MARCO REGULATORIO EN EL SECTOR DEL
TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA EN
ECUADOR: IMPACTO EN LA EFICIENCIA Y
EL DESARROLLO ECONÓMICO
REGULATORY FRAMEWORK IN THE TRANSPORT AND
LOGISTICS SECTOR IN ECUADOR: IMPACT ON EFFICIENCY
AND ECONOMIC DEVELOPMENT
Maryorie Lisbeth Montenegro Quiroz
Universidad Politécnica Estatal del Carchi – Ecuador
Jorge Luis Chunés Jácome
Universidad Politécnica Estatal del Carchi - Ecuador
pág. 3600
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i2.23400
Marco regulatorio en el sector del transporte y la logística en Ecuador:
impacto en la eficiencia y el desarrollo económico
Maryorie Lisbeth Montenegro Quiroz1
maryorie.montenegro@upec.edu.ec
https://orcid.org/0009-0002-8048-5302
Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Ecuador
Jorge Luis Chunés Jácome
jorge.chunes@upec.edu.ec
https://orcid.org/0000-0003-1967-7110
Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Ecuador
RESUMEN
El sistema logístico y de transporte ecuatoriano es un pilar estratégico para la competitividad nacional
y el desarrollo económico. Este artículo analiza la normativa vigente, centrándose en la interacción entre
la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, tras su reforma en 2021, y las
resoluciones de la Agencia Nacional de Tránsito entre 2021 y 2023. El estudio utiliza un método
cualitativo descriptivo y documental, así como una triangulación basada en doce referencias
bibliográficas y seis instrumentos legales. Los resultados muestran que la simplificación administrativa
introducida por la Resolución No. 018-DIR-2022-ANT ha aumentado la eficiencia operativa, al mismo
tiempo, surgen tensiones entre las medidas destinadas a fortalecer la resiliencia postpandemia, como la
extensión de la vida útil de los vehículos (Resolución No. 026-DIR-2022-ANT), y los indicadores de
productividad a largo plazo del sector, además, el marco legal actual presenta importantes deficiencias
en la integración de la logística inversa y la economía circular. Los autores concluyen que el desarrollo
económico del país requiere la armonización de regulaciones que vinculen el transporte terrestre con la
promoción del comercio internacional y el desarrollo sostenible, tomando en cuenta las diferencias
regionales en infraestructura y movilidad.
Palabras clave: marco normativo, transporte, logística, Ecuador, eficiencia
1 Autor principal
Correspondencia: maryorie.montenegro@upec.edu.ec
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i2.23400
Marco regulatorio en el sector del transporte y la logística en Ecuador:
impacto en la eficiencia y el desarrollo económico
Maryorie Lisbeth Montenegro Quiroz1
maryorie.montenegro@upec.edu.ec
https://orcid.org/0009-0002-8048-5302
Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Ecuador
Jorge Luis Chunés Jácome
jorge.chunes@upec.edu.ec
https://orcid.org/0000-0003-1967-7110
Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Ecuador
RESUMEN
El sistema logístico y de transporte ecuatoriano es un pilar estratégico para la competitividad nacional
y el desarrollo económico. Este artículo analiza la normativa vigente, centrándose en la interacción entre
la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, tras su reforma en 2021, y las
resoluciones de la Agencia Nacional de Tránsito entre 2021 y 2023. El estudio utiliza un método
cualitativo descriptivo y documental, así como una triangulación basada en doce referencias
bibliográficas y seis instrumentos legales. Los resultados muestran que la simplificación administrativa
introducida por la Resolución No. 018-DIR-2022-ANT ha aumentado la eficiencia operativa, al mismo
tiempo, surgen tensiones entre las medidas destinadas a fortalecer la resiliencia postpandemia, como la
extensión de la vida útil de los vehículos (Resolución No. 026-DIR-2022-ANT), y los indicadores de
productividad a largo plazo del sector, además, el marco legal actual presenta importantes deficiencias
en la integración de la logística inversa y la economía circular. Los autores concluyen que el desarrollo
económico del país requiere la armonización de regulaciones que vinculen el transporte terrestre con la
promoción del comercio internacional y el desarrollo sostenible, tomando en cuenta las diferencias
regionales en infraestructura y movilidad.
Palabras clave: marco normativo, transporte, logística, Ecuador, eficiencia
1 Autor principal
Correspondencia: maryorie.montenegro@upec.edu.ec
pág. 3601
Regulatory framework in the transport and logistics sector in Ecuador:
impact on efficiency and economic development
ABSTRACT
The Ecuadorian logistics and transport system is a strategic pillar for national competitiveness and
economic development. This article analyzes the current regulatory framework, focusing on the
interaction between the Organic Law of Land Transport, Traffic and Road Safety, following its 2021
reform, and the resolutions issued by the National Transit Agency between 2021 and 2023. The study
employs a qualitative, descriptive, and documentary methodology, as well as triangulation based on
twelve bibliographic references and six legal instruments. The results show that the administrative
simplification introduced by Resolution No. 018-DIR-2022-ANT has increased operational efficiency.
At the same time, tensions arise between measures aimed at strengthening post-pandemic resilience,
such as the extension of vehicle service life (Resolution No. 026-DIR-2022-ANT), and the sector’s long-
term productivity indicators. Additionally, the current legal framework presents significant
shortcomings in the integration of reverse logistics and the circular economy. The authors conclude that
the country’s economic development requires the harmonization of regulations that link land transport
with the promotion of international trade and sustainable development, taking into account regional
differences in infrastructure and mobility.
Keywords: regulatory framework, transport, logistics, Ecuador, efficiency
Artículo recibido 28 febrero 2026
Aceptado para publicación: 28 marzo 2026
Regulatory framework in the transport and logistics sector in Ecuador:
impact on efficiency and economic development
ABSTRACT
The Ecuadorian logistics and transport system is a strategic pillar for national competitiveness and
economic development. This article analyzes the current regulatory framework, focusing on the
interaction between the Organic Law of Land Transport, Traffic and Road Safety, following its 2021
reform, and the resolutions issued by the National Transit Agency between 2021 and 2023. The study
employs a qualitative, descriptive, and documentary methodology, as well as triangulation based on
twelve bibliographic references and six legal instruments. The results show that the administrative
simplification introduced by Resolution No. 018-DIR-2022-ANT has increased operational efficiency.
At the same time, tensions arise between measures aimed at strengthening post-pandemic resilience,
such as the extension of vehicle service life (Resolution No. 026-DIR-2022-ANT), and the sector’s long-
term productivity indicators. Additionally, the current legal framework presents significant
shortcomings in the integration of reverse logistics and the circular economy. The authors conclude that
the country’s economic development requires the harmonization of regulations that link land transport
with the promotion of international trade and sustainable development, taking into account regional
differences in infrastructure and mobility.
Keywords: regulatory framework, transport, logistics, Ecuador, efficiency
Artículo recibido 28 febrero 2026
Aceptado para publicación: 28 marzo 2026
pág. 3602
INTRODUCCIÓN
Los pilares del desarrollo económico y la competitividad de cualquier país son la logística y el
transporte, mismos que funcionan como un sistema circulatorio que garantizan el flujo de bienes,
servicios y capital. En el contexto global, caracterizado por una red de conexiones sin precedentes y la
necesidad de cadenas de suministro sostenibles, flexibles y eficientes, la infraestructura y los procesos
logísticos han perdido su importancia operativa y se han convertido en factores estratégicos (United
Nations Conferencia on Trade and Development [UNCTAD], 2020). Especialmente en países en
desarrollo como Ecuador, la eficiencia de estos sectores determina no solo la eficacia del sistema, sino
también la capacidad del país para integrarse eficazmente en los mercados internacionales (Torres y
Cruz, 2025).
Ecuador, en su ubicación geográfica en el sur del océano Pacífico, cuenta con una variada gama de
productos de exportación, dependiendo en gran medida de un sistema de transporte y logística para
enviar sus productos al extranjero, especialmente en los sectores de la agricultura, la pesca y la energía.
Sin embargo, la complejidad de estos sistemas va más allá de las infraestructuras físicas, como puertos,
carreteras y aeropuertos. Como señalan Mocha et al. (2023), durante la última década, la productividad
del sector del transporte del país se ha caracterizado por fluctuaciones empíricas, lo que pone de relieve
la necesidad de reforzar el progreso tecnológico y adaptar las políticas públicas. Desde este punto de
vista, la eficiencia de la cadena de suministro es indisociable del marco jurídico vigente, que debe
garantizar un equilibrio entre la seguridad jurídica y la simplificación operativa.
La normativa del Ecuador, definida en la Ley de Transporte Terrestre, Tráfico y Seguridad Vial, establece
las pautas para un gran número de actores de la cadena de valor, este marco jurídico, complementado
por las disposiciones generales y las resoluciones técnicas de la Agencia Nacional de Tránsito, define
desde los permisos para el transporte de mercancías hasta las especificaciones técnicas de los vehículos
(Resolución No. 006-DIR-2022-ANT). Sin embargo, la introducción de nuevas normas plantea retos
económicos. Cedeño y Velásquez (2023) sostienen que el cumplimiento de un marco jurídico complejo
repercute en los costos operativos, que deben analizarse en términos de eficiencia y sostenibilidad.
La eficacia del transporte y la logística en Ecuador no solo se mide por la velocidad y el costo, sino
también por su resistencia ante crisis disruptivas. Los efectos de la pandemia de COVID-19 han puesto
INTRODUCCIÓN
Los pilares del desarrollo económico y la competitividad de cualquier país son la logística y el
transporte, mismos que funcionan como un sistema circulatorio que garantizan el flujo de bienes,
servicios y capital. En el contexto global, caracterizado por una red de conexiones sin precedentes y la
necesidad de cadenas de suministro sostenibles, flexibles y eficientes, la infraestructura y los procesos
logísticos han perdido su importancia operativa y se han convertido en factores estratégicos (United
Nations Conferencia on Trade and Development [UNCTAD], 2020). Especialmente en países en
desarrollo como Ecuador, la eficiencia de estos sectores determina no solo la eficacia del sistema, sino
también la capacidad del país para integrarse eficazmente en los mercados internacionales (Torres y
Cruz, 2025).
Ecuador, en su ubicación geográfica en el sur del océano Pacífico, cuenta con una variada gama de
productos de exportación, dependiendo en gran medida de un sistema de transporte y logística para
enviar sus productos al extranjero, especialmente en los sectores de la agricultura, la pesca y la energía.
Sin embargo, la complejidad de estos sistemas va más allá de las infraestructuras físicas, como puertos,
carreteras y aeropuertos. Como señalan Mocha et al. (2023), durante la última década, la productividad
del sector del transporte del país se ha caracterizado por fluctuaciones empíricas, lo que pone de relieve
la necesidad de reforzar el progreso tecnológico y adaptar las políticas públicas. Desde este punto de
vista, la eficiencia de la cadena de suministro es indisociable del marco jurídico vigente, que debe
garantizar un equilibrio entre la seguridad jurídica y la simplificación operativa.
La normativa del Ecuador, definida en la Ley de Transporte Terrestre, Tráfico y Seguridad Vial, establece
las pautas para un gran número de actores de la cadena de valor, este marco jurídico, complementado
por las disposiciones generales y las resoluciones técnicas de la Agencia Nacional de Tránsito, define
desde los permisos para el transporte de mercancías hasta las especificaciones técnicas de los vehículos
(Resolución No. 006-DIR-2022-ANT). Sin embargo, la introducción de nuevas normas plantea retos
económicos. Cedeño y Velásquez (2023) sostienen que el cumplimiento de un marco jurídico complejo
repercute en los costos operativos, que deben analizarse en términos de eficiencia y sostenibilidad.
La eficacia del transporte y la logística en Ecuador no solo se mide por la velocidad y el costo, sino
también por su resistencia ante crisis disruptivas. Los efectos de la pandemia de COVID-19 han puesto
pág. 3603
de manifiesto la vulnerabilidad de los flujos logísticos nacionales y han hecho necesaria la
reestructuración de la gestión del transporte internacional (Capurro, 2020; Apolinario et al., 2025). Del
mismo modo, el marco legal debe seguir evolucionando hacia la facilitación del comercio, en la que las
normas aduaneras y la simplificación de los procedimientos (Resolución No. 018-DIR-2022-ANT)
desempeñan un papel catalizador. Según Martinez (2025), la logística simplificada y desburocratizada
es el catalizador más potente para la innovación y para atraer la inversión extranjera.
A pesar de los avances en materia de infraestructura, como la modernización de los puertos de Guayaquil
y Posorja (Piza, 2025), siguen existiendo diferencias significativas en la competitividad regional en el
ámbito de la logística. Obregón et al. (2025) destacan que la distribución de los servicios y la movilidad
entre las diferentes zonas geográficas de Ecuador es desigual, y subrayan la necesidad de introducir
medidas diferenciadas para reducir las desigualdades territoriales en el marco regulatorio, además, la
legislación debe abordar nuevos paradigmas como la economía circular y la logística inversa. Apolinario
et al. (2024) destacan los obstáculos normativos que siguen impidiendo una gestión eficaz de las
devoluciones en la cadena de suministro, mientras que Corral (2022) propone el teletrabajo como
medida de transporte sostenible que puede reducir la congestión en los corredores logísticos urbanos.
El objetivo de este estudio se centra en realizar un análisis exhaustivo de la normativa en el sector del
transporte y la logística en Ecuador. La finalidad es determinar el impacto de estas leyes, reglamentos y
resoluciones en la eficiencia operativa de los sectores afectados y su efecto multiplicador en el desarrollo
económico nacional. Sobre la base de este análisis, se identificarán los puntos fuertes del sistema y las
brechas normativas que crean obstáculos, y se presentarán propuestas sobre cómo optimizar la
normativa para promover la competitividad, la integración logística regional y la adaptación a las normas
mundiales de desarrollo sostenible.
METODOLOGÍA
Este estudio utiliza un método cualitativo y analítico, basado en una revisión sistemática de la literatura
y un análisis explicativo del marco legal vigente. La investigación, de tipo no experimental, es
descriptiva, correlativa y documental. Su objetivo es determinar la relación entre el marco legal del
transporte en Ecuador y los indicadores de eficiencia logística y desarrollo económico.
de manifiesto la vulnerabilidad de los flujos logísticos nacionales y han hecho necesaria la
reestructuración de la gestión del transporte internacional (Capurro, 2020; Apolinario et al., 2025). Del
mismo modo, el marco legal debe seguir evolucionando hacia la facilitación del comercio, en la que las
normas aduaneras y la simplificación de los procedimientos (Resolución No. 018-DIR-2022-ANT)
desempeñan un papel catalizador. Según Martinez (2025), la logística simplificada y desburocratizada
es el catalizador más potente para la innovación y para atraer la inversión extranjera.
A pesar de los avances en materia de infraestructura, como la modernización de los puertos de Guayaquil
y Posorja (Piza, 2025), siguen existiendo diferencias significativas en la competitividad regional en el
ámbito de la logística. Obregón et al. (2025) destacan que la distribución de los servicios y la movilidad
entre las diferentes zonas geográficas de Ecuador es desigual, y subrayan la necesidad de introducir
medidas diferenciadas para reducir las desigualdades territoriales en el marco regulatorio, además, la
legislación debe abordar nuevos paradigmas como la economía circular y la logística inversa. Apolinario
et al. (2024) destacan los obstáculos normativos que siguen impidiendo una gestión eficaz de las
devoluciones en la cadena de suministro, mientras que Corral (2022) propone el teletrabajo como
medida de transporte sostenible que puede reducir la congestión en los corredores logísticos urbanos.
El objetivo de este estudio se centra en realizar un análisis exhaustivo de la normativa en el sector del
transporte y la logística en Ecuador. La finalidad es determinar el impacto de estas leyes, reglamentos y
resoluciones en la eficiencia operativa de los sectores afectados y su efecto multiplicador en el desarrollo
económico nacional. Sobre la base de este análisis, se identificarán los puntos fuertes del sistema y las
brechas normativas que crean obstáculos, y se presentarán propuestas sobre cómo optimizar la
normativa para promover la competitividad, la integración logística regional y la adaptación a las normas
mundiales de desarrollo sostenible.
METODOLOGÍA
Este estudio utiliza un método cualitativo y analítico, basado en una revisión sistemática de la literatura
y un análisis explicativo del marco legal vigente. La investigación, de tipo no experimental, es
descriptiva, correlativa y documental. Su objetivo es determinar la relación entre el marco legal del
transporte en Ecuador y los indicadores de eficiencia logística y desarrollo económico.
pág. 3604
Diseño de la Investigación
El diseño del estudio es transversal no experimental. La investigación es analítica y sintética, dado que
analiza los marcos regulatorios vigentes (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial y resoluciones de la Agencia Nacional de Tránsito) para comprender sus componentes y vincular
estos resultados con los datos de productividad y eficiencia de la literatura existente.
Enfoque y Método
La investigación fue desarrollada mediante análisis documental porque permite una revisión sistemática
de fuentes científicas y legales secundarias. Asimismo, se empleó el método cualitativo que contribuye
a comprender el impacto de la normativa en las actividades de las empresas del sector y permite
interpretar cómo la normativa de Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y de
la Agencia Nacional de Tránsito, constituyen obstáculos u oportunidades para el sector nacional.
Unidades de Análisis y Corpus Documental
El corpus del estudio se compiló mediante un muestreo intencional, los documentos se seleccionaron en
función de su relevancia, actualidad y autoridad científica. Las unidades de análisis se dividieron en dos
grupos:
Instrumentos jurídicos nacionales: Se analizaron seis leyes ecuatorianas:
Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, reformada en 2021.
Reglamento general a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (Decreto
Ejecutivo No. 1196)
Reforma al reglamento de procedimientos y requisitos para la matriculación vehicular (Resolución No.
006-DIR-2022-ANT)
Reglamento para la optimización, actualización y simplificación de trámites regulados por la Agencia
Nacional de Tránsito (Resolución No. 018-DIR-2022-ANT)
Ampliación de años de vida útil en vehículos del transporte terrestre público y comercial en Ecuador
(Resolución No. 026-DIR-2022-ANT)
Reglamento para el servicio de transporte terrestre comercial escolar e institucional (Resolución No.
015-DIR-2023-ANT)
Diseño de la Investigación
El diseño del estudio es transversal no experimental. La investigación es analítica y sintética, dado que
analiza los marcos regulatorios vigentes (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad
Vial y resoluciones de la Agencia Nacional de Tránsito) para comprender sus componentes y vincular
estos resultados con los datos de productividad y eficiencia de la literatura existente.
Enfoque y Método
La investigación fue desarrollada mediante análisis documental porque permite una revisión sistemática
de fuentes científicas y legales secundarias. Asimismo, se empleó el método cualitativo que contribuye
a comprender el impacto de la normativa en las actividades de las empresas del sector y permite
interpretar cómo la normativa de Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y de
la Agencia Nacional de Tránsito, constituyen obstáculos u oportunidades para el sector nacional.
Unidades de Análisis y Corpus Documental
El corpus del estudio se compiló mediante un muestreo intencional, los documentos se seleccionaron en
función de su relevancia, actualidad y autoridad científica. Las unidades de análisis se dividieron en dos
grupos:
Instrumentos jurídicos nacionales: Se analizaron seis leyes ecuatorianas:
Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, reformada en 2021.
Reglamento general a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (Decreto
Ejecutivo No. 1196)
Reforma al reglamento de procedimientos y requisitos para la matriculación vehicular (Resolución No.
006-DIR-2022-ANT)
Reglamento para la optimización, actualización y simplificación de trámites regulados por la Agencia
Nacional de Tránsito (Resolución No. 018-DIR-2022-ANT)
Ampliación de años de vida útil en vehículos del transporte terrestre público y comercial en Ecuador
(Resolución No. 026-DIR-2022-ANT)
Reglamento para el servicio de transporte terrestre comercial escolar e institucional (Resolución No.
015-DIR-2023-ANT)
pág. 3605
Literatura científica: Se seleccionaron 12 fuentes bibliográficas (artículos científicos, informes de
organizaciones internacionales como la UNCTAD y publicaciones profesionales) e indexadas en bases
de datos confiables para garantizar una base teórica actual para el análisis (2020-2025).
Fases de la Investigación
El proceso de investigación se desarrolló en tres fases:
Fase heurística: Esta fase consistió en la búsqueda y recopilación de normativas técnicas y literatura
científica. Los términos de búsqueda utilizados incluyeron “normativa ecuatoriana”,
“logística de transporte”, “eficiencia económica” y “ANT Ecuador”. El estudio se centró en el transporte
terrestre y la logística en general.
Fase hermenéutica: Durante esta fase, se realizó una lectura crítica y un análisis de la normativa. Los
objetivos de las normativas (Simplificación administrativa mediante la Resolución No. 018-DIR-2022-
ANT) se compararon con los resultados empíricos sobre productividad y barreras logísticas
identificados por autores como Mocha et al. (2023) y Apolinario et al. (2024).
Fase de síntesis y triangulación: Se triangularon los datos, vinculando la normativa, la teoría logística
y los indicadores de desarrollo económico, esta fase permitió identificar las brechas existentes entre el
marco legal y la realidad operativa del transporte en diferentes zonas geográficas del país.
Técnicas de Análisis de Datos
Mediante el análisis cualitativo se identificó cuatro dimensiones clave del impacto de las regulaciones:
Dimensión operativa: Impacto en la simplificación de procesos y los tiempos de transporte.
Dimensión económica: Relación entre la normativa y los costos en la cadena de suministro.
Dimensión de sostenibilidad: Análisis de la normativa con respecto a la economía circular y la logística
inversa.
Dimensión de facilitación: Evaluación del marco legal con relación a los estándares de comercio
internacional.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis del marco normativo del transporte y la logística en ecuador
El marco normativo ecuatoriano ha experimentado una profunda transformación en los últimos tres
años, con el objetivo de adaptar la normativa del transporte terrestre a las exigencias de eficiencia
Literatura científica: Se seleccionaron 12 fuentes bibliográficas (artículos científicos, informes de
organizaciones internacionales como la UNCTAD y publicaciones profesionales) e indexadas en bases
de datos confiables para garantizar una base teórica actual para el análisis (2020-2025).
Fases de la Investigación
El proceso de investigación se desarrolló en tres fases:
Fase heurística: Esta fase consistió en la búsqueda y recopilación de normativas técnicas y literatura
científica. Los términos de búsqueda utilizados incluyeron “normativa ecuatoriana”,
“logística de transporte”, “eficiencia económica” y “ANT Ecuador”. El estudio se centró en el transporte
terrestre y la logística en general.
Fase hermenéutica: Durante esta fase, se realizó una lectura crítica y un análisis de la normativa. Los
objetivos de las normativas (Simplificación administrativa mediante la Resolución No. 018-DIR-2022-
ANT) se compararon con los resultados empíricos sobre productividad y barreras logísticas
identificados por autores como Mocha et al. (2023) y Apolinario et al. (2024).
Fase de síntesis y triangulación: Se triangularon los datos, vinculando la normativa, la teoría logística
y los indicadores de desarrollo económico, esta fase permitió identificar las brechas existentes entre el
marco legal y la realidad operativa del transporte en diferentes zonas geográficas del país.
Técnicas de Análisis de Datos
Mediante el análisis cualitativo se identificó cuatro dimensiones clave del impacto de las regulaciones:
Dimensión operativa: Impacto en la simplificación de procesos y los tiempos de transporte.
Dimensión económica: Relación entre la normativa y los costos en la cadena de suministro.
Dimensión de sostenibilidad: Análisis de la normativa con respecto a la economía circular y la logística
inversa.
Dimensión de facilitación: Evaluación del marco legal con relación a los estándares de comercio
internacional.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Análisis del marco normativo del transporte y la logística en ecuador
El marco normativo ecuatoriano ha experimentado una profunda transformación en los últimos tres
años, con el objetivo de adaptar la normativa del transporte terrestre a las exigencias de eficiencia
pág. 3606
logística y competitividad económica. Esta modernización responde a la necesidad de fortalecer la
cadena de suministro nacional ante el creciente dinamismo económico y el aumento de los costos
logísticos. En este contexto, la Agencia Nacional de Tránsito ha adoptado una serie de instrumentos
regulatorios, objeto de este análisis, los cuales buscan optimizar las operaciones de transporte,
simplificar los trámites administrativos y mejorar los estándares técnicos y de control (Ver Tabla 1).
Tabla 1
Comparación de las resoluciones de la Agencia Nacional de Tránsito y sus implicaciones para la
logística y el transporte
Resoluciones Objetivo Implicación Logística
Resolución No. 018-DIR-2022-
ANT
Optimizar y simplificar trámites
administrativos.
Reducción de tiempos de
inactividad de flota, por gestión
de permisos.
Resolución No. 006-DIR-2022-
ANT
Regular la matrícula según
capacidad y tipo de servicio.
Asegura la capacidad técnica de
los vehículos para la carga
transportada.
Resolución No. 026-DIR-2022-
ANT
Extender la vida útil de los
vehículos de transporte.
Asistencia financiera inmediata.
Riesgo de obsolescencia a largo
plazo.
Resolución No. 015-DIR-2023-
ANT
Regular el transporte escolar,
institucional y de servicios.
Define el funcionamiento de las
flotas de apoyo en la logística
institucional.
Resolución No. 018-DIR-2022-
ANT
Reformar los títulos habilitantes
de carga pesada.
Seguridad jurídica en la cadena
de suministro para las
operadoras comerciales
Con la identificación de estos instrumentos jurídicos, cada uno se somete a un análisis que compara su
mandato legal con la realidad operativa de la logística y del transporte, esta comparación destaca tanto
los avances regulatorios alcanzados como las diferencias entre la legislación formal y su aplicación
práctica en la gestión de la cadena de suministro. Por lo tanto, el análisis del marco regulatorio requiere
un enfoque holístico que integre la ley principal, Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, con los reglamentos técnicos secundarios emitidos por la Agencia Nacional de Tránsito.
logística y competitividad económica. Esta modernización responde a la necesidad de fortalecer la
cadena de suministro nacional ante el creciente dinamismo económico y el aumento de los costos
logísticos. En este contexto, la Agencia Nacional de Tránsito ha adoptado una serie de instrumentos
regulatorios, objeto de este análisis, los cuales buscan optimizar las operaciones de transporte,
simplificar los trámites administrativos y mejorar los estándares técnicos y de control (Ver Tabla 1).
Tabla 1
Comparación de las resoluciones de la Agencia Nacional de Tránsito y sus implicaciones para la
logística y el transporte
Resoluciones Objetivo Implicación Logística
Resolución No. 018-DIR-2022-
ANT
Optimizar y simplificar trámites
administrativos.
Reducción de tiempos de
inactividad de flota, por gestión
de permisos.
Resolución No. 006-DIR-2022-
ANT
Regular la matrícula según
capacidad y tipo de servicio.
Asegura la capacidad técnica de
los vehículos para la carga
transportada.
Resolución No. 026-DIR-2022-
ANT
Extender la vida útil de los
vehículos de transporte.
Asistencia financiera inmediata.
Riesgo de obsolescencia a largo
plazo.
Resolución No. 015-DIR-2023-
ANT
Regular el transporte escolar,
institucional y de servicios.
Define el funcionamiento de las
flotas de apoyo en la logística
institucional.
Resolución No. 018-DIR-2022-
ANT
Reformar los títulos habilitantes
de carga pesada.
Seguridad jurídica en la cadena
de suministro para las
operadoras comerciales
Con la identificación de estos instrumentos jurídicos, cada uno se somete a un análisis que compara su
mandato legal con la realidad operativa de la logística y del transporte, esta comparación destaca tanto
los avances regulatorios alcanzados como las diferencias entre la legislación formal y su aplicación
práctica en la gestión de la cadena de suministro. Por lo tanto, el análisis del marco regulatorio requiere
un enfoque holístico que integre la ley principal, Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y
Seguridad Vial, con los reglamentos técnicos secundarios emitidos por la Agencia Nacional de Tránsito.
pág. 3607
Esta relación se caracteriza por una tensión constante entre la necesidad de control estatal y la exigencia
de agilidad logística, requisito esencial para el desarrollo económico y la competitividad del país.
Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial: Estructura y Competencias
La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (Reformada en 2021) no solo es una
norma de tránsito, sino también una herramienta de planificación estratégica para la movilidad nacional.
El artículo 3 estipula que el Estado garantiza la movilidad de personas y mercancías, priorizando la
eficiencia y la seguridad, sin embargo, las competencias regulatorias se comparten entre la Agencia
Nacional de Tránsito y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Esta división de responsabilidades tiene consecuencias directas para la logística. Según Torres y Cruz
(2025), la cadena de suministro requiere consistencia. Cuando los GAD adoptan normativas locales que
entran en conflicto con la normativa nacional sobre transporte de mercancías, surgen barreras internas
que extienden los tiempos de transporte. La reforma de 2021 buscó abordar este problema mediante la
introducción de un sistema nacional de competencias, sin embargo, su implementación aún enfrenta
dificultades relacionadas con la integración tecnológica, un factor que Mocha et al. (2023) identificaron
como un obstáculo para la productividad histórica del sector durante el período 2012-2021.
Optimización de procesos: El impacto de la Resolución No. 018-DIR-2022-ANT
El Reglamento para la optimización, actualización y simplificación de trámites regulados por la Agencia
Nacional de Tránsito, aprobado mediante Resolución No. 018-DIR-2022-ANT representa una iniciativa
de mayor alcance hasta la fecha por reducir la burocracia en el sector. Esta normativa tiene por objetivo
simplificar los trámites para obtener y renovar permisos de operación. En lo que concierne la logística
del transporte, este aspecto es de suma importancia, dado que, cada día que un vehículo permanece
inactivo por falta de permisos genera costos de oportunidad que afectan negativamente la rentabilidad
del sector.
Martinez (2025) argumenta que la facilitación del comercio no se limita a los aranceles, sino que también
se aplica a la infraestructura institucional que facilita la movilidad. Al reducir los requisitos de
actualización de la flota y el registro de vehículos de carga, la Resolución No. 018-DIR-2022-ANT
reduce los costos de transacción. Esta opinión también es compartida por la UNCTAD (2020), que indica
Esta relación se caracteriza por una tensión constante entre la necesidad de control estatal y la exigencia
de agilidad logística, requisito esencial para el desarrollo económico y la competitividad del país.
Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial: Estructura y Competencias
La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (Reformada en 2021) no solo es una
norma de tránsito, sino también una herramienta de planificación estratégica para la movilidad nacional.
El artículo 3 estipula que el Estado garantiza la movilidad de personas y mercancías, priorizando la
eficiencia y la seguridad, sin embargo, las competencias regulatorias se comparten entre la Agencia
Nacional de Tránsito y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Esta división de responsabilidades tiene consecuencias directas para la logística. Según Torres y Cruz
(2025), la cadena de suministro requiere consistencia. Cuando los GAD adoptan normativas locales que
entran en conflicto con la normativa nacional sobre transporte de mercancías, surgen barreras internas
que extienden los tiempos de transporte. La reforma de 2021 buscó abordar este problema mediante la
introducción de un sistema nacional de competencias, sin embargo, su implementación aún enfrenta
dificultades relacionadas con la integración tecnológica, un factor que Mocha et al. (2023) identificaron
como un obstáculo para la productividad histórica del sector durante el período 2012-2021.
Optimización de procesos: El impacto de la Resolución No. 018-DIR-2022-ANT
El Reglamento para la optimización, actualización y simplificación de trámites regulados por la Agencia
Nacional de Tránsito, aprobado mediante Resolución No. 018-DIR-2022-ANT representa una iniciativa
de mayor alcance hasta la fecha por reducir la burocracia en el sector. Esta normativa tiene por objetivo
simplificar los trámites para obtener y renovar permisos de operación. En lo que concierne la logística
del transporte, este aspecto es de suma importancia, dado que, cada día que un vehículo permanece
inactivo por falta de permisos genera costos de oportunidad que afectan negativamente la rentabilidad
del sector.
Martinez (2025) argumenta que la facilitación del comercio no se limita a los aranceles, sino que también
se aplica a la infraestructura institucional que facilita la movilidad. Al reducir los requisitos de
actualización de la flota y el registro de vehículos de carga, la Resolución No. 018-DIR-2022-ANT
reduce los costos de transacción. Esta opinión también es compartida por la UNCTAD (2020), que indica
pág. 3608
que la digitalización de los trámites administrativos es relevante para mantener la competitividad en
mercados globales saturados.
Impacto económico de las regulaciones técnicas (Resolución No. 006-DIR-2022-ANT)
Las regulaciones técnicas, en particular la Reforma al reglamento de procedimientos y requisitos para
la matriculación vehicular (Resolución No. 006-DIR-2022-ANT), regulan la matriculación de vehículos
según la capacidad de carga y el modo de transporte. Su objetivo es garantizar la seguridad vial y el
mantenimiento de la infraestructura, sin embargo, su implementación representa una carga económica
significativa para la sociedad. Cedeño y Velásquez (2023) analizan el impacto de la introducción de
estas nuevas regulaciones en la estructura financiera de las empresas de transporte.
El costo de adecuar los vehículos a las nuevas especificaciones técnicas de la Agencia Nacional de
Tránsito puede obligar a su reemplazo; si el marco regulatorio es demasiado rígido, los operadores
pueden optar por procedimientos informales o el uso de rutas no controladas, lo que paradójicamente
reduce la seguridad logística. Por consiguiente, las regulaciones deben complementarse con incentivos
económicos o períodos de transición que permitan la transición tecnológica sin comprometer la
estabilidad económica del sector.
Resiliencia Postpandemia y Vida Útil: Resolución No. 026-DIR-2022-ANT
La pandemia de COVID-19 impactó profundamente la logística en Ecuador (Capurro, 2020). La
Resolución No. 026-DIR-2022-ANT: Ampliación de años de vida útil en vehículos del transporte
terrestre público y comercial en Ecuador, que extendió la vida útil de los vehículos, buscaba asegurar la
supervivencia económica del sector, sin embargo, desde el punto de vista de la productividad, esta
medida resulta paradójica. Por un lado, evita la quiebra de las empresas de transporte al no exigirles la
renovación de sus flotas de vehículos durante la crisis; por otro, perjudica su eficiencia operativa.
Una flota de vehículos obsoleta conlleva mayores costos de mantenimiento y una menor disponibilidad,
según el documento “La Gestión de la Logística y el Transporte Internacional en el Ecuador: Estrategias,
Retos y Oportunidades en un Mundo Globalizado” (Apolinario et al., 2025), la confiabilidad de la flota
de vehículos es un factor clave para cumplir con los estándares de entrega justo a tiempo. Si bien las
regulaciones han reducido el tráfico en el corto plazo, representan un desafío a largo plazo en términos
que la digitalización de los trámites administrativos es relevante para mantener la competitividad en
mercados globales saturados.
Impacto económico de las regulaciones técnicas (Resolución No. 006-DIR-2022-ANT)
Las regulaciones técnicas, en particular la Reforma al reglamento de procedimientos y requisitos para
la matriculación vehicular (Resolución No. 006-DIR-2022-ANT), regulan la matriculación de vehículos
según la capacidad de carga y el modo de transporte. Su objetivo es garantizar la seguridad vial y el
mantenimiento de la infraestructura, sin embargo, su implementación representa una carga económica
significativa para la sociedad. Cedeño y Velásquez (2023) analizan el impacto de la introducción de
estas nuevas regulaciones en la estructura financiera de las empresas de transporte.
El costo de adecuar los vehículos a las nuevas especificaciones técnicas de la Agencia Nacional de
Tránsito puede obligar a su reemplazo; si el marco regulatorio es demasiado rígido, los operadores
pueden optar por procedimientos informales o el uso de rutas no controladas, lo que paradójicamente
reduce la seguridad logística. Por consiguiente, las regulaciones deben complementarse con incentivos
económicos o períodos de transición que permitan la transición tecnológica sin comprometer la
estabilidad económica del sector.
Resiliencia Postpandemia y Vida Útil: Resolución No. 026-DIR-2022-ANT
La pandemia de COVID-19 impactó profundamente la logística en Ecuador (Capurro, 2020). La
Resolución No. 026-DIR-2022-ANT: Ampliación de años de vida útil en vehículos del transporte
terrestre público y comercial en Ecuador, que extendió la vida útil de los vehículos, buscaba asegurar la
supervivencia económica del sector, sin embargo, desde el punto de vista de la productividad, esta
medida resulta paradójica. Por un lado, evita la quiebra de las empresas de transporte al no exigirles la
renovación de sus flotas de vehículos durante la crisis; por otro, perjudica su eficiencia operativa.
Una flota de vehículos obsoleta conlleva mayores costos de mantenimiento y una menor disponibilidad,
según el documento “La Gestión de la Logística y el Transporte Internacional en el Ecuador: Estrategias,
Retos y Oportunidades en un Mundo Globalizado” (Apolinario et al., 2025), la confiabilidad de la flota
de vehículos es un factor clave para cumplir con los estándares de entrega justo a tiempo. Si bien las
regulaciones han reducido el tráfico en el corto plazo, representan un desafío a largo plazo en términos
pág. 3609
de eficiencia logística, que el gobierno debe abordar eliminando incentivos fiscales y otorgando
beneficios a los vehículos con propulsión alternativa.
Regulaciones Aduaneras: Una Expansión de la Logística
La zona aduanera primaria, marca el éxito o fracaso de la logística terrestre de Ecuador, ante lo cual,
constituye un elemento clave para la eficiencia de esta. Córdova et al. (2023) realizaron un análisis
comparativo regional que sitúa a Ecuador en una fase de transición hacia la optimización logística
integral. Las regulaciones aduaneras deben integrarse con las regulaciones de transporte, por ejemplo,
el uso de sellos electrónicos y el rastreo de mercancías regulados por la Agencia Nacional de Tránsito
deberían ser reconocidos automáticamente por las autoridades aduaneras para evitar controles
innecesarios y el consiguiente aumento de los costos de la cadena de suministro. Según Martinez (2025),
este impacto de la logística en la facilitación del comercio internacional está sujeto a un análisis de
costo-beneficio, y Ecuador podría mejorar aún más la interoperabilidad de datos entre el Servicio
Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) y la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).
Territorialidad, movilidad y brecha regionales
El marco legal nacional (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial) se aplica
según el principio de aplicabilidad general, pero la realidad física del Ecuador es heterogénea. Obregón
et al. (2025) muestran que la infraestructura y la movilidad presentan importantes asimetrías
geográficas. La normativa actual no diferencia suficientemente los requisitos logísticos del transporte
de mercancías en la región de la Sierra, con sus desafíos topográficos y climáticos, de los de la región
costera.
Esta falta de especificidad regional en la normativa genera ineficiencia. Las decisiones de la Agencia
Nacional de Tránsito deberían permitir una gestión diferenciada de la movilidad para fortalecer la
competitividad regional y, por ejemplo, permitir diferentes configuraciones de carga según la zona
geográfica, respetando las normas de seguridad vial.
de eficiencia logística, que el gobierno debe abordar eliminando incentivos fiscales y otorgando
beneficios a los vehículos con propulsión alternativa.
Regulaciones Aduaneras: Una Expansión de la Logística
La zona aduanera primaria, marca el éxito o fracaso de la logística terrestre de Ecuador, ante lo cual,
constituye un elemento clave para la eficiencia de esta. Córdova et al. (2023) realizaron un análisis
comparativo regional que sitúa a Ecuador en una fase de transición hacia la optimización logística
integral. Las regulaciones aduaneras deben integrarse con las regulaciones de transporte, por ejemplo,
el uso de sellos electrónicos y el rastreo de mercancías regulados por la Agencia Nacional de Tránsito
deberían ser reconocidos automáticamente por las autoridades aduaneras para evitar controles
innecesarios y el consiguiente aumento de los costos de la cadena de suministro. Según Martinez (2025),
este impacto de la logística en la facilitación del comercio internacional está sujeto a un análisis de
costo-beneficio, y Ecuador podría mejorar aún más la interoperabilidad de datos entre el Servicio
Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) y la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).
Territorialidad, movilidad y brecha regionales
El marco legal nacional (Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial) se aplica
según el principio de aplicabilidad general, pero la realidad física del Ecuador es heterogénea. Obregón
et al. (2025) muestran que la infraestructura y la movilidad presentan importantes asimetrías
geográficas. La normativa actual no diferencia suficientemente los requisitos logísticos del transporte
de mercancías en la región de la Sierra, con sus desafíos topográficos y climáticos, de los de la región
costera.
Esta falta de especificidad regional en la normativa genera ineficiencia. Las decisiones de la Agencia
Nacional de Tránsito deberían permitir una gestión diferenciada de la movilidad para fortalecer la
competitividad regional y, por ejemplo, permitir diferentes configuraciones de carga según la zona
geográfica, respetando las normas de seguridad vial.
pág. 3610
Hacia un marco para el desarrollo sostenible
El marco regulatorio enfrenta el reto de modernizarse. Apolinario et al. (2024) identifican importantes
barreras cualitativas para la implementación de la logística inversa y la economía circular en Ecuador,
bajo las condiciones actuales, no existe una normativa clara que incentive a las empresas de transporte
a gestionar la devolución de embalajes o productos al final de su vida útil dentro de una cadena de
suministro regulada.
El teletrabajo, analizado por Corral (2022) como una medida de transporte sostenible, también debe
integrarse en la estrategia logística nacional; las regulaciones que promueven el teletrabajo reducen la
demanda de movilidad individual en horas punta y optimizan el uso de la infraestructura vial para el
transporte de mercancías, en virtud de lo anterior, el marco regulatorio del transporte ya no puede
considerarse de forma aislada, sino que debe vincularse con las políticas laborales y ambientales para
aumentar la eficiencia económica del país.
DISCUSIÓN
La interacción entre los marcos regulatorios y la eficiencia logística en Ecuador revela una estructura
compleja donde los avances en la simplificación administrativa coexisten con obstáculos estructurales
de larga data. El análisis se estructura en torno a cinco áreas clave que permiten interpretar la realidad
del sector en el contexto del desarrollo económico.
La paradoja de la productividad y la regularidad
Un análisis empírico de la productividad en el sector del transporte ecuatoriano durante el período de
2012-2021 realizado por Mocha et al. (2023) sugiere que el crecimiento no ha sido constante, sino que
ha dependido de factores externos y de la adaptabilidad tecnológica de los operadores. Por el contrario,
la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y su reforma de 2021, a pesar de
centrarse en la estandarización y el aseguramiento de la calidad, históricamente han obstaculizado la
agilidad operativa debido a la estricta aplicación de las licencias de operación.
La introducción de nuevas regulaciones, como destacan Cedeño y Velásquez (2023) en su análisis de
impacto económico, genera una carga administrativa que puede anular las ganancias de productividad
logradas mediante las mejoras de infraestructura, en este contexto, el debate debería centrarse en el
propósito del marco regulatorio ecuatoriano, ¿aumentar la eficiencia o simplemente fortalecer el control
Hacia un marco para el desarrollo sostenible
El marco regulatorio enfrenta el reto de modernizarse. Apolinario et al. (2024) identifican importantes
barreras cualitativas para la implementación de la logística inversa y la economía circular en Ecuador,
bajo las condiciones actuales, no existe una normativa clara que incentive a las empresas de transporte
a gestionar la devolución de embalajes o productos al final de su vida útil dentro de una cadena de
suministro regulada.
El teletrabajo, analizado por Corral (2022) como una medida de transporte sostenible, también debe
integrarse en la estrategia logística nacional; las regulaciones que promueven el teletrabajo reducen la
demanda de movilidad individual en horas punta y optimizan el uso de la infraestructura vial para el
transporte de mercancías, en virtud de lo anterior, el marco regulatorio del transporte ya no puede
considerarse de forma aislada, sino que debe vincularse con las políticas laborales y ambientales para
aumentar la eficiencia económica del país.
DISCUSIÓN
La interacción entre los marcos regulatorios y la eficiencia logística en Ecuador revela una estructura
compleja donde los avances en la simplificación administrativa coexisten con obstáculos estructurales
de larga data. El análisis se estructura en torno a cinco áreas clave que permiten interpretar la realidad
del sector en el contexto del desarrollo económico.
La paradoja de la productividad y la regularidad
Un análisis empírico de la productividad en el sector del transporte ecuatoriano durante el período de
2012-2021 realizado por Mocha et al. (2023) sugiere que el crecimiento no ha sido constante, sino que
ha dependido de factores externos y de la adaptabilidad tecnológica de los operadores. Por el contrario,
la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y su reforma de 2021, a pesar de
centrarse en la estandarización y el aseguramiento de la calidad, históricamente han obstaculizado la
agilidad operativa debido a la estricta aplicación de las licencias de operación.
La introducción de nuevas regulaciones, como destacan Cedeño y Velásquez (2023) en su análisis de
impacto económico, genera una carga administrativa que puede anular las ganancias de productividad
logradas mediante las mejoras de infraestructura, en este contexto, el debate debería centrarse en el
propósito del marco regulatorio ecuatoriano, ¿aumentar la eficiencia o simplemente fortalecer el control
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administrativo?, los resultados sugieren que Ecuador necesita pasar de una “regulación controladora” a
una “regulación habilitadora”, donde el cumplimiento sea un factor facilitador más que una fuente de
costos residuales para la logística del transporte (Torres y Cruz, 2025).
Facilitación del Comercio: Sinergia entre Transporte y Aduanas
Un punto clave de debate se refiere a la actual falta de coordinación entre el transporte terrestre y la
normativa aduanera. Martinez (2025) enfatiza que los beneficios de la logística para facilitar el comercio
internacional solo se materializarán cuando se reduzcan los costos y las demoras a lo largo de la cadena
de suministro, por otro lado, Córdova et al. (2023) muestran en su análisis comparativo regional que, a
pesar del progreso de Ecuador en la implementación de los estándares internacionales propuestos por la
UNCTAD (2020), la eficiencia operativa aún se ve limitada.
La Resolución No. 018-DIR-2022-ANT, que busca agilizar los trámites, es un paso en la dirección
correcta, pero su impacto será limitado si los procedimientos aduaneros no reconocen la trazabilidad y
los registros digitales emitidos por la Agencia Nacional de Tránsito, de manera consecuente, el debate
debe centrarse en la necesidad de una interoperabilidad total de los datos. La eficiencia de la logística
interna depende de la capacidad de los vehículos de carga aprobados bajo la Resolución No. 006-DIR-
2022-ANT para despachar con la misma rapidez en los depósitos aduaneros y centros de distribución,
eliminando así los dobles controles que actualmente frenan el desarrollo económico (Apolinario et al.,
2025).
Asimetría regional y el desafío de la cohesión territorial
La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial ignora las realidades geográficas
que Obregón et al. (2025) identifican como factores importantes para la competitividad logística
regional. En Ecuador, la logística en la ruta costera se percibe de forma diferente a la de las rutas
amazónicas. La normativa vigente prescribe estándares técnicos uniformes que no siempre son eficaces
dada la diversidad de infraestructura y movilidad en las diferentes zonas geográficas.
Este enfoque regulatorio centralizado genera un rezago en el desarrollo económico en algunas regiones.
El debate debería proponer una regionalización de la normativa técnica, en la que las decisiones de la
Agencia Nacional de Tránsito consideren la capacidad de carga y los tipos de vehículos óptimos para
cada topografía, permitiendo una logística más resiliente y adaptada a la geografía ecuatoriana. La falta
administrativo?, los resultados sugieren que Ecuador necesita pasar de una “regulación controladora” a
una “regulación habilitadora”, donde el cumplimiento sea un factor facilitador más que una fuente de
costos residuales para la logística del transporte (Torres y Cruz, 2025).
Facilitación del Comercio: Sinergia entre Transporte y Aduanas
Un punto clave de debate se refiere a la actual falta de coordinación entre el transporte terrestre y la
normativa aduanera. Martinez (2025) enfatiza que los beneficios de la logística para facilitar el comercio
internacional solo se materializarán cuando se reduzcan los costos y las demoras a lo largo de la cadena
de suministro, por otro lado, Córdova et al. (2023) muestran en su análisis comparativo regional que, a
pesar del progreso de Ecuador en la implementación de los estándares internacionales propuestos por la
UNCTAD (2020), la eficiencia operativa aún se ve limitada.
La Resolución No. 018-DIR-2022-ANT, que busca agilizar los trámites, es un paso en la dirección
correcta, pero su impacto será limitado si los procedimientos aduaneros no reconocen la trazabilidad y
los registros digitales emitidos por la Agencia Nacional de Tránsito, de manera consecuente, el debate
debe centrarse en la necesidad de una interoperabilidad total de los datos. La eficiencia de la logística
interna depende de la capacidad de los vehículos de carga aprobados bajo la Resolución No. 006-DIR-
2022-ANT para despachar con la misma rapidez en los depósitos aduaneros y centros de distribución,
eliminando así los dobles controles que actualmente frenan el desarrollo económico (Apolinario et al.,
2025).
Asimetría regional y el desafío de la cohesión territorial
La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial ignora las realidades geográficas
que Obregón et al. (2025) identifican como factores importantes para la competitividad logística
regional. En Ecuador, la logística en la ruta costera se percibe de forma diferente a la de las rutas
amazónicas. La normativa vigente prescribe estándares técnicos uniformes que no siempre son eficaces
dada la diversidad de infraestructura y movilidad en las diferentes zonas geográficas.
Este enfoque regulatorio centralizado genera un rezago en el desarrollo económico en algunas regiones.
El debate debería proponer una regionalización de la normativa técnica, en la que las decisiones de la
Agencia Nacional de Tránsito consideren la capacidad de carga y los tipos de vehículos óptimos para
cada topografía, permitiendo una logística más resiliente y adaptada a la geografía ecuatoriana. La falta
pág. 3612
de esta perspectiva territorial en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
limita la importancia de la logística como factor clave en la economía local fuera de los principales
centros de transporte.
Vida Útil Vehicular y la Eficiencia Postpandemia
La Resolución No. 026-DIR-2022-ANT, que extendió la vida útil de los vehículos, sirve como estudio
de caso de las respuestas regulatorias a la crisis. Capurro (2020) describe en detalle cómo el sector
logístico permitió al país mantenerse a flote durante el confinamiento, a pesar de los altísimos costos
operativos. Si bien la medida de la Agencia Nacional de Tránsito fue necesaria para evitar el colapso
económico de las empresas de transporte, sus consecuencias a largo plazo son preocupantes.
Mantener los vehículos más allá de su vida útil óptima contradice los principios de productividad y
sostenibilidad, una flota envejecida es menos eficiente, consume más combustible y tiene un mayor
impacto ambiental. Esto nos lleva a la “barrera de la modernización”, donde Ecuador necesita un marco
regulatorio que le permita pasar de un alivio temporal (Resolución No. 026-DIR-2022-ANT) a una
reestructuración. La discusión debe centrarse en cómo el Estado puede generar incentivos para
reemplazar el parque vehicular sin afectar la liquidez de los operadores, de manera que la logística del
transporte pueda volver a los niveles de productividad previos a la crisis (Mocha et al., 2023).
Desafíos relacionados con la sostenibilidad y la economía
Finalmente, el debate debe abordar la falta de una regulación proactiva en materia de logística inversa
y economía circular. Apolinario et al. (2024) enfatizan que las barreras a la calidad en Ecuador no son
solo técnicas o culturales, sino principalmente regulatorias. El marco legal de la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial no incentiva la devolución de mercancías, lo que
incrementa los costos para las empresas que buscan trabajar de forma más sostenible.
Incluso soluciones innovadoras como el teletrabajo (Corral, 2022), que reducen la necesidad de
transporte y liberan vías para camiones pesados, no están formalmente integradas en los planes de
movilidad logística de la Agencia Nacional de Tránsito. En conclusión, Ecuador se encuentra en una
coyuntura crítica, donde el país debe modernizar su marco legal para integrar la sostenibilidad y la
digitalización, o continuará enfrentando altos costos logísticos que obstaculizan su desarrollo económico
en comparación con sus competidores regionales que ya han adoptado estos paradigmas.
de esta perspectiva territorial en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
limita la importancia de la logística como factor clave en la economía local fuera de los principales
centros de transporte.
Vida Útil Vehicular y la Eficiencia Postpandemia
La Resolución No. 026-DIR-2022-ANT, que extendió la vida útil de los vehículos, sirve como estudio
de caso de las respuestas regulatorias a la crisis. Capurro (2020) describe en detalle cómo el sector
logístico permitió al país mantenerse a flote durante el confinamiento, a pesar de los altísimos costos
operativos. Si bien la medida de la Agencia Nacional de Tránsito fue necesaria para evitar el colapso
económico de las empresas de transporte, sus consecuencias a largo plazo son preocupantes.
Mantener los vehículos más allá de su vida útil óptima contradice los principios de productividad y
sostenibilidad, una flota envejecida es menos eficiente, consume más combustible y tiene un mayor
impacto ambiental. Esto nos lleva a la “barrera de la modernización”, donde Ecuador necesita un marco
regulatorio que le permita pasar de un alivio temporal (Resolución No. 026-DIR-2022-ANT) a una
reestructuración. La discusión debe centrarse en cómo el Estado puede generar incentivos para
reemplazar el parque vehicular sin afectar la liquidez de los operadores, de manera que la logística del
transporte pueda volver a los niveles de productividad previos a la crisis (Mocha et al., 2023).
Desafíos relacionados con la sostenibilidad y la economía
Finalmente, el debate debe abordar la falta de una regulación proactiva en materia de logística inversa
y economía circular. Apolinario et al. (2024) enfatizan que las barreras a la calidad en Ecuador no son
solo técnicas o culturales, sino principalmente regulatorias. El marco legal de la Ley Orgánica de
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial no incentiva la devolución de mercancías, lo que
incrementa los costos para las empresas que buscan trabajar de forma más sostenible.
Incluso soluciones innovadoras como el teletrabajo (Corral, 2022), que reducen la necesidad de
transporte y liberan vías para camiones pesados, no están formalmente integradas en los planes de
movilidad logística de la Agencia Nacional de Tránsito. En conclusión, Ecuador se encuentra en una
coyuntura crítica, donde el país debe modernizar su marco legal para integrar la sostenibilidad y la
digitalización, o continuará enfrentando altos costos logísticos que obstaculizan su desarrollo económico
en comparación con sus competidores regionales que ya han adoptado estos paradigmas.
pág. 3613
pág. 3614
CONCLUSIONES
Un análisis exhaustivo del marco regulatorio del transporte y la logística en Ecuador permite extraer
conclusiones importantes sobre su impacto en la eficiencia operativa y el desarrollo económico nacional.
La articulación entre el marco legal primario y la regulación secundaria determina la competitividad del
país en un mercado global cada vez más exigente.
Eficiencia Regulatoria y Simplificación Administrativa
El marco regulatorio ecuatoriano ha emprendido una necesaria evolución hacia la simplificación
logística. Esta evolución se ha visto influenciada principalmente por la reforma de 2021 a la Ley
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y se ha implementado mediante
instrumentos como la Resolución No. 018-DIR-2022-ANT. La simplificación de trámites que permite
esta normativa ha demostrado ser un factor clave para reducir los costos de transacción y mejorar la
capacidad de respuesta de las empresas de transporte. Como señalan Torres y Cruz (2025), la logística
del transporte es una parte fundamental de la cadena de suministro, y su eficiencia está directamente
relacionada con la reducción de los obstáculos de mecanismos de control administrativo que
históricamente han afectado la productividad del sector.
Sin embargo, esta simplificación administrativa debe continuar. Un análisis empírico de productividad
realizado por Mocha et al. (2023) muestra que los períodos de mayor crecimiento del sector coinciden
con períodos de estabilidad y claridad regulatoria. La mejora del desarrollo económico del Ecuador
depende por tanto de la capacidad de la Agencia Nacional de Tránsito de mantener una política de
actualización de la normativa técnica, como la Resolución No. 006-DIR-2022-ANT, acorde a la realidad
operativa de las empresas de transporte de carga.
El Desafío de la Productividad ante la Resiliencia Económica
La investigación muestra una contradicción inherente entre las medidas de resiliencia postpandemia y
los objetivos de productividad a largo plazo. La Resolución No. 026-DIR-2022-ANT es importante para
la supervivencia del sector tras las consecuencias económicas de la crisis sanitaria (Capurro, 2020), pero
conlleva el riesgo de una obsolescencia tecnológica permanente. El uso de vehículos con una vida útil
prolongada puede aliviar las presiones económicas inmediatas, pero socava la eficiencia energética y la
fiabilidad de la cadena de suministro internacional (Apolinario et al., 2025).
CONCLUSIONES
Un análisis exhaustivo del marco regulatorio del transporte y la logística en Ecuador permite extraer
conclusiones importantes sobre su impacto en la eficiencia operativa y el desarrollo económico nacional.
La articulación entre el marco legal primario y la regulación secundaria determina la competitividad del
país en un mercado global cada vez más exigente.
Eficiencia Regulatoria y Simplificación Administrativa
El marco regulatorio ecuatoriano ha emprendido una necesaria evolución hacia la simplificación
logística. Esta evolución se ha visto influenciada principalmente por la reforma de 2021 a la Ley
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y se ha implementado mediante
instrumentos como la Resolución No. 018-DIR-2022-ANT. La simplificación de trámites que permite
esta normativa ha demostrado ser un factor clave para reducir los costos de transacción y mejorar la
capacidad de respuesta de las empresas de transporte. Como señalan Torres y Cruz (2025), la logística
del transporte es una parte fundamental de la cadena de suministro, y su eficiencia está directamente
relacionada con la reducción de los obstáculos de mecanismos de control administrativo que
históricamente han afectado la productividad del sector.
Sin embargo, esta simplificación administrativa debe continuar. Un análisis empírico de productividad
realizado por Mocha et al. (2023) muestra que los períodos de mayor crecimiento del sector coinciden
con períodos de estabilidad y claridad regulatoria. La mejora del desarrollo económico del Ecuador
depende por tanto de la capacidad de la Agencia Nacional de Tránsito de mantener una política de
actualización de la normativa técnica, como la Resolución No. 006-DIR-2022-ANT, acorde a la realidad
operativa de las empresas de transporte de carga.
El Desafío de la Productividad ante la Resiliencia Económica
La investigación muestra una contradicción inherente entre las medidas de resiliencia postpandemia y
los objetivos de productividad a largo plazo. La Resolución No. 026-DIR-2022-ANT es importante para
la supervivencia del sector tras las consecuencias económicas de la crisis sanitaria (Capurro, 2020), pero
conlleva el riesgo de una obsolescencia tecnológica permanente. El uso de vehículos con una vida útil
prolongada puede aliviar las presiones económicas inmediatas, pero socava la eficiencia energética y la
fiabilidad de la cadena de suministro internacional (Apolinario et al., 2025).
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En conclusión, el desarrollo económico sostenible requiere una transición de las medidas regulatorias y
de emergencia a estrategias que impulsen el crecimiento. El impacto de la introducción de nuevas
regulaciones debe evaluarse no solo en términos de controlabilidad, sino también en términos de su
impacto en la estructura de costos de los actores y la rentabilidad sistémica (Cedeño y Velásquez, 2023).
Facilitación del comercio y convergencia regional
En Ecuador, la logística es vital para el comercio exterior, y su éxito depende de la armonización con
los estándares internacionales propuestos por la UNCTAD (2020). Diversos estudios destacan la urgente
necesidad de integrar la normativa de transporte terrestre con la aduanera. Martinez (2025) enfatiza que
la facilitación del comercio es una cuestión de análisis de costo-beneficio; en Ecuador, estos beneficios
solo se maximizarán si la interoperabilidad regular permite el flujo fluido de mercancías entre los centros
de producción y los puntos de salida transfronterizos (Córdova et al., 2023).
La normativa también debe eliminar las asimetrías territoriales, la competitividad regional en logística
no debe limitarse a corredores viales específicos. Como identifican Obregón et al. (2025), las diferencias
geográficas en infraestructura y movilidad deben tenerse en cuenta mediante la normativa nacional (Ley
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial) y una planificación descentralizada
adaptada a las especificidades de cada región del país.
Sostenibilidad y digitalización
En conclusión, el marco legal presenta importantes deficiencias en materia de sostenibilidad e
integración de las nuevas tendencias de movilidad. Ante la ausencia de incentivos legales claros
(Apolinario et al., 2024), Ecuador enfrenta obstáculos cualitativos para implementar la logística inversa
y la economía circular. La integración de medidas innovadoras, como el teletrabajo (Corral, 2022), como
estrategia para reducir la congestión vehicular y mejorar el flujo de mercancías, aún se encuentra en una
fase inicial.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Agencia Nacional de Tránsito [ANT]. (2022a). Reforma al reglamento de procedimientos y requisitos
para la matriculación vehicular (Resolución No. 006-DIR-2022-ANT). Segunda Sesión
Extraordinaria de Directorio, 05 de Abril de 2022.
En conclusión, el desarrollo económico sostenible requiere una transición de las medidas regulatorias y
de emergencia a estrategias que impulsen el crecimiento. El impacto de la introducción de nuevas
regulaciones debe evaluarse no solo en términos de controlabilidad, sino también en términos de su
impacto en la estructura de costos de los actores y la rentabilidad sistémica (Cedeño y Velásquez, 2023).
Facilitación del comercio y convergencia regional
En Ecuador, la logística es vital para el comercio exterior, y su éxito depende de la armonización con
los estándares internacionales propuestos por la UNCTAD (2020). Diversos estudios destacan la urgente
necesidad de integrar la normativa de transporte terrestre con la aduanera. Martinez (2025) enfatiza que
la facilitación del comercio es una cuestión de análisis de costo-beneficio; en Ecuador, estos beneficios
solo se maximizarán si la interoperabilidad regular permite el flujo fluido de mercancías entre los centros
de producción y los puntos de salida transfronterizos (Córdova et al., 2023).
La normativa también debe eliminar las asimetrías territoriales, la competitividad regional en logística
no debe limitarse a corredores viales específicos. Como identifican Obregón et al. (2025), las diferencias
geográficas en infraestructura y movilidad deben tenerse en cuenta mediante la normativa nacional (Ley
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial) y una planificación descentralizada
adaptada a las especificidades de cada región del país.
Sostenibilidad y digitalización
En conclusión, el marco legal presenta importantes deficiencias en materia de sostenibilidad e
integración de las nuevas tendencias de movilidad. Ante la ausencia de incentivos legales claros
(Apolinario et al., 2024), Ecuador enfrenta obstáculos cualitativos para implementar la logística inversa
y la economía circular. La integración de medidas innovadoras, como el teletrabajo (Corral, 2022), como
estrategia para reducir la congestión vehicular y mejorar el flujo de mercancías, aún se encuentra en una
fase inicial.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Agencia Nacional de Tránsito [ANT]. (2022a). Reforma al reglamento de procedimientos y requisitos
para la matriculación vehicular (Resolución No. 006-DIR-2022-ANT). Segunda Sesión
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