LA SOCIEDAD CIVIL Y EL CONTROL
PÚBLICO EN MÉXICO
EL CASO DEL SISTEMA NACIONAL
ANTICORRUPCIÓN
CIVIL SOCIETY AND PUBLIC CONTROL IN MEXICO:
THE CASE OF THE NATIONAL ANTI-CORRUPTION SYSTEM
Martín Cutberto Vera Martínez
Universidad Autónoma de Baja California, México
Alma Beatriz Navarro Cerda
Universidad Autónoma de Baja California, México
pág. 133
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i2.23041
La Sociedad Civil y el Control Público en México. El Caso del Sistema
Nacional Anticorrupción
Martín Cutberto Vera Martínez 1
martin.vera@uabc.edu.mx
https://orcid.org/0000-0002-3415-935
Universidad Autónoma de Baja California
México
Alma Beatriz Navarro Cerda
beatriznavarro@uabc.edu.mx
https://orcid.org/0000-0001-9774-6850
Universidad Autónoma de Baja California
México
RESUMEN
La corrupción se ha convertido en un verdadero flagelo para México. En consecuencia, tanto la clase
política como la sociedad civil han tomado conciencia y reaccionado, intentando diseñar un sistema de
control y rendición de cuentas para abordarlo. Así, el objetivo es dilucidar el rol que los actores no
gubernamentales como bloque han jugado en el establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción.
Ante la iniciativa de Peña Nieto de crear una Comisión Nacional contra la corrupción, estos se erigieron
en actores de veto a la misma, Posteriormente, se transformaron en un grupo de interés que pretendía
modificar el statu quo, por medio de la propuesta técnica de crear un sistema a través de un ente
coordinador. Se concluye que México es un interesante caso de estudio, en el cual la autorreflexión de
la sociedad ha generado que las políticas públicas intenten trascender al Estado. No obstante, la
perdurabilidad de esta modalidad resulta incierta
Palabras Clave: autorreflexión, gobernanza, actores de veto, grupos de interés
1 Autor principal.
Correspondencia: martin.vera@uabc.edu.mx
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i2.23041
La Sociedad Civil y el Control Público en México. El Caso del Sistema
Nacional Anticorrupción
Martín Cutberto Vera Martínez 1
martin.vera@uabc.edu.mx
https://orcid.org/0000-0002-3415-935
Universidad Autónoma de Baja California
México
Alma Beatriz Navarro Cerda
beatriznavarro@uabc.edu.mx
https://orcid.org/0000-0001-9774-6850
Universidad Autónoma de Baja California
México
RESUMEN
La corrupción se ha convertido en un verdadero flagelo para México. En consecuencia, tanto la clase
política como la sociedad civil han tomado conciencia y reaccionado, intentando diseñar un sistema de
control y rendición de cuentas para abordarlo. Así, el objetivo es dilucidar el rol que los actores no
gubernamentales como bloque han jugado en el establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción.
Ante la iniciativa de Peña Nieto de crear una Comisión Nacional contra la corrupción, estos se erigieron
en actores de veto a la misma, Posteriormente, se transformaron en un grupo de interés que pretendía
modificar el statu quo, por medio de la propuesta técnica de crear un sistema a través de un ente
coordinador. Se concluye que México es un interesante caso de estudio, en el cual la autorreflexión de
la sociedad ha generado que las políticas públicas intenten trascender al Estado. No obstante, la
perdurabilidad de esta modalidad resulta incierta
Palabras Clave: autorreflexión, gobernanza, actores de veto, grupos de interés
1 Autor principal.
Correspondencia: martin.vera@uabc.edu.mx
pág. 134
Civil Society and Public Control in Mexico:
The Case of the National Anti-Corruption System
ABSTRACT
Corruption has become a true scourge for Mexico. Consequently, both the political class and civil
society have become aware of and reacted to the problem in question by trying to design a control and
accountability system to address it. Thus, the objective is to elucidate the role that non-governmental
actors as a block have played in the establishment of the National Anti-Corruption System. Faced with
Peña Nieto's initiative to create a National Commission against corruption, these players became veto
actors. Subsequently, they became an interest group that sought to modify the current status quo through
the proposal technique of creating a system through a coordinating entity. It is concluded that Mexico
is an interesting case study in which society's self-reflection has generated public policies that try to
transcend the State. However, the durability of this modality is uncertain
Keywords: self-reflection, governance, veto actors, interest groups
Artículo recibido 20 enero 2026
Aceptado para publicación: 26 marzo 2026
Civil Society and Public Control in Mexico:
The Case of the National Anti-Corruption System
ABSTRACT
Corruption has become a true scourge for Mexico. Consequently, both the political class and civil
society have become aware of and reacted to the problem in question by trying to design a control and
accountability system to address it. Thus, the objective is to elucidate the role that non-governmental
actors as a block have played in the establishment of the National Anti-Corruption System. Faced with
Peña Nieto's initiative to create a National Commission against corruption, these players became veto
actors. Subsequently, they became an interest group that sought to modify the current status quo through
the proposal technique of creating a system through a coordinating entity. It is concluded that Mexico
is an interesting case study in which society's self-reflection has generated public policies that try to
transcend the State. However, the durability of this modality is uncertain
Keywords: self-reflection, governance, veto actors, interest groups
Artículo recibido 20 enero 2026
Aceptado para publicación: 26 marzo 2026
pág. 135
INTRODUCCIÓN
Con el correr de las décadas, la corrupción se ha convertido en un verdadero flagelo para México, puesto
que se trata de una problemática compleja y multicausal, al punto de convertirse en una prioridad para
la ciudadanía. Por sus características, la corrupción genera un fuerte impacto negativo en la credibilidad
de la democracia y las instituciones, así como en el devenir de las políticas públicas. En consecuencia,
tanto la clase política como la sociedad civil han tomado conciencia y reaccionado ante el problema en
cuestión, intentando diseñar un sistema de control y rendición de cuentas para abordarlo. Este debate se
recreó en la segunda década del siglo XXI, como consecuencia de la demanda de la sociedad ante los
graves hechos de corrupción acontecidos en esos años, así como de las pésimas posiciones ocupadas
por el país en los respectivos índices de percepción de transparencia internacionales (donde por ejemplo
ha oscilado entre las posiciones 124 y 130 entre 180 países de acuerdo con Transparencia Internacional).
En ese marco, la reacción política se produjo, primero, a través de una tenue iniciativa de la
administración Calderón, pero luego decididamente por parte de Enrique Peña Nieto al intentar
constituir por medio de una ley, un nuevo ente público, la Comisión Nacional contra la Corrupción.
Este nuevo organismo, empoderado, sería el encargado de iniciar investigaciones para identificar a los
funcionarios públicos corruptos.
A los fines de esta investigación, lo interesante resulta que lo que se vislumbraba como una formalidad
o un mero trámite parlamentario, pronto se transformó en un debate público vibrante a causa de la
intromisión de una multiplicidad de actores de la sociedad civil, los cuales se opusieron a la creación
de dicha Comisión por considerarla insuficiente para abordar la problemática. Simultáneamente,
reconociendo la necesidad de un cambio, propusieron mejoras a la propuesta promoviendo una nueva
ley. Así, estos nuevos actores funcionaron primero como actores de veto de la propuesta de Peña Nieto
y luego como grupos de interés y usina de ideas para una mejor propuesta, complementando el rol de
los partidos políticos. De ese modo, se fue moldeando una nueva forma de gobernanza en la materia.
En ese contexto, este trabajo tiene como objetivo general, rastrear experiencias reales de cómo la
sociedad civil (ONG, privados y actores interesados) han influido en crear sistemas de control público
y rendición de cuentas más robustos en México.
INTRODUCCIÓN
Con el correr de las décadas, la corrupción se ha convertido en un verdadero flagelo para México, puesto
que se trata de una problemática compleja y multicausal, al punto de convertirse en una prioridad para
la ciudadanía. Por sus características, la corrupción genera un fuerte impacto negativo en la credibilidad
de la democracia y las instituciones, así como en el devenir de las políticas públicas. En consecuencia,
tanto la clase política como la sociedad civil han tomado conciencia y reaccionado ante el problema en
cuestión, intentando diseñar un sistema de control y rendición de cuentas para abordarlo. Este debate se
recreó en la segunda década del siglo XXI, como consecuencia de la demanda de la sociedad ante los
graves hechos de corrupción acontecidos en esos años, así como de las pésimas posiciones ocupadas
por el país en los respectivos índices de percepción de transparencia internacionales (donde por ejemplo
ha oscilado entre las posiciones 124 y 130 entre 180 países de acuerdo con Transparencia Internacional).
En ese marco, la reacción política se produjo, primero, a través de una tenue iniciativa de la
administración Calderón, pero luego decididamente por parte de Enrique Peña Nieto al intentar
constituir por medio de una ley, un nuevo ente público, la Comisión Nacional contra la Corrupción.
Este nuevo organismo, empoderado, sería el encargado de iniciar investigaciones para identificar a los
funcionarios públicos corruptos.
A los fines de esta investigación, lo interesante resulta que lo que se vislumbraba como una formalidad
o un mero trámite parlamentario, pronto se transformó en un debate público vibrante a causa de la
intromisión de una multiplicidad de actores de la sociedad civil, los cuales se opusieron a la creación
de dicha Comisión por considerarla insuficiente para abordar la problemática. Simultáneamente,
reconociendo la necesidad de un cambio, propusieron mejoras a la propuesta promoviendo una nueva
ley. Así, estos nuevos actores funcionaron primero como actores de veto de la propuesta de Peña Nieto
y luego como grupos de interés y usina de ideas para una mejor propuesta, complementando el rol de
los partidos políticos. De ese modo, se fue moldeando una nueva forma de gobernanza en la materia.
En ese contexto, este trabajo tiene como objetivo general, rastrear experiencias reales de cómo la
sociedad civil (ONG, privados y actores interesados) han influido en crear sistemas de control público
y rendición de cuentas más robustos en México.
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Y de modo específico, su finalidad es dilucidar el rol que estos actores como bloque han jugado en el
establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción. En otras palabras, se pretende responder a la
siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál ha sido el rol de los actores de la sociedad civil en la
creación del Sistema Nacional Anticorrupción?
Metodológicamente, se trata de un estudio de carácter cualitativo que pretende describir y explicar ese
proceso. Además, como se mencionó, se trata de un estudio de caso, el cual pretende obtener
conocimiento concreto y en profundidad sobre un acontecimiento (o proceso) específico. Por otra parte,
la investigación se lleva adelante con base en revisión documental, fundamentalmente expresada en la
consulta de fuentes secundarias. En ese sentido, se trabaja principalmente recopilando artículos de
revistas científicas en su mayoría obtenidas en renombrados buscadores académicos. Por último, se
recurre tanto a estadísticas oficiales como a sitios web pertinentes.
MARCO TEÓRICO
Como punto de partida, Medellín (1997, p.6) considera que la política pública se plantea como la
expresión concreta de las formas institucionalizadas que rigen la interacción gubernativa entre la
sociedad y el Estado y es en esa interacción (armónica o conflictiva) de lo colectivo con lo estatal es
donde se constituye lo público. La relación Estado-sociedad y la autonomía relativa del Estado con
respecto a la sociedad y los mercados, se ve concretizada en la propia autonomía de las políticas
públicas, es decir, a nivel de la “función gubernativa” (Medellín, 1997, p.12).
Ante la insuficiencia de la acción gubernamental, la reflexión (o autorreflexión) de la sociedad se ha
vuelto una necesidad que ha ido ganando espacio ante la complejidad del mundo actual. En el plano
teórico, académicos como Beck, Giddens y Lash (2001) habían hecho tiempo atrás referencia al término
modernidad reflexiva. De acuerdo con Beck (1992), la modernidad reflexiva se caracteriza por ser una
sociedad con un creciente poder y autonomía de los actores sociales. La sociedad del riesgo era reflexiva
y en la medida en que reconocía estos riesgos y su imprevisibilidad, reformulaba las prácticas sociales
pudiendo alterar el carácter de una sociedad. En esa dirección, reflexionando sobre riesgos y peligros,
podría lograrse la pretendida sostenibilidad del sistema y su rediseño. En ese marco, una profunda
reflexión de la sociedad en su conjunto sobre la problemática de la corrupción en México radica en la
extrema desconfianza de la ciudadanía en el accionar del Estado y sus representantes.
Y de modo específico, su finalidad es dilucidar el rol que estos actores como bloque han jugado en el
establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción. En otras palabras, se pretende responder a la
siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál ha sido el rol de los actores de la sociedad civil en la
creación del Sistema Nacional Anticorrupción?
Metodológicamente, se trata de un estudio de carácter cualitativo que pretende describir y explicar ese
proceso. Además, como se mencionó, se trata de un estudio de caso, el cual pretende obtener
conocimiento concreto y en profundidad sobre un acontecimiento (o proceso) específico. Por otra parte,
la investigación se lleva adelante con base en revisión documental, fundamentalmente expresada en la
consulta de fuentes secundarias. En ese sentido, se trabaja principalmente recopilando artículos de
revistas científicas en su mayoría obtenidas en renombrados buscadores académicos. Por último, se
recurre tanto a estadísticas oficiales como a sitios web pertinentes.
MARCO TEÓRICO
Como punto de partida, Medellín (1997, p.6) considera que la política pública se plantea como la
expresión concreta de las formas institucionalizadas que rigen la interacción gubernativa entre la
sociedad y el Estado y es en esa interacción (armónica o conflictiva) de lo colectivo con lo estatal es
donde se constituye lo público. La relación Estado-sociedad y la autonomía relativa del Estado con
respecto a la sociedad y los mercados, se ve concretizada en la propia autonomía de las políticas
públicas, es decir, a nivel de la “función gubernativa” (Medellín, 1997, p.12).
Ante la insuficiencia de la acción gubernamental, la reflexión (o autorreflexión) de la sociedad se ha
vuelto una necesidad que ha ido ganando espacio ante la complejidad del mundo actual. En el plano
teórico, académicos como Beck, Giddens y Lash (2001) habían hecho tiempo atrás referencia al término
modernidad reflexiva. De acuerdo con Beck (1992), la modernidad reflexiva se caracteriza por ser una
sociedad con un creciente poder y autonomía de los actores sociales. La sociedad del riesgo era reflexiva
y en la medida en que reconocía estos riesgos y su imprevisibilidad, reformulaba las prácticas sociales
pudiendo alterar el carácter de una sociedad. En esa dirección, reflexionando sobre riesgos y peligros,
podría lograrse la pretendida sostenibilidad del sistema y su rediseño. En ese marco, una profunda
reflexión de la sociedad en su conjunto sobre la problemática de la corrupción en México radica en la
extrema desconfianza de la ciudadanía en el accionar del Estado y sus representantes.
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La causa más directa, aunque no la única, la constituye el exceso en las funciones de los gobernantes o
de las autoridades electas. Desde otro enfoque, la cosa pública es percibida por la población como un
aparato colonizado por intereses particulares que capturan sectores de este, corrompiéndolo. Por
ejemplo, algunos gobiernos incorporan en sus filas a empresarios, gerentes corporativos y directivos de
compañías, lo que genera múltiples situaciones de conflictos de interés, captura institucional y deterioro
de la autonomía (Castellani, 2018). Por último, un planteo similar considera que la captura se produce
por la situación de la corrupción política y pública a merced de las mafias (Olvera, 2017).
Por todo esto, la reflexión política y social se ha enfocado en robustecer y sistematizar la rendición
pública de cuentas, puesto que se considera que la misma es inherente a la democracia. Tal herramienta
presiona para que su ejercicio se efectúe bajo la lógica de pesos y contrapesos. Los mismos son erigidos
con la idea de que el poder funcione con eficacia.
En su esencia, el sentido de rendir cuentas involucra dos aspectos. Por una parte, la obligación de los
funcionarios públicos de informar, brindar explicaciones y justificar sus actos administrativos o de
gobierno. Mientras que, por otro lado, se encuentra la capacidad de que sean sancionados o apercibidos
en caso incumplimiento.
Internamente, surgió así una primera línea del control democrático conformada por la rendición de
cuentas la cual “implica que el gobierno debe someterse a una multiplicidad de controles a fin de
asegurar el manejo responsable de los asuntos públicos” (Peruzzotti, 2007, p.2). En esos años, la palabra
clave para la rendición de cuentas en la teoría política era Accountability, vale decir, responsabilidad
y/o control. Un académico que ha trabajado estos temas en profundidad en Latinoamérica ha sido
Guillermo O’Donnell (1997 y 2002) al distinguir, entre otros aspectos, el accountability vertical del
accountability horizontal. El primero hace referencia al control que realiza el pueblo a través de
elecciones periódicas o por medio de las urnas a través del sufragio. Por su parte, el accountability
horizontal, opera en base a una red de poderes relativamente autónomos plasmados en instituciones que
pueden examinar y cuestionar, y de ser necesario sancionar actos irregulares que fueron llevados
adelante durante el desempeño de la función pública (O’Donnell, 1997).
A pesar de la intromisión de la sociedad civil en las políticas públicas de transparencia, control y
rendición de cuentas, continúan primando mayormente las diferentes burocracias públicas.
La causa más directa, aunque no la única, la constituye el exceso en las funciones de los gobernantes o
de las autoridades electas. Desde otro enfoque, la cosa pública es percibida por la población como un
aparato colonizado por intereses particulares que capturan sectores de este, corrompiéndolo. Por
ejemplo, algunos gobiernos incorporan en sus filas a empresarios, gerentes corporativos y directivos de
compañías, lo que genera múltiples situaciones de conflictos de interés, captura institucional y deterioro
de la autonomía (Castellani, 2018). Por último, un planteo similar considera que la captura se produce
por la situación de la corrupción política y pública a merced de las mafias (Olvera, 2017).
Por todo esto, la reflexión política y social se ha enfocado en robustecer y sistematizar la rendición
pública de cuentas, puesto que se considera que la misma es inherente a la democracia. Tal herramienta
presiona para que su ejercicio se efectúe bajo la lógica de pesos y contrapesos. Los mismos son erigidos
con la idea de que el poder funcione con eficacia.
En su esencia, el sentido de rendir cuentas involucra dos aspectos. Por una parte, la obligación de los
funcionarios públicos de informar, brindar explicaciones y justificar sus actos administrativos o de
gobierno. Mientras que, por otro lado, se encuentra la capacidad de que sean sancionados o apercibidos
en caso incumplimiento.
Internamente, surgió así una primera línea del control democrático conformada por la rendición de
cuentas la cual “implica que el gobierno debe someterse a una multiplicidad de controles a fin de
asegurar el manejo responsable de los asuntos públicos” (Peruzzotti, 2007, p.2). En esos años, la palabra
clave para la rendición de cuentas en la teoría política era Accountability, vale decir, responsabilidad
y/o control. Un académico que ha trabajado estos temas en profundidad en Latinoamérica ha sido
Guillermo O’Donnell (1997 y 2002) al distinguir, entre otros aspectos, el accountability vertical del
accountability horizontal. El primero hace referencia al control que realiza el pueblo a través de
elecciones periódicas o por medio de las urnas a través del sufragio. Por su parte, el accountability
horizontal, opera en base a una red de poderes relativamente autónomos plasmados en instituciones que
pueden examinar y cuestionar, y de ser necesario sancionar actos irregulares que fueron llevados
adelante durante el desempeño de la función pública (O’Donnell, 1997).
A pesar de la intromisión de la sociedad civil en las políticas públicas de transparencia, control y
rendición de cuentas, continúan primando mayormente las diferentes burocracias públicas.
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Es así como una primera causa para este estudio consiste en rastrear y acentuar los elementos teóricos
que dan cuenta de la participación de actores no gubernamentales pertenecientes a la sociedad civil,
destacando su creciente injerencia en el mundo real, complementando a los gubernamentales.
En esa dirección, un primer enfoque es el accountability social producto de una mayor conciencia cívica
de la ciudadanía. Se trata de un tipo especial de accountability vertical que trasciende ampliamente las
elecciones. Para Smulovitz y Peruzzotti (2000) la accountability societal es un mecanismo no electoral,
pero vertical, de control de autoridades políticas, que descansa en las acciones de un múltiple conjunto
de asociaciones y de movimientos de ciudadanos, para exponer errores gubernamentales, traer nuevas
cuestiones a la agenda pública o activar el funcionamiento de agencias horizontales de accountability
(Peruzzotti, 2007, p.14).
Por consiguiente, es en este contexto de transparencia y nuevas formas de control social que irrumpen
el gobierno abierto y los datos abiertos, los cuales permiten complementar y ampliar el seguimiento.
“El gobierno abierto persigue fortalecer las relaciones entre las administraciones públicas y la
ciudadanía a través del fomento de la transparencia pública, la participación y la colaboración
ciudadanas” (Cerillo 2016, p.2). La característica distintiva del gobierno abierto es el uso intensivo de
la tecnología. El resultado es la publicación de lo que se conoce como datos abiertos. La apertura de
datos genera una evolución o progreso, puesto que permite la reutilización de la información brindada
por el sector público. En esa dirección, una última evolución ha sido el paso del gobierno abierto hacia
el Estado abierto, extendiendo el ámbito de apertura de datos a todo el andamiaje público (Oszlak,
2017). Sin embargo, se percibe que la participación de los diversos actores de la sociedad civil
(privados, ONG, medios de comunicación, individuos) excede al mero control, procurando influir y
moldear algunas de las decisiones en interés del bien público (ya no solo en beneficio propio, como se
indicó anteriormente). No se trata de algo nuevo, ya que los antecedentes de tal idea se remontan a
Alexis de Tocqueville (2007), quien percibió en la vitalidad de las asociaciones locales de la sociedad
norteamericana del siglo XIX, un elemento esencial para la salud de las democracias.
En la teoría, la influencia de los grupos de la sociedad civil en las políticas públicas, puede presentarse
en dos direcciones: por un lado, para mantener el statu quo, o bien, por el otro, a fin de promover el
cambio de políticas.
Es así como una primera causa para este estudio consiste en rastrear y acentuar los elementos teóricos
que dan cuenta de la participación de actores no gubernamentales pertenecientes a la sociedad civil,
destacando su creciente injerencia en el mundo real, complementando a los gubernamentales.
En esa dirección, un primer enfoque es el accountability social producto de una mayor conciencia cívica
de la ciudadanía. Se trata de un tipo especial de accountability vertical que trasciende ampliamente las
elecciones. Para Smulovitz y Peruzzotti (2000) la accountability societal es un mecanismo no electoral,
pero vertical, de control de autoridades políticas, que descansa en las acciones de un múltiple conjunto
de asociaciones y de movimientos de ciudadanos, para exponer errores gubernamentales, traer nuevas
cuestiones a la agenda pública o activar el funcionamiento de agencias horizontales de accountability
(Peruzzotti, 2007, p.14).
Por consiguiente, es en este contexto de transparencia y nuevas formas de control social que irrumpen
el gobierno abierto y los datos abiertos, los cuales permiten complementar y ampliar el seguimiento.
“El gobierno abierto persigue fortalecer las relaciones entre las administraciones públicas y la
ciudadanía a través del fomento de la transparencia pública, la participación y la colaboración
ciudadanas” (Cerillo 2016, p.2). La característica distintiva del gobierno abierto es el uso intensivo de
la tecnología. El resultado es la publicación de lo que se conoce como datos abiertos. La apertura de
datos genera una evolución o progreso, puesto que permite la reutilización de la información brindada
por el sector público. En esa dirección, una última evolución ha sido el paso del gobierno abierto hacia
el Estado abierto, extendiendo el ámbito de apertura de datos a todo el andamiaje público (Oszlak,
2017). Sin embargo, se percibe que la participación de los diversos actores de la sociedad civil
(privados, ONG, medios de comunicación, individuos) excede al mero control, procurando influir y
moldear algunas de las decisiones en interés del bien público (ya no solo en beneficio propio, como se
indicó anteriormente). No se trata de algo nuevo, ya que los antecedentes de tal idea se remontan a
Alexis de Tocqueville (2007), quien percibió en la vitalidad de las asociaciones locales de la sociedad
norteamericana del siglo XIX, un elemento esencial para la salud de las democracias.
En la teoría, la influencia de los grupos de la sociedad civil en las políticas públicas, puede presentarse
en dos direcciones: por un lado, para mantener el statu quo, o bien, por el otro, a fin de promover el
cambio de políticas.
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En líneas generales, aquellos que pugnan por mantener el orden imperante se les denomina aquí actores
de veto, mientras que los que trabajan por modificarlo son los grupos de interés o lobbies.
De un lado, se encuentran los actores de veto que se caracterizan por evitar el cambio de políticas, vale
decir, desean mantener el statu quo Tsebelis (2002). De acuerdo con este autor, los jugadores con poder
de veto son actores individuales o colectivos cuyo consenso es necesario para un cambio del statu quo.
Acto seguido, Tsebelis (2002) complementa su modelo teórico con diversos conceptos. El primero de
ellos es el conjunto ganador del statu quo. Dicho conjunto está determinado como todo el set de políticas
que puede derrotar –dadas las preferencias de los jugadores con veto– a la política corriente. El segundo
es el núcleo o Conjunto de Pareto que representa el área de políticas, o conjunto de políticas, que no
pueden ser derrotadas por ningún otro punto fuera de dicha área.
Por ende, las posibilidades de modificar o no la política corriente dependen de cuál de los jugadores
puede fijar la agenda política (agenda setter). El jugador con veto que logra fijar la agenda posee una
ventaja significativa en acercar la política efectivamente aplicada a su punto óptimo preferido. En la
práctica, tanto en América Latina en general y en México en particular, los jugadores informales (tales
como sindicatos, burocracias, movimientos sociales, organizaciones religiosas, cámaras empresarias y
ONG) disponen con frecuencia de la capacidad de imponer temas de agenda o bien de rechazar cambios
de política que no se encuentren entre sus preferencias (Tsebelis y Alemán, 2007).
Por otro lado, se encuentran los grupos de interé,s los cuales en la mayoría de los casos concentran sus
esfuerzos por cambiar las políticas públicas imperantes (Baumgartner et al., 2009). Son asociaciones o
grupos de personas que comparten un mismo interés y desarrollan actividades destinadas a representar
y defender ese interés particular (Truman, 1951). En el caso de los grupos de interés, el solo hecho de
poder imponer incentivos y/o sanciones facilita su actuar de manera unitaria (Olson, 1992).
Por cuanto a las acciones que llevan adelante, los grupos de interés pueden actuar tanto por fuera como
por dentro del ámbito institucional. Fuera de los canales formales generan movilizaciones, protestas,
marchas o campañas en medios de comunicación. En la segunda modalidad, operan incluyendo
prácticas de lobby, informes en sesiones parlamentarias, campañas de presión a políticos concretos y/o
conferencias de prensa (Kitschelt, 1999).
En líneas generales, aquellos que pugnan por mantener el orden imperante se les denomina aquí actores
de veto, mientras que los que trabajan por modificarlo son los grupos de interés o lobbies.
De un lado, se encuentran los actores de veto que se caracterizan por evitar el cambio de políticas, vale
decir, desean mantener el statu quo Tsebelis (2002). De acuerdo con este autor, los jugadores con poder
de veto son actores individuales o colectivos cuyo consenso es necesario para un cambio del statu quo.
Acto seguido, Tsebelis (2002) complementa su modelo teórico con diversos conceptos. El primero de
ellos es el conjunto ganador del statu quo. Dicho conjunto está determinado como todo el set de políticas
que puede derrotar –dadas las preferencias de los jugadores con veto– a la política corriente. El segundo
es el núcleo o Conjunto de Pareto que representa el área de políticas, o conjunto de políticas, que no
pueden ser derrotadas por ningún otro punto fuera de dicha área.
Por ende, las posibilidades de modificar o no la política corriente dependen de cuál de los jugadores
puede fijar la agenda política (agenda setter). El jugador con veto que logra fijar la agenda posee una
ventaja significativa en acercar la política efectivamente aplicada a su punto óptimo preferido. En la
práctica, tanto en América Latina en general y en México en particular, los jugadores informales (tales
como sindicatos, burocracias, movimientos sociales, organizaciones religiosas, cámaras empresarias y
ONG) disponen con frecuencia de la capacidad de imponer temas de agenda o bien de rechazar cambios
de política que no se encuentren entre sus preferencias (Tsebelis y Alemán, 2007).
Por otro lado, se encuentran los grupos de interé,s los cuales en la mayoría de los casos concentran sus
esfuerzos por cambiar las políticas públicas imperantes (Baumgartner et al., 2009). Son asociaciones o
grupos de personas que comparten un mismo interés y desarrollan actividades destinadas a representar
y defender ese interés particular (Truman, 1951). En el caso de los grupos de interés, el solo hecho de
poder imponer incentivos y/o sanciones facilita su actuar de manera unitaria (Olson, 1992).
Por cuanto a las acciones que llevan adelante, los grupos de interés pueden actuar tanto por fuera como
por dentro del ámbito institucional. Fuera de los canales formales generan movilizaciones, protestas,
marchas o campañas en medios de comunicación. En la segunda modalidad, operan incluyendo
prácticas de lobby, informes en sesiones parlamentarias, campañas de presión a políticos concretos y/o
conferencias de prensa (Kitschelt, 1999).
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Este andamiaje teórico deja en evidencia que cada vez más, los procesos de decisión pública se vuelven
progresivamente permeables a la influencia tanto de actores nacionales e internacionales, públicos y
privados, así como gubernamentales y no gubernamentales. En este nuevo, complejo y cambiante
entorno, caracterizado por múltiples actores, se erige el concepto de gobernanza, en donde el Estado se
ve imposibilitado de incidir en solitario en los problemas de la sociedad. Así, la gobernanza surge como
un nuevo estilo de manejar el gobierno, distinto del modelo de control jerárquico, caracterizado por un
mayor grado de cooperación entre gobiernos, administraciones públicas y actores no gubernamentales
en el diseño de las políticas públicas. Por medio de este proceso de elaboración de las políticas, basado
en la colaboración, el consenso y la participación de distintos actores, los resultados y rendimientos se
optimizan, garantizando una mejor gobernabilidad. Los autores que trabajan la gobernanza centran el
debate en las transformaciones de las funciones administrativas del Estado, presentándola como un
nuevo modo de gestionar los asuntos públicos, el cual se opone tanto al modelo jerárquico como al de
mercado (Marsh, 2008). Desde esta última perspectiva, la introducción de las redes es una forma de
reconocer que las políticas públicas surgen de la interacción entre actores públicos y privados, sin ser
el Estado el actor dominante en los procesos decisionales (Klijn & Kelcher, 2007). Con este recorrido,
se plantea que, ante la transformación de las políticas públicas tradicionales, México esbozó una suerte
de autorreflexión social como forma de afrontar el flagelo de la corrupción. El resultado de ese proceso
fue una suerte de gobernanza a partir de escuchar la voz de numerosos jugadores de la sociedad civil y
del mercado, en interacción con los actores gubernamentales. Para ello se procuró institucionalizar
determinados canales fundamentalmente formales (y en menor medida informales) para diseñar las
políticas que afrontasen la problemática.
La sociedad autorreflexiva: Antecedentes en la sociedad civil
Ante la evolución de algunas problemáticas comunes a todos, la sociedad autorreflexiva implicaba que
determinados debates públicos ya no debían ser solo un asunto de la clase dirigente, sino que la sociedad
en su conjunto y más aún sectores específicos o interesados debían involucrarse. Este era el caso del
combate a la corrupción pública. Si bien en México el período que precedió al Sistema Nacional
Anticorrupción fue el epicentro de la autorreflexión política en esa materia, existieron en el pasado
episodios aislados que merecen ser mencionados. Un primer suceso fue que académicos, periodistas y
Este andamiaje teórico deja en evidencia que cada vez más, los procesos de decisión pública se vuelven
progresivamente permeables a la influencia tanto de actores nacionales e internacionales, públicos y
privados, así como gubernamentales y no gubernamentales. En este nuevo, complejo y cambiante
entorno, caracterizado por múltiples actores, se erige el concepto de gobernanza, en donde el Estado se
ve imposibilitado de incidir en solitario en los problemas de la sociedad. Así, la gobernanza surge como
un nuevo estilo de manejar el gobierno, distinto del modelo de control jerárquico, caracterizado por un
mayor grado de cooperación entre gobiernos, administraciones públicas y actores no gubernamentales
en el diseño de las políticas públicas. Por medio de este proceso de elaboración de las políticas, basado
en la colaboración, el consenso y la participación de distintos actores, los resultados y rendimientos se
optimizan, garantizando una mejor gobernabilidad. Los autores que trabajan la gobernanza centran el
debate en las transformaciones de las funciones administrativas del Estado, presentándola como un
nuevo modo de gestionar los asuntos públicos, el cual se opone tanto al modelo jerárquico como al de
mercado (Marsh, 2008). Desde esta última perspectiva, la introducción de las redes es una forma de
reconocer que las políticas públicas surgen de la interacción entre actores públicos y privados, sin ser
el Estado el actor dominante en los procesos decisionales (Klijn & Kelcher, 2007). Con este recorrido,
se plantea que, ante la transformación de las políticas públicas tradicionales, México esbozó una suerte
de autorreflexión social como forma de afrontar el flagelo de la corrupción. El resultado de ese proceso
fue una suerte de gobernanza a partir de escuchar la voz de numerosos jugadores de la sociedad civil y
del mercado, en interacción con los actores gubernamentales. Para ello se procuró institucionalizar
determinados canales fundamentalmente formales (y en menor medida informales) para diseñar las
políticas que afrontasen la problemática.
La sociedad autorreflexiva: Antecedentes en la sociedad civil
Ante la evolución de algunas problemáticas comunes a todos, la sociedad autorreflexiva implicaba que
determinados debates públicos ya no debían ser solo un asunto de la clase dirigente, sino que la sociedad
en su conjunto y más aún sectores específicos o interesados debían involucrarse. Este era el caso del
combate a la corrupción pública. Si bien en México el período que precedió al Sistema Nacional
Anticorrupción fue el epicentro de la autorreflexión política en esa materia, existieron en el pasado
episodios aislados que merecen ser mencionados. Un primer suceso fue que académicos, periodistas y