La dispersión de la COVID-19 en Latinoamérica, reactivó la necesidad de investigar la implementación de la política pública en Salud Mental y que desde la gobernanza vislumbrar las limitaciones y alcances respecto a su validez en contextos como la pandemia. De la revisión realizada se destaca el desinterés y postergación que padece la salud mental en Latinoamérica, la cual se vio agravada y dimensionada con la propagación del virus, valorando la importancia que tiene la vida de las personas y que la salud es un derecho que está siendo postergado. A pesar del tiempo transcurrido, los gobiernos no han asumido la salud mental del ciudadano como prioridad tomando en cuenta sus realidades, lo cual representa un reto muy importante para los estados latinoamericanos, que buscan brindar y cimentar las bases que permitan la homogeneidad con otras políticas, que sí forman parte prioritaria de la agenda pública, a fin de tomar acciones sostenibles y sustentables que perduren a lo largo del tiempo para disminuir la brecha en el abordaje en la salud mental, desterrando el abandono del estado de quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad, demandando una atención digna y decente en condiciones apropiados para una oportuna y debida atención.

Palabras clave: agenda pública; gobernanza; implementación; gestión; población.

Correspondencia: bcarrascoj@ucvvirtual.edu.pe

Artículo recibido: 02 mayo 2022. Aceptado para publicación: 25 mayo 2022.

Conflictos de Interés: Ninguna que declarar

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Como citar: Barrantes Carrasco, J. C., Adrianzén Guerrero, R. E., Carranza Guerrero, B. E., & Bravo Gonzáles, K. E. (2022). El desafío de la política de salud mental en Latinoamérica. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 6(3), 2613-2634. DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i3.2406

The challenge of mental health policy in Latin America

ABSTRACT

The dispersion of COVID-19 in Latin America reactivated the need to investigate the implementation of public policy in Mental Health and that from governance glimpse the limitations and scope regarding its validity in contexts such as the pandemic. From the review carried out, the lack of interest and postponement that mental health suffers in Latin America stands out, which was aggravated and dimensioned with the spread of the virus, valuing the importance of people's lives and that health is a right that is being postponed. Despite the time that has elapsed, the governments have not assumed the mental health of the citizen as a priority, taking into account their realities, which represents a very important challenge for the Latin American states, which seek to provide and lay the foundations that allow homogeneity with other policies. , which do form a priority part of the public agenda, in order to take sustainable and sustainable actions that last over time to reduce the gap in the approach to mental health, banishing the abandonment of the state of those who are in a condition of vulnerability, demanding dignified and decent care in appropriate conditions for timely and due care.

Keywords: public agenda; governance; implementation; management; population

INTRODUCCIÓN

Con la propagación del COVID-19 surge un enemigo silencioso que traspasó las fronteras, llegando así a todo el mundo, dejando a todos los habitantes en condiciones vulnerables, declarándose una emergencia de salud pública de preocupación internacional, por la Organización Mundial de la Salud (Ferreira Gould et al, 2021, p. 62; Huarcaya-Victoria, 2020, p. 327)). Sin lugar a dudas, la crisis sanitaria en Latinoamérica se hizo evidente denotando la frágil gobernanza y deficiente abordaje de la salud mental en la pandemia; Así mismo, la debilidad en el liderazgo de los estados, dejando millones de muertos en respuesta al enfrentamiento del virus que colocó entre la espada y la pared a la población y se evidenció la falta de estrategias que permitieron luchar contra este mal que se apoderó del mundo, sacando en algunos casos políticas mezquinas en lugar de ser líderes capaces de involucrar y articular con todos los actores que involucran una toma de decisiones importante para trabajar en la lucha contra el virus y encontrar las estrategias de afronte (Legler, 2021, p. 337 ; Marquina y Jaramillo, 2020, p. 3).

El sector salud estuvo aún más fuertemente vulnerable frente a este gran problema por la falta de infraestructura, equipos, personal de atención en los servicios de soporte socioemocional, donde poco o nada se ha venido haciendo por mejorar la atención en salud mental, sobre todo la forma en que el gobierno interviene en los procesos de salud frente al coronavirus. Factores determinantes como la intervención de las políticas de los estados nacionales, pueden verse beneficiados por los aportes de los profesionales médico psiquiatras, psicólogos, quienes se desempeñan en los sectores grandemente afectados por la situación de crisis actual (Scholten et al., 2020,p. 32). esto podría resultar una alternativa de respuesta a la gobernanza y la manera de tratar el problema de salud mental con propuestas en Latinoamérica, implementando acciones, con planteamientos efectivos y no detenerse en el modelo dominante y volver al “más estado y menos mercado”, teniendo que situar la salud pública individual y colectiva de la ciudadanía como una prioridad en la agenda pública. Existen varios detalles sobre las tareas y las condiciones en las que se realizan las mismas en esta situación compleja, sin embargo, es posible por el desinterés político que se refleja en la desatención observadas en las dificultades actualmente existentes, el hecho de estigmatizar la salud mental dentro del contexto social, como en el caso de las personas que sufren de algún trastorno, y que no queda ahí, también, el profesional de salud mental recibe la misma mirada estigmatizadora que genera el decreciente interés de atención por parte de la población que requiere de este servicio, pero que prefiere no hacer uso (Ramírez, 2020, p. 2).

Sin embargo ante la problemática descrita frente al manejo de la salud mental, América Latina, se ha sometido a múltiples inconvenientes para lograr investigaciones acerca de la salud pública, siendo un reto durante años por carecer de los recursos necesarios para lograr las investigaciones esperadas, por tal razón, la Organización Mundial de Salud (OMS), tiene interés en sacar a flote investigaciones en relación a esta problemática, brindado mayor respaldo con apoyo de los niveles de gobiernos. Esto fortalece el interés por la investigación en salud mental brindándonos la oportunidad de nuevas miradas desde las diferentes realidades de los investigadores; sin embargo, es evidente y lamentable que en algunas naciones el respaldo es mínimo para incrementar investigaciones en salud dejando en desfase el fortalecimiento y promoción de la ciencia, tecnología e innovación.

Partiendo de la premisa, que la salud mental tiene una mirada desde diferentes fronteras que se interrelacionan como en el caso de la salud mental comunitaria y la salud mental psiquiátrica, ambas muy relevantes para mantener un desarrollo de salud equilibrado de la población y por ende de la sociedad, sobre todo que se han visto altamente golpeados por la pandemia, despertando trastornos mentales, emocionales y en otros casos falta de atención a las personas que ya los padecían y siguieron su tratamiento por la emergencia sanitaria vivida , sumado a ello la escasez del personal de salud, cabe resaltar que los derechos humanos es la línea que da soporte a la salud mental que relaciona a las políticas públicas, evidenciándose claramente en el profesionalismo para abordar las diversas situaciones en la atención de la salud mental (Campodónico, 2020, p. 42).

Los expertos investigadores en temas que conciernen a la salud pública resaltan esa conexión que existe entre el gestionar políticas públicas, planificar y, además, el valioso aporte desde la psicología puede dar una réplica a los obstáculos que pueden surgir en materia de la salud pública, demostrando cómo impacta en nuestra sociedad, en el crecimiento económico y cultural, la movilización de los diferentes actores comprometidos a llevar adelante esta importante labor (Santos, 2020, p. 910).

La desidia e inacción para enfrentar la problemática de la política pública de salud mental que enfrentan muchos de los países de América Latina durante muchos años y que ahora frente la expansión de la Covid-19 y el aislamiento tuvo que ser inminente, expuso la fragilidad de las personas y de su manejo emocional, agregando la deficiencia de un sistema de salud debilitado a lo largo del tiempo, debido a una inadecuada articulación e implementación de políticas públicas eficientes en el sistema de salud, en específico de la salud mental.

METODOLOGÍA

Se realizó la revisión sistemática cualitativa con una mirada de paradigma constructivista con metodológica cualitativa bajo la visión de Guba, orientado a describir los desafíos que tendrá la agenda pública en la política de salud mental en tiempo de pandemia por COVID-19 (Sautu, 2005, p.26) se recopiló bibliografía respecto a salud mental y los efectos, impacto que tiene en la gobernanza de las políticas públicas en Latinoamérica, revisión, teniendo en consideración información de países como Chile, Argentina, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Paraguay, entre otros; de revistas indexadas de alto impacto como: Latindex, Web Of Science (WOS), Scopus, DialNet, Google Scholar, SciELO, con la finalidad de favorecer la indagación de material bibliográfico de artículos científicos publicados en bases de datos indexadas. Así mismo se hizo uso de operadores booleanos para sustanciar los tópicos a manera de revisión, tal como se plantea en el ejemplo siguiente: "public politics", "políticas públicas", "government policies", "public policy", "public policy-making", "políticas públicas", "public-policy", "public polices", “public political", "public policymaking", "government policy-making". La documentación obtenida fue analizada con minuciosa búsqueda de literatura desde los diversos enfoques planteados por algunos países latinoamericanos en relación con la gobernanza de las políticas públicas en Salud Mental.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La salud pública desde un sentido teórico general y filosófico brinda un aporte significativo teniendo como eje central la unión de múltiples disciplinas, es decir busca la afinidad interdisciplinaria que es importante en el bienestar de los individuos y comunidades; que desde la salud pública son significativas porque toman partes de la vida, las acciones, decisiones y las conductas para proteger de conductas de riesgo, sobresalir en lo que concierne a ser beneficioso, resguardar el bienestar y los derechos de las poblaciones e impulsar algunas actividades y proporcionar de manera directa los beneficios a los ciudadanos con necesidades, de la misma manera, la salud mental es considerada campo prioritario en la sociedad y de la salud pública, por ello, debe tener una mejor calidad en la atención integral del individuo y del colectivo (Restrepo y Jaramillo, 2012, p. 203). De ello podemos precisar que la salud mental comienza a tener la relevancia y reconocimiento a mitad del siglo XX, considerándola no tanto como un estado, sino como un proceso denominado: salud – enfermedad, involucrando aspectos sociales y de contexto que influyen en el mejoramiento de la salud, no tomando solo el área clínica, sino también, la intervención en los cambios socio culturales (Barrera, 2017, p. 130).

Se realizó un recorrido por diferentes aportes de investigaciones científicas destinadas a la gobernanza para la atención de la política pública de salud mental, que ha ido transformándose, enfatizando la preocupación de muchos investigadores que buscan que sea vista, no como un eslabón suelto, sino como un valioso aporte para el crecimiento de un país y de sus políticas públicas, desde el análisis de las diversas orientaciones teóricas; así como el rol de liderazgo que ejercen los actores políticos en la gobernanza desde los diferentes niveles de gobierno frente a un hecho insólito como es la pandemia por el COVID-19, que trajo consigo los cambios actuales que han hecho redefinir la manera de ver la vida y dar la importancia a la salud; sin embargo, aún se deja notar el desinterés por la política de salud mental. Cabe precisar que muchas de estas elaboraciones teóricas tienen limitaciones en su aplicación coyuntural para Latinoamérica, tampoco brindan herramientas concretas para intervenir en un contexto saturado de dudas e incertidumbres, en el que se surgen muchas interrogantes sobre la importancia de las necesidades básicas de la vida, sobre todo la salud y la supervivencia (Scholten et al, 2020,p. 3). El estado debería destacar el reconocimiento, la defensa, y el ejercicio de la salud mental como derecho prioritario en el ciudadano, resaltando el valor político que se le debe dar desde los diferentes niveles de gobierno a la salud mental, frente a la alerta que se activó y quedó expuesta la necesidad de la población en ser atendida en su estado mental, siendo determinante considerar en la agenda pública este resaltante asunto. Los diversos estudios ponen de manifiesto que es urgente implementar un sistema de salud mental, creando políticas que realicen una exhaustiva revisión de normas, que evidencia la real situación de la salud mental, sin embargo, no se ha dado el tratamiento requerido, ni las condiciones en el manejo y atención de la salud mental, siendo el resultado de las deficientes acciones tomadas en cada gobierno (Hernández, 2020, p. 939; Gallo y Quiñones, 2016, p. 145).

La existencia de obstáculos por tomar a la salud pública como pieza fundamental en la agenda pública, el desinterés en las investigaciones que nos brinden un panorama claro frente a las necesidades para la salud mental, el no contar con los recursos materiales y financieros que impulsen las investigaciones dentro del campo de salud mental (Campodónico, 2019, p.3), conlleva a brindar mayor interés a este tipo de trabajos a fin de propiciar acciones acertadas para la creación de políticas públicas, que se traduzcan en respuesta a la mejora de la salud poblacional, destacando la equidad y la justicia para el beneficio de todos, sin mirar con desigualdad aquellos que no cuentan con los recursos financieros, estatus social o nivel de educación, bajo la premisa que todos puedan acceder a los servicios de salud donde la vida no sea privilegio de una élite sino un derecho de todos. “El Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina” indica que existe desigualdad en la AL, y que esto evita ir reduciendo la pobreza (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2020, p. 13).

Desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “actualiza su oferta programática regional de gobernabilidad y gobernanza con miras a lograr la implementación de la Agenda 2030”. Cabe destacar que Latinoamérica y el Caribe ha sido duramente afectada con la COVID-19, la pandemia ha impactado negativamente de la misma manera las esferas sociales, políticas y económicas, así mismo, la debilidad en los lazos de confianza en las instituciones, las polarizaciones políticas, acrecentando la visibilidad de la desigualdad y de las debilidades fiscales como consecuencia de la afectación económica. Esto significa que el COVID-19 no solo es una crisis de salud pública, sino, que refleja un impacto de gobernanza, que demanda tomar soluciones vanguardistas con acuerdos sociales que incluyan a las comunidades, sectores privados, sociedad civil y políticos, que respalden el crecimiento de las diferentes esferas. Esto permitirá realizar cambios efectivos en la gobernabilidad, construyendo un estilo de vida mejorado frente a la nueva normalidad. Es posible que esto sea el inicio para futuras conversaciones “sobre la recuperación sostenible y orientados a lograr la implementación de la Agenda 2030 en esta década” (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2021, p.3).

Las políticas públicas necesitan de diversos factores que puedan ser de eficiente y eficaz implementación. Siendo el liderazgo del gestor, el apoyo económico y/o político por parte de los gobiernos y su articulación, factores determinantes entre sí, dada la fuerza e impacto en su desarrollo e implementación. Precisando que cada política pública tiene un contexto diferente de aplicación, algunas requieren del esfuerzo de políticas que pertenecen a otros sectores del Gobierno, mientras que otras solo requieren el liderazgo de un sector específico (Reátegui-Montesinos, 2018, p.2). No obstante, numerosas políticas públicas requieren de articulación de varias instituciones para una eficaz implementación. Estas articulaciones se pueden dar en distintos niveles, mediante, la interacción, la cooperación, la colaboración y la coordinación. Puede tener además distintos ámbitos de acción, que serían tres: a nivel macro, involucrando las relaciones internacionales; a nivel medio, incluyendo la articulación intergubernamental; y a nivel micro, referente a las negociaciones sectoriales. Los altos índices de afectación mental, que ha generado deficiencias y trastornos mentales, han puesto a la política de salud mental como un determinante importante de la salud pública a nivel mundial.

En esta línea de ideas es relevante resaltar la importancia del presupuesto para lograr metas resultados favorables, ya que es un informe que da cuentas de la productividad y cuál será la asignación futura para la designación a los programas, según la OPS, comprometiéndose al logro de resultados en salud, siendo este informe un medio para rendir cuentas de la producción programada de la Oficina, teniendo un añadido estimado de los “programas básicos a los fines de la Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018-2030” (Organización Panamericana de la salud, 2021, p.7).

De la revisión sistemática en países de Latinoamérica tenemos que México, refleja a un sistema de salud que demanda de mayor atención que existe aún una débil articulación entre las políticas públicas y las investigaciones de salud pública existiendo la falta de equidad social, invisibilizando muchos contextos sociales que lleva al declive a la población terminado en la pobreza, a consecuencia de una deficiente gobernanza; se requiere de mayor autonomía en los gestores públicos para tomar decisiones. Un escenario de confianza es posible que ofrezca un clima de responsabilidad y compromiso de las diferentes organizaciones y actores sociales (Salgado, 2017, p. 30; Díaz, et al, 2021, p. 680).

En el caso de la salud mental en Argentina, la política pública y problemática social ha pasado por fases difíciles desde su faceta normativa, además de las políticas sociales propuestas para su ejecución, con nociones y paradigmas que incidieron inevitablemente en la población. Los avances y retrocesos estuvieron supeditados al modelo establecido por el estado, desde la perspectiva de salud mental como asunto de la salud pública; sus políticas y modelos de atención supeditados a los sistemas de atención médica dentro de los sectores públicos, privados, que limitan y a la vez complejizan su instrumentación (Bega Martínez, 2020). Sin embargo la pandemia en Argentina, alertó el sistema de la salud pública, frente a este letal virus que se instauró con fuerza en los primeros meses del año 2020, frente a la expansión COVID-19, poniendo en jaque al gobierno, obligándolo a enfrentar una realidad donde la salud pública no había sido un asunto primordial en la agenda, privando a la población de contar con calidad de vida, al punto de resaltar la desigualdad, que al parecer es un común denominador con otros países latino americanos (Cendali, Lohigorry, Marzoaa, y Villalba, 2020, p. 15).

En Colombia, hubo un lento proceder en los servicios asistenciales que no permitieron tener como prioridad la innovación en los dichos servicios, hecho que no favoreció a la salud pública, generando conflictos para poder asumir efectivamente la gobernanza en la atención de la salud; sin embargo, se está buscando ser efectivo en “la atención de la salud mental, partiendo desde un enfoque de calidad de la nueva gestión pública” (Triviño, Castaño, y Rubio, 2020, p. 7). Así mismo, se considera que, para la población colombiana, el virus ha causado un gran impacto, como lo ha sido en todo el mundo, por ellos la política de salud debe estar ligado a planes de acción inmersos en políticas públicas frente a la pandemia, y los efectos que podrían darse en lo psicológico es decir en la atención de la salud mental. (Mollina y Raikovich, 2021 p.134)

Lamentable aceptar que a pesar de la crisis sanitaria que viene atravesando el mundo, en la actualidad en las agendas de los diferentes gobiernos se ha desarrollado mucho más la concepción de lo mental como un área importante de intervención; pero es insuficiente el accionar para el sistema de salud en donde la respuesta frente a problemáticas relacionadas al bienestar emocional de la población no es la adecuada. Por ello es importante ahondar dada las secuelas que conlleva el contexto actual, así como desarrollar mecanismos efectivos de intervención para la población; pues la coyuntura amerita, la imperante necesidad de entender y abordar lo psicológico dada la realidad coyuntural (Molina y Córdova, 2021, p.135).

El tratamiento de la creciente demanda de los habitantes Chilenos sobre la salud mental, ante ámbito comunitario, ha reflejado la problemática que por ende se requiere políticas públicas de mayor efectividad, intensidad y equidad, considerando criterios conceptuales sobre salud mental, también, las metodologías de intervención posibles, debido a la falta de comunicación del gobierno con la sociedad, reconociendo que si existiera la participación e involucramiento por parte de las esferas de liderazgos políticos existiría un crecimiento de la investigación que permita “la reconstrucción de lazos asociativos y acciones colectivas en salud mental” (Cea, 2019, p. 8).

La comunidad debe tener un rol participativo en el fortalecimiento y recuperación de la salud mental, así como el rol que tienen los profesionales, que se ajustan en concordancia de manera sistemáticamente planificada (Martínez, 2021, p. 73). Por lo tanto, se debería tomar en cuenta con mayor énfasis las opiniones de los profesionales que conviven en las diferentes comunidades vulnerables en la toma de decisiones para el crecimiento y fortalecimiento de proyectos de salud mental en las últimas décadas, puesto que aún continúan las grandes deficiencias de acceso, equidad y calidad de la atención en los ciudadanos con diagnósticos mentales, el limitado incentivo de la promoción y prevención como el escaso interés en la atención comunitaria.. Recayendo en el escaso presupuesto de salud mental, que “ha representado solamente 2 a 3% del gasto público en salud, en simetría inferior a la de muchos países de similar nivel de ingresos” (Encina y Minoletti, 2017, p. 92).

El contexto brasileño, en estado de emergencia por el COVID-19, realiza una reflexión subjetiva de los efectos frente a esta realidad, resaltando la existencia de una precaria asistencia de la salud pública y sobre todo ahora frente al ataque de este enemigo silencioso. A lo largo de muchos años se ha visto endeble la gobernanza frente al sistema de salud y hoy ha salido a relucir con más ahínco. La población considera estar desamparada en lo que respecta a ser tratada adecuadamente por su condición de ser humano. Esto deja claro el evidente desinterés en la instauración de las políticas públicas, El enfoque brasileño, “evidencia experiencias y contradicciones en el control de la pandemia Covid-19, desde aspectos de la epidemiología y la construcción de las políticas públicas para proteger y ampliar la inversión en el sector salud, siendo estas medidas urgentes” (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2020, p. 11).

En el Perú se develó un sistema de gobierno frágil y con los sectores deficientes, que dejó al descubierto la vulnerabilidad en las políticas públicas, que no contaban con las estrategias para afrontar la crisis sanitaria, careciendo de infraestructura, instrumentos, insumos y recursos humanos, para una adecuada y oportuna atención en la salud pública. Evidenciando la precaria atención en la salud mental de las personas frente a esta problemática (Cobo-Rendón et al., 2020, p. 3), situación que puso en alarma la urgencia de tener una robusta y sostenible política de salud mental como prioridad en la agenda pública. Este problema social tiene relación con el trato a la salud mental que desde las acciones gubernamentales no han tomado el debido interés, reflejado en la carencia de entidades que brinden atención a la población frente a la salud mental, así mismo, el insuficiente número de profesionales especializados que brinden el tratamiento de aquellos que requieren del servicio (Etienne, 2018, p.1; Cosavalente, Zevallos, Fasanando y Cuba, 2019, p. 320). Desde el Ministerio de Salud surgía la necesidad de articular los servicios sanitarios en todos los niveles de gobierno, para hacer frente a la propagación del virus, tomando medidas urgentes; hecho que despertó la preocupación no solo en el sector salud sino también en los diferentes sectores, considerando la imperiosa necesidad de cambios urgentes desde los diferentes eslabones de la cadena que lideran el país tanto en lo político, social, económico, cultural y organizacional, todo ello con el afán de lograr hacer frente al cambio repentino de la existencia humana, y su nuevo modo de ver la vida, que debían afrontar desde las barricadas que empezaron a ser los hogares peruanos, todo con la finalidad de contener daños mayores, dejando un gran impacto en la debilidad que encontramos en las políticas públicas de salud pública (Llerena y Sánchez, 2020, p. 4).

Cabe precisar que el gobierno peruano tomó acciones inmediatas en decretar el estado de emergencia frente al brote expansivo del COVID-19 a nivel de América Latina, cerrando fronteras y llevando al confinamiento en los hogares para poder contener la onda expansiva del virus. No se podía seguir ocultando un sistema de salud que se caía a pedazos durante años, y no solo en respuesta al brote de coronavirus, sino a la demanda de atenciones, camas UCI, número de profesionales como instituciones, a brindar atención ante el colapso del bienestar emocional frente al miedo que embargaba, el tener un enemigo sigiloso que avanzaba vertiginosamente, que hizo romper paradigmas, rituales de duelo que permitan seguir con la vida de los deudos marcando un hito en la población de reconocer la fragilidad del gobierno en toda su dimensión, remarcando la desigualdad y debilidad del sistema salud; al no tener la preparación necesaria para el abordaje de prevención y atención de salud mental, que si se hubiera tomado la debida atención creando planes permanentes, sostenibles, entrenamiento sobre las resoluciones cotidianas, en el personal de salud quien es el que tiene un acercamiento a la población, del mismo modo brindando salarios dignos y más aún el poder reconocer la labor del trabajador de salud que habitualmente son considerados como “invisibles”, tuvo que existir un guerra viral para reconocer la importante labor del personal de salud pública y por ende del personal de atención de salud mental que cobra relevancia en un contexto donde la población está desvalida y vulnerable emocionalmente, se hubiera podido hacer frente a la emergencia; sin embargo, se observó un deficiente desarrollo de las políticas públicas, generando un impacto que no permitió hacer frente en su momento, (De la Cruz, Manzano, y Loterszpil, 2020; Llerena y Sánchez, 2020, p. 4; Delgado, 2020, p. 11; Rafael, y otros, 2020, p. 2).

El origen de la gobernanza territorial resalta un trabajo coordinado, horizontal que permite facilitar los procesos de regulación y de intervención de autoridades, favoreciendo la toma de decisiones de los otros actores sociales, sobre todo los económicos (Calderón, Campos, Rosas, y Jiménez, 2018, p. 180). De la misma manera, está orientado en la teoría sistémica de comunicación, de liderazgo, gobernanza y procesos, siendo un desafío la política de la salud mental en esta nueva era, porque enfrenta nuevos retos, como es el de superar la brecha que se evidencia actualmente. En tal sentido se requiere de la comunicación sistémica que permita una relación social donde los actores interactúen y que establezca intercambios con el sistema social que es indispensable para el logro de poner en agenda pública la política de salud mental y que le permita tener gran influencia en el escenario político, y para ello se requiere de líderes transformacionales que identifica el máximo potencial de cada actor en el quehacer de la gestión pública, consiguiendo con empatía la confianza de cada individuo para lograr consolidar relaciones sólidas de cooperación mutua. Según la teoría del liderazgo transformacional, el líder debe caracterizarse por ser carismático, resaltando valores, siendo ejemplo para los seguidores, es motivador logrando inspirar a sus seguidores, siempre a la vanguardia de encontrar la forma de hacer las cosas en favor de su organización, este tipo de liderazgo nos permitiría lograr el nexo y equilibrio para realizar propuestas sobre las mejoras en cuestión de salud mental y que sus acciones produzcan consecuencias observables en el contexto social (Fundación Horreum, 2020, p.1), Para lo cual la gobernanza frente a la crisis sanitaria es considerada un factor débil para el desarrollo de un país, con autoridades que carecen de liderazgo donde no prima la empatía ni la horizontalidad para que pueda lograrse una toma de decisiones acertadas y nos brinde como resultado una buena gestión y posiblemente capacidad política para asumir el rol de líderes políticos en Perú y Latinoamérica.

Además existe la preocupación por la evidente falta de atención de la salud mental desde los diferentes niveles de gobierno, por no contar con establecimientos apropiados que brinden una atención de calidad y que cubra todas las zonas de la región que están siendo postergadas; este nuevo panorama que se atraviesa de cara a la emergencia sanitaria deja en vilo a la ciudadanía con necesidades de atención, como son los casos con secuelas por el confinamiento, personas que han salido de UCI, ciudadanos con estrés postraumático, muchos con duelos patológicos y cansancio psíquico después de la pandemia por COVID 19 y que necesitan de atención apropiada esto por así mencionar algunos casos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido para la salud mental como el bienestar subjetivo (Ribot-Reyes et al., 2020, p. 3), la percepción de la propia eficiencia, competencia, autorrealización emocional e intelectual, es decir las capacidades para afrontar las presiones normales de la vida, y ser una persona de bien hacia la sociedad. Cabe resaltar que, en los sectores económicamente más vulnerables, y menos favorecidos que han presentado trastornos mentales, en situaciones de emergencia como la pandemia, les resulta complejo poder enfrentar y acceder a los medicamentos por sus elevados costos, evidenciándose el abandono del estado al no brindar de forma gratuita la medicación necesaria a las personas con una patología mental diagnosticada. Asimismo, la carencia de inversión en investigaciones sobre salud mental, nos deja desprovistos de información fidedigna y oportuna que permita dar un enfoque relevante en las políticas públicas, el poco presupuesto designado para la salud mental es insuficiente; se debería contar con un presupuesto exclusivo, a fin de darle la categoría de primer nivel; siendo la salud mental indispensable para tener una buena salud física y esta debe ser tratada por un profesional especializado en salud mental. Otra realidad es la insuficiencia o carencia de ambiente estructural adecuado, factores como la carencia de profesionales psiquiatras en los centros de salud y hospitales, privilegiando sólo a algunos, El lado contrario, es contar con profesionales psicólogos que están desempleados por la escasez de la necesidad del servicio y dejando en abandono centros de atención en zonas alejadas donde se requiere de atención terapéutica psicológica, fortalecer la prevención y promoción de la salud mental; una debilidad que deja a muchas personas con trastornos desprotegidos frente a la crisis de las patologías en salud mental, poniendo en riesgo al paciente y la sociedad. Los centros de salud comunitario son escasos y no hay una exclusividad para algunos tratamientos donde se requiere espacios provistos de materiales adecuados para la atención y tratamiento a población adulto mayor, y personas discapacitadas, que sean de calidad (Bega, 2020, p. 53). De un estudio realizado a partir de la década del 50, comienza a confluir la causa de los trastornos mentales, precisando que la salud mental y la psiquiatría han resaltado satisfactoriamente en el contexto público, a diferencia de la medicina y la salud física, buscando ese posicionamiento a partir de la influencia de las ciencias sociales, el incremento de estudios epidemiológicos fue significativo en el rol de los psiquiatras frente al escenario de la salud pública (Araya y Martínez, 2021, p. 1), evidenciando la brecha que ha caracterizado la salud mental latinoamericana, captando la atención de la población, evidenciando que no es un tema de la agenda pública, y se conoce del insignificante presupuesto para la salud mental. Esta discordancia, entre la magnitud del problema y la respuesta del Estado, se conoce, pero hasta la actualidad no se le ha dado la importancia que merece.

Otras de las debilidades es la deficiente presencia de profesionales en psicología en los colegios, clara evidencia que es un derecho de pocos, dejando a muchos de ellos con la necesidad de contar con un profesional en salud mental que permita trabajar desde la prevención y promoción en las escuelas, siendo ellas las que acogen a la mayor parte de la población donde pueden identificarse los problemas de la salud mental. La articulación entre instituciones existe, pero es débil, desprovista de un trabajo donde pongan el interés en resaltar la salud mental como tal. Es por ello el interés de que se ponga especial atención en la salud mental, en las políticas preventivas de promoción y de atención, para que se logre una atención de calidad a nuestra población (Minoletti, et al, 2018, p. 4) El principal desafío, es la necesidad de superar las creencias, prejuicios, y estigmatizaciones que son barreras para hacer posible y mejorar la política de salud mental y que se encuentre al nivel de otras las políticas.

En lo que concierne a salud mental y desde el “Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental Comunitaria 2018 – 2021”; resaltan las consideraciones, precisiones y acciones para generar en el ser humano espacios saludables, dejando de mirar a la salud mental limitada solo a enfermedad, sino, mirándola desde la prevención y esto sería parte del proceso social, del enriquecimiento de la calidad de vida humana, que permitirá a su vez disminuir muertes prematuras ocasionadas por una mala o escasa atención en salud mental. teniendo como fin principal el de llegar a atender a toda la población, desde anticiparse a la ocurrencia de un suceso nocivo para la salud, como llegar a la recuperación frente a un suceso que ya existe, en este caso con el tratamiento mediante terapias, farmacológicas y rehabilitaciones psico sociales. Por otro lado, hace referencia sobre el incremento de centros de salud, programas de Salud Mental comunitaria articuladas a redes de apoyo, así mismo, que la población sea capaz solicitar este abordaje sin prejuicios. A parte de ello, que las investigaciones en estos temas sean frecuentes para tener informaciones actualizadas que permitan generar un aporte y/ o cambios en las políticas, Es una propuesta interesante y ambiciosa para el Perú, sin embargo, se requiere de una reestructuración del mencionado plan, para ser más abarcador y no se plasmen cosas generales, eso hace sentir vacíos frente al manejo de la atención a la salud mental, considerando que estamos viviendo escenarios de vida, totalmente diferentes a los habituales, dando giros inesperados para desarrollar labores de trabajo, académicas, transformando hogares en trincheras frente a la guerra viral. Es necesario que lo que está escrito se transforme en acción y lo que no se ve robustecido o no existe sea motivo para dar paso a actualizar el mencionado plan (Ministerio de Salud, 2018, p.14).

El COVID-19, puso en riesgo la salud, impactando en la economía y en el sector político creando crisis que se reflejaron en todo el mundo, tomando acciones que resulten favorables en el momento para salvaguardar la vida humana, por esta razón es valioso el aporte que los estudiosos y científicos de la salud pública que serán insumos perfectos para la comprensión de las acciones y estrategias tomadas por los estados, y que las estrategias mejor logradas sean compartidas con otras naciones, brindando el aprendizaje requerido para llevarnos a la elaboración de eficaces políticas de salud pública, con planes de contingencia frente a una nueva ola viral, o una infección masiva que genere una pandemia. Las políticas de salud pública deben ser abordadas desde la agenda de investigación, sobre todo en esta nueva etapa que incluye al COVID-19, tomado como un enfoque serio, que permita el desarrollo de intervenciones más realistas y sostenibles. Los dilemas morales que deben enfrentar los líderes públicos y los ciudadanos en cuanto a los riesgos y beneficios en relación con las perspectivas de futuro desde una visión a corto y largo plazo, ante la duda, el miedo que se está viviendo, esto no es más que el reflejo de lo que se vive en tiempo de pandemia. Lo que despierta a nuevos desafíos en las entidades públicas y lo que deben enfrentar, sin olvidar los aspectos éticos y resaltando las responsabilidades que tienen los gobiernos con la ciudadanía y reconocer a los profesionales que son actores importantes en el enfrentamiento en esta guerra viral. El papel del gestor público juega un rol importante, ya que son ellos quienes deben encontrar soluciones rápidas pero que no tenga dificultades o daños futuros y que luego se tornan en consecuencias que desfavorecen la gobernanza relacionada con la población (Santos, 2020, pág. 910).

CONCLUSIONES

Por la revisión sistemática de los artículos científicos citados en las referencias, se distingue la participación de los gobiernos en América Latina, rescatando las medidas importantes con la finalidad de regenerar la atención de la población a través de las políticas públicas de salud mental, que necesitan estar dirigidas a proteger a la población.

Se tiene como consecuencia, un deficiente reconocimiento legislativo y gubernamental de las políticas públicas en salud mental.

A pesar del tiempo transcurrido y evidenciando con el sustento pragmático de investigaciones en el transcurrir de los años, se mantiene la necesidad de prestar atención a la salud mental que forme parte de la agenda pública de los estados, a fin de tomar acciones sostenibles y sustentables para reducir las deficiencias en el tratamiento de la salud mental, desterrando la percepción de abandono del estado a quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad, quienes padecen o se ven envueltos en la necesidad de una atención digna en lugares apropiados que le brinden la debida y oportuna atención.

Finalmente, de la crisis por propagación de la COVD-19, podemos precisar que la salud mental a nivel mundial ha evolucionado, desnudando la vulnerabilidad de las personas, de su control emocional, situación semejante en los distintos países de América Latina que carecen de la inacción de sus gobernantes frente a la política pública en salud mental, por lo que prima fortalecer a la ciudadanía a nivel personal, intrafamiliar, y tomando en consideración los grupos vulnerables.

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