LA DEFICIENCIA ESTRUCTURAL DE LA
DEFENSA TÉCNICA EN LA IMPOSICIÓN DE
LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA EN
MÉXICO
STRUCTURAL LIMITATIONS OF LEGAL DEFENSE AND
THEIR IMPACT ON THE IMPOSITION OF MANDATORY
PRETRIAL DETENTION IN MEXICO
Brayan Samperio Morales
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México
pág. 6707
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i2.23690
La Deficiencia Estructural de la Defensa Técnica en la Imposición de la
Prisión Preventiva Oficiosa en México
Brayan Samperio Morales1
spmrba21d17@redcuc.edu.mx
https://orcid.org/0009-0009-0102-8703
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
México
RESUMEN
El presente artículo tiene como objetivo analizar la incidencia de la actuación estructural de la defensa
técnica en la imposición de la prisión preventiva oficiosa dentro del sistema penal mexicano, con
especial énfasis en la valoración del riesgo de sustracción del imputado. Para ello, se emplea una
metodología cualitativa de carácter dogmático-jurídico, basada en el análisis de la legislación vigente,
la jurisprudencia nacional e internacional y la doctrina especializada en derecho procesal penal. A partir
de este enfoque, se identifica que las deficiencias estructurales de la defensa, derivadas de factores
institucionales como la sobrecarga laboral y la insuficiente capacitación especializada, impactan
negativamente en la calidad del debate procesal. En consecuencia, estas limitaciones afectan el ejercicio
efectivo del derecho a la defensa, debilitan el principio de contradicción y favorecen la imposición de
medidas cautelares restrictivas de la libertad. Finalmente, se proponen estrategias institucionales y
académicas orientadas a fortalecer la defensa técnica como condición indispensable para garantizar los
derechos fundamentales del imputado y la legitimidad del proceso penal.
Palabras clave: prisión preventiva oficiosa; defensa técnica; debido proceso; presunción de inocencia;
sistema penal acusatorio
1 Autor principal
Correspondencia: spmrba21d17@redcuc.edu.mx
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i2.23690
La Deficiencia Estructural de la Defensa Técnica en la Imposición de la
Prisión Preventiva Oficiosa en México
Brayan Samperio Morales1
spmrba21d17@redcuc.edu.mx
https://orcid.org/0009-0009-0102-8703
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
México
RESUMEN
El presente artículo tiene como objetivo analizar la incidencia de la actuación estructural de la defensa
técnica en la imposición de la prisión preventiva oficiosa dentro del sistema penal mexicano, con
especial énfasis en la valoración del riesgo de sustracción del imputado. Para ello, se emplea una
metodología cualitativa de carácter dogmático-jurídico, basada en el análisis de la legislación vigente,
la jurisprudencia nacional e internacional y la doctrina especializada en derecho procesal penal. A partir
de este enfoque, se identifica que las deficiencias estructurales de la defensa, derivadas de factores
institucionales como la sobrecarga laboral y la insuficiente capacitación especializada, impactan
negativamente en la calidad del debate procesal. En consecuencia, estas limitaciones afectan el ejercicio
efectivo del derecho a la defensa, debilitan el principio de contradicción y favorecen la imposición de
medidas cautelares restrictivas de la libertad. Finalmente, se proponen estrategias institucionales y
académicas orientadas a fortalecer la defensa técnica como condición indispensable para garantizar los
derechos fundamentales del imputado y la legitimidad del proceso penal.
Palabras clave: prisión preventiva oficiosa; defensa técnica; debido proceso; presunción de inocencia;
sistema penal acusatorio
1 Autor principal
Correspondencia: spmrba21d17@redcuc.edu.mx
pág. 6708
Structural Limitations of Legal Defense and Their Impact on the
Imposition of Mandatory Pretrial Detention in Mexico
ABSTRACT
The purpose of this article is to analyze the impact of the structural performance of technical defense
on the imposition of automatic pretrial detention within the Mexican criminal justice system, with
particular emphasis on the assessment of the defendant’s risk of flight. To this end, a qualitative
methodology of a doctrinal-legal nature is employed, based on the analysis of current legislation,
national and international case law, and specialized doctrine in criminal procedural law. From this
approach, it is identified that structural deficiencies in the defense, derived from institutional factors
such as workload overload and insufficient specialized training, negatively affect the quality of
procedural debate. Consequently, these limitations hinder the effective exercise of the right to defense,
weaken the adversarial principle, and favor the imposition of liberty-restricting precautionary measures.
Finally, institutional and academic strategies are proposed to strengthen technical defense as an essential
condition for guaranteeing the fundamental rights of the accused and the legitimacy of the criminal
process.
Keywords: mandatory pretrial detention; legal defense; due process; presumption of innocence;
adversarial criminal system.
Artículo recibido 20 marzo 2026
Aceptado para publicación: 15 abril 2026
Structural Limitations of Legal Defense and Their Impact on the
Imposition of Mandatory Pretrial Detention in Mexico
ABSTRACT
The purpose of this article is to analyze the impact of the structural performance of technical defense
on the imposition of automatic pretrial detention within the Mexican criminal justice system, with
particular emphasis on the assessment of the defendant’s risk of flight. To this end, a qualitative
methodology of a doctrinal-legal nature is employed, based on the analysis of current legislation,
national and international case law, and specialized doctrine in criminal procedural law. From this
approach, it is identified that structural deficiencies in the defense, derived from institutional factors
such as workload overload and insufficient specialized training, negatively affect the quality of
procedural debate. Consequently, these limitations hinder the effective exercise of the right to defense,
weaken the adversarial principle, and favor the imposition of liberty-restricting precautionary measures.
Finally, institutional and academic strategies are proposed to strengthen technical defense as an essential
condition for guaranteeing the fundamental rights of the accused and the legitimacy of the criminal
process.
Keywords: mandatory pretrial detention; legal defense; due process; presumption of innocence;
adversarial criminal system.
Artículo recibido 20 marzo 2026
Aceptado para publicación: 15 abril 2026
pág. 6709
INTRODUCCIÓN
La prisión preventiva oficiosa constituye una de las medidas cautelares más controvertidas dentro del
sistema penal mexicano contemporáneo, debido a la tensión que genera entre la eficacia del proceso
penal y la protección de los derechos fundamentales del imputado, particularmente la presunción de
inocencia y el derecho a una defensa adecuada. En un Estado constitucional de derecho, la imposición
de medidas restrictivas de la libertad antes de una sentencia condenatoria debe responder a criterios
estrictos de necesidad, proporcionalidad y excepcionalidad, a fin de evitar que la coerción procesal se
convierta en una forma anticipada de sanción. Desde la perspectiva del garantismo penal, toda
restricción anticipada de la libertad debe interpretarse de manera estricta y excepcional (Ferrajoli,
2011), lo que implica que su aplicación debe estar sujeta a un control judicial riguroso y a un debate
procesal efectivo entre las partes.
No obstante, la evolución del sistema penal mexicano, particularmente a partir de la reforma
constitucional de 2008 y sus posteriores modificaciones, ha evidenciado una tendencia hacia la
ampliación de los supuestos de procedencia de la prisión preventiva oficiosa, lo que ha generado
múltiples cuestionamientos tanto en el ámbito doctrinal como en el jurisprudencial. Diversos sectores
han señalado que esta figura, lejos de responder a una lógica cautelar, se aproxima a una forma de
automatismo procesal que debilita el análisis individualizado de cada caso concreto. En este sentido,
organismos internacionales y tribunales han advertido sobre los riesgos que implica la aplicación
generalizada de esta medida, especialmente en contextos donde las condiciones estructurales del
sistema de justicia limitan el ejercicio pleno de los derechos procesales.
En este contexto, la literatura especializada ha destacado que la efectividad del sistema acusatorio
depende en gran medida de la calidad del contradictorio entre las partes (Maier, 2016). El modelo
acusatorio se fundamenta en la igualdad de armas, en la cual tanto la acusación como la defensa deben
contar con condiciones materiales y técnicas suficientes para sostener sus argumentos en un plano de
equilibrio. Sin embargo, en la práctica, este equilibrio se ve frecuentemente afectado por las condiciones
estructurales en las que opera la defensa técnica, especialmente en el ámbito de la defensa pública. La
sobrecarga de trabajo, la insuficiencia de recursos y la limitada capacitación especializada constituyen
INTRODUCCIÓN
La prisión preventiva oficiosa constituye una de las medidas cautelares más controvertidas dentro del
sistema penal mexicano contemporáneo, debido a la tensión que genera entre la eficacia del proceso
penal y la protección de los derechos fundamentales del imputado, particularmente la presunción de
inocencia y el derecho a una defensa adecuada. En un Estado constitucional de derecho, la imposición
de medidas restrictivas de la libertad antes de una sentencia condenatoria debe responder a criterios
estrictos de necesidad, proporcionalidad y excepcionalidad, a fin de evitar que la coerción procesal se
convierta en una forma anticipada de sanción. Desde la perspectiva del garantismo penal, toda
restricción anticipada de la libertad debe interpretarse de manera estricta y excepcional (Ferrajoli,
2011), lo que implica que su aplicación debe estar sujeta a un control judicial riguroso y a un debate
procesal efectivo entre las partes.
No obstante, la evolución del sistema penal mexicano, particularmente a partir de la reforma
constitucional de 2008 y sus posteriores modificaciones, ha evidenciado una tendencia hacia la
ampliación de los supuestos de procedencia de la prisión preventiva oficiosa, lo que ha generado
múltiples cuestionamientos tanto en el ámbito doctrinal como en el jurisprudencial. Diversos sectores
han señalado que esta figura, lejos de responder a una lógica cautelar, se aproxima a una forma de
automatismo procesal que debilita el análisis individualizado de cada caso concreto. En este sentido,
organismos internacionales y tribunales han advertido sobre los riesgos que implica la aplicación
generalizada de esta medida, especialmente en contextos donde las condiciones estructurales del
sistema de justicia limitan el ejercicio pleno de los derechos procesales.
En este contexto, la literatura especializada ha destacado que la efectividad del sistema acusatorio
depende en gran medida de la calidad del contradictorio entre las partes (Maier, 2016). El modelo
acusatorio se fundamenta en la igualdad de armas, en la cual tanto la acusación como la defensa deben
contar con condiciones materiales y técnicas suficientes para sostener sus argumentos en un plano de
equilibrio. Sin embargo, en la práctica, este equilibrio se ve frecuentemente afectado por las condiciones
estructurales en las que opera la defensa técnica, especialmente en el ámbito de la defensa pública. La
sobrecarga de trabajo, la insuficiencia de recursos y la limitada capacitación especializada constituyen
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factores que inciden directamente en la calidad de la representación jurídica, generando asimetrías
procesales que comprometen la legitimidad del proceso penal.
A pesar de la relevancia de estos factores, un aspecto que ha sido insuficientemente explorado en la
investigación jurídica es la incidencia específica de las condiciones estructurales de la defensa técnica
en la imposición de medidas cautelares, particularmente en la prisión preventiva oficiosa. La debilidad
institucional de la defensa puede generar desequilibrios procesales que afectan la igualdad de armas
entre acusación y defensa (Binder, 2014), lo que a su vez puede influir en la toma de decisiones
judiciales, especialmente en etapas tempranas del proceso penal donde la información disponible es
limitada y el debate probatorio aún es incipiente.
Desde una perspectiva teórica, el presente estudio se inscribe en el marco del garantismo penal y del
modelo acusatorio adversarial, los cuales reconocen al derecho a la defensa adecuada como un pilar
fundamental del debido proceso. Bajo este enfoque, el principio de contradicción no solo implica la
posibilidad formal de intervenir en el proceso, sino la existencia de condiciones reales que permitan a
la defensa controvertir eficazmente los argumentos de la acusación. Asimismo, la presunción de
inocencia se erige como un límite material a la imposición de medidas cautelares, exigiendo que toda
restricción de derechos esté debidamente justificada y sustentada en criterios objetivos y verificables.
En cuanto a los antecedentes, diversos estudios en el ámbito latinoamericano han documentado las
limitaciones estructurales de los sistemas de defensa pública, destacando problemáticas recurrentes
como la sobrecarga laboral de los defensores, la insuficiencia de recursos institucionales y la falta de
especialización en áreas complejas del derecho penal. Investigaciones como las de Binder (2014) han
señalado que estas condiciones generan desequilibrios procesales que afectan la igualdad de armas entre
las partes, debilitando el carácter adversarial del sistema penal. Asimismo, informes de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (2013) han advertido que las deficiencias estructurales de la
defensa pública en la región inciden directamente en la vulneración del derecho a una defensa adecuada,
particularmente en las etapas iniciales del proceso penal. No obstante, persiste un vacío en el análisis
específico de cómo estas condiciones estructurales inciden directamente en la imposición de la prisión
preventiva oficiosa dentro del sistema penal mexicano, lo cual justifica la pertinencia del presente
trabajo.
factores que inciden directamente en la calidad de la representación jurídica, generando asimetrías
procesales que comprometen la legitimidad del proceso penal.
A pesar de la relevancia de estos factores, un aspecto que ha sido insuficientemente explorado en la
investigación jurídica es la incidencia específica de las condiciones estructurales de la defensa técnica
en la imposición de medidas cautelares, particularmente en la prisión preventiva oficiosa. La debilidad
institucional de la defensa puede generar desequilibrios procesales que afectan la igualdad de armas
entre acusación y defensa (Binder, 2014), lo que a su vez puede influir en la toma de decisiones
judiciales, especialmente en etapas tempranas del proceso penal donde la información disponible es
limitada y el debate probatorio aún es incipiente.
Desde una perspectiva teórica, el presente estudio se inscribe en el marco del garantismo penal y del
modelo acusatorio adversarial, los cuales reconocen al derecho a la defensa adecuada como un pilar
fundamental del debido proceso. Bajo este enfoque, el principio de contradicción no solo implica la
posibilidad formal de intervenir en el proceso, sino la existencia de condiciones reales que permitan a
la defensa controvertir eficazmente los argumentos de la acusación. Asimismo, la presunción de
inocencia se erige como un límite material a la imposición de medidas cautelares, exigiendo que toda
restricción de derechos esté debidamente justificada y sustentada en criterios objetivos y verificables.
En cuanto a los antecedentes, diversos estudios en el ámbito latinoamericano han documentado las
limitaciones estructurales de los sistemas de defensa pública, destacando problemáticas recurrentes
como la sobrecarga laboral de los defensores, la insuficiencia de recursos institucionales y la falta de
especialización en áreas complejas del derecho penal. Investigaciones como las de Binder (2014) han
señalado que estas condiciones generan desequilibrios procesales que afectan la igualdad de armas entre
las partes, debilitando el carácter adversarial del sistema penal. Asimismo, informes de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (2013) han advertido que las deficiencias estructurales de la
defensa pública en la región inciden directamente en la vulneración del derecho a una defensa adecuada,
particularmente en las etapas iniciales del proceso penal. No obstante, persiste un vacío en el análisis
específico de cómo estas condiciones estructurales inciden directamente en la imposición de la prisión
preventiva oficiosa dentro del sistema penal mexicano, lo cual justifica la pertinencia del presente
trabajo.
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El contexto en el que se desarrolla esta investigación es el del sistema penal acusatorio mexicano, el
cual, si bien ha sido diseñado para fortalecer las garantías procesales y promover un modelo más
transparente y equitativo, enfrenta importantes desafíos en su implementación. Entre estos desafíos se
encuentran las disparidades institucionales entre los órganos de acusación y defensa, así como las
inercias prácticas que persisten en la cultura jurídica, las cuales tienden a favorecer soluciones
restrictivas de la libertad como mecanismo de control procesal.
En este sentido, el problema de investigación que guía este estudio consiste en determinar de qué manera
las condiciones estructurales de la defensa técnica influyen en la imposición de la prisión preventiva
oficiosa, particularmente en la valoración judicial del riesgo de sustracción del imputado. La relevancia
de este problema radica en que su análisis permite evidenciar cómo factores institucionales,
aparentemente ajenos al caso concreto, pueden incidir en decisiones que afectan directamente los
derechos fundamentales de las personas sometidas a proceso penal.
Finalmente, el presente artículo tiene como objetivo analizar la incidencia de la actuación estructural
de la defensa técnica en la imposición de la prisión preventiva oficiosa, con especial énfasis en la
valoración del riesgo de sustracción del imputado. Como hipótesis de trabajo, se sostiene que la
deficiencia estructural de la defensa técnica constituye un factor determinante en la imposición de dicha
medida cautelar, generando efectos negativos en la protección de los derechos fundamentales del
imputado y en la legitimidad del proceso penal en su conjunto.
METODOLOGIA
Enfoque y tipo de investigación
El presente estudio se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, de naturaleza dogmático-jurídica,
orientado al análisis sistemático del régimen de la prisión preventiva oficiosa en el sistema penal
mexicano y su vinculación con las condiciones estructurales de la defensa técnica. Este enfoque resulta
idóneo para el examen de fenómenos jurídicos complejos, en tanto permite la interpretación de normas,
principios y criterios jurisprudenciales a partir de su contenido, alcance y coherencia dentro del
ordenamiento jurídico.
En cuanto a su alcance, la investigación se inscribe en un nivel descriptivo y explicativo. Es descriptiva
en la medida en que identifica y caracteriza los elementos normativos y estructurales que configuran el
El contexto en el que se desarrolla esta investigación es el del sistema penal acusatorio mexicano, el
cual, si bien ha sido diseñado para fortalecer las garantías procesales y promover un modelo más
transparente y equitativo, enfrenta importantes desafíos en su implementación. Entre estos desafíos se
encuentran las disparidades institucionales entre los órganos de acusación y defensa, así como las
inercias prácticas que persisten en la cultura jurídica, las cuales tienden a favorecer soluciones
restrictivas de la libertad como mecanismo de control procesal.
En este sentido, el problema de investigación que guía este estudio consiste en determinar de qué manera
las condiciones estructurales de la defensa técnica influyen en la imposición de la prisión preventiva
oficiosa, particularmente en la valoración judicial del riesgo de sustracción del imputado. La relevancia
de este problema radica en que su análisis permite evidenciar cómo factores institucionales,
aparentemente ajenos al caso concreto, pueden incidir en decisiones que afectan directamente los
derechos fundamentales de las personas sometidas a proceso penal.
Finalmente, el presente artículo tiene como objetivo analizar la incidencia de la actuación estructural
de la defensa técnica en la imposición de la prisión preventiva oficiosa, con especial énfasis en la
valoración del riesgo de sustracción del imputado. Como hipótesis de trabajo, se sostiene que la
deficiencia estructural de la defensa técnica constituye un factor determinante en la imposición de dicha
medida cautelar, generando efectos negativos en la protección de los derechos fundamentales del
imputado y en la legitimidad del proceso penal en su conjunto.
METODOLOGIA
Enfoque y tipo de investigación
El presente estudio se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, de naturaleza dogmático-jurídica,
orientado al análisis sistemático del régimen de la prisión preventiva oficiosa en el sistema penal
mexicano y su vinculación con las condiciones estructurales de la defensa técnica. Este enfoque resulta
idóneo para el examen de fenómenos jurídicos complejos, en tanto permite la interpretación de normas,
principios y criterios jurisprudenciales a partir de su contenido, alcance y coherencia dentro del
ordenamiento jurídico.
En cuanto a su alcance, la investigación se inscribe en un nivel descriptivo y explicativo. Es descriptiva
en la medida en que identifica y caracteriza los elementos normativos y estructurales que configuran el
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objeto de estudio; y explicativa en tanto pretende establecer relaciones de incidencia entre dichas
condiciones y la configuración de decisiones judiciales en materia de medidas cautelares.
Diseño de investigación
El diseño adoptado es o experimental, de tipo documental y de corte transversal. Se trata de un estudio
no experimental en la medida en que no existe manipulación de variables ni intervención directa sobre
el objeto de análisis, sino que éste se aborda a partir de su manifestación normativa y jurisprudencial.
El carácter documental del estudio implica que la información es obtenida a partir de fuentes escritas,
tales como disposiciones legales, criterios jurisdiccionales y desarrollos doctrinales. A su vez, el corte
transversal responde a que el análisis se realiza respecto del estado actual del sistema jurídico, sin
pretender una reconstrucción longitudinal de su evolución histórica.
Población de estudio y fuentes de información
La población de estudio está constituida por el conjunto de fuentes jurídicas relevantes para el análisis
del objeto de investigación. En este sentido, se consideran como fuentes primarias la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la
jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los criterios
desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de derechos fundamentales.
Por su parte, las fuentes secundarias comprenden la doctrina especializada en derecho penal y procesal
penal, particularmente aquella vinculada con el garantismo penal, la teoría de los derechos
fundamentales y la teoría de la prueba. La selección de dichas fuentes responde a criterios de pertinencia
temática, actualidad y relevancia en el debate jurídico contemporáneo.
Técnicas e instrumentos de recolección de datos
La técnica principal de recolección de datos es la revisión documental, entendida como el análisis
sistemático y crítico de textos normativos, resoluciones judiciales y obras doctrinales. Esta técnica
permite identificar los elementos conceptuales y normativos que estructuran el fenómeno jurídico objeto
de estudio.
Como instrumento de sistematización se emplea una matriz de análisis documental, mediante la cual se
organiza la información conforme a categorías analíticas previamente definidas, tales como el derecho
a la defensa adecuada, el principio de contradicción, la presunción de inocencia y el riesgo de
objeto de estudio; y explicativa en tanto pretende establecer relaciones de incidencia entre dichas
condiciones y la configuración de decisiones judiciales en materia de medidas cautelares.
Diseño de investigación
El diseño adoptado es o experimental, de tipo documental y de corte transversal. Se trata de un estudio
no experimental en la medida en que no existe manipulación de variables ni intervención directa sobre
el objeto de análisis, sino que éste se aborda a partir de su manifestación normativa y jurisprudencial.
El carácter documental del estudio implica que la información es obtenida a partir de fuentes escritas,
tales como disposiciones legales, criterios jurisdiccionales y desarrollos doctrinales. A su vez, el corte
transversal responde a que el análisis se realiza respecto del estado actual del sistema jurídico, sin
pretender una reconstrucción longitudinal de su evolución histórica.
Población de estudio y fuentes de información
La población de estudio está constituida por el conjunto de fuentes jurídicas relevantes para el análisis
del objeto de investigación. En este sentido, se consideran como fuentes primarias la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la
jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los criterios
desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de derechos fundamentales.
Por su parte, las fuentes secundarias comprenden la doctrina especializada en derecho penal y procesal
penal, particularmente aquella vinculada con el garantismo penal, la teoría de los derechos
fundamentales y la teoría de la prueba. La selección de dichas fuentes responde a criterios de pertinencia
temática, actualidad y relevancia en el debate jurídico contemporáneo.
Técnicas e instrumentos de recolección de datos
La técnica principal de recolección de datos es la revisión documental, entendida como el análisis
sistemático y crítico de textos normativos, resoluciones judiciales y obras doctrinales. Esta técnica
permite identificar los elementos conceptuales y normativos que estructuran el fenómeno jurídico objeto
de estudio.
Como instrumento de sistematización se emplea una matriz de análisis documental, mediante la cual se
organiza la información conforme a categorías analíticas previamente definidas, tales como el derecho
a la defensa adecuada, el principio de contradicción, la presunción de inocencia y el riesgo de
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sustracción del imputado. Este instrumento facilita la estructuración lógica de la información y su
posterior análisis comparativo.
Métodos de análisis
El análisis de la información se realiza mediante la aplicación de métodos propios de la dogmática
jurídica. En primer lugar, el método analítico permite la descomposición del objeto de estudio en sus
elementos constitutivos, posibilitando un examen detallado de cada uno de ellos. En segundo lugar, el
método deductivo se emplea para la aplicación de principios generales del derecho, particularmente del
garantismo penal y del modelo acusatorio, a supuestos específicos.
Asimismo, se recurre al método sistemático, a través del cual las disposiciones normativas son
interpretadas en su conjunto, atendiendo a su coherencia interna y a su compatibilidad con el bloque de
constitucionalidad y los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Este enfoque
permite una comprensión integral del fenómeno jurídico analizado.
Criterios de inclusión y exclusión
Se establecen como criterios de inclusión aquellas fuentes normativas, jurisprudenciales y doctrinales
que abordan de manera directa la prisión preventiva, el derecho a la defensa y los estándares
internacionales de protección de derechos fundamentales. Se privilegian aquellas fuentes con
reconocimiento académico o institucional y que reflejan el estado actual del debate jurídico.
Por el contrario, se excluyen aquellas fuentes que no guardan relación directa con el objeto de estudio,
que presentan información desactualizada o que carecen de rigor jurídico suficiente, a fin de garantizar
la calidad y pertinencia del análisis.
Consideraciones éticas
La investigación se rige por los principios de integridad académica, honestidad intelectual y respeto a
los derechos de autor. En este sentido, se emplea un sistema riguroso de citación conforme a las normas
APA (séptima edición), asegurando la adecuada atribución de las ideas y evitando cualquier forma de
plagio.
Dado que el estudio es de carácter documental, no involucra la participación de sujetos humanos, por
lo que no se presentan implicaciones éticas relacionadas con la confidencialidad o el consentimiento
informado.
sustracción del imputado. Este instrumento facilita la estructuración lógica de la información y su
posterior análisis comparativo.
Métodos de análisis
El análisis de la información se realiza mediante la aplicación de métodos propios de la dogmática
jurídica. En primer lugar, el método analítico permite la descomposición del objeto de estudio en sus
elementos constitutivos, posibilitando un examen detallado de cada uno de ellos. En segundo lugar, el
método deductivo se emplea para la aplicación de principios generales del derecho, particularmente del
garantismo penal y del modelo acusatorio, a supuestos específicos.
Asimismo, se recurre al método sistemático, a través del cual las disposiciones normativas son
interpretadas en su conjunto, atendiendo a su coherencia interna y a su compatibilidad con el bloque de
constitucionalidad y los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Este enfoque
permite una comprensión integral del fenómeno jurídico analizado.
Criterios de inclusión y exclusión
Se establecen como criterios de inclusión aquellas fuentes normativas, jurisprudenciales y doctrinales
que abordan de manera directa la prisión preventiva, el derecho a la defensa y los estándares
internacionales de protección de derechos fundamentales. Se privilegian aquellas fuentes con
reconocimiento académico o institucional y que reflejan el estado actual del debate jurídico.
Por el contrario, se excluyen aquellas fuentes que no guardan relación directa con el objeto de estudio,
que presentan información desactualizada o que carecen de rigor jurídico suficiente, a fin de garantizar
la calidad y pertinencia del análisis.
Consideraciones éticas
La investigación se rige por los principios de integridad académica, honestidad intelectual y respeto a
los derechos de autor. En este sentido, se emplea un sistema riguroso de citación conforme a las normas
APA (séptima edición), asegurando la adecuada atribución de las ideas y evitando cualquier forma de
plagio.
Dado que el estudio es de carácter documental, no involucra la participación de sujetos humanos, por
lo que no se presentan implicaciones éticas relacionadas con la confidencialidad o el consentimiento
informado.
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Limitaciones del estudio
Como principal limitación, se reconoce el carácter estrictamente documental de la investigación, lo que
implica la ausencia de contrastación empírica de los hallazgos. Si bien el análisis normativo y doctrinal
permite una aproximación rigurosa al fenómeno, la incorporación de técnicas empíricas podría
enriquecer la comprensión de su manifestación en la práctica judicial.
Asimismo, se advierte que la interpretación jurídica conlleva un margen de subjetividad inherente al
análisis dogmático, el cual se busca mitigar mediante el uso sistemático de fuentes y métodos
reconocidos en la investigación jurídica.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis desarrollado a partir de la revisión normativa, jurisprudencial y doctrinal permite identificar
que la imposición de la prisión preventiva oficiosa en el sistema penal mexicano no responde
exclusivamente a los supuestos establecidos en el marco constitucional, sino que se encuentra influida
por factores estructurales que inciden en la dinámica del proceso penal, particularmente en el
desempeño de la defensa técnica.
En primer término, se observa que, si bien el artículo 19 constitucional establece un catálogo de delitos
para los cuales procede la prisión preventiva oficiosa, la práctica judicial evidencia una tendencia a la
aplicación extensiva de esta medida cautelar, lo cual se traduce en una flexibilización del principio de
excepcionalidad que debería regir toda restricción anticipada de la libertad personal. Este hallazgo es
consistente con los estándares desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los
cuales exigen que toda medida privativa de libertad previa a la sentencia esté sujeta a criterios estrictos
de necesidad y proporcionalidad.
Desde esta perspectiva, uno de los elementos centrales identificados en el estudio es la forma en que se
construye y valora el denominado riesgo de sustracción del imputado. A partir del análisis de la teoría
de la prueba y de los criterios jurisprudenciales, se advierte que, en múltiples casos, dicha valoración
no se sustenta en elementos objetivos verificables, sino en inferencias débiles o presunciones generales,
lo que debilita la racionalidad de la decisión judicial. Esta situación resulta particularmente
problemática en la medida en que el riesgo de sustracción constituye uno de los principales fundamentos
para la imposición de medidas cautelares restrictivas de la libertad.
Limitaciones del estudio
Como principal limitación, se reconoce el carácter estrictamente documental de la investigación, lo que
implica la ausencia de contrastación empírica de los hallazgos. Si bien el análisis normativo y doctrinal
permite una aproximación rigurosa al fenómeno, la incorporación de técnicas empíricas podría
enriquecer la comprensión de su manifestación en la práctica judicial.
Asimismo, se advierte que la interpretación jurídica conlleva un margen de subjetividad inherente al
análisis dogmático, el cual se busca mitigar mediante el uso sistemático de fuentes y métodos
reconocidos en la investigación jurídica.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis desarrollado a partir de la revisión normativa, jurisprudencial y doctrinal permite identificar
que la imposición de la prisión preventiva oficiosa en el sistema penal mexicano no responde
exclusivamente a los supuestos establecidos en el marco constitucional, sino que se encuentra influida
por factores estructurales que inciden en la dinámica del proceso penal, particularmente en el
desempeño de la defensa técnica.
En primer término, se observa que, si bien el artículo 19 constitucional establece un catálogo de delitos
para los cuales procede la prisión preventiva oficiosa, la práctica judicial evidencia una tendencia a la
aplicación extensiva de esta medida cautelar, lo cual se traduce en una flexibilización del principio de
excepcionalidad que debería regir toda restricción anticipada de la libertad personal. Este hallazgo es
consistente con los estándares desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los
cuales exigen que toda medida privativa de libertad previa a la sentencia esté sujeta a criterios estrictos
de necesidad y proporcionalidad.
Desde esta perspectiva, uno de los elementos centrales identificados en el estudio es la forma en que se
construye y valora el denominado riesgo de sustracción del imputado. A partir del análisis de la teoría
de la prueba y de los criterios jurisprudenciales, se advierte que, en múltiples casos, dicha valoración
no se sustenta en elementos objetivos verificables, sino en inferencias débiles o presunciones generales,
lo que debilita la racionalidad de la decisión judicial. Esta situación resulta particularmente
problemática en la medida en que el riesgo de sustracción constituye uno de los principales fundamentos
para la imposición de medidas cautelares restrictivas de la libertad.
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En este contexto, el estudio permite establecer una relación relevante entre la calidad del contradictorio
y la solidez de la decisión judicial. En efecto, los resultados evidencian que cuando la defensa técnica
opera bajo condiciones estructurales deficientes —como la sobrecarga de trabajo, la falta de
especialización o la limitada disponibilidad de recursos—, su capacidad para controvertir eficazmente
los argumentos de la acusación se ve significativamente reducida. Esta circunstancia genera un
desequilibrio procesal que afecta la igualdad de armas y repercute directamente en la calidad del debate
probatorio.
La doctrina procesal penal ha sostenido que el sistema acusatorio se estructura sobre la base de un
contradictorio robusto, en el cual las partes se encuentran en condiciones reales de igualdad para
sostener sus pretensiones. Sin embargo, los hallazgos de la investigación muestran que, en la práctica,
dicha igualdad se ve comprometida cuando la defensa no cuenta con las condiciones materiales y
técnicas necesarias para desarrollar una estrategia argumentativa eficaz. En consecuencia, la decisión
judicial tiende a construirse sobre un debate incompleto, lo que favorece la adopción de medidas
cautelares más restrictivas.
En términos de derechos fundamentales, los resultados permiten advertir que esta dinámica tiene un
impacto directo en la presunción de inocencia y en el derecho a una defensa adecuada. La imposición
de la prisión preventiva oficiosa en un contexto de debilidad estructural de la defensa no sólo limita la
libertad personal del imputado, sino que también compromete la legitimidad del proceso penal, al
erosionar las garantías que lo sustentan. Este aspecto resulta consistente con la jurisprudencia
interamericana, que ha enfatizado la necesidad de que las decisiones que restringen derechos
fundamentales estén debidamente motivadas y sustentadas en un debate contradictorio efectivo.
Por otro lado, al contrastar estos resultados con los antecedentes doctrinales, se observa una
coincidencia con las tesis desarrolladas por el garantismo penal, particularmente en lo relativo a la
necesidad de someter el poder punitivo a límites estrictos y a la exigencia de que toda restricción de
derechos esté justificada racionalmente. No obstante, el presente estudio aporta un elemento adicional
al debate, al evidenciar que la eficacia de estos límites no depende únicamente de su reconocimiento
normativo, sino también de las condiciones estructurales en las que operan los actores del proceso penal.
En este contexto, el estudio permite establecer una relación relevante entre la calidad del contradictorio
y la solidez de la decisión judicial. En efecto, los resultados evidencian que cuando la defensa técnica
opera bajo condiciones estructurales deficientes —como la sobrecarga de trabajo, la falta de
especialización o la limitada disponibilidad de recursos—, su capacidad para controvertir eficazmente
los argumentos de la acusación se ve significativamente reducida. Esta circunstancia genera un
desequilibrio procesal que afecta la igualdad de armas y repercute directamente en la calidad del debate
probatorio.
La doctrina procesal penal ha sostenido que el sistema acusatorio se estructura sobre la base de un
contradictorio robusto, en el cual las partes se encuentran en condiciones reales de igualdad para
sostener sus pretensiones. Sin embargo, los hallazgos de la investigación muestran que, en la práctica,
dicha igualdad se ve comprometida cuando la defensa no cuenta con las condiciones materiales y
técnicas necesarias para desarrollar una estrategia argumentativa eficaz. En consecuencia, la decisión
judicial tiende a construirse sobre un debate incompleto, lo que favorece la adopción de medidas
cautelares más restrictivas.
En términos de derechos fundamentales, los resultados permiten advertir que esta dinámica tiene un
impacto directo en la presunción de inocencia y en el derecho a una defensa adecuada. La imposición
de la prisión preventiva oficiosa en un contexto de debilidad estructural de la defensa no sólo limita la
libertad personal del imputado, sino que también compromete la legitimidad del proceso penal, al
erosionar las garantías que lo sustentan. Este aspecto resulta consistente con la jurisprudencia
interamericana, que ha enfatizado la necesidad de que las decisiones que restringen derechos
fundamentales estén debidamente motivadas y sustentadas en un debate contradictorio efectivo.
Por otro lado, al contrastar estos resultados con los antecedentes doctrinales, se observa una
coincidencia con las tesis desarrolladas por el garantismo penal, particularmente en lo relativo a la
necesidad de someter el poder punitivo a límites estrictos y a la exigencia de que toda restricción de
derechos esté justificada racionalmente. No obstante, el presente estudio aporta un elemento adicional
al debate, al evidenciar que la eficacia de estos límites no depende únicamente de su reconocimiento
normativo, sino también de las condiciones estructurales en las que operan los actores del proceso penal.
pág. 6716
En este sentido, la principal contribución del trabajo radica en visibilizar la incidencia de la dimensión
institucional de la defensa técnica como un factor determinante en la configuración de las decisiones
judiciales en materia de medidas cautelares. A diferencia de otros enfoques que se centran
exclusivamente en el análisis normativo de la prisión preventiva, esta investigación pone de relieve la
importancia de considerar las condiciones reales de funcionamiento del sistema de justicia penal, lo que
permite una comprensión más integral del fenómeno.
Asimismo, la discusión permite identificar que la persistencia de la prisión preventiva oficiosa no sólo
responde a su configuración constitucional, sino también a una cultura jurídica que privilegia la
privación de la libertad como mecanismo de control procesal. Esta tendencia se ve reforzada en
contextos donde la defensa no logra articular una oposición eficaz, lo que contribuye a normalizar la
utilización de esta medida cautelar.
Desde una perspectiva prospectiva, los resultados del estudio sugieren la necesidad de replantear el
enfoque tradicional con el que se ha abordado la prisión preventiva oficiosa, incorporando de manera
más decidida el análisis de los factores estructurales que inciden en su aplicación. En particular, se
destaca la importancia de fortalecer institucionalmente la defensa técnica como condición indispensable
para garantizar un proceso penal equilibrado y respetuoso de los derechos fundamentales.
En términos de aplicación práctica, los hallazgos permiten sustentar la pertinencia de reformas
orientadas tanto a la revisión del régimen normativo de la prisión preventiva como al fortalecimiento
de las capacidades institucionales de la defensa pública. En este sentido, la investigación no sólo
contribuye al debate teórico, sino que también ofrece elementos para el diseño de políticas públicas en
materia de justicia penal.
En suma, los resultados y su discusión permiten concluir que la prisión preventiva oficiosa, lejos de ser
una medida que opera de manera aislada en el plano normativo, se encuentra profundamente
condicionada por las dinámicas estructurales del sistema penal. La debilidad de la defensa técnica
emerge, así como un factor clave que incide en la imposición de esta medida, lo que plantea la necesidad
de abordar el problema desde una perspectiva integral que articule el análisis jurídico con la realidad
institucional.
En este sentido, la principal contribución del trabajo radica en visibilizar la incidencia de la dimensión
institucional de la defensa técnica como un factor determinante en la configuración de las decisiones
judiciales en materia de medidas cautelares. A diferencia de otros enfoques que se centran
exclusivamente en el análisis normativo de la prisión preventiva, esta investigación pone de relieve la
importancia de considerar las condiciones reales de funcionamiento del sistema de justicia penal, lo que
permite una comprensión más integral del fenómeno.
Asimismo, la discusión permite identificar que la persistencia de la prisión preventiva oficiosa no sólo
responde a su configuración constitucional, sino también a una cultura jurídica que privilegia la
privación de la libertad como mecanismo de control procesal. Esta tendencia se ve reforzada en
contextos donde la defensa no logra articular una oposición eficaz, lo que contribuye a normalizar la
utilización de esta medida cautelar.
Desde una perspectiva prospectiva, los resultados del estudio sugieren la necesidad de replantear el
enfoque tradicional con el que se ha abordado la prisión preventiva oficiosa, incorporando de manera
más decidida el análisis de los factores estructurales que inciden en su aplicación. En particular, se
destaca la importancia de fortalecer institucionalmente la defensa técnica como condición indispensable
para garantizar un proceso penal equilibrado y respetuoso de los derechos fundamentales.
En términos de aplicación práctica, los hallazgos permiten sustentar la pertinencia de reformas
orientadas tanto a la revisión del régimen normativo de la prisión preventiva como al fortalecimiento
de las capacidades institucionales de la defensa pública. En este sentido, la investigación no sólo
contribuye al debate teórico, sino que también ofrece elementos para el diseño de políticas públicas en
materia de justicia penal.
En suma, los resultados y su discusión permiten concluir que la prisión preventiva oficiosa, lejos de ser
una medida que opera de manera aislada en el plano normativo, se encuentra profundamente
condicionada por las dinámicas estructurales del sistema penal. La debilidad de la defensa técnica
emerge, así como un factor clave que incide en la imposición de esta medida, lo que plantea la necesidad
de abordar el problema desde una perspectiva integral que articule el análisis jurídico con la realidad
institucional.
pág. 6717
CONCLUSIONES
El análisis desarrollado a lo largo del presente estudio permite afirmar que la prisión preventiva oficiosa,
en el contexto del sistema penal mexicano, constituye una figura que trasciende su configuración
normativa para insertarse en una dinámica estructural más compleja, en la que intervienen factores
institucionales que inciden directamente en su aplicación. En particular, se ha evidenciado que la
actuación de la defensa técnica no puede comprenderse únicamente desde una perspectiva formal, sino
que debe analizarse a partir de las condiciones materiales y estructurales en las que se desarrolla.
En este sentido, uno de los principales hallazgos de la investigación radica en identificar que la debilidad
estructural de la defensa técnica —manifestada en aspectos como la sobrecarga de trabajo, la
insuficiente capacitación especializada y la limitada disponibilidad de recursos— genera un impacto
significativo en la calidad del contradictorio dentro del proceso penal. Esta situación produce un
desequilibrio entre las partes que compromete la igualdad de armas y, en consecuencia, incide en la
forma en que se adoptan las decisiones judiciales en materia de medidas cautelares.
Asimismo, se concluye que la valoración del riesgo de sustracción del imputado, elemento central para
la imposición de la prisión preventiva, tiende a construirse, en diversos casos, a partir de criterios que
no siempre responden a un estándar probatorio riguroso. La ausencia de una contradicción efectiva
limita la posibilidad de someter dichas valoraciones a un control racional, lo que favorece la adopción
de decisiones restrictivas de la libertad personal sin una justificación suficientemente sólida.
Desde la perspectiva de los derechos fundamentales, esta dinámica tiene implicaciones relevantes, en
tanto debilita la presunción de inocencia y el derecho a una defensa adecuada, pilares esenciales del
debido proceso en un Estado constitucional de derecho. En consecuencia, la prisión preventiva oficiosa,
lejos de operar como una medida excepcional, tiende a consolidarse como un mecanismo de aplicación
frecuente, lo cual resulta problemático a la luz de los estándares nacionales e internacionales en materia
de derechos humanos.
En términos teóricos, el estudio reafirma la vigencia de los postulados del garantismo penal,
particularmente en lo relativo a la necesidad de someter el ejercicio del poder punitivo a límites estrictos
y a la exigencia de que toda restricción de derechos fundamentales esté debidamente justificada.
CONCLUSIONES
El análisis desarrollado a lo largo del presente estudio permite afirmar que la prisión preventiva oficiosa,
en el contexto del sistema penal mexicano, constituye una figura que trasciende su configuración
normativa para insertarse en una dinámica estructural más compleja, en la que intervienen factores
institucionales que inciden directamente en su aplicación. En particular, se ha evidenciado que la
actuación de la defensa técnica no puede comprenderse únicamente desde una perspectiva formal, sino
que debe analizarse a partir de las condiciones materiales y estructurales en las que se desarrolla.
En este sentido, uno de los principales hallazgos de la investigación radica en identificar que la debilidad
estructural de la defensa técnica —manifestada en aspectos como la sobrecarga de trabajo, la
insuficiente capacitación especializada y la limitada disponibilidad de recursos— genera un impacto
significativo en la calidad del contradictorio dentro del proceso penal. Esta situación produce un
desequilibrio entre las partes que compromete la igualdad de armas y, en consecuencia, incide en la
forma en que se adoptan las decisiones judiciales en materia de medidas cautelares.
Asimismo, se concluye que la valoración del riesgo de sustracción del imputado, elemento central para
la imposición de la prisión preventiva, tiende a construirse, en diversos casos, a partir de criterios que
no siempre responden a un estándar probatorio riguroso. La ausencia de una contradicción efectiva
limita la posibilidad de someter dichas valoraciones a un control racional, lo que favorece la adopción
de decisiones restrictivas de la libertad personal sin una justificación suficientemente sólida.
Desde la perspectiva de los derechos fundamentales, esta dinámica tiene implicaciones relevantes, en
tanto debilita la presunción de inocencia y el derecho a una defensa adecuada, pilares esenciales del
debido proceso en un Estado constitucional de derecho. En consecuencia, la prisión preventiva oficiosa,
lejos de operar como una medida excepcional, tiende a consolidarse como un mecanismo de aplicación
frecuente, lo cual resulta problemático a la luz de los estándares nacionales e internacionales en materia
de derechos humanos.
En términos teóricos, el estudio reafirma la vigencia de los postulados del garantismo penal,
particularmente en lo relativo a la necesidad de someter el ejercicio del poder punitivo a límites estrictos
y a la exigencia de que toda restricción de derechos fundamentales esté debidamente justificada.
pág. 6718
No obstante, también pone de manifiesto que la eficacia de dichos límites depende, en gran medida, de
las condiciones estructurales en las que operan los actores del sistema penal, lo que obliga a ampliar el
análisis más allá del plano estrictamente normativo.
En este contexto, se concluye que cualquier intento por reformar el régimen de la prisión preventiva
oficiosa debe necesariamente incorporar una dimensión institucional que atienda el fortalecimiento de
la defensa técnica. La mejora de sus condiciones de operación, la profesionalización de sus integrantes
y la dotación de recursos adecuados constituyen elementos indispensables para garantizar un proceso
penal equilibrado y respetuoso de los derechos fundamentales.
Finalmente, el presente trabajo aporta al debate jurídico la necesidad de replantear la comprensión de
la prisión preventiva oficiosa desde una perspectiva integral, que articule el análisis normativo con la
realidad operativa del sistema de justicia penal. Sólo a través de este enfoque será posible avanzar hacia
un modelo que garantice, de manera efectiva, la protección de la libertad personal y la legitimidad de
las decisiones judiciales.
No obstante, el presente estudio abre nuevas líneas de investigación que resultan relevantes para
profundizar en la comprensión del fenómeno analizado. En particular, queda pendiente explorar
empíricamente la forma en que las condiciones estructurales de la defensa inciden en decisiones
judiciales concretas, así como analizar comparativamente otros sistemas jurídicos que han transitado
hacia modelos más restrictivos en el uso de la prisión preventiva. Estas líneas constituyen un campo
fértil para futuras investigaciones que permitan complementar el enfoque dogmático desarrollado en
este trabajo.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Alexy, R. (2007). Teoría de los derechos fundamentales. Centro de Estudios Constitucionales.
Binder, A. M. (2014). Introducción al derecho procesal penal. Ad-Hoc.
Carbonell, M. (2014). Los derechos fundamentales en México. UNAM.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2018). Caso Norín Catrimán y otros vs. Chile.
https://www.corteidh.or.cr
Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2021). Cuadernillo de jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos No. 8: Libertad personal. https://www.corteidh.or.cr
No obstante, también pone de manifiesto que la eficacia de dichos límites depende, en gran medida, de
las condiciones estructurales en las que operan los actores del sistema penal, lo que obliga a ampliar el
análisis más allá del plano estrictamente normativo.
En este contexto, se concluye que cualquier intento por reformar el régimen de la prisión preventiva
oficiosa debe necesariamente incorporar una dimensión institucional que atienda el fortalecimiento de
la defensa técnica. La mejora de sus condiciones de operación, la profesionalización de sus integrantes
y la dotación de recursos adecuados constituyen elementos indispensables para garantizar un proceso
penal equilibrado y respetuoso de los derechos fundamentales.
Finalmente, el presente trabajo aporta al debate jurídico la necesidad de replantear la comprensión de
la prisión preventiva oficiosa desde una perspectiva integral, que articule el análisis normativo con la
realidad operativa del sistema de justicia penal. Sólo a través de este enfoque será posible avanzar hacia
un modelo que garantice, de manera efectiva, la protección de la libertad personal y la legitimidad de
las decisiones judiciales.
No obstante, el presente estudio abre nuevas líneas de investigación que resultan relevantes para
profundizar en la comprensión del fenómeno analizado. En particular, queda pendiente explorar
empíricamente la forma en que las condiciones estructurales de la defensa inciden en decisiones
judiciales concretas, así como analizar comparativamente otros sistemas jurídicos que han transitado
hacia modelos más restrictivos en el uso de la prisión preventiva. Estas líneas constituyen un campo
fértil para futuras investigaciones que permitan complementar el enfoque dogmático desarrollado en
este trabajo.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
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pág. 6719
Ferrajoli, L. (2011). Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Trotta.
García Ramírez, S. (2015). El debido proceso. Porrúa.
Ibáñez, P. A. (2013). Sobre la calidad de la justicia. Trotta.
Maier, J. B. J. (2016). Derecho procesal penal. Tomo I: Fundamentos. Ad-Hoc.
Taruffo, M. (2012). La prueba de los hechos. Trotta.
Zaffaroni, E. R. (2012). La cuestión criminal. Planeta.
Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2019). Prisión preventiva oficiosa. Análisis constitucional.
SCJN.
Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2022). Acción de inconstitucionalidad 130/2019 y
acumuladas. SCJN.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (2024). Diario Oficial de la Federación.
Código Nacional de Procedimientos Penales. (2024). Diario Oficial de la Federación.
Fix-Zamudio, H., & Valencia Carmona, S. (2017). Derecho constitucional mexicano y comparado.
Porrúa.
González Oropeza, M. (2018). Derechos humanos y control de convencionalidad. UNAM.
Aguilar López, M. A. (2019). Medidas cautelares en el proceso penal acusatorio. Tirant lo Blanch.
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acumuladas. SCJN.
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