RELACIÓN ENTRE POLÍTICAS ECONÓMICAS
Y GOBERNABILIDAD EN EL PERÚ POST-1968
RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC POLICIES
AND GOVERNANCE IN POST-1968 PERU
Miriam Ysela Condori Quispe
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú
David Ernesto Aguilar del Carpio
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú
Adolfo Gerardo Bedoya Zaira
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú
Diego Rivera Caycho
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú
pág. 3898
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i2.23428
Relación entre Políticas Económicas y Gobernabilidad en el Perú
Post-1968
Miriam Ysela Condori Quispe1
mcondoriqui@unsa.edu.pe
https://orcid.org/0009-0009-6595-1310
Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa, Perú
David Ernesto Aguilar del Carpio
daguilar@unsa.edu.pe
https://orcid.org/0000-0001-9911-6537
Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa, Perú
Adolfo Gerardo Bedoya Zaira
gbedoyaza@unsa.edu.pe
https://orcid.org/0000-0003-2947-9804
Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa, Perú
Diego Rivera Caycho
driveraca@unsa.edu.pe
https://orcid.org/0000-0002-1121-3998
Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa, Perú
RESUMEN
La propuesta de artículo titulada “Relación entre políticas económicas y gobernabilidad en el Perú post-
1968, es fundamental para entender cómo los modelos económicos implementados por los sucesivos
gobiernos peruanos han influido en el desarrollo económico y social del país. Analizar esta evolución
permite esclarecer las bases sobre las que se han construido las políticas actuales, identificando los
aciertos y errores en la búsqueda de un desarrollo sostenible y equitativo. Así, los objetivos de
investigación son: OG1. Analizar el rol del Estado en el desarrollo económico desde el gobierno de
Juan Velasco Alvarado hasta el presente, enfocándose en las dinámicas de la lógica económica y su
impacto en la gobernabilidad; OE1.Evaluar las políticas económicas del gobierno de Velasco y su
enfoque en la gobernabilidad, OE2. Identificar los cambios en las políticas económicas con los
gobiernos posteriores, OE3. Relacionar el impacto de estas políticas con el desarrollo económico y la
estabilidad política en Perú. La investigación es cualitativa debido al análisis histórico y político-
económico porque se originó desde 1968 (gobierno de Velasco) hasta el presente (2024). La principal
discusión de la investigación fue el modelo económico intervencionista basado en la nacionalización
de industrias estratégicas y para justificar esta intervención se concluyó en el fortalecimiento del Estado
como garante del equilibrio entre la inversión privada y extranjera.
Palabras clave: Neoliberalismo, crecimiento, estructuralismo, recesión, estabilidad, intervencionismo,
intervención, hiperinflación.
1 Autor principal
Correspondencia: mcondoriqui@unsa.edu.pe
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i2.23428
Relación entre Políticas Económicas y Gobernabilidad en el Perú
Post-1968
Miriam Ysela Condori Quispe1
mcondoriqui@unsa.edu.pe
https://orcid.org/0009-0009-6595-1310
Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa, Perú
David Ernesto Aguilar del Carpio
daguilar@unsa.edu.pe
https://orcid.org/0000-0001-9911-6537
Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa, Perú
Adolfo Gerardo Bedoya Zaira
gbedoyaza@unsa.edu.pe
https://orcid.org/0000-0003-2947-9804
Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa, Perú
Diego Rivera Caycho
driveraca@unsa.edu.pe
https://orcid.org/0000-0002-1121-3998
Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa, Perú
RESUMEN
La propuesta de artículo titulada “Relación entre políticas económicas y gobernabilidad en el Perú post-
1968, es fundamental para entender cómo los modelos económicos implementados por los sucesivos
gobiernos peruanos han influido en el desarrollo económico y social del país. Analizar esta evolución
permite esclarecer las bases sobre las que se han construido las políticas actuales, identificando los
aciertos y errores en la búsqueda de un desarrollo sostenible y equitativo. Así, los objetivos de
investigación son: OG1. Analizar el rol del Estado en el desarrollo económico desde el gobierno de
Juan Velasco Alvarado hasta el presente, enfocándose en las dinámicas de la lógica económica y su
impacto en la gobernabilidad; OE1.Evaluar las políticas económicas del gobierno de Velasco y su
enfoque en la gobernabilidad, OE2. Identificar los cambios en las políticas económicas con los
gobiernos posteriores, OE3. Relacionar el impacto de estas políticas con el desarrollo económico y la
estabilidad política en Perú. La investigación es cualitativa debido al análisis histórico y político-
económico porque se originó desde 1968 (gobierno de Velasco) hasta el presente (2024). La principal
discusión de la investigación fue el modelo económico intervencionista basado en la nacionalización
de industrias estratégicas y para justificar esta intervención se concluyó en el fortalecimiento del Estado
como garante del equilibrio entre la inversión privada y extranjera.
Palabras clave: Neoliberalismo, crecimiento, estructuralismo, recesión, estabilidad, intervencionismo,
intervención, hiperinflación.
1 Autor principal
Correspondencia: mcondoriqui@unsa.edu.pe
pág. 3899
Relationship Between Economic Policies and Governance in Post-1968 Peru
ABSTRACT
The proposed article entitled “Relationship between economic policies and governance in post-1968
Peru.” is fundamental to understand how the economic models implemented by successive Peruvian
governments have influenced the country's economic and social development. Analyzing this evolution
makes it possible to clarify the bases on which current policies have been built, identifying the successes
and mistakes in the search for sustainable and equitable development. Thus, the research objectives are:
GC1. To analyze the role of the State in economic development from the government of Juan Velasco
Alvarado to the present, focusing on the dynamics of economic logic and its impact on governance;
OE1.To evaluate the economic policies of the Velasco government and its focus on governance,
OE2.To identify the changes in economic policies with subsequent governments, OE3.To relate the
impact of these policies with economic development and political stability in Peru. The research is
qualitative due to the historical and political-economic analysis because it originated from 1968
(Velasco's government) to the present (2024). The main discussion of the research was the
interventionist economic model based on the nationalization of strategic industries and to justify this
intervention it was concluded in the strengthening of the State as guarantor of the balance between
private and foreign investment.
Keywords: neoliberalism, growth, structuralism, recession, stability, interventionism, intervention,
hyperinflation
Artículo recibido 28 febrero 2026
Aceptado para publicación: 28 marzo 2026
Relationship Between Economic Policies and Governance in Post-1968 Peru
ABSTRACT
The proposed article entitled “Relationship between economic policies and governance in post-1968
Peru.” is fundamental to understand how the economic models implemented by successive Peruvian
governments have influenced the country's economic and social development. Analyzing this evolution
makes it possible to clarify the bases on which current policies have been built, identifying the successes
and mistakes in the search for sustainable and equitable development. Thus, the research objectives are:
GC1. To analyze the role of the State in economic development from the government of Juan Velasco
Alvarado to the present, focusing on the dynamics of economic logic and its impact on governance;
OE1.To evaluate the economic policies of the Velasco government and its focus on governance,
OE2.To identify the changes in economic policies with subsequent governments, OE3.To relate the
impact of these policies with economic development and political stability in Peru. The research is
qualitative due to the historical and political-economic analysis because it originated from 1968
(Velasco's government) to the present (2024). The main discussion of the research was the
interventionist economic model based on the nationalization of strategic industries and to justify this
intervention it was concluded in the strengthening of the State as guarantor of the balance between
private and foreign investment.
Keywords: neoliberalism, growth, structuralism, recession, stability, interventionism, intervention,
hyperinflation
Artículo recibido 28 febrero 2026
Aceptado para publicación: 28 marzo 2026
pág. 3900
INTRODUCCIÓN
El gobierno de Juan Velasco Alvarado marcó un punto de inflexión en la historia económica del Perú,
al implementar políticas radicales como la reforma agraria y la nacionalización de sectores estratégicos.
Estas medidas, con su enfoque en la redistribución y el fortalecimiento del Estado, generaron impactos
profundos tanto en el crecimiento económico como en la equidad social. Comprender su legado es
esencial para evaluar cómo afectaron la estructura productiva del país y las brechas sociales.
Posteriormente, los gobiernos que siguieron a Velasco se enfrentaron al desafío de mantener la
estabilidad política y económica, revirtiendo o reformando muchas de sus políticas. El análisis de estas
decisiones permite evaluar en qué medida la lógica económica aplicada —ya sea más estatista o más
orientada al mercado— contribuyó o limitó el desarrollo del país. Además, es clave investigar cómo
estas políticas impactaron en la estabilidad y gobernabilidad, ya que la cohesión social y la legitimidad
del Estado son fundamentales para un crecimiento económico sostenido.
Este proyecto de investigación es relevante no solo desde una perspectiva histórica, sino también para
la formulación de políticas futuras. Comprender las relaciones entre el rol del Estado, el desarrollo
económico y la gobernabilidad en el contexto peruano permitirá diseñar estrategias más efectivas que
favorezcan la estabilidad política, el crecimiento inclusivo y la reducción de las desigualdades
estructurales que aún persisten en el país.
Teorías del desarrollo económico:
Neoliberalismo: El neoliberalismo es una corriente de pensamiento que aboga por una intervención
mínima del Estado en la economía, favoreciendo los mecanismos del libre mercado como la mejor
forma de asignar recursos y promover el crecimiento. Inspirado por autores como Friedrich Hayek y
Milton Friedman, el neoliberalismo sostiene que el Estado debe limitarse a garantizar el orden público,
la propiedad privada y el cumplimiento de contratos, dejando al mercado la tarea de regularse por sí
mismo. La intervención estatal, según esta teoría, genera ineficiencia y distorsiona los incentivos
económicos, obstaculizando el crecimiento y el desarrollo económico.
Milton Friedman argumentó que "el gobierno debe ser un árbitro imparcial y no un participante activo
en el juego económico" (Friedman, 1962). Según esta visión, las políticas de desregulación,
privatización y reducción del gasto público son claves para el éxito económico.
INTRODUCCIÓN
El gobierno de Juan Velasco Alvarado marcó un punto de inflexión en la historia económica del Perú,
al implementar políticas radicales como la reforma agraria y la nacionalización de sectores estratégicos.
Estas medidas, con su enfoque en la redistribución y el fortalecimiento del Estado, generaron impactos
profundos tanto en el crecimiento económico como en la equidad social. Comprender su legado es
esencial para evaluar cómo afectaron la estructura productiva del país y las brechas sociales.
Posteriormente, los gobiernos que siguieron a Velasco se enfrentaron al desafío de mantener la
estabilidad política y económica, revirtiendo o reformando muchas de sus políticas. El análisis de estas
decisiones permite evaluar en qué medida la lógica económica aplicada —ya sea más estatista o más
orientada al mercado— contribuyó o limitó el desarrollo del país. Además, es clave investigar cómo
estas políticas impactaron en la estabilidad y gobernabilidad, ya que la cohesión social y la legitimidad
del Estado son fundamentales para un crecimiento económico sostenido.
Este proyecto de investigación es relevante no solo desde una perspectiva histórica, sino también para
la formulación de políticas futuras. Comprender las relaciones entre el rol del Estado, el desarrollo
económico y la gobernabilidad en el contexto peruano permitirá diseñar estrategias más efectivas que
favorezcan la estabilidad política, el crecimiento inclusivo y la reducción de las desigualdades
estructurales que aún persisten en el país.
Teorías del desarrollo económico:
Neoliberalismo: El neoliberalismo es una corriente de pensamiento que aboga por una intervención
mínima del Estado en la economía, favoreciendo los mecanismos del libre mercado como la mejor
forma de asignar recursos y promover el crecimiento. Inspirado por autores como Friedrich Hayek y
Milton Friedman, el neoliberalismo sostiene que el Estado debe limitarse a garantizar el orden público,
la propiedad privada y el cumplimiento de contratos, dejando al mercado la tarea de regularse por sí
mismo. La intervención estatal, según esta teoría, genera ineficiencia y distorsiona los incentivos
económicos, obstaculizando el crecimiento y el desarrollo económico.
Milton Friedman argumentó que "el gobierno debe ser un árbitro imparcial y no un participante activo
en el juego económico" (Friedman, 1962). Según esta visión, las políticas de desregulación,
privatización y reducción del gasto público son claves para el éxito económico.
pág. 3901
Estructuralismo: El estructuralismo, en contraste con el neoliberalismo, sostiene que el Estado debe
desempeñar un papel activo en la economía para corregir las fallas estructurales que impiden el
desarrollo, especialmente en países en vías de desarrollo. Esta teoría se originó en América Latina
durante la segunda mitad del siglo XX, con autores como Raúl Prebisch y Celso Furtado. Los
estructuralistas creen que el mercado por sí solo no puede resolver los desequilibrios inherentes a las
economías subdesarrolladas, como la dependencia de la exportación de materias primas y la
vulnerabilidad a los choques externos.
Prebisch argumentaba que "los países subdesarrollados no pueden dejar su desarrollo en manos del
mercado, debido a las relaciones asimétricas en el comercio internacional" (Prebisch, 1950). De este
modo, el Estado debe intervenir para diversificar la economía, industrializar el país y reducir la
dependencia externa.
Keynesianismo: Desarrollado por John Maynard Keynes durante la Gran Depresión, se basa en la idea
de que el Estado debe intervenir activamente en la economía, especialmente en tiempos de crisis, para
estabilizar el ciclo económico. Keynes argumentaba que, en épocas de recesión, la demanda agregada
tiende a caer, lo que puede llevar a un estancamiento económico prolongado. Para contrarrestar esto, el
Estado debe aumentar el gasto público y reducir los impuestos, estimulando así la demanda y
fomentando la recuperación económica.
Keynes afirmó que "el Estado debe estar preparado para incrementar su gasto durante las crisis
económicas para compensar la caída en la demanda privada" (Keynes, 1936). Esta intervención, según
los keynesianos, no solo promueve el crecimiento económico a corto plazo, sino que también puede
mejorar la estabilidad económica a largo plazo.
Gobernabilidad y desarrollo económico:
La gobernabilidad se refiere a la capacidad de las instituciones estatales para ejercer autoridad y
gestionar de manera efectiva los asuntos públicos, manteniendo el orden, la legitimidad y el
cumplimiento de las leyes dentro de un sistema democrático. Se trata de un concepto amplio que incluye
la calidad de las instituciones, la capacidad del gobierno para implementar políticas públicas, y la
legitimidad que recibe por parte de la ciudadanía.
Estructuralismo: El estructuralismo, en contraste con el neoliberalismo, sostiene que el Estado debe
desempeñar un papel activo en la economía para corregir las fallas estructurales que impiden el
desarrollo, especialmente en países en vías de desarrollo. Esta teoría se originó en América Latina
durante la segunda mitad del siglo XX, con autores como Raúl Prebisch y Celso Furtado. Los
estructuralistas creen que el mercado por sí solo no puede resolver los desequilibrios inherentes a las
economías subdesarrolladas, como la dependencia de la exportación de materias primas y la
vulnerabilidad a los choques externos.
Prebisch argumentaba que "los países subdesarrollados no pueden dejar su desarrollo en manos del
mercado, debido a las relaciones asimétricas en el comercio internacional" (Prebisch, 1950). De este
modo, el Estado debe intervenir para diversificar la economía, industrializar el país y reducir la
dependencia externa.
Keynesianismo: Desarrollado por John Maynard Keynes durante la Gran Depresión, se basa en la idea
de que el Estado debe intervenir activamente en la economía, especialmente en tiempos de crisis, para
estabilizar el ciclo económico. Keynes argumentaba que, en épocas de recesión, la demanda agregada
tiende a caer, lo que puede llevar a un estancamiento económico prolongado. Para contrarrestar esto, el
Estado debe aumentar el gasto público y reducir los impuestos, estimulando así la demanda y
fomentando la recuperación económica.
Keynes afirmó que "el Estado debe estar preparado para incrementar su gasto durante las crisis
económicas para compensar la caída en la demanda privada" (Keynes, 1936). Esta intervención, según
los keynesianos, no solo promueve el crecimiento económico a corto plazo, sino que también puede
mejorar la estabilidad económica a largo plazo.
Gobernabilidad y desarrollo económico:
La gobernabilidad se refiere a la capacidad de las instituciones estatales para ejercer autoridad y
gestionar de manera efectiva los asuntos públicos, manteniendo el orden, la legitimidad y el
cumplimiento de las leyes dentro de un sistema democrático. Se trata de un concepto amplio que incluye
la calidad de las instituciones, la capacidad del gobierno para implementar políticas públicas, y la
legitimidad que recibe por parte de la ciudadanía.
pág. 3902
Según Kaufmann, Kraay y Mastruzzi (2009), la gobernabilidad incluye varios aspectos como la
estabilidad política, la calidad de la regulación, y el control de la corrupción.
La gobernabilidad se encuentra intrínsecamente ligada a la estabilidad política, ya que un sistema
político gobernable es aquel en el que las instituciones funcionan sin interrupciones frecuentes por
crisis, violencia o cambios abruptos de gobierno. Un gobierno que no logra ejercer gobernabilidad, es
más propenso a enfrentarse a conflictos internos, insurrecciones o pérdida de confianza por parte de los
ciudadanos, lo cual debilita el sistema democrático y su capacidad para mantener el orden social
(Fukuyama, 2013).
Por otro lado, la estabilidad económica también depende en gran medida de una adecuada
gobernabilidad. Un país con instituciones fuertes y eficientes es más capaz de implementar políticas
económicas que fomenten el crecimiento, controlen la inflación, y garanticen el bienestar social. La
falta de gobernabilidad, por el contrario, puede generar un ambiente de incertidumbre económica, donde
las inversiones disminuyen, y el desarrollo económico se ve truncado por la falta de previsibilidad en
las decisiones políticas (North, 1990). Así, la gobernabilidad es un pilar fundamental para el desarrollo
económico y político sostenible.
Modelo económico del gobierno de Velasco:
El gobierno de Juan Velasco Alvarado (1968-1975) en el Perú implementó un modelo económico que
se centraba en un fuerte intervencionismo estatal, con el objetivo de transformar la estructura económica
y social del país. Este modelo estuvo caracterizado por la búsqueda de mayor equidad social, la
redistribución de la riqueza y la intervención directa del Estado en sectores clave de la economía. Las
reformas estructurales impulsadas por su gobierno, especialmente la reforma agraria y las
nacionalizaciones, fueron pilares de su agenda económica.
El Estado como actor central: Durante el gobierno de Velasco, el Estado asumió un rol protagónico en
la economía, a través de la planificación centralizada y la intervención directa en la producción y
distribución de bienes. El Estado pasó a controlar sectores estratégicos, como la minería, el petróleo, la
electricidad y la industria pesada, bajo el argumento de que los recursos naturales del país debían estar
en manos de la nación y no de empresas extranjeras. Según Cotler (1978), este enfoque tenía como
objetivo eliminar la dependencia económica del capital extranjero y reducir las desigualdades sociales.
Según Kaufmann, Kraay y Mastruzzi (2009), la gobernabilidad incluye varios aspectos como la
estabilidad política, la calidad de la regulación, y el control de la corrupción.
La gobernabilidad se encuentra intrínsecamente ligada a la estabilidad política, ya que un sistema
político gobernable es aquel en el que las instituciones funcionan sin interrupciones frecuentes por
crisis, violencia o cambios abruptos de gobierno. Un gobierno que no logra ejercer gobernabilidad, es
más propenso a enfrentarse a conflictos internos, insurrecciones o pérdida de confianza por parte de los
ciudadanos, lo cual debilita el sistema democrático y su capacidad para mantener el orden social
(Fukuyama, 2013).
Por otro lado, la estabilidad económica también depende en gran medida de una adecuada
gobernabilidad. Un país con instituciones fuertes y eficientes es más capaz de implementar políticas
económicas que fomenten el crecimiento, controlen la inflación, y garanticen el bienestar social. La
falta de gobernabilidad, por el contrario, puede generar un ambiente de incertidumbre económica, donde
las inversiones disminuyen, y el desarrollo económico se ve truncado por la falta de previsibilidad en
las decisiones políticas (North, 1990). Así, la gobernabilidad es un pilar fundamental para el desarrollo
económico y político sostenible.
Modelo económico del gobierno de Velasco:
El gobierno de Juan Velasco Alvarado (1968-1975) en el Perú implementó un modelo económico que
se centraba en un fuerte intervencionismo estatal, con el objetivo de transformar la estructura económica
y social del país. Este modelo estuvo caracterizado por la búsqueda de mayor equidad social, la
redistribución de la riqueza y la intervención directa del Estado en sectores clave de la economía. Las
reformas estructurales impulsadas por su gobierno, especialmente la reforma agraria y las
nacionalizaciones, fueron pilares de su agenda económica.
El Estado como actor central: Durante el gobierno de Velasco, el Estado asumió un rol protagónico en
la economía, a través de la planificación centralizada y la intervención directa en la producción y
distribución de bienes. El Estado pasó a controlar sectores estratégicos, como la minería, el petróleo, la
electricidad y la industria pesada, bajo el argumento de que los recursos naturales del país debían estar
en manos de la nación y no de empresas extranjeras. Según Cotler (1978), este enfoque tenía como
objetivo eliminar la dependencia económica del capital extranjero y reducir las desigualdades sociales.
pág. 3903
Reforma agraria: Una de las políticas más emblemáticas de Velasco fue la reforma agraria, que tenía
como fin redistribuir las tierras de los grandes latifundios entre los campesinos y trabajadores agrarios.
La Ley de Reforma Agraria (1969) abolió el sistema de latifundios, expropiando tierras a grandes
propietarios y transfiriéndolas a cooperativas y comunidades campesinas. Esta política buscaba poner
fin a la explotación de los campesinos y lograr una mayor equidad social. Sin embargo, algunos autores
sostienen que, aunque se logró la redistribución de la tierra, la falta de asistencia técnica y acceso a
mercados dificultó el éxito económico de la reforma (Thorp & Bertram, 1978).
Nacionalizaciones: Otra característica central del modelo económico de Velasco fue la nacionalización
de sectores clave de la economía, como la minería, el petróleo y las telecomunicaciones. Empresas
extranjeras, que hasta entonces habían tenido el control de estos sectores, fueron expropiadas y puestas
bajo el control estatal. La Corporación Peruana del Petróleo (PETROPERÚ) y la Corporación Nacional
de Minería (MINEROPERÚ) fueron creadas como parte de este proceso. El objetivo de estas
nacionalizaciones era asegurar que los beneficios de los recursos naturales fueran para el Estado
peruano y se reinvirtieran en el desarrollo del país (Collier, 1979).
Transición hacia el neoliberalismo:
A partir de la década de 1980, el Perú experimentó un cambio radical en su enfoque económico,
abandonando el modelo de fuerte intervención estatal característico de los años anteriores. Este viraje
hacia una economía de mercado estuvo marcado por un proceso de liberalización económica, con un
énfasis en la reducción del rol del Estado en la economía, promoviendo el sector privado y la apertura
al comercio internacional. Este cambio se enmarca dentro de las políticas de ajuste estructural
impulsadas a nivel global por instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco
Mundial, las cuales influyeron profundamente en América Latina.
Crisis de los años 80 y el colapso del intervencionismo: Durante la década de 1980, Perú atravesó una
grave crisis económica caracterizada por hiperinflación, recesión y alta deuda externa. La incapacidad
del Estado para mantener un control efectivo sobre la economía, sumado a políticas intervencionistas
fallidas bajo el segundo gobierno de Fernando Belaúnde (1980-1985) y el primer gobierno de Alan
García (1985-1990), generó un colapso en la confianza en la capacidad estatal para dirigir el desarrollo
Reforma agraria: Una de las políticas más emblemáticas de Velasco fue la reforma agraria, que tenía
como fin redistribuir las tierras de los grandes latifundios entre los campesinos y trabajadores agrarios.
La Ley de Reforma Agraria (1969) abolió el sistema de latifundios, expropiando tierras a grandes
propietarios y transfiriéndolas a cooperativas y comunidades campesinas. Esta política buscaba poner
fin a la explotación de los campesinos y lograr una mayor equidad social. Sin embargo, algunos autores
sostienen que, aunque se logró la redistribución de la tierra, la falta de asistencia técnica y acceso a
mercados dificultó el éxito económico de la reforma (Thorp & Bertram, 1978).
Nacionalizaciones: Otra característica central del modelo económico de Velasco fue la nacionalización
de sectores clave de la economía, como la minería, el petróleo y las telecomunicaciones. Empresas
extranjeras, que hasta entonces habían tenido el control de estos sectores, fueron expropiadas y puestas
bajo el control estatal. La Corporación Peruana del Petróleo (PETROPERÚ) y la Corporación Nacional
de Minería (MINEROPERÚ) fueron creadas como parte de este proceso. El objetivo de estas
nacionalizaciones era asegurar que los beneficios de los recursos naturales fueran para el Estado
peruano y se reinvirtieran en el desarrollo del país (Collier, 1979).
Transición hacia el neoliberalismo:
A partir de la década de 1980, el Perú experimentó un cambio radical en su enfoque económico,
abandonando el modelo de fuerte intervención estatal característico de los años anteriores. Este viraje
hacia una economía de mercado estuvo marcado por un proceso de liberalización económica, con un
énfasis en la reducción del rol del Estado en la economía, promoviendo el sector privado y la apertura
al comercio internacional. Este cambio se enmarca dentro de las políticas de ajuste estructural
impulsadas a nivel global por instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco
Mundial, las cuales influyeron profundamente en América Latina.
Crisis de los años 80 y el colapso del intervencionismo: Durante la década de 1980, Perú atravesó una
grave crisis económica caracterizada por hiperinflación, recesión y alta deuda externa. La incapacidad
del Estado para mantener un control efectivo sobre la economía, sumado a políticas intervencionistas
fallidas bajo el segundo gobierno de Fernando Belaúnde (1980-1985) y el primer gobierno de Alan
García (1985-1990), generó un colapso en la confianza en la capacidad estatal para dirigir el desarrollo
pág. 3904
económico (Crabtree, 1992). La hiperinflación de fines de los años 80, que alcanzó el 7,650% en 1990,
evidenció la ineficiencia del Estado para estabilizar la economía (Thorp & Bertram, 1978).
Neoliberalismo y reformas estructurales de los años 90: Con la llegada al poder de Alberto Fujimori en
1990, el Perú adoptó un modelo económico neoliberal, promoviendo el papel del mercado como motor
del crecimiento. La administración de Fujimori implementó profundas reformas estructurales conocidas
como el "Fujishock", que incluyeron la privatización de empresas estatales, la liberalización del
comercio, la reducción del gasto público, y la eliminación de subsidios. Estas medidas tuvieron como
objetivo reducir la participación del Estado en la economía y abrirla al capital privado, tanto nacional
como extranjero. Según Wise (2003), este enfoque se alineaba con el Consenso de Washington, que
abogaba por el libre comercio, la desregulación y la privatización como herramientas para alcanzar el
crecimiento económico en América Latina.
La privatización de empresas estatales, como en los sectores de minería, telecomunicaciones y
electricidad, fue una de las reformas más importantes. Esto permitió al gobierno reducir el déficit fiscal,
mejorar la eficiencia de estos sectores y atraer inversión extranjera. Entre 1991 y 1999, el Estado
privatizó más de 200 empresas, generando ingresos por aproximadamente 9 mil millones de dólares
(Crabtree, 2001).
Reducción del Estado y promoción del mercado: A partir de estas reformas, la lógica económica del
país se desplazó hacia la promoción del mercado como regulador principal de la actividad económica.
El Estado redujo su intervención directa en la producción de bienes y servicios, delegando este papel al
sector privado. La inversión extranjera directa aumentó significativamente en sectores estratégicos
como la minería y las telecomunicaciones, mientras que el Estado se enfocó en mantener la estabilidad
macroeconómica, a través de políticas fiscales y monetarias responsables.
La reforma también incluyó la creación de un marco legal que protegiera los derechos de propiedad y
promoviera la competencia. Esto fue clave para generar un ambiente favorable para la inversión. Sin
embargo, algunos críticos argumentan que estas políticas profundizaron las desigualdades y no lograron
resolver problemas estructurales como la informalidad y la pobreza, aunque sí lograron estabilizar la
economía y generar crecimiento en términos macroeconómicos (Morón & Sanborn, 2006).
económico (Crabtree, 1992). La hiperinflación de fines de los años 80, que alcanzó el 7,650% en 1990,
evidenció la ineficiencia del Estado para estabilizar la economía (Thorp & Bertram, 1978).
Neoliberalismo y reformas estructurales de los años 90: Con la llegada al poder de Alberto Fujimori en
1990, el Perú adoptó un modelo económico neoliberal, promoviendo el papel del mercado como motor
del crecimiento. La administración de Fujimori implementó profundas reformas estructurales conocidas
como el "Fujishock", que incluyeron la privatización de empresas estatales, la liberalización del
comercio, la reducción del gasto público, y la eliminación de subsidios. Estas medidas tuvieron como
objetivo reducir la participación del Estado en la economía y abrirla al capital privado, tanto nacional
como extranjero. Según Wise (2003), este enfoque se alineaba con el Consenso de Washington, que
abogaba por el libre comercio, la desregulación y la privatización como herramientas para alcanzar el
crecimiento económico en América Latina.
La privatización de empresas estatales, como en los sectores de minería, telecomunicaciones y
electricidad, fue una de las reformas más importantes. Esto permitió al gobierno reducir el déficit fiscal,
mejorar la eficiencia de estos sectores y atraer inversión extranjera. Entre 1991 y 1999, el Estado
privatizó más de 200 empresas, generando ingresos por aproximadamente 9 mil millones de dólares
(Crabtree, 2001).
Reducción del Estado y promoción del mercado: A partir de estas reformas, la lógica económica del
país se desplazó hacia la promoción del mercado como regulador principal de la actividad económica.
El Estado redujo su intervención directa en la producción de bienes y servicios, delegando este papel al
sector privado. La inversión extranjera directa aumentó significativamente en sectores estratégicos
como la minería y las telecomunicaciones, mientras que el Estado se enfocó en mantener la estabilidad
macroeconómica, a través de políticas fiscales y monetarias responsables.
La reforma también incluyó la creación de un marco legal que protegiera los derechos de propiedad y
promoviera la competencia. Esto fue clave para generar un ambiente favorable para la inversión. Sin
embargo, algunos críticos argumentan que estas políticas profundizaron las desigualdades y no lograron
resolver problemas estructurales como la informalidad y la pobreza, aunque sí lograron estabilizar la
economía y generar crecimiento en términos macroeconómicos (Morón & Sanborn, 2006).
pág. 3905
Gobernabilidad en el contexto peruano:
La gobernabilidad en el Perú está influenciada por una serie de factores interrelacionados, como los
conflictos sociales, la distribución de la riqueza y la estabilidad política. Estos elementos juegan un
papel crucial en la capacidad del Estado para ejercer autoridad, implementar políticas públicas y
mantener la cohesión social. A continuación, se analizan cada uno de estos factores y su impacto en la
gobernabilidad del país.
Conflictos sociales: Los conflictos sociales son uno de los factores más visibles que afectan la
gobernabilidad en el Perú. Estos conflictos, a menudo relacionados con disputas territoriales, demandas
de derechos sociales y ambientales, y oposición a proyectos extractivos, pueden generar tensiones entre
comunidades locales, empresas y el Estado. El Perú, al ser un país con abundantes recursos naturales,
ha experimentado numerosos conflictos socioambientales, especialmente en regiones donde las
comunidades locales perciben que las industrias extractivas, como la minería, no generan beneficios
equitativos o dañan el medio ambiente. Según De Echave (2011), más de la mitad de los conflictos en
el Perú son de carácter socioambiental, y la falta de un diálogo efectivo entre las partes involucradas
debilita la legitimidad del Estado y dificulta la gobernabilidad.
La incapacidad del Estado para mediar eficazmente en estos conflictos puede resultar en bloqueos,
protestas y disturbios, afectando la estabilidad política y económica del país. Además, estos conflictos
tienden a aumentar en contextos donde las instituciones estatales son débiles o percibidas como
corruptas.
Distribución de la riqueza: La desigualdad en la distribución de la riqueza es otro factor que afecta
directamente la gobernabilidad en el Perú. Aunque el país ha experimentado crecimiento económico en
las últimas décadas, los beneficios de este crecimiento no se han distribuido equitativamente entre la
población. Las disparidades económicas entre las regiones urbanas y rurales, así como entre diferentes
sectores sociales, han generado descontento y alimentado la percepción de injusticia. Según los datos
del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la pobreza en las zonas rurales es
significativamente mayor que en las áreas urbanas, lo que agudiza las tensiones sociales y políticas.
La persistente desigualdad económica no solo afecta la cohesión social, sino que también erosiona la
legitimidad del Estado.
Gobernabilidad en el contexto peruano:
La gobernabilidad en el Perú está influenciada por una serie de factores interrelacionados, como los
conflictos sociales, la distribución de la riqueza y la estabilidad política. Estos elementos juegan un
papel crucial en la capacidad del Estado para ejercer autoridad, implementar políticas públicas y
mantener la cohesión social. A continuación, se analizan cada uno de estos factores y su impacto en la
gobernabilidad del país.
Conflictos sociales: Los conflictos sociales son uno de los factores más visibles que afectan la
gobernabilidad en el Perú. Estos conflictos, a menudo relacionados con disputas territoriales, demandas
de derechos sociales y ambientales, y oposición a proyectos extractivos, pueden generar tensiones entre
comunidades locales, empresas y el Estado. El Perú, al ser un país con abundantes recursos naturales,
ha experimentado numerosos conflictos socioambientales, especialmente en regiones donde las
comunidades locales perciben que las industrias extractivas, como la minería, no generan beneficios
equitativos o dañan el medio ambiente. Según De Echave (2011), más de la mitad de los conflictos en
el Perú son de carácter socioambiental, y la falta de un diálogo efectivo entre las partes involucradas
debilita la legitimidad del Estado y dificulta la gobernabilidad.
La incapacidad del Estado para mediar eficazmente en estos conflictos puede resultar en bloqueos,
protestas y disturbios, afectando la estabilidad política y económica del país. Además, estos conflictos
tienden a aumentar en contextos donde las instituciones estatales son débiles o percibidas como
corruptas.
Distribución de la riqueza: La desigualdad en la distribución de la riqueza es otro factor que afecta
directamente la gobernabilidad en el Perú. Aunque el país ha experimentado crecimiento económico en
las últimas décadas, los beneficios de este crecimiento no se han distribuido equitativamente entre la
población. Las disparidades económicas entre las regiones urbanas y rurales, así como entre diferentes
sectores sociales, han generado descontento y alimentado la percepción de injusticia. Según los datos
del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la pobreza en las zonas rurales es
significativamente mayor que en las áreas urbanas, lo que agudiza las tensiones sociales y políticas.
La persistente desigualdad económica no solo afecta la cohesión social, sino que también erosiona la
legitimidad del Estado.
pág. 3906
Un Estado que no puede garantizar una distribución más justa de los recursos enfrenta dificultades para
mantener la gobernabilidad, ya que los sectores marginados de la población tienden a desconfiar de las
instituciones y, en algunos casos, recurren a la movilización social para exigir cambios.
Estabilidad política: La estabilidad política es un factor clave para garantizar la gobernabilidad en
cualquier país, y el Perú no es una excepción. A lo largo de su historia, el Perú ha enfrentado períodos
de inestabilidad política marcados por golpes de Estado, crisis de legitimidad gubernamental y cambios
abruptos en las políticas económicas. La inestabilidad política afecta la capacidad del Estado para
implementar políticas públicas de manera coherente y duradera, lo que a su vez perjudica la
gobernabilidad. Según Levitsky (2018), uno de los principales desafíos que enfrenta el Perú en términos
de estabilidad política es la fragmentación de los partidos políticos y la debilidad de las instituciones
democráticas.
La inestabilidad política puede manifestarse en la rotación frecuente de presidentes y ministros, así
como en la incapacidad del Congreso y el Ejecutivo para colaborar de manera efectiva. Esto genera
incertidumbre tanto en la población como en los actores económicos, debilitando la capacidad del
Estado para generar confianza y cumplir con sus funciones.
RESULTADOS
El gobierno de Juan Velasco Alvarado (1968-1975)
El gobierno de Juan Velasco Alvarado, que se inició con el golpe militar de 1968, fue uno de los
periodos más significativos en la historia reciente del Perú debido a las profundas reformas estructurales
implementadas, orientadas a modificar el sistema económico y social del país. Inspirado en el
nacionalismo y una fuerte inclinación hacia el intervencionismo estatal, el gobierno de Velasco buscaba
redistribuir el poder económico y político, especialmente mediante la reforma agraria y la
nacionalización de industrias clave. A continuación, se exploran las principales reformas, su impacto
en la gobernabilidad y la estructura económica, y las consecuencias sociales y políticas.
Principales reformas estructurales: Reforma Agraria y nacionalización de industrias
Reforma Agraria (1969): La reforma agraria fue la piedra angular del gobierno de Velasco, cuyo
propósito era desmantelar el sistema de haciendas que predominaba en el campo peruano y redistribuir
las tierras a los campesinos. Bajo el lema “la tierra para quien la trabaja”, se expropiaron grandes
Un Estado que no puede garantizar una distribución más justa de los recursos enfrenta dificultades para
mantener la gobernabilidad, ya que los sectores marginados de la población tienden a desconfiar de las
instituciones y, en algunos casos, recurren a la movilización social para exigir cambios.
Estabilidad política: La estabilidad política es un factor clave para garantizar la gobernabilidad en
cualquier país, y el Perú no es una excepción. A lo largo de su historia, el Perú ha enfrentado períodos
de inestabilidad política marcados por golpes de Estado, crisis de legitimidad gubernamental y cambios
abruptos en las políticas económicas. La inestabilidad política afecta la capacidad del Estado para
implementar políticas públicas de manera coherente y duradera, lo que a su vez perjudica la
gobernabilidad. Según Levitsky (2018), uno de los principales desafíos que enfrenta el Perú en términos
de estabilidad política es la fragmentación de los partidos políticos y la debilidad de las instituciones
democráticas.
La inestabilidad política puede manifestarse en la rotación frecuente de presidentes y ministros, así
como en la incapacidad del Congreso y el Ejecutivo para colaborar de manera efectiva. Esto genera
incertidumbre tanto en la población como en los actores económicos, debilitando la capacidad del
Estado para generar confianza y cumplir con sus funciones.
RESULTADOS
El gobierno de Juan Velasco Alvarado (1968-1975)
El gobierno de Juan Velasco Alvarado, que se inició con el golpe militar de 1968, fue uno de los
periodos más significativos en la historia reciente del Perú debido a las profundas reformas estructurales
implementadas, orientadas a modificar el sistema económico y social del país. Inspirado en el
nacionalismo y una fuerte inclinación hacia el intervencionismo estatal, el gobierno de Velasco buscaba
redistribuir el poder económico y político, especialmente mediante la reforma agraria y la
nacionalización de industrias clave. A continuación, se exploran las principales reformas, su impacto
en la gobernabilidad y la estructura económica, y las consecuencias sociales y políticas.
Principales reformas estructurales: Reforma Agraria y nacionalización de industrias
Reforma Agraria (1969): La reforma agraria fue la piedra angular del gobierno de Velasco, cuyo
propósito era desmantelar el sistema de haciendas que predominaba en el campo peruano y redistribuir
las tierras a los campesinos. Bajo el lema “la tierra para quien la trabaja”, se expropiaron grandes
pág. 3907
extensiones de tierras de propietarios que controlaban vastos territorios y concentraban el poder
económico. Estas tierras fueron entregadas a cooperativas agrarias y comunidades campesinas, con la
esperanza de crear un sistema más equitativo y productivo (Dammert, 2003).
Si bien el objetivo era acabar con el feudalismo agrario y mejorar las condiciones de vida de los
campesinos, la implementación de la reforma enfrentó varios desafíos. La falta de apoyo técnico y
financiero para los nuevos propietarios y cooperativas, junto con la ausencia de infraestructura
adecuada, resultó en una baja productividad agrícola y una desarticulación del sistema productivo rural.
Aunque la reforma agraria redujo significativamente el poder de las elites terratenientes, los resultados
en términos de desarrollo agrícola fueron insuficientes, lo que impactó negativamente la economía del
país (Medicina, 2021).
Nacionalización de industrias: Otra de las grandes reformas de Velasco fue la nacionalización de
sectores estratégicos de la economía, incluidos el petróleo, la minería, la electricidad y las
telecomunicaciones. El gobierno tomó el control de la International Petroleum Company (IPC) en 1968,
un símbolo del dominio extranjero sobre los recursos naturales del país. A través de estas
nacionalizaciones, Velasco intentaba reducir la dependencia del Perú respecto de las empresas
extranjeras y fortalecer la autonomía económica nacional.
Si bien estas políticas de nacionalización pretendían generar una mayor distribución de los recursos
económicos y asegurar el control nacional sobre sectores claves, en la práctica, muchas de las industrias
nacionalizadas carecieron de eficiencia. Las empresas estatales fueron mal gestionadas y no contaron
con los recursos necesarios para modernizarse, lo que provocó una caída en la productividad y un
aumento en el gasto público, debilitando la estructura económica del país a largo plazo (Medicina,
2021).
Impacto de las reformas en la gobernabilidad y la estructura económica
Las reformas de Velasco tuvieron un impacto profundo en la gobernabilidad y la estructura económica
del Perú. En primer lugar, la gobernabilidad se vio afectada debido a las tensiones generadas entre el
Estado y diversos sectores de la sociedad. Mientras que las reformas buscaban empoderar a las clases
populares y campesinas, generaron fuertes resistencias de las elites económicas, que perdieron tierras e
influencia sobre los recursos estratégicos.
extensiones de tierras de propietarios que controlaban vastos territorios y concentraban el poder
económico. Estas tierras fueron entregadas a cooperativas agrarias y comunidades campesinas, con la
esperanza de crear un sistema más equitativo y productivo (Dammert, 2003).
Si bien el objetivo era acabar con el feudalismo agrario y mejorar las condiciones de vida de los
campesinos, la implementación de la reforma enfrentó varios desafíos. La falta de apoyo técnico y
financiero para los nuevos propietarios y cooperativas, junto con la ausencia de infraestructura
adecuada, resultó en una baja productividad agrícola y una desarticulación del sistema productivo rural.
Aunque la reforma agraria redujo significativamente el poder de las elites terratenientes, los resultados
en términos de desarrollo agrícola fueron insuficientes, lo que impactó negativamente la economía del
país (Medicina, 2021).
Nacionalización de industrias: Otra de las grandes reformas de Velasco fue la nacionalización de
sectores estratégicos de la economía, incluidos el petróleo, la minería, la electricidad y las
telecomunicaciones. El gobierno tomó el control de la International Petroleum Company (IPC) en 1968,
un símbolo del dominio extranjero sobre los recursos naturales del país. A través de estas
nacionalizaciones, Velasco intentaba reducir la dependencia del Perú respecto de las empresas
extranjeras y fortalecer la autonomía económica nacional.
Si bien estas políticas de nacionalización pretendían generar una mayor distribución de los recursos
económicos y asegurar el control nacional sobre sectores claves, en la práctica, muchas de las industrias
nacionalizadas carecieron de eficiencia. Las empresas estatales fueron mal gestionadas y no contaron
con los recursos necesarios para modernizarse, lo que provocó una caída en la productividad y un
aumento en el gasto público, debilitando la estructura económica del país a largo plazo (Medicina,
2021).
Impacto de las reformas en la gobernabilidad y la estructura económica
Las reformas de Velasco tuvieron un impacto profundo en la gobernabilidad y la estructura económica
del Perú. En primer lugar, la gobernabilidad se vio afectada debido a las tensiones generadas entre el
Estado y diversos sectores de la sociedad. Mientras que las reformas buscaban empoderar a las clases
populares y campesinas, generaron fuertes resistencias de las elites económicas, que perdieron tierras e
influencia sobre los recursos estratégicos.
pág. 3908
Esto llevó a un ambiente de polarización social, con las élites tradicionales oponiéndose ferozmente al
régimen militar y las clases populares esperando que el Estado cumpliera con sus promesas de justicia
social.
En cuanto a la estructura económica, el modelo intervencionista del gobierno de Velasco tuvo resultados
contradictorios. Por un lado, logró debilitar la concentración del poder económico en manos de unos
pocos, al redistribuir tierras y recursos. No obstante, la incapacidad para administrar eficientemente las
empresas nacionalizadas y la caída de la productividad en el sector agrario erosionaron las bases
económicas del país, afectando su crecimiento. Además, el gasto público excesivo, especialmente en
subsidios y empresas estatales, debilitó las finanzas públicas y generó presiones inflacionarias
(Dammert, 2003).
Consecuencias sociales y políticas
Las reformas del gobierno de Velasco tuvieron importantes consecuencias sociales. La reforma agraria
alteró de manera fundamental las relaciones de poder en el campo. Aunque benefició a muchos
campesinos en términos de acceso a la tierra, la falta de un plan integral para el desarrollo rural y el
colapso del aparato productivo derivaron en una situación de pobreza persistente en muchas áreas
rurales. A nivel urbano, la clase trabajadora se sintió respaldada por un gobierno que promovía su
participación en la toma de decisiones, lo que fortaleció temporalmente su influencia política y social.
Sin embargo, con el tiempo, el deterioro de la economía afectó también a los sectores urbanos, lo que
generó una creciente frustración social.
En el plano político, las reformas de Velasco polarizaron a la sociedad y, finalmente, debilitaron su
gobierno. La resistencia de los grupos empresariales y la incapacidad de sostener las reformas
económicas llevaron a una crisis política que culminó en la destitución de Velasco por su propio
gobierno en 1975, siendo reemplazado por Francisco Morales Bermúdez. El gobierno de Morales
Bermúdez revirtió muchas de las políticas de Velasco y adoptó un enfoque más conservador, buscando
restaurar el orden económico y político (Medicina, 2021).
Sin embargo, las tensiones políticas continuaron, lo que condujo a la eventual restauración de la
democracia en 1980.
Esto llevó a un ambiente de polarización social, con las élites tradicionales oponiéndose ferozmente al
régimen militar y las clases populares esperando que el Estado cumpliera con sus promesas de justicia
social.
En cuanto a la estructura económica, el modelo intervencionista del gobierno de Velasco tuvo resultados
contradictorios. Por un lado, logró debilitar la concentración del poder económico en manos de unos
pocos, al redistribuir tierras y recursos. No obstante, la incapacidad para administrar eficientemente las
empresas nacionalizadas y la caída de la productividad en el sector agrario erosionaron las bases
económicas del país, afectando su crecimiento. Además, el gasto público excesivo, especialmente en
subsidios y empresas estatales, debilitó las finanzas públicas y generó presiones inflacionarias
(Dammert, 2003).
Consecuencias sociales y políticas
Las reformas del gobierno de Velasco tuvieron importantes consecuencias sociales. La reforma agraria
alteró de manera fundamental las relaciones de poder en el campo. Aunque benefició a muchos
campesinos en términos de acceso a la tierra, la falta de un plan integral para el desarrollo rural y el
colapso del aparato productivo derivaron en una situación de pobreza persistente en muchas áreas
rurales. A nivel urbano, la clase trabajadora se sintió respaldada por un gobierno que promovía su
participación en la toma de decisiones, lo que fortaleció temporalmente su influencia política y social.
Sin embargo, con el tiempo, el deterioro de la economía afectó también a los sectores urbanos, lo que
generó una creciente frustración social.
En el plano político, las reformas de Velasco polarizaron a la sociedad y, finalmente, debilitaron su
gobierno. La resistencia de los grupos empresariales y la incapacidad de sostener las reformas
económicas llevaron a una crisis política que culminó en la destitución de Velasco por su propio
gobierno en 1975, siendo reemplazado por Francisco Morales Bermúdez. El gobierno de Morales
Bermúdez revirtió muchas de las políticas de Velasco y adoptó un enfoque más conservador, buscando
restaurar el orden económico y político (Medicina, 2021).
Sin embargo, las tensiones políticas continuaron, lo que condujo a la eventual restauración de la
democracia en 1980.
pág. 3909
El retorno a la democracia y la crisis económica (1975-1990)
El periodo comprendido entre 1975 y 1990 fue uno de los más turbulentos en la historia del Perú. Tras
la destitución del general Juan Velasco Alvarado, el país experimentó el retorno a la democracia en
1980, pero este proceso democrático estuvo marcado por severas crisis económicas, hiperinflación y
crecientes conflictos sociales. Los gobiernos de esta época enfrentaron el reto de revertir las políticas
intervencionistas de Velasco y estabilizar una economía debilitada, pero sus esfuerzos fueron, en gran
parte, infructuosos. A continuación, se examinan los cambios en las políticas económicas durante los
gobiernos democráticos de este periodo y cómo estas políticas influyeron en la gobernabilidad, marcada
por la hiperinflación y la agitación social.
Cambios en las políticas económicas tras Velasco
Después del gobierno de Velasco, el general Francisco Morales Bermúdez asumió el poder en 1975 tras
un golpe militar. Su gobierno (1975-1980) buscó revertir muchas de las reformas económicas radicales
de Velasco, particularmente las nacionalizaciones y la intervención estatal en sectores productivos.
Morales Bermúdez adoptó políticas de ajuste económico, buscando estabilizar las finanzas públicas y
restaurar la confianza de los inversionistas extranjeros. Estas medidas incluyeron la reducción del gasto
público y la desregulación de ciertos sectores económicos, pero generaron un ambiente de descontento
social, debido a los recortes en subsidios y las políticas de austeridad (Medicina, 2021).
El retorno formal a la democracia en 1980, con la elección de Fernando Belaunde Terry, fue un
momento crucial. Belaunde, quien ya había sido presidente de 1963 a 1968, regresó con la promesa de
recuperar el crecimiento económico y retomar el camino de las inversiones extranjeras. Sin embargo,
su gobierno heredó una economía en crisis, con una deuda externa creciente, un déficit fiscal abultado
y una inflación en aumento. Belaunde optó por políticas neoliberales moderadas, promoviendo la
liberalización del mercado y reduciendo el papel del Estado en la economía. Sin embargo, estas medidas
no tuvieron el impacto deseado, y la economía continuó deteriorándose, en parte debido a factores
externos como la crisis de la deuda en América Latina en los años 80 y la caída de los precios de las
exportaciones peruanas (Durand, 2000).
El segundo gobierno de Alan García (1985-1990) fue particularmente notable por su intento de aplicar
un modelo heterodoxo frente a las recomendaciones neoliberales.
El retorno a la democracia y la crisis económica (1975-1990)
El periodo comprendido entre 1975 y 1990 fue uno de los más turbulentos en la historia del Perú. Tras
la destitución del general Juan Velasco Alvarado, el país experimentó el retorno a la democracia en
1980, pero este proceso democrático estuvo marcado por severas crisis económicas, hiperinflación y
crecientes conflictos sociales. Los gobiernos de esta época enfrentaron el reto de revertir las políticas
intervencionistas de Velasco y estabilizar una economía debilitada, pero sus esfuerzos fueron, en gran
parte, infructuosos. A continuación, se examinan los cambios en las políticas económicas durante los
gobiernos democráticos de este periodo y cómo estas políticas influyeron en la gobernabilidad, marcada
por la hiperinflación y la agitación social.
Cambios en las políticas económicas tras Velasco
Después del gobierno de Velasco, el general Francisco Morales Bermúdez asumió el poder en 1975 tras
un golpe militar. Su gobierno (1975-1980) buscó revertir muchas de las reformas económicas radicales
de Velasco, particularmente las nacionalizaciones y la intervención estatal en sectores productivos.
Morales Bermúdez adoptó políticas de ajuste económico, buscando estabilizar las finanzas públicas y
restaurar la confianza de los inversionistas extranjeros. Estas medidas incluyeron la reducción del gasto
público y la desregulación de ciertos sectores económicos, pero generaron un ambiente de descontento
social, debido a los recortes en subsidios y las políticas de austeridad (Medicina, 2021).
El retorno formal a la democracia en 1980, con la elección de Fernando Belaunde Terry, fue un
momento crucial. Belaunde, quien ya había sido presidente de 1963 a 1968, regresó con la promesa de
recuperar el crecimiento económico y retomar el camino de las inversiones extranjeras. Sin embargo,
su gobierno heredó una economía en crisis, con una deuda externa creciente, un déficit fiscal abultado
y una inflación en aumento. Belaunde optó por políticas neoliberales moderadas, promoviendo la
liberalización del mercado y reduciendo el papel del Estado en la economía. Sin embargo, estas medidas
no tuvieron el impacto deseado, y la economía continuó deteriorándose, en parte debido a factores
externos como la crisis de la deuda en América Latina en los años 80 y la caída de los precios de las
exportaciones peruanas (Durand, 2000).
El segundo gobierno de Alan García (1985-1990) fue particularmente notable por su intento de aplicar
un modelo heterodoxo frente a las recomendaciones neoliberales.
pág. 3910
Al asumir la presidencia, García aplicó una política económica que intentó controlar la inflación
mediante la intervención del Estado, el congelamiento de precios y salarios, y la limitación de los pagos
de la deuda externa. Aunque estas políticas tuvieron éxito inicial, la economía pronto cayó en una espiral
de hiperinflación, con tasas que superaron el 7,000% en 1990. Este colapso económico exacerbó la
pobreza, la desigualdad y la inestabilidad social (Crabtree, 2011).
Evolución de la gobernabilidad: hiperinflación y conflictos sociales
El retorno a la democracia no solo estuvo marcado por problemas económicos, sino también por una
creciente crisis de gobernabilidad. En primer lugar, la hiperinflación que se desató durante el gobierno
de Alan García fue devastadora para la población. La inflación descontrolada erosionó el poder
adquisitivo de los salarios, destruyendo el ahorro de los peruanos y dejando a millones de personas en
la pobreza extrema. El país experimentó una de las peores crisis económicas de su historia, con una
reducción dramática del PIB real y una explosión de la deuda externa. En respuesta a la crisis, el Estado
perdió gran parte de su capacidad para controlar la economía, lo que llevó a un colapso del sistema
bancario y a la expansión de la economía informal (Durand, 2000).
Paralelamente, el Perú enfrentaba una creciente insurgencia armada que comenzó en las zonas rurales
pero que pronto se extendió a las ciudades. Los grupos subversivos, particularmente Sendero Luminoso
y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), se fortalecieron en medio de la pobreza y el
malestar social. Sendero Luminoso, en particular, llevó a cabo una violenta campaña contra el Estado,
que incluyó ataques terroristas, asesinatos y sabotajes a infraestructuras claves. La guerra interna causó
miles de muertes y desplazamientos forzados, debilitando aún más la legitimidad del Estado y creando
una atmósfera de miedo e inseguridad (Degregori, 1990).
El gobierno de Alan García fue incapaz de controlar la inflación y contener la insurgencia subversiva,
lo que profundizó la crisis de gobernabilidad. La corrupción y la falta de eficacia del aparato estatal
llevaron a una creciente desconfianza de la población en las instituciones democráticas. El mal manejo
de la economía y la violencia desatada por los grupos armados crearon un vacío de poder que fue
aprovechado por la criminalidad organizada y los mercados ilegales, lo que agravó aún más la situación
política y social (Crabtree, 2011).
Al asumir la presidencia, García aplicó una política económica que intentó controlar la inflación
mediante la intervención del Estado, el congelamiento de precios y salarios, y la limitación de los pagos
de la deuda externa. Aunque estas políticas tuvieron éxito inicial, la economía pronto cayó en una espiral
de hiperinflación, con tasas que superaron el 7,000% en 1990. Este colapso económico exacerbó la
pobreza, la desigualdad y la inestabilidad social (Crabtree, 2011).
Evolución de la gobernabilidad: hiperinflación y conflictos sociales
El retorno a la democracia no solo estuvo marcado por problemas económicos, sino también por una
creciente crisis de gobernabilidad. En primer lugar, la hiperinflación que se desató durante el gobierno
de Alan García fue devastadora para la población. La inflación descontrolada erosionó el poder
adquisitivo de los salarios, destruyendo el ahorro de los peruanos y dejando a millones de personas en
la pobreza extrema. El país experimentó una de las peores crisis económicas de su historia, con una
reducción dramática del PIB real y una explosión de la deuda externa. En respuesta a la crisis, el Estado
perdió gran parte de su capacidad para controlar la economía, lo que llevó a un colapso del sistema
bancario y a la expansión de la economía informal (Durand, 2000).
Paralelamente, el Perú enfrentaba una creciente insurgencia armada que comenzó en las zonas rurales
pero que pronto se extendió a las ciudades. Los grupos subversivos, particularmente Sendero Luminoso
y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), se fortalecieron en medio de la pobreza y el
malestar social. Sendero Luminoso, en particular, llevó a cabo una violenta campaña contra el Estado,
que incluyó ataques terroristas, asesinatos y sabotajes a infraestructuras claves. La guerra interna causó
miles de muertes y desplazamientos forzados, debilitando aún más la legitimidad del Estado y creando
una atmósfera de miedo e inseguridad (Degregori, 1990).
El gobierno de Alan García fue incapaz de controlar la inflación y contener la insurgencia subversiva,
lo que profundizó la crisis de gobernabilidad. La corrupción y la falta de eficacia del aparato estatal
llevaron a una creciente desconfianza de la población en las instituciones democráticas. El mal manejo
de la economía y la violencia desatada por los grupos armados crearon un vacío de poder que fue
aprovechado por la criminalidad organizada y los mercados ilegales, lo que agravó aún más la situación
política y social (Crabtree, 2011).
pág. 3911
Por otro lado, la pobreza y el desempleo alcanzaron niveles alarmantes. La informalidad laboral creció
exponencialmente, con millones de peruanos fuera del sistema formal de empleo y de seguridad social.
Esto generó una mayor dependencia de la ayuda estatal y un aumento de los conflictos sociales en todo
el país. Las protestas, huelgas y movilizaciones se convirtieron en un fenómeno cotidiano, desafiando
la capacidad del gobierno para mantener el orden y responder a las demandas populares (Durand, 2000).
El gobierno de Fujimori y la implementación del neoliberalismo (1990-2000)
El gobierno de Alberto Fujimori, quien asumió la presidencia en 1990, marcó un periodo de
transformación económica y política en el Perú, caracterizado por la implementación de políticas
neoliberales y un estilo de gobernabilidad autoritario. Fujimori enfrentó una grave crisis económica,
con hiperinflación, deuda externa y un sistema productivo en colapso, junto con una guerra interna
contra los grupos subversivos. A lo largo de la década, su régimen introdujo profundas reformas
económicas y políticas, cuya implementación trajo consigo tanto estabilidad macroeconómica como
controversia por su centralización del poder y violaciones a los derechos humanos.
Las reformas económicas neoliberales y su impacto en la economía
Al asumir el poder, Fujimori se encontró con una economía devastada, en medio de una hiperinflación
que superaba el 7,000% y un colapso de la confianza en las instituciones. En respuesta, adoptó un
programa económico neoliberal basado en las recomendaciones del Consenso de Washington y
respaldado por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco
Mundial. El programa económico incluía una serie de reformas estructurales, orientadas a liberalizar la
economía, reducir el rol del Estado y atraer inversiones extranjeras.
Estabilización macroeconómica: La primera medida fue un "shock" económico en 1990, que implicó el
aumento abrupto de precios y tarifas controladas por el Estado, la liberalización de los tipos de cambio
y la eliminación de subsidios. Estas medidas, aunque impopulares en el corto plazo, lograron reducir la
hiperinflación de manera significativa en pocos meses, estabilizando los precios y restaurando la
confianza en la moneda nacional (Crabtree, 2011).
Privatización de empresas estatales: Fujimori llevó a cabo un proceso masivo de privatización de
empresas estatales, que incluyó sectores clave como telecomunicaciones, electricidad, minería y
transporte.
Por otro lado, la pobreza y el desempleo alcanzaron niveles alarmantes. La informalidad laboral creció
exponencialmente, con millones de peruanos fuera del sistema formal de empleo y de seguridad social.
Esto generó una mayor dependencia de la ayuda estatal y un aumento de los conflictos sociales en todo
el país. Las protestas, huelgas y movilizaciones se convirtieron en un fenómeno cotidiano, desafiando
la capacidad del gobierno para mantener el orden y responder a las demandas populares (Durand, 2000).
El gobierno de Fujimori y la implementación del neoliberalismo (1990-2000)
El gobierno de Alberto Fujimori, quien asumió la presidencia en 1990, marcó un periodo de
transformación económica y política en el Perú, caracterizado por la implementación de políticas
neoliberales y un estilo de gobernabilidad autoritario. Fujimori enfrentó una grave crisis económica,
con hiperinflación, deuda externa y un sistema productivo en colapso, junto con una guerra interna
contra los grupos subversivos. A lo largo de la década, su régimen introdujo profundas reformas
económicas y políticas, cuya implementación trajo consigo tanto estabilidad macroeconómica como
controversia por su centralización del poder y violaciones a los derechos humanos.
Las reformas económicas neoliberales y su impacto en la economía
Al asumir el poder, Fujimori se encontró con una economía devastada, en medio de una hiperinflación
que superaba el 7,000% y un colapso de la confianza en las instituciones. En respuesta, adoptó un
programa económico neoliberal basado en las recomendaciones del Consenso de Washington y
respaldado por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco
Mundial. El programa económico incluía una serie de reformas estructurales, orientadas a liberalizar la
economía, reducir el rol del Estado y atraer inversiones extranjeras.
Estabilización macroeconómica: La primera medida fue un "shock" económico en 1990, que implicó el
aumento abrupto de precios y tarifas controladas por el Estado, la liberalización de los tipos de cambio
y la eliminación de subsidios. Estas medidas, aunque impopulares en el corto plazo, lograron reducir la
hiperinflación de manera significativa en pocos meses, estabilizando los precios y restaurando la
confianza en la moneda nacional (Crabtree, 2011).
Privatización de empresas estatales: Fujimori llevó a cabo un proceso masivo de privatización de
empresas estatales, que incluyó sectores clave como telecomunicaciones, electricidad, minería y
transporte.
pág. 3912
El objetivo era reducir la carga fiscal del Estado y fomentar la eficiencia a través de la gestión privada.
Entre 1992 y 1996, más de 200 empresas estatales fueron vendidas, lo que generó ingresos importantes
para el Estado y permitió la modernización de ciertos sectores. Sin embargo, las críticas señalaron que
muchas de estas privatizaciones se llevaron a cabo sin transparencia y favorecieron a grupos
económicos cercanos al régimen (Durand, 2004).
Apertura comercial y desregulación: El gobierno también impulsó una fuerte apertura comercial,
reduciendo aranceles y barreras no arancelarias para fomentar la competencia y aumentar la
productividad. Asimismo, se liberalizó el mercado laboral, eliminando regulaciones que protegían a los
trabajadores y facilitando la contratación temporal. Si bien estas medidas contribuyeron al crecimiento
de las exportaciones y la inversión, también aumentaron la precariedad laboral, ampliando la economía
informal y debilitando los derechos laborales (Roberts, 2006).
El impacto de estas reformas neoliberales fue mixto. En términos de crecimiento económico, el Perú
experimentó una rápida recuperación. La inflación cayó a niveles de un solo dígito, y el Producto Bruto
Interno (PBI) creció a un ritmo promedio del 4.5% anual durante la década de 1990 (Crabtree, 2011).
La inversión extranjera directa aumentó significativamente, y sectores como la minería y las
telecomunicaciones se modernizaron, contribuyendo al crecimiento de las exportaciones.
Sin embargo, las reformas también tuvieron costos sociales. El desempleo y la informalidad se
incrementaron, y las disparidades en la distribución de la riqueza se ampliaron. La liberalización del
mercado laboral condujo a una precarización del empleo, y los salarios reales permanecieron estancados
para gran parte de la población. Si bien el gobierno implementó programas de asistencia social, como
FONCODES (Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social), estos no fueron suficientes para
contrarrestar los efectos negativos de las políticas neoliberales, especialmente en las áreas rurales y más
pobres del país (Durand, 2004).
Gobernabilidad y autoritarismo durante el régimen de Fujimori
El gobierno de Fujimori no solo se caracterizó por sus reformas económicas, sino también por su estilo
autoritario y su forma de gobernabilidad. Inicialmente, Fujimori fue visto como un outsider político,
con escaso apoyo del Congreso y de las élites tradicionales. Sin embargo, su éxito en estabilizar la
economía y enfrentar la insurgencia de Sendero Luminoso le permitió consolidar rápidamente su poder.
El objetivo era reducir la carga fiscal del Estado y fomentar la eficiencia a través de la gestión privada.
Entre 1992 y 1996, más de 200 empresas estatales fueron vendidas, lo que generó ingresos importantes
para el Estado y permitió la modernización de ciertos sectores. Sin embargo, las críticas señalaron que
muchas de estas privatizaciones se llevaron a cabo sin transparencia y favorecieron a grupos
económicos cercanos al régimen (Durand, 2004).
Apertura comercial y desregulación: El gobierno también impulsó una fuerte apertura comercial,
reduciendo aranceles y barreras no arancelarias para fomentar la competencia y aumentar la
productividad. Asimismo, se liberalizó el mercado laboral, eliminando regulaciones que protegían a los
trabajadores y facilitando la contratación temporal. Si bien estas medidas contribuyeron al crecimiento
de las exportaciones y la inversión, también aumentaron la precariedad laboral, ampliando la economía
informal y debilitando los derechos laborales (Roberts, 2006).
El impacto de estas reformas neoliberales fue mixto. En términos de crecimiento económico, el Perú
experimentó una rápida recuperación. La inflación cayó a niveles de un solo dígito, y el Producto Bruto
Interno (PBI) creció a un ritmo promedio del 4.5% anual durante la década de 1990 (Crabtree, 2011).
La inversión extranjera directa aumentó significativamente, y sectores como la minería y las
telecomunicaciones se modernizaron, contribuyendo al crecimiento de las exportaciones.
Sin embargo, las reformas también tuvieron costos sociales. El desempleo y la informalidad se
incrementaron, y las disparidades en la distribución de la riqueza se ampliaron. La liberalización del
mercado laboral condujo a una precarización del empleo, y los salarios reales permanecieron estancados
para gran parte de la población. Si bien el gobierno implementó programas de asistencia social, como
FONCODES (Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social), estos no fueron suficientes para
contrarrestar los efectos negativos de las políticas neoliberales, especialmente en las áreas rurales y más
pobres del país (Durand, 2004).
Gobernabilidad y autoritarismo durante el régimen de Fujimori
El gobierno de Fujimori no solo se caracterizó por sus reformas económicas, sino también por su estilo
autoritario y su forma de gobernabilidad. Inicialmente, Fujimori fue visto como un outsider político,
con escaso apoyo del Congreso y de las élites tradicionales. Sin embargo, su éxito en estabilizar la
economía y enfrentar la insurgencia de Sendero Luminoso le permitió consolidar rápidamente su poder.
pág. 3913
Este proceso de consolidación incluyó una serie de acciones que socavaron las instituciones
democráticas y lo llevaron a concentrar el poder en su figura.
El autogolpe de 1992: El 5 de abril de 1992, Fujimori disolvió el Congreso y suspendió la Constitución,
alegando que el sistema político era disfuncional y que necesitaba poderes extraordinarios para combatir
el terrorismo y llevar a cabo las reformas económicas. Este autogolpe fue respaldado por las Fuerzas
Armadas y contó con el apoyo de gran parte de la población, cansada de la ineficacia del Congreso.
Tras el golpe, Fujimori convocó una Asamblea Constituyente que promulgó la Constitución de 1993,
la cual amplió los poderes presidenciales y permitió la reelección (Levitsky & Cameron, 2003).
Represión y violaciones de derechos humanos: La lucha contra el terrorismo, que fue uno de los pilares
del gobierno de Fujimori, implicó una campaña militar agresiva, con frecuentes violaciones de derechos
humanos. El Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), liderado por Vladimiro Montesinos, implementó
operaciones encubiertas que incluyeron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas
de sospechosos de terrorismo. Aunque Fujimori logró capturar a los principales líderes de Sendero
Luminoso, como Abimael Guzmán en 1992, la represión del régimen dejó una profunda cicatriz en la
sociedad peruana (Conaghan, 2005).
Corrupción y manipulación electoral: A medida que avanzaba la década de 1990, el régimen de Fujimori
se volvió cada vez más corrupto. Montesinos, quien operaba como el principal asesor del presidente,
creó una extensa red de sobornos que involucraba a funcionarios públicos, jueces, y medios de
comunicación. El régimen manipuló las elecciones de 2000, asegurando la reelección de Fujimori a
través del control de las instituciones electorales y la compra de medios de comunicación para silenciar
a la oposición (Durand, 2004).
La gobernabilidad bajo el régimen de Fujimori se mantuvo en gran medida gracias a la estabilidad
macroeconómica y al éxito en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, esto fue a costa de la erosión
de las instituciones democráticas, la represión de las libertades civiles y el establecimiento de un
gobierno autoritario. A medida que las denuncias de corrupción y abusos de poder crecieron, Fujimori
fue perdiendo apoyo, tanto a nivel nacional como internacional. En el año 2000, tras la difusión de los
"vladivideos", que mostraban a Montesinos sobornando a políticos y empresarios, el régimen colapsó.
Este proceso de consolidación incluyó una serie de acciones que socavaron las instituciones
democráticas y lo llevaron a concentrar el poder en su figura.
El autogolpe de 1992: El 5 de abril de 1992, Fujimori disolvió el Congreso y suspendió la Constitución,
alegando que el sistema político era disfuncional y que necesitaba poderes extraordinarios para combatir
el terrorismo y llevar a cabo las reformas económicas. Este autogolpe fue respaldado por las Fuerzas
Armadas y contó con el apoyo de gran parte de la población, cansada de la ineficacia del Congreso.
Tras el golpe, Fujimori convocó una Asamblea Constituyente que promulgó la Constitución de 1993,
la cual amplió los poderes presidenciales y permitió la reelección (Levitsky & Cameron, 2003).
Represión y violaciones de derechos humanos: La lucha contra el terrorismo, que fue uno de los pilares
del gobierno de Fujimori, implicó una campaña militar agresiva, con frecuentes violaciones de derechos
humanos. El Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), liderado por Vladimiro Montesinos, implementó
operaciones encubiertas que incluyeron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas
de sospechosos de terrorismo. Aunque Fujimori logró capturar a los principales líderes de Sendero
Luminoso, como Abimael Guzmán en 1992, la represión del régimen dejó una profunda cicatriz en la
sociedad peruana (Conaghan, 2005).
Corrupción y manipulación electoral: A medida que avanzaba la década de 1990, el régimen de Fujimori
se volvió cada vez más corrupto. Montesinos, quien operaba como el principal asesor del presidente,
creó una extensa red de sobornos que involucraba a funcionarios públicos, jueces, y medios de
comunicación. El régimen manipuló las elecciones de 2000, asegurando la reelección de Fujimori a
través del control de las instituciones electorales y la compra de medios de comunicación para silenciar
a la oposición (Durand, 2004).
La gobernabilidad bajo el régimen de Fujimori se mantuvo en gran medida gracias a la estabilidad
macroeconómica y al éxito en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, esto fue a costa de la erosión
de las instituciones democráticas, la represión de las libertades civiles y el establecimiento de un
gobierno autoritario. A medida que las denuncias de corrupción y abusos de poder crecieron, Fujimori
fue perdiendo apoyo, tanto a nivel nacional como internacional. En el año 2000, tras la difusión de los
"vladivideos", que mostraban a Montesinos sobornando a políticos y empresarios, el régimen colapsó.
pág. 3914
Fujimori huyó a Japón, desde donde renunció a la presidencia por fax, poniendo fin a uno de los
periodos más autoritarios y controvertidos de la historia peruana reciente (Conaghan, 2005).
Gobiernos posteriores (2000-2023): Continuidad y cambio en las políticas económicas
Desde la caída del régimen de Alberto Fujimori en el año 2000, el Perú ha atravesado una fase de
gobernabilidad democrática con políticas económicas que, en su mayoría, han seguido un curso
neoliberal, aunque con variaciones según las prioridades de cada gobierno. Los presidentes Alejandro
Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Martín Vizcarra y Pedro Castillo mantuvieron una agenda de
crecimiento económico basada en la apertura de mercados y la atracción de inversión extranjera, aunque
sus enfoques hacia la redistribución y el manejo del conflicto social variaron significativamente. A lo
largo de este periodo, el país experimentó tanto estabilidad macroeconómica como crecientes tensiones
políticas y sociales que han afectado la gobernabilidad.
Alejandro Toledo (2001-2006): Toledo asumió la presidencia en 2001 con el reto de restaurar la
confianza en las instituciones tras el colapso del régimen autoritario de Fujimori. Su gobierno mantuvo
las políticas neoliberales que se habían implementado en los años 90, pero con un mayor enfoque en
reducir la pobreza. Toledo impulsó tratados de libre comercio y buscó atraer inversión extranjera,
principalmente en minería y otros sectores extractivos. Bajo su gobierno, el Tratado de Libre Comercio
(TLC) con Estados Unidos fue negociado, lo que integró al Perú aún más en la economía global
(Crabtree, 2011). En el plano social, Toledo introdujo programas como Juntos, un programa de
transferencias condicionadas destinado a combatir la pobreza extrema. Sin embargo, su administración
enfrentó desafíos por conflictos sociales relacionados con la explotación de recursos naturales, sobre
todo en las zonas rurales, y por la percepción de corrupción (Durand, 2018).
Alan García (2006-2011): Durante su segundo mandato, García continuó con un enfoque claramente
neoliberal, fomentando la inversión privada y manteniendo una política de apertura económica. El
crecimiento económico del Perú fue robusto durante este periodo, con tasas de crecimiento del PBI
superiores al 6% anual (Schmidt-Hebbel, 2016). Sin embargo, este crecimiento se basó en gran medida
en la exportación de materias primas, particularmente de minerales, lo que acentuó la dependencia del
país de los sectores extractivos. Aunque García promovió el desarrollo de infraestructura, su gobierno
no logró abordar adecuadamente las crecientes desigualdades entre las regiones rurales y urbanas.
Fujimori huyó a Japón, desde donde renunció a la presidencia por fax, poniendo fin a uno de los
periodos más autoritarios y controvertidos de la historia peruana reciente (Conaghan, 2005).
Gobiernos posteriores (2000-2023): Continuidad y cambio en las políticas económicas
Desde la caída del régimen de Alberto Fujimori en el año 2000, el Perú ha atravesado una fase de
gobernabilidad democrática con políticas económicas que, en su mayoría, han seguido un curso
neoliberal, aunque con variaciones según las prioridades de cada gobierno. Los presidentes Alejandro
Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Martín Vizcarra y Pedro Castillo mantuvieron una agenda de
crecimiento económico basada en la apertura de mercados y la atracción de inversión extranjera, aunque
sus enfoques hacia la redistribución y el manejo del conflicto social variaron significativamente. A lo
largo de este periodo, el país experimentó tanto estabilidad macroeconómica como crecientes tensiones
políticas y sociales que han afectado la gobernabilidad.
Alejandro Toledo (2001-2006): Toledo asumió la presidencia en 2001 con el reto de restaurar la
confianza en las instituciones tras el colapso del régimen autoritario de Fujimori. Su gobierno mantuvo
las políticas neoliberales que se habían implementado en los años 90, pero con un mayor enfoque en
reducir la pobreza. Toledo impulsó tratados de libre comercio y buscó atraer inversión extranjera,
principalmente en minería y otros sectores extractivos. Bajo su gobierno, el Tratado de Libre Comercio
(TLC) con Estados Unidos fue negociado, lo que integró al Perú aún más en la economía global
(Crabtree, 2011). En el plano social, Toledo introdujo programas como Juntos, un programa de
transferencias condicionadas destinado a combatir la pobreza extrema. Sin embargo, su administración
enfrentó desafíos por conflictos sociales relacionados con la explotación de recursos naturales, sobre
todo en las zonas rurales, y por la percepción de corrupción (Durand, 2018).
Alan García (2006-2011): Durante su segundo mandato, García continuó con un enfoque claramente
neoliberal, fomentando la inversión privada y manteniendo una política de apertura económica. El
crecimiento económico del Perú fue robusto durante este periodo, con tasas de crecimiento del PBI
superiores al 6% anual (Schmidt-Hebbel, 2016). Sin embargo, este crecimiento se basó en gran medida
en la exportación de materias primas, particularmente de minerales, lo que acentuó la dependencia del
país de los sectores extractivos. Aunque García promovió el desarrollo de infraestructura, su gobierno
no logró abordar adecuadamente las crecientes desigualdades entre las regiones rurales y urbanas.
pág. 3915
Los conflictos sociales aumentaron significativamente, en particular en torno a la minería y la
explotación de recursos, con eventos como la matanza de Bagua en 2009, que evidenció las tensiones
entre el gobierno y las comunidades indígenas (Schmidt-Hebbel, 2016).
Ollanta Humala (2011-2016): Humala llegó al poder con una plataforma de cambio social, prometiendo
mayor inclusión social y redistribución de la riqueza. Su gobierno representó un cambio con respecto a
sus predecesores, ya que inicialmente intentó distanciarse del neoliberalismo y fortalecer el papel del
Estado en la economía. Sin embargo, Humala finalmente continuó con la mayoría de las políticas
neoliberales de los gobiernos anteriores, aunque con un mayor énfasis en programas sociales, como la
expansión de Pensión 65 y la creación de programas de inclusión productiva como Cuna Más (Vergara,
2019). Aunque el crecimiento económico se mantuvo, se desaceleró debido a la caída de los precios de
las materias primas, lo que evidenció las limitaciones del modelo extractivista. Los conflictos sociales,
especialmente en torno a la minería, continuaron siendo una fuente importante de inestabilidad durante
su mandato.
Martín Vizcarra (2018-2020): Vizcarra asumió la presidencia tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski
en 2018, en medio de escándalos de corrupción. Durante su corto mandato, Vizcarra buscó priorizar la
lucha contra la corrupción y la reforma política, promoviendo la aprobación de referendos para cambiar
el sistema judicial y regular el financiamiento de partidos políticos. Si bien mantuvo la estabilidad
macroeconómica heredada de gobiernos anteriores, su enfoque se centró más en la gobernabilidad que
en grandes reformas económicas. La pandemia de COVID-19 en 2020 impactó fuertemente la economía
peruana, con una contracción del PBI del 17.4% en el primer semestre de ese año y un aumento drástico
en la pobreza y el desempleo (Schmidt-Hebbel, 2021). Su gobierno estuvo marcado por la gestión de la
crisis sanitaria, aunque las deficiencias en el sistema de salud y la respuesta tardía del gobierno afectaron
su imagen.
Pedro Castillo (2021-2022): Castillo asumió la presidencia en julio de 2021 como el candidato de
izquierda de Perú Libre, con promesas de cambios radicales en la estructura económica, incluyendo la
nacionalización de recursos estratégicos y la reforma de la Constitución de 1993. Su llegada al poder
fue vista como una reacción al descontento acumulado por las políticas neoliberales, especialmente en
Los conflictos sociales aumentaron significativamente, en particular en torno a la minería y la
explotación de recursos, con eventos como la matanza de Bagua en 2009, que evidenció las tensiones
entre el gobierno y las comunidades indígenas (Schmidt-Hebbel, 2016).
Ollanta Humala (2011-2016): Humala llegó al poder con una plataforma de cambio social, prometiendo
mayor inclusión social y redistribución de la riqueza. Su gobierno representó un cambio con respecto a
sus predecesores, ya que inicialmente intentó distanciarse del neoliberalismo y fortalecer el papel del
Estado en la economía. Sin embargo, Humala finalmente continuó con la mayoría de las políticas
neoliberales de los gobiernos anteriores, aunque con un mayor énfasis en programas sociales, como la
expansión de Pensión 65 y la creación de programas de inclusión productiva como Cuna Más (Vergara,
2019). Aunque el crecimiento económico se mantuvo, se desaceleró debido a la caída de los precios de
las materias primas, lo que evidenció las limitaciones del modelo extractivista. Los conflictos sociales,
especialmente en torno a la minería, continuaron siendo una fuente importante de inestabilidad durante
su mandato.
Martín Vizcarra (2018-2020): Vizcarra asumió la presidencia tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski
en 2018, en medio de escándalos de corrupción. Durante su corto mandato, Vizcarra buscó priorizar la
lucha contra la corrupción y la reforma política, promoviendo la aprobación de referendos para cambiar
el sistema judicial y regular el financiamiento de partidos políticos. Si bien mantuvo la estabilidad
macroeconómica heredada de gobiernos anteriores, su enfoque se centró más en la gobernabilidad que
en grandes reformas económicas. La pandemia de COVID-19 en 2020 impactó fuertemente la economía
peruana, con una contracción del PBI del 17.4% en el primer semestre de ese año y un aumento drástico
en la pobreza y el desempleo (Schmidt-Hebbel, 2021). Su gobierno estuvo marcado por la gestión de la
crisis sanitaria, aunque las deficiencias en el sistema de salud y la respuesta tardía del gobierno afectaron
su imagen.
Pedro Castillo (2021-2022): Castillo asumió la presidencia en julio de 2021 como el candidato de
izquierda de Perú Libre, con promesas de cambios radicales en la estructura económica, incluyendo la
nacionalización de recursos estratégicos y la reforma de la Constitución de 1993. Su llegada al poder
fue vista como una reacción al descontento acumulado por las políticas neoliberales, especialmente en
pág. 3916
las áreas rurales más empobrecidas. Sin embargo, la falta de cohesión política y la incapacidad de
implementar su programa reformista lo dejaron en una posición débil frente a un Congreso opositor.
A pesar de sus promesas, Castillo no logró avanzar significativamente en reformas estructurales. Su
gobierno enfrentó problemas de gobernabilidad debido a una sucesión de crisis políticas, escándalos de
corrupción y la falta de una visión clara para gestionar la economía, que se encontraba en proceso de
recuperación post-pandemia (Vergara, 2022).
Impacto en la gobernabilidad y la estructura económica
El periodo comprendido entre 2000 y 2023 estuvo marcado por una continuidad macroeconómica
centrada en el neoliberalismo, con un crecimiento económico relativamente constante en comparación
con otros países de América Latina. El Perú experimentó avances en la reducción de la pobreza,
especialmente en áreas urbanas, aunque las disparidades entre el campo y la ciudad persistieron. Sin
embargo, el crecimiento estuvo altamente dependiente de la explotación de recursos naturales, lo que
generó conflictos sociales recurrentes, sobre todo en las zonas rurales que no se beneficiaron de manera
equitativa de las políticas de desarrollo económico.
La gobernabilidad en este periodo estuvo marcada por la creciente fragmentación del sistema político
y los repetidos conflictos sociales. Los constantes cambios de gobierno, las denuncias de corrupción y
las tensiones entre el ejecutivo y el Congreso afectaron la capacidad del Estado para implementar
políticas de manera efectiva. La corrupción siguió siendo un problema persistente, con numerosos casos
que implicaron a altos funcionarios, incluidos varios expresidentes, lo que socavó la confianza en las
instituciones democráticas.
Finalmente, la pandemia de COVID-19 expuso las debilidades estructurales del sistema de salud y la
economía peruana, que, a pesar de sus buenos indicadores macroeconómicos, no estaba preparada para
enfrentar una crisis de tal magnitud. La crisis sanitaria exacerbó las desigualdades y afectó gravemente
a los sectores informales y vulnerables, destacando la necesidad de reformas más inclusivas y
estructurales en el futuro.
DISCUSIÓN
El gobierno de Juan Velasco Alvarado (1968-1975) marcó un punto de inflexión en el papel del Estado
en la economía peruana.
las áreas rurales más empobrecidas. Sin embargo, la falta de cohesión política y la incapacidad de
implementar su programa reformista lo dejaron en una posición débil frente a un Congreso opositor.
A pesar de sus promesas, Castillo no logró avanzar significativamente en reformas estructurales. Su
gobierno enfrentó problemas de gobernabilidad debido a una sucesión de crisis políticas, escándalos de
corrupción y la falta de una visión clara para gestionar la economía, que se encontraba en proceso de
recuperación post-pandemia (Vergara, 2022).
Impacto en la gobernabilidad y la estructura económica
El periodo comprendido entre 2000 y 2023 estuvo marcado por una continuidad macroeconómica
centrada en el neoliberalismo, con un crecimiento económico relativamente constante en comparación
con otros países de América Latina. El Perú experimentó avances en la reducción de la pobreza,
especialmente en áreas urbanas, aunque las disparidades entre el campo y la ciudad persistieron. Sin
embargo, el crecimiento estuvo altamente dependiente de la explotación de recursos naturales, lo que
generó conflictos sociales recurrentes, sobre todo en las zonas rurales que no se beneficiaron de manera
equitativa de las políticas de desarrollo económico.
La gobernabilidad en este periodo estuvo marcada por la creciente fragmentación del sistema político
y los repetidos conflictos sociales. Los constantes cambios de gobierno, las denuncias de corrupción y
las tensiones entre el ejecutivo y el Congreso afectaron la capacidad del Estado para implementar
políticas de manera efectiva. La corrupción siguió siendo un problema persistente, con numerosos casos
que implicaron a altos funcionarios, incluidos varios expresidentes, lo que socavó la confianza en las
instituciones democráticas.
Finalmente, la pandemia de COVID-19 expuso las debilidades estructurales del sistema de salud y la
economía peruana, que, a pesar de sus buenos indicadores macroeconómicos, no estaba preparada para
enfrentar una crisis de tal magnitud. La crisis sanitaria exacerbó las desigualdades y afectó gravemente
a los sectores informales y vulnerables, destacando la necesidad de reformas más inclusivas y
estructurales en el futuro.
DISCUSIÓN
El gobierno de Juan Velasco Alvarado (1968-1975) marcó un punto de inflexión en el papel del Estado
en la economía peruana.
pág. 3917
Su modelo económico fue profundamente intervencionista, basado en la nacionalización de industrias
estratégicas, la reforma agraria y la creación de empresas públicas. El Estado bajo Velasco asumió un
rol central en la regulación de la economía, controlando los recursos naturales y promoviendo la
redistribución de la tierra y la riqueza con el objetivo de reducir las desigualdades sociales y eliminar
el dominio extranjero sobre sectores clave de la economía (Crabtree, 2011). Sin embargo, las
limitaciones de gestión y la ineficiencia de las empresas públicas afectaron negativamente la
productividad y llevaron a una crisis económica.
En contraste, los modelos neoliberales posteriores, implementados a partir de los años 90 con Fujimori
y mantenidos con algunas variaciones por gobiernos sucesivos (Toledo, García, Humala), se
caracterizaron por un Estado que jugaba un rol subsidiario. El foco se desplazó hacia la privatización,
la desregulación y la apertura de mercados, con el objetivo de promover la inversión privada y reducir
el tamaño del Estado en la economía. Fujimori, por ejemplo, privatizó más de 200 empresas estatales,
reduciendo significativamente el control estatal sobre sectores productivos clave (Durand, 2004). El
Estado se concentró más en generar condiciones favorables para los mercados, relegando su rol en la
intervención directa de la economía.
Durante el gobierno de Velasco, la gobernabilidad se caracterizó por un alto grado de autoritarismo y
centralización del poder. Velasco gobernó bajo una dictadura militar, y las reformas estructurales
radicales, aunque inicialmente contaron con el apoyo popular, generaron resistencia por parte de las
élites económicas y políticas, que vieron afectado su poder. La rigidez de las políticas estatales y la falta
de diálogo con sectores afectados, como los propietarios de tierras y la clase empresarial, fomentaron
una creciente oposición y descontento social, que eventualmente debilitó el régimen (Dammert, 2003).
Por el contrario, los modelos neoliberales introducidos bajo Fujimori y mantenidos por sus sucesores
han permitido una mayor estabilidad económica, pero a menudo a costa de una erosión democrática y
conflictos sociales recurrentes. Fujimori, aunque exitoso en controlar la hiperinflación y estabilizar la
economía, consolidó un régimen autoritario y dependió de medidas represivas para mantener el control
político, incluyendo la disolución del Congreso en 1992 y el uso de tácticas autoritarias para gobernar
(Conaghan, 2005).
Su modelo económico fue profundamente intervencionista, basado en la nacionalización de industrias
estratégicas, la reforma agraria y la creación de empresas públicas. El Estado bajo Velasco asumió un
rol central en la regulación de la economía, controlando los recursos naturales y promoviendo la
redistribución de la tierra y la riqueza con el objetivo de reducir las desigualdades sociales y eliminar
el dominio extranjero sobre sectores clave de la economía (Crabtree, 2011). Sin embargo, las
limitaciones de gestión y la ineficiencia de las empresas públicas afectaron negativamente la
productividad y llevaron a una crisis económica.
En contraste, los modelos neoliberales posteriores, implementados a partir de los años 90 con Fujimori
y mantenidos con algunas variaciones por gobiernos sucesivos (Toledo, García, Humala), se
caracterizaron por un Estado que jugaba un rol subsidiario. El foco se desplazó hacia la privatización,
la desregulación y la apertura de mercados, con el objetivo de promover la inversión privada y reducir
el tamaño del Estado en la economía. Fujimori, por ejemplo, privatizó más de 200 empresas estatales,
reduciendo significativamente el control estatal sobre sectores productivos clave (Durand, 2004). El
Estado se concentró más en generar condiciones favorables para los mercados, relegando su rol en la
intervención directa de la economía.
Durante el gobierno de Velasco, la gobernabilidad se caracterizó por un alto grado de autoritarismo y
centralización del poder. Velasco gobernó bajo una dictadura militar, y las reformas estructurales
radicales, aunque inicialmente contaron con el apoyo popular, generaron resistencia por parte de las
élites económicas y políticas, que vieron afectado su poder. La rigidez de las políticas estatales y la falta
de diálogo con sectores afectados, como los propietarios de tierras y la clase empresarial, fomentaron
una creciente oposición y descontento social, que eventualmente debilitó el régimen (Dammert, 2003).
Por el contrario, los modelos neoliberales introducidos bajo Fujimori y mantenidos por sus sucesores
han permitido una mayor estabilidad económica, pero a menudo a costa de una erosión democrática y
conflictos sociales recurrentes. Fujimori, aunque exitoso en controlar la hiperinflación y estabilizar la
economía, consolidó un régimen autoritario y dependió de medidas represivas para mantener el control
político, incluyendo la disolución del Congreso en 1992 y el uso de tácticas autoritarias para gobernar
(Conaghan, 2005).
pág. 3918
Los gobiernos democráticos posteriores, aunque formalmente más abiertos, enfrentaron constantes
tensiones entre la búsqueda de crecimiento económico y la respuesta a los conflictos sociales,
especialmente en torno a la explotación de recursos naturales.
Las políticas económicas de Velasco se basaron en una lógica redistributiva y nacionalista, buscando la
equidad y el control de los recursos estratégicos. Aunque la reforma agraria redujo el poder de las
oligarquías terratenientes, la falta de planificación y apoyo técnico a las cooperativas agrícolas
expropiadas limitó su éxito. Asimismo, las industrias nacionalizadas sufrieron de mala gestión, lo que
resultó en una caída de la productividad y en mayores déficits fiscales (Medicina, 2021). En términos
generales, las políticas de Velasco no lograron generar un crecimiento económico sostenido y, aunque
avanzaron en la reducción de la desigualdad rural, no fueron capaces de transformar estructuralmente
la economía.
En contraste, las políticas neoliberales introducidas por Fujimori tuvieron un impacto más claro en la
estabilización macroeconómica. La liberalización del mercado y la privatización de empresas estatales
permitieron el crecimiento del PBI y la reducción de la inflación, generando una percepción de éxito
económico (Durand, 2004). Sin embargo, este modelo también exacerbó las desigualdades y dependió
en gran medida de la explotación de recursos naturales, lo que generó recurrentes conflictos sociales,
especialmente en las zonas rurales donde las comunidades no se beneficiaron de manera equitativa de
la extracción minera y energética.
A largo plazo, el modelo neoliberal ha sido efectivo en asegurar crecimiento económico y estabilidad
macroeconómica, pero su impacto en la pobreza y la equidad ha sido menos favorable. Aunque la
pobreza monetaria se redujo del 42,4% en 2007 al 20,5% en 2018, las desigualdades regionales
persistieron, particularmente entre las áreas rurales y urbanas (Schmidt-Hebbel, 2021). La
concentración de la riqueza en los sectores empresariales y la continua marginación de las comunidades
rurales han alimentado una creciente polarización política y social.
En términos de estabilidad política, las políticas económicas neoliberales, al priorizar el crecimiento
económico sobre la inclusión social, han contribuido a un aumento en los conflictos sociales,
especialmente en relación con los proyectos extractivos. Los gobiernos de Toledo, García y Humala
enfrentaron importantes movilizaciones sociales debido a las disputas por el uso de los recursos
Los gobiernos democráticos posteriores, aunque formalmente más abiertos, enfrentaron constantes
tensiones entre la búsqueda de crecimiento económico y la respuesta a los conflictos sociales,
especialmente en torno a la explotación de recursos naturales.
Las políticas económicas de Velasco se basaron en una lógica redistributiva y nacionalista, buscando la
equidad y el control de los recursos estratégicos. Aunque la reforma agraria redujo el poder de las
oligarquías terratenientes, la falta de planificación y apoyo técnico a las cooperativas agrícolas
expropiadas limitó su éxito. Asimismo, las industrias nacionalizadas sufrieron de mala gestión, lo que
resultó en una caída de la productividad y en mayores déficits fiscales (Medicina, 2021). En términos
generales, las políticas de Velasco no lograron generar un crecimiento económico sostenido y, aunque
avanzaron en la reducción de la desigualdad rural, no fueron capaces de transformar estructuralmente
la economía.
En contraste, las políticas neoliberales introducidas por Fujimori tuvieron un impacto más claro en la
estabilización macroeconómica. La liberalización del mercado y la privatización de empresas estatales
permitieron el crecimiento del PBI y la reducción de la inflación, generando una percepción de éxito
económico (Durand, 2004). Sin embargo, este modelo también exacerbó las desigualdades y dependió
en gran medida de la explotación de recursos naturales, lo que generó recurrentes conflictos sociales,
especialmente en las zonas rurales donde las comunidades no se beneficiaron de manera equitativa de
la extracción minera y energética.
A largo plazo, el modelo neoliberal ha sido efectivo en asegurar crecimiento económico y estabilidad
macroeconómica, pero su impacto en la pobreza y la equidad ha sido menos favorable. Aunque la
pobreza monetaria se redujo del 42,4% en 2007 al 20,5% en 2018, las desigualdades regionales
persistieron, particularmente entre las áreas rurales y urbanas (Schmidt-Hebbel, 2021). La
concentración de la riqueza en los sectores empresariales y la continua marginación de las comunidades
rurales han alimentado una creciente polarización política y social.
En términos de estabilidad política, las políticas económicas neoliberales, al priorizar el crecimiento
económico sobre la inclusión social, han contribuido a un aumento en los conflictos sociales,
especialmente en relación con los proyectos extractivos. Los gobiernos de Toledo, García y Humala
enfrentaron importantes movilizaciones sociales debido a las disputas por el uso de los recursos
pág. 3919
naturales, lo que socavó la capacidad del Estado para gobernar de manera eficiente en algunas regiones
(Vergara, 2019).
El análisis de los distintos periodos muestra que las decisiones económicas del Estado están
profundamente ligadas a su capacidad para mantener la gobernabilidad. Bajo Velasco, el enfoque
redistributivo y de control estatal sobre la economía generó resistencias internas que debilitaron el
régimen, a pesar de los intentos de fomentar una mayor equidad. Su modelo, al depender tanto del
control del Estado sobre sectores clave, fue vulnerable a problemas de gestión y a la creciente oposición
de las élites económicas.
En el caso de los gobiernos neoliberales, aunque la estabilización económica y el crecimiento fueron
destacados, la falta de mecanismos inclusivos para distribuir los beneficios del crecimiento afectó
negativamente la cohesión social y la estabilidad política. El éxito macroeconómico no fue suficiente
para garantizar un desarrollo equilibrado, y los conflictos sociales relacionados con el extractivismo
muestran los límites de un modelo económico que no incorpora de manera efectiva las demandas de las
poblaciones más vulnerables. La experiencia de Fujimori, y en menor medida de sus sucesores, refleja
que un enfoque que prioriza el crecimiento sobre la equidad puede resultar en una gobernabilidad frágil
y dependiente de mecanismos autoritarios o de represión (Conaghan, 2005).
CONCLUSIONES
El análisis histórico muestra que el Estado peruano ha desempeñado un papel central en la configuración
de la estructura económica y la gobernabilidad del país, especialmente desde el gobierno de Juan
Velasco Alvarado. Las políticas de intervención estatal, como la reforma agraria y la nacionalización
de sectores estratégicos, fueron fundamentales para redistribuir recursos y reducir la influencia
extranjera. Sin embargo, estas medidas generaron ineficiencias económicas y tensiones políticas,
debilitando la productividad y la estabilidad del país. En las décadas posteriores, los gobiernos
adoptaron políticas neoliberales para corregir los problemas generados por el intervencionismo, lo que
promovió crecimiento macroeconómico y atrajo inversiones, pero al costo de aumentar las
desigualdades sociales y los conflictos socioambientales. Así, el Estado ha oscilado entre modelos
económicos contradictorios, con dificultades para encontrar un equilibrio entre desarrollo económico
inclusivo y estabilidad política.
naturales, lo que socavó la capacidad del Estado para gobernar de manera eficiente en algunas regiones
(Vergara, 2019).
El análisis de los distintos periodos muestra que las decisiones económicas del Estado están
profundamente ligadas a su capacidad para mantener la gobernabilidad. Bajo Velasco, el enfoque
redistributivo y de control estatal sobre la economía generó resistencias internas que debilitaron el
régimen, a pesar de los intentos de fomentar una mayor equidad. Su modelo, al depender tanto del
control del Estado sobre sectores clave, fue vulnerable a problemas de gestión y a la creciente oposición
de las élites económicas.
En el caso de los gobiernos neoliberales, aunque la estabilización económica y el crecimiento fueron
destacados, la falta de mecanismos inclusivos para distribuir los beneficios del crecimiento afectó
negativamente la cohesión social y la estabilidad política. El éxito macroeconómico no fue suficiente
para garantizar un desarrollo equilibrado, y los conflictos sociales relacionados con el extractivismo
muestran los límites de un modelo económico que no incorpora de manera efectiva las demandas de las
poblaciones más vulnerables. La experiencia de Fujimori, y en menor medida de sus sucesores, refleja
que un enfoque que prioriza el crecimiento sobre la equidad puede resultar en una gobernabilidad frágil
y dependiente de mecanismos autoritarios o de represión (Conaghan, 2005).
CONCLUSIONES
El análisis histórico muestra que el Estado peruano ha desempeñado un papel central en la configuración
de la estructura económica y la gobernabilidad del país, especialmente desde el gobierno de Juan
Velasco Alvarado. Las políticas de intervención estatal, como la reforma agraria y la nacionalización
de sectores estratégicos, fueron fundamentales para redistribuir recursos y reducir la influencia
extranjera. Sin embargo, estas medidas generaron ineficiencias económicas y tensiones políticas,
debilitando la productividad y la estabilidad del país. En las décadas posteriores, los gobiernos
adoptaron políticas neoliberales para corregir los problemas generados por el intervencionismo, lo que
promovió crecimiento macroeconómico y atrajo inversiones, pero al costo de aumentar las
desigualdades sociales y los conflictos socioambientales. Así, el Estado ha oscilado entre modelos
económicos contradictorios, con dificultades para encontrar un equilibrio entre desarrollo económico
inclusivo y estabilidad política.
pág. 3920
Para lograr un equilibrio entre crecimiento económico y gobernabilidad, el Estado peruano debe adoptar
políticas que:
Fortalezcan el papel regulador del Estado, promoviendo la inversión privada y extranjera bajo marcos
normativos claros que aseguren el respeto a los derechos de las comunidades locales y el medio
ambiente.
Promuevan un desarrollo inclusivo, mediante políticas redistributivas que reduzcan las brechas de
desigualdad socioeconómica, particularmente entre las regiones rurales y urbanas. Esto puede incluir la
mejora en el acceso a infraestructura, educación y salud en zonas rurales, y programas de apoyo a la
pequeña y mediana empresa.
Fortalezcan las instituciones democráticas, garantizando un diálogo abierto entre el gobierno, las
comunidades locales y los actores económicos para gestionar de forma efectiva los conflictos sociales,
especialmente en torno a la extracción de recursos naturales.
Fomenten la diversificación económica, para reducir la dependencia del país en sectores extractivos,
promoviendo industrias más sostenibles a largo plazo.
Propuesta de líneas de investigación futuras relacionadas con el Estado, el desarrollo económico y la
gobernabilidad en Perú:
Impacto de la descentralización en el desarrollo económico regional: Un análisis más profundo sobre
cómo la descentralización de las decisiones económicas ha afectado la gobernabilidad y el desarrollo
en las distintas regiones del Perú, especialmente las más desfavorecidas.
Relación entre conflictos socioambientales y políticas extractivas: Investigaciones que estudien de
manera sistemática el impacto de las políticas extractivas en la cohesión social y la estabilidad política,
analizando casos específicos de conflictos socioambientales y cómo fueron gestionados por el Estado.
Evolución del rol del Estado en el contexto de la globalización: Un análisis comparativo de cómo el rol
del Estado peruano ha evolucionado frente a los desafíos de la globalización y la creciente dependencia
del capital extranjero, considerando la capacidad del Estado para regular el comercio y las inversiones.
Para lograr un equilibrio entre crecimiento económico y gobernabilidad, el Estado peruano debe adoptar
políticas que:
Fortalezcan el papel regulador del Estado, promoviendo la inversión privada y extranjera bajo marcos
normativos claros que aseguren el respeto a los derechos de las comunidades locales y el medio
ambiente.
Promuevan un desarrollo inclusivo, mediante políticas redistributivas que reduzcan las brechas de
desigualdad socioeconómica, particularmente entre las regiones rurales y urbanas. Esto puede incluir la
mejora en el acceso a infraestructura, educación y salud en zonas rurales, y programas de apoyo a la
pequeña y mediana empresa.
Fortalezcan las instituciones democráticas, garantizando un diálogo abierto entre el gobierno, las
comunidades locales y los actores económicos para gestionar de forma efectiva los conflictos sociales,
especialmente en torno a la extracción de recursos naturales.
Fomenten la diversificación económica, para reducir la dependencia del país en sectores extractivos,
promoviendo industrias más sostenibles a largo plazo.
Propuesta de líneas de investigación futuras relacionadas con el Estado, el desarrollo económico y la
gobernabilidad en Perú:
Impacto de la descentralización en el desarrollo económico regional: Un análisis más profundo sobre
cómo la descentralización de las decisiones económicas ha afectado la gobernabilidad y el desarrollo
en las distintas regiones del Perú, especialmente las más desfavorecidas.
Relación entre conflictos socioambientales y políticas extractivas: Investigaciones que estudien de
manera sistemática el impacto de las políticas extractivas en la cohesión social y la estabilidad política,
analizando casos específicos de conflictos socioambientales y cómo fueron gestionados por el Estado.
Evolución del rol del Estado en el contexto de la globalización: Un análisis comparativo de cómo el rol
del Estado peruano ha evolucionado frente a los desafíos de la globalización y la creciente dependencia
del capital extranjero, considerando la capacidad del Estado para regular el comercio y las inversiones.
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