistencia de ITT [26]. Otros estudios señalan que la reincorporación temprana es más frecuente en
trabajadores jóvenes, con empleos estables y padecimientos respiratorios agudos [27]. En contraste,
enfermedades psiquiátricas graves, trastornos alimentarios y patologías crónico-degenerativas tienden a
generar incapacidades de mayor duración [29,30].
Las incapacidades prolongadas generan repercusiones multidimensionales. En el ámbito económico,
implican subsidios que pueden alcanzar hasta 52 semanas prorrogables, con impacto directo en las
finanzas institucionales [11–13]. A nivel empresarial, el ausentismo no programado ocasiona costos
indirectos por sustitución de personal y disminución de productividad. En el plano familiar, la reducción