El objetivo de esta investigación ilustra el proceso de acumulación de poder político y de capital entre 1982 y 2018, derivado de la adopción del modelo neoliberal en México, y sus implicaciones en el desarrollo socioeconómico de la población en dicho periodo. Método: Se desarrolló un recorrido socio histórico basado en una revisión bibliográfica partiendo de fuentes oficiales, periodísticas y revistas científicas. El análisis y la sistematización de la información reveló que la adopción de la estrategia neoliberal buscó la recuperación económica, a través de diversos ajustes estructurales, entre ellos el adelgazamiento de la intervención estatal y la inclusión del sector empresarial como motor de la economía nacional. Sin embargo, lejos de mejorar las condiciones de vida de la población, se aperturó una nueva etapa de acumulación de capital, acompañada de la reorganización de los grupos de poder empresarial que ampliaron gradualmente su influencia en las decisiones políticas para incrementar hasta 5 veces la rentabilidad empresarial por sobre el crecimiento del PIB nacional (Castillo, 2017:28), en un país con más del 50% de poblacion en condiciones de pobreza multidimensional (INEGI, 2018). Además de ello, se labraron puentes de tránsito de la esfera política a la empresarial. En conclusión, la ideología tecnocrática y neoliberal que compartió la clase política y empresarial determinó el declive del Estado de bienestar, y el deterioro de la capacidad redistributiva de la política social, al mismo tiempo que el vínculo político-empresarial promovió la acumulación de capital, mediante mecanismos legaloides e incluso también ilícitos.

Palabras clave: Desigualdad social; Acumulación de capital; Neoliberalismo.

Correspondencia: [email protected]

Artículo recibido: 10 agosto 2022. Aceptado para publicación: 15 septiembre 2022.

Conflictos de Interés: Ninguna que declarar

Todo el contenido de Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, publicados en este sitio están disponibles bajo Licencia Creative Commons .

Como citar: Piñón Avilés, O. A., Contreras Landgrave, G., Casas Patiño, D., Rodríguez Torres, A., & Casas Patiño, I. (2022). El proceso de acumulación de poder y capital en México (1982-2018). Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 6(5), 731-758. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i5.3122

Accumulation of power and capital in Mexico (1982-2018)

ABSTRACT

The objective of this research illustrates the process of accumulation of political power and capital between 1982 and 2018, derived from the adoption of the neoliberal model in Mexico, and its implications for the socioeconomic development of the population in that period. Method: A socio-historical journey was developed based on a bibliographic review based on official, journalistic and scientific journal sources. The analysis and systematization of the information revealed that the adoption of the neoliberal strategy sought economic recovery, through various structural adjustments, including the reduction of state intervention and the inclusion of the business sector as the engine of the national economy. However, far from improving the living conditions of the population, a new stage of capital accumulation began, accompanied by the reorganization of the business power groups that gradually expanded their influence on political decisions to increase profitability up to 5 times. over the growth of the national GDP (Castillo, 2017:28), in a country with more than 50% of the population in conditions of multidimensional poverty (INEGI, 2018). In addition to this, increasingly solid transit bridges were built from the political to the business sphere. In conclusion, the technocratic and neoliberal ideology shared by the political and business class determined the decline of the welfare state, and the deterioration of the redistributive capacity of social policy, at the same time that the political-business link promoted the accumulation of capital, through legal and even illegal mechanisms.

Keywords: Social inequality, Capital accumulation, Social policy.

INTRODUCCIÓN

En el contexto de la crisis económica de la década de 1980 en México, se desarrolló un proceso político que transitó de un modelo proteccionista hacia un modelo neoliberal, bajo la coacción e influencia de organismos internacionales, así como una incipiente ideología en el seno de la fuerza política hegemónica adoctrinada al liberalismo económico, que justificando la falta de recursos y el agotamiento de los modelos desarrollistas implementados en el periodo posrevolucionario, impulsaron la adopción del neoliberalismo en México.

Por su parte, la vigencia del neoliberalismo (1982-2018) implicó un aserie de ajustes estructurales que orientaron el desarrollo de las acciones políticas al margen de una nueva lógica económica, además de modificar los alcances que la intervención estatal tendría a partir de entonces. En ese sentido se inauguró una nueva dinámica en el concierto de los procesos económicos y figuraron nuevos participantes vinculados a las relaciones de poder que, de acuerdo con el Plan nacional de Desarrollo 1983, serían elementos esenciales para la recuperación y el crecimiento económico del país, entendido como base del bienestar social (SEGOB, 1983:9). Sin embargo, ello no implicó que el Producto interno Bruto nacional (PIB) recuperara el crecimiento promedio sexenal del 6%, observado en las cuatro décadas previas a 1980, sino lo que se logró fue apenas un crecimiento promedio sexenal del PIB menor al 3% entre 1983 y 2018 (Botello, 2021). En contraste, la rentabilidad empresarial alcanzó un ritmo de crecimiento hasta de un 11% anual entre 2003 y 2014 (Castillo, 2017:28), es decir, casi 5 veces mayor al PIB nacional, incluso en los tiempos de crisis económica tuvieron insólitas utilidades (Reyes, 2011:10).

Otro contraste radicó en la creciente brecha de desigualdad salarial observada a partir del índice de Gini, el cual pasó de 0.398 en 1984 a 0.454 en 2018, teniendo el índice más alto en 2006 (0.490) (Banco Mundial, 2020; Luyando, 2013:42). De esa misma manera, entre 1981 y 2018 las familias del decil socioeconómico más alto percibieron en promedio sexenal un 39.1% de la riqueza nacional, mientras que las familias del decil más bajo solo el 1.4% (INEGI, 2019:17; Cortés, 2013:19). Por su parte, la proporción de pobreza multidimensional observada en 1984, entendida como carencia de ingresos para cubrir gasto de alimentación, salud, educación, vestido, transporte y vivienda, prácticamente fue la misma que en el año 2018, correspondiente al 52% de la población mexicana, de la cual el 22.5% representó pobreza alimentaria en 1984, proporción que aumentó al 25.5% en 2018 (Székely, 2005:294; Coneval, 2018). Cabe señalar que, la mayoría de los aspectos considerados en la pobreza multidimensional fueron abordados como las principales formas de determinación social de la salud en los diagnósticos de los Programas Nacionales de Salud (SSA, 1984:9; SSA, 1991:8-10; SSA, 1996:16; SSA, 2001:28; SSA, 2007:67; SSA, 2013:21).

Con todo esto, la presente investigación se enfocó en el análisis del proceso de acumulación de poder y capital como origen de la problematización, además de analizar paralelamente el carácter democrático y social del gobierno mexicano asociado a dichos procesos.

Así entonces, reconociendo la relevancia del proceso de acumulación de poder y capital, entendido como un fenómeno social que deriva en proceso salud enfermedad, resulta necesario, para logar una explicación comprensiva de dicho fenómeno, cuestionarse, ¿Cómo se desarrolló el proceso de acumulación de poder y capital, y qué implicaciones tuvo de la población mexicana durante el periodo 1982-2018?

OBJETIVO

Describir el proceso de acumulación de poder y capital en México durante el periodo 1982 – 2018, y sus implicaciones en materia de bienestar social en la población

METODOLOGÍA

El tipo de investigación que se presenta fue cualitativo porque se realizó el análisis de diferentes documentos, lo que permite afirmar que también fue documental y reflexiva, así como transversal, toda vez que las fuentes se analizaron en una sola ocasión. Así mismo, fue retrospectiva, pues las fuentes de información para dicho análisis fueron diversos documentos oficiales emitidos entre el año 1982 y 2018 desde el ámbito nacional, es decir, la investigación abordo todo plano nacional. Con lo anterior se puede afirmar que no fue experimental.

En cuanto a la instrumentación de la investigación, se recurrió a fuentes de información documental, tales como fueron:

· Plan Nacional de Desarrollo (PND):1983-1988, 1989-1994, 1995-2000, 2001-2006, 2007-2012, 2013-2018, 2019-2024.

· Programa Nacional de salud (PNS): 1983-1988, 1989-1994, 1995-2000, 2001-2006, 2007-2012, 2013-2018, 2019-2024.

· Informes sobre salud emitidos por el Instituto Nacional de Salud Pública (INS): 1982-2018.

· Informes del Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL):1994 - 2000, 2001 -2006, 2007 - 2012 y 2013 - 2018.

· Informes del instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): 1982-2018.

· Artículos científicos y periodísticos enfocados al periodo de estudio (1982-2018)

RESULTADOS

Tras el desgaste del modelo económico de desarrollo, y el ascenso de una clase política tecnocrática al gobierno, la crisis económica de 1982 sirvió como argumento para diezmar la configuración del estado benefactor en México; un fenómeno que se desarrolló en América Latina durante la década de 1980, conocido como proceso de reforma (Contreras, 2011:13), basado en la liberación de la economía y el adelgazamiento del Estado, como los aspectos más relevantes (Montesinos, 2000:91).

Entre los promotores de este proceso figuraron organismos financieros, como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional, bajo la tesis de que el Estado era ineficaz para satisfacer las necesidades de la sociedad, además de que su intervención dificultaba el progreso económico (Contreras, 2011:13; Montesinos, 2000:96).

Este proceso de transición política se dio con la participación de dos actores, uno político y otro económico, por un lado, los grupos de élites empresariales que habían madurado durante varias décadas y la clase política tecnocrática emergente. Ambas bajo una sincronía ideológica contrapuesta a las fuerzas políticas patrimonialistas, comprometidas con los principios posrevolucionarios y nacionalistas, al margen de la constitución de 1917.

En este sentido, las relaciones de poder se dieron entre las fuerzas políticas y las económicas en función de una pugna entre dos proyectos de nación, uno neoliberal, basado en el liberalismo económico, y otro populista, basado en el proteccionismo. Sin embargo, la nueva generación emergente de políticos (tecnócratas) ante la crisis de la clase política tradicional, no fue una oposición partidista, sino una perspectiva política engendrada por las tendencias ideológicas del nuevo orden mundial dentro del mismo partido. Así, el proyecto neoliberal, al menos por parte de la élite empresarial, fue conformándose desde 1975 con la creación del Consejo Coordinador Empresarial, para enfrentar el modelo de desarrollo populista y la limitación a la inversión extranjera impuestas por el gobierno de Echeverría (Montesinos, 2000:96), y más tarde con el gobierno de López Portillo (1976-1982) en el que se nacionalizó la banca (1982), lo cual implicó una fractura entre la clase política posrevolucionaria y el empresariado. Sin embargo, la caída de los precios del petróleo, la devaluación del peso, el endeudamiento y la mala administración, debilitaron la capacidad financiera y el carácter benefactor del Estado (Ceja, 2004).

En contraste, la llegada de Miguel de la Madrid al gobierno (1982-1988), no solo subsanó la tensa relación político-empresarial, sino que fomentó la inversión privada como parte de los ejes de la reforma estructural, contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo (SEGOB, 1983:9), lo que sentó las bases para aperturar la privatización, al tiempo que promovió una economía de libre mercado al incorporar a México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), concluyendo así con el declive de la intervención estatal en la economía (Montesinos, 2000:97). De esta forma se inauguró el proceso de transición hacia el neoliberalismo como proyecto de nación en el que convergieron una nueva generación de políticos tecnócratas y empresarios, tanto nacionales como extranjeros.

Con todo esto, la lógica tecnocrática implicó severos ajustes que invirtieron la política que se observó al menos desde la década de 1930 y hasta 1980, es decir, en la que se privilegió la economía por sobre la política. Los efectos negativos de este ajuste no solo fueron económicos y políticos, sino también culturales, ya que dicha transición acarreó reducciones en gasto público (Contreras, 2011:12) y por consecuencia en el apoyo generalizado a través de los programas sociales, lo cual impactó en el estilo de vida de las familias, y aún más, las formas de producción de las pequeñas y medianas empresas mexicanas dejaron de ser rentables a medida que se consolidaron las reformas, pues no tuvieron oportunidad de competir con las modernas empresas extranjeras. Así, el neoliberalismo entonces adecuó el proceso de modernización y reordenó la cadena productiva a nivel internacional, rompiendo la lógica del proteccionismo económico (Montesinos, 2000:94).

Así, tras la conquista del poder por parte del ala política tecnocrática que despreciaba el populismo, una fracción representativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se manifestó ante los procesos anti democráticos que impusieron a Carlos Salinas como candidato a la presidencia, lo cual llevó a una fragmentación del Partido, entre priistas tecnócratas con posgrados en universidades del extranjero (como Harvard, Yale, Princeton) e ideologías modernizadoras, privatizadoras y orientadas a la economía de mercado (Salas, 2004), mientras que el ala cardenista se orientó aun al estatismo, y a dirigir la inversión privada y pública al sector social. Finalmente, las relaciones del poder político dentro del partido finalizaron con la renuncia de Cárdenas al PRI en 1987, lo cual no impidió su candidatura a la presidencia, pues se postuló a través de una coalición de diversos partidos y organizaciones de oposición. En este contexto, se vio por primera vez en una contienda electoral la presencia de una verdadera oposición política. Sin embargo, la corrupción electoral fue evidente la noche del 6 de julio de 1988, que otorgó el triunfo a Carlos Salinas (1989-1994). Cabe mencionar que la fundación del Partido Revolucionario Democrático en 1989 representó el nacimiento de una de las fuerzas políticas de oposición más representativas durante la década de 1990 y del 2000 (Rodríguez, 2017).

Así, resuelta la coyuntura electoral de 1989, la continuidad del proyecto neoliberal acrecentó la hegemonía tecnocrática-empresarial. En este sentido, el sector social con mayor apoyo y prácticamente para quien gobernó, fueron las cúpulas empresariales, entre las cuales se encontraron, el “Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, Concamin, Canacintra y Concanaco, así como indirectamente el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios” (Montesinos, 2000:98). De esta manera y, bajo la lógica del adelgazamiento del Estado, el gobierno dejó de hacerse cargo de empresas públicas. Con ello inició el proceso de reprivatización de la banca y otras empresas estatales; “la primera oferta al sector fue la privatización bancaria, procedida por la desestatización de las empresas gubernamentales más rentables como fueron los bancos, los medios de difusión, las líneas aéreas, las mineras, Teléfonos de México, Ingenios azucareros” (p.97). Los compradores precisamente coincidieron con aquellos personajes que apoyaron la campaña de Salinas de Gortari, es decir, a fines del gobierno en turno, como fueron los integrantes de la Comisión de Financiamiento y Fortalecimiento Patrimonial del PRI, entre los cuales se encontró Carlos Slim Helú (p.98), mismos que incrementaron su riqueza de una manera evidentemente acelerada a partir de este proceso privatizador.

De forma simultánea a la privatización bancaria, en 1990 se creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), un fondo a través del cual el Estado garantizó el pago a cualquier ahorrador en caso de que su banco se declarar en bancarrota por insolvencia. Con esta garantía, se ofrecieron atractivos rendimientos para que las personas ahorraran, pese a la insuficiente liquidez de los banqueros para pagar dichos rendimientos. De la misma forma, los créditos bancarios otorgados, también estuvieron basados en dinero ficticio. Lo único existente fue el FOBAPROA, y la falta de una regulación estatal que vigilara dichas operaciones bancarias (Contreras, 2010:32).

Por otro lado, el sino neoliberal de la política no solo sustituyó el carácter nacionalista, sino también el carácter populista inscrito en la intervención del Estado en materia social, además de desmantelar la estructura corporativista bajo la que se legitimó el Estado nacionalista (Montesinos, 2000:95), lo que dio paso a un deterioro gradual del histórico activismo político de las masas obreras, al mismo tiempo que la presencia de las élites empresariales fueron ganando terreno en el ámbito político. Cabe mencionar que la única evidencia del carácter populista heredado por la tecnocracia se evidenció exclusivamente en términos de corrupción electoral, es decir, en la innegable e histórica compra de votos para legitimar su permanencia, pero ya sin el mecanismo corporativista.

Como ultima estrategia para consolidar el proceso neoliberal y dar el carácter a México de país modernizado e integrado a la economía global, en 1994 se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Sin embargo, una de las realidades más reveladoras de marginalidad social se reveló a mitad de los discursos de progreso y medidas políticas modernizadoras, a finales del sexenio, volcando la percepción virtuosa de los logros neoliberales, con el levantamiento de la rebelión indígena en Chiapas por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), no solo a escasos días de la firma del Tratado de Libre Comercio, sino también a finales del siglo XX, y en un país que formalizó en ese mismo año su ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (Fernández, 2014)

Así, ante la exclusión de amplios sectores de la población y las crecientes brechas de desigualdad social, ante los pequeños y medianos negocios mexicanos abatidos por la imposibilidad de competir con los grandes capitales extranjeros, y el creciente desempleo a causa de la venta de empresas estatales (Fujii, 1999:35), y al tiempo que los vacilantes esfuerzos del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) buscaban mejorar la vida de la sociedad a partir de medidas asistencialistas y focalizadoras, aparecieron también en los registros de la revista Forbes 24 grandes empresarios mexicanos, destacando entre ellos Carlos Slim, quien hizo su fortuna a la sombra de la protección del expresidente Carlos Salinas de Gortari, pero también el New York Times mantuvo por 5 días seguidos en primera plana el levantamiento del EZLN en Chiapas (Montesinos, 2000:98).

Finalmente, en marzo de 1994, el candidato del PRI a la presidencia, Colosio, fue asesinado a mitad de su campaña, lo que representó una nueva incertidumbre, social, política y también económica, pues tras este acontecimiento y el levantamiento del EZLN, los empresarios retiraron sus inversiones, lo que representó un fuerte golpe a la moneda mexicana, a tal grado que se anunció una devaluación del peso. A su vez, ante el riesgo de falta de pago por los deudores a causa de la devaluación anunciada, los bancos aumentaron significativamente los intereses sobre los créditos ficticios otorgados, lo cual significó un golpe devastador para cualquiera que tuviera un crédito, pues las deudas se convirtieron prácticamente impagables. De esta manera, a falta de pagos por los deudores, los bancos tampoco pudieron devolver a los ahorradores su dinero invertido y mucho menos los rendimientos prometidos (González, 1998).

Posteriormente, bajo la administración de Ernesto Zedillo (1994-2000), quien sustituyó a Colosio en la contienda electoral, y tras su triunfo, mantuvo la misma política de favoritismo empresarial que Salinas, y para dar continuidad al tema prioritario, en 1995 los ahorradores fueron rescatados por el FOBAPROA, pero también los bancos, quienes representaron la mayor parte del monto del rescate (552,000 millones de dólares). Así, los banqueros finalmente canjearon las carteras vencidas de créditos otorgados con dinero ficticio a través de los créditos, por pagarés ante el Banco de México, haciendo reales los miles de millones ficticios que prestaron (Contreras, 2010:32), pero también a ahorradores que no estaban en quiebra (empresarios y políticos), como fue el caso de General Motors, Salinas & Rocha, Grupo Dina, Cementos Cruz Azul, Tv. Azteca, Estrella Blanca, Home Mart, Periódico Universal, Periódico Excélsior, Elektra y Chedraui, entre otros, así como políticos, tal fue el caso del candidato presidencial en el año 2000, Francisco Labastida, y el expresidente Vicente Fox, por señalar algunos (Fernández, 1999).

Finalmente, para marzo de 1998, tras la creación del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), se convirtieron los pagos del FOBAPROA deuda pública, es decir, una deuda que la población mexicana habrá de pagar aproximadamente hasta el año 2070 (Medina, 2020), una deuda que destruyó solamente en el sexenio de Zedillo, la economía de millones de pequeños y medianos empresarios, y a su vez creó, una larga lista de nuevos ricos vinculados al poder político (Fernández, 1999). En este contexto, los negativos resultados de las reformas, las medidas orientadas a la acumulación capitalista, además del creciente descontento político, fueron razones suficientes para dar fin a la hegemonía del PRI tras 71 años de gobierno.

De acuerdo con una investigación de Alejandra Salas (2014), desde la administración de José López Portillo se fueron consolidando grupos de tecnócratas que ocuparon puestos políticos estratégicos y de alto nivel, a fin de desarrollar el proceso de privatización y el adelgazamiento del Estado, condiciones necesarias para la acumulación de capital e incidencia del sector empresarial en la política. Así, el primer grupo de tecnócratas durante el sexenio de José López Portillo fue encabezado por Pedro Aspe, jefe de asesores del Secretario de Hacienda. Mientras que el segundo grupo se conformó durante la administración de Miguel de la Madrid, encabezado por Carlos Salinas de Gortari, en el que participó Zedillo y Pedro Aspe, desde la Secretaría de Programación y Presupuesto. En este sentido, Pedro Aspe también llevó a cabo el diseño de privatización de las empresas estatales desde 1988 y hasta la administración de Carlos salinas de Gortari, en la que fue Secretario de Hacienda, además de dirigir la liberalización comercial y las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) (p.290). Por otro lado, el tercer equipo de tecnócratas tuvo lugar durante el sexenio de Ernesto Zedillo, entre los que destacó Santiago Levy, subsecretario de egresos en la Secretaría de Hacienda (1994-2000), quien participó a lo largo del sexenio de Zedillo y Fox en los programas sociales PROGRESA y OPORTUNIDADES, acentuando la focalización de la atención a la pobreza (Salas, 2014:296).

Como se pudo observar, la continuidad del proceso privatizador y de acumulación fue llevado a cabo por un reducido grupo de tecnócratas, lo cual respondió a la permanencia de los funcionarios que participaron en cada administración. Sin embargo, su permanencia en la esfera política no impidió transitar a la esfera privada, en la que dicho tránsito se negoció a base de medidas políticas redituables en el ámbito empresarial. De hecho, a partir de la administración de Zedillo, la circulación de la clase política a los espacios de las élites empresariales, nacionales e internacionales, se volvió una práctica frecuente (Salas, 2011:298-299). Al respecto, las élites panistas participaron en 11 empresas, entre las cuales destacaron COPARMEX, la Cámara Nacional de Comercio y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Hernández, 2006:650).

Por otro lado, a partir del nuevo siglo fue cuando se consolidó el poder de los grandes empresarios, bajo la administración de Vicente Fox (2000-2006), quien contó con toda una carrera empresarial por detrás, acorde con el mismo partido que lo postuló, (el Partido Acción Nacional). De hecho, como ya se señaló, él mismo fue uno de los beneficiarios del rescate del FOBAPROA. No obstante, él no figuró entre los empresarios más ricos de México, pues no tuvo un antecedente en común con los grandes capitalistas hasta entonces. Su riqueza no se comparó con la riqueza de los cuatro empresarios más ricos de México, la cual provino en importante medida de los sectores privatizados o concesionados. Tal fue el caso de Carlos Slim, quien incrementó masivamente su fortuna al comprar Telmex, o Germán Larrea y Alberto Bailleres, dueños de empresas mineras explotadoras de concesiones otorgadas por el Estado mexicano, o bien, Ricardo Salinas Pliego, quien adquirió la televisora pública Imevisión, ahora TV Azteca (González, 2006).

De acuerdo con Esquivel (2015), “hasta 2002, la riqueza de ese grupo representaba únicamente alrededor de 2% del PIB mexicano. Sin embargo, a partir de 2003 inició un ascenso” (p.18).

En el caso de la riqueza de Slim, tuvo una equivalencia al 1% del PIB de México en 2003, y al cabo de una década, llegó a representar el 6% del PIB. De la misma manera, el acelerado crecimiento de las riquezas de los 3 restantes millonarios, en el mismo periodo, pasó de medio punto porcentual del PIB, al 3% (p.19). Así, estos cuatro empresarios mexicanos, son los que mayor riqueza han generado, y en esa misma medida también han generado desigualdad, además de representar el principal obstáculo del crecimiento de la economía mexicana. En este sentido, “el aumento de la desigualdad redujo el crecimiento del PIB en un monto acumulado de 10%” (p.27). De manera más amplia, un reporte publicado por el Banco Mundial (BM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, identificó a 20 multimillonarios mexicanos que, en suma, sus riquezas representaron el 5% del PIB en el año 2000, y más del 6% en 2006. Cabe mencionar que al menos 10 de ellos fueron beneficiados por la privatización de empresas estatales, especialmente de sectores como, minería, banca, telecomunicaciones, industria cervecera, del cemento, farmacéutica, comercio al menudeo, bienes raíces, televisión y tortillas (González, 2006).

Así entonces, la herencia ideológica empresarial del gobierno foxista, aunada a los efectos de las reformas comerciales y la creciente influencia del poder económico sobre el político, gestados por el ala hegemónica de los tecnócratas priistas, impidieron que se atendieran los aspectos enfocados a frenar la desigualdad, los cuales estuvieron vinculados al estancamiento del crecimiento económico del país. En este contexto, la protección de los intereses de los grupos de poder económico vinculados a la política, no solo continuaron durante el foxismo, sino que se acentuaron. Basta observar el acelerado ritmo en las tendencias de acumulación de riqueza, a partir del año 2003, entorno a los cuatro principales capitalistas del país, en la gráfica 1 (Esquivel 2015:18).

Gráfica 1. Riqueza de los 4 principales multimillonarios mexicanos como proporción del PIB (1996-2015)

Fuente: Esquivel 2015:18.

De acuerdo con el presente recorrido histórico de acumulación económica y de poder político, cabe destacar que ninguno de estos casos implicó efectos negativos en el crecimiento del rendimiento de las riquezas de los 20 multimillonarios del país, ellos continuaron percibiendo ingresos hasta de 14 mil veces mayor que el grueso de la población. Es decir, en México, desde 2003 y hasta 2014, el crecimiento del rendimiento empresarial mantuvo un ritmo anual arriba del 11%, mientras que el porcentaje y ritmo de crecimiento económico del país fue casi cinco veces inferior en el mismo periodo, es decir, el PIB nacional apenas logró mantener un ritmo de crecimiento del 2.6% anual entre 2003 y 2014 (Castillo, 2017:28), eso sin mencionar la reducción del 66.5% del poder adquisitivo del salario entre 1980 y el año 2018 (Botello, 2020).

Hasta aquí, si bien, las élites empresariales pugnaron en 1982 por integrarse a la política económica y la apertura comercial, cuando se volvieron empresarios tras la privatización de las empresas estatales, renunciaron a los efectos de la apertura comercial de alguna manera, pues se buscaron apoyos políticos para obstruir el desarrollo de sus competencias comerciales, o bien, beneficios a través de amparos para evitar que sus prácticas monopólicas fueran sancionadas, como fue el caso de Teléfonos de México, Radio móvil Dipsa, Telcel, Ferrocarriles del Sur, Fomento Económico Mexicano, Grupo Modelo y Grupo Televisa (González, 2006). De hecho, tan solo las prácticas monopólicas llevadas a cabo por las empresas de telecomunicaciones de Carlos Slim representaron entre 2005 y 2009, “una pérdida de bienestar superior a los 129 mil millones de dólares para los mexicanos, aproximadamente 1.8% del PIB por año” (Esquivel, 2015:21).

Otra forma que dio continuidad al proceso de acumulación de capital; mediada por el creciente vínculo entre la esfera política y empresarial, fue a través de mecanismos legaloides, o bien, abiertamente a través de relaciones de corrupción desde el interior de las cúpulas políticas. Tal fue el caso de una investigación que, aunque se realizó en 2019, reveló la condonación o cancelación de impuestos a 7 mil 885 contribuyentes beneficiados, entre 1 de enero de 2007 al 4 de mayo de 2015, es decir en la última etapa de gobierno de Vicente Fox, en la totalidad de Felipe Calderón, e inicio de Enrique Peña. Cabe mencionar que menos del 1 por ciento de las empresas beneficiadas fueron micro y pequeñas empresas, pese a que aportaron, en este periodo, el 42% del PIB, mismas que generaron el 73% de los empleos en México (Fuentes, 2019). Mientras que las empresas pertenecientes a seis de las diez personas más ricas de México fueron beneficiadas por centenas de millones (Fuentes, 2019). Así mismo, aunque en menor medida, también se favorecieron a empresas como Grupo Lala (2,787millones), Conservas La Costeña (821 millones), Grupo Peñafiel (78 millones), Bacardí (30 millones), Colgate (18 millones), Grupo Herdez (15 millones), Ferrero (12 millones), Nestlé (2 millones) y Bimbo (2 millones) (Fuentes, 2019; Fuentes, 2019b).

Por otro lado, García Luna titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI) desde septiembre de 2001 en la administración foxista, pasó a ser nombrado Secretario de Seguridad Pública , y quien, según Mayorga (2012), contó con vínculos desde el año 2000 con el Cártel de la droga. Así, pese a la política de guerra contra el narcotráfico, como parte fundamental de la administración calderonista, García Luna amplió dichos vínculos, a través de sobornos por parte del crimen organizado, principalmente por parte del Cartel de Sinaloa, al menos durante 19 años ( Mayorga, 2012; Santiago, 2020), además de desviar recursos de la Secretaría de Gobernación por más de 2000 millones de pesos a empresas de sus familiares, con ayuda de otros 5 funcionarios de primer nivel (Mosso, 2019). De acuerdo con ello, no solo se generaron prácticas de enriquecimiento ilícito, sino que además se generaron las condiciones para que un nuevo grupo de poder, el crimen organizado, que incidió no solo económicamente, sino también con una fuerte carga política en la escena mexicana, eso sin mencionar las causas sociales que empujaron a miles de jóvenes a nutrir las filas del crimen organizado.

Otro caso, fue el del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte 2010-2016), que entre 2012 y 2013 fue el artífice de una red delictiva que permitió el “desvío de al menos 35,421 millones de pesos de recursos provenientes de partidas estatales y federales en Veracruz” (Riquelme, 2017). Entre otros mecanismos de corrupción, se sirvió de “empresas fantasmas que, a su vez, triangularon a un segundo nivel de compañías y estas a diferentes prestanombres” (Angel, 2017). De hecho, los fraudes de Duarte previos a 2013, fueron considerados como una de las diversas fuentes de financiamiento que tuvo la campaña presidencial de Peña Nieto (2013-2018), en la cual se invirtió 13 veces más del tope permitido por la ley electoral, y en la cual se observaron casos de corrupción asociados a la triangulación de al menos 70 millones de pesos para la compra de votos mediante tarjetas de débito emitidas por el Banco Monex, a través de cuentas a nombre de empresas sobre las que no existió certeza de su existencia (Aristegui, 2012).

Otra figura política relevante en este proceso electoral que dio la presidencia a Peña Nieto fue Emilio Lozoya, quien entre 2010 y 2016 recibió sobornos multimillonarios por parte de empresas para asegurar contratos, los cuales también fueron dirigidos a la campaña de Peña (Dávila, 2020). Sin embargo, después de varios años de investigación periodística y denuncias de malversación de recursos, fue enjuiciado en 2020, y entre diversas declaraciones, señaló que más de 300 millones fueron destinados a sobornos para conseguir la aprobación de 13 reformas estructurales (Flores, 2020), de las cuales solo se beneficiaron las empresas privadas, especialmente de la reforma energética (Solís, 2019).

Finalmente, uno de los actos de corrupción más emblemáticos de la administración de Peña Nieto, fue La Estafa Maestra, un mecanismo más sofisticado que el de Duarte. Dicha estafa tuvo lugar a partir del año 2013, en el que, a través de 11 dependencias, entre ellas la Secretaría de Desarrollo Social (Rosario Robles), Banco Nacional de Obras (Alfredo del Mazo) y Petróleos Mexicanos (Emilio Lozoya), entregaron contratos por un monto de 7,670 millones de pesos a ocho universidades. Estas tomaron una comisión, y subcontrataron a su vez, para realizar dicho trabajo con el resto del dinero, a 186 empresas, de las cuales 128 fueron empresas fantasmas, y finalmente, los recursos fueron nuevamente transferidos a una última empresa (ASGER), no sin antes tomar una comisión, de tal manera que al final del recorrido, esta última empresa solo recibió 4,237 millones de pesos, es decir , aproximadamente las universidades se quedaron comuna comisión de 1,000 millones de pesos, y las 128 empresas fantasma con los restantes 2,433 millones (Castillo, 2020).

DISCUSIÓN

De acuerdo con el paradigma epistemológico de la Salud Colectiva, la comprensión de la dimensión general de la determinación social de la salud, parte del análisis de las estructuras económicas y políticas, las cuales aperturan “la determinación del sistema de acumulación, la lógica matriz del sistema de producción, las políticas y expresiones del Estado y los procesos generales de la cultura” (Breilh, 2010:109). En este sentido, la determinación social de la salud es abordada como un “proceso histórico (...) y multidimensional que abarca la producción de condiciones de salud y de vida, (...) sometido a su vez a las relaciones productivas y sociales de un sistema de acumulación de poder y cultura (Casallas, 2017:404), incluyendo las “dinámicas de acumulación de capital como formas esenciales para entender los procesos salud-enfermedad que conllevan los patrones de trabajo y de consumo, así como las formas de cultura que conducen a formas malsanas de vivir” (Morales, 2013:797).

Con base a dicho planteamiento, el vínculo entre las relaciones de poder y el proceso de acumulación de capital, en el contexto mexicano de la década de 1980, se desarrolló precisamente bajo la tesis de que el Estado era ineficaz para satisfacer las necesidades de la sociedad, además de que su intervención dificultaba el progreso económico, misma tesis bajo la que se condicionó políticamente a México para financiar la crisis económica de la década de 1980 (Contreras, 2011:13; Montesinos, 2000:96). Así, una vez inscrita la política económica neoliberal, quedaron sentadas las bases para desarrollar los ajustes estructurales que vincularon a la clase política dominante con la empresarial, en torno al nuevo proceso de acumulación de capital.

A partir de entonces el Estado abandonó la responsabilidad de generar empleos y garantizar los derechos sociales, salvo los mínimos de bienestar para los más pobres. Ello radicó en el presupuesto de que la apertura económica cubriría la demanda de trabajo del país, así, al contar con empleo las condiciones de vida de la población mejorarían automáticamente, por tanto, el Estado no habría que intervenir más, ni en la vida social, y mucho menos en el mercado, puesto que, bajo la lógica neoliberal, el mercado se regula solo. Sin embargo, dicho presupuesto no representó ningún progreso en las condiciones de vida de la población mexicana, ya que por un lado, si el motor del crecimiento económico tuvo como eje la apertura económica y el fomento del sector privado con el fin de cubrir la demanda laborarla oferta laboral, tras la adhesión de México al Consenso de Washington, el modelo keynesiano que impulsaba la creación de empleos fue sustituido por un modelo de desempleo desacelerador de la inflación (Reyes, 2011:10; Salazar, 2014:190), el cual desaceleró, a su vez, la afiliación anual de trabajadores al IMSS, que pasó del 8.40% al 3.27% con respecto al sexenio de Portillo (Salazar, 2014:191), además de los 270 mil trabajadores que anualmente tuvieron que buscar un empleo en el sector informal durante la década de 1980, mientras aquellos que aun contaron con empleo formal, vieron su sueldo desvanecerse a la mitad (Fujii, 1999:35).

Ante este panorama no es extraño que más de 52% de la población haya permanecido en la pobreza entre 1980 y 2018 (Coneval, 2018). Sobre todo, tanto por el modelo de producción, la precariedad laboral y de salarios (Hernández, 2012:33), así como la modernización tecnológica y el progreso de la organización científica de los modos de producción industrial (Reyes, 2011:16) que incluso en tiempo de crisis económica, generaron crecimientos insólitos en la rentabilidad de ciertas empresas, de hasta 451% (p.10).

En resumen, este panorama coincidió con el que ilustró la desigualdad de Ingresos total de los hogares del país, señalada bajo el índice de Gini, el cual aumentó de 0.398 en 1984 al 0.438 en 1989 (Luyando. 2013:42), y de manera paralela, creció la brecha, ya de por si amplia, entre el decil económico más pobre y el más rico, pues mientras el decil I percibió en 1984 22.5 veces menos riqueza que el decil X, en 1989 fue 29.7 veces menor (Cortés, 2013:20). He ahí que el gasto destinado a alimentación para una familia del decil I representó el 44.9% de sus ingresos totales, en comparación con las familias del decil X, que solo invirtieron el 23.9% en 1984 (INEGI, 1989:83). Por otro lado, se registró también una carencia por acceso a servicios básicos en el 49% de hogares mexicanos en 1980 (SSA, 1983:9), proporción que disminuyó al 44.3% en 1990. No obstante, a nivel regional las carencias fueron profundamente asimétricas. Por ejemplo, más del 90% de las viviendas en la Ciudad de México tuvieron acceso al agua entubada, en contraste con estados como Oaxaca, Guerrero, y Chiapas, donde la cobertura fue menor al 30% (SSA, 1991:9).

Esta situación, se agudizó bajo la administración de Carlos Salinas de Gortari, pues la presencia de la élite empresarial fue ganando terreno en el ámbito político (Montesinos, 2000:94). Tal fue el caso, que el proceso de extinción y privatización de las empresas estales no solo reiteró la postura del Estado de abandonar la responsabilidad social de generar empleos, en este caso, sino también reafirmó el apoyo a las cúpulas empresariales (Montesinos, 2000). Cabe señalar que una vez privatizadas, las empresas redujeron el personal, pues al pasar estas del ámbito estatal al privado, no implicó un aumento de afiliados al IMSS con relación al sexenio anterior, incluso descendió del 3.27% (1983-1988) al 2.91% (1989-1994) (Salazar, 2014:191), lo que implicó el crecimiento del sector informal, el cual ya desde 1992 representaba el 56% de la Población Económicamente Activa (PEA) (Fujii, 1999:122-124), además de que el salario disminuyó hasta un 58% en 1994 con relación al que se otorgó en 1981 (p.135-136), al mismo tiempo que la desigualdad bajo el índice de Gini aumentó al 0.491, tanto como la brecha creciente entre la distribución porcentual del ingreso del decil económico más pobre (1.3%) y el más rico (42.5%) en 1994 (Cortés, 2013:19-20).

Esta situación, implicó que las familias del decil I gastaran en alimentación el 36.9% de sus ingresos totales, mientras que las familias del decil X solo el 15.7% 1994 (INEGI, 2006). Así entonces, las profundas asimetrías económicas, no solo se expresaron en el escenario alimentario, sino también en el acceso a servicios básicos en la vivienda y en su capacidad para ofrecer condiciones sanitarias. En este sentido, las entidades que mostraron carencias en el sexenio anterior continuaron con amplios rezagos, agudizando las diferencias regionales en el país, pues el proceso de modernización solo disminuyó la carencia de servicios básicos de vivienda en el área urbana (SSA, 1996:16).

Finalmente, la deuda pública derivada del rescate del FOBAPROA, además de continuar con el compromiso de la clase política con los empresarios (Fernández, 1999), dejó también de manifiesto que ésta se pagaría a costa del bienestar de una población mayoritariamente obrera, que continuaba aumentando la productividad y la riqueza de los empresarios (Audley, 2003:25-26) al mismo tiempo que su sueldo iba disminuyendo, pues hasta el año 2000 el poder adquisitivo del salario representó el 69.5%, con relación al otorgado en 1981 (Botello, 2020).

Al respecto, la desigualdad económica registrada bajo el índice de Gini para el año 2000 fue de 0.493, mientras que la proporción del ingreso de las familias del decil económico I fue hasta de 34.91 veces menor que el ingreso de las familias del decil X en el mismo año (Cortés, 2013:19-20). En ese sentido, a partir del reducido ingreso, el gasto destinado a alimentación de las familias del decil más bajo fue hasta del 40.0% del total de sus ingresos, mientras las del decil más alto solo destinaron el 12.8% (INEGI, 2006).

Hasta aquí, el planteamiento de la determinación social permitió explicar cómo los ajustes realizados en la estructura política y económica del país desarrollaron las condiciones para la acumulación de capital, y de manera paralela, el impacto tanto de los modos de producción capitalista y de la ausencia estatal, en los procesos de producción y reproducción social de las condiciones de vida en la mayor parte de la población mexicana, tanto en materia salarial, alimentación y vivienda, entendidas como responsabilidades esenciales del Estado (Ceja, 2004)

Por su parte, desde el comienzo del nuevo siglo se observó la presencia de nuevos actores y nuevas medidas políticas que se sumaron al proceso de acumulación de poder y capital. De hecho, la transición partidista que representó el triunfo de Fox a la presidencia en el año 2000 acentuó el desarrollo de dichas prácticas (Hernández, 2006:650) y en esa misma medida sus costos en materia de bienestar económico y social fueron expresos (Esquivel 2015:21; Castillo, 2017:28). Adicionalmente, en materia laboral, pese a la creciente brecha entre productividad y salario, se desarrolló un proceso de desprotección jurídica de los trabajadores a fin de mermar las responsabilidades legales de las empresas, como fue la apertura legal de los contratos de trabajo temporales, despidos sin indemnización, establecimiento de condiciones laborales sin negociación colectiva, por mencionar las más relevantes (Hernández, 2012:35). Todo esto, a través de la tercerización, la cual comenzó a constituirse de manera más formal en el año 2002, con la fundación de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), especialmente dirigida a la contratación de capital humano de baja cualificación (Almanza, 2015), propio de la población trabajadora más pobre. No obstante, al menos en los 4 años restantes del sexenio, este hecho prácticamente no modificó la distribución de los ingresos entre los deciles económicos, pero tampoco implicó cambios significativos en la reducción de la desigualdad (Cortés, 2013:19-20).

De hecho, con base a otras estimaciones de Luyando (2013) el índice de Gini si aumentó, del 0.444 al 0.490 entre el año 2000 y el 2006 (p.42). Más allá de este debate, como resultado de los censos poblacionales, para el año 2006, tan solo el gasto en alimentación de las familias del decil económico más bajo representó el 35% de sus ingresos totales, es decir, más del doble que lo que destinaron las familias del decil más alto (13.8%) (INEGI, 2006). Lo mismo sucedió en materia de vivienda entre las zonas centro y norte con relación a la mayor parte de la zona sur del país, principalmente en Guerrero, Chiapas y Oaxaca, entidades con carencias de agua potable de hasta 35.5%, 28.3% y 28.6, respectivamente, así como de drenaje en el 31.3%, 21.7% y 36.7% respectivamente. En contraste, la Ciudad de México y Nuevo León, solo registraron un 1.9% y 4.5% de viviendas con carencias de agua potable y un 0.4% y 3.7% sin drenaje (SSA, 2007:155-156).

Por su parte, la administración de Calderón (2007-2012), al igual que el sexenio anterior, continuó condonando y cancelando deudas fiscales a las empresas. (Fuentes, 2019). No obstante, el aspecto más preocupante de esta administración, incluso lejos del ideario neoliberal, fue el ascenso insólito de un tercer actor en las prácticas de acumulación de capital y poder político, aparentemente desvinculado en el pasado de la clase política y la empresarial: el narcotráfico. Así, a partir de entonces las medidas políticas ya no solo giraron en torno a prácticas legaloides en veneficio de los empresarios, sino a un enriquecimiento declaradamente ilícito, particularmente orquestado desde la secretaría de seguridad pública (Mayorga, 2012; Santiago, 2020; Mosso, 2019), eso sin mencionar las causas sociales que empujaron a miles de jóvenes a nutrir las filas del crimen organizado, por ejemplo, la creciente falta de bienestar que padeció más del 52% de la sociedad mexicana, de la cual el 19% padeció hambre (Coneval, 2018), es decir, una carencia que el empleo no pudo reparar, porque simplemente los índices de desempleo entre 2006 y 2012 casi se duplicaron. (Balderas, 2012).

Por otro lado, en continuidad con las medidas de precariedad laboral impulsadas en el sexenio anterior, el otorgamiento de contratos temporales fue creciente entre el año 2007 y 2011. De hecho, el 46% de los empleados carecieron de acceso a servicios de salud por su vínculo laboral (Hernández, 2012:43-43).

Mientras que el salario hasta el año 2012 se encontró 30% por debajo del otorgado en 1991 (Moreno, 2014:90) y el 69% por debajo del otorgado en 1981 (Botello, 2020).

Así mismo, entre 2006 y 2012, la desigualdad basada en el índice de Gini permaneció entre el 0.490 y el 0.483 (Luyando, 2013:42; Esquivel, 2015:12), mientras que la proporción del ingreso de las familias del decil más pobre, ya de por si bajo, pasó de representar el 1.6% al 1.4% del ingreso nacional, es decir, aproximadamente 25 veces menor al de las familias del decil mala alto (INEGI, 2019;17). Esta situación tuvo importantes implicaciones en el gasto destinado a la alimentación de las familias más pobres, pues destinaron más del 50% de sus ingresos en comparación con las familias del decil más próspero en 2012 (INEGI, 2019a). De igual forma, hasta un 50.4% de las viviendas de la población rural registraron carencia por acceso a servicios básicos, en contraste con el 9.4% de las viviendas de la población urbana con carencia por acceso a servicios básicos (SEGOB, 2013:28-29).

Posteriormente, entre 2012 y 2018, la acumulación de capital no solo mostró una continuidad bajo los esquemas observados en las administraciones anteriores, sino también a través de redes de corrupción orquestadas desde las cúpulas políticas a través del desvió de recursos (Riquelme, 2017; Angel, 2017) y mediante sobornos otorgados por empresas a fin de asegurar contratos federales (Dávila, 2020). De hecho, ambos modos representaron una fuente de financiamiento para fines electorales (2013-2018). Así, una vez habiendo recuperado la presidencia el PRI, a lo largo de la administración peñista se desarrollaron una serie de escándalos vinculados a formas de acumulación completamente desmarcados de las prácticas de sus antecesores, es decir, declaradamente ilícitas como fue la Estafa Maestra o la aprobación del pacto por México (Flores, 2020).

Por otro lado, derivada del Pacto por México, se formalizó la reforma laboral del año 2012, incluso bajo el mismo discurso de la apertura comercial en la década de 1980 y el TLCAN en 1994, es decir, en función de una mayor productividad y oferta de empleo, no obstante, bajo modalidades contractuales flexibilizadas y precarias, como fue la subcontratación, los períodos de prueba y el trabajo temporal (Quintana, 2016:115-116). De esta manera, de acuerdo con Munguía (2019), entre “enero de 2010 a enero de 2019, el empleo temporal creció 64.3% mientras que el permanente sólo lo hizo en 40.3%” (p.6).

Así, los estragos de dichas medidas, si no se observaron en el aumento de la pobreza general que hasta entonces fue del 52.4%, si se observó en el incremento de la pobreza alimentaria, que pasó del 19.7% al 25.50% entre el año 2012 y 2018, de los cuales, 4 millones, tan solo en el año 2018 tuvieron que mendigar para comer (INEGI, 2018a:7). Por otro lado, aquellas familias pobres que lograron cubrir sus gastos en alimentación tuvieron que invertir hasta el 50% de sus ingresos totales, en comparación con las familias del decil más alto, que solo invirtieron el 25% de sus ingresos totales (INEGI, 2018)

CONCLUSIONES

En el contexto de la crisis económica de 1980, naturalmente, la prioridad del gobierno mexicano se enfocó en la recuperación económica, elemento relevante en términos de recursos para la implementación y desarrollo de políticas con carácter social y democrático, a fin de mejorar las condiciones de vida que la misma crisis económica mermó. Sin embargo, los compromisos políticos que el gobierno mexicano contrajo con el FMI para acceder al financiamiento que ayudó a costear la crisis, implicó también la adopción de una política neoliberal, lo que a la postre representó una contradicción, pues dicha adopción culminó con el declive del histórico Estado benefactor y el recorte del gasto público, al tiempo que se impulsó la participación del sector privado a través de la privatización de empresas estatales, la apertura comercial y la firma del Tratado de Libre Comercio, entendidos como el nuevo motor del crecimiento económico que aumentaría la oferta laboral y la competencia económica. No obstante, tras la adhesión de México al Consenso de Washington, se sustituyó el modelo keynesiano, enfocado a impulsar la creación de empleos por el de un modelo de desempleo desacelerador de la inflación, a lo que se le sumó la continua caída del poder adquisitivo del salario y el desarrollo de programas sociales que adoptaron un carácter asistencialista y focalizador. Con todo esto, ni la iniciativa privada, ni el Estado fueron alternativas para superar la condición de pobreza, que padeció más de la mitad de la población mexicana, entre 1982 y el año 2018.

Por su parte, el proceso de acumulación de poder y capital observado a partir de 1982, inició con la integración de un nuevo actor en las dinámicas económicas, el sector empresarial, que aunque para existir, no necesariamente implicó el adelgazamiento de la intervención estatal, ni la privatización de las empresas estatales, no obstante, la ideología de liberalismo económico adoptada por los grupos tecnocráticos fue lo que impulsó dichas medidas para hacer más atractiva la inversión nacional y extranjera. Sin embargo, una vez establecidas las condiciones de su funcionamiento, la lógica de mercado empresarial no respondió a las necesidades sociales y de crecimiento económico nacional, pero si a las de acumulación y rentabilidad empresarial.

Ante este panorama, el gobierno mexicano no tuvo consideraciones para generar algún reparo, sino todo lo contrario, se acentuó la ausencia estatal, al mismo tiempo que creció la influencia de los empresarios en la política, y que derivó en el tránsito cada vez más frecuentes de las esferas políticas a las empresariales, mediadas por políticas de favoritismo, sea partir del rescate bancario del FOBAPROA, o la condonación de impuesto y amparos para evitar la sanción de prácticas monopólicas de las empresas, o bien, a través de la implementación de políticas de flexibilización laboral tendientes, entre otros aspectos, a incrementar una rentabilidad empresarial que no dejó de ampliar las brechas entre la productividad y el salario, y otras que desprotegieron jurídicamente a los trabajadores.

Así, a partir de la primera década de nuevo siglo, con los antecedentes ya señalados y con la llegada de un candidato empresario y panista al gobierno, fue que se consolidó el poder y la riqueza de los grandes empresarios, la cual provino en importante medida de los sectores privatizados o concesionados. Al menos ese fue el antecedente en común de los cuatro empresarios más ricos de México hasta el año 2015.

Cabe señalar que durante el calderonismo, se sumaron a las prácticas de acumulación observadas previamente, otras aparentemente inexistentes, las cuales ya no fueron siquiera legaloides, sino declaradamente ilícitas y criminales, es decir, prácticas basadas en el desvío de recursos público y sobornos, los cuales engendraron a un nuevo grupo de poder en la escena de la acumulación de capital, pero también de influencia política: el crimen organizado, un sector, al menos en el discurso desvinculado del ideario neoliberal.

Así mismo, el carácter distintivo de dicha acumulación durante el peñismo, fueron los sobornos para aprobar reformas políticas, como fue el caso del Pacto por México, además de sobornos por parte de los grupos empresariales a grupos políticos para asegurar contratos con el gobierno, ambas con el fin de favorecer al sector privado. También se detectó durante esta administración el desvió de recursos públicos a través de redes delictivas orquestadas desde las cúpulas políticas hasta las instituciones públicas, como fue el caso de la estafa maestra.

En resumen, se pudo a preciar que México no ha sido un país pobre, sino un país en el que se ha distribuido la riqueza de una manera excesivamente desigual, y su causa ha radicado en las estructuras políticas y económicas que han engendrado las condiciones de acumulación, mismas que han permitido un ritmo de crecimiento en utilidad empresarial hasta 5 veces mayor que el del PIB nacional, situación ampliamente vinculada la pérdida de bienestar social y a la creciente desigualdad, principalmente entre deciles socioeconómicos, lo que explica en importante medida las condiciones de vida precarias observadas en más de la mitad de la población mexicana entre 1982 y 2018.

LISTA DE REFERENCIAS

- Audley, J. (2003). La Promesa y la Realidad del TLCAN. Carnegie Endowment for International Peace, 4-89. https://carnegieendowment.org/pdf/files/NAFTA_Spanish_fulltext.pdf

- Almanza, A. (2019). Evolución de los servicios de tercerización de personal en México. Adecco. https://blog.adecco.com.mx/2019/05/02/evolucion-de-los-servicios-de-tercerizacion-de-personal-en-mexico/

- Ángel, A. (2017). ¿Por qué detuvieron a Javier Duarte? Estos son los delitos por los que lo acusa la PGR. Animal Político. https://www.animalpolitico.com/2017/04/duarte-delitos-detenido-veracruz/

- Aristegui, C. (2012). Caso Monex: el recuento. Aristegui noticias. https://aristeguinoticias.com/1607/lomasdestacado/caso-monex-el-recuento/

- Banco Mundial (2020). Índice de Gini – México. Banco Mundial https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI?locations=MX

- Botello, M. (2021). Balance del sector público, déficit- superávit fiscal, México 1935-2017. Recuperado del 15 de mayo de 2019, en http://www.mexicomaxico.org/Voto/DeficitFiscal.htm

- Balderas, O. (2012). El sexenio cierra con 876 mil más desempleados que en 2006. ADN político. http://static.adnpolitico.com/2012/2012/10/08/felipe-calderon-la-promesa-rota-del-presidente-del-empleo

- Breilh, J. (2010). La epidemiología crítica: Una nueva forma de mirar la salud en el espacio urbano. Salud colectiva, 6(1), 83-101. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1851-82652010000100007&lng=es&nrm=iso&tlng=es

- Botello, M. (2020). Evolución del salario mínimo en México de 1935 a 2019. México maxico. http://www.mexicomaxico.org/Voto/SalMinInf.htm

- Casallas, A. (2017). La medicina social-salud colectiva latinoamericanas: una visión integradora frente a la salud pública tradicional. Revista Ciencias de la Salud, 15(3), 397-408. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/revsalud/a.6123

- Castillo, M. (2020). Estafa maestra. Animal político. https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/#creditos

- Consejo Nacional de evaluación de la política de Desarrollo Social (CONEVAL). (2018). medición de la pobreza. Consejo Nacional de evaluación de la política de Desarrollo Social. https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx

- Castillo, M. (2017). La distribución y desigualdad de los activos financieros y no financieros en México. CEPAL, 7-123. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41833/1/S1700548_es.pdf

- Consejo Nacional de evaluación de la política de Desarrollo Social (CONEVAL). (2018). Medición de la pobreza. Consejo Nacional de evaluación de la política de Desarrollo Social. https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx

- Cortés, F. (2013). Medio siglo de desigualdad en el ingreso en México. Economía UNAM, 29 (10), 12-34. http://www.scielo.org.mx/pdf/eunam/v10n29/v10n29a2.pdf

- Contreras, G., Tetelboin, C. (2011). El seguro popular de salud y la reforma a las políticas de salud en el Estado de México. Revista y Política de Salud,10 (21), 10-32. http://www.scielo.org.co/pdf/rgps/v10n21/v10n21a02.pdf

- Ceja, C. (2004). La política social mexicana de cara a la pobreza. Geografía y ciencias sociales. 173 (8). 157-180. http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-176.htm

- Contreras, G. (2010). EL Seguro Popular de Salud en el marco de las reformas a las políticas de salud en México en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México (Tesis doctoral). Universidad Autónoma Metropolitana. 1-273

- Dávila, P. (2020). Lozoya declara sobornos de Odebrecht por 100 millones de pesos para la campaña de Peña Nieto: FGR. Proceso. https://www.proceso.com.mx/nacional/2020/8/11/lozoya-declara-sobornos-de-odebrecht-por-100-millones-de-pesos-para-la-campana-de-pena-nieto-fgr-247523.html

- Esquivel, G. (2015). Desigualdad extrema en México. Oxfam. http://rendiciondecuentas.org.mx/wp-content/uploads/2015/06/desigualdadextrema_informe.pdf

- Flores, L. (2020). Oficialmente, el Pacto por México costó 8.8 millones. 2.1% de lo que, según Lozoya, se dio en sobornos. Sin embargo. https://www.sinembargo.mx/31-08-2020/3850204

- Fernández, C. (2014). México SA. La jornada. https://www.jornada.com.mx/2014/07/03/opinion/030o1eco

- Fujii, G. (1999). Flexibilización laboral y empleo en México. Investigación económica, (59), 121-160. http://www.scielo.org.mx/pdf/ineco/v59n229/0185-1667-ineco-59-229-121.pdf

- Fernández, C. (1999). Beneficiarios del FOBAPROA. La jornada. https://www.jornada.com.mx/1999/08/02/expediente.html

- Fuentes, G. (2019). SAT perdonó 567.8 mdp a empresas de 6 ricos: Aramburuzabala, Slim, Salinas, Gonda, Hank y Bechmann. Sin embargo. https://www.sinembargo.mx/02-10-2019/3654825

- Fuentes, G. (2019b). El SAT de EPN y Calderón perdonó las fábricas de chatarra en años que México se hundió en obesidad. Sin embargo. https://www.sinembargo.mx/05-10-2019/3655016

- González, A. (2006). Grandes empresarios frenan el crecimiento en México: BM. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2006/11/27/index.php?section=economia&article=030n1eco

- González, R. (1998). La cartera del fondo, mayor al aumento del débito externo en 17 años. La jornada. https://www.jornada.com.mx/1998/05/27/cartera.html

- Hernández, A. (2012). Diagnóstico del trabajo en el contexto de la globalización económica: el caso de México, Economía informal, 375, 27-54.
http://www.economia.unam.mx/publicaciones/econinforma/375/02trabajo.pdf

- Hernández, T. (2006). La élite de la alternancia. El caso del Partido Acción Nacional. Revista Mexicana de Sociología, 68, 617-666. http://www.scielo.org.mx/pdf/rms/v68n4/v68n4a1.pdf

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (1989). Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 1er. Trimestre de 1984. Formatos. ZIP). 702825450441_2.pdf. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 1-56. https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825450441

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2006). BDSOCIAL. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 1998. Documentos adicionales. Histo╠ürica. enigh_14. Hogares por grandes rubros del gasto corriente monetario trimestral por deciles de hogares 1992 a 2006. P006. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. http://bdsocial.inmujeres.gob.mx/index.php/enigh-37/17-acervo/acervo/19-encuesta-nacional-de-ingresos-y-gastos-de-los-hogares-enigh-1998

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2018). Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2018 Nueva serie. Tabulados predefinidos, Tabulados básicos. Tabulados 2018. XLSX. 4. Gasto corriente de los hogares. Hogares por la composición de los grandes rubros del gasto corriente monetario trimestral según deciles de hogares de acuerdo con su ingreso corriente total trimestral. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2018/default.html#Tabulados

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. (2018a). Evolución de la producción y el consumo de los alimentos en MEXICO. Cámara de diputados, 1-19. http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/13/74ENIGH2018-Investigaci%C3%B3n.pdf

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2019). Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2018. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 1-35 https://elsoberano.mx/wp-content/uploads/2019/07/INEGI.pdf

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2019a). Porcentaje del gasto del hogar en alimentos según decil de ingresos. Derecho a la alimentación adecuada. Igualdad y no discriminación. Datos y recursos. Descarga. https://datos.gob.mx/busca/dataset/porcentaje-del-gasto-del-hogar-en-alimentos-segun-decil-de-ingresos-derecho-a-la-alimentacion-a

- Luyando, J. (2013). Desigualdad salarial: antes y durante la apertura comercial mexicana. Labret 5, 29-50. http://revistas.ustabuca.edu.co/index.php/LEBRET/article/view/812

- Morales, C; Borde, E; Eslava, J; Concha, S. (2013). ¿Determinación social o determinantes sociales? Diferencias conceptuales e implicaciones praxeológicas. Salud pública, 15(6), 797-808. http://www.scielo.org.co/pdf/rsap/v15n6/v15n6a03.pdf

- Munguia, l. (2018). Productividad, Salarios y trabajo digno en México. Fundación Friedrich Ebert. http://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/15508.pdf

- Montesinos, R. (2000). Empresarios, neoliberalismo y las miserias de la transición. El cotidiano, 100(16), 90-104. https://www.redalyc.org/pdf/325/32510011.pdf

- Medina, N. (2020). La memoria colectiva. La jornada. https://www.lajornadamaya.mx/opinion/4459/La-memoria-colectiva

- Mayorga, E. (2012). Mariguana y Narcotráfico. Periodista digital. https://www.periodistadigital.com/hermosillo/20170613/mariguana-y-narcotrafico-parte-1-689403935542/

- Mosso, R. (2019). Van tras 5 exfuncionarios cercanos a García Luna por enriquecimiento ilícito. Milenio. https://www.milenio.com/policia/caso-genaro-garcia-luna-luis-cardenas-palomino

- Quintana, L. (2016). Crisis neoliberal y reforma laboral en México. CENDES, 93(33), 113-123. https://www.redalyc.org/pdf/403/40352382007.pdf

- Riquelme, R. (2017). ¿Cuánto dinero robó Javier Duarte de Ochoa en Veracruz? El economista. https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cuanto-dinero-robo-Javier-Duarte-de-Ochoa-en-Veracruz-20170420-0106.html

- Reyes, M. (2011). Los salarios en México. Análisis político. http://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/08742.pdf

- Rodríguez, O. (2017). El PRD en la coyuntura. La jornada. https://www.jornada.com.mx/2007/03/22/index.php?section=politica&article=027a2pol

- Salas, A. (2014). Las élites neoliberales en México: ¿cómo se construye un campo de poder que transforma las prácticas sociales de las élites políticas? Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 222, 279-312. http://www.scielo.org.mx/pdf/rmcps/v59n222/v59n222a12.pdf

- Salazar, C. (2014). Flexibilidad y precarización del mercado de trabajo en México. Política y cultura, 42, 185-207. http://www.scielo.org.mx/pdf/polcul/n42/n42a9.pdf

- Santiago, J. (2020). Consecuencias políticas de la corrupción. Crónica. https://www.cronica.com.mx/notas-consecuencias_politicas_de_la_corrupcion-1145981-2020

- Solís, A. (2019). La Reforma Energética solo benefició al sector privado: CRE. Forbes. https://www.forbes.com.mx/exclusiva-reforma-energetica-solo-beneficio-al-sector-privado-cre/

- Secretaría de Salud (SSA). (1991). Programa Nacional de Salud (PNS) 1991–1994. Diario Oficial de la Federación. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4698929&fecha=11/01/1991

- Secretaría de Salud (SSA). (1996). Programa Nacional de Salud (PNS) 1996–2000. Diario Oficial de la Federación. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4875243&fecha=11/03/1996

- Secretaría de Salud (SSA). (2001). Programa Nacional de Salud (PNS) 2001–2006. Diario Oficial de la Federación. http://www.salud.gob.mx/unidades/evaluacion/publicaciones/pns_2001-2006/pns2001-006.pdf

- Secretaría de Salud (SSA). (1984). Programa Nacional de Salud (PNS) 1984–1988. Diario Oficial de la Federación. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4684764&fecha=23/08/1984

- Secretaría de Salud (SSA). (2007). Programa Nacional de Salud (PNS) 2007–2012. Diario Oficial de la Federación. http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/ProNalSalud-2007-2012.pdf

- Secretaría de Salud (SSA). (2013). Programa Nacional de Salud (PNS) 2013–2018. Diario Oficial de la Federación. http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/sectorial_salud.pdf

- Secretaría de Gobernación (SEGOB). (2013). Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018. (2013). Diario Oficial de la Federación. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/compila/pnd.htm

- Székely, M. (2005). Pobreza y desigualdad en México entre 1950 y 2004. El trimestre económico, 283(4), 913-931. https://doi.org/10.20430/ete.v72i288.566