VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y VIOLENCIA DE
GÉNERO EN EL MARCO DE LA LEGISLACIÓN
PERUANA: ANÁLISIS CONCEPTUAL, NORMATIVO
Y DESAFÍOS EN SU APLICACIÓN
VIOLENCE AGAINST WOMEN AND GENDER-BASED
VIOLENCE WITHIN PERUVIAN LEGISLATION:
CONCEPTUAL, NORMATIVE, AND IMPLEMENTATION
CHALLENGES ANALYSIS
Wilson Alexy Vásquez Ramírez
Investigador Independiente - Perú
pág. 3414
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i2.23377
Violencia Contra la Mujer y Violencia de Género en el Marco de la
Legislación Peruana: Análisis Conceptual, Normativo y Desafíos en su
Aplicación
Wilson Alexy Vásquez Ramírez1
wilsonvasra@gmail.com
https://orcid.org/0009-0001-1252-6371
Investigador Independiente
Perú
RESUMEN
La violencia contra la mujer y la violencia de género representan problemáticas estructurales que afectan
de manera significativa los derechos humanos y el desarrollo social en América Latina, con especial
incidencia en el contexto peruano. El estudio tiene como propósito examinar las diferencias
conceptuales y normativas entre ambas categorías dentro del marco jurídico del Perú, así como analizar
sus implicaciones en la formulación de políticas públicas y en la actuación del sistema de justicia. Se
adopta un enfoque cualitativo de carácter jurídico-doctrinal, basado en el análisis de la Ley N.º 30364,
instrumentos internacionales y literatura académica especializada. Los hallazgos evidencian que, pese a
los avances normativos, persisten ambigüedades conceptuales que inciden en la interpretación jurídica
y en la aplicación práctica de la normativa. Asimismo, se identifican limitaciones en la capacidad
operativa de las instituciones y en la implementación efectiva de medidas de protección. Se concluye
que es necesario fortalecer la coherencia conceptual, mejorar la formación de los operadores del sistema
y consolidar políticas públicas integrales orientadas a abordar las causas estructurales de la violencia.
Palabras clave: violencia contra la mujer, legislación peruana, Ley N.º 30364, derechos humanos,
políticas públicas
1
Autor principal
Correspondencia: wilsonvasra@gmail.com
pág. 3415
Violence against Women and Gender-Based Violence within Peruvian
Legislation: Conceptual, Normative, and Implementation Challenges
Analysis
ABSTRACT
Violence against women and gender-based violence constitute structural issues that significantly affect
human rights and social development in Latin America, particularly in the Peruvian context. This study
aims to examine the conceptual and normative differences between both categories within the Peruvian
legal framework, as well as to analyze their implications for public policy formulation and the
functioning of the justice system. A qualitative doctrinal-legal approach is employed, based on the
analysis of Law No. 30364, international instruments, and specialized academic literature. The findings
indicate that, despite relevant normative progress, conceptual ambiguities persist, affecting legal
interpretation and practical implementation. Additionally, operational limitations within institutions and
challenges in the effective enforcement of protection measures are identified. It is concluded that
strengthening conceptual coherence, improving the training of justice system actors, and promoting
comprehensive public policies aimed at addressing the structural causes of violence are necessary.
Keywords: Violence against women, gender-based violence, Peruvian legislation, Law No. 30364,
human rights
Artículo recibido 15 febrero 2026
Aceptado para publicación: 22 marzo 2026
pág. 3416
INTRODUCCIÓN
La violencia contra la mujer y la violencia de género constituyen fenómenos sociales complejos cuya
persistencia refleja estructuras históricas de desigualdad y relaciones de poder asimétricas que atraviesan
distintos niveles de organización social. En el contexto latinoamericano, estas manifestaciones no solo
afectan el ejercicio pleno de los derechos humanos, sino que también inciden de manera directa en el
desarrollo social y en la consolidación de sistemas democráticos inclusivos (World Health Organization,
2021; Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 2022).
En el caso peruano, la problemática adquiere especial relevancia debido a la magnitud de los indicadores
de violencia registrados en los últimos años, los cuales evidencian la continuidad de patrones
estructurales que limitan la efectividad de las políticas públicas implementadas (Instituto Nacional de
Estadística e Informática, 2023). Esta situación pone de manifiesto la necesidad de examinar no solo la
dimensión normativa del fenómeno, sino también sus fundamentos conceptuales y su traducción en la
práctica institucional.
Desde el plano teórico, la distinción entre violencia contra la mujer y violencia de género ha generado
un debate sostenido en el ámbito jurídico y en los estudios de género. Mientras que la primera categoría
ha sido desarrollada principalmente en instrumentos internacionales como una forma específica de
violencia basada en el sexo femenino (CEDAW, 1979; Comité CEDAW, 1992), la segunda incorpora
una perspectiva más amplia que permite analizar la violencia como resultado de construcciones sociales
y culturales vinculadas al género, incluyendo diversas identidades y relaciones de poder (Butler, 2004;
Scott, 1986; Lagarde, 2005).
En el ámbito regional, la consolidación de marcos normativos orientados a la protección de los derechos
de las mujeres ha estado fuertemente influenciada por instrumentos internacionales como la Convención
de Belém do Pará (1994), la cual estableció obligaciones específicas para los Estados en materia de
prevención, sanción y erradicación de la violencia. Este desarrollo ha servido como base para la
configuración de legislaciones nacionales que incorporan enfoques progresivos de protección integral
(MESECVI, 2018; CIDH, 2019).
En el Perú, la promulgación de la Ley N.º 30364 representa un hito en la institucionalización de políticas
públicas orientadas a enfrentar la violencia contra las mujeres. Dicha normativa introduce un enfoque
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integral que reconoce diversas formas de violencia y establece mecanismos de prevención, atención y
sanción. Sin embargo, diversos estudios han señalado que la implementación de esta ley enfrenta
limitaciones relacionadas con la articulación interinstitucional, la disponibilidad de recursos y la
capacitación de los operadores del sistema (Defensoría del Pueblo, 2021; Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, 2022; García & Valdivia, 2020; PNUD, 2021).
Un aspecto particularmente relevante en el análisis del caso peruano es la coexistencia de diferentes
marcos conceptuales dentro del discurso jurídico y de políticas públicas. Mientras que la normativa se
centra en la protección de las mujeres como grupo específico, el enfoque de género permite una
comprensión más amplia de las dinámicas estructurales que generan y reproducen la violencia. Esta
dualidad puede derivar en interpretaciones dispares y en dificultades para la aplicación uniforme de la
normativa (Heise, 1998; Connell, 2012; Segato, 2016; Facio, 2009).
Desde una perspectiva empírica, la persistencia de altos niveles de violencia evidencia que los avances
normativos no se traducen necesariamente en resultados efectivos. Factores como la dependencia
económica, la naturalización de la violencia y las limitaciones en el acceso a servicios de atención
continúan operando como barreras estructurales (Ellsberg & Heise, 2005; ONU Mujeres, 2020).
En términos de política pública, el Estado peruano ha desarrollado instrumentos alineados con
compromisos internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente el ODS 5.
No obstante, la efectividad de estas estrategias depende de su implementación, monitoreo y
sostenibilidad en el tiempo, así como de la asignación adecuada de recursos (Naciones Unidas, 2015;
Buvinic et al., 2013; Morrison et al., 2007).
Asimismo, el análisis comparado permite identificar experiencias relevantes en otros países de la región
y en Europa, donde se han desarrollado sistemas más integrados de atención y mecanismos
especializados de respuesta institucional. Estas referencias evidencian la importancia de adoptar
enfoques multidisciplinarios que articulen dimensiones jurídicas, sociales y económicas (ONU Mujeres,
2019; CEPAL, 2022).
En este contexto, el presente estudio tiene como propósito analizar críticamente las diferencias
conceptuales y normativas entre violencia contra la mujer y violencia de género en el marco de la
legislación peruana, así como examinar los principales desafíos en su aplicación. Para ello, se adopta un
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enfoque jurídico-doctrinal complementado con el análisis de políticas públicas y evidencia empírica,
con el fin de contribuir a la discusión académica y aportar elementos para el fortalecimiento de
estrategias más eficaces en la prevención y erradicación de la violencia.
METODOLOGÍA
Enfoque y naturaleza de la investigación
La investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, orientado a la comprensión e interpretación
de los fundamentos conceptuales y normativos relacionados con la violencia contra la mujer y la
violencia de género en el contexto jurídico peruano. Este enfoque resulta pertinente debido a la
naturaleza compleja y multidimensional del fenómeno analizado, el cual requiere una aproximación
interpretativa basada en el examen crítico de discursos jurídicos, doctrinales e institucionales (Denzin
& Lincoln, 2018; Flick, 2015).
En cuanto a su naturaleza, el estudio se inscribe en el ámbito jurídico-doctrinal con un alcance
sociojurídico, en la medida en que no solo examina normas y principios legales, sino también su
interacción con el entorno institucional y su aplicación práctica en políticas públicas. Asimismo, se
incorpora un componente analítico-comparativo que permite contrastar el caso peruano con experiencias
normativas y de gestión pública en otros contextos (Atienza, 2013; Carbonell, 2016).
Diseño de la investigación
El diseño metodológico es no experimental y de carácter descriptivo-analítico, dado que no se manipulan
variables, sino que se analizan disposiciones normativas, categorías conceptuales y evidencia secundaria
existente. El estudio se estructura a partir de tres ejes analíticos interrelacionados:
• Eje conceptual: orientado a la revisión de teorías vinculadas a la violencia de género y la
violencia contra la mujer desde los estudios de género y el enfoque de derechos humanos
(Butler, 2004; Scott, 1986; Lagarde, 2005).
• Eje normativo: centrado en el análisis del marco jurídico peruano, particularmente la Ley N.º
30364 y su articulación con instrumentos internacionales ratificados por el Estado peruano.
• Eje aplicado: enfocado en la evaluación de la implementación de dichas normas en el ámbito
institucional, considerando políticas públicas, informes oficiales y estudios empíricos
disponibles.
pág. 3419
Este esquema permite integrar distintos niveles de análisis, facilitando una comprensión más amplia del
fenómeno estudiado.
Técnicas de recolección de información
Para la obtención de información se empleó la revisión documental sistemática, complementada con
análisis de contenido. Estas técnicas permitieron recopilar, organizar e interpretar información
proveniente de diversas fuentes relevantes para el estudio:
Fuentes normativas
Se analizaron normas jurídicas vigentes en el Perú, con especial énfasis en la Ley N.º 30364, así como
tratados internacionales en materia de derechos humanos y violencia de género, tales como la CEDAW
y la Convención de Belém do Pará.
Fuentes doctrinales
Se incluyeron artículos científicos indexados en bases de datos académicas reconocidas (Scopus, Web
of Science, SciELO, Redalyc), así como libros especializados en derecho, estudios de género y políticas
públicas (Connell, 2012; Segato, 2016; Facio, 2009).
Fuentes institucionales y estadísticas
Se consideraron informes y reportes elaborados por organismos nacionales e internacionales, incluyendo
entidades como el Instituto Nacional de Estadística e Informática, Naciones Unidas, ONU Mujeres y
CEPAL, los cuales aportan evidencia empírica relevante sobre la problemática estudiada.
Técnica de análisis
El procesamiento de la información se realizó mediante análisis de contenido cualitativo, orientado a
identificar patrones, categorías y relaciones entre los distintos elementos estudiados (Krippendorff,
2018). Este proceso se desarrolló en tres fases:
• Identificación inicial de categorías: se definieron conceptos clave como violencia de género,
violencia contra la mujer, protección jurídica y políticas públicas.
• Organización temática: la información recopilada fue agrupada en función de los ejes
conceptual, normativo y aplicado.
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• Interpretación crítica: se estableció un contraste entre los marcos teóricos, las disposiciones
normativas y la evidencia empírica, con el objetivo de identificar vacíos, tensiones y desafíos
en la implementación.
Criterios de selección de fuentes
Para asegurar la calidad y pertinencia de la información utilizada, se establecieron criterios de selección
basados en:
• Rigor académico (publicaciones indexadas y revisadas por pares)
• Validez institucional (documentos oficiales y organismos reconocidos)
• Actualidad normativa
• Relevancia temática directa
Se priorizaron fuentes recientes, sin excluir aportes teóricos fundamentales para el desarrollo del marco
conceptual.
Consideraciones éticas
Dado que la investigación se basa en el análisis de fuentes secundarias, no involucra interacción directa
con sujetos humanos. No obstante, se respetaron principios éticos esenciales, tales como el uso adecuado
de las fuentes, la correcta citación conforme a normas APA y el tratamiento responsable de información
relacionada con problemáticas sensibles.
Limitaciones del estudio
Entre las principales limitaciones se identifican:
• Dependencia de fuentes secundarias, lo que puede restringir el alcance empírico
• Posibles sesgos en los informes institucionales analizados
• Limitaciones en la disponibilidad de datos actualizados en ciertos contextos
Sin embargo, estas restricciones fueron mitigadas mediante la triangulación de fuentes y el enfoque
analítico adoptado.
RESULTADOS
El análisis desarrollado permite identificar un conjunto de patrones estructurales que evidencian la
complejidad del tratamiento jurídico y político de la violencia contra la mujer en el Perú. Más allá de
una simple diferenciación terminológica, los hallazgos muestran que las categorías de violencia contra
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la mujer y violencia de género generan efectos concretos en la interpretación normativa, el diseño
institucional y la eficacia de la respuesta estatal.
Centralidad de la categoría “violencia contra la mujer” en el marco jurídico
El examen del ordenamiento jurídico peruano evidencia una clara predominancia de la categoría
“violencia contra la mujer” como eje estructurador de la legislación vigente. La Ley N.º 30364 adopta
esta noción como base para delimitar el ámbito de protección, enfatizando el carácter específico de la
violencia ejercida en contextos de desigualdad de poder.
Este enfoque responde a una lógica jurídica orientada a visibilizar formas históricas de discriminación,
alineándose con estándares internacionales que reconocen la violencia contra la mujer como una
vulneración de derechos humanos. Sin embargo, el análisis revela que esta delimitación, si bien
operativamente útil, no agota la complejidad del fenómeno, dado que incorpora de manera implícita
elementos propios del enfoque de género.
En consecuencia, el modelo peruano puede ser entendido como una configuración híbrida, donde la
categoría jurídica es específica, pero su interpretación se sustenta en marcos conceptuales más amplios
vinculados a las relaciones de poder y desigualdad estructural.
Aplicación desigual del enfoque de género en la práctica institucional
Si bien el enfoque de género ha sido formalmente incorporado en la normativa y en los instrumentos de
política pública, su aplicación práctica presenta niveles de desarrollo heterogéneos. El análisis de fuentes
institucionales sugiere que, en el ámbito judicial y administrativo, persisten interpretaciones que reducen
la problemática a conflictos individuales o familiares, sin considerar adecuadamente las dimensiones
estructurales del fenómeno.
Esta situación evidencia una brecha entre el reconocimiento normativo del enfoque de género y su
operativización efectiva. Asimismo, se observa una limitada incorporación de perspectivas
interseccionales, lo que restringe la capacidad del sistema para abordar la diversidad de contextos en los
que se manifiesta la violencia.
En términos analíticos, este hallazgo refleja que la incorporación formal de un enfoque no garantiza su
aplicación sustantiva, especialmente cuando existen resistencias culturales e institucionales que
condicionan su interpretación.
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Expansión institucional con restricciones operativas
El Perú ha desarrollado un entramado institucional amplio orientado a la atención y prevención de la
violencia contra la mujer, incluyendo órganos especializados y servicios de asistencia. Este despliegue
responde a un enfoque integral que busca articular distintas dimensiones de intervención.
No obstante, el análisis evidencia que esta expansión institucional no siempre se traduce en una respuesta
efectiva. Entre las principales limitaciones se identifican la sobrecarga de los sistemas de justicia,
demoras en la implementación de medidas de protección y una cobertura territorial desigual de los
servicios disponibles.
Adicionalmente, la coordinación entre las distintas entidades involucradas presenta deficiencias que
afectan la continuidad de la atención y pueden derivar en procesos fragmentados. Esto sugiere que el
principal desafío no radica únicamente en la existencia de mecanismos institucionales, sino en su
articulación y capacidad operativa.
Persistencia del fenómeno y factores estructurales asociados
A pesar de los avances normativos e institucionales, la violencia contra la mujer continúa registrando
niveles elevados en el contexto peruano. Este resultado pone en evidencia que las intervenciones
implementadas no han logrado incidir de manera significativa en las causas estructurales del problema.
El análisis permite identificar factores como la dependencia económica, la normalización sociocultural
de la violencia y las limitaciones en el acceso a servicios de atención como elementos que contribuyen
a la reproducción del fenómeno. Asimismo, la prevalencia de formas de violencia menos visibles, como
la psicológica, plantea desafíos adicionales en términos de detección, denuncia y sanción.
En este sentido, los resultados refuerzan la necesidad de abordar la violencia desde una perspectiva
integral que trascienda el enfoque exclusivamente jurídico.
Brecha entre el desarrollo normativo y la eficacia de la respuesta estatal
Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es la existencia de una distancia significativa entre el
avance normativo y su impacto real en la reducción de la violencia. Si bien el Perú cuenta con un marco
legal robusto en comparación con otros países de la región, su implementación enfrenta limitaciones
que afectan la efectividad de las políticas públicas.
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Esta brecha puede explicarse por factores como la insuficiente asignación de recursos, la falta de
capacitación especializada y la persistencia de patrones socioculturales que dificultan la denuncia y el
acceso a la justicia.
El análisis comparado sugiere que los avances más significativos en la materia se han logrado en
contextos donde existe una combinación de fortalecimiento institucional, continuidad de políticas
públicas y mecanismos de seguimiento efectivos. En contraste, el caso peruano evidencia que la
existencia de un marco normativo avanzado no garantiza, por sí sola, resultados sustantivos.
En conjunto, los hallazgos permiten afirmar que el caso peruano presenta un escenario caracterizado por
avances normativos relevantes, acompañados de limitaciones en su implementación efectiva. La
coexistencia de enfoques conceptuales, la aplicación desigual del enfoque de género y las restricciones
operativas del sistema institucional configuran un contexto en el que la respuesta estatal resulta
insuficiente frente a la magnitud del problema.
DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el caso peruano presenta una tensión estructural entre
el desarrollo normativo y la efectividad de su implementación, lo que confirma que la problemática de
la violencia contra la mujer no puede ser abordada exclusivamente desde una perspectiva legal. Esta
situación plantea la necesidad de analizar el fenómeno desde una lógica integradora que articule
dimensiones conceptuales, institucionales y socioculturales.
Reconfiguración conceptual: entre delimitación jurídica y comprensión estructural
Uno de los aportes centrales del estudio radica en la identificación de una dualidad conceptual que
atraviesa el marco normativo peruano. Por un lado, la categoría de violencia contra la mujer cumple una
función jurídica específica, orientada a delimitar el sujeto de protección y facilitar la intervención estatal.
Por otro, el enfoque de género permite comprender la violencia como un fenómeno estructural vinculado
a relaciones históricas de poder.
Lejos de constituir una contradicción, esta coexistencia puede interpretarse como una
complementariedad funcional. Sin embargo, el problema emerge cuando dicha articulación no se traduce
en criterios operativos claros para los actores del sistema de justicia. En este sentido, la ambigüedad
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conceptual identificada en los resultados no es meramente teórica, sino que tiene implicaciones prácticas
en la interpretación y aplicación de la normativa.
Este hallazgo coincide con enfoques críticos que advierten que la falta de claridad en los marcos
conceptuales puede derivar en respuestas institucionales fragmentadas, limitando la capacidad del
sistema para abordar las causas profundas de la violencia (Segato, 2016).
La brecha de implementación como problema estructural
El análisis confirma la existencia de una distancia significativa entre el diseño normativo y su ejecución
efectiva, fenómeno ampliamente documentado en el contexto latinoamericano. En el caso peruano, esta
brecha se manifiesta en limitaciones operativas, deficiencias en la coordinación interinstitucional y
desigualdades en la cobertura de servicios.
Más allá de un problema técnico o administrativo, esta situación refleja una limitación estructural en la
capacidad del Estado para traducir avances normativos en resultados concretos. En este sentido, la
eficacia de las políticas públicas en materia de violencia de género no depende únicamente de su
formulación, sino de factores como la disponibilidad de recursos, la capacitación de los operadores y la
coherencia institucional.
Asimismo, la persistencia de prácticas interpretativas que minimizan la dimensión estructural de la
violencia sugiere que el problema no es solo de implementación, sino también de comprensión del
fenómeno. Esto refuerza la necesidad de fortalecer la formación especializada de los actores del sistema
de justicia.
Violencia como fenómeno estructural y multidimensional
Los resultados permiten reafirmar que la violencia contra la mujer en el Perú no puede entenderse como
un conjunto de hechos aislados, sino como una manifestación de estructuras sociales que reproducen
desigualdades. La persistencia del fenómeno, a pesar de los avances normativos, evidencia que las
intervenciones actuales no han logrado incidir de manera significativa en sus causas subyacentes.
En este sentido, factores como la dependencia económica, la normalización cultural de la violencia y las
limitaciones en el acceso a servicios de atención actúan como mecanismos de reproducción del
problema. Este enfoque coincide con perspectivas que plantean la necesidad de intervenciones en
múltiples niveles, desde el ámbito individual hasta el estructural.
pág. 3425
Además, la prevalencia de formas de violencia menos visibles, como la psicológica, plantea desafíos
específicos para los sistemas de justicia, ya que su detección y sanción requieren herramientas más
complejas que las utilizadas en casos de violencia física.
Aportes del análisis comparado y oportunidades de mejora
El contraste con experiencias internacionales permite identificar que los avances más significativos en
la reducción de la violencia se han producido en contextos donde existe una combinación de
especialización institucional, continuidad de políticas públicas y mecanismos de seguimiento sostenidos
en el tiempo.
En este sentido, el caso peruano presenta oportunidades claras de mejora, particularmente en lo relativo
a la articulación interinstitucional, la incorporación de herramientas tecnológicas para el seguimiento de
casos y el fortalecimiento de capacidades en los operadores del sistema.
Estos elementos sugieren que el desafío no radica únicamente en la creación de nuevas normas, sino en
la optimización de los mecanismos existentes y en la consolidación de un enfoque de gestión pública
orientado a resultados.
Implicaciones para el diseño de políticas públicas
A partir de los hallazgos, se identifican tres implicaciones clave para el diseño e implementación de
políticas públicas:
• Claridad conceptual: resulta necesario armonizar las categorías de violencia contra la mujer y
violencia de género, con el fin de mejorar la coherencia interpretativa del sistema jurídico.
• Fortalecimiento institucional: se requiere incrementar la capacidad operativa del sistema
mediante recursos, capacitación y mecanismos de coordinación efectivos.
• Enfoque estructural y preventivo: las políticas deben trascender la lógica sancionatoria e
incorporar estrategias orientadas a modificar las condiciones estructurales que reproducen la
violencia.
Contribución del estudio
El presente estudio aporta a la literatura al evidenciar que el principal desafío en el contexto peruano no
radica en la ausencia de normas, sino en la desarticulación entre conceptualización, regulación e
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implementación. Asimismo, propone una lectura integradora que permite comprender la violencia como
un fenómeno que requiere respuestas multidimensionales.
CONCLUSIONES
El análisis realizado permite concluir que el Perú dispone de un marco normativo sólido en materia de
violencia contra la mujer, especialmente a partir de la Ley N.º 30364, la cual establece un sistema
integral de protección. No obstante, este desarrollo normativo coexiste con una configuración
conceptual dual que, si bien funcional, genera ambigüedades en su interpretación y aplicación.
Uno de los principales hallazgos del estudio es la existencia de una brecha significativa entre la
normativa y su implementación efectiva. A pesar de los avances institucionales, persisten limitaciones
relacionadas con la capacidad operativa del sistema, la coordinación interinstitucional y la formación de
los actores encargados de aplicar la normativa.
Asimismo, la persistencia de altos niveles de violencia evidencia que se trata de un fenómeno estructural
que no puede ser abordado únicamente desde el ámbito jurídico. Factores como la desigualdad
económica, la normalización sociocultural de la violencia y las barreras de acceso a servicios de atención
continúan influyendo en su reproducción.
En este contexto, se concluye que la respuesta del Estado debe orientarse hacia un enfoque integral que
combine medidas de prevención, protección y transformación estructural. Esto implica no solo fortalecer
el marco institucional existente, sino también desarrollar políticas públicas sostenidas que aborden las
causas profundas del problema.
Finalmente, el estudio pone en evidencia la necesidad de avanzar hacia una mayor coherencia
conceptual, un fortalecimiento de las capacidades institucionales y una articulación efectiva entre los
distintos niveles de intervención, con el fin de lograr una respuesta más eficaz frente a la violencia contra
la mujer.
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