DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA VÍCTIMA
EN EL PROCESO PENAL PERUANO: ANÁLISIS
SOBRE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE VICTIM IN
PERUVIAN CRIMINAL PROCEEDINGS: AN ANALYSIS
OF EFFECTIVE JUDICIAL PROTECTION
Yesenia Marisol Ordinola Siancas
Universidad Nacional de Trujillo, Perú
pág. 4609
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i4.25462
Derechos Fundamentales de la Víctima en el Proceso Penal Peruano:
Análisis sobre Tutela Judicial Efectiva
Yesenia Marisol Ordinola Siancas1
yordinolas@unitru.edu.pe
https://orcid.org/0009-0002-1901-2936
Universidad Nacional de Trujillo
Perú
RESUMEN
La revisión sistemática tuvo como objetivo, analizar cómo se garantizan los derechos fundamentales de
la víctima en el proceso penal peruano, con énfasis sobre la tutela judicial efectiva, evaluando las
barreras existentes que limitan su cumplimiento, existe discrepancias entre el reconocimiento formal de
estos derechos en la normativa nacional, tratados internacionales y su ejecución en la práctica judicial.
El presente estudio adopta un enfoque cualitativo y un diseño jurídico dogmático bajo el modelo
PRISMA, se revisaron 40 investigaciones publicadas entre 2020 y 2025. A través del análisis
documental, se identificaron factores estructurales y operativos en el sistema jurídico penal que limitan
la eficacia de la tutela judicial efectiva. Asimismo, se constató prácticas de revictimización, una limitada
participación procesal y tensiones en la implementación normativa, que han llevado a instancias
internacionales a cuestionar al Estado peruano por la desprotección de las víctimas; concluyendo en la
necesidad de optimizar las garantías procesales.
Palabras claves: derecho penal, derechos humanos, administración de justicia, procedimiento legal.
1 Autor principal
Correspondencia: yordinolas@unitru.edu.pe
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i4.25462
Derechos Fundamentales de la Víctima en el Proceso Penal Peruano:
Análisis sobre Tutela Judicial Efectiva
Yesenia Marisol Ordinola Siancas1
yordinolas@unitru.edu.pe
https://orcid.org/0009-0002-1901-2936
Universidad Nacional de Trujillo
Perú
RESUMEN
La revisión sistemática tuvo como objetivo, analizar cómo se garantizan los derechos fundamentales de
la víctima en el proceso penal peruano, con énfasis sobre la tutela judicial efectiva, evaluando las
barreras existentes que limitan su cumplimiento, existe discrepancias entre el reconocimiento formal de
estos derechos en la normativa nacional, tratados internacionales y su ejecución en la práctica judicial.
El presente estudio adopta un enfoque cualitativo y un diseño jurídico dogmático bajo el modelo
PRISMA, se revisaron 40 investigaciones publicadas entre 2020 y 2025. A través del análisis
documental, se identificaron factores estructurales y operativos en el sistema jurídico penal que limitan
la eficacia de la tutela judicial efectiva. Asimismo, se constató prácticas de revictimización, una limitada
participación procesal y tensiones en la implementación normativa, que han llevado a instancias
internacionales a cuestionar al Estado peruano por la desprotección de las víctimas; concluyendo en la
necesidad de optimizar las garantías procesales.
Palabras claves: derecho penal, derechos humanos, administración de justicia, procedimiento legal.
1 Autor principal
Correspondencia: yordinolas@unitru.edu.pe
pág. 4610
Fundamental Rights of the Victim in Peruvian Criminal Proceedings:
An Analysis of Effective Judicial Protection
ABSTRACT
This systematic review analyzed how the fundamental rights of victims are protected in the Peruvian
criminal justice system, focusing on effective judicial protection and its main obstacles. There is a gap
between the formal recognition of these rights in national laws and international treaties, and how they
are actually applied in court. Using a qualitative approach and a dogmatic legal design under the
PRISMA model, this study examined 40 papers published between 2020 and 2025. Through document
analysis, we identified structural and operational problems in the criminal justice system that reduce the
efficiency of judicial protection. Furthermore, the findings show issues with secondary victimization,
low victim participation, and problems implementing laws. This has caused international organizations
to question the Peruvian state regarding victim vulnerability. Finally, the study concludes that
procedural guarantees must be improved.
Keywords: criminal law, human rights, administration of justice, legal procedure.
Artículo recibido 20 junio 2026
Aceptado para publicación: 20 julio 2026
Fundamental Rights of the Victim in Peruvian Criminal Proceedings:
An Analysis of Effective Judicial Protection
ABSTRACT
This systematic review analyzed how the fundamental rights of victims are protected in the Peruvian
criminal justice system, focusing on effective judicial protection and its main obstacles. There is a gap
between the formal recognition of these rights in national laws and international treaties, and how they
are actually applied in court. Using a qualitative approach and a dogmatic legal design under the
PRISMA model, this study examined 40 papers published between 2020 and 2025. Through document
analysis, we identified structural and operational problems in the criminal justice system that reduce the
efficiency of judicial protection. Furthermore, the findings show issues with secondary victimization,
low victim participation, and problems implementing laws. This has caused international organizations
to question the Peruvian state regarding victim vulnerability. Finally, the study concludes that
procedural guarantees must be improved.
Keywords: criminal law, human rights, administration of justice, legal procedure.
Artículo recibido 20 junio 2026
Aceptado para publicación: 20 julio 2026
pág. 4611
INTRODUCCION
El estudio de los derechos fundamentales de la víctima en el proceso penal peruano constituye un eje
analítico clave dentro del Estado constitucional y democrático contemporáneo, en la medida que no
solo persigue la penalización del autor del delito, también procura la defensa total de las prerrogativas
de la víctima, garantizando una tutela jurisdiccional efectiva (Vallespín, 2009, p. 23, citado por Bernales
& Días, 2022). En este marco garantista, el agraviado adquiere un rol relevante dentro del proceso penal,
pues su actuación es esencial para la defensa y validez de las libertades fundamentales durante todo el
desarrollo del procedimiento, legitimando la justicia peruana mediante una adecuada función
jurisdiccional. (Verdín, 2020). No obstante, el ejercicio y goce de estas garantías se encuentran limitados
por deficiencias estructurales, sobrecarga procesal y barreras de acceso que limitan la eficacia del
amparo judicial, manteniendo a la víctima en un rol secundario. (San Martín Castro, 2024).
Este análisis tiene su base normativa en la Constitución Política del Perú, en el artículo 139,
estableciendo los principios rectores de la función jurisdiccional de carácter garantista, mientras que en
el Código Procesal Penal (Decreto Legislativo 957), reconoce formalmente a la víctima como sujeto
procesal con derechos específicos dentro del procedimiento penal (Ruíz, 2023). Estos dispositivos
legales buscan dotar de mecanismos de participación real del afectado en el proceso penal,
salvaguardando de esta manera su dignidad. Sin embargo, en la práctica judicial persisten deficiencias
como el desconocimiento, la revictimización y la deficiente reparación integral, lo que limita la
participación efectiva del agraviado, debilitando la tutela judicial efectiva (Bardales, 2023). Por lo tanto,
el problema de investigación está direccionado a determinar el real amparo judicial y la forma en cómo
los mecanismos institucionales protegen los derechos fundamentales de las víctimas durante el proceso
penal.
La justificación de este análisis se fundamenta en la relevancia jurídica y académica. Desde la
perspectiva legal, el estudio resulta relevante porque evalúa de manera crítica la responsabilidad estatal
como garante de los derechos del agraviado conforme al ordenamiento jurídico (Verdín, 2020). Desde
el punto de vista académico, el estudio aporta al debate dogmático penal, al visibilizar la necesidad de
un tratamiento equilibrado en el proceso penal, ya que históricamente se han centrado en las garantías
del procesado.
INTRODUCCION
El estudio de los derechos fundamentales de la víctima en el proceso penal peruano constituye un eje
analítico clave dentro del Estado constitucional y democrático contemporáneo, en la medida que no
solo persigue la penalización del autor del delito, también procura la defensa total de las prerrogativas
de la víctima, garantizando una tutela jurisdiccional efectiva (Vallespín, 2009, p. 23, citado por Bernales
& Días, 2022). En este marco garantista, el agraviado adquiere un rol relevante dentro del proceso penal,
pues su actuación es esencial para la defensa y validez de las libertades fundamentales durante todo el
desarrollo del procedimiento, legitimando la justicia peruana mediante una adecuada función
jurisdiccional. (Verdín, 2020). No obstante, el ejercicio y goce de estas garantías se encuentran limitados
por deficiencias estructurales, sobrecarga procesal y barreras de acceso que limitan la eficacia del
amparo judicial, manteniendo a la víctima en un rol secundario. (San Martín Castro, 2024).
Este análisis tiene su base normativa en la Constitución Política del Perú, en el artículo 139,
estableciendo los principios rectores de la función jurisdiccional de carácter garantista, mientras que en
el Código Procesal Penal (Decreto Legislativo 957), reconoce formalmente a la víctima como sujeto
procesal con derechos específicos dentro del procedimiento penal (Ruíz, 2023). Estos dispositivos
legales buscan dotar de mecanismos de participación real del afectado en el proceso penal,
salvaguardando de esta manera su dignidad. Sin embargo, en la práctica judicial persisten deficiencias
como el desconocimiento, la revictimización y la deficiente reparación integral, lo que limita la
participación efectiva del agraviado, debilitando la tutela judicial efectiva (Bardales, 2023). Por lo tanto,
el problema de investigación está direccionado a determinar el real amparo judicial y la forma en cómo
los mecanismos institucionales protegen los derechos fundamentales de las víctimas durante el proceso
penal.
La justificación de este análisis se fundamenta en la relevancia jurídica y académica. Desde la
perspectiva legal, el estudio resulta relevante porque evalúa de manera crítica la responsabilidad estatal
como garante de los derechos del agraviado conforme al ordenamiento jurídico (Verdín, 2020). Desde
el punto de vista académico, el estudio aporta al debate dogmático penal, al visibilizar la necesidad de
un tratamiento equilibrado en el proceso penal, ya que históricamente se han centrado en las garantías
del procesado.
pág. 4612
Asimismo, el estudio aporta un valor práctico al identificar impedimentos, como la dilación procesal,
la falta de recursos, la corrupción y la débil formación de las autoridades judiciales, cuyo fortalecimiento
resulta clave para consolidar una justicia más inclusiva y equitativa (San Martín Castro, 2024).
El sustento conceptual de la revisión sistemática se apoya en la teoría de las garantías fundamentales
como límites al poder estatal y mecanismos de protección de la dignidad humana, cuya efectividad debe
ser exigible en el marco del Estado constitucional (Roncancio Bedoya et al., 2022, p. 5). En ese sentido,
la tutela judicial efectiva se vincula con el acceso a la protección jurisdiccional y un proceso justo,
permitiendo que la víctima ejerza sus derechos de manera real y no meramente formal dentro del sistema
penal (Monzón & Fuentes, 2023, p. 624).
En el ámbito científico y jurídico, se advierte una necesidad de hacer cumplir estas salvaguardas. A
nivel general, Rios (2020) señala que los tribunales internacionales examinan la responsabilidad jurídica
de los Estados que vulneran las garantías fundamentales que ocasionan daños morales y psíquicos a las
víctimas. En esa línea, Carnevali (2022), propone la justicia restaurativa como mecanismo de reparación
de los daños causados, señalando que la inoperancia judicial favorece la impunidad. En la jurisprudencia
supranacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2025), en el Caso N.º 13,754 –
Barbosa E. y otros vs. Brasil, reafirmó la importancia de la responsabilidad estatal de cumplir
diligentemente con sus obligaciones de investigar y sancionar conforme a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (CADH).
Para el caso de Perú, los organismos internacionales constantemente los han observado. La Corte
Interamericana de Derechos Humanos (2024) registró entre los años 2020 y 2024 un total de 16 casos
de afectación a derechos esenciales en el Perú. En paralelo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU
(2022) determinó la necesidad de tutelar el derecho a la vida, la reunión pacífica y la defensa legal de
los familiares de los agraviados en los conflictos sociales en aras a un debido proceso. A nivel regional,
fallos como la Sentencia Constitucional Plurinacional 0670/2023-S4 confirman que, resulta
indispensable impulsar reformas legales que fortalezcan la tutela de las víctimas conforme a los
estándares constitucionales e internacionales. Esta revisión sistemática contribuye a integrar estos
antecedentes a la producción indexada entre 2020 y 2025, con la finalidad de analizar el desempeño
judicial en la actualidad en causas penales.
Asimismo, el estudio aporta un valor práctico al identificar impedimentos, como la dilación procesal,
la falta de recursos, la corrupción y la débil formación de las autoridades judiciales, cuyo fortalecimiento
resulta clave para consolidar una justicia más inclusiva y equitativa (San Martín Castro, 2024).
El sustento conceptual de la revisión sistemática se apoya en la teoría de las garantías fundamentales
como límites al poder estatal y mecanismos de protección de la dignidad humana, cuya efectividad debe
ser exigible en el marco del Estado constitucional (Roncancio Bedoya et al., 2022, p. 5). En ese sentido,
la tutela judicial efectiva se vincula con el acceso a la protección jurisdiccional y un proceso justo,
permitiendo que la víctima ejerza sus derechos de manera real y no meramente formal dentro del sistema
penal (Monzón & Fuentes, 2023, p. 624).
En el ámbito científico y jurídico, se advierte una necesidad de hacer cumplir estas salvaguardas. A
nivel general, Rios (2020) señala que los tribunales internacionales examinan la responsabilidad jurídica
de los Estados que vulneran las garantías fundamentales que ocasionan daños morales y psíquicos a las
víctimas. En esa línea, Carnevali (2022), propone la justicia restaurativa como mecanismo de reparación
de los daños causados, señalando que la inoperancia judicial favorece la impunidad. En la jurisprudencia
supranacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2025), en el Caso N.º 13,754 –
Barbosa E. y otros vs. Brasil, reafirmó la importancia de la responsabilidad estatal de cumplir
diligentemente con sus obligaciones de investigar y sancionar conforme a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (CADH).
Para el caso de Perú, los organismos internacionales constantemente los han observado. La Corte
Interamericana de Derechos Humanos (2024) registró entre los años 2020 y 2024 un total de 16 casos
de afectación a derechos esenciales en el Perú. En paralelo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU
(2022) determinó la necesidad de tutelar el derecho a la vida, la reunión pacífica y la defensa legal de
los familiares de los agraviados en los conflictos sociales en aras a un debido proceso. A nivel regional,
fallos como la Sentencia Constitucional Plurinacional 0670/2023-S4 confirman que, resulta
indispensable impulsar reformas legales que fortalezcan la tutela de las víctimas conforme a los
estándares constitucionales e internacionales. Esta revisión sistemática contribuye a integrar estos
antecedentes a la producción indexada entre 2020 y 2025, con la finalidad de analizar el desempeño
judicial en la actualidad en causas penales.
pág. 4613
Desde el punto de vista metodológico, el trabajo se plantea como una revisión sistemática, por cuanto
permite, integrar, comparar y resumir datos de diferentes investigaciones jurídicas publicadas durante
los últimos cinco años; la elección de este diseño documental nos da una visión integral actualizada
acerca de los mecanismos de protección de estos derechos, lo cual ayuda al análisis y a propuestas de
reformas dentro del sistema de justicia.
A partir de este panorama, la presente investigación tiene como principal interrogante ¿Cómo se
garantiza la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales de la víctima en el proceso penal
peruano y cuáles son las principales barreras y desafíos para su cumplimiento?
Para obtener esta respuesta, se establece como objetivo principal: Analizar cómo se garantiza la tutela
judicial efectiva de los derechos fundamentales de la víctima en el proceso penal peruano, identificando
las principales barreras y desafíos que limitan su cumplimiento.
Asimismo, se desarrollan los siguientes objetivos específicos:
▪ Analizar el marco legal nacional e internacional relacionado con la tutela judicial efectiva y la
salvaguarda de los derechos básicos de las víctimas en el procedimiento penal peruano.
▪ Determinar las barreras estructurales, operativas y normativas que afectan las garantías procesales
de las víctimas.
▪ Proponer alternativas o medidas que contribuyan a fortalecer la eficiencia del amparo judicial de
las víctimas.
Finalmente, es necesario recalcar que, como toda investigación, esta revisión sistemática puede
presentar limitaciones, como restricciones de pago, acceso abierto denegado en bases de datos
indexadas, reformas legislativas y cambios jurisprudenciales en el Perú que podrían no estar
actualizados.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio de investigación fue de tipo básico con enfoque cualitativo con elementos descriptivos y
analíticos. Tuvo un diseño jurídico dogmático, basado en una modalidad de revisión sistemática de
literatura. Como técnica de recolección de datos, se empleó el análisis de contenido de la jurisprudencia,
doctrina especializada y artículos de revisión; utilizando como instrumento de investigación una guía
Desde el punto de vista metodológico, el trabajo se plantea como una revisión sistemática, por cuanto
permite, integrar, comparar y resumir datos de diferentes investigaciones jurídicas publicadas durante
los últimos cinco años; la elección de este diseño documental nos da una visión integral actualizada
acerca de los mecanismos de protección de estos derechos, lo cual ayuda al análisis y a propuestas de
reformas dentro del sistema de justicia.
A partir de este panorama, la presente investigación tiene como principal interrogante ¿Cómo se
garantiza la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales de la víctima en el proceso penal
peruano y cuáles son las principales barreras y desafíos para su cumplimiento?
Para obtener esta respuesta, se establece como objetivo principal: Analizar cómo se garantiza la tutela
judicial efectiva de los derechos fundamentales de la víctima en el proceso penal peruano, identificando
las principales barreras y desafíos que limitan su cumplimiento.
Asimismo, se desarrollan los siguientes objetivos específicos:
▪ Analizar el marco legal nacional e internacional relacionado con la tutela judicial efectiva y la
salvaguarda de los derechos básicos de las víctimas en el procedimiento penal peruano.
▪ Determinar las barreras estructurales, operativas y normativas que afectan las garantías procesales
de las víctimas.
▪ Proponer alternativas o medidas que contribuyan a fortalecer la eficiencia del amparo judicial de
las víctimas.
Finalmente, es necesario recalcar que, como toda investigación, esta revisión sistemática puede
presentar limitaciones, como restricciones de pago, acceso abierto denegado en bases de datos
indexadas, reformas legislativas y cambios jurisprudenciales en el Perú que podrían no estar
actualizados.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio de investigación fue de tipo básico con enfoque cualitativo con elementos descriptivos y
analíticos. Tuvo un diseño jurídico dogmático, basado en una modalidad de revisión sistemática de
literatura. Como técnica de recolección de datos, se empleó el análisis de contenido de la jurisprudencia,
doctrina especializada y artículos de revisión; utilizando como instrumento de investigación una guía
pág. 4614
de análisis documental para sintetizar información desde una perspectiva interpretativa, crítica y
contextual.
En el proceso de búsqueda, planificación y selección de documentos se estableció criterios de inclusión
y exclusión, filtrándose información en diferentes bases de datos, utilizándose el método PRISMA
(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta – Analyses), facilitando la planificación
y verificación de los criterios de selección.
En los criterios de inclusión se consideraron: artículos de revisión sistemática relacionados a las
prerrogativas de los agraviados en la causa penal, normas y jurisprudencia relevantes en la tutela
judicial, literatura en idioma (español); rango de fecha (entre 2020 al 2025); con accesibilidad al texto
completo, sin costo mediante bases de información suscritas.
Los criterios de exclusión abarcaron: tesis de grado, resúmenes de congresos, revisiones rápidas no
evaluadas por pares, publicaciones en idioma distintos al español, artículos sin acceso a texto completo
y artículos que no trataban directamente el tema de investigación y documentos duplicados.
La recolección de los artículos científicos se realizó mediante sistemas y plataformas de indexación
como: Scielo, Latindex, Redalyc, ProQuest y Google académico, empleando palabras claves
relacionados con el tema de investigación como: Derecho penal, derechos humanos, administración de
justicia, procedimiento legal. Para la evaluación de los datos obtenidos, se seleccionó un total de
cuarenta investigaciones que cumplían con los criterios propuestos de manera rigurosa a los criterios
establecidos.
Respecto a las consideraciones éticas, el estudio cumplió con los principios de integridad académica,
garantizando el respeto por los derechos del autor mediante el uso adecuado de las normas APA.
Finalmente, como limitación del estudio, se identificaron restricciones en bases de datos que denegaban
su acceso a artículos de pago, aunque los documentos de acceso abierto y gratuito fueron suficientes
para saturar la categoría.
RESULTADOS
El estudio realizó un análisis exhaustivo de normas, jurisprudencia, doctrina y casos emblemáticos para
identificar cómo se garantiza la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales de las víctimas
en el proceso penal peruano.
de análisis documental para sintetizar información desde una perspectiva interpretativa, crítica y
contextual.
En el proceso de búsqueda, planificación y selección de documentos se estableció criterios de inclusión
y exclusión, filtrándose información en diferentes bases de datos, utilizándose el método PRISMA
(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta – Analyses), facilitando la planificación
y verificación de los criterios de selección.
En los criterios de inclusión se consideraron: artículos de revisión sistemática relacionados a las
prerrogativas de los agraviados en la causa penal, normas y jurisprudencia relevantes en la tutela
judicial, literatura en idioma (español); rango de fecha (entre 2020 al 2025); con accesibilidad al texto
completo, sin costo mediante bases de información suscritas.
Los criterios de exclusión abarcaron: tesis de grado, resúmenes de congresos, revisiones rápidas no
evaluadas por pares, publicaciones en idioma distintos al español, artículos sin acceso a texto completo
y artículos que no trataban directamente el tema de investigación y documentos duplicados.
La recolección de los artículos científicos se realizó mediante sistemas y plataformas de indexación
como: Scielo, Latindex, Redalyc, ProQuest y Google académico, empleando palabras claves
relacionados con el tema de investigación como: Derecho penal, derechos humanos, administración de
justicia, procedimiento legal. Para la evaluación de los datos obtenidos, se seleccionó un total de
cuarenta investigaciones que cumplían con los criterios propuestos de manera rigurosa a los criterios
establecidos.
Respecto a las consideraciones éticas, el estudio cumplió con los principios de integridad académica,
garantizando el respeto por los derechos del autor mediante el uso adecuado de las normas APA.
Finalmente, como limitación del estudio, se identificaron restricciones en bases de datos que denegaban
su acceso a artículos de pago, aunque los documentos de acceso abierto y gratuito fueron suficientes
para saturar la categoría.
RESULTADOS
El estudio realizó un análisis exhaustivo de normas, jurisprudencia, doctrina y casos emblemáticos para
identificar cómo se garantiza la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales de las víctimas
en el proceso penal peruano.
pág. 4615
Se revisaron de manera cronológica 40 estudios relacionados con las garantías procesales de las
víctimas, organizados en una tabla que destaca la relevancia de cada investigación. Las metodologías
empleadas abarcaron enfoques críticos de la normativa, doctrina y jurisprudencia, proporcionando una
visión integral sobre los derechos fundamentales y su protección en el transcurso del juicio penal.
Tabla 1. Para realizar el análisis del objetivo específico 1, se ha elaborado la matriz de análisis
documental sobre el marco normativo nacional e internacional sobre la tutela judicial de la víctima.
Elaboración de la autora
Ámbito/fuente Enfoque Alcance de la tutela Conclusión
Internacional
ONU – Comité DD.HH.
(2022)
Derechos
Humanos
Exigibilidad de los
recursos
Para que exista una tutela judicial
efectiva y eficaz, es necesario una
adecuada investigación, evitando de
esta manera que se vulnere el derecho
al recurso judicial de las víctimas.
Internacional
Corte Interamericana de
Derechos Humanos (2025)
& Reca (2021).
Responsabilidad
internacional
Garantía
jurisdiccional célere
La deficiencia en la actuación estatal
genera impunidad, exigiéndose
reformas estructurales que garanticen
investigaciones acordes con los
estándares internacionales. Asimismo,
las leyes con vacíos normativos
generan afectaciones al debido
proceso perjudicando principalmente
a grupos vulnerables.
Constitucional (Perú)
Comisión Especial para la
elección de miembros de la
Junta Nacional de Justicia
(2024).
Derechos
fundamentales
Derecho al amparo
jurisdiccional
La legislación Constitucional acredita
los derechos básicos del perjudicado
establecidos en los artículos 2° (inciso
1,7); Artículo 139° (inciso 3 y 14); y
el Artículo 159°.
Constitucional/Procesal
penal
Roncancio et. al. (2022),
Ruíz (2023) & Bardales
(2023)
Derechos Garantía procesal y el
debido proceso
El juez cumple una función activa
como garante de las prerrogativas
fundamentales en el debido proceso,
legitimando su función
Constitucional
López. (2022).
Derechos de la
víctima
Derecho a la
participación en el
proceso penal
La participación activa del afectado es
esencial para prevenir la impunidad y
garantizar tutela efectiva.
Constitucional
Tribunal Constitucional del
Perú (2024)
Función
jurisdiccional
Derecho a una
motivación judicial
eficaz
Las resoluciones judiciales deben
estar resueltas bajo una motivación
judicial esencial para una defensa real,
validando el sistema judicial.
Procesal Penal
Jurista Editores E.I.R.L.
(2025), & San Martín
Castro, (2024)
Normativo Derechos de la
víctima como sujeto
procesal activo/
amparo judicial
El Código Procesal Penal reconoce la
tutela de derechos y a la víctima como
sujeto procesal; este amparo judicial
es un componente estructural del
Estado constitucional.
Se revisaron de manera cronológica 40 estudios relacionados con las garantías procesales de las
víctimas, organizados en una tabla que destaca la relevancia de cada investigación. Las metodologías
empleadas abarcaron enfoques críticos de la normativa, doctrina y jurisprudencia, proporcionando una
visión integral sobre los derechos fundamentales y su protección en el transcurso del juicio penal.
Tabla 1. Para realizar el análisis del objetivo específico 1, se ha elaborado la matriz de análisis
documental sobre el marco normativo nacional e internacional sobre la tutela judicial de la víctima.
Elaboración de la autora
Ámbito/fuente Enfoque Alcance de la tutela Conclusión
Internacional
ONU – Comité DD.HH.
(2022)
Derechos
Humanos
Exigibilidad de los
recursos
Para que exista una tutela judicial
efectiva y eficaz, es necesario una
adecuada investigación, evitando de
esta manera que se vulnere el derecho
al recurso judicial de las víctimas.
Internacional
Corte Interamericana de
Derechos Humanos (2025)
& Reca (2021).
Responsabilidad
internacional
Garantía
jurisdiccional célere
La deficiencia en la actuación estatal
genera impunidad, exigiéndose
reformas estructurales que garanticen
investigaciones acordes con los
estándares internacionales. Asimismo,
las leyes con vacíos normativos
generan afectaciones al debido
proceso perjudicando principalmente
a grupos vulnerables.
Constitucional (Perú)
Comisión Especial para la
elección de miembros de la
Junta Nacional de Justicia
(2024).
Derechos
fundamentales
Derecho al amparo
jurisdiccional
La legislación Constitucional acredita
los derechos básicos del perjudicado
establecidos en los artículos 2° (inciso
1,7); Artículo 139° (inciso 3 y 14); y
el Artículo 159°.
Constitucional/Procesal
penal
Roncancio et. al. (2022),
Ruíz (2023) & Bardales
(2023)
Derechos Garantía procesal y el
debido proceso
El juez cumple una función activa
como garante de las prerrogativas
fundamentales en el debido proceso,
legitimando su función
Constitucional
López. (2022).
Derechos de la
víctima
Derecho a la
participación en el
proceso penal
La participación activa del afectado es
esencial para prevenir la impunidad y
garantizar tutela efectiva.
Constitucional
Tribunal Constitucional del
Perú (2024)
Función
jurisdiccional
Derecho a una
motivación judicial
eficaz
Las resoluciones judiciales deben
estar resueltas bajo una motivación
judicial esencial para una defensa real,
validando el sistema judicial.
Procesal Penal
Jurista Editores E.I.R.L.
(2025), & San Martín
Castro, (2024)
Normativo Derechos de la
víctima como sujeto
procesal activo/
amparo judicial
El Código Procesal Penal reconoce la
tutela de derechos y a la víctima como
sujeto procesal; este amparo judicial
es un componente estructural del
Estado constitucional.
pág. 4616
Análisis de la tabla: al examinar la legislación a nivel nacional e internacional, se puede concluir que
no existe un problema de falta de leyes que reconozcan las garantías procesales de la víctima durante la
causa penal. Por lo tanto, no responde a un vacío legislativo las vulneraciones a los derechos
fundamentales de la víctima, las cuales perjudican principalmente a los sectores más vulnerables. (Reca,
2021).
De hecho, el Comité de Derechos Humanos de la ONU (2022) y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (2025), concluyen que el amparo judicial es efectivo, cuando se hace una investigación
diligente durante el proceso judicial y si el Estado incumple, genera impunidad y debe ser sancionado
por su responsabilidad internacional. Asimismo, la Constitución peruana en su artículo 139°, 2° y 159°
y criterios de la Junta Nacional de Justicia (2024), reconocen expresamente los derechos de los
perjudicados.
De igual manera, el Tribunal Constitucional del Perú (2024), enfatizó que el deber del juez durante la
causa penal es realizar una debida motivación de las resoluciones judiciales, siendo garante de los
derechos de las víctimas durante el proceso judicial. El Código Procesal Penal (Decreto Legislativo
957), y los autores San Martín Castro, (2024) & López, (2022); reconocieron y corroboraron que la
víctima es un sujeto procesal activo y su intervención directa es clave para el ejercicio pleno de sus
derechos procesales.
No obstante, los autores Roncancio et. al. (2022), Ruíz (2023) y Bardales (2023), ratificaron que existen
realidades que contradicen lo estipulado en la norma con la práctica judicial; para ello es necesario que
ese formalismo plasmado en la legislación se convierta en promesas reales que aseguren una tutela
judicial efectiva de carácter puramente declarativo o formal.
Análisis de la tabla: al examinar la legislación a nivel nacional e internacional, se puede concluir que
no existe un problema de falta de leyes que reconozcan las garantías procesales de la víctima durante la
causa penal. Por lo tanto, no responde a un vacío legislativo las vulneraciones a los derechos
fundamentales de la víctima, las cuales perjudican principalmente a los sectores más vulnerables. (Reca,
2021).
De hecho, el Comité de Derechos Humanos de la ONU (2022) y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (2025), concluyen que el amparo judicial es efectivo, cuando se hace una investigación
diligente durante el proceso judicial y si el Estado incumple, genera impunidad y debe ser sancionado
por su responsabilidad internacional. Asimismo, la Constitución peruana en su artículo 139°, 2° y 159°
y criterios de la Junta Nacional de Justicia (2024), reconocen expresamente los derechos de los
perjudicados.
De igual manera, el Tribunal Constitucional del Perú (2024), enfatizó que el deber del juez durante la
causa penal es realizar una debida motivación de las resoluciones judiciales, siendo garante de los
derechos de las víctimas durante el proceso judicial. El Código Procesal Penal (Decreto Legislativo
957), y los autores San Martín Castro, (2024) & López, (2022); reconocieron y corroboraron que la
víctima es un sujeto procesal activo y su intervención directa es clave para el ejercicio pleno de sus
derechos procesales.
No obstante, los autores Roncancio et. al. (2022), Ruíz (2023) y Bardales (2023), ratificaron que existen
realidades que contradicen lo estipulado en la norma con la práctica judicial; para ello es necesario que
ese formalismo plasmado en la legislación se convierta en promesas reales que aseguren una tutela
judicial efectiva de carácter puramente declarativo o formal.
pág. 4617
Tabla 2. Barreras que obstaculizan las garantías procesales de la víctima (respuesta al objetivo
específico 2).
Barrera/Autor Obstáculo Impacto jurídico y procesal en la
víctima
Estructural
Normativa/operativa
Bernales & Días (2022).
Desigualdades de condiciones
Falta de mecanismos procesales.
Desequilibrio de las garantías
procesales dentro de la causa penal,
causando la indefensión a la víctima
frente a la carencia de mecanismos
materiales que aseguran el acceso
judicial. (Pág. 12).
Institucional/Estructural
Corte IDH (2020 – 2025)
Discriminación en la investigación Discriminación estructural ante la
vulneración de obligaciones
convencionales al denegar la justicia y
generar impunidad, activando la
responsabilidad internacional del
Estado por incumplimiento de
estándares de Derechos Humanos.
Normativa
Ablamskyi, et.al. (2022);
Vega & Villalba (2024)
Brecha entre la norma y la práctica
judicial
Formalismo vacío de las garantías
procesales establecidas en la norma
frente a la práctica judicial, impidiendo
el ejercicio pleno de los derechos
fundamentales de los agraviados
durante el proceso penal.
Operativa
Acosta-Daza (2020).
Marcheco Acuña (2020)
Burocracia y costos procesales Revictimización de la víctima durante la
causa penal, generada por los obstáculos
burocráticos al momento de acceder a la
justicia, siendo limitada por los costos
procesales que convierten las garantías
en un formalismo.
Sistémica
Monzón & Fuentes (2023);
Galaviz (2021); CIDH
(2024)
Impunidad estructural Vulneración de la tutela judicial efectiva
por obstáculos estructurales que
impiden su materialización, requiriendo
restaurar derechos de la víctima frente a
estas fallas del sistema político -
jurídico.
Elaboración de la autora
Análisis de la tabla: los resultados que encontramos durante la revisión sistemática sobre las barreras
que enfrentan las víctimas en un proceso judicial penal, revela una crisis de efectividad, dentro de ellos
la falta de equilibrio. Según el autor Bardales y Días (2022), las garantías procesales del imputado
suelen tener mayor relevancia sobre los derechos del agraviado, marcando una desigualdad de
condiciones, esta carencia de mecanismos reales, impide a la víctima acceder a la justicia de manera
equitativa, colocándola en un estado de indefensión. Asimismo, el análisis de Ablamskyi et. al. (2022);
Vega y Villalba (2024), coinciden que la norma que establece los derechos de las víctimas es un
formalismo legal que ante la práctica judicial pierden su trascendencia los derechos fundamentales.
Tabla 2. Barreras que obstaculizan las garantías procesales de la víctima (respuesta al objetivo
específico 2).
Barrera/Autor Obstáculo Impacto jurídico y procesal en la
víctima
Estructural
Normativa/operativa
Bernales & Días (2022).
Desigualdades de condiciones
Falta de mecanismos procesales.
Desequilibrio de las garantías
procesales dentro de la causa penal,
causando la indefensión a la víctima
frente a la carencia de mecanismos
materiales que aseguran el acceso
judicial. (Pág. 12).
Institucional/Estructural
Corte IDH (2020 – 2025)
Discriminación en la investigación Discriminación estructural ante la
vulneración de obligaciones
convencionales al denegar la justicia y
generar impunidad, activando la
responsabilidad internacional del
Estado por incumplimiento de
estándares de Derechos Humanos.
Normativa
Ablamskyi, et.al. (2022);
Vega & Villalba (2024)
Brecha entre la norma y la práctica
judicial
Formalismo vacío de las garantías
procesales establecidas en la norma
frente a la práctica judicial, impidiendo
el ejercicio pleno de los derechos
fundamentales de los agraviados
durante el proceso penal.
Operativa
Acosta-Daza (2020).
Marcheco Acuña (2020)
Burocracia y costos procesales Revictimización de la víctima durante la
causa penal, generada por los obstáculos
burocráticos al momento de acceder a la
justicia, siendo limitada por los costos
procesales que convierten las garantías
en un formalismo.
Sistémica
Monzón & Fuentes (2023);
Galaviz (2021); CIDH
(2024)
Impunidad estructural Vulneración de la tutela judicial efectiva
por obstáculos estructurales que
impiden su materialización, requiriendo
restaurar derechos de la víctima frente a
estas fallas del sistema político -
jurídico.
Elaboración de la autora
Análisis de la tabla: los resultados que encontramos durante la revisión sistemática sobre las barreras
que enfrentan las víctimas en un proceso judicial penal, revela una crisis de efectividad, dentro de ellos
la falta de equilibrio. Según el autor Bardales y Días (2022), las garantías procesales del imputado
suelen tener mayor relevancia sobre los derechos del agraviado, marcando una desigualdad de
condiciones, esta carencia de mecanismos reales, impide a la víctima acceder a la justicia de manera
equitativa, colocándola en un estado de indefensión. Asimismo, el análisis de Ablamskyi et. al. (2022);
Vega y Villalba (2024), coinciden que la norma que establece los derechos de las víctimas es un
formalismo legal que ante la práctica judicial pierden su trascendencia los derechos fundamentales.
pág. 4618
Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2020,2025), señala que la falta de pesquisa
efectiva constituye una forma de discriminación institucional como patrón estructural; el Estado al no
cumplir con su deber de investigar diligentemente cada caso, no solo vulnera los derechos
fundamentales sino también genera impunidad, comprometiendo seriamente la responsabilidad
internacional del Estado peruano, lo cual acarrea sanciones.
La realidad procesal también presenta obstáculos operativos y burocráticos, según Acosta – Daza (2020)
y Marcheco Acuña (2020), concluyen que la revictimización institucional se debe a factores limitantes
para acceder a la justicia, ya que, en lugar de facilitar el proceso, la burocracia termina agotando a la
víctima y retrocediendo en el proceso ante los obstáculos formales. Finalmente, autores como Monzón
y Fuentes (2023); Galaviz (2021) y la CIDH (2024), coinciden que los fallos del sistema político-
jurídico impiden la materialización de la tutela judicial efectiva, al no consolidar su rol protector, ya
que no solo se trata del procedimiento procesal, sino también de restaurar los derechos que le han sido
vulnerados a la víctima.
DISCUSIÓN
En la legislación nacional como internacional, se observa una contradicción en cuanto al
reconocimiento formal de los derechos de la víctima, tanto en la Constitución Política del Perú como
en el Código Procesal Penal se reconoce a la víctima como sujeto procesal activo, pero a su vez se
evidencia una brecha de implementación, al quedar relegados los derechos básicos a una simple
promesa, ya que no se cumplen en la práctica judicial.
La doctrina coincide que no hay una ausencia de leyes al respecto, sino una deficiencia en su aplicación,
estos derechos blindados por la legislación se desvanecen cuando el Estado ignora la debida diligencia
en las investigaciones. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte IDH se pronunció y aclaró que, al no
cumplir los Estados con su deber, no solo cometen una falta procesal, sino que también vulneran a la
Convención que traslada esta responsabilidad. Por tanto, la participación activa de la víctima es el eje
central para una reparación integral de los derechos, evitando de esta manera que los procesos penales
sean un simple trámite administrativo que termina en la impunidad.
En cuanto a los obstáculos que limitan la tutela efectiva se identifica una crisis de efectividad
multicausal, el autor Bernales y Días (2022), señaló la existencia de una asimetría procesal que causa
Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2020,2025), señala que la falta de pesquisa
efectiva constituye una forma de discriminación institucional como patrón estructural; el Estado al no
cumplir con su deber de investigar diligentemente cada caso, no solo vulnera los derechos
fundamentales sino también genera impunidad, comprometiendo seriamente la responsabilidad
internacional del Estado peruano, lo cual acarrea sanciones.
La realidad procesal también presenta obstáculos operativos y burocráticos, según Acosta – Daza (2020)
y Marcheco Acuña (2020), concluyen que la revictimización institucional se debe a factores limitantes
para acceder a la justicia, ya que, en lugar de facilitar el proceso, la burocracia termina agotando a la
víctima y retrocediendo en el proceso ante los obstáculos formales. Finalmente, autores como Monzón
y Fuentes (2023); Galaviz (2021) y la CIDH (2024), coinciden que los fallos del sistema político-
jurídico impiden la materialización de la tutela judicial efectiva, al no consolidar su rol protector, ya
que no solo se trata del procedimiento procesal, sino también de restaurar los derechos que le han sido
vulnerados a la víctima.
DISCUSIÓN
En la legislación nacional como internacional, se observa una contradicción en cuanto al
reconocimiento formal de los derechos de la víctima, tanto en la Constitución Política del Perú como
en el Código Procesal Penal se reconoce a la víctima como sujeto procesal activo, pero a su vez se
evidencia una brecha de implementación, al quedar relegados los derechos básicos a una simple
promesa, ya que no se cumplen en la práctica judicial.
La doctrina coincide que no hay una ausencia de leyes al respecto, sino una deficiencia en su aplicación,
estos derechos blindados por la legislación se desvanecen cuando el Estado ignora la debida diligencia
en las investigaciones. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte IDH se pronunció y aclaró que, al no
cumplir los Estados con su deber, no solo cometen una falta procesal, sino que también vulneran a la
Convención que traslada esta responsabilidad. Por tanto, la participación activa de la víctima es el eje
central para una reparación integral de los derechos, evitando de esta manera que los procesos penales
sean un simple trámite administrativo que termina en la impunidad.
En cuanto a los obstáculos que limitan la tutela efectiva se identifica una crisis de efectividad
multicausal, el autor Bernales y Días (2022), señaló la existencia de una asimetría procesal que causa
pág. 4619
un desequilibrio estructural, por cuanto las garantías procesales de los imputados se posicionan por
encima de los del agraviado, dejándolo en un estado de indefensión material.
A esto se suman las barreras operativas y burocráticas sustentadas por los autores: Acosta – Daza (2020)
y Marcheco Acuña (2020), sostuvieron que el sistema en lugar de ser un refugio para las víctimas,
revictimiza. Tanto los costos procesales y la burocracia terminan agotando a las víctimas, quienes se
frustran durante el proceso penal. De igual manera, las barreras normativas que refirieron Ablamskyi
et. al. (2022) y Vega y Villalba (2024), confirmaron que lo dispuesto en la norma, es un formalismo
legal que dista mucho de la práctica judicial al perder su sentido protector.
Finalmente, la impunidad estructural que denunciaron los autores: Monzón y Fuentes (2023), Galaviz
(2021) y la CIDH (2024), que este tipo de discriminación estructural debilita progresivamente la
confianza en el sistema político – jurídico al no restaurar derechos ante la negativa estatal de la debida
diligencia.
La discusión demuestra que la tutela judicial efectiva de la víctima en el Perú se garantiza parcialmente,
por tanto, el Estado debe centrarse en la protección integral y superar todo estado de indefensión.
La respuesta al objetivo principal de esta revisión sistemática sugiere que debe solucionarse las barreras
identificadas, ya que limitan el ejercicio pleno de la víctima a la tutela de sus derechos, no solo basta
que estos derechos se encuentren reconocidos en los dispositivos legales a nivel nacional e
internacional, sino que es preciso garantizar mecanismos de exigibilidad material. Para ello es necesario
propuestas de mejora en las instituciones involucradas en velar por los derechos fundamentales de la
víctima durante el procedimiento y proceso como: formación continua de los operadores involucrados
en la causa penal, protocolos interinstitucionales de acción inmediata, modernización de la tecnología
y mecanismo de supervisión de cumplimiento de las reparaciones, para así construir un camino que
asegure el amparo judicial.
CONCLUSIONES
La investigación permite determinar que, aunque el régimen penal peruano valida de manera expresa el
derecho a la tutela judicial a las partes procesales, su materialización enfrenta serias limitaciones que
impiden su pleno ejercicio.
un desequilibrio estructural, por cuanto las garantías procesales de los imputados se posicionan por
encima de los del agraviado, dejándolo en un estado de indefensión material.
A esto se suman las barreras operativas y burocráticas sustentadas por los autores: Acosta – Daza (2020)
y Marcheco Acuña (2020), sostuvieron que el sistema en lugar de ser un refugio para las víctimas,
revictimiza. Tanto los costos procesales y la burocracia terminan agotando a las víctimas, quienes se
frustran durante el proceso penal. De igual manera, las barreras normativas que refirieron Ablamskyi
et. al. (2022) y Vega y Villalba (2024), confirmaron que lo dispuesto en la norma, es un formalismo
legal que dista mucho de la práctica judicial al perder su sentido protector.
Finalmente, la impunidad estructural que denunciaron los autores: Monzón y Fuentes (2023), Galaviz
(2021) y la CIDH (2024), que este tipo de discriminación estructural debilita progresivamente la
confianza en el sistema político – jurídico al no restaurar derechos ante la negativa estatal de la debida
diligencia.
La discusión demuestra que la tutela judicial efectiva de la víctima en el Perú se garantiza parcialmente,
por tanto, el Estado debe centrarse en la protección integral y superar todo estado de indefensión.
La respuesta al objetivo principal de esta revisión sistemática sugiere que debe solucionarse las barreras
identificadas, ya que limitan el ejercicio pleno de la víctima a la tutela de sus derechos, no solo basta
que estos derechos se encuentren reconocidos en los dispositivos legales a nivel nacional e
internacional, sino que es preciso garantizar mecanismos de exigibilidad material. Para ello es necesario
propuestas de mejora en las instituciones involucradas en velar por los derechos fundamentales de la
víctima durante el procedimiento y proceso como: formación continua de los operadores involucrados
en la causa penal, protocolos interinstitucionales de acción inmediata, modernización de la tecnología
y mecanismo de supervisión de cumplimiento de las reparaciones, para así construir un camino que
asegure el amparo judicial.
CONCLUSIONES
La investigación permite determinar que, aunque el régimen penal peruano valida de manera expresa el
derecho a la tutela judicial a las partes procesales, su materialización enfrenta serias limitaciones que
impiden su pleno ejercicio.
pág. 4620
Se evidencia que, el ordenamiento legal peruano está alineado con los criterios internacionales de
protección de víctimas, demostrando un esfuerzo normativo significativo del Estado. No obstante, la
existencia de normas adecuadas no garantiza por sí misma la efectividad de los derechos, debe estar
sujeta a la habilidad de los agentes judiciales para interpretarlas correctamente, activar sus mecanismos
y darles seguimiento oportuno. La brecha entre lo normado y lo ejecutado se mantiene como uno de los
desafíos centrales.
Se determina que, los mecanismos creados para proteger a los agraviados, como las disposiciones de
salvaguarda, restauración civil, unidades de asistencia y la participación activa en el proceso presentan
un funcionamiento desigual y, en algunos casos, insuficiente. La discrecionalidad en su aplicación, la
escasa homogeneidad en el juicio de los operadores y la escasa coordinación interinstitucional limitan
su eficacia y generan situaciones de revictimización y desprotección.
Asimismo, la investigación confirma que las barreras estructurales, operativas – normativas, la carga
laboral, deficiencia de recursos – infraestructura, las debilidades tecnológicas y los vacíos legales son
factores limitantes de la protección jurisdiccional.
Se verifica que existe una divergencia persistente entre la legislación y la puesta en práctica, esta
distancia entre lo formal y lo real socava la credibilidad judicial y debilita la percepción de justicia por
parte de los justiciables.
Finalmente, los resultados permiten afirmar que el fortalecimiento de la tutela judicial eficaz requiere
medidas integrales que combinen reformas institucionales, modernización tecnológica, capacitación
con visión de libertades fundamentales y mecanismos claros de fiscalización de las decisiones
judiciales, que garanticen a los perjudicados el disfrute pleno de sus facultades.
RECOMENDACIONES
Se propone reforzar la formación continua de jueces, fiscales, policías y defensores públicos,
priorizando derechos humanos, enfoque de género e interculturalidad para asegurar decisiones
coherentes y reducir la discrecionalidad en el proceso penal.
Se plantea crear protocolos obligatorios que integren al Poder Judicial, Ministerio Público, Policía y
servicios de apoyo, con el fin de brindar respuestas rápidas y uniformes ante situaciones de riesgo.
Se evidencia que, el ordenamiento legal peruano está alineado con los criterios internacionales de
protección de víctimas, demostrando un esfuerzo normativo significativo del Estado. No obstante, la
existencia de normas adecuadas no garantiza por sí misma la efectividad de los derechos, debe estar
sujeta a la habilidad de los agentes judiciales para interpretarlas correctamente, activar sus mecanismos
y darles seguimiento oportuno. La brecha entre lo normado y lo ejecutado se mantiene como uno de los
desafíos centrales.
Se determina que, los mecanismos creados para proteger a los agraviados, como las disposiciones de
salvaguarda, restauración civil, unidades de asistencia y la participación activa en el proceso presentan
un funcionamiento desigual y, en algunos casos, insuficiente. La discrecionalidad en su aplicación, la
escasa homogeneidad en el juicio de los operadores y la escasa coordinación interinstitucional limitan
su eficacia y generan situaciones de revictimización y desprotección.
Asimismo, la investigación confirma que las barreras estructurales, operativas – normativas, la carga
laboral, deficiencia de recursos – infraestructura, las debilidades tecnológicas y los vacíos legales son
factores limitantes de la protección jurisdiccional.
Se verifica que existe una divergencia persistente entre la legislación y la puesta en práctica, esta
distancia entre lo formal y lo real socava la credibilidad judicial y debilita la percepción de justicia por
parte de los justiciables.
Finalmente, los resultados permiten afirmar que el fortalecimiento de la tutela judicial eficaz requiere
medidas integrales que combinen reformas institucionales, modernización tecnológica, capacitación
con visión de libertades fundamentales y mecanismos claros de fiscalización de las decisiones
judiciales, que garanticen a los perjudicados el disfrute pleno de sus facultades.
RECOMENDACIONES
Se propone reforzar la formación continua de jueces, fiscales, policías y defensores públicos,
priorizando derechos humanos, enfoque de género e interculturalidad para asegurar decisiones
coherentes y reducir la discrecionalidad en el proceso penal.
Se plantea crear protocolos obligatorios que integren al Poder Judicial, Ministerio Público, Policía y
servicios de apoyo, con el fin de brindar respuestas rápidas y uniformes ante situaciones de riesgo.
pág. 4621
Se destaca la necesidad de invertir en plataformas seguras y accesibles que permitan audiencias virtuales
eficaces, ofreciendo asistencia técnica a las víctimas para garantizar su participación sin restricciones.
Se recomienda establecer unidades responsables de supervisar la ejecución real de las acciones dictadas,
evaluando riesgos y actuando ante incumplimientos para evitar la revictimización.
Se sugiere modernizar los mecanismos de cobro, crear registros de deudores y facilitar embargos,
además de considerar fondos estatales para adelantar reparaciones en casos vulnerables.
Se plantea identificar y eliminar trámites innecesarios dentro del proceso penal para acelerar la
resolución de casos y disminuir la carga en fiscalías y juzgados.
Se recomienda revisar la normativa procesal para eliminar ambigüedades y asegurar interpretaciones
uniformes que protejan efectivamente los derechos de las víctimas.
Se enfatiza que la víctima debe ser escuchada y considerada en decisiones relevantes, evitando una
participación meramente formal.
Se propone crear mecanismos de monitoreo continuo que midan la efectividad de las medidas adoptadas
y permitan ajustes constantes acorde con los estándares internacionales.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Ablamskyi, S.Y., Ansari, F. A. & Nosach, A. V. (2022). Evaluación del estado actual de realización de
los derechos de las víctimas en el proceso penal: una explicación bajo los códigos de
procedimiento penal de Ucrania y de la India. Novum Jus, 16 (2), 23-48.
https://doi.org/10.14718/novumjus.2022.16.2.2
Acosta-Daza, D. F. (2020). Justicia sin daño: una apuesta por el fortalecimiento del acceso a la justicia.
Prospectiva, (29), 213–238. https://doi.org/10.25100/prts.v0i29.8085
Bardales-del-Águila, L. (2023). El debido proceso como derecho fundamental en el sistema de justicia
peruano. Revista Científica Ratio Iure,3(1), e495.
https://revistas.unsm.edu.pe/index.php/rcri/article/view/495
Bernales Rojas, G., & Días Mendes, L. (2022). Los derechos fundamentales de la víctima en el proceso
penal. Revista Internacional Consinter de Direito.
https://doi.org/10.19135/revista.consinter.00014.10
Se destaca la necesidad de invertir en plataformas seguras y accesibles que permitan audiencias virtuales
eficaces, ofreciendo asistencia técnica a las víctimas para garantizar su participación sin restricciones.
Se recomienda establecer unidades responsables de supervisar la ejecución real de las acciones dictadas,
evaluando riesgos y actuando ante incumplimientos para evitar la revictimización.
Se sugiere modernizar los mecanismos de cobro, crear registros de deudores y facilitar embargos,
además de considerar fondos estatales para adelantar reparaciones en casos vulnerables.
Se plantea identificar y eliminar trámites innecesarios dentro del proceso penal para acelerar la
resolución de casos y disminuir la carga en fiscalías y juzgados.
Se recomienda revisar la normativa procesal para eliminar ambigüedades y asegurar interpretaciones
uniformes que protejan efectivamente los derechos de las víctimas.
Se enfatiza que la víctima debe ser escuchada y considerada en decisiones relevantes, evitando una
participación meramente formal.
Se propone crear mecanismos de monitoreo continuo que midan la efectividad de las medidas adoptadas
y permitan ajustes constantes acorde con los estándares internacionales.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Ablamskyi, S.Y., Ansari, F. A. & Nosach, A. V. (2022). Evaluación del estado actual de realización de
los derechos de las víctimas en el proceso penal: una explicación bajo los códigos de
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https://doi.org/10.14718/novumjus.2022.16.2.2
Acosta-Daza, D. F. (2020). Justicia sin daño: una apuesta por el fortalecimiento del acceso a la justicia.
Prospectiva, (29), 213–238. https://doi.org/10.25100/prts.v0i29.8085
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peruano. Revista Científica Ratio Iure,3(1), e495.
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pág. 4622
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http://dx.doi.org/10.4067/S0718-09502022000100303
Comisión Especial para la elección de miembros de la Junta Nacional de Justicia. (2024, 07 de marzo).
Constitución Política del Perú (versión actualizada). https://www.comisionespecial-
jnj.gob.pe/normas/constitucion-politica-del-peru/
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13.754. Edivaldo Barbosa de Andrade y otros. Brasil.
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/Corte/2025/BR_13.754_NdeREs.PDF
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https://www.oas.org/es/cidh/multimedia/estadisticas/estadisticas.html
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López Rojas, D. G. (2022). El ejercicio de la acusación por parte de la víctima coadyuvante en el nuevo
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