ACCESO A LA ATENCIÓN EN SALUD Y SUS
IMPLICANCIAS PENALES EN HOSPITALES
PÚBLICOS PERÚ
ACCESS TO HEALTH CARE AND ITS CRIMINAL
IMPLICATIONS IN PUBLIC HOSPITALS PERU
Irma Teodora Coral García
Universidad Nacional Santiago Antúnez De Mayolo - Perú
pág. 6617
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i2.23682
Acceso a la atención en salud y sus implicancias penales en hospitales
públicos Perú
Irma Teodora Coral García1
icoral@unasam.edu.pe
https://orcid.org/0000-0001-6082-9521
Universidad Nacional Santiago Antúnez De Mayolo
Ancash - Perú
RESUMEN
El presente estudio permite analizar la prestación de servicios en los hospitales públicos y sus
consecuencias legales por la precariedad en sus componentes de atención al cliente externo por el
incumplimiento generalizado y reiterado de las obligaciones contractuales y reglamentarias,
ocasionando sufrimientos morales y daños a la salud e incluso la muerte a sus usuarios, obligando a las
instituciones administradores de justicia a intervenir para que, por vía de tutela se proteja su derecho
fundamental a la salud. Donde la conducta de los prestadores de servicios deniega la atención del
servicio de salud por la carencia de una logística acorde a la necesidad del paciente, puede tipificarse
como omisión de socorro, al negarse u omitir prestar la atención aquellos pacientes que lo requieren y
cuya vida o salud se encuentra en situación de inminente peligro. Estos hechos ponen en riesgo la
viabilidad y efectividad que garanticen la prestación de servicios de calidad buscando igualdad ante el
derecho fundamental a la salud. Nuestro país no tiene un correlativo correspondiente en términos de
prioridad social, política ni económica por lo que se atraviesa una precariedad en la calidad de atención.
Se concluye que las instituciones prestadoras de salud carecen de recursos económicos, financieros
donde prima la corrupción para la implementación de los procesos en salud por el incumplimiento de
las normas jurídicas recayendo implicancias penales a los prestadores de salud.
Palabras Claves: acceso, atención de salud, implicancias penales
1 Autor Principal
Correspondencia: icoral@unasam.edu.pe
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i2.23682
Acceso a la atención en salud y sus implicancias penales en hospitales
públicos Perú
Irma Teodora Coral García1
icoral@unasam.edu.pe
https://orcid.org/0000-0001-6082-9521
Universidad Nacional Santiago Antúnez De Mayolo
Ancash - Perú
RESUMEN
El presente estudio permite analizar la prestación de servicios en los hospitales públicos y sus
consecuencias legales por la precariedad en sus componentes de atención al cliente externo por el
incumplimiento generalizado y reiterado de las obligaciones contractuales y reglamentarias,
ocasionando sufrimientos morales y daños a la salud e incluso la muerte a sus usuarios, obligando a las
instituciones administradores de justicia a intervenir para que, por vía de tutela se proteja su derecho
fundamental a la salud. Donde la conducta de los prestadores de servicios deniega la atención del
servicio de salud por la carencia de una logística acorde a la necesidad del paciente, puede tipificarse
como omisión de socorro, al negarse u omitir prestar la atención aquellos pacientes que lo requieren y
cuya vida o salud se encuentra en situación de inminente peligro. Estos hechos ponen en riesgo la
viabilidad y efectividad que garanticen la prestación de servicios de calidad buscando igualdad ante el
derecho fundamental a la salud. Nuestro país no tiene un correlativo correspondiente en términos de
prioridad social, política ni económica por lo que se atraviesa una precariedad en la calidad de atención.
Se concluye que las instituciones prestadoras de salud carecen de recursos económicos, financieros
donde prima la corrupción para la implementación de los procesos en salud por el incumplimiento de
las normas jurídicas recayendo implicancias penales a los prestadores de salud.
Palabras Claves: acceso, atención de salud, implicancias penales
1 Autor Principal
Correspondencia: icoral@unasam.edu.pe
pág. 6618
Access to health care and its criminal implications in public hospitals Peru
ABSTRACT
This study will allow us to analyze the provision of services by public hospitals and their legal
consequences due to the precariousness of their external customer service components due to the
widespread and repeated non-compliance with contractual and regulatory obligations, causing moral
suffering and damage to health. and even the death of its users, forcing the institutions that administer
justice to intervene so that, by means of guardianship, their fundamental right to health is protected.
Where the behavior of the service providers denies the attention of the health service due to the lack of
logistics according to the needs of the patient, it can be classified as an omission of relief, by refusing
or omitting to provide attention to those patients who require it and whose lives or health is in imminent
danger. These facts put at risk the viability and effectiveness that guarantee the provision of quality
services seeking equality before the fundamental right to health. Our country does not have a
corresponding correlative in terms of social, political or economic priority, which is why it is
experiencing a precarious quality of care. It is concluded that health care institutions lack economic and
financial resources where corruption prevails for the implementation of health processes due to non-
compliance with legal regulations, with criminal implications falling on health care providers.
Keywords: access, health care, criminal implications
Artículo recibido 20 marzo 2026
Aceptado para publicación: 15 abril 2026
Access to health care and its criminal implications in public hospitals Peru
ABSTRACT
This study will allow us to analyze the provision of services by public hospitals and their legal
consequences due to the precariousness of their external customer service components due to the
widespread and repeated non-compliance with contractual and regulatory obligations, causing moral
suffering and damage to health. and even the death of its users, forcing the institutions that administer
justice to intervene so that, by means of guardianship, their fundamental right to health is protected.
Where the behavior of the service providers denies the attention of the health service due to the lack of
logistics according to the needs of the patient, it can be classified as an omission of relief, by refusing
or omitting to provide attention to those patients who require it and whose lives or health is in imminent
danger. These facts put at risk the viability and effectiveness that guarantee the provision of quality
services seeking equality before the fundamental right to health. Our country does not have a
corresponding correlative in terms of social, political or economic priority, which is why it is
experiencing a precarious quality of care. It is concluded that health care institutions lack economic and
financial resources where corruption prevails for the implementation of health processes due to non-
compliance with legal regulations, with criminal implications falling on health care providers.
Keywords: access, health care, criminal implications
Artículo recibido 20 marzo 2026
Aceptado para publicación: 15 abril 2026
pág. 6619
INTRODUCCION
El acceso a los servicios de salud en los hospitales públicos, todas las personas que tienen derecho
acceder a los servicios de salud de calidad que solicitan, sin sufrir dificultades. Según (Defensoría Del
Pueblo, 2021) en el Perú, considerable porcentaje de la población carece de la cobertura de algún tipo
de seguro de salud, por ello facilitar un acceso integral y de calidad a los servicios de salud y solucionar
con celeridad los problemas de corrupción resulta uno de los principales desafíos de la administración
del estado. Sin embargo (Aliaga Gastelumendi, 2018) procesos de servicios en un hospital empieza con
el ingreso de un usuario enfermo, una transformación que se traduce en atención médica de calidad,
investigación, conocimiento científico y posteriormente una salida con un resultado, paciente curado.
Por otro lado, (Ríos Ruíz & Fuente del Campo (2017), Para identificar la responsabilidad médica será
preciso establecer la magnitud del daño que se causó al paciente lo cual tendrá relevancia jurídica cuando
el daño sea consecuencia de una mala práctica médica y pueda establecerse una relación causal (causa-
efecto). Permitirá determinar y analizar las implicancias penales en el acceso a los servicios en salud en
hospitales públicos. Del mismo modo, (Carrillo Flores, 2018) lleva al profesional médico a la obligación
de reparar el daño como consecuencia de un acto médico, pudiendo resultar responsabilidad civil, penal
o administrativa. En suma, el acceso a los servicios de salud en los hospitales públicos tiene
repercusiones legales, como resultado de una mala práctica médica por deficiencias de procesos
intrahospitalarias.
Hospitales públicos constituye un verdadero riesgo potencial para el sector salud cerrar las brechas y
solucionar los problemas no es algo que sea simple para mejorar un sistema de salud y contar con un
sistema que necesitamos se tiene que priorizar problemas relevantes como capital humano, políticas
públicas acorde a la realidad, estrategias y herramientas (López Sevilla, 2022). La culpa es un elemento
central de la responsabilidad de los hospitales públicos tratándose de daños provocados por
comportamientos no médicos, la culpa se presenta por omisión a los cuidados al paciente, desórdenes
administrativos. Los jueces suelen abordar estos casos como si se tratara de faltas administrativas
corrientes (José Miguel Valdivia, 2019). Por lo tanto, los deficientes procesos en el acceso a los servicios
de salud en los hospitales públicos carentes de instrumentos internos traen problemas administrativos y
legales.
INTRODUCCION
El acceso a los servicios de salud en los hospitales públicos, todas las personas que tienen derecho
acceder a los servicios de salud de calidad que solicitan, sin sufrir dificultades. Según (Defensoría Del
Pueblo, 2021) en el Perú, considerable porcentaje de la población carece de la cobertura de algún tipo
de seguro de salud, por ello facilitar un acceso integral y de calidad a los servicios de salud y solucionar
con celeridad los problemas de corrupción resulta uno de los principales desafíos de la administración
del estado. Sin embargo (Aliaga Gastelumendi, 2018) procesos de servicios en un hospital empieza con
el ingreso de un usuario enfermo, una transformación que se traduce en atención médica de calidad,
investigación, conocimiento científico y posteriormente una salida con un resultado, paciente curado.
Por otro lado, (Ríos Ruíz & Fuente del Campo (2017), Para identificar la responsabilidad médica será
preciso establecer la magnitud del daño que se causó al paciente lo cual tendrá relevancia jurídica cuando
el daño sea consecuencia de una mala práctica médica y pueda establecerse una relación causal (causa-
efecto). Permitirá determinar y analizar las implicancias penales en el acceso a los servicios en salud en
hospitales públicos. Del mismo modo, (Carrillo Flores, 2018) lleva al profesional médico a la obligación
de reparar el daño como consecuencia de un acto médico, pudiendo resultar responsabilidad civil, penal
o administrativa. En suma, el acceso a los servicios de salud en los hospitales públicos tiene
repercusiones legales, como resultado de una mala práctica médica por deficiencias de procesos
intrahospitalarias.
Hospitales públicos constituye un verdadero riesgo potencial para el sector salud cerrar las brechas y
solucionar los problemas no es algo que sea simple para mejorar un sistema de salud y contar con un
sistema que necesitamos se tiene que priorizar problemas relevantes como capital humano, políticas
públicas acorde a la realidad, estrategias y herramientas (López Sevilla, 2022). La culpa es un elemento
central de la responsabilidad de los hospitales públicos tratándose de daños provocados por
comportamientos no médicos, la culpa se presenta por omisión a los cuidados al paciente, desórdenes
administrativos. Los jueces suelen abordar estos casos como si se tratara de faltas administrativas
corrientes (José Miguel Valdivia, 2019). Por lo tanto, los deficientes procesos en el acceso a los servicios
de salud en los hospitales públicos carentes de instrumentos internos traen problemas administrativos y
legales.
pág. 6620
Resalta el interés de la población en conocer sus derechos a los servicios de salud. Por su parte,
(Philipps, 2022) estos están vinculados a falta de profesionales con experiencia y capacidad, situaciones
de insuficiente información sobre la propia enfermedad acceso a medicamentos y productos sanitarios.
Inclusive (García Ascencios, 2020) la protección del derecho a la salud busca hacer efectivo su acceso
en condiciones de calidad, oportunidad, disponibilidad y aceptabilidad, tal como consagra el Derecho
internacional. Asimismo, (Álvarez Maldonado & Moreno Sánchez, 2020) en ese sentido la salud y los
derechos humanos están muy ligados, por lo que la deficiencia de uno puede afectar de tres formas: la
carencia de vigilancia de los derechos humanos, las políticas públicas, programas sanitarios y la
vulnerabilidad a la mala salud. En tal sentido, la población tiene derecho de conocer sobre su
enfermedad, y las condiciones de la atención en salud.
Se aborda el problema de la responsabilidad por un actuar negligente. Según, (García Sanz, 2021)
pretende acometer el estudio de los posibles ilícitos penales en que puede incurrir el profesional que
presta servicios de salud u otras personas por no prestar asistencia sanitaria de imprudencia, puesto que
no son supuestos de denegación sino de prestación sanitaria sin la diligencia debida. Mientras tanto,
(Carrasco Vera, 2016) la mejor práctica es asegurarse de que se gestiona una práctica médica adecuada
bajo los lineamientos legales, así como una capacitación médica continua que fortalecerá sus
conocimientos en el campo asistencial con un alto nivel de competencia. Mientras tanto, (Fuente Del
Campo, 2021) demandas por responsabilidad médica han aumentado mucho los costos de la salud,
obligando a desviar hacia el sistema legal una cifra importante de los escasos recursos con que cuenta
el sector asistencial para la atención del paciente, la investigación y la formación de más médicos. En
esencia el actuar en forma negligente trae consecuencias ilícitas a los profesionales sanitarios por una
inadecuada capacidad resolutiva de los profesionales.
MATERIALES Y METODOS
La investigación fue descriptiva se remarcó los procesos y procedimientos en el acceso a los servicios
de salud y sus implicancias penales. (Arroyo, Juan 2023) remarcando si los prestadores de salud en el
ejercicio de sus funciones niegan la atención a los usuarios externos, podrían ser imputados por el delito
de denegación de auxilio a un particular en concurso con el delito de omisión del deber de atención. El
propósito fue compilar, analizar toda la información, principalmente documentos científicos y ponencias
Resalta el interés de la población en conocer sus derechos a los servicios de salud. Por su parte,
(Philipps, 2022) estos están vinculados a falta de profesionales con experiencia y capacidad, situaciones
de insuficiente información sobre la propia enfermedad acceso a medicamentos y productos sanitarios.
Inclusive (García Ascencios, 2020) la protección del derecho a la salud busca hacer efectivo su acceso
en condiciones de calidad, oportunidad, disponibilidad y aceptabilidad, tal como consagra el Derecho
internacional. Asimismo, (Álvarez Maldonado & Moreno Sánchez, 2020) en ese sentido la salud y los
derechos humanos están muy ligados, por lo que la deficiencia de uno puede afectar de tres formas: la
carencia de vigilancia de los derechos humanos, las políticas públicas, programas sanitarios y la
vulnerabilidad a la mala salud. En tal sentido, la población tiene derecho de conocer sobre su
enfermedad, y las condiciones de la atención en salud.
Se aborda el problema de la responsabilidad por un actuar negligente. Según, (García Sanz, 2021)
pretende acometer el estudio de los posibles ilícitos penales en que puede incurrir el profesional que
presta servicios de salud u otras personas por no prestar asistencia sanitaria de imprudencia, puesto que
no son supuestos de denegación sino de prestación sanitaria sin la diligencia debida. Mientras tanto,
(Carrasco Vera, 2016) la mejor práctica es asegurarse de que se gestiona una práctica médica adecuada
bajo los lineamientos legales, así como una capacitación médica continua que fortalecerá sus
conocimientos en el campo asistencial con un alto nivel de competencia. Mientras tanto, (Fuente Del
Campo, 2021) demandas por responsabilidad médica han aumentado mucho los costos de la salud,
obligando a desviar hacia el sistema legal una cifra importante de los escasos recursos con que cuenta
el sector asistencial para la atención del paciente, la investigación y la formación de más médicos. En
esencia el actuar en forma negligente trae consecuencias ilícitas a los profesionales sanitarios por una
inadecuada capacidad resolutiva de los profesionales.
MATERIALES Y METODOS
La investigación fue descriptiva se remarcó los procesos y procedimientos en el acceso a los servicios
de salud y sus implicancias penales. (Arroyo, Juan 2023) remarcando si los prestadores de salud en el
ejercicio de sus funciones niegan la atención a los usuarios externos, podrían ser imputados por el delito
de denegación de auxilio a un particular en concurso con el delito de omisión del deber de atención. El
propósito fue compilar, analizar toda la información, principalmente documentos científicos y ponencias
pág. 6621
académicas. (Fuente Del Campo, 2021) la responsabilidad es la consecuencia del incumplimiento, de la
obligación de asumir los costos por los actos al acceso a los servicios de salud desviando hacia el sistema
legal una cifra importante por los escasos recursos con que cuenta el sector asistencial para la atención
del paciente, la investigación y las capacitaciones al prestador de salud. La identificación, la revisión
compilación, y el análisis se refleja en dos componentes: acceso a la salud y sus implicancias penales.
Para el acopio de los datos se revisó en la base de datos de Defensoría de Pueblo, la Comisión de
Derechos Humanos donde se revisaron informes defensoriales, libros, revistas indexadas, instrumentos
de gestión del Ministerio de Salud: manual de proceso, procedimientos asistenciales y administrativos
de los prestadores de salud. Asimismo, se revisó los informes del área de procesos administrativos y
disciplinarios y la página web de los hospitales públicos. En el transcurso de la recolección,
procesamiento y análisis de la información se desarrolló en forma sistemática teniendo en cuenta el
propósito de la investigación científica.
RESULTADOS
Para un mejor entendimiento según los objetivos de la investigación se presenta los hallazgos en tres
fragmentos. Los dos primeros están abocados a las barreras administrativas para el acceso a los servicios
en salud, precariedad de infraestructura en los hospitales públicos, y el tercero implicancias penales.
Barreras administrativas para el acceso a los servicios en salud
(Soto, 2019) se originan por estructuras organizacionales inadecuadas, deficiente planeación y mala
operación de medios de información con tramites de seguros sofisticados poco entendibles para los
usuarios, perdida de documentos de identificación y seguros de los pacientes. Por su parte, (Arroyo Juan,
2023) son procesos técnicos administrativos que interponen o dilatan haciéndolos más lentos y más
complejos los procedimientos en prestar servicios de salud en forma oportuna y adecuada a los usuarios.
Por otro lado, (Rodríguez Abad, 2022) para ejecutar planes regionales de salud, es necesario vencer la
persistente en la gestión pública: la falta de continuidad de directivos, así como de las políticas y
estrategias de salud, las limitadas competencias de los funcionarios y del personal operativo en salud, la
corrupción en los diferentes niveles de salud. Asimismo, concluye (Defensoría Del Pueblo, 2022) el
ejercicio del derecho a la salud se ha visto limitado por la cantidad insuficiente de establecimientos
públicos de salud accesibles y de calidad, la necesidad de contar con profesionales especializados según
académicas. (Fuente Del Campo, 2021) la responsabilidad es la consecuencia del incumplimiento, de la
obligación de asumir los costos por los actos al acceso a los servicios de salud desviando hacia el sistema
legal una cifra importante por los escasos recursos con que cuenta el sector asistencial para la atención
del paciente, la investigación y las capacitaciones al prestador de salud. La identificación, la revisión
compilación, y el análisis se refleja en dos componentes: acceso a la salud y sus implicancias penales.
Para el acopio de los datos se revisó en la base de datos de Defensoría de Pueblo, la Comisión de
Derechos Humanos donde se revisaron informes defensoriales, libros, revistas indexadas, instrumentos
de gestión del Ministerio de Salud: manual de proceso, procedimientos asistenciales y administrativos
de los prestadores de salud. Asimismo, se revisó los informes del área de procesos administrativos y
disciplinarios y la página web de los hospitales públicos. En el transcurso de la recolección,
procesamiento y análisis de la información se desarrolló en forma sistemática teniendo en cuenta el
propósito de la investigación científica.
RESULTADOS
Para un mejor entendimiento según los objetivos de la investigación se presenta los hallazgos en tres
fragmentos. Los dos primeros están abocados a las barreras administrativas para el acceso a los servicios
en salud, precariedad de infraestructura en los hospitales públicos, y el tercero implicancias penales.
Barreras administrativas para el acceso a los servicios en salud
(Soto, 2019) se originan por estructuras organizacionales inadecuadas, deficiente planeación y mala
operación de medios de información con tramites de seguros sofisticados poco entendibles para los
usuarios, perdida de documentos de identificación y seguros de los pacientes. Por su parte, (Arroyo Juan,
2023) son procesos técnicos administrativos que interponen o dilatan haciéndolos más lentos y más
complejos los procedimientos en prestar servicios de salud en forma oportuna y adecuada a los usuarios.
Por otro lado, (Rodríguez Abad, 2022) para ejecutar planes regionales de salud, es necesario vencer la
persistente en la gestión pública: la falta de continuidad de directivos, así como de las políticas y
estrategias de salud, las limitadas competencias de los funcionarios y del personal operativo en salud, la
corrupción en los diferentes niveles de salud. Asimismo, concluye (Defensoría Del Pueblo, 2022) el
ejercicio del derecho a la salud se ha visto limitado por la cantidad insuficiente de establecimientos
públicos de salud accesibles y de calidad, la necesidad de contar con profesionales especializados según
pág. 6622
las carteras de servicios de salud, mayor abastecimiento de medicamentos e insumos, especialmente en
las zonas rurales de bajos recursos y contar con personal respetuoso de los usuarios acorde a los patrones
culturales de las personas. Por su parte, (Davies Lowri, 2022) las obligaciones de los estados de realizar
progresivamente el derecho a la salud plantean la cuestión de cómo se puede realizar este derecho para
los pacientes que luchan por acceder a una atención oportuna y de calidad, a los medicamentos, o a los
que se les niega el acceso. En suma, las barreras administrativas son determinantes para el acceso a los
servicios de salud, por la inconsistencia en la formulación de planes, procesos - procedimientos
institucionales inadecuados muy complejos y la cultura organizacional de los prestadores de salud limita
al ejercicio del acceso a la salud.
Precariedad de infraestructura en los hospitales públicos
(Defensoría Del Pueblo, 2021) visita a los establecimientos prestadoras de salud constato el alto grado
de deterioro de las infraestructuras sus instalaciones, deficiente mantenimiento por la antigüedad de su
infraestructura. Situación que pone en peligro la integridad de las personas y la calidad de los servicios
de salud que brindan. Del mismo modo, (Taype, 2020) de acuerdo con el Diagnóstico situacional de
Brechas de Infraestructura formulado por el Ministerio de Salud (Minsa) a comienzos del presente año,
el 77.8% (6,785 de 8,723) de los establecimientos de salud del primer nivel de atención, que atienden a
la mayor cantidad de pacientes a nivel nacional, operaban con una capacidad instalada inadecuada. Así
mismo, (Bambarén Alatrista, 2021) presentaban una infraestructura precaria y equipamiento obsoleto,
inoperativo o insuficiente; Existe déficit de infraestructura hospitalaria, faltan hospitales y
establecimientos del primer nivel de atención para atender la demanda de usuarios, y para satisfacer la
necesidad de servicios cada vez más complejos que requiere la población. Por su parte, (Zamora
Chávez, 2016) la creación de infraestructura física para extender la cobertura de los servicios de salud,
poca planeación, diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento. Paralelamente, los recursos
físicos en salud y la infraestructura sufren un progresivo deterioro que exigen formular planes de
mantenimiento preventivo que garanticen los procesos en la atención e incremente la confiabilidad.
(1) Diagnóstico De Brechas De Infraestructura Y Equipamiento Del Sector Salud
VII. indicadores de brechas de infraestructura y equipamiento en salud
Implicancias penales en el acceso de salud
las carteras de servicios de salud, mayor abastecimiento de medicamentos e insumos, especialmente en
las zonas rurales de bajos recursos y contar con personal respetuoso de los usuarios acorde a los patrones
culturales de las personas. Por su parte, (Davies Lowri, 2022) las obligaciones de los estados de realizar
progresivamente el derecho a la salud plantean la cuestión de cómo se puede realizar este derecho para
los pacientes que luchan por acceder a una atención oportuna y de calidad, a los medicamentos, o a los
que se les niega el acceso. En suma, las barreras administrativas son determinantes para el acceso a los
servicios de salud, por la inconsistencia en la formulación de planes, procesos - procedimientos
institucionales inadecuados muy complejos y la cultura organizacional de los prestadores de salud limita
al ejercicio del acceso a la salud.
Precariedad de infraestructura en los hospitales públicos
(Defensoría Del Pueblo, 2021) visita a los establecimientos prestadoras de salud constato el alto grado
de deterioro de las infraestructuras sus instalaciones, deficiente mantenimiento por la antigüedad de su
infraestructura. Situación que pone en peligro la integridad de las personas y la calidad de los servicios
de salud que brindan. Del mismo modo, (Taype, 2020) de acuerdo con el Diagnóstico situacional de
Brechas de Infraestructura formulado por el Ministerio de Salud (Minsa) a comienzos del presente año,
el 77.8% (6,785 de 8,723) de los establecimientos de salud del primer nivel de atención, que atienden a
la mayor cantidad de pacientes a nivel nacional, operaban con una capacidad instalada inadecuada. Así
mismo, (Bambarén Alatrista, 2021) presentaban una infraestructura precaria y equipamiento obsoleto,
inoperativo o insuficiente; Existe déficit de infraestructura hospitalaria, faltan hospitales y
establecimientos del primer nivel de atención para atender la demanda de usuarios, y para satisfacer la
necesidad de servicios cada vez más complejos que requiere la población. Por su parte, (Zamora
Chávez, 2016) la creación de infraestructura física para extender la cobertura de los servicios de salud,
poca planeación, diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento. Paralelamente, los recursos
físicos en salud y la infraestructura sufren un progresivo deterioro que exigen formular planes de
mantenimiento preventivo que garanticen los procesos en la atención e incremente la confiabilidad.
(1) Diagnóstico De Brechas De Infraestructura Y Equipamiento Del Sector Salud
VII. indicadores de brechas de infraestructura y equipamiento en salud
Implicancias penales en el acceso de salud
pág. 6623
El riesgo de ser denunciados legalmente actúa muchas veces como una presión sobre los prestadores de
salud, incitándoles a seguir unos patrones de actuación muy rigurosos, influyendo directamente en la
atención de los usuarios. Según (Sabatino, 2021) el paciente está legalmente capacitado para tomar sus
propias decisiones sobre la atención sanitaria que quiere recibir, sin embargo, la complejidad de su salud
puede poner en peligro la capacidad del paciente para ejercer sus derechos legales. Sin
embargo,(Goicochea Elías, 2020) la corrupción son causas de las violaciones de los derechos humanos,
donde los ciudadanos de a pie quienes sufren las consecuencias de dichos males; cada vez ven con
menos esperanzas por un sistema de salud con poca calidad y el respeto de sus derechos. Asimismo,
(Alfaro Curinaupa, 2020) la corrupción es un fenómeno que ocasiona devastadoras consecuencias para
la administración de instituciones prestadoras de salud pública, deteriora su confianza y credibilidad
obstruyendo al cumplimiento del acceso igualitario a servicios esenciales afectando, principalmente, la
vida, la salud y otros importantes derechos de los ciudadanos en situación de pobreza y pobreza extrema.
Asimismo, (Community includes ethnicity, 2021) según Decreto Supremo N°007-2020-SA, establecen
el marco legal para garantizar el acceso a los servicios de salud donde la ley define bajo una perspectiva
de calidad, en el sentido de que el Estado garantiza que los servicios prestados en las instituciones de
salud, sean de acuerdo a su capacidad resolutiva y realizados por personal capacitado, con los recursos
disponibles de manera eficiente y oportuna.
Sin embargo, (Ponce, 2017) cuando el público acude a los servicios de emergencia se observa un
panorama caótico gente en espera de recibir una atención inmediata motivo de reclamos por parte del
público usuario pidiendo un mejor trato a las personas suscitando denuncias legales principalmente a
médicos, como institucional; demandas de la clase política reclamando soluciones a las autoridades
responsables. Sin embargo, (Segovia Trocones, 2018) la salud no solo es un derecho amparado en
nuestra Constitución, sino también se constituye en un presupuesto básico para el desarrollo de las demás
actividades que realiza el ser humano, razón por la cual recibe una especial tutela de parte del Estado a
fin de garantizar su acceso a todos e impedir que otros particulares o las mismas entidades estatales
vulneren su pleno ejercicio.
El riesgo de ser denunciados legalmente actúa muchas veces como una presión sobre los prestadores de
salud, incitándoles a seguir unos patrones de actuación muy rigurosos, influyendo directamente en la
atención de los usuarios. Según (Sabatino, 2021) el paciente está legalmente capacitado para tomar sus
propias decisiones sobre la atención sanitaria que quiere recibir, sin embargo, la complejidad de su salud
puede poner en peligro la capacidad del paciente para ejercer sus derechos legales. Sin
embargo,(Goicochea Elías, 2020) la corrupción son causas de las violaciones de los derechos humanos,
donde los ciudadanos de a pie quienes sufren las consecuencias de dichos males; cada vez ven con
menos esperanzas por un sistema de salud con poca calidad y el respeto de sus derechos. Asimismo,
(Alfaro Curinaupa, 2020) la corrupción es un fenómeno que ocasiona devastadoras consecuencias para
la administración de instituciones prestadoras de salud pública, deteriora su confianza y credibilidad
obstruyendo al cumplimiento del acceso igualitario a servicios esenciales afectando, principalmente, la
vida, la salud y otros importantes derechos de los ciudadanos en situación de pobreza y pobreza extrema.
Asimismo, (Community includes ethnicity, 2021) según Decreto Supremo N°007-2020-SA, establecen
el marco legal para garantizar el acceso a los servicios de salud donde la ley define bajo una perspectiva
de calidad, en el sentido de que el Estado garantiza que los servicios prestados en las instituciones de
salud, sean de acuerdo a su capacidad resolutiva y realizados por personal capacitado, con los recursos
disponibles de manera eficiente y oportuna.
Sin embargo, (Ponce, 2017) cuando el público acude a los servicios de emergencia se observa un
panorama caótico gente en espera de recibir una atención inmediata motivo de reclamos por parte del
público usuario pidiendo un mejor trato a las personas suscitando denuncias legales principalmente a
médicos, como institucional; demandas de la clase política reclamando soluciones a las autoridades
responsables. Sin embargo, (Segovia Trocones, 2018) la salud no solo es un derecho amparado en
nuestra Constitución, sino también se constituye en un presupuesto básico para el desarrollo de las demás
actividades que realiza el ser humano, razón por la cual recibe una especial tutela de parte del Estado a
fin de garantizar su acceso a todos e impedir que otros particulares o las mismas entidades estatales
vulneren su pleno ejercicio.
pág. 6624
DISCUSIÓN
Según el objetivo determinar las implicancias penales en los accesos a los servicios de salud en
hospitales públicos, se investigación en base a la teoría (Goicochea Elías, 2020), se pudo evidenciar que
la corrupción es causal para el incumplimiento de los procesos y procedimientos de atención en los
servicios salud, generando consecuencias legales. Esto quiere decir que la inadecuada organización
administrativa que impide o retarda el acceso a la salud donde las barreras administrativas y la
precariedad de las infraestructuras hospitalarias son barreras determinantes, con una capacidad instalada
deficiente, diferencias culturas entre los prestadores de salud y la comunidad, desencadenando una
necesidad insatisfecha en la salud, se observa la vulneración al ejercicio del derecho a la salud
observando intervención de Defensoría del Pueblo. Estos resultados son refrendados por (López Sevilla,
2022) una causa principal de los daños provocados en las instituciones públicas prestadoras de salud son
comportamientos no médicos, donde la culpa se presenta por los desórdenes administrativos de los
gestores. Asimismo, (Ríos Ruíz & Fuente del Campo, 2017) para determinar la responsabilidad médica
y tenga relevancia jurídica por una mala praxis se establecerá una relación causa-efecto. Sin embargo,
(Carrillo Flores, 2018) el sector salud tiene que solucionar brechas para mejorar la calidad de atención,
solucionando problemas estructurales y funcionales acorde a la realidad de la salud pública. Según lo
definido en párrafos anteriores al deducir los resultados para ofrecer servicios de salud que garantice el
acceso a la atención oportuna con una restructuración de las instituciones y concretizar el derecho a la
salud operativizando el sistema de salud dentro de un marco legal, controlando los eventos adversos que
traen consecuencias penales para los prestadores de salud.
CONCLUSIONES
Según los hallazgos encontrados en la investigación se puede concluir que el acceso a los servicios de
salud en hospitales públicos acarrea consecuencias penales por carecer de infraestructuras, barreras
administrativas que retrasan procesos y una baja calidad en la atención.
Lo cual permitirá que otros investigadores utilicen como información para futuras investigaciones
relacionados al acceso a los servicios de salud, con repercusiones legales como consecuencia de una
necesidad insatisfecha.
DISCUSIÓN
Según el objetivo determinar las implicancias penales en los accesos a los servicios de salud en
hospitales públicos, se investigación en base a la teoría (Goicochea Elías, 2020), se pudo evidenciar que
la corrupción es causal para el incumplimiento de los procesos y procedimientos de atención en los
servicios salud, generando consecuencias legales. Esto quiere decir que la inadecuada organización
administrativa que impide o retarda el acceso a la salud donde las barreras administrativas y la
precariedad de las infraestructuras hospitalarias son barreras determinantes, con una capacidad instalada
deficiente, diferencias culturas entre los prestadores de salud y la comunidad, desencadenando una
necesidad insatisfecha en la salud, se observa la vulneración al ejercicio del derecho a la salud
observando intervención de Defensoría del Pueblo. Estos resultados son refrendados por (López Sevilla,
2022) una causa principal de los daños provocados en las instituciones públicas prestadoras de salud son
comportamientos no médicos, donde la culpa se presenta por los desórdenes administrativos de los
gestores. Asimismo, (Ríos Ruíz & Fuente del Campo, 2017) para determinar la responsabilidad médica
y tenga relevancia jurídica por una mala praxis se establecerá una relación causa-efecto. Sin embargo,
(Carrillo Flores, 2018) el sector salud tiene que solucionar brechas para mejorar la calidad de atención,
solucionando problemas estructurales y funcionales acorde a la realidad de la salud pública. Según lo
definido en párrafos anteriores al deducir los resultados para ofrecer servicios de salud que garantice el
acceso a la atención oportuna con una restructuración de las instituciones y concretizar el derecho a la
salud operativizando el sistema de salud dentro de un marco legal, controlando los eventos adversos que
traen consecuencias penales para los prestadores de salud.
CONCLUSIONES
Según los hallazgos encontrados en la investigación se puede concluir que el acceso a los servicios de
salud en hospitales públicos acarrea consecuencias penales por carecer de infraestructuras, barreras
administrativas que retrasan procesos y una baja calidad en la atención.
Lo cual permitirá que otros investigadores utilicen como información para futuras investigaciones
relacionados al acceso a los servicios de salud, con repercusiones legales como consecuencia de una
necesidad insatisfecha.
pág. 6625
Se releva la carencia de información respecto a la limitada información sobre los procesos no médicos
que terminan en consecuencias legales por lo que se recomienda que futuras investigaciones aborden
este tema
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Aliaga Gastelumendi, E. (2018). Por qué es tan caótico el sistema de salud peruano.
CONEXIONESAN.
Alfaro Curinaupa, J. (2020). “El Delito de Corrupción de Funcionarios y su Repercusión En La
Administración De Los Recursos Del Estado Ante la Crisis por la Pandemia de COVID-19, 2020.
Álvarez Maldonado, D. L., & Moreno Sánchez, A. nny M. (2020). Vulneración del derecho a la salud
de los asegurados en la red asistencial EsSalud, mediante las citas médicas del área de
gastroenterología Tarapoto 2018. Universidad César Vallejo.
Arroyo Juan. (2023). La medicina “low cost” y los años de vida perdidos. Revista IDL.
Bambarén Alatrista, C. V. (2021). Hacia una Infraestructura del Sector Salud con Calidad y Seguridad
para todos los Peruanos en el Siglo XXI.
Carrasco Vera, O. (2016). Mejores prácticas para evitar demandas por negligencia médica.
Carrillo Flores, F. (2018). Disposiciones Penales y disciplinarias por negación de servicios de salud.
CONSULTORSALUD SAS.
Community includes ethnicity, among others. (2021). Evaluation Report on Drug Policies: Measures
of Prevention, Treatment, and Recovery Support. OAS, 21.
Davies Lowri. (2022). Advancing a Human Rights-Based Approach to Access to Medicines: Lessons
Learned from the Constitutional Court of Peru. 24(01).
Defensoría Del Pueblo. (2021). Defensoría del Pueblo: autoridades de Huaraz deben disponer mejoras
urgentes a infraestructura de depósito municipal.
Defensoría Del Pueblo. (2022). Acceso a la Salud.
Fuente Del Campo, A. (2021). El ejercicio de la Medicina y su entorno legal.
García Ascencios, F. (2020). La protección del Derecho a la Salud: el caso peruano. Blas Pascal, 4(5).
GARCÍA SANZ, J. (2021). Responsabilidad Penal Por Denegación De Asistencia Sanitaria.
Se releva la carencia de información respecto a la limitada información sobre los procesos no médicos
que terminan en consecuencias legales por lo que se recomienda que futuras investigaciones aborden
este tema
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Aliaga Gastelumendi, E. (2018). Por qué es tan caótico el sistema de salud peruano.
CONEXIONESAN.
Alfaro Curinaupa, J. (2020). “El Delito de Corrupción de Funcionarios y su Repercusión En La
Administración De Los Recursos Del Estado Ante la Crisis por la Pandemia de COVID-19, 2020.
Álvarez Maldonado, D. L., & Moreno Sánchez, A. nny M. (2020). Vulneración del derecho a la salud
de los asegurados en la red asistencial EsSalud, mediante las citas médicas del área de
gastroenterología Tarapoto 2018. Universidad César Vallejo.
Arroyo Juan. (2023). La medicina “low cost” y los años de vida perdidos. Revista IDL.
Bambarén Alatrista, C. V. (2021). Hacia una Infraestructura del Sector Salud con Calidad y Seguridad
para todos los Peruanos en el Siglo XXI.
Carrasco Vera, O. (2016). Mejores prácticas para evitar demandas por negligencia médica.
Carrillo Flores, F. (2018). Disposiciones Penales y disciplinarias por negación de servicios de salud.
CONSULTORSALUD SAS.
Community includes ethnicity, among others. (2021). Evaluation Report on Drug Policies: Measures
of Prevention, Treatment, and Recovery Support. OAS, 21.
Davies Lowri. (2022). Advancing a Human Rights-Based Approach to Access to Medicines: Lessons
Learned from the Constitutional Court of Peru. 24(01).
Defensoría Del Pueblo. (2021). Defensoría del Pueblo: autoridades de Huaraz deben disponer mejoras
urgentes a infraestructura de depósito municipal.
Defensoría Del Pueblo. (2022). Acceso a la Salud.
Fuente Del Campo, A. (2021). El ejercicio de la Medicina y su entorno legal.
García Ascencios, F. (2020). La protección del Derecho a la Salud: el caso peruano. Blas Pascal, 4(5).
GARCÍA SANZ, J. (2021). Responsabilidad Penal Por Denegación De Asistencia Sanitaria.
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Goicochea Elías, J. J. (2020). La Corrupción de los Funcionarios Públicos en Tiempos del Coronavirus.
Lumen, 16(01), 73–92.
José Miguel Valdivia, J. (2019). Culpas no médicas de los hospitales públicos. Scielo, 25(2).
López Sevilla, E. (2022). El sector salud del Perú continúa en emergencia. La Cámara.
Phillips, F. de M. (2022). Ciudadanos Que Esperan Por Sus Derechos En Salud En Realidad No Tienen
Derechos. Desafío Perú.
Ponce, V. T. (2017). Hacinamiento en los Servicios de Emergencia. 78(02).
Ríos Ruíz, A. de los Á., & Fuente del Campo, A. (2017). El derecho humano a la salud frente a la
responsabilidad médico-legal: una visión comparada. CNDH.
Rodríguez Abad, J. (2022). Salud en las Regiones: Panorama del 2023 al 2026. Scielo.
Sabatino, C. (2021). Negligencia Médica. In Manual MSD.
Segovia Trocones, E. (2018). El Dilema Para Denunciar : Una Crítica a la Transparencia De
Funciones del Indecopi SUSALUD en Materia de Servicios Médicos y de Seguros. 73.
Soto, A. (2019). Barreras para una atención eficaz en los hospitales de referencia del Ministerio de
Salud del Perú: atendiendo pacientes en el siglo XXI con recursos del siglo XX. 36(2).
Taype, M. (2020). El Covid-19 y nuestro precario sistema de salud. El Montonero.
Zamora Chávez, S. (2016). Satisfacción sobre la Infraestructura y la Calidad de Atención en la Consulta
de Gineco-Obstetricia de un Establecimiento de Atención Primaria. Cielo Perú, 16(01).
Goicochea Elías, J. J. (2020). La Corrupción de los Funcionarios Públicos en Tiempos del Coronavirus.
Lumen, 16(01), 73–92.
José Miguel Valdivia, J. (2019). Culpas no médicas de los hospitales públicos. Scielo, 25(2).
López Sevilla, E. (2022). El sector salud del Perú continúa en emergencia. La Cámara.
Phillips, F. de M. (2022). Ciudadanos Que Esperan Por Sus Derechos En Salud En Realidad No Tienen
Derechos. Desafío Perú.
Ponce, V. T. (2017). Hacinamiento en los Servicios de Emergencia. 78(02).
Ríos Ruíz, A. de los Á., & Fuente del Campo, A. (2017). El derecho humano a la salud frente a la
responsabilidad médico-legal: una visión comparada. CNDH.
Rodríguez Abad, J. (2022). Salud en las Regiones: Panorama del 2023 al 2026. Scielo.
Sabatino, C. (2021). Negligencia Médica. In Manual MSD.
Segovia Trocones, E. (2018). El Dilema Para Denunciar : Una Crítica a la Transparencia De
Funciones del Indecopi SUSALUD en Materia de Servicios Médicos y de Seguros. 73.
Soto, A. (2019). Barreras para una atención eficaz en los hospitales de referencia del Ministerio de
Salud del Perú: atendiendo pacientes en el siglo XXI con recursos del siglo XX. 36(2).
Taype, M. (2020). El Covid-19 y nuestro precario sistema de salud. El Montonero.
Zamora Chávez, S. (2016). Satisfacción sobre la Infraestructura y la Calidad de Atención en la Consulta
de Gineco-Obstetricia de un Establecimiento de Atención Primaria. Cielo Perú, 16(01).