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INTRODUCCIÓN
Los padres de familia desempeñan un rol determinante en la educación de los hijos con discapacidad,
pues de su involucramiento depende, en buena medida, la continuidad del proceso escolar, el acceso a
terapias complementarias y el sostenimiento emocional necesario para enfrentar las barreras que el
entorno impone a la niñez con discapacidad. Cuando una familia afronta la discapacidad de un hijo, se
espera que ello se convierta en un factor de unión; sin embargo, la evidencia muestra que las dificultades
económicas, de tiempo y de acceso a información técnica pueden limitar la participación de ambos
progenitores en los distintos procesos de desarrollo escolar de sus hijos.
La educación especial es un servicio conformado por técnicas, estrategias y recursos pedagógicos
destinados a asegurar, de forma temporal o permanente, un proceso educativo integral, flexible,
incluyente y dinámico para las personas con discapacidad. En Guatemala, las personas con discapacidad
presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que, a largo plazo, pueden impedir
su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás (Consejo
Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad [CONADI], 2018). De acuerdo con el
registro nacional de ese mismo organismo, se contabilizaron 1,408,736 niños con alguna discapacidad
inscritos en las escuelas públicas del país entre los 4 y los 13 años, de los cuales un estimado de 32,729
corresponde al departamento de Petén, es decir, el 6.65% de la población nacional en esa condición
(CONADI, 2018).
En el departamento de Petén únicamente existen cuatro escuelas oficiales de educación especial —Santa
Elena, Poptún, San Luis y El Chal—, insuficientes para atender a los 14 municipios del departamento,
por lo que un número considerable de niños con discapacidad asiste a escuelas públicas de atención
regular sin los apoyos técnicos especializados que su condición requeriría. Para el año 2025, la población
con discapacidad atendida en las escuelas públicas del municipio de San Benito, Petén, fue de 182
estudiantes, dentro de un total departamental de 1,339 (I. Martínez, comunicación personal, 12 de
febrero de 2026), cifra que evidencia la magnitud de una problemática que exige la corresponsabilidad
activa de las familias.
La Ley de Educación Nacional establece las obligaciones de los sujetos que intervienen en la acción
educativa, incluidos los padres de familia (Congreso de la República de Guatemala, 1991); no obstante,