DISPARIDADES EN GARANTÍAS LABORALES
ENTRE TRABAJADORES FORMALES E
INFORMALES
DISPARITIES IN LABOR GUARANTEES BETWEEN FORMAL AND
INFORMAL WORKERS
Jenny Pérez Acosta
Universidad internacional Iberoamericana UNINI Mexico
pág. 12269
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i1.22972
Disparidades en Garantías Laborales entre Trabajadores Formales e
Informales
Jenny Pérez Acosta1
Jennypacostadian@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-0544-7744
Universidad internacional Iberoamericana UNINI Mexico
RESUMEN
La alta tasa de informalidad laboral en Colombia afecta a casi la mitad de la población económicamente
activa, generando desigualdades en los derechos y protección social de los trabajadores. El objetivo de
este estudio es analizar las disparidades en las garantías laborales en los trabajadores formales e
informales. Se realizó una revisión sistemática de la literatura mediante la metodología PRISMA de
estudios publicados entre el año 2010 y 2023 en el contexto laboral colombiano. Los resultados
evidencian limitaciones en acceso a seguridad social, estabilidad laboral y condiciones de trabajo dignas,
así como efectos de precarización y desigualdad social. Factores estructurales e históricos han
profundizado estas brechas, ese a políticas recientes como el apoyo al empleo formal. Se concluye de
esta manera, que reducir estas disparidades es fundamental para avanzar hacia un mercado laboral,
equitativo, justo y sostenible.
Palabras clave: formalización del empleo, normas laborales, seguridad social laboral, equidad en el
trabajo, condiciones laborales
1 Autor principal
Correspondencia: Jennypacostadian@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i1.22972
Disparidades en Garantías Laborales entre Trabajadores Formales e
Informales
Jenny Pérez Acosta1
Jennypacostadian@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-0544-7744
Universidad internacional Iberoamericana UNINI Mexico
RESUMEN
La alta tasa de informalidad laboral en Colombia afecta a casi la mitad de la población económicamente
activa, generando desigualdades en los derechos y protección social de los trabajadores. El objetivo de
este estudio es analizar las disparidades en las garantías laborales en los trabajadores formales e
informales. Se realizó una revisión sistemática de la literatura mediante la metodología PRISMA de
estudios publicados entre el año 2010 y 2023 en el contexto laboral colombiano. Los resultados
evidencian limitaciones en acceso a seguridad social, estabilidad laboral y condiciones de trabajo dignas,
así como efectos de precarización y desigualdad social. Factores estructurales e históricos han
profundizado estas brechas, ese a políticas recientes como el apoyo al empleo formal. Se concluye de
esta manera, que reducir estas disparidades es fundamental para avanzar hacia un mercado laboral,
equitativo, justo y sostenible.
Palabras clave: formalización del empleo, normas laborales, seguridad social laboral, equidad en el
trabajo, condiciones laborales
1 Autor principal
Correspondencia: Jennypacostadian@gmail.com
pág. 12270
Disparities in Labor Guarantees between Formal and Informal Workers
ABSTRACT
The high rate of informal employment in Colombia affects almost half of the economically active
population, generating inequalities in workers' rights and social protection. The objective of this study
is to analyze the disparities in labor guarantees between formal and informal workers. A systematic
literature review was conducted using the PRISMA methodology of studies published between 2010
and 2023 in the Colombian labor context. The results reveal limitations in access to social security, job
stability, and decent working conditions, as well as the effects of precariousness and social inequality.
Structural and historical factors have deepened these gaps, in addition to recent policies such as support
for formal employment. It is concluded that reducing these disparities is essential to moving toward an
equitable, fair, and sustainable labor market.
Keywords: employment formalization, labour standards, social security, quality of working life, working
conditions
Artículo recibido 10 diciembre 2025
Aceptado para publicación: 10 enero 2026
Disparities in Labor Guarantees between Formal and Informal Workers
ABSTRACT
The high rate of informal employment in Colombia affects almost half of the economically active
population, generating inequalities in workers' rights and social protection. The objective of this study
is to analyze the disparities in labor guarantees between formal and informal workers. A systematic
literature review was conducted using the PRISMA methodology of studies published between 2010
and 2023 in the Colombian labor context. The results reveal limitations in access to social security, job
stability, and decent working conditions, as well as the effects of precariousness and social inequality.
Structural and historical factors have deepened these gaps, in addition to recent policies such as support
for formal employment. It is concluded that reducing these disparities is essential to moving toward an
equitable, fair, and sustainable labor market.
Keywords: employment formalization, labour standards, social security, quality of working life, working
conditions
Artículo recibido 10 diciembre 2025
Aceptado para publicación: 10 enero 2026
pág. 12271
INTRODUCCIÓN
En América Latina, se acepta ampliamente que la informalidad laboral es un problema significativo,
especialmente en naciones como Perú y Colombia, donde la situación es particularmente preocupante.
Sin embargo, las estadísticas que respaldan esta afirmación rara vez son examinadas detenidamente,
especialmente en el contexto de Colombia. Esta falta de análisis detallado puede atribuirse en parte a
una falta de atención institucional.
La siguiente tabla presenta la proporción de la Población Económicamente Activa (PEA) en Colombia
que se encuentra en diferentes situaciones laborales desde 2017 hasta 2023. Los datos incluyen aquellos
que no cotizan a la seguridad social, los que cotizan al menos dos meses, cuatro meses y doce meses al
año. También se incluye la variación en puntos porcentuales (Pps) de cada categoría con respecto a 2017.
Tabla 1
Proporción de la Población Económicamente Activa (PEA) en Colombia y su Cotización a la Seguridad
Social (2017-2023)
Año
No
Cotiza
Al menos
2 meses
Al
menos 4
meses
12
meses
Var.pps [1]
no cotiza
Var. Pps Al
menos 2
meses
Var.Pps
al
menos 4
meses
Var.pps
12
meses
2017 52% 45% 40% 22% 0 0 0 0
2018 51% 46% 41% 23% -1 1 1 1
2019 49% 48% 43% 23% -3 3 3 1
2020 50% 47% 41% 23% -3 2 1 1
2021 46% 52% 46% 24% -6 7 6 2
2022 45% 53% 47% 25% -7 8 7 3
2023 44% 54% 48% 26% -8 9 8 7
1[1] Variación en Puntos Porcentuales
Fuente: elaboración propia datos tomados de (DANE, 2021a)
La evolución de la proporción de la Población Económicamente Activa (PEA) en Colombia que cotiza
a la seguridad social entre 2017 y 2023 revela cambios importantes en la formalización laboral y la
cobertura de la seguridad social. Se observa una disminución continua en el porcentaje de la población
INTRODUCCIÓN
En América Latina, se acepta ampliamente que la informalidad laboral es un problema significativo,
especialmente en naciones como Perú y Colombia, donde la situación es particularmente preocupante.
Sin embargo, las estadísticas que respaldan esta afirmación rara vez son examinadas detenidamente,
especialmente en el contexto de Colombia. Esta falta de análisis detallado puede atribuirse en parte a
una falta de atención institucional.
La siguiente tabla presenta la proporción de la Población Económicamente Activa (PEA) en Colombia
que se encuentra en diferentes situaciones laborales desde 2017 hasta 2023. Los datos incluyen aquellos
que no cotizan a la seguridad social, los que cotizan al menos dos meses, cuatro meses y doce meses al
año. También se incluye la variación en puntos porcentuales (Pps) de cada categoría con respecto a 2017.
Tabla 1
Proporción de la Población Económicamente Activa (PEA) en Colombia y su Cotización a la Seguridad
Social (2017-2023)
Año
No
Cotiza
Al menos
2 meses
Al
menos 4
meses
12
meses
Var.pps [1]
no cotiza
Var. Pps Al
menos 2
meses
Var.Pps
al
menos 4
meses
Var.pps
12
meses
2017 52% 45% 40% 22% 0 0 0 0
2018 51% 46% 41% 23% -1 1 1 1
2019 49% 48% 43% 23% -3 3 3 1
2020 50% 47% 41% 23% -3 2 1 1
2021 46% 52% 46% 24% -6 7 6 2
2022 45% 53% 47% 25% -7 8 7 3
2023 44% 54% 48% 26% -8 9 8 7
1[1] Variación en Puntos Porcentuales
Fuente: elaboración propia datos tomados de (DANE, 2021a)
La evolución de la proporción de la Población Económicamente Activa (PEA) en Colombia que cotiza
a la seguridad social entre 2017 y 2023 revela cambios importantes en la formalización laboral y la
cobertura de la seguridad social. Se observa una disminución continua en el porcentaje de la población
pág. 12272
que no cotiza a la seguridad social, pasando del 52% en 2017 al 44% en 2023. Esta reducción de 8
puntos porcentuales puede indicar una mejora en la formalización laboral. No obstante, aún representa
una proporción significativa de la PEA, lo que sugiere que persiste una parte considerable de la
población trabajadora que no está cubierta por los sistemas de seguridad social.
El porcentaje de personas que cotizan al menos dos meses al año ha aumentado de 45% en 2017 a 54%
en 2023, lo que representa una variación positiva de 9 puntos porcentuales. Este incremento sugiere que
más trabajadores están obteniendo empleos con cierta regularidad de cotización. La mayor regularidad
en la cotización, aunque no continua durante todo el año, puede ser un indicio de una tendencia hacia
una mayor formalización y estabilidad laboral, permitiendo a más trabajadores acceder a algunos
beneficios de la seguridad social.
De manera similar, la proporción de aquellos que cotizan al menos cuatro meses al año ha subido de
40% en 2017 a 48% en 2023, con una variación de 8 puntos porcentuales. Este aumento refleja una
mayor estabilidad en los empleos que permiten la cotización a la seguridad social por periodos más
prolongados. La cotización por al menos cuatro meses puede implicar que los trabajadores tienen
empleos relativamente más estables que aquellos que cotizan solo dos meses, lo cual es una señal
positiva para la formalización laboral.
Los trabajadores que cotizan durante todo el año han mostrado un incremento más modesto, pasando
del 22% en 2017 al 26% en 2023. Aunque la variación es menor (4 puntos porcentuales), este
crecimiento es significativo porque implica una mayor cobertura de la seguridad social y mejores
condiciones laborales. La cotización durante todo el año sugiere que estos trabajadores tienen empleos
formales y estables que les permiten acceder plenamente a los beneficios de la seguridad social, lo que
es crucial para su bienestar y protección laboral.
Al analizar, los datos indican mejoras en la formalización del empleo y en la cobertura de la seguridad
social en Colombia entre 2017 y 2023. Se ha observado una disminución en el porcentaje de trabajadores
que no cotizan y un aumento en aquellos que cotizan al menos dos, cuatro y doce meses al año. Aunque
estos cambios son positivos, aún existe una proporción considerable de la PEA que no cotiza a la
seguridad social, lo que resalta la necesidad de continuar implementando políticas públicas efectivas
para fomentar la formalización laboral y proteger a los trabajadores informales. La mejora en la
que no cotiza a la seguridad social, pasando del 52% en 2017 al 44% en 2023. Esta reducción de 8
puntos porcentuales puede indicar una mejora en la formalización laboral. No obstante, aún representa
una proporción significativa de la PEA, lo que sugiere que persiste una parte considerable de la
población trabajadora que no está cubierta por los sistemas de seguridad social.
El porcentaje de personas que cotizan al menos dos meses al año ha aumentado de 45% en 2017 a 54%
en 2023, lo que representa una variación positiva de 9 puntos porcentuales. Este incremento sugiere que
más trabajadores están obteniendo empleos con cierta regularidad de cotización. La mayor regularidad
en la cotización, aunque no continua durante todo el año, puede ser un indicio de una tendencia hacia
una mayor formalización y estabilidad laboral, permitiendo a más trabajadores acceder a algunos
beneficios de la seguridad social.
De manera similar, la proporción de aquellos que cotizan al menos cuatro meses al año ha subido de
40% en 2017 a 48% en 2023, con una variación de 8 puntos porcentuales. Este aumento refleja una
mayor estabilidad en los empleos que permiten la cotización a la seguridad social por periodos más
prolongados. La cotización por al menos cuatro meses puede implicar que los trabajadores tienen
empleos relativamente más estables que aquellos que cotizan solo dos meses, lo cual es una señal
positiva para la formalización laboral.
Los trabajadores que cotizan durante todo el año han mostrado un incremento más modesto, pasando
del 22% en 2017 al 26% en 2023. Aunque la variación es menor (4 puntos porcentuales), este
crecimiento es significativo porque implica una mayor cobertura de la seguridad social y mejores
condiciones laborales. La cotización durante todo el año sugiere que estos trabajadores tienen empleos
formales y estables que les permiten acceder plenamente a los beneficios de la seguridad social, lo que
es crucial para su bienestar y protección laboral.
Al analizar, los datos indican mejoras en la formalización del empleo y en la cobertura de la seguridad
social en Colombia entre 2017 y 2023. Se ha observado una disminución en el porcentaje de trabajadores
que no cotizan y un aumento en aquellos que cotizan al menos dos, cuatro y doce meses al año. Aunque
estos cambios son positivos, aún existe una proporción considerable de la PEA que no cotiza a la
seguridad social, lo que resalta la necesidad de continuar implementando políticas públicas efectivas
para fomentar la formalización laboral y proteger a los trabajadores informales. La mejora en la
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regularidad y estabilidad de la cotización a la seguridad social es esencial para avanzar hacia un mercado
laboral más equitativo y protegido.
Sorprendentemente, la cifra más comúnmente citada en los medios como medida de formalidad laboral
se refiere a aquellos que cotizan al menos dos meses al año, la cual ha oscilado entre el 45% y el 54%
durante el período 2017-2023. Este enfoque puede llevar a una conclusión errónea de que la
informalidad laboral es "solo" del 46% en 2023, ignorando el hecho de que una gran parte de la
población no cotiza de manera continua ni está completamente cubierta por el sistema de seguridad
social. De hecho, métricas más rigurosas que consideran la continuidad de la cotización y la cobertura
completa indican que la informalidad laboral sigue siendo significativamente alta, superando el 70%
cuando se analizan las cifras de aquellos que no cotizan en absoluto o lo hacen de manera insuficiente.
Además, en la Constitución Política de Colombia, el trabajo se reconoce como un derecho y una
obligación social en el artículo 25, mientras que el artículo 49 garantiza a todos los ciudadanos el acceso
a servicios que promuevan, protejan y restauren la salud. Estos derechos son considerados
fundamentales para el bienestar integral de los individuos, abarcando aspectos físicos, psicológicos,
económicos y materiales. Estos mandatos constitucionales están respaldados por acuerdos con
organizaciones multilaterales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La ONU, en su Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, establece el derecho al trabajo
en su artículo 23, enfatizando la importancia de una remuneración justa y satisfactoria, así como la
libertad de elección de empleo. Además, la OIT ha definido el concepto de "trabajo decente" y establece
la responsabilidad de los Estados de promoverlo y asegurarlo.
Sin embargo, las consideraciones sobre el derecho al trabajo en Colombia se ven desafiadas por la
realidad de que el 49% de la población del país se encuentra en condiciones laborales de informalidad,
según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) del año 2019. La
informalidad laboral se entiende como actividades económicas realizadas por trabajadores y unidades
económicas que carecen de respaldo formal, según la definición de la OIT de 2015. Esto plantea
importantes desafíos para garantizar los derechos laborales y de salud de la población colombiana
(OIT;2019).
regularidad y estabilidad de la cotización a la seguridad social es esencial para avanzar hacia un mercado
laboral más equitativo y protegido.
Sorprendentemente, la cifra más comúnmente citada en los medios como medida de formalidad laboral
se refiere a aquellos que cotizan al menos dos meses al año, la cual ha oscilado entre el 45% y el 54%
durante el período 2017-2023. Este enfoque puede llevar a una conclusión errónea de que la
informalidad laboral es "solo" del 46% en 2023, ignorando el hecho de que una gran parte de la
población no cotiza de manera continua ni está completamente cubierta por el sistema de seguridad
social. De hecho, métricas más rigurosas que consideran la continuidad de la cotización y la cobertura
completa indican que la informalidad laboral sigue siendo significativamente alta, superando el 70%
cuando se analizan las cifras de aquellos que no cotizan en absoluto o lo hacen de manera insuficiente.
Además, en la Constitución Política de Colombia, el trabajo se reconoce como un derecho y una
obligación social en el artículo 25, mientras que el artículo 49 garantiza a todos los ciudadanos el acceso
a servicios que promuevan, protejan y restauren la salud. Estos derechos son considerados
fundamentales para el bienestar integral de los individuos, abarcando aspectos físicos, psicológicos,
económicos y materiales. Estos mandatos constitucionales están respaldados por acuerdos con
organizaciones multilaterales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La ONU, en su Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, establece el derecho al trabajo
en su artículo 23, enfatizando la importancia de una remuneración justa y satisfactoria, así como la
libertad de elección de empleo. Además, la OIT ha definido el concepto de "trabajo decente" y establece
la responsabilidad de los Estados de promoverlo y asegurarlo.
Sin embargo, las consideraciones sobre el derecho al trabajo en Colombia se ven desafiadas por la
realidad de que el 49% de la población del país se encuentra en condiciones laborales de informalidad,
según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) del año 2019. La
informalidad laboral se entiende como actividades económicas realizadas por trabajadores y unidades
económicas que carecen de respaldo formal, según la definición de la OIT de 2015. Esto plantea
importantes desafíos para garantizar los derechos laborales y de salud de la población colombiana
(OIT;2019).
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La alta tasa de informalidad laboral en Colombia plantea importantes desafíos para su sistema
económico y social. Esta situación no solo implica la carencia de derechos y garantías para los
trabajadores, sino que también tiene un impacto negativo en la estabilidad y el desarrollo sostenible del
país. La informalidad laboral se traduce en una menor recaudación de impuestos, lo que limita la
capacidad del Estado para invertir en infraestructura y servicios públicos de calidad.
Además, dificulta la implementación efectiva de políticas laborales y de seguridad social, lo que afecta
la equidad y el bienestar de toda la sociedad. Para abordar este desafío, es esencial promover estrategias
que fomenten la formalización laboral y creen un entorno favorable para un crecimiento económico
sostenible, asegurando así condiciones laborales dignas y derechos fundamentales para todos los
trabajadores en el país.
La informalidad laboral en Colombia, según datos del DANE en 2021, afecta directamente dos derechos
fundamentales: el derecho al trabajo decente, establecido por la OIT en 2001 y respaldado por acuerdos
del Estado colombiano, y el derecho a la salud, parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del
Milenio promovidos por el PNUD. Esta situación genera una realidad compleja en la que una parte
significativa de la población carece de condiciones laborales adecuadas y acceso a servicios de salud de
calidad. La informalidad no solo implica la falta de derechos laborales básicos, sino que también
dificulta el acceso a beneficios como seguridad social y pensiones, y limita las oportunidades de
crecimiento profesional y acceso a créditos. Esto contribuye a la perpetuación de la desigualdad y
vulnerabilidad económica. Es esencial implementar políticas que promuevan la formalización laboral y
garanticen el pleno ejercicio de estos derechos para todos los ciudadanos en Colombia.
Se identifican varias causas que explican la prevalencia del trabajo informal en Colombia, como
limitaciones en la capacitación de los individuos, necesidades económicas no satisfechas, dificultades
para acceder al empleo formal y una amplia gama de "oportunidades" en este ámbito laboral (Cuesta,
2021). Ante esta situación, la actuación del Estado colombiano ha sido ambivalente: por un lado, se
establecen disposiciones para facilitar la transición de la informalidad a la formalidad o al
emprendimiento; por otro lado, se pasan por alto medidas más enérgicas para promover este cambio de
situación laboral en la población afectada.
La alta tasa de informalidad laboral en Colombia plantea importantes desafíos para su sistema
económico y social. Esta situación no solo implica la carencia de derechos y garantías para los
trabajadores, sino que también tiene un impacto negativo en la estabilidad y el desarrollo sostenible del
país. La informalidad laboral se traduce en una menor recaudación de impuestos, lo que limita la
capacidad del Estado para invertir en infraestructura y servicios públicos de calidad.
Además, dificulta la implementación efectiva de políticas laborales y de seguridad social, lo que afecta
la equidad y el bienestar de toda la sociedad. Para abordar este desafío, es esencial promover estrategias
que fomenten la formalización laboral y creen un entorno favorable para un crecimiento económico
sostenible, asegurando así condiciones laborales dignas y derechos fundamentales para todos los
trabajadores en el país.
La informalidad laboral en Colombia, según datos del DANE en 2021, afecta directamente dos derechos
fundamentales: el derecho al trabajo decente, establecido por la OIT en 2001 y respaldado por acuerdos
del Estado colombiano, y el derecho a la salud, parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del
Milenio promovidos por el PNUD. Esta situación genera una realidad compleja en la que una parte
significativa de la población carece de condiciones laborales adecuadas y acceso a servicios de salud de
calidad. La informalidad no solo implica la falta de derechos laborales básicos, sino que también
dificulta el acceso a beneficios como seguridad social y pensiones, y limita las oportunidades de
crecimiento profesional y acceso a créditos. Esto contribuye a la perpetuación de la desigualdad y
vulnerabilidad económica. Es esencial implementar políticas que promuevan la formalización laboral y
garanticen el pleno ejercicio de estos derechos para todos los ciudadanos en Colombia.
Se identifican varias causas que explican la prevalencia del trabajo informal en Colombia, como
limitaciones en la capacitación de los individuos, necesidades económicas no satisfechas, dificultades
para acceder al empleo formal y una amplia gama de "oportunidades" en este ámbito laboral (Cuesta,
2021). Ante esta situación, la actuación del Estado colombiano ha sido ambivalente: por un lado, se
establecen disposiciones para facilitar la transición de la informalidad a la formalidad o al
emprendimiento; por otro lado, se pasan por alto medidas más enérgicas para promover este cambio de
situación laboral en la población afectada.
pág. 12275
Esta dualidad en la actuación estatal refleja la complejidad del fenómeno. Si bien el trabajo informal
puede ser una fuente de subsistencia para muchas personas con dificultades para acceder al mercado
laboral formal, también plantea desafíos en términos de derechos laborales, protección social y calidad
de vida. Por lo tanto, se necesitan políticas públicas integrales que fomenten la formalización laboral y
brinden apoyo y oportunidades para los trabajadores informales. Esto implica medidas económicas, así
como acciones para promover la capacitación, el emprendimiento y la innovación. De esta manera, se
puede avanzar hacia un mercado laboral más inclusivo y equitativo en Colombia.
La informalidad laboral en Colombia es un problema significativo que afecta a una parte importante de
la población, con repercusiones directas en el ejercicio de sus derechos económicos y en la calidad de
vida en general. La ambigüedad en la actuación del Estado y las diversas razones que impulsan la
preferencia por el trabajo informal destacan la necesidad de analizar detalladamente las condiciones
jurídicas en materia de derechos humanos y su efectiva garantía para establecer la formalidad laboral en
el país. Surge así la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la disparidad en las garantías de los
derechos laborales y conexos entre los trabajadores en la formalidad y aquellos en la informalidad
laboral, según la literatura disponible? Este interrogante busca explorar la efectividad de las
disposiciones legales y políticas públicas en la transición hacia un mercado laboral más formal y
equitativo, considerando la complejidad de este fenómeno y su impacto en el bienestar de los ciudadanos.
Sin embargo, la magnitud y las implicaciones de estas disparidades en términos de garantías laborales y
protección social aún no han sido exhaustivamente exploradas y documentadas en la literatura existente.
Por lo tanto, esta investigación busca llenar este vacío mediante un análisis detallado de la literatura
disponible sobre el tema, con el fin de comprender mejor las diferencias en las condiciones laborales y
sus efectos en el bienestar de los trabajadores, así como identificar posibles áreas de intervención y
mejora en las políticas públicas.
Además, esta investigación es relevante en el contexto actual de la pandemia de COVID-19, que ha
exacerbado las desigualdades laborales y sociales en todo el mundo, incluido Colombia. La crisis
sanitaria ha puesto de relieve la vulnerabilidad de los trabajadores informales y la importancia de
garantizar condiciones laborales dignas y protección social para todos los trabajadores,
independientemente de su situación laboral. Por lo tanto, esta investigación no solo contribuirá al
Esta dualidad en la actuación estatal refleja la complejidad del fenómeno. Si bien el trabajo informal
puede ser una fuente de subsistencia para muchas personas con dificultades para acceder al mercado
laboral formal, también plantea desafíos en términos de derechos laborales, protección social y calidad
de vida. Por lo tanto, se necesitan políticas públicas integrales que fomenten la formalización laboral y
brinden apoyo y oportunidades para los trabajadores informales. Esto implica medidas económicas, así
como acciones para promover la capacitación, el emprendimiento y la innovación. De esta manera, se
puede avanzar hacia un mercado laboral más inclusivo y equitativo en Colombia.
La informalidad laboral en Colombia es un problema significativo que afecta a una parte importante de
la población, con repercusiones directas en el ejercicio de sus derechos económicos y en la calidad de
vida en general. La ambigüedad en la actuación del Estado y las diversas razones que impulsan la
preferencia por el trabajo informal destacan la necesidad de analizar detalladamente las condiciones
jurídicas en materia de derechos humanos y su efectiva garantía para establecer la formalidad laboral en
el país. Surge así la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la disparidad en las garantías de los
derechos laborales y conexos entre los trabajadores en la formalidad y aquellos en la informalidad
laboral, según la literatura disponible? Este interrogante busca explorar la efectividad de las
disposiciones legales y políticas públicas en la transición hacia un mercado laboral más formal y
equitativo, considerando la complejidad de este fenómeno y su impacto en el bienestar de los ciudadanos.
Sin embargo, la magnitud y las implicaciones de estas disparidades en términos de garantías laborales y
protección social aún no han sido exhaustivamente exploradas y documentadas en la literatura existente.
Por lo tanto, esta investigación busca llenar este vacío mediante un análisis detallado de la literatura
disponible sobre el tema, con el fin de comprender mejor las diferencias en las condiciones laborales y
sus efectos en el bienestar de los trabajadores, así como identificar posibles áreas de intervención y
mejora en las políticas públicas.
Además, esta investigación es relevante en el contexto actual de la pandemia de COVID-19, que ha
exacerbado las desigualdades laborales y sociales en todo el mundo, incluido Colombia. La crisis
sanitaria ha puesto de relieve la vulnerabilidad de los trabajadores informales y la importancia de
garantizar condiciones laborales dignas y protección social para todos los trabajadores,
independientemente de su situación laboral. Por lo tanto, esta investigación no solo contribuirá al
pág. 12276
conocimiento académico sobre el tema, sino que también proporcionará información valiosa para la
formulación de políticas destinadas a abordar las disparidades en las garantías de los derechos laborales
y promover un mercado laboral más equitativo y sostenible en el país.
METODOLOGIA
La presente investigación se centra en evaluar la disparidad en las garantías de los derechos laborales y
conexos entre los trabajadores en la formalidad y aquellos en la informalidad laboral, a partir de la
literatura disponible. La pregunta de investigación formulada busca entender esta diferencia crucial:
¿Cuál es la disparidad en las garantías de los derechos laborales y conexos entre los trabajadores en la
formalidad y aquellos en la informalidad laboral, según la literatura disponible? El enfoque de la
investigación es interpretativo, utilizando un marco hermenéutico para profundizar en la comprensión
de las condiciones jurídicas y su implementación en ambos contextos laborales.
La hipótesis de investigación plantea que las condiciones jurídicas en materia de derechos humanos no
se garantizan de manera integral para establecer la formalidad laboral en el país (H1). A pesar de la
existencia de marcos legales específicos, se sostiene que la implementación y aplicación efectiva de
estos derechos se ve afectada por diversos obstáculos, incluyendo deficiencias en la regulación,
limitaciones en la capacidad de supervisión y cumplimiento por parte de las autoridades, así como la
presencia de prácticas informales arraigadas en determinados sectores económicos. Esta disparidad en
la garantía de derechos refleja una problemática estructural que requiere un análisis detallado para
proponer soluciones efectivas que promuevan la equidad y la protección laboral en Colombia.
El enfoque metodológico adoptado para llevar a cabo esta revisión sistemática es de naturaleza
cualitativa, centrado en la interpretación histórica de estudios pertinentes sobre las garantías de los
derechos laborales y conexos entre trabajadores en la formalidad y aquellos en la informalidad laboral,
publicados en los últimos años. Para alcanzar este objetivo, se aplicó el método de análisis documental,
respaldado por la técnica de revisión sistemática de literatura, en línea con los lineamientos establecidos
por la metodología PRISMA.
conocimiento académico sobre el tema, sino que también proporcionará información valiosa para la
formulación de políticas destinadas a abordar las disparidades en las garantías de los derechos laborales
y promover un mercado laboral más equitativo y sostenible en el país.
METODOLOGIA
La presente investigación se centra en evaluar la disparidad en las garantías de los derechos laborales y
conexos entre los trabajadores en la formalidad y aquellos en la informalidad laboral, a partir de la
literatura disponible. La pregunta de investigación formulada busca entender esta diferencia crucial:
¿Cuál es la disparidad en las garantías de los derechos laborales y conexos entre los trabajadores en la
formalidad y aquellos en la informalidad laboral, según la literatura disponible? El enfoque de la
investigación es interpretativo, utilizando un marco hermenéutico para profundizar en la comprensión
de las condiciones jurídicas y su implementación en ambos contextos laborales.
La hipótesis de investigación plantea que las condiciones jurídicas en materia de derechos humanos no
se garantizan de manera integral para establecer la formalidad laboral en el país (H1). A pesar de la
existencia de marcos legales específicos, se sostiene que la implementación y aplicación efectiva de
estos derechos se ve afectada por diversos obstáculos, incluyendo deficiencias en la regulación,
limitaciones en la capacidad de supervisión y cumplimiento por parte de las autoridades, así como la
presencia de prácticas informales arraigadas en determinados sectores económicos. Esta disparidad en
la garantía de derechos refleja una problemática estructural que requiere un análisis detallado para
proponer soluciones efectivas que promuevan la equidad y la protección laboral en Colombia.
El enfoque metodológico adoptado para llevar a cabo esta revisión sistemática es de naturaleza
cualitativa, centrado en la interpretación histórica de estudios pertinentes sobre las garantías de los
derechos laborales y conexos entre trabajadores en la formalidad y aquellos en la informalidad laboral,
publicados en los últimos años. Para alcanzar este objetivo, se aplicó el método de análisis documental,
respaldado por la técnica de revisión sistemática de literatura, en línea con los lineamientos establecidos
por la metodología PRISMA.
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RESULTADOS
Una vez concluida la fase de selección, se procedió a la síntesis de los resultados con el propósito de
comparar los diferentes estudios incorporados en el análisis sobre la disparidad en las garantías de los
derechos laborales entre trabajadores formales e informales. Este proceso se fundamentó en la
consideración de varios datos relevantes, que incluyeron autores, año de publicación, metodología
empleada, objetivos de cada estudio, resultados obtenidos y conclusiones. La información recopilada
facilitó un análisis comparativo completo y estructurado, brindando una visión general de los diversos
enfoques, hallazgos y conclusiones de los estudios seleccionados.
Esta etapa resultó crucial para identificar similitudes, diferencias y tendencias en la investigación
abordada, proporcionando así una base sólida para la interpretación y discusión de los resultados en el
marco de la investigación sobre la disparidad en las garantías laborales. De entre los numerosos artículos
revisados, se seleccionaron aquellos más pertinentes para abordar específicamente la temática planteada
en esta investigación. Esto proporciona una visión clara y precisa sobre la disparidad en las garantías de
los derechos laborales entre trabajadores formales e informales, enriqueciendo el entendimiento sobre
esta problemática y ofreciendo insights relevantes para futuras investigaciones y políticas laborales.
Al aplicar las ecuaciones de búsqueda diseñadas para explorar los derechos laborales, se logró recopilar
una amplia gama de estudios relevantes que abordan diversos aspectos de este tema crucial. Los
resultados obtenidos reflejan un panorama multifacético de la situación de los derechos laborales, tanto
en el contexto de los trabajadores formales como en el de aquellos en situación de informalidad. A través
de la revisión sistemática de la literatura, se pudo examinar en detalle las garantías y protecciones
ofrecidas a los trabajadores en ambos sectores, así como las disparidades existentes entre ellos. Además,
se identificaron patrones y tendencias emergentes que arrojan luz sobre los desafíos y oportunidades en
materia de derechos laborales en diferentes contextos geográficos y socioeconómicos. En este sentido,
los resultados de la búsqueda proporcionan una base sólida para analizar y comprender más a fondo la
complejidad de esta temática y sus implicaciones para el bienestar y la equidad laboral.
Exploración de Derechos Laborales
Autores como Todolí (2021), describen que el actual panorama laboral, está caracterizado por nuevas
formas de organización empresarial, por lo que es fundamental considerar un enfoque renovado respecto
RESULTADOS
Una vez concluida la fase de selección, se procedió a la síntesis de los resultados con el propósito de
comparar los diferentes estudios incorporados en el análisis sobre la disparidad en las garantías de los
derechos laborales entre trabajadores formales e informales. Este proceso se fundamentó en la
consideración de varios datos relevantes, que incluyeron autores, año de publicación, metodología
empleada, objetivos de cada estudio, resultados obtenidos y conclusiones. La información recopilada
facilitó un análisis comparativo completo y estructurado, brindando una visión general de los diversos
enfoques, hallazgos y conclusiones de los estudios seleccionados.
Esta etapa resultó crucial para identificar similitudes, diferencias y tendencias en la investigación
abordada, proporcionando así una base sólida para la interpretación y discusión de los resultados en el
marco de la investigación sobre la disparidad en las garantías laborales. De entre los numerosos artículos
revisados, se seleccionaron aquellos más pertinentes para abordar específicamente la temática planteada
en esta investigación. Esto proporciona una visión clara y precisa sobre la disparidad en las garantías de
los derechos laborales entre trabajadores formales e informales, enriqueciendo el entendimiento sobre
esta problemática y ofreciendo insights relevantes para futuras investigaciones y políticas laborales.
Al aplicar las ecuaciones de búsqueda diseñadas para explorar los derechos laborales, se logró recopilar
una amplia gama de estudios relevantes que abordan diversos aspectos de este tema crucial. Los
resultados obtenidos reflejan un panorama multifacético de la situación de los derechos laborales, tanto
en el contexto de los trabajadores formales como en el de aquellos en situación de informalidad. A través
de la revisión sistemática de la literatura, se pudo examinar en detalle las garantías y protecciones
ofrecidas a los trabajadores en ambos sectores, así como las disparidades existentes entre ellos. Además,
se identificaron patrones y tendencias emergentes que arrojan luz sobre los desafíos y oportunidades en
materia de derechos laborales en diferentes contextos geográficos y socioeconómicos. En este sentido,
los resultados de la búsqueda proporcionan una base sólida para analizar y comprender más a fondo la
complejidad de esta temática y sus implicaciones para el bienestar y la equidad laboral.
Exploración de Derechos Laborales
Autores como Todolí (2021), describen que el actual panorama laboral, está caracterizado por nuevas
formas de organización empresarial, por lo que es fundamental considerar un enfoque renovado respecto
pág. 12278
al concepto de trabajador. Se hace necesario adoptar una perspectiva menos restrictiva en la aplicación
de las normas laborales, que se adapte a las cambiantes dinámicas laborales. El modelo de regulación
laboral actual se centra en la idea de dependencia jurídica, donde la sumisión a las directrices y el control
por parte del empleador en la prestación de servicios son aspectos fundamentales del contrato laboral.
Este cambio de paradigma refleja la necesidad de actualizar y adecuar las normativas laborales a la
realidad del mercado laboral contemporáneo.
El surgimiento del Derecho del trabajo como una rama jurídica específica se relaciona con la
generalización del trabajo realizado bajo condiciones de dependencia y ajenidad, especialmente durante
la Revolución Industrial. Este proceso de desvinculación de otras ramas del derecho se debe a una serie
de factores históricos interrelacionados. En primer lugar, aspectos sociológicos, como las repercusiones
económicas de la Revolución Industrial, jugaron un papel crucial. Además, la insuficiente regulación
legal en ese momento fue un factor determinante. La respuesta de los trabajadores frente a la desigualdad
social y la falta de poder de negociación también contribuyó a este cambio. Por último, el
intervencionismo estatal tuvo un papel importante en la integración del conflicto social, llevando a la
separación y consolidación del Derecho del trabajo como una rama legal independiente. Estos factores
históricos convergieron para establecer las bases del Derecho del trabajo como disciplina jurídica
específica (Sala & López, 2001).
La modernización de las técnicas en el campo, junto con la liberalización del mercado laboral y la
desaparición de la servidumbre, provocaron un éxodo de la población rural hacia las ciudades para
satisfacer la creciente demanda de mano de obra en los nuevos centros de producción. Este fenómeno
coincidió con una notable disminución en la mortalidad a partir de 1750, lo que resultó en un aumento
demográfico global y una mayor demanda de bienes de consumo (Sala & López, 2001).
Por otro lado, la tecnificación de la industria y la producción en masa condujo a la separación entre el
capital y el trabajo. Durante la Edad Moderna, ya se observaba una desconexión entre el trabajo y la
comercialización de los productos, lo que reducía el poder de negociación del artesano. Con la
industrialización, esta disociación se intensificó, ya que los trabajadores no solo se alejaron del mercado,
sino también de los medios de producción necesarios para fabricar. En este proceso, los artesanos, antes
propietarios de sus talleres, vieron cómo estos ya no eran suficientes, ya que la tecnología, en forma de
al concepto de trabajador. Se hace necesario adoptar una perspectiva menos restrictiva en la aplicación
de las normas laborales, que se adapte a las cambiantes dinámicas laborales. El modelo de regulación
laboral actual se centra en la idea de dependencia jurídica, donde la sumisión a las directrices y el control
por parte del empleador en la prestación de servicios son aspectos fundamentales del contrato laboral.
Este cambio de paradigma refleja la necesidad de actualizar y adecuar las normativas laborales a la
realidad del mercado laboral contemporáneo.
El surgimiento del Derecho del trabajo como una rama jurídica específica se relaciona con la
generalización del trabajo realizado bajo condiciones de dependencia y ajenidad, especialmente durante
la Revolución Industrial. Este proceso de desvinculación de otras ramas del derecho se debe a una serie
de factores históricos interrelacionados. En primer lugar, aspectos sociológicos, como las repercusiones
económicas de la Revolución Industrial, jugaron un papel crucial. Además, la insuficiente regulación
legal en ese momento fue un factor determinante. La respuesta de los trabajadores frente a la desigualdad
social y la falta de poder de negociación también contribuyó a este cambio. Por último, el
intervencionismo estatal tuvo un papel importante en la integración del conflicto social, llevando a la
separación y consolidación del Derecho del trabajo como una rama legal independiente. Estos factores
históricos convergieron para establecer las bases del Derecho del trabajo como disciplina jurídica
específica (Sala & López, 2001).
La modernización de las técnicas en el campo, junto con la liberalización del mercado laboral y la
desaparición de la servidumbre, provocaron un éxodo de la población rural hacia las ciudades para
satisfacer la creciente demanda de mano de obra en los nuevos centros de producción. Este fenómeno
coincidió con una notable disminución en la mortalidad a partir de 1750, lo que resultó en un aumento
demográfico global y una mayor demanda de bienes de consumo (Sala & López, 2001).
Por otro lado, la tecnificación de la industria y la producción en masa condujo a la separación entre el
capital y el trabajo. Durante la Edad Moderna, ya se observaba una desconexión entre el trabajo y la
comercialización de los productos, lo que reducía el poder de negociación del artesano. Con la
industrialización, esta disociación se intensificó, ya que los trabajadores no solo se alejaron del mercado,
sino también de los medios de producción necesarios para fabricar. En este proceso, los artesanos, antes
propietarios de sus talleres, vieron cómo estos ya no eran suficientes, ya que la tecnología, en forma de
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maquinaria, se volvía indispensable para una producción eficiente. Además, la producción en masa
permitió economías de escala que redujeron los precios, lo que hizo inviable la producción eficiente en
pequeños talleres, destacando la necesidad de grandes infraestructuras para desarrollar dichas economías
de escala (Palomeque,1989).
La introducción de la tecnología en la industria y el uso de maquinaria productiva tuvieron como
consecuencia la fungibilidad de la mano de obra. Anteriormente, los artesanos requerían años de
aprendizaje para producir piezas y productos, pero con la llegada del obrero de fábrica, este proceso de
aprendizaje se aceleró significativamente. Esto resultó en una reducción del poder de negociación del
trabajador, ya que los trabajadores se volvieron fácilmente intercambiables (Stone,2004). La menor
necesidad de una formación costosa aumentó drásticamente el número de demandantes de empleo para
cada puesto disponible. Dado que los comerciantes asumían la función de contacto con los clientes, los
trabajadores quedaban "ocultos" para el consumidor final, mientras que los medios de producción
estaban en manos de los capitalistas. Además, como no se requería una formación específica para este
tipo de trabajo, los trabajadores carecían de poder de negociación para establecer o discutir las
condiciones laborales.
Además, la evolución del Derecho del Trabajo se divide en tres periodos distintivos. El primero abarca
desde sus inicios hasta la Segunda Guerra Mundial, durante el cual se establecieron sus fundamentos
como disciplina independiente. Luego, surge lo que se conoce como la edad de oro del Derecho del
Trabajo, caracterizada por la expansión de las protecciones individuales y colectivas, principalmente
impulsadas por la construcción del Estado del Bienestar y el fortalecimiento sindical. Sin embargo, este
período llega a su fin alrededor de los años 70, marcado por la crisis del petróleo, dando paso a un
declive del Derecho del Trabajo en medio del auge de políticas económicas neoclásicas y del
neoliberalismo político, que promueven la reducción del Estado de Bienestar (Todolí,2021).
La conexión entre el Derecho laboral y los Derechos Humanos se establece de manera directa a través
de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), la cual incorpora varios principios
fundamentales del Derecho del trabajo. Por ejemplo, el artículo 23 de esta Declaración garantiza el
derecho al trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias, a igual salario por trabajo igual, y a la
fundación de sindicatos. Asimismo, el artículo 24 asegura el derecho al descanso, al disfrute del tiempo
maquinaria, se volvía indispensable para una producción eficiente. Además, la producción en masa
permitió economías de escala que redujeron los precios, lo que hizo inviable la producción eficiente en
pequeños talleres, destacando la necesidad de grandes infraestructuras para desarrollar dichas economías
de escala (Palomeque,1989).
La introducción de la tecnología en la industria y el uso de maquinaria productiva tuvieron como
consecuencia la fungibilidad de la mano de obra. Anteriormente, los artesanos requerían años de
aprendizaje para producir piezas y productos, pero con la llegada del obrero de fábrica, este proceso de
aprendizaje se aceleró significativamente. Esto resultó en una reducción del poder de negociación del
trabajador, ya que los trabajadores se volvieron fácilmente intercambiables (Stone,2004). La menor
necesidad de una formación costosa aumentó drásticamente el número de demandantes de empleo para
cada puesto disponible. Dado que los comerciantes asumían la función de contacto con los clientes, los
trabajadores quedaban "ocultos" para el consumidor final, mientras que los medios de producción
estaban en manos de los capitalistas. Además, como no se requería una formación específica para este
tipo de trabajo, los trabajadores carecían de poder de negociación para establecer o discutir las
condiciones laborales.
Además, la evolución del Derecho del Trabajo se divide en tres periodos distintivos. El primero abarca
desde sus inicios hasta la Segunda Guerra Mundial, durante el cual se establecieron sus fundamentos
como disciplina independiente. Luego, surge lo que se conoce como la edad de oro del Derecho del
Trabajo, caracterizada por la expansión de las protecciones individuales y colectivas, principalmente
impulsadas por la construcción del Estado del Bienestar y el fortalecimiento sindical. Sin embargo, este
período llega a su fin alrededor de los años 70, marcado por la crisis del petróleo, dando paso a un
declive del Derecho del Trabajo en medio del auge de políticas económicas neoclásicas y del
neoliberalismo político, que promueven la reducción del Estado de Bienestar (Todolí,2021).
La conexión entre el Derecho laboral y los Derechos Humanos se establece de manera directa a través
de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), la cual incorpora varios principios
fundamentales del Derecho del trabajo. Por ejemplo, el artículo 23 de esta Declaración garantiza el
derecho al trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias, a igual salario por trabajo igual, y a la
fundación de sindicatos. Asimismo, el artículo 24 asegura el derecho al descanso, al disfrute del tiempo
pág. 12280
libre y a vacaciones pagadas. Estas disposiciones laborales se complementan con otras garantías de
Derechos Humanos, como la prohibición de la esclavitud, el derecho a la vida, la libertad y la seguridad,
la no discriminación, la libertad de expresión, el derecho de reunión y el acceso a la Seguridad Social.
En la Constitución Política de Colombia de 1991, se destaca el papel fundamental del trabajo como un
derecho y una obligación social, recibiendo una protección especial del Estado en todas sus formas.
Tanto el preámbulo como los artículos 25 y 53 de la Constitución enfatizan la importancia del trabajo
para el progreso del país y establecen los principios mínimos fundamentales del trabajo, incluyendo
igualdad de oportunidades, remuneración justa y estable, estabilidad laboral, irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos, protección especial a grupos vulnerables como mujeres y menores, entre otros
aspectos. Además, se menciona la seguridad social como un componente esencial para garantizar la
calidad de vida de las personas, establecida posteriormente por la Ley 100 de 1993. Este marco
constitucional refleja la respuesta de Colombia a los desafíos del sistema productivo global y la
implementación del estado social de derecho en el país, en línea con la globalización económica y el
neoliberalismo político (Castro,2020).
La Corte Constitucional de Colombia ha otorgado al trabajo una calidad especial como derecho
fundamental, destacando su papel como valor fundamental del Estado Social de Derecho y como
principio rector del ordenamiento jurídico. En sus pronunciamientos, la Corte ha señalado que el trabajo
orienta las políticas públicas y legislativas para garantizar condiciones dignas y justas en el ejercicio
laboral. Además, se reconoce al trabajo como un derecho y un deber social, con un núcleo de protección
subjetiva que lo califica como fundamental y con contenidos de desarrollo progresivo en el ámbito
económico y social. Esto se refleja en el artículo 25 de la Constitución, que establece la especial
protección del Estado al trabajo en todas sus modalidades.
En conclusión, al explorar los derechos laborales y su evolución histórica, queda claro que el panorama
laboral actual demanda un enfoque renovado y menos restrictivo respecto al concepto de trabajador. Las
nuevas formas de organización empresarial, junto con los avances tecnológicos, han transformado las
dinámicas laborales y han impactado significativamente en las relaciones laborales y en el poder de
negociación de los trabajadores. En este sentido, es fundamental actualizar y adecuar las normativas
laborales a la realidad del mercado contemporáneo para garantizar condiciones dignas y justas en el
libre y a vacaciones pagadas. Estas disposiciones laborales se complementan con otras garantías de
Derechos Humanos, como la prohibición de la esclavitud, el derecho a la vida, la libertad y la seguridad,
la no discriminación, la libertad de expresión, el derecho de reunión y el acceso a la Seguridad Social.
En la Constitución Política de Colombia de 1991, se destaca el papel fundamental del trabajo como un
derecho y una obligación social, recibiendo una protección especial del Estado en todas sus formas.
Tanto el preámbulo como los artículos 25 y 53 de la Constitución enfatizan la importancia del trabajo
para el progreso del país y establecen los principios mínimos fundamentales del trabajo, incluyendo
igualdad de oportunidades, remuneración justa y estable, estabilidad laboral, irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos, protección especial a grupos vulnerables como mujeres y menores, entre otros
aspectos. Además, se menciona la seguridad social como un componente esencial para garantizar la
calidad de vida de las personas, establecida posteriormente por la Ley 100 de 1993. Este marco
constitucional refleja la respuesta de Colombia a los desafíos del sistema productivo global y la
implementación del estado social de derecho en el país, en línea con la globalización económica y el
neoliberalismo político (Castro,2020).
La Corte Constitucional de Colombia ha otorgado al trabajo una calidad especial como derecho
fundamental, destacando su papel como valor fundamental del Estado Social de Derecho y como
principio rector del ordenamiento jurídico. En sus pronunciamientos, la Corte ha señalado que el trabajo
orienta las políticas públicas y legislativas para garantizar condiciones dignas y justas en el ejercicio
laboral. Además, se reconoce al trabajo como un derecho y un deber social, con un núcleo de protección
subjetiva que lo califica como fundamental y con contenidos de desarrollo progresivo en el ámbito
económico y social. Esto se refleja en el artículo 25 de la Constitución, que establece la especial
protección del Estado al trabajo en todas sus modalidades.
En conclusión, al explorar los derechos laborales y su evolución histórica, queda claro que el panorama
laboral actual demanda un enfoque renovado y menos restrictivo respecto al concepto de trabajador. Las
nuevas formas de organización empresarial, junto con los avances tecnológicos, han transformado las
dinámicas laborales y han impactado significativamente en las relaciones laborales y en el poder de
negociación de los trabajadores. En este sentido, es fundamental actualizar y adecuar las normativas
laborales a la realidad del mercado contemporáneo para garantizar condiciones dignas y justas en el
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ejercicio del trabajo. En el contexto colombiano, la Constitución de 1991 reconoce el trabajo como un
derecho y una obligación social, otorgándole una protección especial del Estado en todas sus formas.
Esta respuesta constitucional refleja la importancia y el valor que se le atribuye al trabajo en la sociedad
colombiana, así como la necesidad de promover condiciones laborales equitativas y justas para todos
los trabajadores.
Formalidad laboral
Según Hall (2010), la formalización es un proceso presente en muchas organizaciones, y es crucial
estudiar sus características, variables y su impacto en los individuos para comprender el funcionamiento
de estas entidades. La formalización incluye reglas y procedimientos diseñados para manejar las
contingencias organizativas, lo que implica establecer objetivos, organizar de manera clara y eficiente,
y especificar cada detalle de las tareas a realizar. Por otro lado, Hall (2010) afirma que entender y aplicar
el proceso de formalización laboral es esencial en las organizaciones. Desde la perspectiva de Pages
(2016), la formalidad laboral garantiza seguridad social para los trabajadores en aspectos como salud,
pensiones y otras contingencias, independientemente de las obligaciones de las empresas y los
trabajadores” (p. 8).
Salazar & Chacaltana (2018) señalan que la formalización empresarial no es un concepto neutral, sino
que refleja las perspectivas y decisiones de quienes lideran la empresa. Además, destacan que las reglas
y procedimientos diseñados para abordar las contingencias organizativas son parte integral de la
formalización. Estas incluyen establecer objetivos, organizar de manera racional y eficiente, especificar
tareas detalladamente, y planificar, organizar y controlar actividades. Estas ideas reflejan la percepción
y comprensión de la práctica organizacional por parte de la sociedad.
La OIT, en su informe del 2017, destaca la importancia de la formalización empresarial como un medio
para generar más y mejores empleos, reducir la pobreza y abordar la marginalización de diversos grupos
vulnerables en la economía informal. Estos grupos incluyen mujeres, jóvenes, migrantes, personas
mayores, pueblos indígenas y tribales, así como personas con VIH y discapacidades. Para los países, la
formalización de las micro, pequeñas y medianas empresas se vincula con la creación de un entorno
empresarial favorable, el crecimiento económico y la mejora de las condiciones laborales. En
ejercicio del trabajo. En el contexto colombiano, la Constitución de 1991 reconoce el trabajo como un
derecho y una obligación social, otorgándole una protección especial del Estado en todas sus formas.
Esta respuesta constitucional refleja la importancia y el valor que se le atribuye al trabajo en la sociedad
colombiana, así como la necesidad de promover condiciones laborales equitativas y justas para todos
los trabajadores.
Formalidad laboral
Según Hall (2010), la formalización es un proceso presente en muchas organizaciones, y es crucial
estudiar sus características, variables y su impacto en los individuos para comprender el funcionamiento
de estas entidades. La formalización incluye reglas y procedimientos diseñados para manejar las
contingencias organizativas, lo que implica establecer objetivos, organizar de manera clara y eficiente,
y especificar cada detalle de las tareas a realizar. Por otro lado, Hall (2010) afirma que entender y aplicar
el proceso de formalización laboral es esencial en las organizaciones. Desde la perspectiva de Pages
(2016), la formalidad laboral garantiza seguridad social para los trabajadores en aspectos como salud,
pensiones y otras contingencias, independientemente de las obligaciones de las empresas y los
trabajadores” (p. 8).
Salazar & Chacaltana (2018) señalan que la formalización empresarial no es un concepto neutral, sino
que refleja las perspectivas y decisiones de quienes lideran la empresa. Además, destacan que las reglas
y procedimientos diseñados para abordar las contingencias organizativas son parte integral de la
formalización. Estas incluyen establecer objetivos, organizar de manera racional y eficiente, especificar
tareas detalladamente, y planificar, organizar y controlar actividades. Estas ideas reflejan la percepción
y comprensión de la práctica organizacional por parte de la sociedad.
La OIT, en su informe del 2017, destaca la importancia de la formalización empresarial como un medio
para generar más y mejores empleos, reducir la pobreza y abordar la marginalización de diversos grupos
vulnerables en la economía informal. Estos grupos incluyen mujeres, jóvenes, migrantes, personas
mayores, pueblos indígenas y tribales, así como personas con VIH y discapacidades. Para los países, la
formalización de las micro, pequeñas y medianas empresas se vincula con la creación de un entorno
empresarial favorable, el crecimiento económico y la mejora de las condiciones laborales. En
pág. 12282
consecuencia, se ofrecen incentivos para alentar a los empresarios a iniciar el proceso de formalización
en distintas regiones (Dini & Stumpo, 2020).
Henríquez (2019) identifica factores directos que afectan negativamente los resultados del negocio y la
calidad de vida del empresario y su equipo. Estos incluyen el costo de cumplimiento de la formalización,
el tiempo asociado a ello, la exposición a la fiscalización y las multas. Estos costos pueden ser tanto
directos como de transacción, especialmente en empresas con precariedad administrativa y financiera.
Si el balance entre costos y beneficios es favorable, es probable que los empresarios opten por la
formalización. Henríquez (2019) ha agrupado estos factores en 4 categorías, que se describirán a
continuación:
Figura 1 Factores directos que afectan la formalización
Fuente: elaboración propia. Datos tomados de (Henríquez, 2019).
Durante los meses de noviembre de 2020 a enero de 2021, el DANE (2021) reveló que la proporción de
ocupados informales en 13 ciudades y áreas metropolitanas de Colombia fue del 48,2%, lo que
representa un aumento de 1,6 puntos porcentuales en comparación con el trimestre anterior. Para el total
de 23 ciudades y áreas metropolitanas, la informalidad alcanzó el 49,2%, con un incremento de 1,5
puntos porcentuales. Entre las ciudades con mayor informalidad se encuentran Cúcuta (72,5%), Santa
Marta (65,3%) y Sincelejo (64,8%), mientras que en Popayán la informalidad fue del 51,2%. Según
Altamirano et al., (2020), esta tendencia al alza de la informalidad se atribuye a la pandemia de COVID-
19, que ha generado incertidumbre y una rápida evolución de la situación, lo que hace que estos
escenarios estén en constante revisión.
consecuencia, se ofrecen incentivos para alentar a los empresarios a iniciar el proceso de formalización
en distintas regiones (Dini & Stumpo, 2020).
Henríquez (2019) identifica factores directos que afectan negativamente los resultados del negocio y la
calidad de vida del empresario y su equipo. Estos incluyen el costo de cumplimiento de la formalización,
el tiempo asociado a ello, la exposición a la fiscalización y las multas. Estos costos pueden ser tanto
directos como de transacción, especialmente en empresas con precariedad administrativa y financiera.
Si el balance entre costos y beneficios es favorable, es probable que los empresarios opten por la
formalización. Henríquez (2019) ha agrupado estos factores en 4 categorías, que se describirán a
continuación:
Figura 1 Factores directos que afectan la formalización
Fuente: elaboración propia. Datos tomados de (Henríquez, 2019).
Durante los meses de noviembre de 2020 a enero de 2021, el DANE (2021) reveló que la proporción de
ocupados informales en 13 ciudades y áreas metropolitanas de Colombia fue del 48,2%, lo que
representa un aumento de 1,6 puntos porcentuales en comparación con el trimestre anterior. Para el total
de 23 ciudades y áreas metropolitanas, la informalidad alcanzó el 49,2%, con un incremento de 1,5
puntos porcentuales. Entre las ciudades con mayor informalidad se encuentran Cúcuta (72,5%), Santa
Marta (65,3%) y Sincelejo (64,8%), mientras que en Popayán la informalidad fue del 51,2%. Según
Altamirano et al., (2020), esta tendencia al alza de la informalidad se atribuye a la pandemia de COVID-
19, que ha generado incertidumbre y una rápida evolución de la situación, lo que hace que estos
escenarios estén en constante revisión.
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En mayo de 2020, como respuesta a los desafíos económicos y sociales generados por la pandemia de
COVID-19, se implementó el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF). Este programa fue
diseñado para proporcionar financiamiento estatal y cubrir parte de las obligaciones laborales de los
empleadores. El apoyo otorgado a través del PAEF consiste en una suma fija de hasta el 40% de un
salario mínimo mensual legal vigente por cada empleado de la empresa que demuestre una relación
laboral formal y una disminución del 20% o más en sus ingresos debido a la emergencia por COVID-
19. Además, estos montos pueden aumentar hasta el 50% en casos específicos, como cuando la
trabajadora es mujer o si la empresa opera en sectores como el turismo, el hotelería, la gastronomía, o
en actividades artísticas, de entretenimiento y recreación (Baena,2022).
El Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) tiene como objetivo respaldar el empleo formal en
Colombia mediante un subsidio directo para el pago de nómina de los trabajadores dependientes. Este
subsidio equivale hasta el 40% del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV), con la
posibilidad de aumentar hasta el 50% en casos específicos, como cuando la trabajadora es mujer o la
empresa opera en sectores como el turismo, el hotelería, la gastronomía, o en actividades artísticas, de
entretenimiento y recreación. Los beneficiarios del programa pueden ser personas jurídicas, personas
naturales, consorcios, entidades sin ánimo de lucro, uniones temporales o patrimonios autónomos.
Para acceder al programa, tanto los empleados como los empleadores deben cumplir con ciertos
requisitos. Los empleados deben tener un ingreso básico de cotización de al menos 1 Salario Mínimo
Legal Mensual Vigente (SMLMV), su empleador debe haber cotizado sobre ellos durante todo el mes
en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), y no deben haber sido objeto de una
suspensión temporal del contrato de trabajo en el mes anterior a la postulación. Por otro lado, las
empresas deben haber sido constituidas antes del 1 de enero de 2020, tener un registro mercantil
renovado en 2019, demostrar una disminución del 20% o más en sus ingresos utilizando alguno de los
dos métodos de cálculo establecidos, pagar el salario correspondiente al mes anterior a los empleados
que recibirán el aporte, tener una cuenta bancaria activa, no tener una participación de la Nación o sus
entidades descentralizadas mayor al 50% de su capital, y tener al menos 3 empleados reportados en la
PILA para el periodo de cotización de febrero de 2020.
En mayo de 2020, como respuesta a los desafíos económicos y sociales generados por la pandemia de
COVID-19, se implementó el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF). Este programa fue
diseñado para proporcionar financiamiento estatal y cubrir parte de las obligaciones laborales de los
empleadores. El apoyo otorgado a través del PAEF consiste en una suma fija de hasta el 40% de un
salario mínimo mensual legal vigente por cada empleado de la empresa que demuestre una relación
laboral formal y una disminución del 20% o más en sus ingresos debido a la emergencia por COVID-
19. Además, estos montos pueden aumentar hasta el 50% en casos específicos, como cuando la
trabajadora es mujer o si la empresa opera en sectores como el turismo, el hotelería, la gastronomía, o
en actividades artísticas, de entretenimiento y recreación (Baena,2022).
El Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) tiene como objetivo respaldar el empleo formal en
Colombia mediante un subsidio directo para el pago de nómina de los trabajadores dependientes. Este
subsidio equivale hasta el 40% del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV), con la
posibilidad de aumentar hasta el 50% en casos específicos, como cuando la trabajadora es mujer o la
empresa opera en sectores como el turismo, el hotelería, la gastronomía, o en actividades artísticas, de
entretenimiento y recreación. Los beneficiarios del programa pueden ser personas jurídicas, personas
naturales, consorcios, entidades sin ánimo de lucro, uniones temporales o patrimonios autónomos.
Para acceder al programa, tanto los empleados como los empleadores deben cumplir con ciertos
requisitos. Los empleados deben tener un ingreso básico de cotización de al menos 1 Salario Mínimo
Legal Mensual Vigente (SMLMV), su empleador debe haber cotizado sobre ellos durante todo el mes
en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), y no deben haber sido objeto de una
suspensión temporal del contrato de trabajo en el mes anterior a la postulación. Por otro lado, las
empresas deben haber sido constituidas antes del 1 de enero de 2020, tener un registro mercantil
renovado en 2019, demostrar una disminución del 20% o más en sus ingresos utilizando alguno de los
dos métodos de cálculo establecidos, pagar el salario correspondiente al mes anterior a los empleados
que recibirán el aporte, tener una cuenta bancaria activa, no tener una participación de la Nación o sus
entidades descentralizadas mayor al 50% de su capital, y tener al menos 3 empleados reportados en la
PILA para el periodo de cotización de febrero de 2020.
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Informalidad laboral
La informalidad laboral es una característica arraigada en los países de América Latina y el Caribe.
Según la OIT (2018), en 2016, el 53,1% de los trabajadores de la región, lo que representa 130 millones
de personas, se encontraban en esta situación. Esta cifra sugiere que la informalidad podría empeorar
debido a los impactos de la pandemia de COVID-19. Este escenario pone en riesgo los avances logrados
en la formalización laboral en años recientes y el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible
(ODS) N⁰ 8 de la Agenda 2030.
La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la gravedad de la precariedad y falta de protección que
enfrentan los trabajadores informales. Estos individuos suelen carecer de acceso a créditos y rara vez se
benefician de medidas fiscales o programas de teletrabajo. Además, su acceso a servicios de salud es
limitado, ya que pocos países de la región disponen de sistemas universales en este ámbito de la
protección social. Asimismo, carecen de mecanismos para compensar la pérdida de ingresos debido a
enfermedad, desempleo o confinamiento.
Según datos del Departamento Nacional de Estadística (DANE) (2020) en Colombia, en el año 2019, la
tasa de empleo informal en las 23 ciudades principales y áreas metropolitanas alcanzó el 47.9%. En
cuanto a las 13 ciudades principales, esta cifra se situó en el 46.7%.
La literatura académica señala deficiencias en los enfoques teóricos existentes sobre la informalidad
laboral, ya que no cumplen completamente con los requisitos conceptuales y metodológicos necesarios
para su medición (Ferreira, 2014; Yusuff, 2011; Habib-Mintz, 2009). A pesar de estas limitaciones, se
han establecido tres criterios generales para cuantificar la informalidad laboral, siguiendo las directrices
de la OIT: el primero se refiere a los empleos que operan fuera del marco regulador del trabajo, el
segundo considera el tipo y tamaño de la unidad productiva, y el tercero analiza la categoría ocupacional
del trabajador (Hussmanns, 2004; Bernal, 2009). Estas mediciones se ajustan a uno o una combinación
de estos criterios y reflejan un interés creciente en explorar la calidad del empleo informal.
El DANE es la entidad responsable de calcular la informalidad laboral en Colombia. Según sus criterios,
se clasifica como trabajador informal a diversas categorías laborales, como empleados particulares y
obreros en empresas con hasta cinco personas, incluyendo al empleador; trabajadores familiares no
remunerados; trabajadores no remunerados en empresas de otros hogares; empleados domésticos;
Informalidad laboral
La informalidad laboral es una característica arraigada en los países de América Latina y el Caribe.
Según la OIT (2018), en 2016, el 53,1% de los trabajadores de la región, lo que representa 130 millones
de personas, se encontraban en esta situación. Esta cifra sugiere que la informalidad podría empeorar
debido a los impactos de la pandemia de COVID-19. Este escenario pone en riesgo los avances logrados
en la formalización laboral en años recientes y el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible
(ODS) N⁰ 8 de la Agenda 2030.
La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la gravedad de la precariedad y falta de protección que
enfrentan los trabajadores informales. Estos individuos suelen carecer de acceso a créditos y rara vez se
benefician de medidas fiscales o programas de teletrabajo. Además, su acceso a servicios de salud es
limitado, ya que pocos países de la región disponen de sistemas universales en este ámbito de la
protección social. Asimismo, carecen de mecanismos para compensar la pérdida de ingresos debido a
enfermedad, desempleo o confinamiento.
Según datos del Departamento Nacional de Estadística (DANE) (2020) en Colombia, en el año 2019, la
tasa de empleo informal en las 23 ciudades principales y áreas metropolitanas alcanzó el 47.9%. En
cuanto a las 13 ciudades principales, esta cifra se situó en el 46.7%.
La literatura académica señala deficiencias en los enfoques teóricos existentes sobre la informalidad
laboral, ya que no cumplen completamente con los requisitos conceptuales y metodológicos necesarios
para su medición (Ferreira, 2014; Yusuff, 2011; Habib-Mintz, 2009). A pesar de estas limitaciones, se
han establecido tres criterios generales para cuantificar la informalidad laboral, siguiendo las directrices
de la OIT: el primero se refiere a los empleos que operan fuera del marco regulador del trabajo, el
segundo considera el tipo y tamaño de la unidad productiva, y el tercero analiza la categoría ocupacional
del trabajador (Hussmanns, 2004; Bernal, 2009). Estas mediciones se ajustan a uno o una combinación
de estos criterios y reflejan un interés creciente en explorar la calidad del empleo informal.
El DANE es la entidad responsable de calcular la informalidad laboral en Colombia. Según sus criterios,
se clasifica como trabajador informal a diversas categorías laborales, como empleados particulares y
obreros en empresas con hasta cinco personas, incluyendo al empleador; trabajadores familiares no
remunerados; trabajadores no remunerados en empresas de otros hogares; empleados domésticos;
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jornaleros o peones; trabajadores por cuenta propia en negocios con hasta cinco personas (excepto
profesionales independientes); y empleadores en empresas con hasta cinco trabajadores (DANE, 2009).
Es importante destacar que la medición de la informalidad del DANE ha recibido críticas. Por ejemplo,
Ferreira (2014) argumenta que el DANE solo mide la proporción de empleo en el sector informal sin
considerar las características y calidad del empleo. Además, señala que existe heterogeneidad en el nivel
de precariedad laboral entre las categorías de trabajadores informales. Por otro lado, Guataquí et al.
(2010) sostienen que el tamaño de la empresa no es un indicador técnico preciso para detectar la
informalidad, ya que está más relacionado con la estructura productiva que con las características del
puesto de trabajo. La discusión sobre la definición y medición de la informalidad laboral se amplía en
el Manual estadístico sobre el sector informal y el empleo informal de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT, 2013).
Es relevante notar que la metodología utilizada por el DANE para medir la informalidad ha sido objeto
de críticas. Por ejemplo, Ferreira (2014) argumenta que el DANE se limita a calcular la proporción de
empleo en el sector informal sin considerar aspectos como las características y la calidad del empleo, lo
que no refleja la heterogeneidad en la precariedad laboral entre las distintas categorías de trabajadores
informales. Por otra parte, Guataquí et al. (2010) sostienen que el tamaño de la empresa no es un
indicador preciso para detectar la informalidad, ya que está más relacionado con la estructura productiva
que con las condiciones laborales. Además, la discusión sobre la definición y medición de la
informalidad laboral se amplía en el Manual estadístico sobre el sector informal y el empleo informal
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2013).
DISCUSION
En Colombia, se ha observado un fenómeno de desalarización o deslaboralización, impulsado por varias
condiciones que se analizarán en distintas categorías. Estas incluyen la flexibilización laboral, que ha
llevado a un aumento en el uso de contratos de prestación de servicios en lugar de contratos laborales
tradicionales. Además, las altas tasas de informalidad en el mercado laboral también han contribuido a
este fenómeno. La virtualización, resultado de avances tecnológicos significativos, también ha jugado
un papel importante en este proceso, especialmente a finales del siglo XX y durante el siglo XXI
(Fonseca, 2019).
jornaleros o peones; trabajadores por cuenta propia en negocios con hasta cinco personas (excepto
profesionales independientes); y empleadores en empresas con hasta cinco trabajadores (DANE, 2009).
Es importante destacar que la medición de la informalidad del DANE ha recibido críticas. Por ejemplo,
Ferreira (2014) argumenta que el DANE solo mide la proporción de empleo en el sector informal sin
considerar las características y calidad del empleo. Además, señala que existe heterogeneidad en el nivel
de precariedad laboral entre las categorías de trabajadores informales. Por otro lado, Guataquí et al.
(2010) sostienen que el tamaño de la empresa no es un indicador técnico preciso para detectar la
informalidad, ya que está más relacionado con la estructura productiva que con las características del
puesto de trabajo. La discusión sobre la definición y medición de la informalidad laboral se amplía en
el Manual estadístico sobre el sector informal y el empleo informal de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT, 2013).
Es relevante notar que la metodología utilizada por el DANE para medir la informalidad ha sido objeto
de críticas. Por ejemplo, Ferreira (2014) argumenta que el DANE se limita a calcular la proporción de
empleo en el sector informal sin considerar aspectos como las características y la calidad del empleo, lo
que no refleja la heterogeneidad en la precariedad laboral entre las distintas categorías de trabajadores
informales. Por otra parte, Guataquí et al. (2010) sostienen que el tamaño de la empresa no es un
indicador preciso para detectar la informalidad, ya que está más relacionado con la estructura productiva
que con las condiciones laborales. Además, la discusión sobre la definición y medición de la
informalidad laboral se amplía en el Manual estadístico sobre el sector informal y el empleo informal
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2013).
DISCUSION
En Colombia, se ha observado un fenómeno de desalarización o deslaboralización, impulsado por varias
condiciones que se analizarán en distintas categorías. Estas incluyen la flexibilización laboral, que ha
llevado a un aumento en el uso de contratos de prestación de servicios en lugar de contratos laborales
tradicionales. Además, las altas tasas de informalidad en el mercado laboral también han contribuido a
este fenómeno. La virtualización, resultado de avances tecnológicos significativos, también ha jugado
un papel importante en este proceso, especialmente a finales del siglo XX y durante el siglo XXI
(Fonseca, 2019).
pág. 12286
La flexibilización laboral y sus efectos han sido ampliamente estudiados por autores como Castel (2012),
Antunes (2005, 2007), De la Garza (2000) y Collin (2007), quienes han analizado las transformaciones
en el ámbito laboral desde el surgimiento del neoliberalismo a finales de los años setenta. Estos estudios
señalan que, aunque la mayoría de los trabajadores siguen siendo asalariados, ha habido una
diversificación en las formas de empleo y trabajo, con un aumento significativo en los niveles de
desempleo y precarización laboral. Este fenómeno de desalarización es relevante porque muestra cómo
los cambios en las políticas laborales, la estructura del mercado laboral y la tecnología están influyendo
en la forma en que las personas trabajan y son empleadas en Colombia. Además, puede tener
implicaciones importantes para la estabilidad laboral, los derechos de los trabajadores y la calidad del
empleo en el país.
En cuanto a la legislación laboral, la Ley 50 de 1990, promulgada durante el gobierno de César Gaviria
en Colombia, introdujo medidas para alinear la legislación laboral con las políticas económicas
neoliberales. Inicialmente, estas medidas buscaron flexibilizar las relaciones laborales para adaptarse a
las demandas del sistema económico. Sin embargo, esto llevó a la disminución de derechos laborales
fundamentales, como la estabilidad en el empleo y las indemnizaciones equitativas. La eliminación de
la estabilidad laboral para trabajadores con más de 10 años de servicio, promovida por esta ley, reflejó
un cambio hacia una mayor flexibilidad en la terminación de contratos, otorgando a los empleadores
más capacidad para ajustar sus fuerzas laborales según las necesidades del momento. Lo anterior se
valida con el estudio de Rodríguez (2021), que encontró que el aumento en los costos laborales condujo
a una mayor prevalencia de contratos temporales en lugar de contratos indefinidos, resultando en una
inestabilidad laboral a largo plazo para los trabajadores, incluidos aquellos con una larga trayectoria en
una empresa. Esta situación se debió al riesgo que enfrentaban las empresas de incurrir en costos
significativos al despedir a empleados con contratos de larga duración.
Otro aspecto crucial es la competitividad de la industria nacional, que se ha visto afectada por el alto
costo de la mano de obra en Colombia en comparación con otros países, tanto en América Latina como
en el resto del mundo. Esta situación se agrava por el hecho de que, en muchos casos, la productividad
en Colombia es inferior a la inversión realizada en la producción. Para abordar este problema, es
necesario considerar una variedad de variables más allá de los aspectos económicos y legales, como la
La flexibilización laboral y sus efectos han sido ampliamente estudiados por autores como Castel (2012),
Antunes (2005, 2007), De la Garza (2000) y Collin (2007), quienes han analizado las transformaciones
en el ámbito laboral desde el surgimiento del neoliberalismo a finales de los años setenta. Estos estudios
señalan que, aunque la mayoría de los trabajadores siguen siendo asalariados, ha habido una
diversificación en las formas de empleo y trabajo, con un aumento significativo en los niveles de
desempleo y precarización laboral. Este fenómeno de desalarización es relevante porque muestra cómo
los cambios en las políticas laborales, la estructura del mercado laboral y la tecnología están influyendo
en la forma en que las personas trabajan y son empleadas en Colombia. Además, puede tener
implicaciones importantes para la estabilidad laboral, los derechos de los trabajadores y la calidad del
empleo en el país.
En cuanto a la legislación laboral, la Ley 50 de 1990, promulgada durante el gobierno de César Gaviria
en Colombia, introdujo medidas para alinear la legislación laboral con las políticas económicas
neoliberales. Inicialmente, estas medidas buscaron flexibilizar las relaciones laborales para adaptarse a
las demandas del sistema económico. Sin embargo, esto llevó a la disminución de derechos laborales
fundamentales, como la estabilidad en el empleo y las indemnizaciones equitativas. La eliminación de
la estabilidad laboral para trabajadores con más de 10 años de servicio, promovida por esta ley, reflejó
un cambio hacia una mayor flexibilidad en la terminación de contratos, otorgando a los empleadores
más capacidad para ajustar sus fuerzas laborales según las necesidades del momento. Lo anterior se
valida con el estudio de Rodríguez (2021), que encontró que el aumento en los costos laborales condujo
a una mayor prevalencia de contratos temporales en lugar de contratos indefinidos, resultando en una
inestabilidad laboral a largo plazo para los trabajadores, incluidos aquellos con una larga trayectoria en
una empresa. Esta situación se debió al riesgo que enfrentaban las empresas de incurrir en costos
significativos al despedir a empleados con contratos de larga duración.
Otro aspecto crucial es la competitividad de la industria nacional, que se ha visto afectada por el alto
costo de la mano de obra en Colombia en comparación con otros países, tanto en América Latina como
en el resto del mundo. Esta situación se agrava por el hecho de que, en muchos casos, la productividad
en Colombia es inferior a la inversión realizada en la producción. Para abordar este problema, es
necesario considerar una variedad de variables más allá de los aspectos económicos y legales, como la
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capacitación del personal y la adopción de nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia en la cadena
productiva (Rodríguez, 2021).
El estudio de López (2021) ofrece una visión crítica del panorama laboral en Colombia, indicando que
este dista mucho de ser considerado como "decente". Según este estudio, realizado mediante la
evaluación de 39 indicadores estadísticos durante el periodo de 2010 a 2019, el concepto de trabajo
decente va más allá de simplemente contar con suficientes empleos de calidad. Se destaca la importancia
de considerar aspectos como el bienestar de las familias, la situación de los desempleados y jubilados,
la vida personal de la población y la igualdad de trato sin discriminación. Esto sugiere que la noción de
trabajo decente abarca no solo a los trabajadores ocupados, sino a toda la sociedad en su conjunto.
El panorama laboral en Colombia enfrenta diversos desafíos que lo alejan de ser considerado como
trabajo decente. Uno de los principales problemas es la alta informalidad laboral que caracteriza a la
economía del país. Esta informalidad se traduce en la falta de protección social, estabilidad en el empleo
y acceso a beneficios laborales básicos para muchos trabajadores. Además, la precarización laboral es
una realidad palpable, con empleos de baja calidad, salarios insuficientes y condiciones laborales
deficientes que afectan a una gran parte de la población activa. La discriminación y la desigualdad
también son factores que contribuyen a la falta de trabajo decente en Colombia. Las prácticas
discriminatorias, como la exclusión de ciertos grupos sociales o la desigualdad salarial, crean un entorno
laboral injusto y desigual que afecta negativamente a la población trabajadora. Asimismo, la falta de
protección social es un problema importante, ya que muchos trabajadores carecen de acceso a sistemas
de salud, pensiones y prestaciones laborales básicas que los protejan frente a situaciones de
vulnerabilidad.
Por último, el déficit en la calidad del empleo es un aspecto crucial que contribuye a la percepción de
que el trabajo en Colombia no es decente. Aunque existen oportunidades laborales, gran parte de estas
no cumplen con estándares mínimos de estabilidad, seguridad y remuneración justa. Esto crea un entorno
laboral inseguro y poco satisfactorio para los trabajadores, lo que dificulta el logro de una verdadera
equidad laboral en el país. Por tanto, la combinación de altos niveles de informalidad, precarización
laboral, discriminación, falta de protección social y déficit en la calidad del empleo hace que el panorama
laboral en Colombia esté lejos de ser considerado como trabajo decente. Abordar estos desafíos requiere
capacitación del personal y la adopción de nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia en la cadena
productiva (Rodríguez, 2021).
El estudio de López (2021) ofrece una visión crítica del panorama laboral en Colombia, indicando que
este dista mucho de ser considerado como "decente". Según este estudio, realizado mediante la
evaluación de 39 indicadores estadísticos durante el periodo de 2010 a 2019, el concepto de trabajo
decente va más allá de simplemente contar con suficientes empleos de calidad. Se destaca la importancia
de considerar aspectos como el bienestar de las familias, la situación de los desempleados y jubilados,
la vida personal de la población y la igualdad de trato sin discriminación. Esto sugiere que la noción de
trabajo decente abarca no solo a los trabajadores ocupados, sino a toda la sociedad en su conjunto.
El panorama laboral en Colombia enfrenta diversos desafíos que lo alejan de ser considerado como
trabajo decente. Uno de los principales problemas es la alta informalidad laboral que caracteriza a la
economía del país. Esta informalidad se traduce en la falta de protección social, estabilidad en el empleo
y acceso a beneficios laborales básicos para muchos trabajadores. Además, la precarización laboral es
una realidad palpable, con empleos de baja calidad, salarios insuficientes y condiciones laborales
deficientes que afectan a una gran parte de la población activa. La discriminación y la desigualdad
también son factores que contribuyen a la falta de trabajo decente en Colombia. Las prácticas
discriminatorias, como la exclusión de ciertos grupos sociales o la desigualdad salarial, crean un entorno
laboral injusto y desigual que afecta negativamente a la población trabajadora. Asimismo, la falta de
protección social es un problema importante, ya que muchos trabajadores carecen de acceso a sistemas
de salud, pensiones y prestaciones laborales básicas que los protejan frente a situaciones de
vulnerabilidad.
Por último, el déficit en la calidad del empleo es un aspecto crucial que contribuye a la percepción de
que el trabajo en Colombia no es decente. Aunque existen oportunidades laborales, gran parte de estas
no cumplen con estándares mínimos de estabilidad, seguridad y remuneración justa. Esto crea un entorno
laboral inseguro y poco satisfactorio para los trabajadores, lo que dificulta el logro de una verdadera
equidad laboral en el país. Por tanto, la combinación de altos niveles de informalidad, precarización
laboral, discriminación, falta de protección social y déficit en la calidad del empleo hace que el panorama
laboral en Colombia esté lejos de ser considerado como trabajo decente. Abordar estos desafíos requiere
pág. 12288
de políticas y acciones concretas que promuevan condiciones laborales dignas y equitativas para todos
los trabajadores del país.
CONCLUSIONES
A través del análisis de la literatura disponible sobre la disparidad en las garantías de los derechos
laborales entre trabajadores en la formalidad y aquellos en la informalidad laboral, se puede concluir
que existe una brecha significativa en la protección y acceso a derechos laborales entre estos dos grupos.
Los trabajadores en la informalidad laboral enfrentan una falta de protección social y seguridad laboral,
careciendo de acceso a beneficios como seguridad social, pensiones y prestaciones laborales, lo que los
deja en una situación de vulnerabilidad frente a eventos como enfermedades, accidentes o desempleo.
Por el contrario, los trabajadores formales suelen contar con una mayor cobertura en términos de
seguridad social y protección laboral, brindándoles una mayor estabilidad y bienestar.
Además, la informalidad laboral se asocia comúnmente con empleos precarios y condiciones laborales
deficientes, como salarios bajos, jornadas laborales extenuantes y falta de contratos formales, mientras
que los trabajadores formales disfrutan de mejores condiciones laborales, salarios más altos y contratos
regulados por la ley.
Por otro lado, la discriminación y la desigualdad también contribuyen a la disparidad en las garantías de
derechos laborales. Los trabajadores informales, en su mayoría pertenecientes a grupos marginados o
vulnerables, enfrentan discriminación y exclusiones adicionales en el acceso a derechos laborales
básicos. En contraste, los trabajadores formales tienen más probabilidades de recibir un trato igualitario
y justo en el lugar de trabajo.
En síntesis, la literatura disponible muestra claramente que existe una brecha significativa en las
garantías de derechos laborales entre los trabajadores en la formalidad y aquellos en la informalidad
laboral. Esta disparidad se manifiesta en términos de protección social, condiciones laborales, seguridad
en el empleo y acceso a oportunidades laborales. Abordar esta brecha requerirá políticas y acciones
específicas que promuevan la formalización del empleo, protejan los derechos laborales de todos los
trabajadores y reduzcan las desigualdades en el mercado laboral.
de políticas y acciones concretas que promuevan condiciones laborales dignas y equitativas para todos
los trabajadores del país.
CONCLUSIONES
A través del análisis de la literatura disponible sobre la disparidad en las garantías de los derechos
laborales entre trabajadores en la formalidad y aquellos en la informalidad laboral, se puede concluir
que existe una brecha significativa en la protección y acceso a derechos laborales entre estos dos grupos.
Los trabajadores en la informalidad laboral enfrentan una falta de protección social y seguridad laboral,
careciendo de acceso a beneficios como seguridad social, pensiones y prestaciones laborales, lo que los
deja en una situación de vulnerabilidad frente a eventos como enfermedades, accidentes o desempleo.
Por el contrario, los trabajadores formales suelen contar con una mayor cobertura en términos de
seguridad social y protección laboral, brindándoles una mayor estabilidad y bienestar.
Además, la informalidad laboral se asocia comúnmente con empleos precarios y condiciones laborales
deficientes, como salarios bajos, jornadas laborales extenuantes y falta de contratos formales, mientras
que los trabajadores formales disfrutan de mejores condiciones laborales, salarios más altos y contratos
regulados por la ley.
Por otro lado, la discriminación y la desigualdad también contribuyen a la disparidad en las garantías de
derechos laborales. Los trabajadores informales, en su mayoría pertenecientes a grupos marginados o
vulnerables, enfrentan discriminación y exclusiones adicionales en el acceso a derechos laborales
básicos. En contraste, los trabajadores formales tienen más probabilidades de recibir un trato igualitario
y justo en el lugar de trabajo.
En síntesis, la literatura disponible muestra claramente que existe una brecha significativa en las
garantías de derechos laborales entre los trabajadores en la formalidad y aquellos en la informalidad
laboral. Esta disparidad se manifiesta en términos de protección social, condiciones laborales, seguridad
en el empleo y acceso a oportunidades laborales. Abordar esta brecha requerirá políticas y acciones
específicas que promuevan la formalización del empleo, protejan los derechos laborales de todos los
trabajadores y reduzcan las desigualdades en el mercado laboral.
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preservación de empleos en Colombia ante el choque del COVID-19.
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