ANÁLISIS JURÍDICO Y SOCIAL DEL CENTRO
DE CONFINAMIENTO DEL TERRORISMO
(CECOT) Y EL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN
EN EL SALVADOR
LEGAL AND SOCIAL ANALYSIS OF THE TERRORISM
CONFINEMENT CENTER (CECOT) AND THE STATE OF
EMERGENCY IN EL SALVADOR
Eduardo Salas Téllez
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México
pág. 6681
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i2.23687
Análisis Jurídico y Social del Centro de Confinamiento del Terrorismo
(CECOT) y el Régimen de Excepción en el Salvador
Eduardo Salas Téllez1
Sa352829@uaeh.edu.mx
Licenciatura en Jurisprudencia y Derecho
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
México
RESUMEN
¿Qué harías si tuvieras que elegir entre transgredir los derechos humanos de un pandillero para lograr
un estado sin delincuencia o continuar siendo el país más peligroso del mundo? Esto es lo que vamos a
abordar en el siguiente ensayo en base a las estadísticas de la ideología que ha tomado el presidente del
Salvador Nayib Bukele en cuanto a toda la delincuencia que se ha venido originando con el paso de los
años estableciendo así el país del Salvador como uno de los territorios más peligrosos del mundo o al
menos de América latina. Pero, qué tan importante sería de manera supletoria consolidar una República
independiente y soberana libres de delincuencia y peligrosidad para todos aquellos que la habitan,
sabiendo que probablemente tengas que vulnerar los derechos de aquellos que atentan contra el Estado.
Sin duda alguna es un tema interesante del que debemos abordar y ver los diferentes puntos de vista en
diferentes perspectivas para entender el contexto del entorno y el por qué cada órgano jurídico y
representante social, así como los órganos institucionales están tomando las decisiones que para ellos
consideran mejores.
Palabras clave: transgredir derechos humanos, estado sin delincuencia, pandillero, órganos jurídicos.
representante social
1 Autor principal
Correspondencia: Sa352829@uaeh.edu.mx
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i2.23687
Análisis Jurídico y Social del Centro de Confinamiento del Terrorismo
(CECOT) y el Régimen de Excepción en el Salvador
Eduardo Salas Téllez1
Sa352829@uaeh.edu.mx
Licenciatura en Jurisprudencia y Derecho
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
México
RESUMEN
¿Qué harías si tuvieras que elegir entre transgredir los derechos humanos de un pandillero para lograr
un estado sin delincuencia o continuar siendo el país más peligroso del mundo? Esto es lo que vamos a
abordar en el siguiente ensayo en base a las estadísticas de la ideología que ha tomado el presidente del
Salvador Nayib Bukele en cuanto a toda la delincuencia que se ha venido originando con el paso de los
años estableciendo así el país del Salvador como uno de los territorios más peligrosos del mundo o al
menos de América latina. Pero, qué tan importante sería de manera supletoria consolidar una República
independiente y soberana libres de delincuencia y peligrosidad para todos aquellos que la habitan,
sabiendo que probablemente tengas que vulnerar los derechos de aquellos que atentan contra el Estado.
Sin duda alguna es un tema interesante del que debemos abordar y ver los diferentes puntos de vista en
diferentes perspectivas para entender el contexto del entorno y el por qué cada órgano jurídico y
representante social, así como los órganos institucionales están tomando las decisiones que para ellos
consideran mejores.
Palabras clave: transgredir derechos humanos, estado sin delincuencia, pandillero, órganos jurídicos.
representante social
1 Autor principal
Correspondencia: Sa352829@uaeh.edu.mx
pág. 6682
Legal and Social Analysis of the Terrorism Confinement Center (CECOT)
and the State of Emergency in El Salvador
ABSTRACT
What would you do if you had to choose between violating a gang member's human rights to achieve a
crime-free state or continuing to be the most dangerous country in the world? This is what we are going
to address in the following essay based on the statistics based on the ideology that the president of
Salvador Nayib Bukele has taken regarding all the crime that has been originating over the years, thus
establishing the country of Salvador as one of the most dangerous territories in the world or at least in
Latin America. But how important it would be to consolidate an independent and sovereign Republic
free of crime and danger for all those who inhabit it, knowing that you will probably have to violate the
rights of those who attack the State. Without a doubt, it is an interesting topic that we must address and
see the different points of view in different perspectives to understand the context of the environment
and why each legal body and social representative, as well as the institutional bodies, are making the
decisions that for them. Consider better.
Keywords: human rights violations, crime-free state, gang member, legal bodies, public prosecutor.
Artículo recibido 20 marzo 2026
Aceptado para publicación: 15 abril 2026
Legal and Social Analysis of the Terrorism Confinement Center (CECOT)
and the State of Emergency in El Salvador
ABSTRACT
What would you do if you had to choose between violating a gang member's human rights to achieve a
crime-free state or continuing to be the most dangerous country in the world? This is what we are going
to address in the following essay based on the statistics based on the ideology that the president of
Salvador Nayib Bukele has taken regarding all the crime that has been originating over the years, thus
establishing the country of Salvador as one of the most dangerous territories in the world or at least in
Latin America. But how important it would be to consolidate an independent and sovereign Republic
free of crime and danger for all those who inhabit it, knowing that you will probably have to violate the
rights of those who attack the State. Without a doubt, it is an interesting topic that we must address and
see the different points of view in different perspectives to understand the context of the environment
and why each legal body and social representative, as well as the institutional bodies, are making the
decisions that for them. Consider better.
Keywords: human rights violations, crime-free state, gang member, legal bodies, public prosecutor.
Artículo recibido 20 marzo 2026
Aceptado para publicación: 15 abril 2026
pág. 6683
INTRODUCCIÓN
El Salvador ha transitado por un complejo proceso de consolidación como nación soberana desde su
independencia en el siglo XIX, marcado por periodos de inestabilidad política, dictaduras militares y
una cruenta guerra civil que definió su estructura social contemporánea. Tras la firma de la Constitución
de 1983, el Estado salvadoreño estableció un marco jurídico orientado a garantizar las libertades
fundamentales de expresión, reunión y asociación. No obstante, la realidad social del país se vio
profundamente alterada por el surgimiento y la expansión de estructuras criminales transnacionales,
específicamente las pandillas MS-13 y Barrio 18, cuyas raíces se remontan a la migración forzada y la
exclusión económica de las décadas de 1980 y 1990. Este fenómeno delictivo posicionó a El Salvador,
durante años, como uno de los territorios con mayores índices de peligrosidad y homicidios a nivel
global.
Bajo este contexto de crisis de seguridad, la administración de Nayib Bukele ha implementado una
estrategia de confrontación directa que desafía los paradigmas tradicionales de la gestión política y el
Estado de derecho. El eje central de esta política ha sido la implementación del régimen de excepción,
aprobado inicialmente en marzo de 2022 tras un repunte crítico de violencia. Este mecanismo jurídico,
amparado en el artículo 29 de la Constitución salvadoreña, permite la suspensión de garantías
fundamentales como la libertad de tránsito, el derecho de asociación y la inviolabilidad de las
comunicaciones. Si bien estas medidas han resultado en una reducción drástica y documentada de los
índices de criminalidad —pasando de cifras alarmantes de homicidios en años previos a mínimos
históricos en 2023—, también han generado un intenso debate internacional sobre la proporcionalidad
y la vigencia de los derechos humanos.
El presente artículo analiza la dualidad entre la eficacia operativa de la seguridad pública y el
cumplimiento de los estándares internacionales de justicia. Se examina la construcción y operatividad
del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una infraestructura penitenciaria de máxima
seguridad diseñada para albergar a 40,000 reclusos bajo condiciones de aislamiento total del mundo
exterior. Esta "mega cárcel" simboliza la apuesta del Estado por un sistema punitivo de capitalismo
tardío y neofascismo, donde la figura del "enemigo interno" justifica el endurecimiento de las penas y
la restricción de garantías procesales.
INTRODUCCIÓN
El Salvador ha transitado por un complejo proceso de consolidación como nación soberana desde su
independencia en el siglo XIX, marcado por periodos de inestabilidad política, dictaduras militares y
una cruenta guerra civil que definió su estructura social contemporánea. Tras la firma de la Constitución
de 1983, el Estado salvadoreño estableció un marco jurídico orientado a garantizar las libertades
fundamentales de expresión, reunión y asociación. No obstante, la realidad social del país se vio
profundamente alterada por el surgimiento y la expansión de estructuras criminales transnacionales,
específicamente las pandillas MS-13 y Barrio 18, cuyas raíces se remontan a la migración forzada y la
exclusión económica de las décadas de 1980 y 1990. Este fenómeno delictivo posicionó a El Salvador,
durante años, como uno de los territorios con mayores índices de peligrosidad y homicidios a nivel
global.
Bajo este contexto de crisis de seguridad, la administración de Nayib Bukele ha implementado una
estrategia de confrontación directa que desafía los paradigmas tradicionales de la gestión política y el
Estado de derecho. El eje central de esta política ha sido la implementación del régimen de excepción,
aprobado inicialmente en marzo de 2022 tras un repunte crítico de violencia. Este mecanismo jurídico,
amparado en el artículo 29 de la Constitución salvadoreña, permite la suspensión de garantías
fundamentales como la libertad de tránsito, el derecho de asociación y la inviolabilidad de las
comunicaciones. Si bien estas medidas han resultado en una reducción drástica y documentada de los
índices de criminalidad —pasando de cifras alarmantes de homicidios en años previos a mínimos
históricos en 2023—, también han generado un intenso debate internacional sobre la proporcionalidad
y la vigencia de los derechos humanos.
El presente artículo analiza la dualidad entre la eficacia operativa de la seguridad pública y el
cumplimiento de los estándares internacionales de justicia. Se examina la construcción y operatividad
del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una infraestructura penitenciaria de máxima
seguridad diseñada para albergar a 40,000 reclusos bajo condiciones de aislamiento total del mundo
exterior. Esta "mega cárcel" simboliza la apuesta del Estado por un sistema punitivo de capitalismo
tardío y neofascismo, donde la figura del "enemigo interno" justifica el endurecimiento de las penas y
la restricción de garantías procesales.
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A través de un enfoque comparativo y jurídico, se aborda el patrón de presuntas violaciones a los
derechos humanos señaladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
incluyendo detenciones arbitrarias y la falta de debido proceso. En última instancia, este trabajo busca
determinar si la consolidación de una República libre de delincuencia es compatible con la vulneración
sistemática de los derechos de aquellos que atentan contra el Estado, evaluando la sostenibilidad a largo
plazo de un modelo que prioriza la seguridad ciudadana por encima de los preceptos liberales clásicos
de la Constitución.
METODOLOGÍA
La investigación se fundamenta en un enfoque cualitativo y documental, utilizando un método
descriptivo-analítico para examinar la situación jurídica y social de El Salvador. El estudio se divide en
tres ejes metodológicos principales:
Análisis Normativo: Se realizó una revisión exhaustiva de la Constitución de la República de El
Salvador, específicamente de los artículos 5, 6, 7 y 24, que protegen las libertades de tránsito, expresión,
asociación e inviolabilidad de las comunicaciones. Asimismo, se analizó el Artículo 29, que faculta al
Estado para declarar un régimen de excepción en casos de graves perturbaciones del orden público.
Investigación de Campo y Testimonial: Se integraron datos obtenidos mediante entrevistas
cualitativas realizadas en septiembre de 2023 a ciudadanos salvadoreños. Esta técnica permitió capturar
la percepción social sobre el cambio en la seguridad pública y el impacto en la vida cotidiana,
contrastando la teoría legal con la realidad vivida por la población.
Revisión de Casos y Reportes Internacionales: Se utilizaron informes de organismos como la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch (HRW) para evaluar
el patrón de presuntas violaciones a los derechos humanos y la legalidad de las prórrogas del régimen
de excepción.
La metodología integra además el derecho comparado, contrastando la gestión penitenciaria
salvadoreña —donde se busca que los reos costeen su estancia— con el modelo mexicano, analizando
la sostenibilidad económica y el impacto social de ambos sistemas. Finalmente, se examinó el discurso
político del Ejecutivo a través de canales oficiales y redes sociales para entender la construcción de la
narrativa de "seguridad nacional".
A través de un enfoque comparativo y jurídico, se aborda el patrón de presuntas violaciones a los
derechos humanos señaladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
incluyendo detenciones arbitrarias y la falta de debido proceso. En última instancia, este trabajo busca
determinar si la consolidación de una República libre de delincuencia es compatible con la vulneración
sistemática de los derechos de aquellos que atentan contra el Estado, evaluando la sostenibilidad a largo
plazo de un modelo que prioriza la seguridad ciudadana por encima de los preceptos liberales clásicos
de la Constitución.
METODOLOGÍA
La investigación se fundamenta en un enfoque cualitativo y documental, utilizando un método
descriptivo-analítico para examinar la situación jurídica y social de El Salvador. El estudio se divide en
tres ejes metodológicos principales:
Análisis Normativo: Se realizó una revisión exhaustiva de la Constitución de la República de El
Salvador, específicamente de los artículos 5, 6, 7 y 24, que protegen las libertades de tránsito, expresión,
asociación e inviolabilidad de las comunicaciones. Asimismo, se analizó el Artículo 29, que faculta al
Estado para declarar un régimen de excepción en casos de graves perturbaciones del orden público.
Investigación de Campo y Testimonial: Se integraron datos obtenidos mediante entrevistas
cualitativas realizadas en septiembre de 2023 a ciudadanos salvadoreños. Esta técnica permitió capturar
la percepción social sobre el cambio en la seguridad pública y el impacto en la vida cotidiana,
contrastando la teoría legal con la realidad vivida por la población.
Revisión de Casos y Reportes Internacionales: Se utilizaron informes de organismos como la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch (HRW) para evaluar
el patrón de presuntas violaciones a los derechos humanos y la legalidad de las prórrogas del régimen
de excepción.
La metodología integra además el derecho comparado, contrastando la gestión penitenciaria
salvadoreña —donde se busca que los reos costeen su estancia— con el modelo mexicano, analizando
la sostenibilidad económica y el impacto social de ambos sistemas. Finalmente, se examinó el discurso
político del Ejecutivo a través de canales oficiales y redes sociales para entender la construcción de la
narrativa de "seguridad nacional".
pág. 6685
RESULTADOS Y DISCUSIÓN DEL CASO
El caso salvadoreño presenta un conflicto ético y jurídico de gran escala. Por un lado, la teoría de Carl
Schmitt se hace presente al identificar a las pandillas como un "enemigo interno" necesario para la
consolidación de un Estado autoritario. Esta narrativa ha permitido al Ejecutivo realizar "golpes al orden
institucional", como la destitución de jueces de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General en
2021, eliminando los contrapesos necesarios para investigar posibles actos de corrupción o abusos de
poder.
Desde la perspectiva de los Derechos Humanos, la CIDH ha manifestado una preocupación legítima
por las detenciones arbitrarias y la falta de garantías judiciales. Mientras el Estado argumenta que aplica
protocolos para garantizar la salud y el trato digno, organismos internacionales cuestionan si la
seguridad justifica la vulneración de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Finalmente, se observa una transición hacia un "capitalismo tardío carcelario", donde el modelo de
Bukele no solo busca el castigo, sino la invisibilización absoluta del delincuente mediante condenas
que superan los 1,000 años, enviando un mensaje de control total sobre la población joven
marginalizada.
Tabla 1. Comparativa de Homicidios en El Salvador (Antes y Después de Bukele)
Periodo/Momento Año de Referencia Cifra de homicidios
Reportada
Contexto del Dato
Antes de Bukele 2016 740 homicidios Reportados únicamente en el
mes de enero.
Transición (pico de
violencia)
Marzo 2022 62 homicidios Registrados en un solo día, lo
que detono el régimen de
Excepción.
Después de Bukele Enero 2023 11 homicidios Considerado el mes mas
seguro en la historia del país.
El contraste entre las cifras presentadas revela una transformación drástica en la seguridad pública del
país, aunque con matices importantes desde la perspectiva del derecho y la libertad:
Reducción Exponencial: La caída de 740 homicidios en enero de 2016 a solo 11 en enero de 2023
representa una disminución superior al 98% en la incidencia de este delito para dicho mes de referencia.
El Factor del Régimen de Excepción: El punto de quiebre definitivo fue el 27 de marzo de 2022,
cuando la muerte de 62 personas en 24 horas impulsó a la Asamblea Legislativa a aprobar el estado de
RESULTADOS Y DISCUSIÓN DEL CASO
El caso salvadoreño presenta un conflicto ético y jurídico de gran escala. Por un lado, la teoría de Carl
Schmitt se hace presente al identificar a las pandillas como un "enemigo interno" necesario para la
consolidación de un Estado autoritario. Esta narrativa ha permitido al Ejecutivo realizar "golpes al orden
institucional", como la destitución de jueces de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General en
2021, eliminando los contrapesos necesarios para investigar posibles actos de corrupción o abusos de
poder.
Desde la perspectiva de los Derechos Humanos, la CIDH ha manifestado una preocupación legítima
por las detenciones arbitrarias y la falta de garantías judiciales. Mientras el Estado argumenta que aplica
protocolos para garantizar la salud y el trato digno, organismos internacionales cuestionan si la
seguridad justifica la vulneración de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Finalmente, se observa una transición hacia un "capitalismo tardío carcelario", donde el modelo de
Bukele no solo busca el castigo, sino la invisibilización absoluta del delincuente mediante condenas
que superan los 1,000 años, enviando un mensaje de control total sobre la población joven
marginalizada.
Tabla 1. Comparativa de Homicidios en El Salvador (Antes y Después de Bukele)
Periodo/Momento Año de Referencia Cifra de homicidios
Reportada
Contexto del Dato
Antes de Bukele 2016 740 homicidios Reportados únicamente en el
mes de enero.
Transición (pico de
violencia)
Marzo 2022 62 homicidios Registrados en un solo día, lo
que detono el régimen de
Excepción.
Después de Bukele Enero 2023 11 homicidios Considerado el mes mas
seguro en la historia del país.
El contraste entre las cifras presentadas revela una transformación drástica en la seguridad pública del
país, aunque con matices importantes desde la perspectiva del derecho y la libertad:
Reducción Exponencial: La caída de 740 homicidios en enero de 2016 a solo 11 en enero de 2023
representa una disminución superior al 98% en la incidencia de este delito para dicho mes de referencia.
El Factor del Régimen de Excepción: El punto de quiebre definitivo fue el 27 de marzo de 2022,
cuando la muerte de 62 personas en 24 horas impulsó a la Asamblea Legislativa a aprobar el estado de
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excepción. Esta medida permitió pasar de una estrategia de seguridad tradicional a una de detenciones
masivas y confinamiento en el CECOT.
Percepción vs. Legalidad: Mientras que los datos estadísticos muestran un éxito rotundo en la
protección del derecho a la vida de la población general, el costo jurídico ha sido la suspensión de
garantías constitucionales, como la inviolabilidad de la correspondencia y el derecho de asociación.
Sostenibilidad y Crítica: La CIDH reconoce la mejora en la seguridad, pero advierte que estas
medidas "abruptas" deben adecuarse a estándares internacionales para no convertirse en un patrón
permanente de violación a los derechos humanos.
Tabla 2. Organismos Internacionales vs. Acciones de Bukele
Eje de Analisis Postura de Órganos Internacionales
(CIDH/OEA
Acciones y Postura de Nayib
Bukele
Uso del Régimen de
Excepción
La CIDH advierte que la suspensión de
derechos debe ser para circunstancias
extraordinarias y no un medio
permanente para enfrentar el crimen
común.
Se ha prorrogado
sistemáticamente por más de un
año, tratándolo como la
herramienta principal para el
bienestar de los ciudadanos.
Garantías Judiciales Existe preocupación por detenciones
masivas arbitrarias y el incumplimiento
del debido proceso y la presunción de
inocencia.
Se amplió la detención
preventiva de 72 horas a 15 días.
Bukele afirma que los criminales
no saldrán para amenazar jueces
o testigos.
Condiciones
Carcelarias
La CIDH enfatiza que los reos deben
tener instalaciones adecuadas, acceso a
insumos de familiares y visitas.
El CECOT está diseñado para
que los criminales cumplan su
condena sin ningún contacto con
el mundo exterior.
Transparencia y
Vigilancia
Los organismos solicitan visitas a las
instalaciones para verificar el
cumplimiento de estándares de
humanidad y proporcionalidad.
El gobierno defiende un manejo
basado en la seguridad nacional y
afirma haber adoptado
protocolos de actuación para el
personal penitenciario.
Privacidad de
Comunicaciones
Advertencia sobre la vulneración del
derecho a la privacidad según la
Convención Americana.
Autorización legal para que las
autoridades intervengan
correspondencia y teléfonos
celulares de sospechosos.
La tensión entre ambas posturas radica en la jerarquía de prioridades. Mientras que los órganos
internacionales se rigen por el artículo 27 de la Convención Americana, que limita estrictamente cuándo
y cómo se pueden suspender derechos, el gobierno salvadoreño prioriza la seguridad del Estado sobre
los derechos individuales de los detenidos.
excepción. Esta medida permitió pasar de una estrategia de seguridad tradicional a una de detenciones
masivas y confinamiento en el CECOT.
Percepción vs. Legalidad: Mientras que los datos estadísticos muestran un éxito rotundo en la
protección del derecho a la vida de la población general, el costo jurídico ha sido la suspensión de
garantías constitucionales, como la inviolabilidad de la correspondencia y el derecho de asociación.
Sostenibilidad y Crítica: La CIDH reconoce la mejora en la seguridad, pero advierte que estas
medidas "abruptas" deben adecuarse a estándares internacionales para no convertirse en un patrón
permanente de violación a los derechos humanos.
Tabla 2. Organismos Internacionales vs. Acciones de Bukele
Eje de Analisis Postura de Órganos Internacionales
(CIDH/OEA
Acciones y Postura de Nayib
Bukele
Uso del Régimen de
Excepción
La CIDH advierte que la suspensión de
derechos debe ser para circunstancias
extraordinarias y no un medio
permanente para enfrentar el crimen
común.
Se ha prorrogado
sistemáticamente por más de un
año, tratándolo como la
herramienta principal para el
bienestar de los ciudadanos.
Garantías Judiciales Existe preocupación por detenciones
masivas arbitrarias y el incumplimiento
del debido proceso y la presunción de
inocencia.
Se amplió la detención
preventiva de 72 horas a 15 días.
Bukele afirma que los criminales
no saldrán para amenazar jueces
o testigos.
Condiciones
Carcelarias
La CIDH enfatiza que los reos deben
tener instalaciones adecuadas, acceso a
insumos de familiares y visitas.
El CECOT está diseñado para
que los criminales cumplan su
condena sin ningún contacto con
el mundo exterior.
Transparencia y
Vigilancia
Los organismos solicitan visitas a las
instalaciones para verificar el
cumplimiento de estándares de
humanidad y proporcionalidad.
El gobierno defiende un manejo
basado en la seguridad nacional y
afirma haber adoptado
protocolos de actuación para el
personal penitenciario.
Privacidad de
Comunicaciones
Advertencia sobre la vulneración del
derecho a la privacidad según la
Convención Americana.
Autorización legal para que las
autoridades intervengan
correspondencia y teléfonos
celulares de sospechosos.
La tensión entre ambas posturas radica en la jerarquía de prioridades. Mientras que los órganos
internacionales se rigen por el artículo 27 de la Convención Americana, que limita estrictamente cuándo
y cómo se pueden suspender derechos, el gobierno salvadoreño prioriza la seguridad del Estado sobre
los derechos individuales de los detenidos.
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El argumento del Estado: Bukele sostiene que estas medidas "abruptas" son lo que la sociedad ha
buscado por años para mejorar su calidad de vida social. Además, argumenta que el sistema anterior era
"deficiente" y "corrupto".
El argumento internacional: Los organismos advierten que el éxito en las estadísticas de seguridad
(como la reducción de homicidios) no justifica la creación de un modelo que ignore los estándares
mínimos de humanidad y la separación de poderes.
CONCLUSION
El Pragmatismo de la Seguridad en el Modelo Salvadoreño
Tras el análisis integral de la situación en El Salvador, se puede concluir que la administración de Nayib
Bukele ha implementado una transformación sin precedentes en la estructura de seguridad del Estado,
priorizando el bienestar colectivo y el derecho a la vida sobre el rigor de los procedimientos ordinarios.
Si bien la Constitución de 1983 establece garantías individuales robustas, el artículo 29 faculta al Estado
para suspenderlas ante "graves perturbaciones del orden público", una condición que las pandillas
mantuvieron por décadas al convertir al país en uno de los más peligrosos del mundo.
La efectividad del modelo es estadísticamente innegable:
Reducción Drástica de la Violencia: La caída de 740 homicidios en enero de 2016 a tan solo 11 en
enero de 2023 demuestra que el control territorial mediante el Régimen de Excepción ha salvado miles
de vidas civiles.
Recuperación del Tejido Social: Como se observó en entrevistas a ciudadanos, la población ha pasado
de vivir en un estado de "toque de queda" de facto impuesto por las maras a recuperar la vida nocturna
y el comercio sin la asfixia de la extorsión o "derecho de piso".
Eficiencia Penitenciaria: La construcción del CECOT en tiempo récord ha permitido desarticular el
mando y control que los pandilleros ejercían desde las cárceles, asegurando que los criminales de alta
peligrosidad no vuelvan a tener contacto con el exterior para reorganizar estructuras delictivas.
Aunque organismos internacionales como la CIDH expresan preocupaciones legítimas sobre el debido
proceso y las condiciones de confinamiento, es imperativo reconocer que estas medidas "abruptas" han
respondido a una demanda histórica de la sociedad salvadoreña por una calidad de vida digna. El
enfoque de Bukele, aunque cuestionado desde el purismo jurídico, ha demostrado una solidez inmediata
El argumento del Estado: Bukele sostiene que estas medidas "abruptas" son lo que la sociedad ha
buscado por años para mejorar su calidad de vida social. Además, argumenta que el sistema anterior era
"deficiente" y "corrupto".
El argumento internacional: Los organismos advierten que el éxito en las estadísticas de seguridad
(como la reducción de homicidios) no justifica la creación de un modelo que ignore los estándares
mínimos de humanidad y la separación de poderes.
CONCLUSION
El Pragmatismo de la Seguridad en el Modelo Salvadoreño
Tras el análisis integral de la situación en El Salvador, se puede concluir que la administración de Nayib
Bukele ha implementado una transformación sin precedentes en la estructura de seguridad del Estado,
priorizando el bienestar colectivo y el derecho a la vida sobre el rigor de los procedimientos ordinarios.
Si bien la Constitución de 1983 establece garantías individuales robustas, el artículo 29 faculta al Estado
para suspenderlas ante "graves perturbaciones del orden público", una condición que las pandillas
mantuvieron por décadas al convertir al país en uno de los más peligrosos del mundo.
La efectividad del modelo es estadísticamente innegable:
Reducción Drástica de la Violencia: La caída de 740 homicidios en enero de 2016 a tan solo 11 en
enero de 2023 demuestra que el control territorial mediante el Régimen de Excepción ha salvado miles
de vidas civiles.
Recuperación del Tejido Social: Como se observó en entrevistas a ciudadanos, la población ha pasado
de vivir en un estado de "toque de queda" de facto impuesto por las maras a recuperar la vida nocturna
y el comercio sin la asfixia de la extorsión o "derecho de piso".
Eficiencia Penitenciaria: La construcción del CECOT en tiempo récord ha permitido desarticular el
mando y control que los pandilleros ejercían desde las cárceles, asegurando que los criminales de alta
peligrosidad no vuelvan a tener contacto con el exterior para reorganizar estructuras delictivas.
Aunque organismos internacionales como la CIDH expresan preocupaciones legítimas sobre el debido
proceso y las condiciones de confinamiento, es imperativo reconocer que estas medidas "abruptas" han
respondido a una demanda histórica de la sociedad salvadoreña por una calidad de vida digna. El
enfoque de Bukele, aunque cuestionado desde el purismo jurídico, ha demostrado una solidez inmediata
pág. 6688
que las políticas tradicionales, a menudo calificadas como "deficientes", no lograron en décadas de
postguerra.
En última instancia, el éxito del modelo Bukele plantea un debate necesario sobre la soberanía: la
capacidad de un Estado para adaptar sus leyes y recursos en función de erradicar amenazas
existenciales. Para los salvadoreños que hoy "respiran esperanza", los resultados tangibles en las calles
parecen validar la premisa de que no puede existir una verdadera libertad sin antes garantizar la
seguridad básica de sus ciudadanos.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Carlos S. Maldonado (3 de Febrero de 2023) “La Cárcel Más Grande De América”: La Gigantesca
Prisión De Bukele para encerrar a las Maras¨ https://elpais.com/internacional/2023-02-03/la-
carcel-mas-grande-de-america-la-gigantesca-prision-de-bukele-para-encerrar-a-las-
maras.html
Constitución de la República de El Salvador (CPES), Reformada, Diario Oficial, 20 de diciembre de
1983.
OEA (11 de noviembre de 2022) Siete meses del régimen de excepción: CIDH recuerda a el salvador
cumplir sus obligaciones de Derechos Humanos. OEA.
https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/254.asp
Chaguacera Noriega, A. y Ortiz Leroux, S. La Nueva Politica. Revista Internacional de Filosofia. (25),
61-70.
Mila-Maldonado, J. A., Lara-Aguiar, J. A., Carrasco-Muro, C. D., & Narváez-Ruiz, E. E. (2022).
Construcción política de Nayib Bukele en Twitter en el contexto del COVID-19. Universitas-
XXI, Revista de Ciencias Sociales y Humanas, (36), 19-41.
https://doi.org/10.17163/uni.n36.2022.01
Karen Moreno. Inconstitucionalidad. La Revista FACTUM. https://www.revistafactum.com/el-regimen-
es-propaganda/
Maldonado Carlos, S. (2023). El ¨modelo Bukele¨atre políticos latinoamericanos. EL PAIS.
https://elpais.com/internacional/2023-06-11/el-modelo-bukele-atrae-a-politicos-
latinoamericanos.html
que las políticas tradicionales, a menudo calificadas como "deficientes", no lograron en décadas de
postguerra.
En última instancia, el éxito del modelo Bukele plantea un debate necesario sobre la soberanía: la
capacidad de un Estado para adaptar sus leyes y recursos en función de erradicar amenazas
existenciales. Para los salvadoreños que hoy "respiran esperanza", los resultados tangibles en las calles
parecen validar la premisa de que no puede existir una verdadera libertad sin antes garantizar la
seguridad básica de sus ciudadanos.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Carlos S. Maldonado (3 de Febrero de 2023) “La Cárcel Más Grande De América”: La Gigantesca
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