pág. 5688
TRÁFICO ILEGAL DE VIDA SILVESTRE Y
JUSTICIA AMBIENTAL EN MÉXICO (2012-2022)
WILDLIFE ILLEGAL TRAFFICKING AND ENVIRONMENTAL
JUSTICE IN MEXICO (2012-2022)
Zulia Yanzadig Orozco Reynoso
Instituto de Investigaciones Sociales, UABC
Socorro Flores Gutiérrez
Universidad Autónoma Metropolitana
pág. 5689
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i1.22687
Tráfico Ilegal de Vida Silvestre y Justicia Ambiental en México (2012-2022)
Zulia Yanzadig Orozco Reynoso 1
zulia.orozco@uabc.edu.mx
https://orcid.org/0000-0002-5796-4164
Instituto de Investigaciones Sociales, UABC
Socorro Flores Gutiérrez
sflores@cua.uam.mx
https://orcid.org/0000-0002-3652-7459
Universidad Autónoma Metropolitana, unidad
Cuajimalpa
RESUMEN
El objetivo general de la investigación consiste en analizar el alcance que tuvo la autoridad mexicana
en los tribunales, entre 2012 y 2022, en la procuración de justicia contra delitos “contra el medio
ambiente y la gestión ambiental”. El estudio retoma tres periodos presidenciales, cuyos candidatos
electos surgieron de distintos partidos políticos: Partido Accion Nacional, Partido de la Revolución
Institucional, y Movimineto Regeneración Nacional. La pregunta principal es: ¿cuáles son los mercados
ilegales regionales en México relacionados al medio ambiente? y, la pregunta secundaria es: ¿cuántas
carpetas de investigación, procesadas por delitos “contra el ambiente y la gestión ambiental” llegaron
exitosamente a la justicia entre 2012 a 2022? Los resultados de este trabajo se sostienen en la consulta
de literatura especializada y datos oficiales publicados en distintas dependencias gubernamentales. Se
presenta mapas temáticos sobre especies en riesgo de extinción y carpetas de investigación procesadas
por delitos “contra el ambiente y la gestión ambiental”.
Palabras claves: delincuencia organizada, carpetas de investigación, sentencias condenatorias, vida
silvestre, justicia ambiental
1
Autor principal
Correspondencia: zulia.orozco@uabc.edu.mx
pág. 5690
Wildlife Illegal Trafficking and Environmental Justice in Mexico (2012-
2022)
ABSTRACT
The general objective of the research is to analyze the scope that the Mexican authority had in the courts,
between 2012 and 2022, in the prosecution of crimes "against the environment and environmental
management". The study analyzes three presidential periods, whose elected candidates came from
different political parties: Partido Accion Nacional, Partido de la Revolucion Institucional, and
Movimineto Regeneracion Nacional. The main question is: what are the regional illegal markets in
Mexico related to the environment, and the secondary question is: how many investigation files,
prosecuted for crimes "against the environment and environmental management" successfully reached
justice between 2012 and 2022? The results of this work are based on the research of specialized
literature and official data published in different governmental agencies. Thematic maps are presented
on species at risk of extinction and investigation files processed for crimes "against the environment and
environmental management".
Keywords: organized crime, crime reports, convictions, wildlife, environmental justice
Artículo recibido 10 diciembre 2025
Aceptado para publicación: 17 enero 2026
pág. 5691
INTRODUCCIÓN
De acuerdo con el estudio Global Organized Crime Index, México se encuentra entre los principales
países afectados por la criminalidad a nivel mundial (GI-TOC, 2023). Sólo por debajo de Congo (7.75,
en escala de 0 a 10, siendo 10 el máximo grado criminalidad), Colombia (7.67), y Myanmar (7.59),
México (7.57) ocupa la cuarta posición de 193 países analizados. En ese tenor, mientras que México
estuvo muy por encima del promedio global de criminalidad (4.88), simultáneamente registró un menor
índice de resiliencia (4.46), en contraste con el promedio global (4.82), una situación que en su conjunto
sofoca la gobernabilidad y la justicia en el país ( U.S. State Department -USDS-, 2022).
De acuerdo con el reporte citado, los mercados ilegales asociados específicamente a la vida silvestre
(flora y fauna) y de recursos no renovables, son aquellos donde la criminalidad tiene menor alcance en
México, en contraste con aquellos mercados asociados a las drogas, especialmente las sintéticas (GI-
TOC, 2023). La diferencia entre una y otra categoría de mercado ilícito es de dos puntos. Es decir,
mientras que la droga sintética y la cocaína registraron nueve puntos de diez, los delitos ambientales
alcanzaron siete (GI-TOC, 2023).
Para contextualizar el alcance que tiene en México la delincuencia organizada en la comercialización
ilegal de vida silvestre, se puede afirmar que, en el caso de los mercados ilícitos relacionados a la flora,
en 2022 México (7.5) ocupó la 14va posición a nivel mundial, y, la segunda en América Latina, justo por
debajo de Brasil (8.50). El promedio del índice global para esta categoría fue de 3.88 puntos. Brasil,
China, y el Congo fueron los países más afectados al registrar respectivamente 8.5 puntos de diez (GI-
TOC, 2023).
En cuanto al mercado ilegal relacionado a fauna silvestre, el reporte indica que México (7.0) ocupó en
2022 la posición número 24 a nivel mundial, y, la tercera en América Latina. El estudio señala que el
país más afectado a nivel global fue China (9.0), y, posteriormente, empataron Vietnam y Brasil (8.5).
El índice global para esta categoría delictiva fue de 4.63, un promedio muy por debajo del caso
mexicano. Sin embargo, es importante destacar que, prácticamente la mitad de los países analizados
fueron profundamente afectados por el comercio ilegal de fauna silvestre (GI-TOC, 2023). En todo caso,
los resultados del reporte no son alentadores para México: sistemáticamente aparece entre los países
más afectados, cualquiera que sea el mercado ilícito (GI-TOC, 2023).
pág. 5692
El artículo está integrado por seis secciones. Después de la introducción se encuentra el apartado
metodológico; posteriormente se desarrolla la problematización, donde también el lector encontrará
algunos conceptos claves que forman parte del marco conceptual de la investigación. En la cuarta
sección se encuentran los hallazgos del estudio, en tanto que en el quinto apartado se encuentra la
discusión y análisis de los resultados.
La pregunta principal de la investigación es: ¿cuáles son los mercados ilegales regionales en México
relacionados al medio ambiente? También, la pregunta secundaria de la investigación es: ¿cuántas
carpetas de investigación, procesadas por delitos contra el ambiente, el equilibrio ecológico, y la gestión
ambiental llegaron exitosamente a justicia entre 2012 a 2022? El objetivo general de la investigación
consiste en analizar estadística y gráficamente el alcance que tuvo la autoridad mexicana, durante una
década, en la persecución y sentencia a violaciones a la ley en materia de delitos contra el medio
ambiente, el equilibrio ecológico y la gestión ambiental a nivel nacional y estatal. La metodología en la
cual se sostiene la investigación es de corte mixto.
Delincuencia organizada y tráfico ilegal de vida silvestre en México
En 1994, tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados
Unidos y Canadá, México se insertó rápidamente en la inercia de la conectividad tecnológica,
globalización, y neoliberalismo (Cordera, 2006; Valencia, 2016). También, a partir 1995 México
incrementó de forma sostenida su curva poblacional. Lo anterior, aunada la migración del campo a la
ciudad, ocasionó que en menos de tres décadas se densificaran las actuales zonas metropolitanas del
país: Ciudad de México, Guadalajara, Juárez, León, Monterrey, Puebla, Querétaro, Tijuana, y Toluca
(Álvarez de la Torre, 2010; Ziccardi, 2009). Durante este complejo proceso urbano -que no fue exclusivo
de México- se materializó una profunda brecha de desigualdad social y económica (García, 2020). De
hecho, en 2020 el Banco Mundial estimó que, el coeficiente de Gini para México fue de 0.48 (en escala
de 0 a 1, siendo 1 la máxima desigualdad). En 2020, aproximadamente 8.5% de los mexicanos vivían
en una situación de pobreza extrema (CONEVAL, 2021).
Por otro lado, si bien la génesis de la actual delincuencia organizada en México data de hace varias
décadas atrás, cierto es que, a partir de 1980, y, especialmente en la década de 1990, las organizaciones
criminales comenzaron a disputar su poderío con poder de fuego. Casi paralelamente al proceso de
pág. 5693
globalización y conectividad tecnológica, el Cartel de Sinaloa se expandió por distintas regiones del
mundo (Lawn & Johnson, 2023); mientras tanto, durante las primeras dos décadas del siglo XXI se han
robustecido, incrementado, y fragmentado las organizaciones delictivas con alcance transnacional (ej.
Cártel de Tijuana, Cartel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Golfo, entre otros). Como se mencionó
anteriormente, entre las muchas consecuencias derivadas de la presencia del crimen organizado se
encuentra el debilitamiento de la resiliencia del estado, la diversificación de los mercados ilegales, y en
algunas ciudades, elevadas tasas de homicidios dolosos (Calderón et al., 2021; GI-TOC, 2023; Rosen
et al., 2019).
Lo anterior es preocupante porque no obstante los múltiples esfuerzos por contener la violencia y el paso
de la delincuencia organizada, la experiencia demuestra que la estrategia ha sido insuficiente y, por ende,
fallida. Como ya se mencionó, en reportes internacionales México está muy por encima del Índice
Global de Criminalidad, ocupando la cuarta posición mundial, detrás de Congo, Colombia y Myanmar
(GI-TOC, 2023). Otros estudios advierten que en México mueren más periodistas que en aquellos países
en guerra, como, por ejemplo, Ucrania o Siria (Cullell, 2022).
Por otro lado, en el Índice de Fragilidad de Estados, México registró 70.3 puntos (en escala de 10 a 120,
siendo 120 el de mayor fragilidad). Esto le posiciona en la categoría “alerta elevada”, el bloque donde
también se encuentran El Salvador (70.8), Rusia (72.6), Nicaragua (77.7), y Colombia (78.4), países que
destacan por su violencia política e incluso reciente declaratoria de guerra ( Fund for Peace -FFP-, 2022).
Por si fuera poco, en este 2023 México fue sancionado por la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITIES por sus siglas en inglés),
debido a que considera que las acciones oficiales no han sido suficientes para proteger la marsopa,
popularmente conocida como vaquita marina (Associated-Press, 2023). Las medidas impuestas por la
comunidad internacional teóricamente son correctivas, aunque simultáneamente robustecen los
mercados ilícitos, en este caso, el de la vida silvestre (King & Belikow, 2022; Umbría, 2016).
Lo anterior no se puede dimensionar sin denotar que desde la administración de Vicente Fox Quesada
(2000-2006) hasta la de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), el Gobierno Federal ha invertido
sumas extraordinarias al aparato de seguridad y justicia en los tres órdenes de gobierno. Muestra de lo
anterior son: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), el Subsidio para la Seguridad
pág. 5694
Pública Municipal (SUBSEMUN), el programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), la
reciente creación por decreto presidencial de la Guardia Nacional, además de la permanente intervención
financiera y técnica de la Embajada Americana a través de USAID (U.S. Agency for International
Development), son algunos ejemplos.
De hecho, en el marco del pacto de cooperación internacional de la Iniciativa Mérida, el aparato de
justicia penal mexicano experimentó serias transformaciones durante la administración panista de Felipe
Calderón Hinojosa (2006-2012). Ejemplos de lo anterior son las reformas, la primera de ellas, de
Derechos Humanos (2011), y, la segunda, del Sistema de Justicia Penal Oral Adversarial que concluyó
en 2016, tras ocho años de importantes ajustes en los códigos normativos, transformaciones a los
tribunales y salas de mediación, y, por supuesto, la extensa capacitación, así como reorganización del
organigrama del aparato de justicia a nivel federal y estatal.
Lo anterior se justificó durante las administraciones de Calderón y, posteriormente la de Enrique Peña
Nieto (2012-2018), en dos premisas: 1) limitar las violaciones graves a los derechos humanos; y 2)
eficientar el proceso judicial para sentenciar lo más pronto posible, y así fortalecer el estado de derecho
en México (Amezcua et al., 2012). En efecto, al ser una justicia disfuncional, la ley refrendaba la brutal
desigual e injusticia social entre las personas más opulentas, frente a las más vulnerables en este país.
Sin embargo, la situación no ha cambiado mucho entre el antes y después de las reformas. La tasa de
sentencia paso de nula -desde 1999- a 0.27 condenados por cada 100 mil habitantes para el 2019, no
obstante la recurrente espiral de violencia criminal (INEGI, 2023b).
Por otro lado, respecto los mercados ilegales que son alimentados por la delincuencia organizada,
Beckert & Dewey (2017, p. 2) indican que estos son “arenas de intercambio regular de bienes y servicios
a cambio de dinero, bajo condiciones de competencia, en que el producto, su producción, intercambio,
o consumo viola la norma jurídica” [traducción de las autoras]. Vale la pena mencionar que estos se
enmarcan en el intercambio de bienes y servicios legítimos e ilegítimos (Figura 1). Es decir, aunque el
bien y/o servicio en términos legales es ilícito, dependiendo del tiempo y espacio, el consumo de este
puede tener un cierto grado de legitimidad en la sociedad. En este contexto, la aplicación de la norma
jurídica se complica e incluso puede cuestionarse, en el marco de la norma moral de la sociedad.
pág. 5695
Figura 1. Mercados y legitimidad social.
Fuente: Beckert & Dewey (2017, p. 13)
Por ejemplo, la vejiga natatoria del pez totoaba, popularmente conocida como buche, está estrictamente
prohibida su venta y consumo. Lo anterior se debe a la excesiva pesca, que pone en riesgo a otras
especies con quienes cohabita, como, por ejemplo, la vaquita marina. En ese sentido, no obstante, los
protocolos internacionales, las múltiples comisiones de trabajo, o las convenciones internacionales, en
la cultura china y mexicana, el consumo del producto forma parte de sus usos y costumbres,
independientemente de que CITIES considere una grave violación la extinción de la vaquita marina.
Hoy en día, el buche de totoaba forma parte del mercado ilícito de vida silvestre. Sin embargo, su
comercialización ilegal tiene legitimidad social, no sólo en México, sino también en Estados Unidos y
China, donde existe una clara demanda de la vejiga natatoria por usos y costumbres, y el cual llega a su
lugar de destino por la corrupción e impunidad a nivel internacional.
En esta situación, donde por un lado el estado de derecho es frágil, donde la delincuencia organizada
está desbocada, y donde las sanciones de la comunidad internacional -como consecuencia no deseada-
fortalecen el mercado negro, la sociedad civil tiene un rol trascendental. Primero, en el reconocimiento
público del problema, y segundo, en el seguimiento y posicionamiento del mismo en la agenda pública
para su arreglo (Díaz & Márquez-Fernández, 2010). A su vez, la sociedad civil, como agente de cambio,
Mercados
Mercado
legítimo
Mercado
legal
Mercado
ilegítimo
Mercado
ilegal
pág. 5696
puede utilizar herramientas digitales que son gratuitas para visibilizar el tamaño del problema (ej.
crowdsourcing). Especialmente para casos de delitos ambientales, que están intrínsecamente conectados
a la justicia social (Hernandez-Mendible, 2022; Ortega, 2021).
En ese sentido, partimos de la premisa que, justicia social abarca la justicia ambiental, y viceversa. De
acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la justicia social es “la igualdad de
oportunidades y en los derechos humanos, más allá del concepto tradicional de justicia legal. Está basada
en la equidad y es imprescindible para que cada persona pueda desarrollar su máximo potencial”
(UNICEF, 2023). Por otra parte, la justicia ambiental es mucho más compleja de definir (Hervé, 2010).
En términos llanos, para la EPA (United States Environmental Protection Agency), la justicia ambiental
es el: “trato justo e involucramiento de todas las personas … en el desarrollo, aplicación y
cumplimiento de las leyes, regulaciones, y políticas públicas medioambientales traducción de las
autoras” (EPA, 2022).
MÉTODO
El estudio, que se realiza a nivel nacional y estatal en México, abarca el periodo 2012 a 2022, aunque
hace un acercamiento al año 2021. Es decir, cubre el último año de la administración panista de Felipe
Calderón Hinojosa (2006-2012), toda la administración priista de Enrique Peña Nieto (2012-2018), y
cuatro años de la presidencia morenista de Andrés Manuel López Obrados (2018-2024). El año donde
se profundiza la reflexión se ubica en la administración de López Obrador. Cabe mencionar que la
selección de la temporalidad 2012-2022 y 2021 se debe a la disponibilidad de la información en su
conjunto. Finalmente, la investigación es exploratoria, y emplea métodos de investigación cuantitativa
y cartográfica.
Los resultados de este trabajo se derivan de la consulta de literatura especializada y de datos oficiales
publicados en distintas dependencias gubernamentales. Se consultaron cinco fuentes: 1) Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); 2) Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI); 3) Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
(CONABIO); 4) Atlas de Justicia Ambiental, dirigido por Joan Martinez-Alier, Leah Temper y Ashish
pág. 5697
Kothari; y 5) Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil de la
Secretaria de Gobernación (SEGOB).
Respecto al SESNSP, se consultaron y descargaron datos de incidencia delictiva del fuero federal, que
hace referencia a la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o
carpetas de investigación, reportadas por la Fiscalía General de la República; particularmente, aquellas
registradas como “contra el ambiente y la gestión ambiental”, por entidad federativa, en el periodo 2012-
2022.
Respecto a INEGI, se revisaron dos censos. El primer de ellos fue el de Población y Vivienda, donde se
consultó la población por entidad federativa para el año 2020, y así se calculó la tasa -por cada 100 mil
habitantes- del número de carpetas de investigación iniciadas “contra el ambiente y la gestión ambiental”
en el año 2021. De igual forma se recurrió al Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal,
particularmente en el apartado de Impartición de Justicia (2021) se consultó el número de delitos
catalogados como “contra el medio ambiente, el equilibrio ecológico y la gestión ambiental” durante el
año 2021, a nivel nacional y por entidad federativa.
Vale la pena mencionar que, para efectos de registro estadístico, el INEGI sistematiza la información en
tres grandes categorías: 1) carpetas de investigación (CI), 2) delitos, y 3) sentencias. Las CI son las
averiguaciones previas realizadas para desahogar el proceso judicial; en tanto que, por delito se refiere
a cuando el tribunal competente juzga procedente el delito. Finalmente, por sentencia se refiere a la
resolución que dicta el juez al imputado. Esta investigación retoma las tres categorías (CI, delitos, y
sentencias). Las primeras dos se sustentan en datos oficiales, en tanto que la tercera categoría las autoras
hacen una inferencia estadística, debido que INEGI no desagrega las sentencias por delitos “contra el
ambiente y la gestión ambiental”, y mucho menos por sub-tipos de delitos.
Por otro lado, en CONABIO se consultó el mapa de especies en riesgo de extinción en México,
disponible para el año 2021; mientras que, en el Atlas de la Justicia Ambiental, se consultó por el
apartado de “conflictos sociales” en problemas ambientales. Cabe destacar que este proyecto sistematiza
cartográficamente las luchas comunitarias relacionadas con la (in)justicia ambiental, mediante procesos
participativos (ej. crowdsourcing) que a su vez crea redes colaborativas de trabajo.
pág. 5698
Finalmente, se revisó el Directorio de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Comisión de Fomento
de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil al interior de SEGOB. En el directorio se
ubicaron las organizaciones, por entidad federativa, activas en tareas dedicadas al “apoyo para el
aprovechamiento de los recursos naturales, la protección al ambiente, la flora y la fauna, la preservación
y restauración del equilibrio ecológico, así como la promoción del desarrollo sustentable a nivel regional
y comunitario, de las zonas urbanas y rurales” de acuerdo con la nomenclatura propuesta por SEGOB.
La utilización y cruce de datos de las cinco fuentes nos permite profundizar y acercarnos a la resolución
de las preguntas de investigación. Hasta ahora, en México no existe un estudio detallado de carpetas de
investigación en delitos ambientales -con enfoque de mercados ilícitos y justicia ambiental- mismo que
se sustente en datos cuantitativos y cartográficos recopilados durante una década, que, a su vez, abarque
un periodo transicional democrático único e histórico en el país. Es decir, el estudio cubre tres periodos
presidenciales cuyos candidatos electos tuvieron como plataforma distintos partidos políticos: PAN
(Partido Acción Nacional), PRI (Partido de la Revolución Institucional), y MORENA (Movimiento
Regeneración Nacional).
RESULTADOS
De acuerdo con los resultados de la investigación, en la Tabla 1 se observa el registro de carpetas de
investigación (CI) asentadas por delitos contra el ambiente y gestión ambiental, por entidad federativa,
durante el periodo 2012 - 2022. Además, se observa el número de habitantes por entidad federativa,
población censada en el 2020, con lo cual se calculó la tasa de carpetas de investigación por cada 100
mil habitantes. En ese sentido, a nivel nacional se registraron 14,807 CI iniciadas durante la década
señalada.
pág. 5699
Tabla 1. Carpetas de investigación registradas contra el ambiente y la gestión ambiental, por entidad federativa (2012-2022).
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Total (CI)
Población
2020
Tasa de CI por cada
100 mil habitantes
(2022)
23
5
1
3
10
9
8
2
8
9
5
84
1,425,607
0.35
41
62
62
79
54
49
48
69
49
28
16
560
3,769,020
0.42
23
18
27
31
37
47
14
47
58
24
51
385
798,447
6.39
86
83
89
64
99
64
71
93
27
44
85
811
928,363
9.16
5
8
6
5
15
9
8
12
6
9
1
84
3,146,771
0.03
21
34
82
18
37
21
3
36
26
27
23
328
731,391
3.14
91
131
126
100
55
81
82
104
86
111
56
1,025
5,543,828
1.01
24
63
55
22
33
34
17
19
34
24
19
344
3,741,869
0.51
50
53
42
33
37
49
62
59
51
52
37
526
9,209,944
0.40
19
20
21
34
30
33
12
32
31
46
39
319
1,832,650
2.13
21
21
10
9
21
24
12
21
12
15
13
181
6,166,934
0.21
60
39
26
57
38
34
14
32
13
24
17
357
3,540,685
0.48
60
70
56
62
34
26
8
25
31
23
32
432
3,082,841
1.04
85
131
113
82
84
54
14
95
87
68
65
883
8,348,151
0.78
142
98
78
80
85
58
35
119
88
109
110
1,017
16,992,418
0.65
91
50
77
111
89
71
41
99
68
43
114
860
4,748,846
2.40
30
39
20
39
25
32
16
16
14
16
13
262
1,971,520
0.66
45
44
38
29
16
28
20
19
9
7
12
269
1,235,456
0.97
21
31
27
13
34
26
7
34
41
17
13
264
5,784,442
0.22
147
127
89
68
37
88
35
84
105
74
88
950
4,132,148
2.13
43
28
42
41
27
29
14
27
29
45
47
374
6,583,278
0.71
pág. 5700
27
18
9
12
31
25
7
18
14
12
14
188
2,368,467
0.59
49
112
77
155
142
106
111
92
73
87
104
1,113
1,857,985
5.60
21
22
22
40
38
18
1
33
29
27
26
277
2,822,255
0.92
68
48
73
48
20
29
4
31
36
18
17
392
3,026,943
0.56
51
49
39
29
22
23
11
31
19
16
24
315
2,944,840
0.81
19
29
14
15
32
13
15
28
14
19
11
210
2,402,598
0.46
20
9
5
25
16
8
6
18
16
12
14
152
3,527,735
0.40
35
34
32
25
27
26
20
20
24
40
73
362
1,342,977
5.44
107
77
80
42
29
34
27
63
51
60
71
645
8,062,579
0.88
51
74
115
128
89
56
101
52
36
35
31
771
2,320,898
1.34
3
3
7
9
8
9
7
3
1
5
2
58
1,622,138
0.12
1,579
1,630
1,560
1,508
1,352
1,213
851
1,435
1,189
1,149
1,243
14,807
126,014,024
1.59
Fuente: Elaborado con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP, 2023).
pág. 5701
Cabe mencionar que pareciera ser que el valor ha sido relativamente constante año con año; sin embargo,
aún con una tendencia hacia la baja, se encuentran picos (2013, 2019 y 2022) donde se registran
significativamente más carpetas de investigación. De acuerdo con los datos oficiales, el rango de CI
abarca desde 851 (2018) hasta 1,630 (2013) en el periodo 2012 y 2022 (Figura 2). El promedio de CI
anuales durante ese tiempo fue de 1,346. Cabe mencionar que la entidad federativa que registró menos
fue Zacatecas, con apenas 58, mientras que el valor más alto se presentó en Quintana Roo con 1,113
casos judiciales.
Figura 2. Números absolutos de CI, a nivel nacional, por delitos contra el ambiente y la gestión
ambiental (2012-2022)
Fuente: Elaborado con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP, 2023).
De acuerdo con los datos oficiales, el promedio nacional de la tasa de CI por cada 100 mil habitantes
fue de 1.59 para el 2021, exclusivamente en delitos contra el medio ambiente, y la gestión ambiental.
Cabe destacar que, durante el mismo periodo, fueron ocho entidades federativas las que presentaron un
valor por arriba del promedio nacional: Baja California Sur (6.39), Campeche (9.16), Colima (3.14),
Durango (2.13), Michoacán (2.40), Oaxaca (2.13), Quintana Roo (5.60), y Tlaxcala (5.44) (Figura 3).
Destacan Campeche, Baja California Sur, y Quintana Roo, entidades federativas con acceso a litoral y
reconocimiento por su biodiversidad, quienes registran un elevado número de CI, no obstante estados
con menor densidad de población.
1.579 1.630 1.560 1.508
1.352 1.213
851
1.435
1.189 1.149 1.243
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Total
pág. 5702
Figura 3. Tasa CI por delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, por cada 100 mil habitantes,
por entidad federativa (2021).
Fuente: Elaborado con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (INEGI, 2020; SESNSP,
2023).
Así pues, en el 2021 se registraron 1,149 CI a nivel nacional por presuntos delitos “contra el ambiente
y la gestión ambiental”. De estas, 358 (31%) se tipificaron como delito ambiental el mismo año (INEGI,
2022). Cabe mencionar que hasta este punto existe información oficial de carácter público sobre delitos
ambientales. El INEGI no desagrega el número de sentencias por este delito, y mucho menos por sub-
tipo de delito ambiental.
Asimismo, cabe destacar que, el 88 por ciento de los delitos ambientales (314) fueron imputados durante
ese mismo año, en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal; en tanto que el 12 por ciento (44) se
llevaron en el marco del sistema tradicional (Tabla 2). En ambos sistemas penales se procesaron, en un
bajo porcentaje, a menores de edad (INEGI 2022). De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de
Justicia Estatal, en el bloque de crímenes contra el ambiente, el equilibrio ecológico, y la gestión
ambiental, lo conforman los siguientes:
o Tráfico de flora o fauna silvestres en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección (1
delito en 2021)
o Comercialización de flora o fauna silvestres en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a
protección (1 delito en 2021)
9,16
3,14
2,13 2,40
5,60 5,44
0,12
1,59
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
AGUASCALIENTES
BAJA CALIFORNIA
BAJA CALIFORNIA…
CAMPECHE
COAHUILA
COLIMA
CHIAPAS
CHIHUAHUA
CIUDAD DE MEXICO
DURANGO
GUANAJUATO
GUERRERO
HIDALGO
JALISCO
MEXICO
MICHOACAN
MORELOS
NAYARIT
NUEVO LEON
OAXACA
PUEBLA
QUERETARO
QUINTANA ROO
SAN LUIS POTOSI
SINALOA
SONORA
TABASCO
TAMAULIPAS
TLAXCALA
VERACRUZ
YUCATAN
ZACATECAS
Tasa por cada 100 mil habitantes (2022) Promedio
pág. 5703
o Caza, pesca o tala ilegal de flora o fauna silvestres en peligro de extinción, amenazadas o sujetas
a protección (44 delitos en 2021)
o Transporte o manejo de residuos peligrosos (6 delitos en 2021)
o Daños a los ecosistemas o sus elementos (7 delitos en 2021)
o Otros delitos contra el medio ambiente, el equilibrio ecológico y la gestión ambiental (298
delitos en 2021)
Tabla 2. Delitos contra el medio ambiente, el equilibrio ecológico y la gestión ambiental en México
(2021)
Delitos contra el medio ambiente, el equilibrio
ecológico y la gestión ambiental
Total
Sistema
Tradicional /
Sistema Escrito
o Mixto y
Sistema Oral
Sistema Penal
Acusatorio /
Sistema
Integral de
Justicia Penal
para
Adolescentes
T
ot
al
Pe
na
l
Justic
ia
para
adole
scent
es
T
ot
al
Pe
na
l
Justic
ia
para
adole
scent
es
T
ot
al
Pe
na
l
Justic
ia
para
adole
scent
es
Tráfico de flora o fauna silvestres en peligro de
extinción, amenazadas o sujetas a protección
1
1
0
0
0
0
1
1
0
Comercialización de flora o fauna silvestres en
peligro de extinción, amenazadas o sujetas a
protección
1
1
0
0
0
0
1
1
0
Caza, pesca o tala ilegal de flora o fauna silvestres en
peligro de extinción, amenazadas o sujetas a
protección
44
44
0
1
1
0
43
43
0
Transporte o manejo de residuos peligrosos
6
6
0
0
0
0
6
6
0
Daños a los ecosistemas o sus elementos
7
7
0
0
0
0
7
7
0
Otros delitos contra el medio ambiente, el equilibrio
ecológico y la gestión ambiental
29
8
29
4
4
43
42
1
25
5
25
2
3
No identificado
1
0
1
0
0
0
1
0
1
Total
35
8
35
3
5
44
43
1
31
4
31
0
4
Fuente: Elaborado con datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (INEGI, 2022)
pág. 5704
Mientras se producen sanciones comerciales por la comunidad internacional, así como reportes
internacionales donde ubican a México entre los países más afectados en el mundo por la delincuencia
organizada y su vinculación con el mercado ilícito de vida silvestre (GI-TOC, 2023), durante 2021 se
imputaron a nivel nacional a 46 personas (de 358) por delitos relacionados al tráfico de flora o fauna
silvestres en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección; comercialización de flora o fauna
silvestres en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección; y caza, pesca o tala ilegal de flora
o fauna silvestres en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección.
En efecto, el 83% (298) de los delitos imputados fueron registrados en la categoría de otros delitos
contra el medio ambiente, el equilibrio ecológico y la gestión ambiental (Tabla 2) (INEGI, 2022). Por
entidad federativa, presenta mayor frecuencia: Ciudad de México (129), el Estado de México (90), y
Michoacán (36) (Tabla 3). Si bien el INEGI no describe cuales son esos los otros delitos que integran
esta categoría, posiblemente la concentración de casos se deba a una mayor presencia de la autoridad
federal en las vías de comunicaciones y transportes (ej. aeropuertos, carreteras federales, aduanas), que,
a su vez, al confiscar el producto ilegal y, con el objetivo de no perder el caso en los tribunales, se
pudiese clasificar el presunto delito lo más amplio posible.
pág. 5705
Tabla 3. Delitos contra el medio ambiente, el equilibrio ecológico y la gestión ambiental por entidad federativa registrados (2021)
Entidad federativa
Caza, pesca o tala
ilegal de flora o
fauna silvestres en
peligro de
extinción,
amenazadas o
sujetas a
protección
Comercialización de
flora o fauna silvestres
en peligro de extinción,
amenazadas o sujetas a
protección
Daños a los
ecosistemas o
sus elementos
No
identificado
Otros delitos
contra el
medio
ambiente, el
equilibrio
ecológico y la
gestión
ambiental
Tráfico de flora o
fauna silvestres
en peligro de
extinción,
amenazadas o
sujetas a
protección
Transporte o
manejo de
residuos
peligrosos
Total
Aguascalientes
0
0
0
0
5
0
0
5
Baja California
0
0
0
0
18
0
0
18
Baja California Sur
0
0
0
0
0
0
0
0
Campeche
0
0
0
0
1
0
0
1
Chiapas
0
0
0
0
0
0
0
0
Chihuahua
0
0
0
1
0
0
0
1
Ciudad de México
38
0
5
0
82
0
4
129
Coahuila de Zaragoza
0
1
0
0
0
0
0
1
Colima
0
0
0
0
0
0
0
0
Durango
0
0
0
0
3
0
0
3
Guanajuato
0
0
0
0
0
0
0
0
Guerrero
0
0
0
0
4
0
0
4
Hidalgo
0
0
0
0
2
0
0
2
Jalisco
4
0
1
0
6
0
0
11
México
0
0
0
0
90
0
0
90
Michoacán de Ocampo
0
0
0
0
36
0
0
36
Morelos
0
0
0
0
0
0
0
0
pág. 5706
Entidad federativa
Caza, pesca o tala
ilegal de flora o
fauna silvestres en
peligro de
extinción,
amenazadas o
sujetas a
protección
Comercialización de
flora o fauna silvestres
en peligro de extinción,
amenazadas o sujetas a
protección
Daños a los
ecosistemas o
sus elementos
No
identificado
Otros delitos
contra el
medio
ambiente, el
equilibrio
ecológico y la
gestión
ambiental
Tráfico de flora o
fauna silvestres
en peligro de
extinción,
amenazadas o
sujetas a
protección
Transporte o
manejo de
residuos
peligrosos
Total
Nayarit
0
0
0
0
0
0
0
0
Nuevo León
1
0
0
0
7
0
0
8
Oaxaca
0
0
0
0
1
1
0
2
Puebla
1
0
0
0
7
0
1
9
Querétaro
0
0
0
0
6
0
0
6
Quintana Roo
0
0
0
0
4
0
1
5
San Luis Potosí
0
0
0
0
0
0
0
0
Sinaloa
0
0
0
0
12
0
0
12
Sonora
0
0
0
0
0
0
0
0
Tabasco
0
0
0
0
0
0
0
0
Tamaulipas
0
0
0
0
1
0
0
1
Tlaxcala
0
0
0
0
1
0
0
1
Fuente: Elaborado con datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (INEGI, 2022).
pág. 5707
De igual forma, como se mencionó anteriormente, el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal
2022 de INEGI no especifica las sentencias condenatorias relacionadas a los delitos ambientales. Sin
embargo, se puede inferir que el porcentaje no será significativo incluso en del Nuevo Sistema de
Justicia Penal. Esto se debe a que, en el año 2021, aproximadamente 269,311 personas fueron procesadas
y/o imputadas por un delito penal; en este universo, 32,944 (12%) obtuvieron una sentencia
condenatoria. De tal forma que, suponiendo que se procesaran las 358 personas por delitos contra el
ambiente, esto arrojaría un total de 1.08% de la totalidad de los casos, y más específicamente por los
delitos de tráfico y comercialización de flora o fauna silvestres en peligro de extinción, amenazadas o
sujetas a protección; y caza, pesca o tala ilegal de flora o fauna silvestres en peligro de extinción,
amenazadas o sujetas a protección sería de 0.1396% para el año 2021 (Tabla 4).
Tabla 4. Sentencias condenatorias por delitos contra el medio ambiente y la gestión ambiental (2021)
Categoría
Números
absolutos
Porcentaje
Personas imputadas por delito penal
269, 311
100%
Personas que recibieron sentencia condenatoria por delito penal
32, 944
12%
Posible sentencias por delitos contra el medio ambiente y gestión ambiental
358
1.08%
Posibles sentencias por delitos de tráfico y comercialización de flora o fauna
silvestres en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección; y caza, pesca
o tala ilegal de flora o fauna silvestres en peligro de extinción, amenazadas o sujetas
a protección
46
0.1396%
Fuente: Elaboración propia con información de Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (INEGI, 2022)
Finalmente, en el Mapa 1 se observa la tasa de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental por cada
100 mil habitantes, en contraste con el potencial número de especies en riesgo de extinción, por entidad
federativa según CONABIO. Así pues, las entidades federativas que presentan mayor número de
especies potenciales en riesgo de extinción se localizan en el Istmo de Tehuantepec -parte más estrecha
entre el Golfo de México y el Pacífico-; es decir, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. En contraste,
las tasas de delitos por cada 100 mil habitantes “contra el ambiente y gestión ambiental” más elevadas
se registraron en Campeche, Quintana Roo, Tlaxcala, y Baja California Sur, con excepción de Tlaxcala,
todos tienen acceso al litoral.
pág. 5708
Mapa 1. Número potencial de especies en riesgo de extinción en contraste con tasa de delitos contra el
ambiente y la gestión ambiental por cada 100 mil habitantes, por entidad federativa (2021).
Fuente: Elaborado con datos de CONABIO (2021) y SESNSP (2023).
Mapa 2. Número de delitos contra el medio ambiente, el equilibrio ecológico y la gestión ambiental,
por entidad federativa, en contraste con el número potencial de especies en riesgo de extinción (2021).
Fuente: Elaborado con datos de CONABIO (2021) e INEGI (2022).
Asimismo, en el Mapa 2 se observa el número de delitos “contra el ambiente y la gestión ambiental”
durante el año 2021, por entidad federativa; en contraste al número potencial de especies en riesgo de
extinción. De esta manera, podemos deducir que no existe una correspondencia -a nivel estatal- entre el
número de carpetas de investigación y los delitos tipificados contra el medio ambiente en México.
En efecto, la experiencia demuestra que, en el sistema de justicia mexicano, es muy difícil acreditar las
pruebas necesarias para tipificar el delito ambiental, y más cuando se trata de delitos específicos
relacionados al tráfico y comercialización de flora o fauna silvestres en peligro de extinción, amenazadas
pág. 5709
o sujetas a protección, así como la caza, pesca o tala ilegal de flora o fauna silvestres en peligro de
extinción. Los principales estados que lograron tipificar el delito ambiental también fueron los más
poblados del país: Ciudad de México, Estado de México, y Jalisco.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
Desde hace un par de décadas, organizaciones no gubernamentales especializadas en temas ambientales
colaboran con autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). Lamentablemente, en el contexto de
violencia criminal y debilidad institucional en el cual se encuentra México, nadie está a salvo. Mucho
menos aquellos que, por principios y valores, defienden a la naturaleza de delincuentes que se dedican
a violar la ley para lucrar con la extracción y explotación de la materia prima. Lastimosamente, en el
2021, 54 activistas mexicanos fueron asesinados en defensa del medio ambiente (Zerega, 2022).
De acuerdo con el reporte Global Organized Crime Index, México es simultáneamente: país de origen,
país de tránsito, y país destino de vida silvestre ilegalmente comercializada. En la primera categoría, el
estudio hace referencia a la extracción de flora silvestre (ej. maderas preciosas) por la delincuencia
organizada, con rumbo hacia Estados Unidos y China. En la segunda categoría se hace referencia a un
corredor de tráfico ilícito que parte de Brasil, pasa por México y Estados Unidos, y llega a Europa.
Finalmente, se encuentra la tercera categoría, donde compradores mexicanos (ej. narcotraficantes)
adquieren fauna salvaje (ej. leones, tigres, panteras) (GI-TOC, 2023). Si bien es imposible determinar
con exactitud el valor del mercado ilícito de vida silvestre en México, sabemos por autoridades
norteamericanas que, a nivel mundial, la pesca ilegal está en el rango de 4.2 y 9.5 billones de dólares
anuales; mientras que, la caza ilegal, en el rango de 7.8 y 10 billones de dólares anuales. Finalmente, el
valor de la tala clandestina de madera a nivel mundial se estima en 7 billones de dólares anuales (DHS,
2023). En ese sentido, México, al estar entre los países más afectados en el mundo por estos delitos, es
factible que un porcentaje significativo le corresponda, junto con China, Brasil, y Vietnam.
En ese sentido, no obstante el riesgo letal, en México existen 1,294 organizaciones civiles especializadas
en temas ambientales. De acuerdo con SEGOB, estas se dedican a el: “apoyo para el aprovechamiento
de los recursos naturales, la protección al ambiente, la flora y la fauna, la preservación y restauración
pág. 5710
del equilibrio ecológico, así como la promoción del desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario,
de las zonas urbanas y rurales” (SEGOB, 2023).
Como se aprecia (Tabla 5), en estados con mayor número de CI abiertas por delitos ambientales (ej.
Baja California Sur, Campeche, Quintana Roo y Tlaxcala) existe una moderada participación ciudadana.
Más aún, los estados que avanzaron en la tipificación del caso como delito, también son las entidades
con más organizaciones civiles especializadas en medio ambiente: Ciudad de México, Estados de
México, Oaxaca y Chiapas. De tal forma que, entre mayor sea la participación social, mayor la
posibilidad de que la carpeta de investigación llegue a la justicia. En el mejor escenario, por ejemplo,
en 2021 alcanzó el 1.08 por ciento de las sentencias condenatorias en el país por delitos ambientales
(cfr. Tabla 4).
Tabla 5. Número de Asociaciones Civiles por Entidad Federativa (2022).
Entidad federativa
Número de Asociaciones Civiles activas
Aguascalientes
4
0.3%
Baja California
36
2.8%
Baja California Sur
24
1.9%
Campeche
11
0.9%
Chiapas
77
6.0%
Chihuahua
24
1.9%
Coahuila
15
1.2%
Colima
4
0.3%
Ciudad de México
327
25.3%
Durango
31
2.4%
Estado de México
116
9.0%
Guanajuato
34
2.6%
Guerrero
27
2.1%
Hidalgo
30
2.3%
Jalisco
42
3.2%
Michoacán
30
2.3%
Morelos
21
1.6%
Nayarit
9
0.7%
Nuevo León
19
1.5%
Oaxaca
101
7.8%
Puebla
65
5.0%
Querétaro
24
1.9%
Quintana Roo
26
2.0%
pág. 5711
San Luis Potosí
11
0.9%
Sinaloa
10
0.8%
Sonora
32
2.5%
Tabasco
17
1.3%
Tamaulipas
15
1.2%
Tlaxcala
8
0.6%
Veracruz
77
6.0%
Yucatán
21
1.6%
Zacatecas
6
0.5%
Nacional
1,294
100.0%
Fuente: Elaborado con datos de SEGOB (2023)
Así pues, la experiencia demuestra que, en efecto, la participación de la ciudadanía es fundamental para
posicionar en la agenda pública nacional el problema y, simultáneamente, para intentar alcanzar la
justicia ambiental mediante CI. Dado el tamaño del lucrativo mercado ilícito y la opresión de la
delincuencia organizada, una forma de contrarrestar su alcance en terreno es a través de acciones
hormiga gestadas discretamente desde las organizaciones no gubernamentales especializadas en temas
ambientales, las cuales además de realizar trabajo técnico (ej. solucionar problemas en terreno, hablar
con la comunidad) también pueden realizar trabajo de inteligencia civil, y, participar mediante reportes,
informes trimestrales, herramientas digitales (ej. Atlas de la Justicia Ambiental).
De acuerdo con SEMARNAT, durante 2021 se realizaron a nivel nacional 1,011 inspecciones,
asegurando 22,428 especímenes (SEMARNAT, 2022). También, en ese mismo año la autoridad realizó
572 acciones de vigilancia en materia de vida silvestre. Es decir, de forma programada, realizaron
patrullajes y operativos para “detectar, disuadir y combatir ilícitos ambientales” (SEMARNAT, 2022)
En años recientes, la autoridad ha quedado a deber tanto con acciones como en resultados. Las
estadísticas no mienten: año con año, disminuyen las acciones significativamente, y, por ende, su alcance
preventivo. Por ejemplo, en el año 2000, en lo que respecta a la “inspección, vigilancia y aseguramiento
en materia de vida silvestre”, se realizaron 1,384 inspecciones (373 más en comparación con 2021), se
aseguraron 37,353 especies (14, 925 más en comparación con 2021), y decomisaron más de 150 mil
productos y subproductos con relación a estas (149, 612 más en comparación con 2021) (SEMARNAT,
2022). Si México no se encontrase entre los países más afectados del mundo por delincuencia organizada
pág. 5712
y tráfico de vida silvestre, uno pensaría que el problema se está resolviendo, pero no es el caso. Como
se aprecia, el alcance de la autoridad mexicana en temas ambientales es verdaderamente preocupante.
El quid del asunto está, en que, a través de los años, también se ha recortado significativamente el
presupuesto destinado a la SEMARNAT. Esto impacta, por supuesto, en el número de empleados
contratados; el número de vehículos automotor destinados para hacer los patrullajes; en la puesta en
marcha de estrategias preventivas en colaboración con actores de la sociedad civil; y otras acciones más
que se resumen en la prevención del cuidado al medio ambiente y el equilibrio ecológico. A manera de
ejemplo, en 2015, el presupuesto para la dependencia fue de 67,976.70 millones de pesos. Para el 2020,
fue de 29,869.45 millones de pesos; es decir, esto equivale a una reducción del 56%. Si acaso se pudiese
pensar que la disminución presupuestaria fue por la pandemia de covid-19, nuevamente la experiencia
demuestra que, en efecto, los delitos ambientales no son prioridad en la agenda pública nacional. El
presupuesto asignado para la SEMARNAT en el 2021 fue de 30,472.40 millones de pesos (Badillo,
2020).
Así pues, en un mundo globalizado, la conectividad digital favorece ilimitadamente al comercio
mundial. Lo mismo ocurre para bienes y servicios insertos en el mercado ilegal. De ahí que México,
como otros países en el mundo, sean simultáneamente países de origen, tránsito, y destino de vida
silvestre. Ante el quasi avasallamiento por la delincuencia aunada la decadente justicia penal mexicana,
ergo, se tiene una disminuida justicia ambiental. Nuevamente, en el mejor de los escenarios, en 2021,
la tasa de sentencias por delitos “contra el medio ambiente y gestión ambiental” fue de 0.000002840 por
cada 100 mil habitantes. Recordemos, fue un año violento donde asesinaron a 54 activistas ambientales.
La pregunta que surge naturalmente después de la reflexión es ¿qué hacer? La experiencia indica que el
sistema de seguridad y judicial mexicano tiene profundas fallas; también sabemos que los corredores
transnacionales de mercancías ilícitas existen desde hace tiempo por la demanda, la corrupción, e
impunidad internacional. También sabemos que la conectividad tecnológica facilita el intercambio
comercial sigiloso de la vida silvestre. ¿Qué se puede hacer ante la delincuencia organizada que pone
en riesgo la biodiversidad, por un lado, y por el otro, donde la autoridad mexicana pareciera tener
capacidad nula para garantizar la seguridad y justicia, especialmente, la de los activistas? Consideramos
pág. 5713
que una forma de organización, ante una situación extrema como es el escenario mexicano, pudiese ser
la utilización anónima de plataformas digitales como el Atlas de Justicia Ambiental (EJOLT, 2023).
En efecto, esta herramienta se puede utilizar desde casa, sin registrar el nombre real del activista, y sin
que el activista forme parte de una organización civil. La información se puede registrar por categorías,
tales como: conflictos por biodiversidad, biomasa y conflictos por la tierra, combustibles fósiles y
justicia energética, extracción de minerales, gestión del agua, entre otros. Esta información
posteriormente se puede analizar y producir en reportes nacionales o internacionales para su divulgación
en redes sociales, con el objetivo de posicionar el delito ambiental en la agenda pública nacional, y que,
a su vez, se le asigne un presupuesto para su seguimiento oficial. Esto no quiere decir que el delito deje
de ocurrir, pero al menos habría acciones y presupuesto etiquetado para resolver el problema.
A manera de cierre, queremos señalar que, no obstante la profunda revisión que se hizo a distintas bases
de datos, fue imposible determinar cuáles son las especies que forman parte de los mercados ilegales
regionales de vida silvestre en México. Esto se debe a que la SEMARNAT no informa cualitativamente
sobre las especies decomisadas, aunque si lo hace de forma cuantitativa. Asimismo, los informes
internacionales tampoco explican con detalle este dato. Sin embargo, con fundamento en datos oficiales
y con la mayor rigurosidad posible, podemos afirmar que el porcentaje y la tasa de carpetas de
investigación por delitos “contra el ambiente y la gestión ambiental”, aún tras la reforma al sistema de
justicia penal, es prácticamente nula.
Es decir, si bien la participación ciudadana es relevante para gestionar las CI en los tribunales, también
es cierto que los alcances están extralimitados y el riesgo de perder la vida es muy elevado.
Consideramos que se pueden implementar estrategias inteligentes, no confrontativas, en alianza con
organizaciones internacionales con impacto internacional. También, los datos reflejan que el alcance del
estado mexicano en la protección del medio ambiente está en franca caída vertical, especialmente a
partir de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
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Zulia Yanzadig Orozco Reynoso Investigadora de Tiempo Completo adscrita al Instituto de
Investigaciones Sociales, de la Universidad Autónoma de Baja California, y miembro del SNI-
Conacyt, Nivel 1. La Dra. Orozco se especializa en temas relacionados a la seguridad
transfronteriza en el norte de México. Es coautora del libro “Tráfico de armas de fuego y
delincuencia organizada en la frontera norte de México” y co-coordinadora del seminario
internacional “Crisis, Neoliberalismo y des-Globalización en el Siglo XXI”, en colaboración
con el Dr. Obed Frausto, docente adscrito a Ball State University.
Socorro Flores Gutiérrez Técnico Académico Titular en el Laboratorio de Análisis Socioterritorial de la
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa; en donde realiza tareas de docencia
e investigación en lo relacionado a la Cartografía y Sistemas de Información Geográfica. Centra
su interés en el análisis espacial de la violencia y la delincuencia a través de la representación
espacial de las denuncias y del mapeo participativo.
Zulia Yanzadig Orozco Reynoso (redacción, revisión teórica, análisis de datos, discusión y conclusión)
Socorro Flores Gutiérrez (diseño, aportación significativa de datos estadísticos, cartografía, discusión,
y corrección de manuscrito)