DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i5.3240
Acuerdos y políticas para compras públicas y efectividad de las contrataciones del Estado
Madeleine Ramírez Rodríguez
https://orcid.org/0000-0001-9169-480X
Administradora del Módulo de Familia,
Corte Superior de Justicia de Ayacucho, Ayacucho, Perú.
RESUMEN
El objetivo de esta investigación fue el realizar un análisis holístico de la literatura acerca de los acuerdos y políticas para compras públicas, así como la efectividad de las contrataciones del Estado, para lo cual, se trabajó bajo una metodología cualitativa, con un diseño de revisión bibliográfica. De esta manera, la conclusión principal en el presente artículo fue: Las políticas de compras públicas, constituyen una herramienta del estado que busca modernizar y generar una reforma de cambio en cuanto a las contrataciones y adquisiciones públicas realizadas, teniendo como mira principal, la lucha contra la corrupción, generando confianza en la población a partir de la aplicación de estrategias y sistemas modernos, como es el internet.
Palabras clave: contrataciones públicas; reforma; modernización; compras públicas
Correspondencia: [email protected]
Artículo recibido 10 agosto 2022 Aceptado para publicación: 10 septiembre 2022
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Cómo citar: Ramírez Rodríguez, M. (2022). Acuerdos y políticas para compras públicas y efectividad de las contrataciones del Estado. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 6(5), 2095-2120. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i5.3240
Agreements and policies for public procurement and effectiveness of State contracting
ABSTRACT
The objective of this research was to carry out a holistic analysis of the literature on the agreements and policies for public purchases, as well as the effectiveness of State contracting, for which a qualitative methodology was used, with a review design. bibliographical In this way, the main conclusion in this article was: Public procurement policies constitute a tool of the state that seeks to modernize and generate a reform of change in terms of public contracting and acquisitions carried out, having as its main goal, the fight against corruption, generating confidence in the population from the application of modern strategies and systems, such as the Internet.
Keywords: publicprocurement; reform; modernization; publicprocurement
INTRODUCCIÓN
En este artículo el objetivo es tratar de acercarse a realizar un análisis holístico de las contrataciones públicas del estado, así como las diferentes herramientas, políticas, normas, etc., que son empleadas para poder cumplir con la adquisición efectiva de los recursos necesarios para emplearlos en el desarrollo de actividades y proyectos en beneficio de la población que se encuentra dentro de su territorio. Con este estudio también se pretende ilustrar los acuerdos y políticas empleadas para efectuar las compras públicas y como ello se ve reflejado en la efectividad de las contrataciones del Estado.
El sector público constituye un actor clave dentro de la economía local o nacional, debido principalmente a las diferentes actuaciones que realiza así como al volumen de recursos que suele gestionar; si bien es cierto, se suele analizar el papel del estado desde la perspectiva de la oferta, sin embargo no se debe de olvidar su importancia como agente de la demanda, debido a que constituye un consumidor estratégico, capaz de hacer uso de su poder para realizar compras que permitan el alcanzar de forma simultánea diferentes objetivos socioeconómicos. (Sánchez, Vázquez, & Peñate, 2019).
Las políticas de reforma y modernización del estado, tienen por finalidad la mejora y cambio sustancial de un determinado proceso del estado, en este caso, de las adquisiciones que realiza; muchas similitudes se pueden encontrar con realidades latinas, en donde dependiendo del país, la denominación de las políticas puede ser por ejemplo Ley de Contratos, Políticas de contratación, o Acuerdos Marco, siendo todas definidas como un convenio entre dos o más individuos sujetas a un vínculo jurídico.
Uno de los problemas que más aqueja a las contrataciones del estado es la corrupción que constituye un mal que agobia a cada una de las organizaciones a nivel internacional, constituyendo el principal foco de atracción en el que se centra la corrupción, ya sea esta de manera directo o indirecta, por lo que no es equivoco pensar que se vulneran y transgreden las normas morales y legales que fueron diseñadas para sancionar este tipo de actos.
La corrupción presenta un efecto importante en el desarrollo de un país, no precisamente por los montos elevaos de dinero que son desviados para el beneficio de unos pocos, sino porque genera un desequilibrio dentro del sistema social de las instituciones públicas, conllevando así a la desigualdad y mal uso de la economía nacional.
Por otro lado, la efectividad de las políticas públicas, se encuentran condicionadas por diferentes elementos, tales como los valores sociales, la auto apreciación de la propia capacidad de las instituciones públicas del Estado. Cabe indicar que las políticas de reforma y modernización son el conjunto de cambios llevados a cabo por los entes legisladores y ejecutores del estado, en materia de procedimientos que favorezcan los procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios.
El proceso de contrataciones públicas del Estado, supone una acción fundamental y necesaria para el estado, debido a que permite llevar a cabo los objetivos y cumplir de esta manera con las metas trazadas, adaptándose a un gobierno electrónico, los gobiernos lograron ahorrar significativamente en los recursos financieros estatales y además disminuyó drásticamente la corrupción, demostrando de esta manera la importancia de las adquisiciones electrónica para resolver los desequilibrios económicos que abundan en la sociedad.
Este trabajo aborda las políticas de compras públicas electrónicas que constituyen una herramienta del estado con la que se buscó modernizar y generar una reforma de cambio en cuanto a las contrataciones y adquisiciones públicas realizadas, de la misma manerase encuentra enmarcado en el análisis de la efectividad de las políticas tanto de reforma como de modernización del estado, mismas que se encuentran integradas por la gestión administrativa del sector público, quienes cuentan a su cargo el manejo y gestión de las funciones públicas administrativas; es en ese sentido que la gestión pública del estado, constituye una herramienta empleada con la finalidad de llevar a cabo la implementación de políticas que permitan satisfacer las necesidades de la población, teniendo como mira principal la lucha contra la corrupción, generando confianza en la población a partir de la aplicación de estrategias y sistemas modernos, como el internet.
Cabe indicar que, para efectos de cumplir con el objetivo perseguido, en este trabajo se empleó un enfoque cualitativo bajo un diseño de revisión bibliográfica, con el que se buscó generar aproximaciones sólidas a través de conceptos, teorías, etc., haciendo uso, además, del análisis inductivo de los fundamentos que se presentan a continuación, dentro del apartado de argumentación.
MARCO TEÓRICO
Compras Públicas Electrónicas.
A la hora de adjudicar un contrato, hay un primer objetivo que se debe alcanzar: la prestación de servicios a la Administración o los ciudadanos. Existe, por tanto, un grupo principal de personas interesadas que los responsables del contrato deben observar a la hora de establecer los criterios de adjudicación. Este grupo se puede identificar con los clientes del servicio, que pueden ser la propia Administración Pública o un grupo reducido de ciudadanos más o menos definido (Mirando, 2020).
Las investigaciones relacionadas con temas de contrataciones públicas suelen abordar únicamente temas relacionados con los precios de compra, sin embargo, se desatiende el resto de dimensiones relacionadas con el desempeño de los contratos gubernamentales, dentro de ellas la interdependencia de los costos de adquisición y de la calidad, así como los tiempos en los que son desarrollados, siendo este último un aspecto crucial evaluado en la República de China (Da Costa & Cabral, 2018).
Autores como Gorodilov, Posohina, Pashchenko y Belyaev(2021) indican que, cada país cuenta con su propio modelo de contratación, sin embargo, todos se basan en principios de minimizar costos asociados a la organización del proceso de contratación y aumentar el grado de competencia basada en la participación del número de licitadores, asignando de esta manera un papel especial en el desarrollo de la contratación a las tecnologías de la información, que formarán la imagen del futuro.
Ahora bien, es necesario entender también lo que significa “Compras públicas”, y es de este modo que Morales, Morillo y Tobar (2020) lo define de la siguiente manera:
Es una herramienta de desarrollo que permite incorporar a sectores vulnerables de la sociedad dentro del proceso económico general, y generar no solo egresos al Estado, sino buena parte del dinamismo de la economía nacional, con efectos en la generación de empleo, la canalización de inversiones y el desarrollo productivo (p. 38).
Las adquisiciones electrónicas (el acuerdo marco, denominado anteriormente como “Convenio Marco” (En países como Perú), es el documento que suscriben dos partes (la entidad pública responsable, con el proveedor que ha sido adjudicado, ver Figura 3) a fin de poder formalizar cada una de las obligaciones que son derivadas a través de la entrega de una Buena Pro (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado [OSCE], 2018).
Figura 1. Elementos que intervienen en el proceso de contrataciones del Estado
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Fuente: Elaboración propia a partir de OSCE (2018), concordancias con Hattingh
et al (2020), Behar (2021), y Gorodilov et al (2021)
Es un contrato realizado entre una entidad pública y uno o varios proveedores con el propósito y finalidad de obtener y adquirir bienes, servicios u obras, capaces de ser estandarizados, y es que, dentro de los Acuerdos Marcos, se establecen aspectos como los precios máximos de adquisición, plazos máximos de entrega, garantías y condiciones, que compradores y proveedores, pueden aceptar mutuamente (Gobierno de Colombia, 2020), en las que las condiciones requeridas para el desarrollo de dicho vínculo o contrato, son el consentimiento de ambas partes, el objeto en materia de ser contratado, así como la causa ilícita (Rivera, Asprino, Sarache, & León, 2019).
Una vez se ha formalizado la adquisición electrónica, da inicio a las operaciones por medio del Catálogo Electrónico, a partir de la cual, todas y cada una de las entidades que realizan las contrataciones del Estado, se encuentran obligadas a emplear este método especial de contratación, a fin de poder proveerse de los diferentes bienes o servicios requeridos que se encuentran incluidos dentro de los Catálogos Electrónicos (Perú Compras, 2021). Según refiere Salazar y Angles (2018), la denominación sobre el procedimiento de selección especial, fue modificada mediante la Ley N° 30225 por “Acuerdo Marco”, además, es preciso tener en cuenta que las normas pertenecientes a las contrataciones del estado en el Perú se encuentran en continuo cambio.
Con el propósito de mejorar y optimizar el proceso de contrataciones públicas dentro de un contexto nacional por medio de un sistema dinámico y efectivo que permita a garantizar la correcta transparencia, así como la probidad de las adquisiciones (tanto de bienes como de servicios) que conlleven a garantizar la correcta participación de las poblaciones en el proceso de contratación. Autores como Cardozo (2017) manifiestan que la globalización, al constituirse como un sistema de alta competitividad y de incursión de nuevas tecnologías, conlleva a que el gobierno comience a invertir en el desarrollo de tecnologías con el propósito de cumplir con cada uno de los procesos administrativos dentro de las entidades del estado, generando así el avance económico del país.
Efectividad de las políticas de reforma y modernización.
En los últimos años, cada uno de los países de Latinoamérica y el Caribe, presentan diferentes y considerables avances respecto al tema de modernización en los sistemas de compras públicas realizadas por el estado (Benavides, Sánchez, Salazar y Roca, 2016). De esta manera, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) bajo el único propósito de mantener y profundizar su compromiso con cada uno de los países dentro del marco de la efectividad para el desarrollo, ha venido generando adaptaciones respecto al enfoque de las adquisiciones en los proyectos, con la finalidad de brindar seguridad a los estándares que son aceptados de manera internacional.
Autores como Soto y Quiñones (2016) refieren que del sondeo realizado a un grupo de profesionales, el 75% afirmaron que el haber hecho uso del SEACE (Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado) en el periodo del 2006 al 2008 se logró ahorrar significativamente en los recursos financieros estatales y además disminuyó drásticamente la corrupción, demostrando de esta manera que, la mayoría de funcionarios públicos saben de la existencia del SEACE y su importancia para resolver los desequilibrios económicos que abundan en la sociedad.
Según Cañari y Hancco (2020) es la eficiencia y eficacia con el que una política actualizada, alcanza y cumple con las metas y los fines para los cuales ha sido empleado, por medio de la cooperación de diferentes componentes del sistema organizativo.
Cabe indicar que las políticas de reforma y modernización son el conjunto de cambios llevados a cabo por los entes legisladores y ejecutores del estado, en materia de procedimientos que favorezcan los procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios en pro de la efectivizarían de su trabajo, y a entrega final del servicio a los ciudadanos (García, Molina, Reyes, & Roseth, 2018).
Según menciona Pasco (2015) con el fin de llevar a cabo la modernización, es necesario primero lograr estabilidad económica, así como una disminución del gasto público. Cabe indicar que, también resulta necesario el contar con un estado transparente, por medio de la generación de políticas encaminadas a la reforma y modernización del estado. De este modo, para Saravia (2018) el alcanzar una efectiva gestión pública en el país, depende mucho de la educación con la que cuenten los funcionarios públicos a la hora de poder asumir cada uno de los retos que se les presenten en cuanto a necesidades de la sociedad y que la administración lo solicite. Finalmente, y para dar sustento a lo previamente mencionado, según Rodríguez y Patrón (2017) los países que cuentan con un menor nivel educativo profesional, son aquellos los que se desarrollado en menor proporción y poseen niveles elevados de pobreza.
De igual manera, tanto el liderazgo como la visión de los encargados de direccionar el servicio público, deben de encontrarse direccionadas hacia el desarrollo y la generación de valor público para su comunidad, por lo que, según Barrero, Hernandez y Font (2019) la definición atribuida a la efectividad dentro de la gestión pública, ofrece una visión global acerca del desempeño que presentan cada uno de los diferentes niveles de poder, que conforman el gobierno en cada una de las diferentes entidades públicas.
Pliscoff (2017) señala que el estado, debe de garantizar que cada uno de los gobiernos permitan una correcta articulación de las políticas públicas que permitan reforzar el razonamiento ético de cada uno de los funcionarios, siendo esta afirmación respaldada por Yánez (2019) quien indica que los gobiernos, deben de generar e implementar planes estratégicos en los que se dé prioridad a los valores éticos con el fin de consumar una adecuada operatividad de las instituciones a partir del establecimiento de la misión y de la visión. Por su parte Valera (2015), indica que los gobiernos locales siguen siendo actores centrales del desarrollo económico y social, es por ello que debe existir mayor vigilancia de sus actividades administrativas a frenar con los actos de corruptela”.
En cada uno de los países alrededor del mundo, las herramientas que son determinantes para alcanzar el crecimiento económico es el gasto, así como las inversiones productivas de los recursos públicos, por lo que, el desarrollo de contrataciones públicas son un medio para la elaboración de las políticas gubernamentales que permitan cubrir las necesidades de la sociedad.
Según lo estipulado por Patiño (2020) las herramientas de CCE constituyen auténticas normas públicas que son implementan dentro de los sistemas fuentes del derecho, debido a que permiten establecer cada una de las pautas que resultan ser necesarias para seguir, acoger, desarrollar, observar y crear diferentes sistemas de contrataciones de una manera transparente. De esta manera, cada una de estas medidas son implementadas con el propósito de maximizar la competitividad dentro de cada una de las naciones a fin de poder mejorar tanto la inversión como las cuentas públicas, mejorando así los servicios.
Gobierno electrónico y contrataciones públicas.
Soto y Quiñones (2017), manifiestan que la modernización de los sistemas de compras públicas, es una de las medidas de mayor impacto que ha promovido el estado para mejorar sus prácticas de gestión para hacerlas más eficientes, transparentes y de beneficio para los ciudadanos. Es justamente en ese sentido que, las compras públicas son mecanismos que el estado emplea para las adquisiciones de bienes y servicios, con condiciones que exige los términos de referencia y especificaciones técnicas en la cantidad y calidad que se requiere y atendidos oportunamente, esto con el fin de atender las necesidades de los funcionarios y trabajadores de una determinada institución a fin de que cumplan y realicen sus actividades.
Autores como Soto y Quiñones (2016) refieren también que del sondeo realizado a un grupo de profesionales, el 75% afirmaron que el haber hecho uso del SEACE (Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado) en el periodo del 2006 al 2008 se logró ahorrar significativamente en los recursos financieros estatales y además disminuyó drásticamente la corrupción, demostrando de esta manera que, la mayoría de funcionarios públicos saben de la existencia del SEACE y su importancia para resolver los desequilibrios económicos que abundan en la sociedad.
Figura 2. Presentación de los procesos de selección y formalización de un contrato público
Fuente: Soto y Quiñones (2017)
Soto y Quiñones (2017) presentan un modelo general del proceso de contrataciones en base a su realidad, sin embargo y como lo mencionaron Gorodilov, Posohina et al (2021), cada país cuenta con una estructura definida en función a los requerimientos y políticas propias estipuladas dentro de su marco normativo, así como a sus sistemas desarrollados en gestiones anteriores, sin embargo, todas y cada una de las políticas y procesos, presentan características similares, pues muchas de estas se estructuraron en base a modelos previos que demostraron eficacia en otros países.
El proceso de contrataciones públicas del Estado, supone una acción fundamental y necesaria para el estado, debido a que permite llevar a cabo los objetivos y cumplir de esta manera con las metas trazadas para un determinado periodo, sin embargo, debido a la continua evolución de la tecnología, el “gobierno tradicional” ha sido dejado a un lado, pues en pleno siglo del desarrollo tecnológico se requiere una mayor y mejor adopción de un gobierno electrónico, sin embargo, ello no deja de ser una de las principales preocupaciones de académicos y profesionales, pues, aun y cuando se logra comprender de mejor manera la comprensión por parte de la ciudadanía, resulta más difícil entender la participación de los proveedores a la hora de desarrollar transacciones con el estado desde el punto de vista de la conveniencia y el desempeño (DongBack, Chee, & Gumal, 2018).
Figura 3. Factores influyentes en la participación y satisfacción de los proveedores
Fuente: Elaboración propia según DongBack, Chee, &Gumal (2018)
La Figura 3 se estructuró en base a lo mencionado por DongBack, Chee, &Gumal (2018) quienes refieren que la participación y satisfacción, incluso el desempeño de los proveedores en el proceso de contrataciones públicas con un determinado ente público, se encuentra condicionado por tres elementos fundamentales, siendo estos la presencia de información adecuada y de manera oportuna, la delimitación clara de las funciones y responsabilidades de ambas partes, así como la presencia de sistemas que garanticen el correcto desarrollo del proceso y seguimiento del mismo. Cada uno de estos elementos, contribuyen a la generación de una buena relación entre la entidad contratante y el proveedor, garantizando de esta manera el desarrollo de una relación transparente., basada en principios
Las contrataciones públicas constituyen entonces un elemento estratégico para cada uno de los gobiernos debido fundamentalmente a la cantidad de recursos que estos involucran: de esta manera, solo en lo que fue del año 2018, las compras públicas de bienes y servicios por parte de los países que conforman América Latina y el Caribe alcanzó alrededor del 16.16% del producto interno bruto (PIB) de toda la región, monto equivalente a más de US $1 billón de dólares americanos al finalizar el año (De Michele y Pierri, 2020).
La gobernanza o gobierno electrónico, se entiende como aquel modelo de gestión en el que, haciendo uso del internet, el Estado es capaz de mejorar su capacidad de gobernar y de formular sus políticas, para entregar un servicio de calidad a sus ciudadanos con el fin de facilitar el acceso a cada uno de los procesos gubernamentales y a su vez fomentar su participación (Fullin & Barboza, 2019).
La adopción de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) con el propósito de facilitar e incrementar la diseminación, así como la comunicación de las rendiciones que realiza el gobierno sobre sus cuentas y costos hacia los ciudadanos, tiende en muchas ocasiones a promover el desarrollo económico, así como a mejorar aspectos de calidad de atención y de la administración pública (Medina, Abrego, & Echevarría, 2021).
Desde la aparición del e-gob en los 90s, se han buscado estandarizar y tecnificar diferentes procesos del estado, siendo las compras gubernamentales uno de los procesos que en mayor proporción ha podido ser trabajada con las TIC, siendo esto ocasionado según Ortega (2021)por el hecho de que los gobiernos de todo el mundo se han convertido en los principales demandantes tanto de bienes como de servicios para su transformación, empleándolo como instrumento para el diseño e implementación de políticas encaminadas a la redistribución de los ingresos, contribución con el sector privado, y la generación de empleo.
Sin duda alguna, diferentes países
a nivel mundial (por no decir todos), se encuentran trabajando ya bajo el
formato de gobierno electrónico (e-gob), incluso países como Cuba no son la
excepción, y como se ha precisado, se resguardan en las TIC para mejorar la
relación de transparencia entre el gobierno y la población, siendo justamente
esto último el principal problema a la hora de relacionar ele-gob con las
contrataciones públicas, debido a que, aun y cuando el estado fomente la
relación y entrega de la información, son las personas las que no prestan la
debida atención e importancia, participando cada vez menos en el seguimiento y
mecanismos de control (Blanco, 2020)[1].
Figura 4. Evolución del gobierno como fuente de información pública
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Fuente: Blanco (2020), Cruz y Zamudio (2017)[2]
La falta de participación de la población en esta nueva forma de gobierno, es considerada como una “brecha digital” y constituye de esta manera, el principal problema que los países que se encuentran en vías de desarrollo suelen padecer, siendo la causa principal de este problema, la carente generación de estrategias realizadas por el gobierno en sus diferentes niveles (desde un plano nacional hasta el plano local), ya que, es justamente en este último nivel, en el que se entrega una mayor aproximación y relación con todos los pobladores dentro de un determinado territorio (Bohórquez, 2021).
La importancia de un gobierno electrónico, más aun, dentro de un proceso como lo es el proceso de contrataciones públicas electrónicas radica según autores como Hattingh, Matthee, Smuts, y Pappas(2020) en la generación de valores tales como transparencia, integridad y responsabilidad dentro de la organización que se pone en práctica, conllevando de esta manera a la lucha contra una gestión deficiente y a la presencia de la corrupción.
Como refuerzo a lo mencionado en el párrafo anterior, Bellorno y Oslzlak (2020) afirma que el desarrollo de gobiernos electrónicos, conllevan además a la integración de los sistemas y procesos públicos, que hasta antes de su uso, se registraban y realizaban solo como una base de datos y mediante el uso de expedientes plasmados en papel de forma paralela uno de otro. De esta manera, otro beneficio de lo mencionado, sería el hecho de disminuir el uso de papeles o la despapelización, debido a que permite la reducción de las hojas físicas de papel, al trabajarse ahora mediante una gestión basada en una documentación íntegramente electrónica y digital.
Si se trata de una importancia interna para la entidad o grupo de entidades públicas que se fundamentan en el principio de transparencia, la importancia radica en los siguientes puntos: Permite reducir la cantidad y complejidad de los documentos requeridos en los procesos de contratación de soluciones innovadoras, conlleva a una revisión de la pertinencia de los requerimientos existentes para las startups, facilita la reducción de la duración de los ciclos de contratación y de pagos a proveedores, y difunde guías sobre las compras públicas para las startups y funcionarios públicos (Santiso y Ortiz, 2020).
Figura 5. Importancia del gobierno electrónico en las contrataciones públicas del estado
Fuente: Elaboración propia a partir de Hattingh, Matthee, Smuts, y Pappas (2020), así como a: Gorodilov, et al (2021), Soto y Quiñones (2016), Sánchez, et al (2019), Behar (2021), Rivera, et al (2019), Da Costa y Cabral (2018), Barragán (2019)[3] y Calderón (2021)[4]
Diversos autores hablan respecto a la importancia del gobierno electrónico en las compras públicas, sin embargo, Hattingh et al (2020) presentan un modelo más claro acerca de este tema, planteando que dicha importancia radica en la generación y promoción de tres valores fundamentales, siendo estos la transparencia (aspecto que comparte con lo mencionado por Gorodilov, et al, 2021 y Barragán, 2019), integridad y responsabilidad dentro de la organización pública. De esta manera, la suma de estos 3 pilares, conllevan a la lucha de dos problemas principales dentro del gobierno, siendo estos: primero la lucha de un gobierno deficiente, en el que se puede encontrar a autores como Gorodilov et al (2021) quienes argumentan que este se traduce en el incremento del grado de competencias en el manejo de los recursos y procesos de contratación (coincidiendo con Behar, 2021, quien menciona que uno de los problemas del gobierno es el malgasto de los fondos públicos), sin embargo Soto y Quiñones (2016) refieren que se obtiene en la medida de que se logre alcanzar el ahorro significativo de los recursos financieros además de la lucha contra los desequilibrios económicos, coincidiendo así en lo último, con lo mencionado por Sánchez, Vázquez y Peñate (2019). El segundo problema abordado es la presencia de la corrupción, aspecto que coincide con Rivera et al (2019) quien presenta a la corrupción dentro de los procesos de contratación y otras actividades públicas como un acto ilícito de los servidores. De esta manera, con la correcta aplicación de los valores, sumado al cumplimiento en la lucha de los problemas mencionados, se logrará alcanzar el fin último que constituye la importancia del gobierno electrónico relacionado en las contrataciones, siendo este la efectividad del gobierno, aspecto que es citado y mencionado por Da Costa y Cabral (2018) y Calderón (2021).
Cabe indicar que la efectividad de los gobiernos en general se traduce en la capacidad de los servidores públicos para vincular el entorno tanto interno como externo, así como el conocimiento e identificación de las necesidades de la población, y la capacidad de una respuesta oportuna, permitiendo así cumplir con los objetivos de acción gubernamental (Alarcón, Salvador y Pérez, 2020). Esto por lo general suele ser ejecutado mediante acciones y normas de control, mismas que suelen enmarcarse en lo establecido en el Informe COSO, mismo cuyos componentes son: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación,y supervisión (López, Cañizares y Mayorga, 2018). Es preciso indicar que, el ambiente de control, supone la base piramidal de apoyo para el resto de procesos, motivo por el cual requiere de un mayor énfasis a la hora de llevarla a cabo (Vega y Ortiz, 2017).
En suma, la efectividad de la Administración Pública, se traduce en el cumplimiento de sus objetivos, empleando para ello todos los recursos tecnológicos posibles, aspectos que permite garantizar el progreso no solo de la organización, sino también de toda la sociedad (Tamayo, 2021).
Corrupción en las Contrataciones del Estado.
La corrupción presenta un efecto importante en el desarrollo de un país, no precisamente por los montos elevaos de dinero que son desviados para el beneficio de unos pocos, sino porque genera un desequilibrio dentro del sistema social de las instituciones públicas, conllevando así a la desigualdad y mal uso de la economía nacional. Alvarez (2015) manifiesta además que, aspectos como la corrupción y los sentimientos del ciudadano, son determinantes para generar una percepción negativa del gobierno, lo que a su vez entorpece la correcta relación entre Gobierno-Estado.
Unsistema de contrataciónpública afectado por la corrupción sufre una amplia gamade síntomas; por ejemplo, la calidad de los proyectospúblicos puede reducirse y los fondos públicos puedendesviarse de los proyectos que son sustanciales para laconsecución de propósitos sociales y económicos, lo quederiva en un acrecentamiento de la miseria y la disparidad. Peor aún, la corrupción socava el estado de derechoy erosiona la confianza pública en los organismos públicos y en el mercado, lo que en instancia final impide laprogresión económica (Vílchez, Collazos, Heredia y Sotomayor, 2020).
Las diferentes entidades públicas fiscalizadoras del Estado en cada país Latinoamericano, han comenzado a identificar irregularidades y problemas relacionados con el malgasto de los fondos públicos, como resultado de la llegada del COVID-19 en el 2020, siendo la principal causante, la presencia de corrupción en cada uno de los diferentes organismos, leyes y políticas de seguimiento y control de las adquisiciones del estado (Behar, 2021).
En correspondencia a lo anterior mencionado, autores como Pozo y Ferreiro (2020) mencionan que en todo América Latina existe una necesidad continua de implementar intervenciones significativas y eficaces que conlleven al control y cumplimiento frente a los problemas más comunes, así como a los continuos cambios que se presentan.
Uno de los principales problemas que fuesen identificados dentro de actos de corrupción, son los diseños de contrataciones del Estado, y que en palabras de Sancho (2017), puede generar un comportamiento anti ético, anti competitivo y colusorio, lo que a su vez conlleva a la generación de conductas corruptas. Por su parte Martín y Bonavia (2020) mencionan que la motivación extrínseca, así como los bajos niveles de satisfacción con la vida de los servidores públicos, son las causas principales que fomentan la aparición de actos de corrupción, en este sentido, los funcionarios públicos responsables del diseño de las contrataciones del estado podrían rediseñar las instituciones a fin de mejorar los actos de corrupción, logrando así la eficiencia y eficacia de las instituciones.
Una de las formas más empleadas para la lucha contra la corrupción, suele ser la aplicación de auditorías, entre ellas las auditorias de desempeño, misma que busca promover la medición de medios básicos de gestión, y buscar los intereses más comunes que presenta la sociedad, optimizando así el uso de los recursos (Panchi, 2021).
Gestión por Resultado.
En los procesos de adquisición de bienes y servicios comunes de diferentes entidades del estado han venido generando mayores costos de compras, debido a la utilización de mayores recursos humanos para su desarrollo, así como mayores costos de las propuestas de los proveedores. Existiendo en el Estado, para un mismo bien o servicio, diferentes precios de adquisición y calidad de los bienes, sumado a ello el incremento de la corrupción y direccionamiento de los procesos, por estas razones se crea, un modelo de compras estatales a través de compras electrónicas. Esta modalidad de adquisición por medio de adquisiciones electrónicas, se establece como la primera opción de compra de los organismos públicos, lográndose las adquisiciones en menos tiempo para la atención de las necesidades y otra de las ventajas es la reducción del costo de la adquisición de los bienes o servicios, Reis, Paulo Ricardo da Costa, & Cabral, Sandro. (2018), “En la efectividad de este tipo de adquisición enfatizan sobre el precio, y la efectividad de entrega como una segunda dimensión en un portal electrónico de compras públicas y a su vez Reis, (2018), “Potencial de plataformas en línea de compras es muy beneficio para el monitoreo y control en todas las fases de la adquisición, pudiendo identificar con facilidad las bondades y desventajas en todo el proceso de adquisición”, para Pappano (2019). En la actualidad, una ventaja de esto es que las medidas regulatorias se vuelven menos inciertas. Al equilibrar las necesidades opuestas, la centralización de las necesidades públicas de bienes y servicios”.
En este artículo de investigación se habla de las bondades de las adquisiciones electrónicas, sin embargo, los mismos investigadores encontraron deficiencias en este tipo de adquisición, uno de las deficiencias es que no existe una competencia real con los participantes y otro de los puntos es la colusión y/o corrupción, en otras palabras, ética del profesional que labora en área de adquisiciones, para Reis, da Costa, & Cabral. (2018). “los resultados dan a conocer que proveedores con trayectoria negativa aún siguen siendo elegidos con la buena pro” y por otro lado señala Soto & Quiñones (2017). “Los proveedores conocen las debilidades de algunos funcionarios públicos, se ofrecen y mantienen una relación de amistad, quienes son beneficiados con la buena pro, otorgando a los funcionarios público regalos y sobornos”. Para Pappano (2019). Esta situación corre el riesgo de incrementar todas las preocupaciones del control de que mejorar la licitación de bienes y servicios de la administración pública”.
Finalmente, la implementación de la Gestión por resultados requiere de las innovaciones de esfuerzos a mediano y largo plazo, por lo que trasciende varios periodos gubernamentales Contreras Álvarez (2018). “La gestión por resultados se ha transformado en un modelo en las administraciones públicas, tendientes a incrementar la generación de valor público”. Dichas innovaciones pueden requerir de cambios en el marco legal, consensos entre funciones del estado, asimismo, en el marco de la reforma y modernización del Estado, se debe incentivar a un más el Gobierno Electrónico, a fin de iniciar y/o continuar con la información y la tecnología cada vez ágil en todos los actos que el estado tiene participación, fomentando la competitividad del país y aproximar el estado a los ciudadanos.
Dentro de la modernidad del estado está enmarcado las adquisiciones electrónicas (el Acuerdo Marco), siendo una de adquisiciones estatales vía electrónica de bienes y servicios, siendo una propuesta que su objetivo es lograr mayor eficiencia y la optimización de los recursos humanos y económicos en todas las entidades del estado, en ese sentido la modernización del estado electrónico contribuye a la reforma y modernización del Estado.
Otro punto tocado, es el control interno en las Contrataciones del Estado, siendo el control interno una herramienta bastante relevante para la supervisión de la conducta de los organismos del estado, a finque las instituciones obtengan una seguridad razonable en el desarrollo de sus objetivos de su institución. Los componentes de control interno con que se implementa la Gestión administrativa fortalecerán todos los sistemas administrativos que tengan relación con el ciclo de los gastos públicos, para Zamora, Ponce, Chávez & Cedeño (2018), “El Control Interno en las entidades del sector público debe lograr objetivos social o político, dando importancia de la utilización de los fondos públicos, ciclo presupuestario y de planeamiento, la complejidad de su funcionamiento, realizando balance entre los valores tradicionales como la legalidad, la integridad y la transparencia” y otro de los aspectos que a diario notamos son las denuncias constantes por los actos de corrupción denunciados por control interno en los temas de adquisición del estado, y en consecuencia el Poder Judicial se encuentra con excesiva carga laboral y esto se puede observar por las demoras en los procesos judiciales para Greño (2015), “El Poder Judicial es la entidad del Sector Público el que más reformas ha tenido y sigue necesitando en todo latino américa, por lo que es urgente mejorar este sistema de justicia a fin de agilizar los expedientes y los funcionarios corruptos deben ser sancionados con severidad.
Desarrollo teórico
A la hora de hablar acerca de las compras públicas electrónicas, estas no son más que las compras tradicionales pero llevadas a un campo digital, en tal sentido, según Mirando (2020), su propósito y objetivo sigue siendo el mismo, el cual es la adecuada prestación de servicios a los ciudadanos, por medio de la adquisición de bienes y servicios para el desarrollo de las actividades de una institución pública. Al respecto y sobre esta idea, autores como Morales, Morillo y Tobar (2020) comparten esta noción del objetivo y agregan además que, permite dar respuesta a los sectores vulnerables de la sociedad, por medio de la intervención del proceso económico general, a través de la canalización de inversiones, el desarrollo productivo y la generación de empleos. A fin de cumplir con todo lo mencionado, Cardozo (2017) manifiesta que es necesario que el gobierno, inicie con la implementación de nuevas tecnologías.
Las políticas de reforma y modernización, constituyen según García, Molina, Reyes y Roseth (2018) el conjunto de cambios llevados a cabo por los entes legisladores y ejecutores del estado, en materia de procedimientos que favorezcan los procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios en pro de la efectivizarían de su trabajo, y a entrega final del servicio a los ciudadanos. En cuanto a la efectividad de las políticas de reforma y modernización, según autores como Pasco (2015) esta antes de ser alcanzada, requiere de primero contar con trazabilidad económica, así como una disminución del gasto público, sin embargo, algo importante y crucial según autores como Saravia (2018) y Rodríguez y Patrón (2017) es que los servidores públicos, deben de contar con un adecuado nivel de educación y valores éticos (esto también mencionado por Pliscoff, 2017 y Yáñez, 2019) a fin de asumir de manera correcta los retos que les presenta su trabajo. Adicionalmente, según Barrero, Hernandez y Font (2019) se requiere el desarrollo y puesta en práctica del liderazgo en los diferentes niveles de poder del gobierno.
El principal problema por el que atraviesan las instituciones públicas del estado, es la presencia de corrupción, misma que se desarrolla en los diferentes organismos, leyes y políticas tanto de seguimiento y control de las adquisiciones del estado, esto según coinciden Alvarez (2015) y Behar (2021). Independientemente de que existan causas internas o externo como lo indica Martín y Bonavia (2020), todos los autores presentados coinciden con Sancho (2017) a la hora de establecer que la corrupción genera un efecto negativo anti ético, anti competitivo y colusorio, que conllevan finalmente a la entrega deficiente de servicios a la población.
CONCLUSIONES
§ Las compras públicas electrónicas, al igual que las compras tradicionales tienen como propósito la entrega efectiva de servicios a los ciudadanos, permitiendo de esta manera satisfacer sus necesidades, contribuyendo además al desarrollo económico mediante la canalización de inversiones, el desarrollo productivo y la generación de empleos.
§ Aun y cuando las compras electrónicas es un tema importante y continuamente trabajado dentro de las políticas de contratación de un país, no ha sido posible encontrar una mayor cantidad de artículos e investigaciones en revistas indexadas al respecto, demostrando así la carencia de importancia entregada al tema, y consecuentemente, la carencia de información verificada que permita abordar los problemas de manera coherente. Sin embargo, el proceso de contrataciones públicas del Estado, supone una acción fundamental y necesaria para el estado, debido a que permite llevar a cabo los objetivos y cumplir de esta manera con las metas trazadas, adaptándose a un gobierno electrónico.
§ Precio al cumplimiento de la efectividad de las políticas de reforma y modernización, es necesario que los servidores públicos cubran características fundamentales, siendo estas la educación, presencia de valores éticos y dones de liderazgo, además de que, a nivel macro, las instituciones deben de contar con trazabilidad económica, así como una disminución del gasto público.
§ La presencia de corrupción es un problema que se presenta en los diferentes niveles organizativos de las instituciones públicas, incluido los procesos de seguimiento y control de las adquisiciones del estado, lo que conlleva a la generación de un efecto negativo anti ético, anti competitivo y colusorio. Sin embargo, con las adquisiciones electrónicas, los gobiernos lograron ahorrar significativamente en los recursos financieros estatales y además disminuyó drásticamente la corrupción, demostrando de esta manera la importancia de las adquisiciones electrónica para resolver los desequilibrios económicos que abundan en la sociedad.
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