Sin título-2 


DOI:  https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i3.2272                

 

Políticas públicas, políticas de estado, su relación con la igualdad de género y la violencia contra la mujer en América Latina

 

Beltrán Samochuallpa Solis

[email protected],

http://orcid.org/0000-0002-4101-2775

Universidad Cesar Vallejo – Lima

 

RESUMEN

El tema de igualdad de género y violencia contra la mujer constituye un tema de actualidad, sobre todo por la cantidad de casos de violencia contra la mujer que se tiene registrado a nivel policial y judicial. El presente articulo tiene como objetivo establecer la relación directa que existe entre el accionar de las autoridades locales, el sector educación y las políticas de estado sobre igualdad de género y control de la violencia contra la mujer. El trabajo se ubica bajo el enfoque cualitativo argumentativo, a través del análisis de diversos trabajos ya realizados en los últimos diez años. El trabajo concluye estableciendo que una adecuada y eficiente implementación de las políticas públicas, con la participación directa de las autoridades locales y el sector educación, acorta la brecha de desigualdad de género actualmente existente y contribuye a la disminución de la violencia contra la mujer. Además, evalúa las principales limitaciones que se tiene justamente para abordar esta problemática, y como superarla. El análisis permite visualizar y concluir la importancia de cerrar las brechas de desigualdad de género que cierran también las brechas de violencia de género y particularmente la violencia contra la mujer, y como ella permite con mayor facilidad el fortalecimiento y la calidad de las democracias en américa latina y evidentemente el desarrollo de los pueblos

 

Palabras Claves: igualdad de género; violencia contra la mujer; políticas públicas; autoridades locales y sector educación; violencia de género, discriminación.

 

 

 

 

Correspondencia: [email protected]     

Artículo recibido: 20 abril 2022. Aceptado para publicación: 05 mayo 2022.

Conflictos de Interés: Ninguna que declarar

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Como citar: Samochuallpa Solis, B. (2022). Políticas públicas, políticas de estado, su relación con la igualdad de género y la violencia contra la mujer en América Latina. Científica Multidisciplinar, 6(3), 1013-1040. DOI:  https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i3.2272    

Public policies, state policies, their relationship with gender equality and violence against women in Latin America

 

ABSTRACT

The issue of gender equality and violence against women is a topical issue, especially due to the number of cases of violence against women that have been registered at the police and judicial level. The objective of this article is to establish the direct relationship between the actions of local authorities, the education sector and state policies on gender equality and control of violence against women. The work is based on a qualitative argumentative approach, through the analysis of several studies already carried out in the last ten years. The paper concludes by establishing that an adequate and efficient implementation of public policies, with the direct participation of local authorities and the education sector, shortens the existing gender inequality gap and contributes to the reduction of violence against women.

 

Key words: gender equality; violence against women; public policies; local authorities and education sector.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCION

Entendemos que la violencia de género involucra tanto a varones como a las mujeres; sin embargo, en nuestro país, así como en latino américa se ha profundizado mucho la violencia de género particularmente contra las mujeres. Es en ese escenario que, analizamos, cómo una adecuada implementación de las políticas de estado puede hacer que se logren mejores niveles de igualdad de género y se logre disminuir la violencia de género, en especial la orientada hacia la mujer. Se analizará también como las políticas públicas influyen sobre la violencia de género, pues como sabemos este problema está muy arraigado en América Latina, y a pesar de los esfuerzos del estado, a través de instrumentos legales y los trabajos de la misma sociedad, no hemos podido mitigar los impactos negativos que genera la violencia en sus diversas manifestaciones en las personas por razones de género, en ese entender es necesario abordar ciertos temas que consideramos son los principales problemas que se presentan en esta lucha diaria por cambiar la conducta y forma de pensar de la sociedad y las personas.

Sin embargo, con la implementación de las políticas de estado, cualquiera fuese sus objetivos, necesariamente involucra la estructura estatal, y con ella a quienes están al mando del aparato estatal. Para el presente estudio, es importante analizar el accionar de las autoridades; pues su participación será determinante para el logro de los objetivos que pretende el estado, en materia de igualdad de género y disminución de la violencia de género, evidentemente con ella la disminución de la violencia contra la mujer.

Abordar la relación que existe entre la implementación de las políticas públicas y la violencia de género, permitirá analizar las implicancias que estas tienen en la reducción de la violencia de género en américa latina, más aun considerando que pese a la existencia de normas a favor de la lucha contra la violencia de género y muy particularmente contra la violencia de la mujer, se advierte en general que, por el contrario se ha incrementado la violencia de género, afirmación que lo corroboramos con Mezzandra (2019), el cual en su artículo el análisis estructural como estrategia para pensar los servicios de atención a mujeres en situación de violencia; precisa que en el plano internacional, la violencia contra las mujeres se convierte en un problema público e ingresa en la agenda de los organismos internacionales en la década de 1980. A partir de entonces, la problemática comienza a ser abordada con mayor interés plasmada debido al crecimiento acelerado de la violencia de género en el orden internacional”

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2016) en su publicación referida a la Violencia basada en género: marco conceptual para las políticas públicas y la acción del estado, refiere que en la evaluación sobre la violencia contra las mujeres los personajes frecuentes son ellas mismas y sus agresores, sin embargo, se puede establecer que el Estado y sus autoridades son directa o indirectamente responsables de diversas formas de violencia de género. El propósito, es evaluar los avances y retrocesos que tiene la implementación de las políticas de estado para lograr la igualdad de género y al mismo tiempo establecer cómo se está controlando la violencia existente.

Benavente & Valdés (2019) quienes en su publicación políticas públicas para la igualdad de género, un aporte a la autonomía de las mujeres, cuya motivación es evaluar las diferentes formas de violencia de género, desde el enfoque de las políticas públicas considera que no tiene sentido evaluar las expresiones de violencia de género, si no se tiene una visión global, que establezca acciones concretas para dar soluciones al problema.

Así mismo, por otro lado Vallejo & Zamora (2021), en su publicación acerca del reconocimiento de los derechos de las mujeres y la inserción del enfoque de género en el desarrollo constitucional ecuatoriano frente al principio de igualdad y no discriminación, concluyen que, la implementación de políticas públicas por parte del Estado sobre igualdad de género y desarrollo comunitario con equidad de género, debe estar respaldado por los diferentes actores sociales, especialmente por grupos que propugnan dichas políticas, de tal manera que se genere una especie de “cogobierno”. El éxito de la aplicación de una política pública depende mucho de la participación de los actores sociales, en esa línea se enmarca la propuesta de cogobierno.

Por lo tanto, consideramos que, teniendo dos normas legales vigentes, referidas a los temas que estamos analizando, podemos mencionar que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2019) posee una normatividad referida a la modificación del reglamento de la Ley Nº 30364 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, aprobado con el decreto supremo Nº 004-2019-MIMP.

En esa misma línea mencionamos a Costa (2019) el cual en su publicación sobre las incidencias de la perspectiva de género en la educación legal plantea un recorrido exploratorio sobre el campo jurídico en Argentina, concluye que la influencia de la formación académica en la transformación del campo jurídico, respecto a la igualdad de género y las disidencias socio-sexuales, es determinante. En ese sentido, debemos analizar la articulación entre la perspectiva de género y el derecho, el cual se perfila desde 1983 como un campo de generación de conocimiento, el cual concluye con un análisis exploratorio de la incursión de los conceptos de género, en la academia jurídica, cuyo propósito es la incursión de las perspectivas de género en la formación universitaria, teniendo en cuanta las complejidades conceptuales y políticas que conllevan.

Otro aspecto importante que se debe tomar en cuenta, es como establecer los aspectos más determinantes para reducir la violencia de género en la que intervenga el estado a través de las políticas públicas que implementa, felizmente los estados latinoamericanos han entendido que el desarrollo económico de los pueblos pasa por tener también resuelto los problemas sociales que se generaran a raíz de la violencia de género ya que ello se refleja en la disminución de ello, lo que implica tranquilidad social y por tanto adecuadas condiciones para el desarrollo sostenido de los pueblos. En este entender mencionamos a Contreras Ramirez (2020), quien nos manifiesta que muchas instituciones de educación superior, son espacios donde las diversas realidades que a diario se originan conllevan muchas veces a enmarcar las desigualdades de género, es el caso por ejemplo de las universidades, específicamente la universidad autónoma de México, en la Facultad de Ciencias Políticas, se abordó estratégicamente la transversalización de la perspectiva de género en las diferentes dimensiones de dicha institución a través de políticas institucionales que direccionan la igualdad de género en el claustro universitario. El trabajo nos direcciona a considerar la dimensión del género en las políticas públicas y paralelamente a ello se enfatiza las relaciones de género en las dinámicas sociales, siendo considerado como en el campo de la acción como analítico operativo y considerando que el análisis de su utilidad analítica permitirá reformular diversos proyectos o programas de las políticas públicas con una mirada más amplia.

MARCO TEORICO

El trabajo, pretende establecer cuáles serían las implicancias de las políticas públicas sobre la violencia de Género, además tiene como objetivo establecer cuáles son las limitaciones que se tiene para implementar las políticas públicas vinculadas a reducir las brechas de violencia de género, la misma que está estrechamente vinculado a la desigualdad y discriminación de género. Es por ello por lo que nos proponemos establecer y analizar las principales implicancias de las políticas públicas respecto de la violencia de género, así como también identificar las principales limitaciones que tienen las políticas públicas para disminuir la violencia de género, en América Latina.

El método de investigación utilizado fue el método cualitativo; pues el trabajo consistió en un análisis y evaluación exhaustiva de carácter cualitativo, pese a que se hubo artículos analizados cuyo contenido tenía un enfoque cuantitativo.

Metodología

Se realizó una revisión de la literatura encontrada, tal como plantean diferentes autores. Como se sabemos son resúmenes claros y estructurados de la información disponible orientada a responder una pregunta específica. Dado que están constituidas por múltiples artículos y fuentes de información, que representan un alto nivel de evidencia, el mismo que permite realizar una revisión sistemática exploratoria siguiendo el modelo PRISMA (Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman, & PRISMA Group, 2020). La estrategia de búsqueda consistió en la selección de las bases de datos: PROQUEST, SCIELO, SCOPUS y EBSCO, a través de la estrategia el empleo de operadores booleanos (AND, OR) para hacer combinaciones con las palabras clave y descriptores seleccionados. Se utilizaron los descriptores de la búsqueda, principalmente en el idioma español. De forma adicional se utilizaron los filtros disponibles en las bases de datos seleccionadas. Las combinaciones usadas fueron: “Políticas Públicas AND Violencia de Genero”, “Políticas Públicas AND Violencia contra la mujer”, “Políticas Públicas AND Desigualdad de Género”, “Políticas Públicas AND Discriminación de Género”, “Violencia Familiar OR Políticas Públicas”, y “Políticas Públicas OR Ausencia del Estado”. Se buscaron artículos en función de los siguientes criterios: fecha de publicación (2017-2021), tipo de artículo (artículos de Investigación), fuente (sólo artículos publicados en revistas arbitradas e indexadas), contenido (que hayan investigado la relación entre Políticas Públicas, Violencia de Genero, violencia contra la Mujer, violencia familiar, desigualdad y discriminación). Se tomó también los criterios de filtros disponibles, referidos al idioma utilizado en los artículos, al lugar donde se desarrolló la investigación. Los demás criterios se llevaron a cabo por parte de los investigadores durante la lectura de los títulos y resúmenes o abstracts de los artículos.

Schettini & Cortazzo (2018), Los artículos de revisión se consideran estudios detallados, selectivos y críticos que integran información importante en una perspectiva holística integrada. Se trata de una especie de tratado científico que no tiene por qué ser original y es una recopilación de la información más relevante sobre un tema en particular. Su propósito es revisar y observar la literatura publicada. Entonces, es necesario aclarar el protocolo y el método utilizado para la revisión especifica que se hizo para el artículo.

Los artículos de revisión se consideran estudios detallados, selectivos y críticos que integran información importante en una perspectiva holística integrada. Se trata de una especie de tratado científico que no tiene por qué ser original y es una recopilación de la información más relevante sobre un tema en particular. Su propósito es revisar y observar la literatura publicada Vera (2018). Entonces, es necesario aclarar el protocolo y el método utilizado para la revisión especifica que se hizo para el artículo. En el artículo de revisión lo que prima es la revisión bibliográfica, que se podría determinar como el producto principal.

Figura 1. Proceso de Revisión PRISMA

Índice de la base de datos

En las cuatro bases de datos: Proquest, EBSCO, SCOPUS y SCIELO se registraron 313609 artículos, todos ellos referidos a las políticas públicas, políticas de estado, igualdad de género, violencia contra la mujer en América Latina.

 

Índice por Políticas públicas y violencia de genero

De los 313609 artículos, solo quedaron 268808 por tratarse de artículos de revistas científicas

 

Idioma

De los 268808 artículos, solo quedaron 144096 por tratar a través de los operadores boleanos

 

Artículos con enfoque cualitativo

De los 144096 artículos, solo quedaron 48075 artículos que cumplen con los objetivos similares al de la investigación

 

Criterios de Políticas Publicas

De los 48075 artículos, solo quedaron 17051 artículos que no se repiten entre ellos en los diferentes buscadores

De Acceso abierto

De los 17051 artículos, solo quedaron 831 artículos que no se repiten entre ellos en los diferentes buscadores

 

Índices No repetidos

De los 831 artículos, solo quedaron 271 artículos que no se repiten entre ellos en los diferentes buscadores

Nota: Se detalla el proceso de depuración de las referencias en las bases de datos siguiendo la metodología PRISMA

Tabla 1

Resultado de selección en los repositorios

Repositorio

Combinación de búsqueda

Resultados

Políticas públicas y violencia de genero

idioma

Artículos con enfoque cualitativo

Criterios de Políticas Publicas

De Acceso abierto

No repetidos

PROQUEST

“políticas públicas, políticas de estado, igualdad de género, violencia contra la mujer en América Latina”

69768

24967

6289

2302

546

116

18

EBSCO

“políticas públicas, políticas de estado, igualdad de género, violencia contra la mujer en América Latina”

85198

85198

59520

5533

777

347

149

SCOPUS

“políticas públicas, políticas de estado, igualdad de género, violencia contra la mujer en América Latina”

66100

66100

38422

24435

12679

49

49

SCIELO

“políticas públicas, políticas de estado, igualdad de género, violencia contra la mujer en América Latina”

92543

92543

39865

15805

3049

319

55

TOTAL

313609

268808

144096

48075

17051

831

271

 

En la tabla 1 se puede apreciar el proceso de selección, donde en función a los repositorios elegidos y el motor de búsqueda (que fue “Violencia contra la mujer en América Latina”) se pudieron obtener 313609 artículos. Sin embargo, al tomar en cuenta lo referido a las políticas Públicas y violencia de género, el Idioma, Los artículos con enfoque cuantitativo, criterios de políticas públicas, de acceso abierto y que no se repitan, nos quedamos con 271 investigaciones

RESULTADOS

Consideraremos un primer aspecto que dificulta la implementación de políticas de estado relacionadas a la igualdad de género y a la reducción de la violencia contra la mujer, es el poco compromiso e involucramiento que tienen los alcaldes en estos temas, al cual no le dan el impulso necesario a las acciones que institucionalmente realiza la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente o la Oficina Municipal de Atención de Personas con Discapacidad; en lo que se refiere al tema de la igualdad género no es importante para las autoridades locales, o en todo caso son temas que no le dan réditos políticos, por lo tanto, para estas autoridades están en un segundo plano.

Según Justo Suarez, (2018), en su publicación Apuntes sobre violencia de género, refiere que, el lamentable caso de acoso sexual por parte del alcalde de Ponferrada conocido como “caso Nevenka”, la brutal muerte de Ana Orantes, donde las palabras del presidente Vladimir Putin, frivolizando y naturalizando las agresiones sexuales., tratándose de circunstancias que producen un gran impacto mediático y generan opiniones a favor de la tolerancia social y favorecen la violencia contra las mujeres.

Un segundo aspecto que advertimos como problema, es que las entidades, distintas al gobierno local, que deberían darle el impulso para implementar las políticas de estado orientadas a lograr la igualdad de género y disminuir la violencia de género, actúan muy tangencialmente, nos referimos a la policía nacional del Perú, Juzgados de Paz, gobernadores distritales o subprefectos. Por lo general la policía nacional del Perú, ante denuncias por violencia familiar, hacen todo lo posible para que no sean presentadas, generando una desconfianza en las victimas que quieren denunciar, y evidentemente es una barrera para que la denunciante y en algunos casos las defensorías municipales del niño, niña y adolescente DEMUNA, permiten continuar con los procedimientos legales, los cuales permitan sancionar a los agresores y sacarlos de los círculos de violencia en los que están atrapados. Ese es el mismo caso de los Jueces de paz no letrados y de los Gobernadores Distritales.

Al respecto, Cuenca & Cotler (2017), en la publicación Las desigualdades en el Perú: balances críticos, refieren la debilidad de la institucionalidad estatal, su escasa o poca vinculación en diversas zonas del país, así como la falta de decisión política para hacer cumplir la ley, forman parte de la explicación que revela cómo la ausencia del estado ha reforzado ciertos poderes privados y prácticas patriarcales en terrenos que han sido y, en muchos casos, siguen siendo considerados “liberados de la ley”, como el caso de las familias. También es posible advertir, en el accionar de muchas autoridades en todo el país, el trato paternalista, jerárquico y “familiar” que se dispensa a la ciudadanía.

Finalmente, consideramos que para el éxito de la implementación de las políticas de estado que estamos analizando, la partición del sector educación es importante, en tal sentido un tercer aspecto que advertimos, es que el sector educación no se involucra de manera directa en la problemática de la violencia de género que vincula a los estudiantes con los padres y por tanto con sus núcleos familiares; pues en este sector se advierte las consecuencias de la violencia de que existe en los núcleos familiares. Como consecuencia de la violencia existente en las familias, se evidencia el bajo rendimiento académico de los alumnos, hay casos también de deserción escolar y lo más lamentable es el desarrollo creciente de la violencia de género en las propias instituciones educativas, que son propiciados por alumnos provenientes de familias disfuncionales. 

Al respecto, Meza Rueda & Páez Martinez (2017), en su publicación familia, escuela y desarrollo humano; rutas de investigación educativa, manifiestan que la educación, la familia, la religión, los medios de comunicación y las redes sociales, intervienen en la socialización y en la formación de los comportamientos a seguir. Sin embargo, las instituciones Educativas siguen siendo aún el espacio principal para el aprendizaje, el afianzamiento de habilidades, así como la consolidación de valores, la cultura y el rol que tienen que cumplir varones y mujeres en el desarrollo económico y social.

Por lo tanto, en este contexto, nos plateamos las siguientes interrogantes, ¿Cuál es la participación del alcalde?, ¿Cuál es la participación de las entidades distintas al gobierno local? y ¿Cuál es la participación del sector educación?, en relación a la implementación de las políticas vinculadas a la igualdad de género y a la disminución de la violencia contra la mujer.

Como se puede apreciar lo que se pretende es demostrar la relación directa existente entre el accionar de las autoridades locales y el sector educación, con el éxito o fracaso de las políticas del estado vinculadas a la igualdad de género y a la disminución de la violencia contra la mujer. Por ello planteo como tesis que una adecuada implementación de las Políticas Públicas de estado, será determinante para lograr disminuir la brecha de desigualdad de género existente y la disminución de la violencia contra la mujer.

Desarrollo

El poco compromiso que tienen los alcaldes en los temas tratados, es una constante que se presenta tanto en el ámbito provincial y distrital. Diríamos que esta falta de involucramiento es más notoria en los gobiernos locales provinciales, debido a la cantidad diversa de problemas que el alcalde está obligado a resolver en su jurisdicción, y los temas de igualdad de género y disminución de la violencia contra la mujer no son prioridades consideradas como urgentes. El caso distrital es distinto, debido a que los municipios distritales mantienen una relación más cercana con la población y siendo así, el alcalde distrital en la práctica es obligado a asumir ciertas acciones para hacer cumplir e implementar las políticas de estado.

Según Barrera Bassols & Massolo (2017), en la publicación, el municipio, un reto para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, refieren que la incorporación del enfoque de género en la gestión municipal y en las políticas públicas, resulta indispensable para propiciar igualdad no sólo en el acceso a los bienes y servicios que el municipio ofrece como parte del Estado, sino también en la vida cotidiana de la organización social, en el trato que debe existir entre las mujeres y varones que habitan una comunidad. En este escenario se presenta la oportunidad de tomar acciones sobre las posibilidades que tienen los varones y las mujeres para acceder al desarrollo de su localidad y mejorar sus condiciones de vida.

Vale decir que, las decisiones políticas y los actos de gestión del gobierno local, acompañados del impulso que le dé el alcalde para implementar las políticas de estado vinculadas a la igualdad de género y a la disminución de la violencia contra la mujer, será determinante. Se necesita que las autoridades locales no solo se involucren en la problemática planteada, sobre todo se necesita un cambio en la mentalidad de los alcaldes, para entender la importancia que tiene lograr mayores niveles de igualdad de género y lograr disminuir la violencia contra la mujer; pues ella está directamente relacionada a lograr una convivencia pacífica y ordenada de su población, que definitivamente repercutirá en un desarrollo ordenado y sostenido de la comunidad.

En el presente trabajo se ha separado del grupo de autoridades, al alcalde por un lado y a las otras autoridades por otro lado; pues considero que el peso que el alcalde tiene es mayor respecto de las otras autoridades, por las atribuciones que tiene y por su grado influencia con la población. Sin embargo, este otro grupo de autoridades, en la que está la PNP del Perú, los Jueces de Paz y los Gobernadores locales y Sub prefectos, cumplen también un papel determinante.

Cuando se pretende realizar una denuncia por violencia familiar o violencia contra la mujer, la primera instancia estatal a la que se recurre es a la comisaria de su jurisdicción o en algunos casos también se recurre a los juzgados de paz en el intento de que la autoridad haga respetar sus derechos o en todo caso al menos obligue al infractor a corregirse; lamentablemente en el caso de la policía, como ya mencioné, esta instancia se constituye algo así como una barrera para que se concrete la denuncia, actúan de tal manera que hacen sentir culpables a las mujeres denunciantes de la actitud del agresor. Comentarios como ¿Qué abras hecho? ¿No estarás cumpliendo como debe ser?, o arregla mejor las cosas antes de denunciar. Situaciones que generan desconfianza hacia la autoridad y las agredidas sienten que están desprotegidas y que por el contrario hay la sensación de que el agresor tiene la protección de la policía y por lo tanto del estado. El caso de los juzgados de paz no letrados, tiene similares características al comportamiento de la policía nacional del Perú, pues estas instancias que son parten de la estructura del Poder Judicial, se supone que administran justicia y ante evidencias concretas de agresión o violencia familiar debieran tomar acciones inmediatas para derivar, en los casos que corresponda, al Ministerio Publico; pero por lo general no ocurre así, estas autoridades tienen un concepto equivocado de la administración de justicia, pues bajo el paraguas protector del que dirán, me refiero al entorno familiar social que mantiene tanto la agredida como el agresor, estas autoridades tratan  “aparentemente de arreglar los conflictos”, que por lo general termina en transacciones o acuerdos forzados entre la agredida y el agresor, con declaraciones expresas pero liricas de no volver a cometer la agresión, en la que evidentemente el agresor es el beneficiado y la agredida es la perjudicada. En el caso de los gobernadores y sub prefectos, independientemente de que estos no tienen atribuciones directas para intervenir en casos de violencia de género; sin embargo, sí podrían vigilar el accionar de la policía nacional del Perú; pero muy pocos son los que hacen uso de esa atribución que podría reorientar la actuación de la policía.

Al respecto mencionamos a Romero Borda (2016), en la publicación material auto instructivo Curso “El delito del Feminicidio”, en el cual narra la tolerancia de las autoridades al tratar la problemática de la violencia de género. Según él, la Comisión Interamericana de Derecho Humanos, valoró, en el caso María Da Penha, la existencia de un patrón o “pauta sistemática” en la respuesta estatal, que manifiesta una suerte de tolerancia del estado con la situación de violencia evaluada, no sólo en contra de la víctima, sino que afecta también a otros casos con características parecidas. Es más, para la corte interamericana de derechos humanos la ineficiencia judicial crea un ambiente que favorece la violencia que sufren las mujeres.

Por otro lado, también mencionamos a Montero, (2016), en la publicación feminismo: un movimiento crítico, refiere a las políticas públicas que implementa en general Argentina sobre violencia de género. Según él este reviste un carácter todavía más contradictorio, heterogéneo y desigual, al amparo de su institucionalización. Además, afirma que, a la luz de sus indicadores, y con una innegable contribución de la vigilancia colectiva efectuada por los movimientos feministas, y los medios de comunicación, erradicar la violencia de género es también responsabilidad estatal.

Es decir, ratifica nuestra tesis, cuando afirmamos que, una adecuada participación de las autoridades en la implementación de las políticas públicas que buscan la igualdad de género y buscan disminuir los niveles de violencia contra la mujer, contribuyen de manera efectiva en el logro de los objetivos que busca el estado, que en el fondo es la convivencia pacífica y el respecto del uno hacia el otro. Pero si de por medio existe tolerancia de las autoridades, lo que va ocurrir es que se acrecentará la desigualdad de género y se incrementará la violencia contra la mujer; la tolerancia del estado reflejado en sus autoridades, irradia un mensaje negativo hacia el entorno social en que viven, mensaje que en concreto significaría un respaldo y protección a las actitudes de los agresores, situación que genera desconfianza en el estado, en sus leyes y en sus autoridades.

El otro aspecto a analizar es la participación del sector educación, que según nuestra apreciación preliminar es un sector que no se involucra de manera directa o más comprometida en la problemática de la violencia de género; sin embargo, es un espacio en la que afloran las situaciones de violencia familiar que viven las familias, de la cual son parte los estudiantes de todos los niveles de la educación básica regular. Los problemas de violencia familiar que viven a diario los estudiantes en sus ámbitos familiares, se reflejan en varios aspectos, entre ellos el bajo rendimiento académico que se advierte en estudiantes que tiene problemas familiares, hay también casos de deserción escolar; pero lo que considero grave es que estos estudiantes con problemas de violencia familiar, son los protagonistas de actitudes violentas y agresivas con sus compañeros y compañeras, es algo así como una reacción a la situación que viven en sus hogares. Es en este contexto que el sector educación como institución debe actuar, ello implica tener un plan de acción en cada institución educativa, el mismo que debe estar aprobado por las instancias de dirección del sector educación, me refiero a las unidades de gestión educativa local y a la misma Dirección Regional de Educación. Un plan de acción debidamente aprobado obligará a los docentes y a sus niveles de dirección a involucrarse directamente. No podemos dejar de manifestar que existen esfuerzos individuales de docentes, en algunas instituciones educativas; pero si no se tiene el impulso como parte de un plan de acción aprobado y respaldado por las instancias de dirección del sector educación, cualquier esfuerzo individual no tendrá los resultados que esperamos.

Según Valdiviezo, (2017), en su publicación el rol de la educación frente a la violencia contra la mujer, refiere que la violencia de género es un tema que debe ser asumido por la educación formal, pero también por la no formal, es decir aquella que se desarrolla dentro de las familias y dentro de la comunidad. La cosmovisión patriarcal inculca desde que venimos al mundo y, aunque hoy en día nuestra opinión pública la cuestiona y ve como una forma de injusticia cultural, todavía estamos lejos de cambiar los fundamentos que están detrás de esa forma de ver el problema. Para que esta responsabilidad pueda ser asumida por el sector estatal, los propios docentes tienen que pasar por una capacitación que les permita adquirir una posición crítica y democrática frente a esta situación.

Entonces ratificamos nuestra tesis, cuando afirmamos la necesidad de un involucramiento efectivo del sector educación, pues el tratamiento de la problemática de la desigualdad de género y el incremento de la violencia contra la mujer, va más allá del espacio del Centro Educativo; pues los problemas de violencia que se generan en las instituciones educativas, tienen como origen los problemas existentes en las familias, o en sus entornos más cercanos. Por eso es necesaria la implementación de acciones concretas que vayan más allá del espacio de las instituciones educativas. Es decir, comprometer a todos los actores, autoridades educativas, docentes, estudiantes, padres de familia, autoridades comunales, para lograr a mediano plazo, que se acorte la desigualdad de género y disminuya sustancialmente la violencia en las familias.

Al respecto según, Trucco & Inostroza (2017), en su publicación las violencias en el espacio escolar, precisan que mitigar la violencia en espacios específicos que vayan más allá de la escuela, es importante debido a que la violencia escolar se ve influenciada por el entorno. En particular, para ello son determinantes las políticas que prevengan diferentes formas de violencia en los núcleos familiares a parte de los espacios públicos donde los estudiantes pasan un tiempo considerables de su vida cotidiana, es decir sus instituciones educativas.

Un elemento final que es necesario analizar, es el hecho que, en las instituciones educativas del nivel básico regular, sea inicial, primario o secundario, se puede advertir la discriminación de los varones respecto de las mujeres, con un silencio casi cómplice de los propios docentes. Esta discriminación presente en las instituciones educativas, que es parte de la desigualdad de género existente, trae como consecuencia mayores niveles de violencia contra la mujer, es decir contra adolescentes y niñas de las instituciones educativas, siendo ellas las que más sufren las consecuencias de la desigualdad de género. Es evidente que esto mismo se traslada a los núcleos familiares y a la propia comunidad donde viven, y nuevamente se puede establecer que la desigualdad de género, trae como consecuencia, un mayor incremento de la violencia contra la mujer.

Al respecto Zamudio Sánchez, Ayala Carrillo, & Arana Ovalle (2014), en su publicación mujeres y hombres. Desigualdades de género en el contexto mexicano, manifiestan que la Procuraduría General de los Estados Unidos Mexicanos, considera, que la violencia de género afecta a varones y mujeres, pero la desigualdad de género que tiene como base la discriminación, propicia que las mujeres y niñas vivan situaciones de mayor violencia en diferentes espacios, así como en sus centros educativos.

En lo que respecta a la implicancia social, es importante analizar las acciones que se plantea a través de las políticas públicas con el propósito de reducir los altos niveles de violencia contra la mujer y que acciones se plantea para el tratamiento de mujeres que se encuentran o estuvieron en permanente situación de violencia o discriminación.

Al respecto, Anamar y Sánchez (2020), en la publicación estudio de la subdimensión de igualdad, la equidad de género dentro de la calidad de la democracia, en el caso Perú, precisan respecto a la calidad de la democracia en los países latinoamericanos y particularmente en el Perú, que la desigualdad y discriminación aun persistente del varón respecto de la mujer son determinantes para calificar los niveles de democracia que tiene cada estado. Es decir, podríamos establecer que, a mayor desigualdad, a mayor discriminación y violencia de género, menos calidad de democracia. Entonces las políticas públicas deben estar orientadas justamente a disminuir las brechas de desigualdad y discriminación de género.

También Mezzandra (2019), en la publicación el análisis estructural como estrategia para (re) pensar los servicios de atención a mujeres en situación de violencia, sostiene que son las normas de género las que legitiman la violencia del hombre contra la mujer, en tanto parte del privilegio de la dominación es masculina“, podemos entender que es el propio estado que a través de diversas normas permiten que la violencia de género, la violencia contra la mujer, así como la discriminación y la desigualdad se incremente y tengan el aval silencioso del estado, situación que debe revertirse. En esa perspectiva la misma autora analiza como el estado interviene con determinadas acciones, en este caso a través del municipio de Quilmes, para atender a mujeres en situación permanente de violencia, resalta la labor que realizan; pero también reconoce la necesidad de mejorar la parte organizativa, para dar apoyo efectivo a las mujeres que se encuentra en esa situación.

Por otro lado, tenemos a Saccomano (2017), en la publicación el feminicidio en américa latina: ¿vacío legal o déficit del estado de derecho?, quien desarrolla un tema que cada vez es más creciente, no referimos al feminicidio; según esta autora este nuevo fenómeno es la expresión más extrema de la violencia contra la mujer; se trata del «asesinato de mujeres por hombres motivados por el odio, el desprecio, el placer o la esquizofrenia suposición de propiedad sobre las mujeres», y abarca toda forma de homicidio de mujeres cometido basándose en la discriminación de género. La autora resalta la triste constatación del crecimiento acelerado en latino américa, del homicidio contra la mujer, y al mismo tiempo establece la debilidad del estado para sancionar a los causantes, pese a que existe normas precisas que protegen a la mujer, sin embargo, el estado, no implementa con eficacia mecanismos coercitivos que obliguen a quienes están a cargo del sistema judicial implementar sanciones efectivas.

Por otro lado, según Brito, Basualto, & Posada (2020), en la publicación percepción de prácticas de discriminación, exclusión y violencia de género en estudiantes universitarias, refieren que la discriminación de género, no solo está presente en los espacios ya conocidos, como el trabajo, el hogar, la escuela; sino que impacta también en el ámbito de la educación superior universitaria, empezando por una evidente segregación disciplinaria en la formación universitaria. Por lo general las mujeres escogen carreras vinculadas a la salud, al cuidado y la educación, mientras que los varones escogen carreras de ingeniería o ciencias aplicadas. La discriminación también se evidencia con la cantidad de alumnas matriculadas respecto de los varones, además de los altos niveles de acoso contra las mujeres, sean estudiantes o docentes. El estudio demuestra que la discriminación y desigualdad de género es persistente en las universidades, pese a la existencia de normas legales de protección a la mujer, y lo grave es que estamos hablando de un espacio en el que se supone existe un alto grado académico y cultural respecto del resto de la sociedad.

Por otro lado tenemos a Flores Julia Isabel (2020), en su publicación Mujeres y usos de los espacios públicos en México, analiza un tema latente en las sociedades urbanas, en este caso en México, que se refiere a una constatación evidente de la discriminación de género sobre todo en contra de la mujer respecto del uso de  los espacios públicos, según este autor el espacio público lejos está de ser el mismo para todos; por el contrario, está altamente segmentado, por lo que las luchas por los derechos de las mujeres y contra la lesbofobia, homofobia y transfobia hacen del espacio un recurso para el debate, pero siempre a favor de los varones. Si analizamos muy a detalle constatamos que incluso los nombres de las calles, plazas, por lo general son nombres de varones; pero lo más grave es que se puede constatar que en esos espacios públicos se evidencia la discriminación de género, en la que prevalece o se impone el varón. Por eso es importante que desde el estado y muy particularmente desde los municipios, en tanto ellos son los que regulan el desarrollo urbano, debiera propiciarse normas de crecimiento urbanístico que democratice el uso de los espacios públicos, buscando la igualdad y no la discriminación.

En cuanto a las implicancias de carácter político y legal precisamos que en general en latino américa sigue prevaleciendo el varón respecto a la mujer en la ocupación en cargos directivos de confianza en la administración pública; según Gaete Quezada & Álvarez Rodríguez (2020), en su publicación alta dirección y techo de cristal. Acceso de las mujeres a los puestos directivos en Chile, quien refiere que, a pesar de la ya mencionada gran capacidad discrecional de los presidentes de la república de Chile, esta no se ha traducido en una aplicación de criterios de equidad de género que favorezcan a las mujeres, de modo que se logre equilibrar su representación con la de los varones en los puestos directivos en el sector público. Esta constatación no es ajena al caso peruano, en tanto que situación similar se repite en el caso peruano, es decir para la designación de cargos directivos o cargos de confianza de libre designación y libre remoción, siguen teniendo el privilegio los varones. En el campo electoral, en latino américa la situación respecto del nivel de participación de la mujer en cargos de elección popular, ha mejorado sustancialmente; pues se han introducido normas que obligan a conformar las listas para el congreso, para municipios y para los gobiernos regionales, bajo el criterio de paridad y alternancia de género, que como consecuencia ha traído mayor presencia de la mujer como autoridades elegidas, pero aún sigue la prevalencia masculina.

Bohines & Piscopo (2018), en su publicación ¿Identidad de grupo, ideología o reconocimiento? El apoyo de los y las legisladoras a las cuotas de género en américa latina, analizan la importancia de la implementación de políticas referidas a la implementación de cuotas de poder que rescaten la representación equitativa de género en las distintas instancias de poder. Según el estudio realizado, solo Guatemala y Venezuela, son los únicos países que no implementaron a través de normas legales la posibilidad de que se respete la cuota de género en la conformación de las listas que se sometan a elección popular. En general hay un avance importante, en tanto a la fecha se logró no solo establecer un porcentaje que inicialmente fue del 30% en Argentina; sino que, como el caso peruano, ya está definido el tema de paridad y alternancia, es decir 50 % de varones y 50 % de mujeres en la conformación de listas en todos los niveles de gobierno, al menos eso ya se implementó en la primera elección parlamentaria del año 2021, en el Perú. De la misma manera se implementará en las elecciones regionales y municipales en el 2022. Este hecho es sumamente importante, en tanto es evidente el reconocimiento y la importancia de la igualdad de género, también en los espacios políticos.

García Montero & Rivas Pérez (2021), en su publicación género y carreras políticas en américa latina: la brecha en la permanencia legislativa, analizan experiencias de continuidad en la carrera política pública parlamentaria en 18 países latinoamericanos, considerando el tema de género y en ella advierten las dificultades que tiene las mujeres para realizar una exitosa carrera como parlamentarias, en un espacio básicamente de varones. No es malo tener parlamentarios y parlamentarias altamente calificados que desarrollan un carrera política permanente en el parlamento, ello implica la existencia de una normatividad que permita la reelección en los espacios parlamentarios; sin embargo también es importante destacar la necesidad de la renovación de los cuadros políticos que oxigenen estas instancias de poder; pues si se tienen casi los mismos políticos, independientemente de la situación de género, muchas veces no se logra cambios sustanciales que permitan el desarrollo de los pueblos, por ello es importante la renovación de cuadros, la alternancia y la paridad de género; situación que debe fortalecerse principalmente al interior de los partidos políticos, haciendo que sus normas internas, garanticen estos elementos; pues de lo contrario seguirá prevaleciendo el machismo aun imperante en las organizaciones políticas latinoamericanas.

Otro aspecto abordado por Gaete Quezada & Álvarez Rodríguez (2020), en la publicación alta dirección pública y techo de cristal. Acceso de las mujeres a puestos directivos en Chile, refieren que, respecto al direccionamiento a favor del varón, en concursos públicos, que les permita asumir cargos de dirección en la administración pública. Al respecto nuevamente decimos que no es algo nuevo; pues son situaciones similares las que se presentan en la mayoría de países latinoamericanos. El tema es que el estado tiene que despercudirse de sus ataduras machistas e implementar con imparcialidad los mecanismos de control para que los concursos públicos sean realmente transparentes y no tengan un sesgo en contra de la mujer.

Salvador, Serra, & Ubasart (2021), en la publicacion ¿Hace la diferencia ser diputada? Percepciones sobre género, derechos y libertades en américa latina, abordan el tema de desigualdad y discriminación desde otra perspectiva, más vinculada a la organización partidaria, en la que la mujer también es objeto de discriminación. Señala que la mujer no puede desarrollar carrera política, en tanto al interior de sus partidos existen mecanismos internos que le no permiten realizar carrera política, ser parte del cuadro directivo o participar en ubicaciones resaltantes, en las elecciones de carácter político, son situaciones aun contraladas por los varones. Ahí será necesario seguir fortaleciendo la normatividad vigente en materia de partidos políticos, hasta lograr una verdadera igualdad.

Por otro lado, Costa (2019), en la publicación incidencias de la perspectiva de género en la educación legal. Un recorrido exploratorio sobre el campo jurídico en Argentina, hace un análisis de la formación universitaria y como paulatinamente se han introducido reformas en los contenidos de los estudios universitarios referidos a temas de género, sexualidad, considerando las complejidades políticas y conceptuales que ello implica. Pero lo que la autora pretende destacar, es que el estado está interviniendo en una institución académica importante; pues ella puede generar cambios no solo en los estudiantes universitarios, sino también en la misma sociedad, respecto de la violencia de género, así como también de los temas de sexualidad, que están estrechamente relacionados con temas de discriminación y desigualdad.

Finalmente Vallejo Cárdenas & Zamora Vazquez (2021), en la publicación el reconocimiento de los derechos de las mujeres y la inserción del enfoque de género en el desarrollo constitucional ecuatoriano frente al principio de igualdad y no discriminación, hacen un estudio epistemológico e histórico de como la mujer en Ecuador, ha sido permanentemente discriminado en sus derechos, debido al predominio de un sistema patriarcal, ellos mencionan que si bien es cierto hay que reconocer avances significativos los cuales han sido indudablemente logros que hay que reconocerlos, son el fruto de las diferentes luchas sociales  de los movimientos feministas; sin embargo se ha encontrado varios obstáculos que hasta el momento no han podido ser derrumbados y que han impedido que las mujeres puedan disfrutar oportunamente de los derechos que se encuentran  reconocidos en la Constitución. El estudio apunta a establecer y reconocer el papel histórico que ha cumplido la mujer en la vida política y la consolidación de la democracia aún incipiente en los países latinoamericanos. Este sistema patriarcal predominante en latino américa ha hecho que se menosprecie ese rol que cumple y cumplió la mujer como un ser activo y dinámico en la vida política, al interior de las organizaciones sociales y al interior de los partidos políticos, que en su momento fueron parte de los grandes movimientos sociales que irrumpieron en la política latino americana y permitieron la derrota de dictaduras militares y civiles, dando paso a la conquista de la democracia.

La segunda parte del trabajo aborda, las limitaciones que se tiene para abordar la problemática de violencia de genero. Y partimos por señalar, que desde la definición de cómo se deslinda el tema de violencia de género, como se indica a continuación.

Macedo Janto (2021), en la publicación el testimonio de la mujer andina y su papel en la reconstrucción de la historia: el caso del informe final de la comisión de la verdad y reconciliación Perú, manifiesta que es evidente que los testimonios de la mujer andina, escritos, las audiencias públicas que se dieron en, en el departamento de Ayacucho, producto del acto terrorista que se vivenciaron en dicho lugar, que según un reporte se da un 40% de este grupo humano que cuenta sus vivencias de violencia son mujeres, que nacen en el protagonismo de las mujer no solo como mujeres que dan un testimonio directo, sino también como parte de la historia viva de la época funesta y terrible del terrorismo, pasando estos hechos testimoniados a formar parte de la historia publica, relatos donde el género femenino no solo es víctima si no también juega un rol protagónico no solo como víctima, a la vez participara en la validación de los hechos, en esa historia que se reafirma como oscura y terrible que no solo cuenta de muertes injustas si no a la vez de los miles de desaparecidos.

Otra de las características es en el aspecto legislativo como indica Hernandez Ramirez (2021), en su publicación página en blanco: discursos de resistencia para reconocer y documentar la violencia contra la mujer en el ambiente académico, refiere que la violencia se vive a diario no solo en el entorno mediato del género femenino, sino también en el entorno laboral a través de la coerción de los derechos y oportunidades a la que deben de tener las mujeres. la cual es manifestada por un sinfín de casos que se evidencian en la Universidad de Veracruz de México, producto de ello en la Universidad se promueve e intenta regular un marco legal en pro del apoyo al bienestar en el ambiente académico, pero esta es desmerecida en su dimensión por normalización de la violencia de manera tradicional y aceptada, por falta de indicadores de violencia que muchas veces no son explicitadas lo cual va contra la mujer siendo considerada, como una página en blanco que por supuesto no conlleva a ninguna solución.

 

Jokela Pansi, (2016), en la publicación imaginarios espaciales e identidad colectiva en las luchas por los derechos humanos de las mujeres de Honduras, refiere que de igual forma se considera el aporte de que en los países latinoamericanos a excepción de los países de Cuba, Guatemala y Venezuela se promulgan leyes que determinan porcentajes muy limitados para los cargos de mujeres en el Legislativo. Las diferentes leyes de poder Legislativo consideran la participación de las mujeres en un porcentaje de un 20% hasta el 50%. Sin embargo, muy a pesar de estas posibilidades de participación, las mujeres en la legislación no tienen al menos una participación protagónica en su trayectoria profesional, uno de los aspectos es permitir la permanencia y la posibilidad de hacer carrera, mantenerse en el cargo legislativo es muy dificultoso tanto para varones y mujeres, pero no es de ignorar que esto pasa por situaciones de género, desde la mirada cultural, social política enmarcada por estereotipos.

Valencia & Herrera Sánchez (2020), en la publicación porno miseria, violencia machista y mirada colonial en los filmes backyard: el traspatio y la mujer del animal, refiere que uno de los aspectos a resaltar es como en el nivel superior se trabaja sobre la Transversalización de las perfectivas de género, conllevándose así a las instituciones que brindan una oportunidad académica de estudio, sin la práctica de violencia de género y que a la vez esto permita la erradicación de la violencia, pero no, a pesar de esta importante tarea se evidencia la resistencia para la incorporación de manera efectiva esta perspectiva nueva de género que conllevaría no solo a la mejora de la calidad educativa si no a la realización profesional de las mujeres en su etapa de preparación profesional. Por lo cual la Universidad no solamente serán meros espacios de producción de conocimientos acríticos, porque ello no conllevaría a la práctica de la equidad de género, por lo mismo se espera una posición crítica a estos temas por lo que la perspectiva de género de manera transversal en toda la organización académica, administrativa y en su organización en general.

Velasco Domínguez & Castañeda Xochitl (2020), en la publicación desaparición de mujeres y niñas en México: aportes desde los feminismos para entender procesos macrosociales, refieren que, la violencia hacia el género femenino, no solo es el maltrato y menosprecio es también la desaparición de niñas situación marcada manera notoria mencionada en el siguiente trabajo. Por las estadísticas que se dieron en las tiempos de las dictaduras militares, neoliberales que demuestran la indiferencia del marcadas cifras de desaparición de personas de género femenino ente el género masculino, diferencia notoria de desaparición de mujeres entre ellas niñas y mujeres jóvenes y adultas y esto en el marco de la prácticas de las políticas neoliberales la cual se manifiesta en una economía de disposición de la vida en su calidad humana en su capacidad de producción económica y las violencias practicadas en los entornos laborales que muchas veces son ejercidas hacia las mujeres trabajadoras. Ante esta situación terrible que se suscita en México, se dan diversas teorías para la explicación de la desaparición diferenciada que desfavorece de manera muy marcada al género femenino, y dicha violencia que no se puede explicar de manera sustentada.

Jokela Pansi, (2016), en la publicación imaginarios espaciales e identidad colectiva en las luchas por los derechos humanos de las mujeres de Honduras,, manifiesta que otro aspecto que no se puede desarraigar es el aspecto cultural por lo cual se considera el aporte donde los movimientos sociales en América latina en favor del modelo patriarcal que deviene de la cultura machista con una percepción patriarcal y de marcada aceptación e imposición por la cultura y la sociedad, ante ello el movimiento sociales y la teoría feminista en el 2009 después del golpe de Estado en honduras surgen grupos activistas que defendieron sus derechos humanos frente al golpe de estado, se organizaron de manera conjunta los grupos de feministas urbanos con los grupos de feministas rurales, dando paso a una red nacional gracias a la organización de estos colectivos para construir imaginarios espaciales y realizar acciones colectivas de diálogos con el objetivo de consolidar soluciones mediante el diálogo y la negociación a favor de la defensa de los derechos de la mujer.

Figueroa Romero & Sierra Camacho (2019), en su publicación alertas de género y mujeres indígenas: interpelando las políticas públicas desde los contextos comunitarios en Guerrero, México, consideran que el aporte donde las actuaciones de las defensorías comunitarias que velan por el bienestar del género femenino, muchas veces tiene una mirada muy conformista y de aceptación pasiva hacia los diferentes problemas de violencia que se puede observar a nivel de todas las actividades cotidianas en las realidades rurales sin considerar un problema a la violencia que viven las mujeres indígenas, esto conlleva de manera más marcada a la carencia de políticas públicas de prevención de la violencia de esta índole, que atiendan estas realidades subestimadas, ignoradas a aceptadas como algo normal.

Machado Bueno & Marques Lopes (2018), en su publicación Rural women and violence: readings of a reality that approaches fiction, manifiestan que no es de ignorar que un aspecto determinante es el de la salud por lo cual consideramos el aporte siguiente. Se trata de un estudio realizado en una Municipalidad de Porte Ro Grande Del Sur con el motivo de pergeñar objetivos, de analizar cómo es el perfil geo epidemiológico de diferentes eventos, considerando el perfil epidemiológico, considerando las perspectivas sociológicas, deslindando que estas desigualdades, de falta de cuidado y atención de la salud y el no cuidado de esta, no permitirá la práctica de una ciudadanía plena efectiva que conlleve al cumplimiento y cuidado asertiva de la salud tanto del individuo y de la sociedad que la conforma, evidenciando que las asimetrías de genero evidencian que un factor determinante son los bajos índices socio económicos que no tiene capacidad de respuesta ante las necesidades no solo de salud, siendo está latente de por si, a las demás necesidades básicas.

Valencia & Herrera Sánchez (2020), en la publicación porno miseria, violencia machista y mirada colonial en los filmes backyard: el traspatio y la mujer del animal, refiere que ante estas situaciones preocupantes el cine abordo estos temas de violencia de género muy a la margen de la utilización de la miseria es un tema de bastante acogida y considerada de manera mercantil muchas veces, es tergiversada, en este entender se propone la película de “Porno miseria” que trataría de representaría la miseria de las poblaciones consideradas y menospreciadas desde una mirada colonial con una intensión de exterminio a su cultura desde una perspectiva occidental la mirada pasiva y paradigmática hacia la violencia, enfatizando la violencia hacia la mujer, con la demostración de la misma de manera más latente, está representación se daría de manera más extrema el maltrato hacia la mujer con el desprecio latente y extremo hacia la mujer, traducida en dos filmes realizados con una intensión positiva y de reflexión; pero sin embargo como un tema normal y simplemente enfatizada por la sociedad machista predominante.

CONCLUSIONES

1.      Se ha comprobado que una adecuada y eficiente implementación de las políticas públicas, con la participación directa de las autoridades locales y el sector educación, se logrará acortar la brecha de desigualdad de género actualmente existente y contribuirá a la disminución de la violencia contra la mujer.

2.      En una sociedad aún paternalista, la actitud de las autoridades con respecto a cómo afrontar el tema de la desigualdad de género, predominante en nuestra sociedad y como buscamos disminuir la creciente violencia de género, expresados en la violencia existente en las familias y particularmente la violencia contra la mujer, será determinante para la que sociedad cambie su comportamiento, que las víctimas se sientan protegidas y que el estado recobre  su presencia y papel protagónico; pues el objetivo final del estado debe ser la búsqueda de paz social, el desarrollo sostenido de los pueblos y la convivencia pacífica.

3.      Respecto del tema de violencia de género y particularmente violencia contra la mujer, según los estudios analizados, lo que se puede constatar es que existe un incremento considerable de la violencia contra de la mujer; sin embargo, a pesar de eso, se advierte una seria debilidad del estado, en tanto este no logra implementar acciones o políticas públicas que disminuyan de manera efectiva dicha situación.

4.      No podemos negar el incremento de mujeres que están asumiendo cargos de dirección en la administración pública, sean por designación, por concursos públicos o por elección popular; sin embargo, el avance aún es parcial, pues en muchos casos el estado a través de funcionarios masculinos hace que las normas y políticas públicas vigentes en materia de igualdad de género, no se implementen de manera eficiente.

5.      El predominio en latina américa de sistemas patriarcales, desconocen el papel determinante que cumple u cumplió la mujer en la consolidación de las democracias en latino américa, no reconocen plenamente que la mujer es un ser políticamente activo y dinámico. Es cierto también que esta situación paulatinamente, se viene superando, con normas legales que reconocen la obligatoriedad de la alternancia y paridad de género en las distintas instancias de poder.

6.      La violencia de género no solo es un tema recurrente, si no también sistemática, no siendo está atendida por los gobiernos a través de políticas públicas efectivas y duraderas, que tengan un sostén en el tiempo - espacio y garanticen su continuidad, si estas son propuestas promulgadas desde una mirada patriarcal no se dará la aceptación debida y menos se permitirá su adecuada implementación

7.      La violencia de género es un candado que no permite el progreso de los países latinoamericanos en general, además constituye una seria debilidad de los diferentes sistemas de organización institucional que lejos de conllevar al desarrollo de la institucionalidad debilita su real capacidad de respuesta a las necesidades de atención con calidad y equidad.

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