pág. 3524
CONFLICTOS JURÍDICOS ENTRE
CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y PROPIEDAD
PRIVADA EN AMÉRICA LATINA: UN
ANÁLISIS COMPARADO DE BOLIVIA Y PERÚ
LEGAL CONFLICTS BETWEEN ENVIRONMENTAL
CONSERVATION AND PRIVATE PROPERTY IN LATIN
AMERICA: A COMPARATIVE ANALYSIS OF BOLIVIA AND
PERU
Domingo Antonio Ramírez
Universidad Internacional Iberoamericana
pág. 3525
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i4.25371
Conflictos jurídicos entre Conservación Ambiental y Propiedad Privada en
América Latina: Un Análisis Comparado de Bolivia y Perú
Domingo Antonio Ramírez1
ramirezdomingo812@gmail.com
https://orcid.org/0009-0009-9401-764X
Universidad Internacional Iberoamericana
México
RESUMEN
La presente investigación analizó los conflictos jurídicos derivados de la tensión entre la conservación
ambiental y el derecho de propiedad privada en Bolivia y Perú. Bajo un enfoque cualitativo y un diseño
documental no experimental, se aplicó el método del derecho comparado mediante el estudio de dos
casos emblemáticos: el “Baguazo” y el TIPNIS. El objetivo principal fue evaluar si la normativa vigente
logró equilibrar la actividad económica extractiva con la preservación ecológica y los derechos
territoriales indígenas. Los resultados evidenciaron que, pese a los avances constitucionales en ambos
países, persistió una contradicción estructural en la que el modelo extractivo prevaleció sobre las
garantías ambientales. Se concluyó que, mientras Perú presentó un déficit normativo compensado de
manera tardía por el poder judicial, Bolivia enfrentó un déficit de implementación de su marco
biocéntrico; en ambos escenarios, la protección efectiva del territorio continuó subordinada a los
intereses económicos nacionales.
Palabras clave: Derecho ambiental; propiedad privada; conflictos socioambientales; extractivismo;
derechos indígenas.
1 Autor principal
Correspondencia: ramirezdomingo812@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i4.25371
Conflictos jurídicos entre Conservación Ambiental y Propiedad Privada en
América Latina: Un Análisis Comparado de Bolivia y Perú
Domingo Antonio Ramírez1
ramirezdomingo812@gmail.com
https://orcid.org/0009-0009-9401-764X
Universidad Internacional Iberoamericana
México
RESUMEN
La presente investigación analizó los conflictos jurídicos derivados de la tensión entre la conservación
ambiental y el derecho de propiedad privada en Bolivia y Perú. Bajo un enfoque cualitativo y un diseño
documental no experimental, se aplicó el método del derecho comparado mediante el estudio de dos
casos emblemáticos: el “Baguazo” y el TIPNIS. El objetivo principal fue evaluar si la normativa vigente
logró equilibrar la actividad económica extractiva con la preservación ecológica y los derechos
territoriales indígenas. Los resultados evidenciaron que, pese a los avances constitucionales en ambos
países, persistió una contradicción estructural en la que el modelo extractivo prevaleció sobre las
garantías ambientales. Se concluyó que, mientras Perú presentó un déficit normativo compensado de
manera tardía por el poder judicial, Bolivia enfrentó un déficit de implementación de su marco
biocéntrico; en ambos escenarios, la protección efectiva del territorio continuó subordinada a los
intereses económicos nacionales.
Palabras clave: Derecho ambiental; propiedad privada; conflictos socioambientales; extractivismo;
derechos indígenas.
1 Autor principal
Correspondencia: ramirezdomingo812@gmail.com
pág. 3526
Legal Conflicts Between Environmental Conservation and Private Property
in Latin America: A Comparative Analysis of Bolivia and Peru
ABSTRACT
This research analyzed the legal conflicts arising from the tension between environmental conservation
and private property rights in Bolivia and Peru. Using a qualitative approach and a non-experimental
documentary design, the method of comparative law was applied through the study of two emblematic
cases: the “Baguazo” and the TIPNIS. The main objective was to assess whether the current regulations
succeeded in balancing extractive economic activity with ecological preservation and indigenous
territorial rights. The results showed that, despite constitutional advancements in both countries, a
structural contradiction persisted in which the extractive model prevailed over environmental
guarantees. It was concluded that, while Peru exhibited a regulatory deficit that was belatedly addressed
by the judiciary, Bolivia faced a deficit in the implementation of its biocentric framework; in both cases,
the effective protection of territory remained subordinated to national economic interests.
Keywords: Environmental law; private property; socio-environmental conflicts; extractivism;
indigenous rights
Artículo recibido 20 mayo 2026
Aceptado para publicación: 20 junio 2026
Legal Conflicts Between Environmental Conservation and Private Property
in Latin America: A Comparative Analysis of Bolivia and Peru
ABSTRACT
This research analyzed the legal conflicts arising from the tension between environmental conservation
and private property rights in Bolivia and Peru. Using a qualitative approach and a non-experimental
documentary design, the method of comparative law was applied through the study of two emblematic
cases: the “Baguazo” and the TIPNIS. The main objective was to assess whether the current regulations
succeeded in balancing extractive economic activity with ecological preservation and indigenous
territorial rights. The results showed that, despite constitutional advancements in both countries, a
structural contradiction persisted in which the extractive model prevailed over environmental
guarantees. It was concluded that, while Peru exhibited a regulatory deficit that was belatedly addressed
by the judiciary, Bolivia faced a deficit in the implementation of its biocentric framework; in both cases,
the effective protection of territory remained subordinated to national economic interests.
Keywords: Environmental law; private property; socio-environmental conflicts; extractivism;
indigenous rights
Artículo recibido 20 mayo 2026
Aceptado para publicación: 20 junio 2026
pág. 3527
INTRODUCCIÓN
La crisis ambiental contemporánea obligó a repensar los modelos de desarrollo, evidenciando que el
sistema económico dominante dependía de recursos naturales finitos y vulnerables. Este escenario
aceleró la necesidad de redefinir los paradigmas de desarrollo y asignar al Derecho un papel activo en
la preservación ecológica (Camero, 2011, p. 7). América Latina, con su vasta biodiversidad, enfrentó
una contradicción fundamental: la riqueza natural se combinaba con economías extractivas, lo que
generó conflictos entre la conservación de los ecosistemas y la expansión de sectores económicos
invasivos (Camero, 2011, p. 9). En este contexto, el Derecho Ambiental se presentó no solo como un
conjunto normativo, sino como una herramienta de transformación que podía reorientar los modelos
productivos hacia la sostenibilidad (Camero, 2011, p. 10).
En términos jurídicos, América Latina avanzó en la integración del derecho a un medio ambiente sano
en sus constituciones, pero aún enfrentó tensiones entre los derechos ambientales y los derechos
patrimoniales tradicionales (Foy Valencia, 2011, pp. 18–19).La llegada del modelo extractivista acarreó
determinados conflictos socioambientales que evidenciaron la incompatibilidad de la propiedad privada
con la protección efectiva del medio ambiente (Gudynas, 2011; Svampa, 2019). Esa tensión se agudizó
al contemplar la propiedad en un contexto de conservación, pues el Derecho ha de flexibilizarse de
manera tal que el ejercicio del derecho de propiedad no conculque el equilibrio ecológico (Foy Valencia,
2011, pp. 22-23).
El estudio se centró en la constatación de esos conflictos en los casos de Bolivia y Perú, países que han
integrado la defensa del medio ambiente en sus respectivas constituciones, pero que continúan
fuertemente vinculados a sectores extractivos. A pesar de que se han incorporado los avances
normativos, se ha mantenido una serie de vacíos regulatorios e institucionales en los que los efectos de
la normativa no logran contribuir en el sentido de proteger al medio ambiente; así, por ejemplo, la Ley
1171 de la Ley de Uso del Fuego de Bolivia muy redujo las sanciones impuestas por incendios forestales,
lo que pone en evidencia la brecha entre la norma y su aplicación (Ramírez & Cauthin 2021).
En Perú, la minería y la expansión agrícola continuaron generando conflictos entre la propiedad privada
y la conservación, a pesar de la creación de instituciones como el Ministerio del Ambiente y el
SERNANP (SPDA, 2020).
INTRODUCCIÓN
La crisis ambiental contemporánea obligó a repensar los modelos de desarrollo, evidenciando que el
sistema económico dominante dependía de recursos naturales finitos y vulnerables. Este escenario
aceleró la necesidad de redefinir los paradigmas de desarrollo y asignar al Derecho un papel activo en
la preservación ecológica (Camero, 2011, p. 7). América Latina, con su vasta biodiversidad, enfrentó
una contradicción fundamental: la riqueza natural se combinaba con economías extractivas, lo que
generó conflictos entre la conservación de los ecosistemas y la expansión de sectores económicos
invasivos (Camero, 2011, p. 9). En este contexto, el Derecho Ambiental se presentó no solo como un
conjunto normativo, sino como una herramienta de transformación que podía reorientar los modelos
productivos hacia la sostenibilidad (Camero, 2011, p. 10).
En términos jurídicos, América Latina avanzó en la integración del derecho a un medio ambiente sano
en sus constituciones, pero aún enfrentó tensiones entre los derechos ambientales y los derechos
patrimoniales tradicionales (Foy Valencia, 2011, pp. 18–19).La llegada del modelo extractivista acarreó
determinados conflictos socioambientales que evidenciaron la incompatibilidad de la propiedad privada
con la protección efectiva del medio ambiente (Gudynas, 2011; Svampa, 2019). Esa tensión se agudizó
al contemplar la propiedad en un contexto de conservación, pues el Derecho ha de flexibilizarse de
manera tal que el ejercicio del derecho de propiedad no conculque el equilibrio ecológico (Foy Valencia,
2011, pp. 22-23).
El estudio se centró en la constatación de esos conflictos en los casos de Bolivia y Perú, países que han
integrado la defensa del medio ambiente en sus respectivas constituciones, pero que continúan
fuertemente vinculados a sectores extractivos. A pesar de que se han incorporado los avances
normativos, se ha mantenido una serie de vacíos regulatorios e institucionales en los que los efectos de
la normativa no logran contribuir en el sentido de proteger al medio ambiente; así, por ejemplo, la Ley
1171 de la Ley de Uso del Fuego de Bolivia muy redujo las sanciones impuestas por incendios forestales,
lo que pone en evidencia la brecha entre la norma y su aplicación (Ramírez & Cauthin 2021).
En Perú, la minería y la expansión agrícola continuaron generando conflictos entre la propiedad privada
y la conservación, a pesar de la creación de instituciones como el Ministerio del Ambiente y el
SERNANP (SPDA, 2020).
pág. 3528
El estudio analizó los conflictos entre propiedad privada y políticas de conservación ambiental en Perú
y Bolivia, mostrando que, pese a los avances normativos, los modelos extractivos continuaron
prevaleciendo. En Perú, el caso del Baguazo se convirtió en un hito respecto al tratamiento judicial de
la protesta indígena; en 2016, la Sala Penal de Apelaciones de Bagua absolvió a 53 indígenas acusados
durante una protesta en defensa del territorio, subrayando que su acción fue legítima y motivada por la
vulneración de derechos colectivos, como la falta de consulta previa sobre proyectos extractivos
(Camero, 2011; Foy Valencia, 2011, p. 30). En el año 2020, la Corte Suprema de Bolivia confirmó la
absolución y la sentencia, reafirmando, entre otros, principios jurídicos como la presunción de inocencia,
el ejercicio a la protesta y funcionalidad de los territorios indígenas (Foy Valencia, 2011, p. 30).
El conflicto del TIPNIS, en relación con la construcción de una carretera en territorio indígena, adquirió
notoriedad internacional, al punto de que en el año 2019 el Tribunal Internacional de los Derechos de la
Naturaleza (TIDN) emitiera un fallo en el que se afirmaba que la construcción en cuestión vulneraba los
derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas, incumpliendo esta misma la obligación que le cabe
como Estado de llevar a cabo una consulta previa, libre e informada establecida en el artículo 6 del
Convenio 169 de la OIT (TIDN, 2019). A pesar del marco normativo boliviano que reconocía a la
naturaleza como sujeto de derechos, la contradicción entre políticas extractivas y protección ambiental
persistió.
Los conflictos entre conservación ambiental y derechos de propiedad en América Latina se
intensificaron por desigualdades históricas, debilidad institucional y limitaciones en mecanismos de
participación y justicia ambiental, proponiéndose el Acuerdo de Escazú como herramienta preventiva
(Lina Muñoz Ávila, 2020). En la región andina Pérez-Rincón et al.(2019)reportaron 296 conflictos
ecológicos en el año 2019, con elevadísimos registros como los de Perú 76 o Bolivia 40, que
representaron reflejos de la presión extractiva acumulada sobre los derechos de los pueblos indígenas o
las áreas protegidas. Juridicamente, el origen de estos conflictos derivaban de una tensión estructural
entre el derecho de propiedad y la función ecológica y social del territorio, que en este sentido exigía
una nueva lectura del derecho de propiedad privado, y una reflexión del interés colectivo (Foy Valencia,
2011).
El estudio analizó los conflictos entre propiedad privada y políticas de conservación ambiental en Perú
y Bolivia, mostrando que, pese a los avances normativos, los modelos extractivos continuaron
prevaleciendo. En Perú, el caso del Baguazo se convirtió en un hito respecto al tratamiento judicial de
la protesta indígena; en 2016, la Sala Penal de Apelaciones de Bagua absolvió a 53 indígenas acusados
durante una protesta en defensa del territorio, subrayando que su acción fue legítima y motivada por la
vulneración de derechos colectivos, como la falta de consulta previa sobre proyectos extractivos
(Camero, 2011; Foy Valencia, 2011, p. 30). En el año 2020, la Corte Suprema de Bolivia confirmó la
absolución y la sentencia, reafirmando, entre otros, principios jurídicos como la presunción de inocencia,
el ejercicio a la protesta y funcionalidad de los territorios indígenas (Foy Valencia, 2011, p. 30).
El conflicto del TIPNIS, en relación con la construcción de una carretera en territorio indígena, adquirió
notoriedad internacional, al punto de que en el año 2019 el Tribunal Internacional de los Derechos de la
Naturaleza (TIDN) emitiera un fallo en el que se afirmaba que la construcción en cuestión vulneraba los
derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas, incumpliendo esta misma la obligación que le cabe
como Estado de llevar a cabo una consulta previa, libre e informada establecida en el artículo 6 del
Convenio 169 de la OIT (TIDN, 2019). A pesar del marco normativo boliviano que reconocía a la
naturaleza como sujeto de derechos, la contradicción entre políticas extractivas y protección ambiental
persistió.
Los conflictos entre conservación ambiental y derechos de propiedad en América Latina se
intensificaron por desigualdades históricas, debilidad institucional y limitaciones en mecanismos de
participación y justicia ambiental, proponiéndose el Acuerdo de Escazú como herramienta preventiva
(Lina Muñoz Ávila, 2020). En la región andina Pérez-Rincón et al.(2019)reportaron 296 conflictos
ecológicos en el año 2019, con elevadísimos registros como los de Perú 76 o Bolivia 40, que
representaron reflejos de la presión extractiva acumulada sobre los derechos de los pueblos indígenas o
las áreas protegidas. Juridicamente, el origen de estos conflictos derivaban de una tensión estructural
entre el derecho de propiedad y la función ecológica y social del territorio, que en este sentido exigía
una nueva lectura del derecho de propiedad privado, y una reflexión del interés colectivo (Foy Valencia,
2011).
pág. 3529
Bolivia estuvo en camino hacia un modelo biocéntrico con la Constitución de 2009 y las Leyes 071
(2010) y Ley 300 (2012) a partir de las cuales se reconocieron derechos de la Madre Tierra y la
regeneración ecológica. Sin embargo, Ramírez y Cauthin (2021) señalaron que hubo vacíos
institucionales, y la emergencia de actividades extractivas, como en el caso del conflicto TIPNIS, en el
cual el Estado a través de proyectos extractivos en tierras indígenas no se ocupó de consultar a las
comunidades.
Mientras que Perú, entre los años 2010 y 2023, tuvo un incremento de la minería y la deforestación
ilegal de sus territorios y continuaron emergiendo conflictos entre propiedad privada y conservación.
Tendría un marco institucional robusto, a través del Ministerio del Ambiente o del SERNANP; sin
embargo, la presión extractiva provocó choques como el caso de Bagua, donde el derecho de propiedad
fue ignorado por intereses extractivos.
La constitución de los conflictos acontecidos en Bolivia y Perú no fue un suceso episódico, sino
estructural. Se dio el "reconocimiento de los derechos al medio ambiente, así como de los derechos
indígenas", pero la realidad fue la debilidad de la aplicación de estos derechos. En el caso de Perú, se
muestra que la debilidad institucional sumada a una ausencia de consulta vinculante fue, en cambio, el
desencadenante de las confrontaciones —criminalización de la protesta. En el caso de Bolivia, si bien
se reconocían más rights colectivos, perduraron las tensiones a causa de proyectos alentados por el
Estado gracias al "interés nacional".
El artículo trató del conflicto jurídico engendrado entre la conservación del medio ambiente y el derecho
de propiedad privada en América Latina, a partir de una comparación de los casos de Bolivia y Perú, en
el contexto que caracteriza la investigación: la tensión producida entre los proyectos extractivistas —
mineros, hidrocarburíferos, de infraestructura— y los territorios históricamente ocupados por pueblos
indígenas y comunidades rurales con altos índices de pobreza estructural, de exclusión histórica respecto
al acceso y control de los recursos naturales. Esta última característica dio pruebas de un problema
recurrente en la región: la superposición del modo económico extractivista contra la protección del
medio ambiente y los derechos territoriales colectivos.
El problema de investigación hizo foco precisamente en la existencia de un punto de fricción entre dos
derechos constitucionales de carácter legítimo: por un lado, los derechos de protección del medio
Bolivia estuvo en camino hacia un modelo biocéntrico con la Constitución de 2009 y las Leyes 071
(2010) y Ley 300 (2012) a partir de las cuales se reconocieron derechos de la Madre Tierra y la
regeneración ecológica. Sin embargo, Ramírez y Cauthin (2021) señalaron que hubo vacíos
institucionales, y la emergencia de actividades extractivas, como en el caso del conflicto TIPNIS, en el
cual el Estado a través de proyectos extractivos en tierras indígenas no se ocupó de consultar a las
comunidades.
Mientras que Perú, entre los años 2010 y 2023, tuvo un incremento de la minería y la deforestación
ilegal de sus territorios y continuaron emergiendo conflictos entre propiedad privada y conservación.
Tendría un marco institucional robusto, a través del Ministerio del Ambiente o del SERNANP; sin
embargo, la presión extractiva provocó choques como el caso de Bagua, donde el derecho de propiedad
fue ignorado por intereses extractivos.
La constitución de los conflictos acontecidos en Bolivia y Perú no fue un suceso episódico, sino
estructural. Se dio el "reconocimiento de los derechos al medio ambiente, así como de los derechos
indígenas", pero la realidad fue la debilidad de la aplicación de estos derechos. En el caso de Perú, se
muestra que la debilidad institucional sumada a una ausencia de consulta vinculante fue, en cambio, el
desencadenante de las confrontaciones —criminalización de la protesta. En el caso de Bolivia, si bien
se reconocían más rights colectivos, perduraron las tensiones a causa de proyectos alentados por el
Estado gracias al "interés nacional".
El artículo trató del conflicto jurídico engendrado entre la conservación del medio ambiente y el derecho
de propiedad privada en América Latina, a partir de una comparación de los casos de Bolivia y Perú, en
el contexto que caracteriza la investigación: la tensión producida entre los proyectos extractivistas —
mineros, hidrocarburíferos, de infraestructura— y los territorios históricamente ocupados por pueblos
indígenas y comunidades rurales con altos índices de pobreza estructural, de exclusión histórica respecto
al acceso y control de los recursos naturales. Esta última característica dio pruebas de un problema
recurrente en la región: la superposición del modo económico extractivista contra la protección del
medio ambiente y los derechos territoriales colectivos.
El problema de investigación hizo foco precisamente en la existencia de un punto de fricción entre dos
derechos constitucionales de carácter legítimo: por un lado, los derechos de protección del medio
pág. 3530
ambiente y del uso sostenible de los recursos naturales; y, por otro, el derecho de propiedad privada y
el aprovechamiento económico que, durante el tiempo, se hace del territorio. Dicho conflicto se vio
incrementado en la medida en que los espacios afectados eran territorios indígenas, es decir, también
entraban en juego derechos colectivos como, por ejemplo, la identidad cultural, la autodeterminación,
el deber de consultación, entre otros. En este contexto, la investigación también hizo aflorar el lugar que
ocupa el derecho ambiental y el derecho indígena en cada uno de los dos países que se estudiaron.
Examinados los avances normativos en materia ambiental y de derecho indígena en cada uno de los dos
países, la investigación simplemente concluyó que la aplicación de tales normas había sido reducida y
estaba muy a menudo subordinada a intereses económicos a corto plazo, lo que había hecho estallar,
repetidamente, un conflicto socioambiental.
La importancia del estudio consistió en que la gestión de los recursos naturales en un sentido sostenible
se consideró no solo una obligación del Estado, sino también un requisito indispensable para el
cumplimiento del derecho del presente y del futuro a contar con un ambiente sano. Y desde el plano de
la justicia ambiental, el derecho al medio ambiente sanogeneró la salvaguarda de los medios de vida de
las comunidades que dependieron de los ecosistemas naturales.Dentro de este marco, el
constitucionalismo ambiental latinoamericano constituyó una buena matriz teórica para estudiar la
forma en que los textos constitucionales incluyeron la protección del medio ambiente y, además, la
forma en que esta protección del medio ambiente se relacionó o chocó con los modelos económicos
extractivos.
El estudio se apoya en el enfoque del constitucionalismo ambiental como la protección del ambiente
integrando la transversalidad de la protección del ambiente en los componentes dogmáticos, orgánicos
y económicos de la Constitución; así como los derechos humanos de cuarta generación vinculados a la
defensa del patrimonio natural común. Desde este enfoque se aprecian los conceptos de derecho al
ambiente, la sostenibilidad, el territorio indígena, la consulta previa y los límites constitucionales al
derecho de propiedad, sin pretender con esto darles un tratamiento exhaustivo, sino utilizándolos como
categorías analíticas para el estudio comparado.
En este sentido, la investigación llevó a cabo un estudio comparado con el caso del Baguazo en Perú y
el conflicto del TIPNIS en Bolivia, a partir del cual intentó ver cómo la interacción entre marcos
ambiente y del uso sostenible de los recursos naturales; y, por otro, el derecho de propiedad privada y
el aprovechamiento económico que, durante el tiempo, se hace del territorio. Dicho conflicto se vio
incrementado en la medida en que los espacios afectados eran territorios indígenas, es decir, también
entraban en juego derechos colectivos como, por ejemplo, la identidad cultural, la autodeterminación,
el deber de consultación, entre otros. En este contexto, la investigación también hizo aflorar el lugar que
ocupa el derecho ambiental y el derecho indígena en cada uno de los dos países que se estudiaron.
Examinados los avances normativos en materia ambiental y de derecho indígena en cada uno de los dos
países, la investigación simplemente concluyó que la aplicación de tales normas había sido reducida y
estaba muy a menudo subordinada a intereses económicos a corto plazo, lo que había hecho estallar,
repetidamente, un conflicto socioambiental.
La importancia del estudio consistió en que la gestión de los recursos naturales en un sentido sostenible
se consideró no solo una obligación del Estado, sino también un requisito indispensable para el
cumplimiento del derecho del presente y del futuro a contar con un ambiente sano. Y desde el plano de
la justicia ambiental, el derecho al medio ambiente sanogeneró la salvaguarda de los medios de vida de
las comunidades que dependieron de los ecosistemas naturales.Dentro de este marco, el
constitucionalismo ambiental latinoamericano constituyó una buena matriz teórica para estudiar la
forma en que los textos constitucionales incluyeron la protección del medio ambiente y, además, la
forma en que esta protección del medio ambiente se relacionó o chocó con los modelos económicos
extractivos.
El estudio se apoya en el enfoque del constitucionalismo ambiental como la protección del ambiente
integrando la transversalidad de la protección del ambiente en los componentes dogmáticos, orgánicos
y económicos de la Constitución; así como los derechos humanos de cuarta generación vinculados a la
defensa del patrimonio natural común. Desde este enfoque se aprecian los conceptos de derecho al
ambiente, la sostenibilidad, el territorio indígena, la consulta previa y los límites constitucionales al
derecho de propiedad, sin pretender con esto darles un tratamiento exhaustivo, sino utilizándolos como
categorías analíticas para el estudio comparado.
En este sentido, la investigación llevó a cabo un estudio comparado con el caso del Baguazo en Perú y
el conflicto del TIPNIS en Bolivia, a partir del cual intentó ver cómo la interacción entre marcos
pág. 3531
normativos, políticas de desarrollo y derechos territoriales había desembocado en conflicto jurídicos
socioambientales. Desde esta perspectiva, la hipótesis fundamental dejó planteada la idea de que estos
conflictos jurídicos socioambientales no se producen debido a la falta de normas, sino por no haber
tenido una adecuada articulación entre el constitucionalismo ambiental y las políticas extractivas en
curso. El propósito del estudio fue evidenciar las similitudes y diferencias entre ambas experiencias
nacionales, así como examinar en qué medida los diseños constitucionales influyeron en la gestión —o
profundización— de los conflictos entre conservación ambiental, propiedad privada y derechos
colectivos.
METODOLOGÍA
Enfoque y Tipo de Investigación
La investigación tuvo un enfoque cualitativo y documental, centrado en el análisis de los conflictos entre
el derecho de propiedad privada, la conservación ambiental y los derechos territoriales indígenas en
Bolivia y Perú. Fue una investigación jurídico-descriptiva y analítica, que examinó los marcos
normativos, jurisprudenciales e institucionales en ambos países. Se basó en una revisión comparativa
bibliográfica de leyes, sentencias judiciales y normativa relevante, con el fin de analizar las tensiones
entre los modelos extractivistas y la protección ambiental.
Diseño de Investigación
El diseño de la investigación fue documental comparativo, ya que se enfocó en la revisión y comparación
de documentos legales y jurisprudenciales de Bolivia y Perú. La información se obtuvo de bases de
datos académicas, bibliotecas universitarias, sentencias judiciales y normativas. El estudio se basó en
un análisis crítico y comparativo de las leyes y jurisprudencia vigentes de ambos países, especialmente
en relación con los casos Bagua y TIPNIS.
Unidad de Análisis y Muestra
La unidad de análisis estuvo formada por el ordenamiento jurídico que regulaba los derechos sobre el
medio ambiente, los territorios indígenas y la propiedad privada en los países andinos. Se seleccionaron
documentos normativos y jurisprudenciales clave de Bolivia (Constitución de 2009, Leyes 071 y 300)
y Perú (Constitución de 1993, legislación ambiental), así como decisiones judiciales relacionadas con
normativos, políticas de desarrollo y derechos territoriales había desembocado en conflicto jurídicos
socioambientales. Desde esta perspectiva, la hipótesis fundamental dejó planteada la idea de que estos
conflictos jurídicos socioambientales no se producen debido a la falta de normas, sino por no haber
tenido una adecuada articulación entre el constitucionalismo ambiental y las políticas extractivas en
curso. El propósito del estudio fue evidenciar las similitudes y diferencias entre ambas experiencias
nacionales, así como examinar en qué medida los diseños constitucionales influyeron en la gestión —o
profundización— de los conflictos entre conservación ambiental, propiedad privada y derechos
colectivos.
METODOLOGÍA
Enfoque y Tipo de Investigación
La investigación tuvo un enfoque cualitativo y documental, centrado en el análisis de los conflictos entre
el derecho de propiedad privada, la conservación ambiental y los derechos territoriales indígenas en
Bolivia y Perú. Fue una investigación jurídico-descriptiva y analítica, que examinó los marcos
normativos, jurisprudenciales e institucionales en ambos países. Se basó en una revisión comparativa
bibliográfica de leyes, sentencias judiciales y normativa relevante, con el fin de analizar las tensiones
entre los modelos extractivistas y la protección ambiental.
Diseño de Investigación
El diseño de la investigación fue documental comparativo, ya que se enfocó en la revisión y comparación
de documentos legales y jurisprudenciales de Bolivia y Perú. La información se obtuvo de bases de
datos académicas, bibliotecas universitarias, sentencias judiciales y normativas. El estudio se basó en
un análisis crítico y comparativo de las leyes y jurisprudencia vigentes de ambos países, especialmente
en relación con los casos Bagua y TIPNIS.
Unidad de Análisis y Muestra
La unidad de análisis estuvo formada por el ordenamiento jurídico que regulaba los derechos sobre el
medio ambiente, los territorios indígenas y la propiedad privada en los países andinos. Se seleccionaron
documentos normativos y jurisprudenciales clave de Bolivia (Constitución de 2009, Leyes 071 y 300)
y Perú (Constitución de 1993, legislación ambiental), así como decisiones judiciales relacionadas con
pág. 3532
los casos Bagua y TIPNIS. La muestra se compuso de documentos legales, sentencias y literatura
académica relevante entre 2010 y 2023.
Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Información
Se utilizó la técnica de revisión documental y bibliográfica para sistematizar información de sentencias
judiciales, leyes, doctrina jurídica y literatura académica relacionada con los conflictos
socioambientales. El análisis de contenido jurídico permitió identificar los argumentos clave sobre el
ejercicio del derecho de propiedad, la protección de territorios indígenas y la función ecológica. Los
instrumentos utilizados para organizar la información fueron fichas bibliográficas y matrices
comparativas, que ayudaron a identificar similitudes y diferencias jurídicas entre ambos países.
Criterios de Inclusión y Exclusión
● Criterios de inclusión: Se incluyeron documentos normativos y jurisprudenciales vigentes entre
2010 y 2023 que abordaran directamente conflictos socioambientales en territorios indígenas o áreas
naturales protegidas, relacionados con actividades extractivas o proyectos de infraestructura.
● Criterios de exclusión: Se excluyeron normas derogadas y documentos que no afecten
directamente los territorios o dimensiones ambientales relevantes para el análisis comparativo.
Consideraciones Éticas
La investigación mantuvo principios de integridad académica y honestidad intelectual, garantizando la
adecuada citación de todas las fuentes utilizadas de acuerdo con las normas APA 7, el enfoque fue
objetivo, sin sesgamientos hacia los intereses estatales, privados o comunitarios, y que intentó enfatizar
los derechos de los pueblos nativos y de las comunidades impactadas por proyectos extractivos.
Limitaciones del Estudio
Una limitación importante fue que el fallo del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza
sobre el TIPNIS tenía carácter no vinculante, lo que limitaba su impacto directo en la legislación
boliviana. Sin embargo, el fallo tuvo un valor doctrinal y ético significativo. Otra limitación fue la
desigual disponibilidad de información jurídica entre Bolivia y Perú, lo que generó asimetrías en la
profundidad del análisis jurisprudencial de los casos.
los casos Bagua y TIPNIS. La muestra se compuso de documentos legales, sentencias y literatura
académica relevante entre 2010 y 2023.
Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Información
Se utilizó la técnica de revisión documental y bibliográfica para sistematizar información de sentencias
judiciales, leyes, doctrina jurídica y literatura académica relacionada con los conflictos
socioambientales. El análisis de contenido jurídico permitió identificar los argumentos clave sobre el
ejercicio del derecho de propiedad, la protección de territorios indígenas y la función ecológica. Los
instrumentos utilizados para organizar la información fueron fichas bibliográficas y matrices
comparativas, que ayudaron a identificar similitudes y diferencias jurídicas entre ambos países.
Criterios de Inclusión y Exclusión
● Criterios de inclusión: Se incluyeron documentos normativos y jurisprudenciales vigentes entre
2010 y 2023 que abordaran directamente conflictos socioambientales en territorios indígenas o áreas
naturales protegidas, relacionados con actividades extractivas o proyectos de infraestructura.
● Criterios de exclusión: Se excluyeron normas derogadas y documentos que no afecten
directamente los territorios o dimensiones ambientales relevantes para el análisis comparativo.
Consideraciones Éticas
La investigación mantuvo principios de integridad académica y honestidad intelectual, garantizando la
adecuada citación de todas las fuentes utilizadas de acuerdo con las normas APA 7, el enfoque fue
objetivo, sin sesgamientos hacia los intereses estatales, privados o comunitarios, y que intentó enfatizar
los derechos de los pueblos nativos y de las comunidades impactadas por proyectos extractivos.
Limitaciones del Estudio
Una limitación importante fue que el fallo del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza
sobre el TIPNIS tenía carácter no vinculante, lo que limitaba su impacto directo en la legislación
boliviana. Sin embargo, el fallo tuvo un valor doctrinal y ético significativo. Otra limitación fue la
desigual disponibilidad de información jurídica entre Bolivia y Perú, lo que generó asimetrías en la
profundidad del análisis jurisprudencial de los casos.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Cuadro Comparativo: Características principales de los casos Bagua (Perú) vs. TIPNIS (Bolivia)
Categoría Caso Bagua (Perú) Caso TIPNIS (Bolivia)
Origen del
conflicto
Decretos legislativos que favorecieron
la apertura extractiva sin consulta
previa a los pueblos indígenas.
Construcción de una carretera (Villa
Tunari–San Ignacio) en territorio
indígena protegido, sin consulta previa
válida.
Legislación
Ambiental
La Constitución de 1993 establece el
derecho a un ambiente sano, pero de
manera limitada. No reconoce
derechos de la naturaleza.
La Constitución de 2009 reconoce
explícitamente los derechos de la
Madre Tierra y el derecho a un medio
ambiente sano.
Derechos de
Propiedad
Reconocimiento limitado a propiedad
privada y propiedad comunal, pero no
integra un enfoque ecológico.
Reconocimiento a propiedad indígena
con un enfoque biocéntrico, pero con
tensiones debido a intereses
extractivos del Estado.
Consulta Previa Reconocida parcialmente, pero sin
carácter vinculante; la consulta previa
solo se aplica en ciertos casos.
La consulta previa es un derecho
constitucional, pero en la práctica se
incumple, como se evidenció en el
caso TIPNIS.
Medidas de
Conservación
Existen leyes de conservación forestal,
pero no se implementan de manera
efectiva en áreas indígenas debido a la
presión extractiva.
El TIPNIS está clasificado como área
protegida, pero el Estado priorizó
proyectos extractivos sobre su
conservación.
Impacto de
Proyectos
Extractivos
Los decretos legislativos favorecieron
la apertura extractiva en territorios
indígenas, afectando la Amazonía.
El proyecto de la carretera Villa
Tunari–San Ignacio afectó
directamente al TIPNIS, un territorio
indígena y área protegida.
Respuesta del
Estado
Represión estatal y criminalización de
la protesta indígena. La respuesta
judicial fue tardía pero reconoció la
legitimidad de la protesta.
El Estado promovió activamente el
proyecto, manipulando las consultas y
dividiendo las comunidades indígenas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Cuadro Comparativo: Características principales de los casos Bagua (Perú) vs. TIPNIS (Bolivia)
Categoría Caso Bagua (Perú) Caso TIPNIS (Bolivia)
Origen del
conflicto
Decretos legislativos que favorecieron
la apertura extractiva sin consulta
previa a los pueblos indígenas.
Construcción de una carretera (Villa
Tunari–San Ignacio) en territorio
indígena protegido, sin consulta previa
válida.
Legislación
Ambiental
La Constitución de 1993 establece el
derecho a un ambiente sano, pero de
manera limitada. No reconoce
derechos de la naturaleza.
La Constitución de 2009 reconoce
explícitamente los derechos de la
Madre Tierra y el derecho a un medio
ambiente sano.
Derechos de
Propiedad
Reconocimiento limitado a propiedad
privada y propiedad comunal, pero no
integra un enfoque ecológico.
Reconocimiento a propiedad indígena
con un enfoque biocéntrico, pero con
tensiones debido a intereses
extractivos del Estado.
Consulta Previa Reconocida parcialmente, pero sin
carácter vinculante; la consulta previa
solo se aplica en ciertos casos.
La consulta previa es un derecho
constitucional, pero en la práctica se
incumple, como se evidenció en el
caso TIPNIS.
Medidas de
Conservación
Existen leyes de conservación forestal,
pero no se implementan de manera
efectiva en áreas indígenas debido a la
presión extractiva.
El TIPNIS está clasificado como área
protegida, pero el Estado priorizó
proyectos extractivos sobre su
conservación.
Impacto de
Proyectos
Extractivos
Los decretos legislativos favorecieron
la apertura extractiva en territorios
indígenas, afectando la Amazonía.
El proyecto de la carretera Villa
Tunari–San Ignacio afectó
directamente al TIPNIS, un territorio
indígena y área protegida.
Respuesta del
Estado
Represión estatal y criminalización de
la protesta indígena. La respuesta
judicial fue tardía pero reconoció la
legitimidad de la protesta.
El Estado promovió activamente el
proyecto, manipulando las consultas y
dividiendo las comunidades indígenas.
pág. 3534
Medidas
Judiciales
El sistema judicial peruano reconoció
la legitimidad de la protesta en el fallo
de 2020, pero no cambió el modelo
extractivo.
El Tribunal Internacional de los
Derechos de la Naturaleza (TIDN)
declaró ilegal la intervención estatal y
exigió la restauración del territorio.
Tratamiento de la
Protesta Indígena
La protesta fue reconocida como
legítima y defendió los derechos
colectivos de los pueblos indígenas.
El Estado intentó deslegitimarla,
dividiendo a las comunidades y
criminalizando las resistencias de
manera indirecta.
Dimensión
Ecológica
El enfoque ambiental fue secundario,
centrado principalmente en los
derechos territoriales indígenas.
El enfoque fue biocéntrico y
ecológico, reconociendo la función
ecológica de los territorios indígenas
como sujetos de derechos.
Efectos y
Resultados
Precedente judicial que limitó la
criminalización de la protesta y
reforzó el derecho a la consulta
ambiental, pero sin cambios
estructurales.
Precedente internacional que
consolidó los derechos de la
naturaleza, pero sin efectos
vinculantes internos.
Conclusión
comparativa
Estado con enfoque economicista que
vulnera derechos mediante normas
inconsultas, con corrección judicial
tardía.
Estado con discurso ecológico
avanzado, pero con prácticas
extractivas contradictorias con su
Constitución.
Fuente: Elaboración Propia
Medidas
Judiciales
El sistema judicial peruano reconoció
la legitimidad de la protesta en el fallo
de 2020, pero no cambió el modelo
extractivo.
El Tribunal Internacional de los
Derechos de la Naturaleza (TIDN)
declaró ilegal la intervención estatal y
exigió la restauración del territorio.
Tratamiento de la
Protesta Indígena
La protesta fue reconocida como
legítima y defendió los derechos
colectivos de los pueblos indígenas.
El Estado intentó deslegitimarla,
dividiendo a las comunidades y
criminalizando las resistencias de
manera indirecta.
Dimensión
Ecológica
El enfoque ambiental fue secundario,
centrado principalmente en los
derechos territoriales indígenas.
El enfoque fue biocéntrico y
ecológico, reconociendo la función
ecológica de los territorios indígenas
como sujetos de derechos.
Efectos y
Resultados
Precedente judicial que limitó la
criminalización de la protesta y
reforzó el derecho a la consulta
ambiental, pero sin cambios
estructurales.
Precedente internacional que
consolidó los derechos de la
naturaleza, pero sin efectos
vinculantes internos.
Conclusión
comparativa
Estado con enfoque economicista que
vulnera derechos mediante normas
inconsultas, con corrección judicial
tardía.
Estado con discurso ecológico
avanzado, pero con prácticas
extractivas contradictorias con su
Constitución.
Fuente: Elaboración Propia
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Diagrama de flujo: Relación entre el Desarrollo Económico y las Políticas Ambientales en Bolivia
y Perú
Fuente: Elaboración Propia
Interpretación del Cuadro y Diagrama
El diagrama de flujo ilustró claramente cómo las políticas extractivas continuaron prevaleciendo sobre
los principios ambientales y los derechos territoriales indígenas en Bolivia y Perú. A pesar de que ambos
países sí habían hecho una constitucionalización del derecho a un ambiente sano y habían reconocido
los derechos de los pueblos indígenas, los intereses económicos fueron los que primaron en la práctica
política y jurídica.
El caso de Perú, muestra de forma contundente cómo la aprobación no consensuada de las normas
extractivas, tal y como pasó en Bagua, creó un conflicto socioambiental que se resolvió en gran medida
a través de la represión estatal y de la criminalización de la protesta. A pesar de que sí se llegó a
considerar la legitimidad de las protestas por parte del sistema judicial, esta práctica no se tradujo en
Diagrama de flujo: Relación entre el Desarrollo Económico y las Políticas Ambientales en Bolivia
y Perú
Fuente: Elaboración Propia
Interpretación del Cuadro y Diagrama
El diagrama de flujo ilustró claramente cómo las políticas extractivas continuaron prevaleciendo sobre
los principios ambientales y los derechos territoriales indígenas en Bolivia y Perú. A pesar de que ambos
países sí habían hecho una constitucionalización del derecho a un ambiente sano y habían reconocido
los derechos de los pueblos indígenas, los intereses económicos fueron los que primaron en la práctica
política y jurídica.
El caso de Perú, muestra de forma contundente cómo la aprobación no consensuada de las normas
extractivas, tal y como pasó en Bagua, creó un conflicto socioambiental que se resolvió en gran medida
a través de la represión estatal y de la criminalización de la protesta. A pesar de que sí se llegó a
considerar la legitimidad de las protestas por parte del sistema judicial, esta práctica no se tradujo en
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transformaciones estructurales de la lógica del modelo extractivo o de una mejora del ambiente. El
déficit normativo en Perú mostró una debilidad estructural del sistema judicial y de las políticas de
consulta previa y, por lo tanto, las comunidades indígenas están expuestas y vulnerables a la expansión
extractiva.
A pesar de que en Bolivia existió un marco constitucional biocéntrico que reconocía a la Madre Tierra,
en el que se estableció el principio de la función ecológica del territorio, la materialización de estos
principios fue débil, dándose la tradición del Estado que priorizaba los proyectos de "interés nacional".
Este fue el caso del TIPNIS, donde el Estado promovía una carretera en el área protegida del TIPNIS,
sin una consulta válida. Es decir, a pesar de la mejora normativa, el extractivismo continuaba siendo el
motor económico nacional, y la brecha entre la norma y la práctica era cada vez evidente. El fallo del
Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza puso de manifiesto esta contradicción,
recalcando el hecho de que la protección de los derechos territoriales y ecológicos era irreal.
Ambos casos revelaron la ineficacia de las políticas preventivas de los derechos ambientales y de los
derechos indígenas. A pesar de la existencia de marcos constitucionales favorables, la subordinación de
la propiedad indígena y de la consulta previa a los intereses económicos demostró que tanto los derechos
ambientales como los territoriales continuaron siendo vulnerados en la realidad. La defensa del medio
ambiente y los derechos colectivos dependió más de la movilización social y de los mecanismos de
control externo que no de un auténtico esfuerzo del Estado por la sostenibilidad.
Este análisis reveló que, aunque los marcos jurídicos de ambos países reconocieron los derechos de la
naturaleza y de los pueblos indígenas, la aplicación de estos principios en la práctica siguió siendo un
desafío crucial, pues los intereses económicos continuaron dictando las políticas públicas y el desarrollo
económico.
CONCLUSIONES
El análisis comparado de los casos Bagua en Perú y TIPNIS en Bolivia permitió concluir que, aunque
ambos países habían incorporado en sus constituciones la protección del medio ambiente y el
reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, estas garantías se mantuvieron subordinadas
a las prioridades económicas asociadas al modelo extractivo predominante. Esto demostró que el
reconocimiento normativo, por sí solo, no aseguró una protección efectiva del territorio ni de los
transformaciones estructurales de la lógica del modelo extractivo o de una mejora del ambiente. El
déficit normativo en Perú mostró una debilidad estructural del sistema judicial y de las políticas de
consulta previa y, por lo tanto, las comunidades indígenas están expuestas y vulnerables a la expansión
extractiva.
A pesar de que en Bolivia existió un marco constitucional biocéntrico que reconocía a la Madre Tierra,
en el que se estableció el principio de la función ecológica del territorio, la materialización de estos
principios fue débil, dándose la tradición del Estado que priorizaba los proyectos de "interés nacional".
Este fue el caso del TIPNIS, donde el Estado promovía una carretera en el área protegida del TIPNIS,
sin una consulta válida. Es decir, a pesar de la mejora normativa, el extractivismo continuaba siendo el
motor económico nacional, y la brecha entre la norma y la práctica era cada vez evidente. El fallo del
Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza puso de manifiesto esta contradicción,
recalcando el hecho de que la protección de los derechos territoriales y ecológicos era irreal.
Ambos casos revelaron la ineficacia de las políticas preventivas de los derechos ambientales y de los
derechos indígenas. A pesar de la existencia de marcos constitucionales favorables, la subordinación de
la propiedad indígena y de la consulta previa a los intereses económicos demostró que tanto los derechos
ambientales como los territoriales continuaron siendo vulnerados en la realidad. La defensa del medio
ambiente y los derechos colectivos dependió más de la movilización social y de los mecanismos de
control externo que no de un auténtico esfuerzo del Estado por la sostenibilidad.
Este análisis reveló que, aunque los marcos jurídicos de ambos países reconocieron los derechos de la
naturaleza y de los pueblos indígenas, la aplicación de estos principios en la práctica siguió siendo un
desafío crucial, pues los intereses económicos continuaron dictando las políticas públicas y el desarrollo
económico.
CONCLUSIONES
El análisis comparado de los casos Bagua en Perú y TIPNIS en Bolivia permitió concluir que, aunque
ambos países habían incorporado en sus constituciones la protección del medio ambiente y el
reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, estas garantías se mantuvieron subordinadas
a las prioridades económicas asociadas al modelo extractivo predominante. Esto demostró que el
reconocimiento normativo, por sí solo, no aseguró una protección efectiva del territorio ni de los
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ecosistemas estratégicos cuando los intereses estatales o corporativos se orientaron hacia la explotación
de recursos naturales.
Asimismo, se observó que la propiedad privada y la propiedad comunal continuaron siendo entendidas
principalmente por una lógica de productividad o patrimonial, y que su función ecológica había quedado
relegada a un plano secundario. Esto reafirmó una distancia importante entre los principios del
constitucionalismo ambiental y la praxis gubernamental, la cual tendió a priorizar proyectos
considerados de "interés nacional", aun a costa de provocar afectaciones graves a los territorios
indígenas y las áreas protegidas. Las decisiones judiciales que fueron objeto de análisis también
evidenciaron que los mecanismos de justicia ambiental operaron de forma tardía y reactiva, haciendo
actuación solamente una vez que el conflicto ya había originado impactos sociales y ecológicos difíciles
de remediar.
El estudio finalmente concluyó que la posibilidad de garantizar una relación equilibrada entre el
desarrollo económico, la conservación de la naturaleza y los derechos colectivos depende de la
existencia de instituciones fuertes y autónomas que ejerzan un control real sobre el poder político y
económico. En este sentido, tanto Perú como Bolivia tuvieron necesidad de mejorar sus sistemas de
prevención jurídica y de protección ambiental, de ejercer mayor control sobre la extracción de recursos
naturales y de conseguir que la consulta previa fuese un mecanismo vinculante y efectivamente
respetado desde la fase de toma de decisiones.
Finalmente, se reconoce que la transformación del paradigma normativo latinoamericano hacia una
justicia ambiental real no exigió reformas normativas sino que además exigió transformaciones
estructurales de la gestión territorial y de la misma noción de desarrollo. Persistió así un campo abierto
para futuras investigaciones orientadas a evaluar el impacto real de los derechos de la naturaleza, a
comprender las dinámicas de poder en los conflictos socioambientales y a promover estrategias que
permitieran consolidar la sostenibilidad y la autonomía territorial como pilares del bienestar colectivo.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Acosta, A. (2013). El Buen Vivir: Sumak Kawsay, una oportunidad para imaginar otros mundos. Icaria.
Andrade Echeverría, M., Andrade Mendoza, K., Fontaine, G., Fuentes, J. L., & Velasco, S. (2011).
Gobernanza ambiental en Bolivia y Perú: Gobernanza en tres dimensiones: de los recursos
ecosistemas estratégicos cuando los intereses estatales o corporativos se orientaron hacia la explotación
de recursos naturales.
Asimismo, se observó que la propiedad privada y la propiedad comunal continuaron siendo entendidas
principalmente por una lógica de productividad o patrimonial, y que su función ecológica había quedado
relegada a un plano secundario. Esto reafirmó una distancia importante entre los principios del
constitucionalismo ambiental y la praxis gubernamental, la cual tendió a priorizar proyectos
considerados de "interés nacional", aun a costa de provocar afectaciones graves a los territorios
indígenas y las áreas protegidas. Las decisiones judiciales que fueron objeto de análisis también
evidenciaron que los mecanismos de justicia ambiental operaron de forma tardía y reactiva, haciendo
actuación solamente una vez que el conflicto ya había originado impactos sociales y ecológicos difíciles
de remediar.
El estudio finalmente concluyó que la posibilidad de garantizar una relación equilibrada entre el
desarrollo económico, la conservación de la naturaleza y los derechos colectivos depende de la
existencia de instituciones fuertes y autónomas que ejerzan un control real sobre el poder político y
económico. En este sentido, tanto Perú como Bolivia tuvieron necesidad de mejorar sus sistemas de
prevención jurídica y de protección ambiental, de ejercer mayor control sobre la extracción de recursos
naturales y de conseguir que la consulta previa fuese un mecanismo vinculante y efectivamente
respetado desde la fase de toma de decisiones.
Finalmente, se reconoce que la transformación del paradigma normativo latinoamericano hacia una
justicia ambiental real no exigió reformas normativas sino que además exigió transformaciones
estructurales de la gestión territorial y de la misma noción de desarrollo. Persistió así un campo abierto
para futuras investigaciones orientadas a evaluar el impacto real de los derechos de la naturaleza, a
comprender las dinámicas de poder en los conflictos socioambientales y a promover estrategias que
permitieran consolidar la sostenibilidad y la autonomía territorial como pilares del bienestar colectivo.
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pág. 3538
naturales, la conservación en áreas protegidas y los pueblos indígenas. Laboratorio de Políticas
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Araujo, J. P., Palao, L., & Contreras, F. (2022). Perú: Los retos de la justicia ambiental nacional. SPDA.
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investigación-F.G.-Arias-2012-pdf-1.pdf
Bebbington, A., Bebbington, D. H., Sauls, L. A., Rogan, J., Agrawal, S., Gamboa, C., Imhof, A.,
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ciencias sociales (4.ª ed.). McGraw-Hill.
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dimensiones [Coordinado por Karen Andrade Mendoza]. Quito: FLACSO Ecuador.
Ley 071 de Derechos de la Madre Tierra, Estado Plurinacional de Bolivia (21 de diciembre de 2010).
Ley 1171 de Uso y Manejo Racional del Fuego, Estado Plurinacional de Bolivia (2019).
Ley 1333 del Medio Ambiente, Estado Plurinacional de Bolivia (27 de abril de 1992).
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and infrastructure threaten forest cover and community rights. Proceedings of the National
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