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segregación y debilitó el tejido urbano, resultando en entornos con oportunidades limitadas para la vida
comunitaria y movilidad diaria generalizada.
La lectura de Ward (2015) es de especial interés aquí porque el autor destaca que las políticas de vivienda
en México están integradas con lógicas económicas y de mercado. Esta orientación puede ayudar a
desentrañar por qué el número de casas no necesariamente conduce a mejores condiciones de vida en
las áreas urbanas. Los datos analizados reflejan esta paradoja: Cuantas más casas en una ciudad, no
mejor la ciudad. El problema, entonces, no es solo el déficit cuantitativo sino también cómo se produce,
distribuye y vive el espacio urbano. La discusión también se basa en un modelo teórico más amplio
introducido por Lefebvre (1974) y reanalizado por Harvey (2014). Como valor de cambio, el proceso
de producción del espacio urbano no es neutral, sino que responde a relaciones de poder, la economía y
el cálculo político que producen la ciudad en términos de uso potencial.
Lo que la investigación revela es que tanto, en gran medida, la vivienda como el suelo urbano han sido
mercantilizados y el espacio urbano construido, limitando su propósito social y geográfico. Este análisis
trabaja para explicar por qué ciertas áreas de la ciudad se centran en oportunidades positivas mientras
que otras tienen negativas. Contrastando con los hallazgos con los estándares internacionales de ONU-
Hábitat, se ha hecho evidente que continúa existiendo una brecha entre los principios establecidos
promovidos por ONU-Hábitat como estándar mundial y cómo se llevan a cabo localmente (ONU-
Hábitat, 2016). Los documentos internacionales han propuesto ciudades compactas, integradas y
socialmente inclusivas, pero la realidad mexicana es un éxito desigual y, en algunos casos, solo
normativo.
Esta situación expone tensiones institucionales y capacidades dispares en diferentes niveles de gobierno,
no facilitando que traduzcan estos principios en acciones tangibles para el territorio. El análisis de
Smolka (2013) y Gutiérrez (2019) proporciona elementos significativos para entender estas
limitaciones. Ambos autores enfatizan que la gestión del suelo urbano en América Latina está plagada
de impedimentos legales, administrativos y políticos que condicionan cualquier intento de cambio
estructural. Concluyen que uno de los mayores obstáculos para el progreso en la integración urbana ha
sido la falta de articulación institucional. No es la ausencia de diagnósticos sino más bien la incapacidad
de reconciliar decisiones de vivienda, transporte, territorio, uso del suelo y planificación territorial.