EL ACCESO A LA JUSTICIA EN MÉXICO:
BARRERAS ESTRUCTURALES Y
MECANISMOS INSTITUCIONALES DE
GARANTÍA
ACCESS TO JUSTICE IN MEXICO: STRUCTURAL BARRIERS
AND INSTITUTIONAL MECHANISMS FOR PROTECTION
Julian Archundia Rodriguez
Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo - México
pág. 4141
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i2.23458
El acceso a la justicia en México: barreras estructurales y mecanismos
institucionales de garantía
Julian Archundia Rodriguez1
Julian19ar@gmail.com
https://orcid.org/0009-0003-4022-5538
Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo
México
RESUMEN
El acceso a la justicia constituye un derecho fundamental y un elemento esencial del Estado de
derecho, cuya efectividad depende de la eliminación de barreras estructurales que limitan su
ejercicio. En México, a pesar de los avances normativos e institucionales, persisten desigualdades
significativas que afectan el acceso efectivo de amplios sectores de la población al sistema de
justicia. El presente estudio tiene como objetivo analizar las principales barreras estructurales que
condicionan el acceso a la justicia en México, así como evaluar los mecanismos institucionales
implementados para garantizar este derecho. Se empleó un enfoque metodológico cualitativo de
tipo jurídico-doctrinal y sociojurídico, basado en el análisis de normativa nacional, informes
institucionales y literatura académica especializada. Los resultados evidencian que factores como
la desigualdad socioeconómica, la dispersión geográfica, la corrupción, la complejidad procesal
y la falta de información jurídica limitan el acceso efectivo a la justicia, particularmente en
poblaciones vulnerables. Asimismo, se identifican avances en la creación de mecanismos
institucionales como defensorías públicas, justicia alternativa y digitalización de servicios,
aunque con limitaciones en su implementación. Se concluye que es necesario fortalecer la
articulación institucional, simplificar los procesos judiciales y desarrollar políticas públicas
integrales que aborden las causas estructurales de exclusión.
Palabras clave: Acceso a la justicia; Estado de derecho; barreras estructurales; sistema judicial
mexicano; defensoría pública; políticas públicas
1 Autor principal
Correspondencia: Julian19ar@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i2.23458
El acceso a la justicia en México: barreras estructurales y mecanismos
institucionales de garantía
Julian Archundia Rodriguez1
Julian19ar@gmail.com
https://orcid.org/0009-0003-4022-5538
Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo
México
RESUMEN
El acceso a la justicia constituye un derecho fundamental y un elemento esencial del Estado de
derecho, cuya efectividad depende de la eliminación de barreras estructurales que limitan su
ejercicio. En México, a pesar de los avances normativos e institucionales, persisten desigualdades
significativas que afectan el acceso efectivo de amplios sectores de la población al sistema de
justicia. El presente estudio tiene como objetivo analizar las principales barreras estructurales que
condicionan el acceso a la justicia en México, así como evaluar los mecanismos institucionales
implementados para garantizar este derecho. Se empleó un enfoque metodológico cualitativo de
tipo jurídico-doctrinal y sociojurídico, basado en el análisis de normativa nacional, informes
institucionales y literatura académica especializada. Los resultados evidencian que factores como
la desigualdad socioeconómica, la dispersión geográfica, la corrupción, la complejidad procesal
y la falta de información jurídica limitan el acceso efectivo a la justicia, particularmente en
poblaciones vulnerables. Asimismo, se identifican avances en la creación de mecanismos
institucionales como defensorías públicas, justicia alternativa y digitalización de servicios,
aunque con limitaciones en su implementación. Se concluye que es necesario fortalecer la
articulación institucional, simplificar los procesos judiciales y desarrollar políticas públicas
integrales que aborden las causas estructurales de exclusión.
Palabras clave: Acceso a la justicia; Estado de derecho; barreras estructurales; sistema judicial
mexicano; defensoría pública; políticas públicas
1 Autor principal
Correspondencia: Julian19ar@gmail.com
pág. 4142
Access to justice in mexico: structural barriers and institutional
mechanisms for protection
ABSTRACT
Access to justice is a fundamental right and a core element of the rule of law, whose effectiveness
depends on the removal of structural barriers that limit its exercise. In Mexico, despite normative
and institutional progress, significant inequalities persist that affect effective access to the justice
system for large segments of the population. This study aims to analyze the main structural
barriers that condition access to justice in Mexico, as well as to evaluate the institutional
mechanisms implemented to guarantee this right. A qualitative methodological approach of a
legal-doctrinal and socio-legal nature was employed, based on the analysis of national regulations,
institutional reports, and specialized academic literature. The results show that factors such as
socioeconomic inequality, geographic dispersion, corruption, procedural complexity, and lack of
legal awareness limit effective access to justice, particularly among vulnerable populations.
Additionally, advances are identified in the creation of institutional mechanisms such as public
defenders, alternative dispute resolution, and digitalization of services, although with
implementation limitations. It is concluded that strengthening institutional coordination,
simplifying judicial processes, and developing comprehensive public policies addressing
structural causes of exclusion are necessary.
Keywords: Access to justice; rule of law; structural barriers; Mexican justice system; public
defense; public policy
Artículo recibido 28 febrero 2026
Aceptado para publicación: 28 marzo 2026
Access to justice in mexico: structural barriers and institutional
mechanisms for protection
ABSTRACT
Access to justice is a fundamental right and a core element of the rule of law, whose effectiveness
depends on the removal of structural barriers that limit its exercise. In Mexico, despite normative
and institutional progress, significant inequalities persist that affect effective access to the justice
system for large segments of the population. This study aims to analyze the main structural
barriers that condition access to justice in Mexico, as well as to evaluate the institutional
mechanisms implemented to guarantee this right. A qualitative methodological approach of a
legal-doctrinal and socio-legal nature was employed, based on the analysis of national regulations,
institutional reports, and specialized academic literature. The results show that factors such as
socioeconomic inequality, geographic dispersion, corruption, procedural complexity, and lack of
legal awareness limit effective access to justice, particularly among vulnerable populations.
Additionally, advances are identified in the creation of institutional mechanisms such as public
defenders, alternative dispute resolution, and digitalization of services, although with
implementation limitations. It is concluded that strengthening institutional coordination,
simplifying judicial processes, and developing comprehensive public policies addressing
structural causes of exclusion are necessary.
Keywords: Access to justice; rule of law; structural barriers; Mexican justice system; public
defense; public policy
Artículo recibido 28 febrero 2026
Aceptado para publicación: 28 marzo 2026
pág. 4143
INTRODUCCIÓN
El acceso a la justicia constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho, en tanto
garantiza la posibilidad efectiva de que todas las personas puedan reclamar la protección de sus
derechos y obtener una respuesta adecuada por parte de las instituciones judiciales. Más allá de
su reconocimiento formal, este derecho implica condiciones reales de igualdad, disponibilidad de
mecanismos efectivos y ausencia de barreras que limiten su ejercicio (Cappelletti & Garth, 1978;
Naciones Unidas, 2015). En este sentido, el acceso a la justicia no solo es un derecho en sí mismo,
sino también un medio indispensable para la realización de otros derechos fundamentales.
A nivel internacional, el acceso a la justicia ha sido reconocido en múltiples instrumentos de
derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, los cuales establecen la obligación de los Estados de
garantizar recursos judiciales efectivos y procedimientos justos (Naciones Unidas, 1966; OEA,
1969). Asimismo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente el ODS 16,
destacan la importancia de promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas, subrayando el
acceso a la justicia como un componente clave del desarrollo sostenible (Naciones Unidas, 2015).
En América Latina, el acceso a la justicia enfrenta desafíos estructurales derivados de profundas
desigualdades sociales, económicas y territoriales. Diversos estudios han evidenciado que
amplios sectores de la población, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad,
encuentran obstáculos significativos para acceder a los sistemas judiciales, lo que genera una
brecha entre el reconocimiento formal de derechos y su ejercicio efectivo (CEPAL, 2022; PNUD,
2021). Estas barreras no solo limitan la protección de derechos individuales, sino que también
afectan la legitimidad de las instituciones y la confianza en el Estado.
En el caso de México, el acceso a la justicia se encuentra formalmente garantizado en el artículo
17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que toda
persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta, completa e imparcial. Sin
embargo, diversos diagnósticos institucionales y estudios académicos coinciden en señalar que,
en la práctica, este derecho enfrenta múltiples limitaciones que impiden su plena realización (Fix-
Fierro, 2013; Carbonell, 2016).
INTRODUCCIÓN
El acceso a la justicia constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho, en tanto
garantiza la posibilidad efectiva de que todas las personas puedan reclamar la protección de sus
derechos y obtener una respuesta adecuada por parte de las instituciones judiciales. Más allá de
su reconocimiento formal, este derecho implica condiciones reales de igualdad, disponibilidad de
mecanismos efectivos y ausencia de barreras que limiten su ejercicio (Cappelletti & Garth, 1978;
Naciones Unidas, 2015). En este sentido, el acceso a la justicia no solo es un derecho en sí mismo,
sino también un medio indispensable para la realización de otros derechos fundamentales.
A nivel internacional, el acceso a la justicia ha sido reconocido en múltiples instrumentos de
derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, los cuales establecen la obligación de los Estados de
garantizar recursos judiciales efectivos y procedimientos justos (Naciones Unidas, 1966; OEA,
1969). Asimismo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente el ODS 16,
destacan la importancia de promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas, subrayando el
acceso a la justicia como un componente clave del desarrollo sostenible (Naciones Unidas, 2015).
En América Latina, el acceso a la justicia enfrenta desafíos estructurales derivados de profundas
desigualdades sociales, económicas y territoriales. Diversos estudios han evidenciado que
amplios sectores de la población, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad,
encuentran obstáculos significativos para acceder a los sistemas judiciales, lo que genera una
brecha entre el reconocimiento formal de derechos y su ejercicio efectivo (CEPAL, 2022; PNUD,
2021). Estas barreras no solo limitan la protección de derechos individuales, sino que también
afectan la legitimidad de las instituciones y la confianza en el Estado.
En el caso de México, el acceso a la justicia se encuentra formalmente garantizado en el artículo
17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que toda
persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta, completa e imparcial. Sin
embargo, diversos diagnósticos institucionales y estudios académicos coinciden en señalar que,
en la práctica, este derecho enfrenta múltiples limitaciones que impiden su plena realización (Fix-
Fierro, 2013; Carbonell, 2016).
pág. 4144
Entre las principales barreras estructurales identificadas en el contexto mexicano se encuentran la
desigualdad socioeconómica, la dispersión geográfica, la complejidad del sistema jurídico, la
corrupción y la falta de información jurídica. Estas barreras afectan de manera desproporcionada
a grupos en situación de vulnerabilidad, como personas en condiciones de pobreza, comunidades
indígenas, mujeres y población rural (Hammergren, 2007; UNODC, 2019). En particular, la
desigualdad económica limita la capacidad de las personas para acceder a servicios legales de
calidad, mientras que la dispersión territorial dificulta el acceso físico a tribunales y servicios
judiciales.
Asimismo, la complejidad procesal y la falta de claridad en los procedimientos judiciales
representan obstáculos significativos para la ciudadanía. Como señalan Cappelletti y Garth
(1978), el acceso a la justicia no puede considerarse efectivo si los sistemas legales son
excesivamente complejos o inaccesibles para la población general. En el caso mexicano, la
coexistencia de sistemas jurídicos tradicionales y reformas recientes, como la implementación del
sistema penal acusatorio, ha generado desafíos adicionales en términos de adaptación institucional
y comprensión por parte de los usuarios (Fix-Fierro, 2013).
Otro elemento relevante es la percepción de corrupción y desconfianza en las instituciones
judiciales, la cual afecta la disposición de las personas a recurrir al sistema de justicia. Diversos
informes han señalado que la corrupción no solo distorsiona el funcionamiento del sistema, sino
que también refuerza las desigualdades existentes, al favorecer a quienes cuentan con mayores
recursos o influencias (Transparencia Internacional, 2022; PNUD, 2021). Esta situación
contribuye a la reproducción de un círculo vicioso en el que la falta de confianza limita el acceso,
y la falta de acceso refuerza la desconfianza.
Frente a estas barreras, el Estado mexicano ha implementado diversos mecanismos institucionales
orientados a garantizar el acceso a la justicia. Entre ellos destacan el fortalecimiento de la
defensoría pública, la promoción de mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC)
y la incorporación de tecnologías digitales en la prestación de servicios judiciales (Consejo de la
Judicatura Federal, 2022). Estos mecanismos buscan ampliar la cobertura, reducir costos y
mejorar la eficiencia del sistema.
Entre las principales barreras estructurales identificadas en el contexto mexicano se encuentran la
desigualdad socioeconómica, la dispersión geográfica, la complejidad del sistema jurídico, la
corrupción y la falta de información jurídica. Estas barreras afectan de manera desproporcionada
a grupos en situación de vulnerabilidad, como personas en condiciones de pobreza, comunidades
indígenas, mujeres y población rural (Hammergren, 2007; UNODC, 2019). En particular, la
desigualdad económica limita la capacidad de las personas para acceder a servicios legales de
calidad, mientras que la dispersión territorial dificulta el acceso físico a tribunales y servicios
judiciales.
Asimismo, la complejidad procesal y la falta de claridad en los procedimientos judiciales
representan obstáculos significativos para la ciudadanía. Como señalan Cappelletti y Garth
(1978), el acceso a la justicia no puede considerarse efectivo si los sistemas legales son
excesivamente complejos o inaccesibles para la población general. En el caso mexicano, la
coexistencia de sistemas jurídicos tradicionales y reformas recientes, como la implementación del
sistema penal acusatorio, ha generado desafíos adicionales en términos de adaptación institucional
y comprensión por parte de los usuarios (Fix-Fierro, 2013).
Otro elemento relevante es la percepción de corrupción y desconfianza en las instituciones
judiciales, la cual afecta la disposición de las personas a recurrir al sistema de justicia. Diversos
informes han señalado que la corrupción no solo distorsiona el funcionamiento del sistema, sino
que también refuerza las desigualdades existentes, al favorecer a quienes cuentan con mayores
recursos o influencias (Transparencia Internacional, 2022; PNUD, 2021). Esta situación
contribuye a la reproducción de un círculo vicioso en el que la falta de confianza limita el acceso,
y la falta de acceso refuerza la desconfianza.
Frente a estas barreras, el Estado mexicano ha implementado diversos mecanismos institucionales
orientados a garantizar el acceso a la justicia. Entre ellos destacan el fortalecimiento de la
defensoría pública, la promoción de mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC)
y la incorporación de tecnologías digitales en la prestación de servicios judiciales (Consejo de la
Judicatura Federal, 2022). Estos mecanismos buscan ampliar la cobertura, reducir costos y
mejorar la eficiencia del sistema.
pág. 4145
No obstante, la evidencia sugiere que, si bien estos mecanismos representan avances importantes,
su implementación presenta limitaciones en términos de cobertura, calidad y articulación
institucional. Por ejemplo, la defensoría pública enfrenta desafíos relacionados con la sobrecarga
de trabajo y la insuficiencia de recursos, lo que puede afectar la calidad de la representación legal
(Fix-Fierro, 2013). De igual manera, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos,
aunque efectivos en determinados contextos, no siempre son accesibles o conocidos por la
población.
Desde una perspectiva teórica, el acceso a la justicia debe entenderse como un fenómeno
multidimensional que involucra no solo la existencia de normas y mecanismos institucionales,
sino también factores sociales, económicos y culturales que condicionan su ejercicio (Cappelletti
& Garth, 1978; Sandefur, 2008). En este sentido, abordar las barreras estructurales requiere un
enfoque integral que combine reformas legales, fortalecimiento institucional y políticas públicas
orientadas a la inclusión.
En el ámbito comparado, experiencias de otros países han demostrado que la mejora del acceso a
la justicia requiere estrategias sostenidas que integren múltiples dimensiones, incluyendo la
simplificación de procedimientos, la descentralización de servicios, la educación jurídica de la
población y el uso de tecnologías digitales (OECD, 2019). Estas experiencias ofrecen lecciones
relevantes para el caso mexicano, especialmente en términos de diseño e implementación de
políticas públicas.
En este contexto, el presente estudio tiene como objetivo analizar las principales barreras
estructurales que afectan el acceso a la justicia en México, así como evaluar los mecanismos
institucionales implementados para garantizar este derecho. Para ello, se adopta un enfoque
jurídico-doctrinal complementado con análisis sociojurídico y de políticas públicas, con el
propósito de ofrecer una visión integral del problema y contribuir al debate académico y político
sobre la materia.
No obstante, la evidencia sugiere que, si bien estos mecanismos representan avances importantes,
su implementación presenta limitaciones en términos de cobertura, calidad y articulación
institucional. Por ejemplo, la defensoría pública enfrenta desafíos relacionados con la sobrecarga
de trabajo y la insuficiencia de recursos, lo que puede afectar la calidad de la representación legal
(Fix-Fierro, 2013). De igual manera, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos,
aunque efectivos en determinados contextos, no siempre son accesibles o conocidos por la
población.
Desde una perspectiva teórica, el acceso a la justicia debe entenderse como un fenómeno
multidimensional que involucra no solo la existencia de normas y mecanismos institucionales,
sino también factores sociales, económicos y culturales que condicionan su ejercicio (Cappelletti
& Garth, 1978; Sandefur, 2008). En este sentido, abordar las barreras estructurales requiere un
enfoque integral que combine reformas legales, fortalecimiento institucional y políticas públicas
orientadas a la inclusión.
En el ámbito comparado, experiencias de otros países han demostrado que la mejora del acceso a
la justicia requiere estrategias sostenidas que integren múltiples dimensiones, incluyendo la
simplificación de procedimientos, la descentralización de servicios, la educación jurídica de la
población y el uso de tecnologías digitales (OECD, 2019). Estas experiencias ofrecen lecciones
relevantes para el caso mexicano, especialmente en términos de diseño e implementación de
políticas públicas.
En este contexto, el presente estudio tiene como objetivo analizar las principales barreras
estructurales que afectan el acceso a la justicia en México, así como evaluar los mecanismos
institucionales implementados para garantizar este derecho. Para ello, se adopta un enfoque
jurídico-doctrinal complementado con análisis sociojurídico y de políticas públicas, con el
propósito de ofrecer una visión integral del problema y contribuir al debate académico y político
sobre la materia.
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METODOLOGÍA
Enfoque y tipo de investigación
La presente investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, orientado a comprender de
manera integral las barreras estructurales que afectan el acceso a la justicia en México, así como
a analizar los mecanismos institucionales diseñados para garantizar este derecho. Este enfoque
resulta adecuado para el estudio de fenómenos jurídicos y sociales complejos, permitiendo
interpretar normas, discursos institucionales y prácticas desde una perspectiva contextualizada
(Denzin & Lincoln, 2018; Flick, 2015).
El tipo de investigación es jurídico-doctrinal y sociojurídico, en tanto combina el análisis
sistemático del ordenamiento jurídico mexicano con la evaluación de su funcionamiento en la
práctica. Este enfoque permite no solo examinar la normativa vigente, sino también identificar las
brechas existentes entre el marco legal y su implementación efectiva (Atienza, 2013; Carbonell,
2016).
Asimismo, se incorpora un componente analítico-comparado, que permite contextualizar el caso
mexicano a partir de experiencias internacionales y regionales en materia de acceso a la justicia,
especialmente en América Latina y países de la OCDE.
Diseño de la investigación
El diseño adoptado es no experimental, de carácter descriptivo-analítico e interpretativo, ya que
no se manipulan variables, sino que se analizan fenómenos existentes a partir de fuentes
documentales y evidencia secundaria (Hernández-Sampieri et al., 2014).
La investigación se estructura en tres niveles de análisis:
• Nivel conceptual: revisión de teorías sobre acceso a la justicia, desigualdad estructural y
Estado de derecho, con base en autores clásicos y contemporáneos (Cappelletti & Garth,
1978; Sandefur, 2008).
• Nivel normativo: análisis del marco jurídico mexicano, incluyendo la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, reformas judiciales recientes y legislación secundaria
relevante.
METODOLOGÍA
Enfoque y tipo de investigación
La presente investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, orientado a comprender de
manera integral las barreras estructurales que afectan el acceso a la justicia en México, así como
a analizar los mecanismos institucionales diseñados para garantizar este derecho. Este enfoque
resulta adecuado para el estudio de fenómenos jurídicos y sociales complejos, permitiendo
interpretar normas, discursos institucionales y prácticas desde una perspectiva contextualizada
(Denzin & Lincoln, 2018; Flick, 2015).
El tipo de investigación es jurídico-doctrinal y sociojurídico, en tanto combina el análisis
sistemático del ordenamiento jurídico mexicano con la evaluación de su funcionamiento en la
práctica. Este enfoque permite no solo examinar la normativa vigente, sino también identificar las
brechas existentes entre el marco legal y su implementación efectiva (Atienza, 2013; Carbonell,
2016).
Asimismo, se incorpora un componente analítico-comparado, que permite contextualizar el caso
mexicano a partir de experiencias internacionales y regionales en materia de acceso a la justicia,
especialmente en América Latina y países de la OCDE.
Diseño de la investigación
El diseño adoptado es no experimental, de carácter descriptivo-analítico e interpretativo, ya que
no se manipulan variables, sino que se analizan fenómenos existentes a partir de fuentes
documentales y evidencia secundaria (Hernández-Sampieri et al., 2014).
La investigación se estructura en tres niveles de análisis:
• Nivel conceptual: revisión de teorías sobre acceso a la justicia, desigualdad estructural y
Estado de derecho, con base en autores clásicos y contemporáneos (Cappelletti & Garth,
1978; Sandefur, 2008).
• Nivel normativo: análisis del marco jurídico mexicano, incluyendo la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, reformas judiciales recientes y legislación secundaria
relevante.
pág. 4147
• Nivel aplicado: evaluación de los mecanismos institucionales implementados (defensoría
pública, mecanismos alternativos de solución de controversias, digitalización judicial), así
como de las barreras estructurales identificadas en informes y estudios empíricos.
Técnicas de recolección de datos
Se emplearon técnicas de revisión documental sistemática y análisis de contenido, orientadas a la
recopilación, clasificación y análisis de información relevante proveniente de diversas fuentes:
Fuentes normativas
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (especialmente el artículo 17).
• Legislación secundaria en materia de justicia, derechos humanos y mecanismos
alternativos de solución de controversias.
• Reformas relacionadas con el sistema penal acusatorio.
Fuentes doctrinales
• Artículos académicos indexados en bases de datos como Scopus, Web of Science,
SciELO y Redalyc.
• Libros especializados en acceso a la justicia, sociología jurídica y políticas públicas
(Cappelletti & Garth, 1978; Sandefur, 2008).
Fuentes institucionales
• Informes de organismos nacionales como el Consejo de la Judicatura Federal, el INEGI
y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
• Reportes de organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Técnica de análisis de datos
Se utilizó el análisis de contenido cualitativo, el cual permitió identificar patrones, categorías y
relaciones entre las barreras estructurales y los mecanismos institucionales analizados
(Krippendorff, 2018).
• Nivel aplicado: evaluación de los mecanismos institucionales implementados (defensoría
pública, mecanismos alternativos de solución de controversias, digitalización judicial), así
como de las barreras estructurales identificadas en informes y estudios empíricos.
Técnicas de recolección de datos
Se emplearon técnicas de revisión documental sistemática y análisis de contenido, orientadas a la
recopilación, clasificación y análisis de información relevante proveniente de diversas fuentes:
Fuentes normativas
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (especialmente el artículo 17).
• Legislación secundaria en materia de justicia, derechos humanos y mecanismos
alternativos de solución de controversias.
• Reformas relacionadas con el sistema penal acusatorio.
Fuentes doctrinales
• Artículos académicos indexados en bases de datos como Scopus, Web of Science,
SciELO y Redalyc.
• Libros especializados en acceso a la justicia, sociología jurídica y políticas públicas
(Cappelletti & Garth, 1978; Sandefur, 2008).
Fuentes institucionales
• Informes de organismos nacionales como el Consejo de la Judicatura Federal, el INEGI
y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
• Reportes de organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Técnica de análisis de datos
Se utilizó el análisis de contenido cualitativo, el cual permitió identificar patrones, categorías y
relaciones entre las barreras estructurales y los mecanismos institucionales analizados
(Krippendorff, 2018).
pág. 4148
El proceso de análisis se desarrolló en tres etapas:
1. Codificación inicial: identificación de categorías clave como “acceso a la justicia”,
“barreras estructurales”, “desigualdad”, “corrupción” y “mecanismos institucionales”.
2. Categorización temática: agrupación de la información en ejes analíticos (barreras
económicas, geográficas, institucionales y culturales).
3. Interpretación crítica: contraste entre el marco teórico, la normativa y la evidencia empírica,
con el fin de identificar brechas y proponer líneas de mejora.
Criterios de selección de fuentes
Para garantizar la calidad y rigor del estudio, se establecieron los siguientes criterios de inclusión:
• Publicaciones académicas revisadas por pares.
• Documentos emitidos por organismos oficiales y reconocidos internacionalmente.
• Normativa vigente y actualizada.
• Relevancia directa con el acceso a la justicia y sus barreras estructurales.
Se priorizaron fuentes publicadas en los últimos diez años, sin excluir obras clásicas
fundamentales para el desarrollo del marco teórico.
Consideraciones éticas
La investigación se basa en el análisis de fuentes secundarias, por lo que no involucra
directamente a sujetos humanos. No obstante, se respetaron principios éticos fundamentales, tales
como:
• Citas adecuadas y respeto a la propiedad intelectual (APA 7).
• Uso responsable de la información.
• Tratamiento respetuoso de problemáticas vinculadas a derechos humanos.
Limitaciones del estudio
Entre las principales limitaciones se identifican:
• Dependencia de fuentes secundarias, lo que puede limitar el análisis empírico directo.
• Posibles sesgos en informes institucionales.
• Falta de datos desagregados en ciertos sectores o regiones.
El proceso de análisis se desarrolló en tres etapas:
1. Codificación inicial: identificación de categorías clave como “acceso a la justicia”,
“barreras estructurales”, “desigualdad”, “corrupción” y “mecanismos institucionales”.
2. Categorización temática: agrupación de la información en ejes analíticos (barreras
económicas, geográficas, institucionales y culturales).
3. Interpretación crítica: contraste entre el marco teórico, la normativa y la evidencia empírica,
con el fin de identificar brechas y proponer líneas de mejora.
Criterios de selección de fuentes
Para garantizar la calidad y rigor del estudio, se establecieron los siguientes criterios de inclusión:
• Publicaciones académicas revisadas por pares.
• Documentos emitidos por organismos oficiales y reconocidos internacionalmente.
• Normativa vigente y actualizada.
• Relevancia directa con el acceso a la justicia y sus barreras estructurales.
Se priorizaron fuentes publicadas en los últimos diez años, sin excluir obras clásicas
fundamentales para el desarrollo del marco teórico.
Consideraciones éticas
La investigación se basa en el análisis de fuentes secundarias, por lo que no involucra
directamente a sujetos humanos. No obstante, se respetaron principios éticos fundamentales, tales
como:
• Citas adecuadas y respeto a la propiedad intelectual (APA 7).
• Uso responsable de la información.
• Tratamiento respetuoso de problemáticas vinculadas a derechos humanos.
Limitaciones del estudio
Entre las principales limitaciones se identifican:
• Dependencia de fuentes secundarias, lo que puede limitar el análisis empírico directo.
• Posibles sesgos en informes institucionales.
• Falta de datos desagregados en ciertos sectores o regiones.
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Sin embargo, estas limitaciones se mitigaron mediante la triangulación de fuentes y el enfoque
comparado adoptado.
RESULTADOS
El análisis documental y normativo realizado permite identificar que el acceso a la justicia en
México se encuentra condicionado por un conjunto de barreras estructurales interrelacionadas,
que afectan de manera diferenciada a diversos sectores de la población. A pesar de los avances
institucionales impulsados en las últimas décadas, particularmente tras la reforma constitucional
en materia de derechos humanos de 2011 y la implementación del sistema penal acusatorio,
persisten limitaciones significativas que impiden la materialización efectiva de este derecho.
Los resultados se organizan en seis ejes principales: i) barreras socioeconómicas; ii) barreras
geográficas y territoriales; iii) barreras institucionales y procesales; iv) barreras culturales e
informacionales; v) evaluación de los mecanismos institucionales de garantía; y vi) brechas
estructurales del sistema.
Barreras socioeconómicas: desigualdad como condicionante estructural
Uno de los hallazgos más consistentes es que la desigualdad socioeconómica constituye el
principal factor que limita el acceso a la justicia en México. La evidencia muestra que las personas
con menores ingresos enfrentan mayores dificultades para acceder a servicios legales, tanto por
los costos directos asociados (honorarios de abogados, tasas judiciales, gastos de traslado) como
por los costos indirectos (tiempo, pérdida de ingresos, complejidad del proceso) (Sandefur, 2008;
OECD, 2019).
En este contexto, la justicia se configura en la práctica como un servicio estratificado, en el que
el acceso y la calidad de la representación legal dependen en gran medida de la capacidad
económica de los individuos. Este fenómeno ha sido identificado en múltiples estudios como una
forma de “justicia desigual”, donde los sectores más vulnerables enfrentan mayores
probabilidades de ver vulnerados sus derechos sin contar con mecanismos efectivos de defensa
(Fix-Fierro, 2013; Carbonell, 2016).
Asimismo, se observa que la desigualdad económica no solo limita el acceso inicial al sistema de
justicia, sino que también afecta la capacidad de sostener procesos prolongados. En muchos casos,
Sin embargo, estas limitaciones se mitigaron mediante la triangulación de fuentes y el enfoque
comparado adoptado.
RESULTADOS
El análisis documental y normativo realizado permite identificar que el acceso a la justicia en
México se encuentra condicionado por un conjunto de barreras estructurales interrelacionadas,
que afectan de manera diferenciada a diversos sectores de la población. A pesar de los avances
institucionales impulsados en las últimas décadas, particularmente tras la reforma constitucional
en materia de derechos humanos de 2011 y la implementación del sistema penal acusatorio,
persisten limitaciones significativas que impiden la materialización efectiva de este derecho.
Los resultados se organizan en seis ejes principales: i) barreras socioeconómicas; ii) barreras
geográficas y territoriales; iii) barreras institucionales y procesales; iv) barreras culturales e
informacionales; v) evaluación de los mecanismos institucionales de garantía; y vi) brechas
estructurales del sistema.
Barreras socioeconómicas: desigualdad como condicionante estructural
Uno de los hallazgos más consistentes es que la desigualdad socioeconómica constituye el
principal factor que limita el acceso a la justicia en México. La evidencia muestra que las personas
con menores ingresos enfrentan mayores dificultades para acceder a servicios legales, tanto por
los costos directos asociados (honorarios de abogados, tasas judiciales, gastos de traslado) como
por los costos indirectos (tiempo, pérdida de ingresos, complejidad del proceso) (Sandefur, 2008;
OECD, 2019).
En este contexto, la justicia se configura en la práctica como un servicio estratificado, en el que
el acceso y la calidad de la representación legal dependen en gran medida de la capacidad
económica de los individuos. Este fenómeno ha sido identificado en múltiples estudios como una
forma de “justicia desigual”, donde los sectores más vulnerables enfrentan mayores
probabilidades de ver vulnerados sus derechos sin contar con mecanismos efectivos de defensa
(Fix-Fierro, 2013; Carbonell, 2016).
Asimismo, se observa que la desigualdad económica no solo limita el acceso inicial al sistema de
justicia, sino que también afecta la capacidad de sostener procesos prolongados. En muchos casos,
pág. 4150
las personas optan por no iniciar acciones legales o abandonarlas prematuramente debido a la
imposibilidad de asumir los costos asociados, lo que genera un fenómeno de subutilización del
sistema judicial.
Barreras geográficas y territoriales
Un segundo hallazgo relevante es la existencia de desigualdades territoriales significativas en el
acceso a la justicia. México presenta una amplia diversidad geográfica, con zonas rurales y
comunidades alejadas donde la presencia institucional es limitada o inexistente. En estos
contextos, el acceso físico a tribunales, defensorías públicas y otros servicios jurídicos representa
un obstáculo considerable (UNODC, 2019).
Las comunidades indígenas y rurales se encuentran particularmente afectadas por estas barreras,
debido a la combinación de factores como aislamiento geográfico, pobreza y falta de
infraestructura institucional. En muchos casos, las distancias a los centros judiciales implican
costos y tiempos que hacen inviable el acceso efectivo a la justicia.
Adicionalmente, se identifica una centralización de los servicios judiciales en zonas urbanas, lo
que refuerza las desigualdades territoriales. Aunque se han implementado estrategias como
juzgados itinerantes y digitalización de servicios, su alcance aún es limitado y no logra compensar
completamente la brecha existente (OECD, 2019).
Barreras institucionales y procesales
El análisis evidencia que el sistema judicial mexicano presenta niveles elevados de complejidad
procesal, lo que constituye una barrera significativa para el acceso a la justicia. Los
procedimientos legales suelen ser largos, técnicos y difíciles de comprender para la población
general, lo que genera dependencia de intermediarios legales y aumenta los costos del proceso
(Cappelletti & Garth, 1978).
La implementación del sistema penal acusatorio ha representado un avance en términos de
transparencia y garantías procesales; sin embargo, también ha generado desafíos en su aplicación,
especialmente en la capacitación de operadores y en la adaptación institucional (Fix-Fierro, 2013).
En algunos casos, la transición ha dado lugar a inconsistencias en la aplicación de normas y a
retrasos en los procesos.
las personas optan por no iniciar acciones legales o abandonarlas prematuramente debido a la
imposibilidad de asumir los costos asociados, lo que genera un fenómeno de subutilización del
sistema judicial.
Barreras geográficas y territoriales
Un segundo hallazgo relevante es la existencia de desigualdades territoriales significativas en el
acceso a la justicia. México presenta una amplia diversidad geográfica, con zonas rurales y
comunidades alejadas donde la presencia institucional es limitada o inexistente. En estos
contextos, el acceso físico a tribunales, defensorías públicas y otros servicios jurídicos representa
un obstáculo considerable (UNODC, 2019).
Las comunidades indígenas y rurales se encuentran particularmente afectadas por estas barreras,
debido a la combinación de factores como aislamiento geográfico, pobreza y falta de
infraestructura institucional. En muchos casos, las distancias a los centros judiciales implican
costos y tiempos que hacen inviable el acceso efectivo a la justicia.
Adicionalmente, se identifica una centralización de los servicios judiciales en zonas urbanas, lo
que refuerza las desigualdades territoriales. Aunque se han implementado estrategias como
juzgados itinerantes y digitalización de servicios, su alcance aún es limitado y no logra compensar
completamente la brecha existente (OECD, 2019).
Barreras institucionales y procesales
El análisis evidencia que el sistema judicial mexicano presenta niveles elevados de complejidad
procesal, lo que constituye una barrera significativa para el acceso a la justicia. Los
procedimientos legales suelen ser largos, técnicos y difíciles de comprender para la población
general, lo que genera dependencia de intermediarios legales y aumenta los costos del proceso
(Cappelletti & Garth, 1978).
La implementación del sistema penal acusatorio ha representado un avance en términos de
transparencia y garantías procesales; sin embargo, también ha generado desafíos en su aplicación,
especialmente en la capacitación de operadores y en la adaptación institucional (Fix-Fierro, 2013).
En algunos casos, la transición ha dado lugar a inconsistencias en la aplicación de normas y a
retrasos en los procesos.
pág. 4151
Otro aspecto crítico es la sobrecarga del sistema judicial, que se traduce en tiempos prolongados
de resolución de casos. La falta de recursos humanos y materiales limita la capacidad de respuesta
de las instituciones, lo que afecta la percepción de eficiencia y desincentiva el uso del sistema
(PNUD, 2021).
Barreras culturales e informacionales
Un cuarto hallazgo destaca la importancia de las barreras culturales y de información jurídica en
el acceso a la justicia. Muchas personas desconocen sus derechos o los mecanismos disponibles
para hacerlos valer, lo que limita su capacidad de actuar frente a situaciones de vulneración
(Sandefur, 2008).
En el caso de comunidades indígenas, estas barreras se ven agravadas por diferencias lingüísticas
y culturales, así como por la falta de reconocimiento efectivo de sistemas normativos propios.
Esto genera una desconexión entre el sistema jurídico formal y las prácticas comunitarias, lo que
dificulta la resolución de conflictos de manera adecuada (UNODC, 2019).
Asimismo, la percepción de corrupción y desconfianza en las instituciones judiciales constituye
un factor determinante en la decisión de acudir o no al sistema de justicia. Diversos estudios
indican que la falta de confianza reduce significativamente la probabilidad de que las personas
busquen soluciones legales formales (Transparencia Internacional, 2022).
Evaluación de los mecanismos institucionales de garantía
El análisis de los mecanismos institucionales implementados en México permite identificar
avances importantes, aunque con limitaciones en su alcance y efectividad.
Defensoría pública
La defensoría pública constituye uno de los principales mecanismos para garantizar el acceso a la
justicia de personas en situación de vulnerabilidad. Este servicio ha permitido ampliar la cobertura
de asistencia legal gratuita; sin embargo, enfrenta problemas de sobrecarga de trabajo, limitación
de recursos y desigualdad en la calidad del servicio (Fix-Fierro, 2013).
Mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC)
Los MASC, como la mediación y la conciliación, han sido promovidos como herramientas para
reducir la carga del sistema judicial y facilitar soluciones más rápidas y accesibles. Si bien han
Otro aspecto crítico es la sobrecarga del sistema judicial, que se traduce en tiempos prolongados
de resolución de casos. La falta de recursos humanos y materiales limita la capacidad de respuesta
de las instituciones, lo que afecta la percepción de eficiencia y desincentiva el uso del sistema
(PNUD, 2021).
Barreras culturales e informacionales
Un cuarto hallazgo destaca la importancia de las barreras culturales y de información jurídica en
el acceso a la justicia. Muchas personas desconocen sus derechos o los mecanismos disponibles
para hacerlos valer, lo que limita su capacidad de actuar frente a situaciones de vulneración
(Sandefur, 2008).
En el caso de comunidades indígenas, estas barreras se ven agravadas por diferencias lingüísticas
y culturales, así como por la falta de reconocimiento efectivo de sistemas normativos propios.
Esto genera una desconexión entre el sistema jurídico formal y las prácticas comunitarias, lo que
dificulta la resolución de conflictos de manera adecuada (UNODC, 2019).
Asimismo, la percepción de corrupción y desconfianza en las instituciones judiciales constituye
un factor determinante en la decisión de acudir o no al sistema de justicia. Diversos estudios
indican que la falta de confianza reduce significativamente la probabilidad de que las personas
busquen soluciones legales formales (Transparencia Internacional, 2022).
Evaluación de los mecanismos institucionales de garantía
El análisis de los mecanismos institucionales implementados en México permite identificar
avances importantes, aunque con limitaciones en su alcance y efectividad.
Defensoría pública
La defensoría pública constituye uno de los principales mecanismos para garantizar el acceso a la
justicia de personas en situación de vulnerabilidad. Este servicio ha permitido ampliar la cobertura
de asistencia legal gratuita; sin embargo, enfrenta problemas de sobrecarga de trabajo, limitación
de recursos y desigualdad en la calidad del servicio (Fix-Fierro, 2013).
Mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC)
Los MASC, como la mediación y la conciliación, han sido promovidos como herramientas para
reducir la carga del sistema judicial y facilitar soluciones más rápidas y accesibles. Si bien han
pág. 4152
demostrado ser efectivos en determinados contextos, su uso sigue siendo limitado debido a la falta
de conocimiento por parte de la población y a la insuficiente institucionalización en algunos
estados (OECD, 2019).
Digitalización de la justicia
La incorporación de tecnologías digitales representa una de las estrategias más recientes para
mejorar el acceso a la justicia. La digitalización de trámites y la implementación de audiencias
virtuales han permitido ampliar el acceso en ciertos contextos; no obstante, también han generado
nuevas brechas relacionadas con el acceso a tecnología y conectividad, especialmente en zonas
rurales (PNUD, 2021).
Brechas estructurales del sistema de justicia
El análisis integrado de los resultados permite identificar que las barreras estructurales no operan
de manera aislada, sino que se refuerzan mutuamente, generando un sistema de exclusión que
afecta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables.
Estas brechas pueden sintetizarse en tres dimensiones principales:
• Brecha de acceso: dificultades para ingresar al sistema de justicia.
• Brecha de proceso: obstáculos durante el desarrollo de los procedimientos judiciales.
• Brecha de resultado: limitaciones en la obtención de soluciones efectivas y oportunas.
Este enfoque permite comprender que el problema del acceso a la justicia no se limita a la
disponibilidad de mecanismos, sino que involucra todo el ciclo de interacción entre el ciudadano
y el sistema judicial.
En conjunto, los resultados evidencian que el acceso a la justicia en México está condicionado
por un entramado complejo de factores estructurales que limitan su efectividad. Si bien existen
avances significativos en términos normativos e institucionales, estos no han sido suficientes para
superar las barreras existentes.
El sistema presenta una dualidad estructural: por un lado, un marco jurídico garantista y
mecanismos institucionales en expansión; por otro, una realidad marcada por desigualdades
persistentes, limitaciones operativas y desconfianza institucional.
demostrado ser efectivos en determinados contextos, su uso sigue siendo limitado debido a la falta
de conocimiento por parte de la población y a la insuficiente institucionalización en algunos
estados (OECD, 2019).
Digitalización de la justicia
La incorporación de tecnologías digitales representa una de las estrategias más recientes para
mejorar el acceso a la justicia. La digitalización de trámites y la implementación de audiencias
virtuales han permitido ampliar el acceso en ciertos contextos; no obstante, también han generado
nuevas brechas relacionadas con el acceso a tecnología y conectividad, especialmente en zonas
rurales (PNUD, 2021).
Brechas estructurales del sistema de justicia
El análisis integrado de los resultados permite identificar que las barreras estructurales no operan
de manera aislada, sino que se refuerzan mutuamente, generando un sistema de exclusión que
afecta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables.
Estas brechas pueden sintetizarse en tres dimensiones principales:
• Brecha de acceso: dificultades para ingresar al sistema de justicia.
• Brecha de proceso: obstáculos durante el desarrollo de los procedimientos judiciales.
• Brecha de resultado: limitaciones en la obtención de soluciones efectivas y oportunas.
Este enfoque permite comprender que el problema del acceso a la justicia no se limita a la
disponibilidad de mecanismos, sino que involucra todo el ciclo de interacción entre el ciudadano
y el sistema judicial.
En conjunto, los resultados evidencian que el acceso a la justicia en México está condicionado
por un entramado complejo de factores estructurales que limitan su efectividad. Si bien existen
avances significativos en términos normativos e institucionales, estos no han sido suficientes para
superar las barreras existentes.
El sistema presenta una dualidad estructural: por un lado, un marco jurídico garantista y
mecanismos institucionales en expansión; por otro, una realidad marcada por desigualdades
persistentes, limitaciones operativas y desconfianza institucional.
pág. 4153
DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos evidencian que el acceso a la justicia en México no puede entenderse
únicamente como un problema de disponibilidad de instituciones o de reconocimiento normativo,
sino como un fenómeno profundamente condicionado por factores estructurales que operan de
manera simultánea y acumulativa. En este sentido, la discusión se articula en torno a cuatro ejes
principales: i) la naturaleza estructural del acceso a la justicia; ii) la persistencia de desigualdades
en el sistema judicial; iii) los límites de los mecanismos institucionales actuales; y iv) la necesidad
de un enfoque integral orientado a la transformación del sistema.
El acceso a la justicia como fenómeno estructural
Uno de los principales aportes del estudio es confirmar que el acceso a la justicia debe ser
concebido como un fenómeno multidimensional y estructural, en línea con el enfoque
desarrollado por Cappelletti y Garth (1978). Este enfoque plantea que el acceso a la justicia no se
limita a la posibilidad formal de acudir a tribunales, sino que implica condiciones materiales,
sociales y culturales que permitan ejercer efectivamente ese derecho.
Los resultados muestran que, en el caso mexicano, las barreras socioeconómicas, geográficas,
institucionales y culturales no actúan de forma aislada, sino que se superponen, generando un
efecto acumulativo de exclusión. Esta situación coincide con lo señalado por Sandefur (2008),
quien destaca que el acceso a la justicia está estrechamente vinculado con la posición social de
los individuos, reproduciendo desigualdades existentes en otros ámbitos.
En este sentido, el sistema de justicia no solo refleja las desigualdades sociales, sino que, en
determinados casos, contribuye a su reproducción. Esta conclusión es clave porque desplaza el
análisis desde una perspectiva puramente jurídica hacia una comprensión más amplia, que integra
dimensiones sociales y estructurales.
Persistencia de desigualdades en el sistema judicial
Un segundo eje de discusión se centra en la persistencia de desigualdades en el acceso y en los
resultados del sistema judicial. A pesar de los avances normativos, el acceso a la justicia en
México continúa siendo profundamente desigual, afectando de manera desproporcionada a
sectores vulnerables.
DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos evidencian que el acceso a la justicia en México no puede entenderse
únicamente como un problema de disponibilidad de instituciones o de reconocimiento normativo,
sino como un fenómeno profundamente condicionado por factores estructurales que operan de
manera simultánea y acumulativa. En este sentido, la discusión se articula en torno a cuatro ejes
principales: i) la naturaleza estructural del acceso a la justicia; ii) la persistencia de desigualdades
en el sistema judicial; iii) los límites de los mecanismos institucionales actuales; y iv) la necesidad
de un enfoque integral orientado a la transformación del sistema.
El acceso a la justicia como fenómeno estructural
Uno de los principales aportes del estudio es confirmar que el acceso a la justicia debe ser
concebido como un fenómeno multidimensional y estructural, en línea con el enfoque
desarrollado por Cappelletti y Garth (1978). Este enfoque plantea que el acceso a la justicia no se
limita a la posibilidad formal de acudir a tribunales, sino que implica condiciones materiales,
sociales y culturales que permitan ejercer efectivamente ese derecho.
Los resultados muestran que, en el caso mexicano, las barreras socioeconómicas, geográficas,
institucionales y culturales no actúan de forma aislada, sino que se superponen, generando un
efecto acumulativo de exclusión. Esta situación coincide con lo señalado por Sandefur (2008),
quien destaca que el acceso a la justicia está estrechamente vinculado con la posición social de
los individuos, reproduciendo desigualdades existentes en otros ámbitos.
En este sentido, el sistema de justicia no solo refleja las desigualdades sociales, sino que, en
determinados casos, contribuye a su reproducción. Esta conclusión es clave porque desplaza el
análisis desde una perspectiva puramente jurídica hacia una comprensión más amplia, que integra
dimensiones sociales y estructurales.
Persistencia de desigualdades en el sistema judicial
Un segundo eje de discusión se centra en la persistencia de desigualdades en el acceso y en los
resultados del sistema judicial. A pesar de los avances normativos, el acceso a la justicia en
México continúa siendo profundamente desigual, afectando de manera desproporcionada a
sectores vulnerables.
pág. 4154
La evidencia sugiere que el sistema judicial opera bajo una lógica de segmentación, donde la
calidad del acceso depende de factores como el nivel socioeconómico, la ubicación geográfica y
el capital cultural de los individuos (Fix-Fierro, 2013; Carbonell, 2016). Esto coincide con
estudios internacionales que señalan que los sistemas de justicia tienden a beneficiar a quienes
cuentan con mayores recursos y conocimientos (OECD, 2019).
Además, la persistencia de barreras culturales e informacionales refuerza estas desigualdades, al
limitar la capacidad de ciertos grupos para interactuar con el sistema judicial. En este contexto, el
acceso a la justicia se convierte en un privilegio relativo, en lugar de un derecho plenamente
garantizado.
Límites de los mecanismos institucionales de garantía
El análisis de los mecanismos institucionales implementados en México permite identificar
avances importantes, pero también limitaciones significativas. La defensoría pública, los
mecanismos alternativos de solución de controversias y la digitalización de la justicia representan
esfuerzos relevantes para ampliar el acceso; sin embargo, su impacto se ve condicionado por
factores estructurales.
En el caso de la defensoría pública, la sobrecarga de trabajo y la falta de recursos limitan su
capacidad para ofrecer una defensa efectiva, lo que puede afectar la calidad del servicio y la
equidad del sistema. Este fenómeno ha sido documentado en diversos contextos y refleja una
tensión entre cobertura y calidad (Fix-Fierro, 2013).
Por su parte, los mecanismos alternativos de solución de controversias presentan ventajas en
términos de rapidez y accesibilidad, pero su alcance sigue siendo limitado debido a la falta de
difusión y a la resistencia cultural a su uso. Esto sugiere que la simple creación de mecanismos
no es suficiente, sino que requiere estrategias de implementación y apropiación social.
En cuanto a la digitalización de la justicia, si bien representa una oportunidad para ampliar el
acceso, también plantea riesgos de exclusión para aquellos sectores que no cuentan con acceso a
tecnología o habilidades digitales. En este sentido, la digitalización puede generar una nueva
forma de desigualdad, si no se implementa de manera inclusiva.
La evidencia sugiere que el sistema judicial opera bajo una lógica de segmentación, donde la
calidad del acceso depende de factores como el nivel socioeconómico, la ubicación geográfica y
el capital cultural de los individuos (Fix-Fierro, 2013; Carbonell, 2016). Esto coincide con
estudios internacionales que señalan que los sistemas de justicia tienden a beneficiar a quienes
cuentan con mayores recursos y conocimientos (OECD, 2019).
Además, la persistencia de barreras culturales e informacionales refuerza estas desigualdades, al
limitar la capacidad de ciertos grupos para interactuar con el sistema judicial. En este contexto, el
acceso a la justicia se convierte en un privilegio relativo, en lugar de un derecho plenamente
garantizado.
Límites de los mecanismos institucionales de garantía
El análisis de los mecanismos institucionales implementados en México permite identificar
avances importantes, pero también limitaciones significativas. La defensoría pública, los
mecanismos alternativos de solución de controversias y la digitalización de la justicia representan
esfuerzos relevantes para ampliar el acceso; sin embargo, su impacto se ve condicionado por
factores estructurales.
En el caso de la defensoría pública, la sobrecarga de trabajo y la falta de recursos limitan su
capacidad para ofrecer una defensa efectiva, lo que puede afectar la calidad del servicio y la
equidad del sistema. Este fenómeno ha sido documentado en diversos contextos y refleja una
tensión entre cobertura y calidad (Fix-Fierro, 2013).
Por su parte, los mecanismos alternativos de solución de controversias presentan ventajas en
términos de rapidez y accesibilidad, pero su alcance sigue siendo limitado debido a la falta de
difusión y a la resistencia cultural a su uso. Esto sugiere que la simple creación de mecanismos
no es suficiente, sino que requiere estrategias de implementación y apropiación social.
En cuanto a la digitalización de la justicia, si bien representa una oportunidad para ampliar el
acceso, también plantea riesgos de exclusión para aquellos sectores que no cuentan con acceso a
tecnología o habilidades digitales. En este sentido, la digitalización puede generar una nueva
forma de desigualdad, si no se implementa de manera inclusiva.
pág. 4155
Brecha entre diseño institucional y realidad operativa
Los resultados permiten identificar una brecha significativa entre el diseño institucional del
sistema de justicia y su funcionamiento en la práctica. Esta brecha se manifiesta en aspectos como
la demora en los procesos, la falta de coordinación entre instituciones y la limitada capacidad de
respuesta frente a la demanda.
Este fenómeno puede ser interpretado a partir del concepto de “capacidad estatal”, que hace
referencia a la habilidad de las instituciones para implementar políticas públicas de manera
efectiva (PNUD, 2021). En el caso mexicano, la evidencia sugiere que, si bien existe un marco
institucional adecuado, la capacidad estatal para garantizar el acceso a la justicia es desigual y
limitada en ciertos contextos.
Asimismo, la percepción de corrupción y desconfianza en las instituciones judiciales constituye
un factor crítico que afecta la legitimidad del sistema. Como señalan diversos estudios, la
confianza institucional es un elemento clave para el funcionamiento efectivo de los sistemas de
justicia, ya que influye en la disposición de las personas a utilizarlos (Transparencia Internacional,
2022).
Implicaciones para la política pública
A partir de los resultados y su contraste con la literatura, se identifican varias implicaciones
relevantes para el diseño de políticas públicas:
a) Enfoque integral del acceso a la justicia
Es necesario adoptar un enfoque que considere no solo los aspectos jurídicos, sino también las
dimensiones sociales, económicas y culturales que condicionan el acceso.
b) Fortalecimiento de la capacidad institucional
Se requiere mejorar la asignación de recursos, la capacitación de operadores y la coordinación
interinstitucional para garantizar una implementación efectiva de las políticas.
c) Reducción de la complejidad procesal
La simplificación de procedimientos y la claridad en la información jurídica son elementos clave
para mejorar el acceso.
Brecha entre diseño institucional y realidad operativa
Los resultados permiten identificar una brecha significativa entre el diseño institucional del
sistema de justicia y su funcionamiento en la práctica. Esta brecha se manifiesta en aspectos como
la demora en los procesos, la falta de coordinación entre instituciones y la limitada capacidad de
respuesta frente a la demanda.
Este fenómeno puede ser interpretado a partir del concepto de “capacidad estatal”, que hace
referencia a la habilidad de las instituciones para implementar políticas públicas de manera
efectiva (PNUD, 2021). En el caso mexicano, la evidencia sugiere que, si bien existe un marco
institucional adecuado, la capacidad estatal para garantizar el acceso a la justicia es desigual y
limitada en ciertos contextos.
Asimismo, la percepción de corrupción y desconfianza en las instituciones judiciales constituye
un factor crítico que afecta la legitimidad del sistema. Como señalan diversos estudios, la
confianza institucional es un elemento clave para el funcionamiento efectivo de los sistemas de
justicia, ya que influye en la disposición de las personas a utilizarlos (Transparencia Internacional,
2022).
Implicaciones para la política pública
A partir de los resultados y su contraste con la literatura, se identifican varias implicaciones
relevantes para el diseño de políticas públicas:
a) Enfoque integral del acceso a la justicia
Es necesario adoptar un enfoque que considere no solo los aspectos jurídicos, sino también las
dimensiones sociales, económicas y culturales que condicionan el acceso.
b) Fortalecimiento de la capacidad institucional
Se requiere mejorar la asignación de recursos, la capacitación de operadores y la coordinación
interinstitucional para garantizar una implementación efectiva de las políticas.
c) Reducción de la complejidad procesal
La simplificación de procedimientos y la claridad en la información jurídica son elementos clave
para mejorar el acceso.
pág. 4156
d) Inclusión digital con enfoque de equidad
La digitalización debe ir acompañada de políticas que reduzcan la brecha tecnológica y garanticen
el acceso para todos los sectores de la población.
Este estudio aporta una visión integradora del acceso a la justicia en México, al combinar el
análisis jurídico con enfoques sociojurídicos y de políticas públicas. Asimismo, evidencia que el
principal desafío no radica únicamente en la creación de normas o mecanismos institucionales,
sino en su capacidad para transformar las condiciones estructurales que limitan el acceso.
CONCLUSIONES
El presente estudio permitió analizar de manera integral el acceso a la justicia en México,
identificando las principales barreras estructurales que limitan su ejercicio y evaluando los
mecanismos institucionales implementados para garantizar este derecho. A partir de los resultados
y su discusión, se establecen las siguientes conclusiones:
El acceso a la justicia en México es formalmente garantizado, pero materialmente desigual
Se concluye que, si bien el acceso a la justicia se encuentra ampliamente reconocido en el marco
constitucional y normativo mexicano, su ejercicio efectivo está condicionado por múltiples
factores estructurales. Esto genera una brecha entre el reconocimiento formal del derecho y su
materialización práctica, afectando especialmente a los sectores en situación de vulnerabilidad.
Las barreras estructurales configuran un sistema de exclusión acumulativa
El estudio evidencia que las barreras socioeconómicas, geográficas, institucionales y culturales
no operan de manera aislada, sino que se superponen y refuerzan entre sí, generando un efecto
acumulativo que limita el acceso a la justicia. Esta situación confirma que el problema no puede
abordarse desde una perspectiva unidimensional, sino que requiere un enfoque estructural e
integral.
Persisten desigualdades profundas en el acceso y en los resultados del sistema judicial
Los resultados muestran que el sistema de justicia mexicano presenta niveles significativos de
desigualdad, donde el acceso y la calidad de la respuesta institucional dependen en gran medida
de factores como el nivel socioeconómico, la ubicación geográfica y el capital cultural. En este
sentido, el acceso a la justicia se configura en la práctica como un derecho diferenciado.
d) Inclusión digital con enfoque de equidad
La digitalización debe ir acompañada de políticas que reduzcan la brecha tecnológica y garanticen
el acceso para todos los sectores de la población.
Este estudio aporta una visión integradora del acceso a la justicia en México, al combinar el
análisis jurídico con enfoques sociojurídicos y de políticas públicas. Asimismo, evidencia que el
principal desafío no radica únicamente en la creación de normas o mecanismos institucionales,
sino en su capacidad para transformar las condiciones estructurales que limitan el acceso.
CONCLUSIONES
El presente estudio permitió analizar de manera integral el acceso a la justicia en México,
identificando las principales barreras estructurales que limitan su ejercicio y evaluando los
mecanismos institucionales implementados para garantizar este derecho. A partir de los resultados
y su discusión, se establecen las siguientes conclusiones:
El acceso a la justicia en México es formalmente garantizado, pero materialmente desigual
Se concluye que, si bien el acceso a la justicia se encuentra ampliamente reconocido en el marco
constitucional y normativo mexicano, su ejercicio efectivo está condicionado por múltiples
factores estructurales. Esto genera una brecha entre el reconocimiento formal del derecho y su
materialización práctica, afectando especialmente a los sectores en situación de vulnerabilidad.
Las barreras estructurales configuran un sistema de exclusión acumulativa
El estudio evidencia que las barreras socioeconómicas, geográficas, institucionales y culturales
no operan de manera aislada, sino que se superponen y refuerzan entre sí, generando un efecto
acumulativo que limita el acceso a la justicia. Esta situación confirma que el problema no puede
abordarse desde una perspectiva unidimensional, sino que requiere un enfoque estructural e
integral.
Persisten desigualdades profundas en el acceso y en los resultados del sistema judicial
Los resultados muestran que el sistema de justicia mexicano presenta niveles significativos de
desigualdad, donde el acceso y la calidad de la respuesta institucional dependen en gran medida
de factores como el nivel socioeconómico, la ubicación geográfica y el capital cultural. En este
sentido, el acceso a la justicia se configura en la práctica como un derecho diferenciado.
pág. 4157
Los mecanismos institucionales representan avances, pero con limitaciones relevantes
La defensoría pública, los mecanismos alternativos de solución de controversias y la
digitalización de la justicia constituyen avances importantes en la ampliación del acceso; sin
embargo, su impacto se ve limitado por problemas de implementación, cobertura, recursos y
apropiación social. Esto evidencia que la creación de mecanismos institucionales no es suficiente
si no se acompaña de estrategias efectivas de implementación.
La brecha entre diseño institucional y capacidad operativa es un desafío central
Se identifica una brecha significativa entre el diseño del sistema de justicia y su funcionamiento
real, lo que refleja limitaciones en la capacidad estatal para garantizar el acceso efectivo. Factores
como la sobrecarga del sistema, la falta de coordinación institucional y la percepción de
corrupción afectan la eficacia y legitimidad del sistema judicial.
Necesidad de un enfoque integral orientado a la equidad y la inclusión
El estudio concluye que la mejora del acceso a la justicia en México requiere un enfoque integral
que combine reformas legales, fortalecimiento institucional y políticas públicas orientadas a
reducir desigualdades estructurales. Esto implica:
• Simplificar procedimientos judiciales
• Fortalecer la defensoría pública
• Mejorar la articulación institucional
• Reducir la brecha digital
• Promover educación jurídica en la población
Aporte del estudio y líneas futuras de investigación
Este estudio aporta una visión multidimensional del acceso a la justicia, evidenciando que el
principal desafío no radica únicamente en la existencia de normas o instituciones, sino en su
capacidad para generar resultados efectivos en contextos de desigualdad.
Como líneas futuras de investigación, se sugiere:
• Estudios empíricos con análisis de casos judiciales
• Evaluación del impacto de la digitalización en el acceso a la justicia
• Análisis comparado con otros países de América Latina
Los mecanismos institucionales representan avances, pero con limitaciones relevantes
La defensoría pública, los mecanismos alternativos de solución de controversias y la
digitalización de la justicia constituyen avances importantes en la ampliación del acceso; sin
embargo, su impacto se ve limitado por problemas de implementación, cobertura, recursos y
apropiación social. Esto evidencia que la creación de mecanismos institucionales no es suficiente
si no se acompaña de estrategias efectivas de implementación.
La brecha entre diseño institucional y capacidad operativa es un desafío central
Se identifica una brecha significativa entre el diseño del sistema de justicia y su funcionamiento
real, lo que refleja limitaciones en la capacidad estatal para garantizar el acceso efectivo. Factores
como la sobrecarga del sistema, la falta de coordinación institucional y la percepción de
corrupción afectan la eficacia y legitimidad del sistema judicial.
Necesidad de un enfoque integral orientado a la equidad y la inclusión
El estudio concluye que la mejora del acceso a la justicia en México requiere un enfoque integral
que combine reformas legales, fortalecimiento institucional y políticas públicas orientadas a
reducir desigualdades estructurales. Esto implica:
• Simplificar procedimientos judiciales
• Fortalecer la defensoría pública
• Mejorar la articulación institucional
• Reducir la brecha digital
• Promover educación jurídica en la población
Aporte del estudio y líneas futuras de investigación
Este estudio aporta una visión multidimensional del acceso a la justicia, evidenciando que el
principal desafío no radica únicamente en la existencia de normas o instituciones, sino en su
capacidad para generar resultados efectivos en contextos de desigualdad.
Como líneas futuras de investigación, se sugiere:
• Estudios empíricos con análisis de casos judiciales
• Evaluación del impacto de la digitalización en el acceso a la justicia
• Análisis comparado con otros países de América Latina
pág. 4158
• Investigación sobre acceso a la justicia en comunidades indígenas
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Atienza, M. (2013). El sentido del derecho. Ariel.
Cappelletti, M., & Garth, B. (1978). Access to justice: The worldwide movement to make rights
effective. Sijthoff & Noordhoff.
Carbonell, M. (2016). Derechos humanos en el constitucionalismo contemporáneo. UNAM.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2022). La sociedad del
cuidado: horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género. CEPAL.
Consejo de la Judicatura Federal. (2022). Informe anual de labores. Poder Judicial de la
Federación.
Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). The SAGE handbook of qualitative research (5th ed.).
SAGE.
Flick, U. (2015). Introducing research methodology (2nd ed.). SAGE.
Fix-Fierro, H. (2013). Acceso a la justicia en México: diagnóstico y propuestas. UNAM.
Hammergren, L. (2007). Envisioning reform: Improving judicial performance in Latin America.
Penn State University Press.
Hernández-Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación
(6ª ed.). McGraw-Hill.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2023). Estadísticas judiciales en México.
INEGI.
Krippendorff, K. (2018). Content analysis: An introduction to its methodology (4th ed.). SAGE.
Naciones Unidas. (1966). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Naciones Unidas. (2015). Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
OECD. (2019). Equal access to justice for inclusive growth: Putting people at the centre. OECD
Publishing.
Organización de los Estados Americanos (OEA). (1969). Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
• Investigación sobre acceso a la justicia en comunidades indígenas
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Atienza, M. (2013). El sentido del derecho. Ariel.
Cappelletti, M., & Garth, B. (1978). Access to justice: The worldwide movement to make rights
effective. Sijthoff & Noordhoff.
Carbonell, M. (2016). Derechos humanos en el constitucionalismo contemporáneo. UNAM.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2022). La sociedad del
cuidado: horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género. CEPAL.
Consejo de la Judicatura Federal. (2022). Informe anual de labores. Poder Judicial de la
Federación.
Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). The SAGE handbook of qualitative research (5th ed.).
SAGE.
Flick, U. (2015). Introducing research methodology (2nd ed.). SAGE.
Fix-Fierro, H. (2013). Acceso a la justicia en México: diagnóstico y propuestas. UNAM.
Hammergren, L. (2007). Envisioning reform: Improving judicial performance in Latin America.
Penn State University Press.
Hernández-Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación
(6ª ed.). McGraw-Hill.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2023). Estadísticas judiciales en México.
INEGI.
Krippendorff, K. (2018). Content analysis: An introduction to its methodology (4th ed.). SAGE.
Naciones Unidas. (1966). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Naciones Unidas. (2015). Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
OECD. (2019). Equal access to justice for inclusive growth: Putting people at the centre. OECD
Publishing.
Organización de los Estados Americanos (OEA). (1969). Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
pág. 4159
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2021). Informe regional de
desarrollo humano. PNUD.
Sandefur, R. L. (2008). Access to civil justice and race, class, and gender inequality. Annual
Review of Sociology, 34, 339–358.
Transparencia Internacional. (2022). Índice de percepción de la corrupción 2022. Transparency
International.
UNODC. (2019). Global study on legal aid. United Nations Office on Drugs and Crime.
World Justice Project. (2023). Rule of Law Index 2023. WJP.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2021). Informe regional de
desarrollo humano. PNUD.
Sandefur, R. L. (2008). Access to civil justice and race, class, and gender inequality. Annual
Review of Sociology, 34, 339–358.
Transparencia Internacional. (2022). Índice de percepción de la corrupción 2022. Transparency
International.
UNODC. (2019). Global study on legal aid. United Nations Office on Drugs and Crime.
World Justice Project. (2023). Rule of Law Index 2023. WJP.