DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i6.3760

De socios a opositores: análisis de la concentración de medios de comunicación en Argentina, Bolivia y Ecuador y su impacto en el derecho a una información veraz, imparcial y de calidad

Cristian León Ortiz

[email protected]

https://orcid.org/0000-0002-1741-7289

Universidad de Buenos Aires

Quito, Ecuador

RESUMEN

Este artículo es una reflexión crítica sobre la concentración de medios en la región latinoamericana. El estudio aborda el impacto que tienen las prácticas monopolísticas comunicacionales en el derecho de la población a una información veraz y neutral. Metodológicamente, el estudio acude a una comparación entre similares y toma como casos de estudio las experiencias de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner de Argentina, Evo Morales Ayma de Bolivia y Rafael Correa Delgado de Ecuador. El análisis demuestra que los países examinados priorizaron la regulación por sobre otros instrumentos de intervención gubernamental. Si bien la política antimonopolística tuvo éxito en la reducción de prácticas acaparadoras, experimentó fallas en su proceso de implementación, así como tensiones en la arena política. El resultado reactivo tanto del Estado como de los medios ocasionó el desplazamiento de una agenda originalmente diseñada sobre la base del pluralismo informativo a un agravamiento del distanciamiento de medios de comunicación oficiales y opositores con agendas, intereses y visiones políticamente antagónicas.

Palabras clave: medios de comunicación; monopoliosl derecho a la información; pluralismo informativo; fallas de política.

Correspondencia: [email protected]

Artículo recibido 19 octubre 2022 Aceptado para publicación: 19 noviembre 2022

Conflictos de Interés: Ninguna que declarar

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Cómo citar: León Ortiz, C. (2022). De socios a opositores: análisis de la concentración de medios de comunicación en Argentina, Bolivia y Ecuador y su impacto en el derecho a una información veraz, imparcial y de calidad. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 6(6), 4093-4108. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i6.3760

From partners to opponents: analysis of media concentration in Argentina, Bolivia and Ecuador and its impact on the right to truthful, impartial and quality information

ABSTRACT

This article is a critical reflection on media concentration in the Latin American region. The study analyze the impact that communicational monopolistic practices have on the population's right to truthful and neutral information. Methodologically, the study makes a comparison between similar ones and takes as case studies the experiences of the governments of Cristina Fernández de Kirchner of Argentina, Evo Morales Ayma of Bolivia and Rafael Correa Delgado of Ecuador. The analysis shows that the countries examined prioritized regulation over other instruments of government intervention. While antitrust policy was successful in reducing hoarding practices, it experienced flaws in its implementation process, as well as tensions in the political arena. The reactive result of both the State and the media caused the displacement of an agenda originally designed on the basis of informational pluralism to a worsening of the distancing of official and opposition media with politically antagonistic interests and views.

Keywords: media; monopolies; right to information; informational pluralism; failure policy.

INTRODUCCIÓN

Poder y Medios de Comunicación

Hace pocos días atrás observé en redes sociales una publicación titulada “Sin pauta // Con pauta”. La publicación presentaba dos notas periodísticas publicadas y difundidas por el medio de comunicación ecuatoriano Diario El Comercio, las cuales hacían referencia a la situación vial de la ciudad de Quito. La primera noticia había sido elaborada en el marco de la administración del ex burgomaestre Jorge Yunda Machado y señalaba: “Al menos 60 baches y cientos de fisuras hay en la avenida Galo Plaza Lasso” (El Comercio, 2021). La segunda, mucho más reciente, había sido publicada ya en la gestión de Santiago Guarderas Izquierdo, y mencionaba: “Como espejos en el piso, los charcos que se forman con la lluvia en las plazas, aceras y calles reflejan pequeños fragmentos distorsionados de la realidad de la urbe” (El Comercio, 2021). Ambas notas periodísticas mostraban el abordaje de un mismo problema público con cargas ideológicas y conclusiones disímiles, un interesante quiebre entre ineficiencia y arte, y un salto sobre la forma de presentación de la información ejecutada por los medios de comunicación masiva. Este hecho motivó a que dedique un análisis crítico al problema de la autonomía y la concentración de medios de comunicación.

No cabe duda, que una de las temáticas en las que la ciencia jurídica y el análisis de las políticas públicas han depositado su interés, se relaciona con el margen de autonomía que los medios de comunicación mantienen respecto a poderes fácticos “cuando su estructura de propiedad revela altos niveles de concentración” (Becerra y Mastrini, 2008, p. 42). Y es que como lo recoge Delgado, el problema de la concentración de medios revela peligros tanto para el sistema democrático (pluralismo informativo) como para el nivel de incidencia que estos pueden tener en la definición de la agenda pública (2016, p. 36). En ese contexto, la presente investigación aborda las repercusiones que tiene la concentración de medios en el ejercicio del poder de veto comunicacional.

La investigación se enfoca en la lupa latinoamericana y trata de relacionar el impacto que tiene la concentración de medios de comunicación en el derecho a una información veraz y neutral. Para el efecto, se propone abordar la concentración de medios de comunicación como un problema de política pública, de un lado, y las estrategias aplicadas por los Estados para su mitigación, de otro. La investigación revela cómo -frente al fenómeno de la concentración- los países han implementado instrumentos de autoridad y regulación que prohíban y limiten la agrupación de empresas dedicadas a la comunicación en pocas manos, y trata de evaluar la eficacia de estos instrumentos en el ejercicio del derecho a la información del público receptor.

Metodológicamente, el estudio recurre a una comparación entre similares. La contrastación consideró los siguientes criterios: definición del problema de política pública, objetivos del gobierno perseguidos e instrumentos de intervención. Los gobiernos a evaluarse corresponden a los de Cristina Fernández de Kirchner de Argentina, Evo Morales Ayma de Bolivia y Rafael Correa Delgado de Ecuador. Su objetivo fue comparar en el tiempo gobiernos ideológicamente análogos. La investigación intenta probar que si bien los instrumentos de regulación redujeron de alguna forma la concentración de medios de comunicación no garantizaron de forma efectiva el derecho a la información de la población. Por el contrario, agravaron el clientelismo comunicacional ora con el Estado, ora con los grandes grupos económicos de cada país, acentuando la diferencia entre medios oficialistas y medios opositores, y sin que se registren mayores avances en el aseguramiento de una comunicación veraz y de calidad.

Para este fin, el artículo se estructura en tres secciones. Un apartado inicial está dedicado a abordar tanto los orígenes del problema como sus estrategias de mitigación, y se ocupa de analizar los intereses políticos inmersos dentro de la concentración de medios. Una sección segunda evalúa la eficacia de las medidas adoptados por el Estado en el aseguramiento de la calidad y veracidad de la información. Una sección tercera presenta las conclusiones finales de la investigación y proporciona algunos elementos que podrían considerar para asegurar el derecho de la población a una información veraz, neutral y de calidad.

La concentración de medios de comunicación: del problema de política pública a las estrategias estatales de intervención

De acuerdo con Mastrini y Becerra, en América Latina, “casi la mitad de los productos y servicios de los mercados de la información y las comunicaciones de cada país es controlada por un solo proveedor” (2008, p. 17). Esta tendencia a la concentración -que si bien no es exclusiva de este lado de la región sino a nivel mundial (Delgado 2016, p. 36)- tiene sus orígenes en cuestiones de carácter económico, político, social e ideológico (González, 2019, p. 14).  Junto con la globalización, personas naturales y jurídicas dedicadas a la difusión de información sintieron interés tanto por expandir el tamaño y capacidad de sus empresas como por alcanzar al público a través de la mayor cantidad de canales y gamas posibles de comunicación desarrollados por la tecnología (prensa escrita, radiodifusoras, televisión, redes sociales, entre otras). Asimismo, intentaron agrupar la mayor cantidad de medios de comunicación con la finalidad de alcanzar un buen posicionamiento tanto en el mercado como en los principales círculos políticos (Pérez, 2019, 82-84).

Lejos de reducirse, la tendencia a la concentración experimentó un progresivo incremento en América Latina. Como lo recogen Becerra y Mastrini: “El primer lustro del siglo XXI revela la consolidación, con una tendencia a incrementarse, en el proceso de concentración de medios y del resto de industrias infocomunicacionales en América Latina” (2008, p. 50). Considérense algunos ejemplos. En Argentina, Grupo Clarín constituye el principal periódico del país, cuenta con “las radios más influyentes, el segundo canal de televisión abierta, es dueño de la distribuidora de cable (…) llegando a alcanzar y copar con todo ello hasta un 60% de todo el sector comunicacional” (González, 2020, p. 81). En Ecuador, casi toda la prensa escrita está concentrada en manos de pocos monopolios familiares (Ayala Mora, 2012, p. 29 en Martínez, 2016, p. 18). El Grupo Mantilla, el Grupo Pérez o el Grupo Martínez-Merchán son algunos ejemplos (Benalcázar, 2015, p. 62) , etc.

La tendencia a la concentración de medios tuvo enormes impactos negativos tanto en el pluralismo informativo de los países como en el acceso de la población a información veraz, verificada e imparcial. Y es que el pluralismo y la diversidad de medios de comunicación cumplen un rol trascendental en la democracia pues fiscalizan el quehacer del Estado y transportan información a la ciudadanía (González, 2015, p. 67). Como lo recoge Lombarte, “mientras más fuentes de información existen mayor es la capacidad de elección de los ciudadanos, puesto que los medios de comunicación constituyen un soporte informativo básico por el cual una significativa cantidad de público forma su criterio y opinión” (Lombarte, 2000 en Alcalá, 2013, p. 65).

Frente a esta problemática Argentina, Bolivia y Ecuador priorizaron una serie de acciones para romper con los monopolios u oligopolios comunicacionales. Para este fin, se diseñaron e implementaron instrumentos de regulación y autoridad que reduzcan de alguna manera estas prácticas. El diseño de estas estrategias involucró un giro en la concepción del rol del Estado en la comunicación, el paso de un régimen de libertad absoluta a otra de expresión pluralista. “La primera (…) una defensa de la libertad de expresión basada en la autonomía de los cuerpos intermedios y fundada en un concepto negativo de libertad. La segunda (…) una defensa de la libertad de expresión de corte democrático…” (Charney 2018, p. 117). En suma, una transición de la visión liberal enfocada en la defensa de la libertad absoluta del medio, a un tesis de debate público preocupada por defender el derecho de la sociedad a estar informada.

Las estrategias de intervención tomaron como principal fuente el amplio marco de protección internacional de los derechos humanos. Así, por ejemplo, el principio 12 de la Declaración de Libertad de Expresión, el cual establece que :

“Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos” (Organización de los Estados Americanos, 2000).

O de otro lado, la Opinión Consultiva OC-5/85 que acentúa que:

“la libertad de expresión se puede ver también afectada sin la intervención directa de la acción estatal. Tal supuesto podría llegar a configurarse, por ejemplo, cuando por efecto de la existencia de monopolios y oligopolios en la propiedad de los medios de comunicación, se establecen en la práctica “medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, OC-5/85, 1985, fj. 16).

Ecuador incorporó en su Constitución como obligación del Estado el fomento de la pluralidad y diversidad en la comunicación. El cumplimiento de este mandato se ejecutaría a través de las siguientes acciones: asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico y de televisión con sujeción a procesos transparentes y en igualdad de condiciones; creación y fortalecimiento de medios de comunicación públicos y comunitarios; y, acceso universal a tecnologías de la información y comunicación. Asimismo incorporó la prohibición de la conformación de oligopolios o monopolios directos o indirectos en medios de comunicación y frecuencias (Constitución de la República del Ecuador, 2008, art. 17). Todo esto formaba parte de una serie de intervenciones de orden normativo, institucional y organizativo que trataban de romper “con la lógica del Estado neoliberal que durante años había regido el país” (Sánchez en Lizarzaburu y Sánchez, 2018, p. 117-118) modificando de forma radical la relación que existía entre Estado y medios de comunicación privados. Como apunta Sánchez:

“Desde la creación de la nueva Constitución se impulsaron normativas para regular el ejercicio comunicativo, se habló de democratización de los medios, de una ley orgánica de comunicación y de un periodismo al servicio social. Estas y otras ideas (…) se recuperaron de los viejos debates de la teoría crítica latinoamericana” (Sánchez, 2013 en Lizarzaburu y Sánchez, 2018, p. 118).

El caso boliviano también da cuenta de la ruptura del modelo neoliberal de comunicación y su reemplazamiento por un enfoque basado en la primacía del debate democrático y del surgimiento del servicio y opinión pública. Al igual que en el caso ecuatoriano, las prácticas neoliberales en Bolivia tienen su aparición en la década de los ochenta y noventa. En 1985, en Bolivia se promulgó el Decreto 21.060 que disponía la liberación del mercado comunicacional con el consecuente achicamiento del Estado (Benalcázar, 2015, p. 53). Ello condujo a prácticas monopolísticas y de acaparamiento en los medios de comunicación. No obstante, con la entrada del gobierno de Evo Morales Ayma y el planteamiento de un nuevo proyecto constitucional se dio un enorme golpe a las prácticas de concentración. El artículo 314 de la Constitución boliviana de 2009 determinó:

“Se prohíbe expresamente el monopolio y el oligopolio privado, así como cualquier otra forma de asociación o acuerdo de personas naturales o jurídicas privadas, bolivianas o extranjeras, que pretendan el control y la exclusividad en la producción y comercialización de bienes y servicios…” (Constitución de la República de Bolivia, 2009, art. 314).

La experiencia argentina fue un tanto similar. En 2009 se expidió la Ley 26.552 de Servicios de Comunicación Audiovisual, la cual propuso “la desmonopolización del sistema y el fomento de la competencia, con el objetivo de democratizar y universalizar el acceso entendiendo la comunicación como un derecho humano básico y no como un bien económico sujeto a las reglas del mercado” (Sosa, 2016, p. 19).  La Ley 26.552 introdujo el concepto de comunicación democrática (artículo 1) e incorporó concursos públicos y concesiones de licencias para la prestación de servicios comunicacionales (artículo 32). Asimismo incluyó límites a la multiplicidad de licencias. Si bien, a diferencia de Ecuador o Bolivia no existieron modificaciones a la carta constitucional se incorporaron límites a través de leyes y regulaciones infraconstitucionales.

En suma, los gobiernos de Argentina, Bolivia y Ecuador priorizaron sus instrumentos de autoridad ya sea desde niveles supra legales o legales. La regulación incorporó principios y conceptos novedosos que buscaban limitar la concentración y el monopolio comunicacional. Estas acciones constituían en términos generales la muestra de un giro drástico en las competencias estatales en la comunicación y un paso del modelo neoliberal a otro de intervención estatal.

Una vez que se ha abordado la modificación de los roles del Estado en la política pública comunicacional, quedaría pendiente examinar y evaluar los instrumentos de intervención gubernamental empleados, categorizarlos, identificar las tensiones provocadas tras su adopción y medir sus resultados. De allí, que el siguiente apartado vaya dedicado a analizar la eficacia de las intervenciones. Para el efecto, se tomará como punto de partida el abordaje de las principales reacciones de los sujetos destinatarios de la regulación: medios, empresas y grupos económicos de poder.

De socios a opositores: las fallas de la política de mitigación de la concentración de medios de comunicación en argentina, Bolivia y Ecuador

Este apartado medirá la eficacia de los instrumentos de política pública implementados durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner de Argentina, Evo Morales Ayma de Bolivia y Rafael Correa Delgado de Ecuador para reducir las prácticas comunicacionales monopolísticas. Para medir el éxito o fracaso de estos instrumentos se considerará tanto el rompimiento de prácticas monopolísticas en Argentina, Bolivia y Ecuador como el aseguramiento del derecho de la sociedad a ser informada.

McConnell identificó tres ámbitos en los cuales una política pública podría presentar fallas: durante su proceso de producción, en su programa (o en sus instrumentos de intervención) y en el ámbito político (2015, p. 233-235 en Manosalvas, p. 159). Considerando que este estudio tiene como objetivo medir la eficacia en la política, así como establecer su nivel de apoyo o credibilidad (Howlett, 2012, p. 547-548 en León, 2021, p. 5), se preferirá el análisis desde este último ámbito de acción (as a political issue). Las fallas en el ámbito político (as a political issue) hacen referencia a situaciones en las que “surge una oposición generalizada a la política pública, que amenaza la legitimidad y aceptación (…)”  (Manosalvas, p. 161). Este tipo de fracaso puede ser observado cuando grupos destinatarios de la política se muestran críticos o contrarios a esta, afectando la reputación del gobierno, amenazando la legitimidad de la política e inclusive cuestionando la capacidad gubernamental para llevar a cabo la intervención. Esta reacción tiene efectos tanto en las perspectivas electorales del gobierno como en la trayectoria que adoptará su futura agenda.

La investigación parte de la hipótesis de que la política de erradicación de prácticas comunicacionales monopolísticas  diseñada e implementada por Argentina, Bolivia y Ecuador durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, Evo Morales Ayma y Rafael Correa Delgado experimentó fallas en el ámbito político. Como se verá a continuación, los medios de comunicación tradicionalmente asociados a los grandes poderes económicos y políticos de países mantuvieron una profunda reacción crítica a la política, empleando mecanismos jurídicos, económicos y mediáticos que retiren legitimidad a la intervención gubernamental. El estudio mide el poder del Estado para llevar a cabo cambios en la política y la gestión pública frente al grado de influencia de los medios para revertirlos, obstaculizarlos, influenciarlos o reconducirlos.

Como punto de partida se abordarán las principales reacciones de los sujetos destinatarios de la regulación. Su objetivo es determinar el grado de legitimidad que alcanzaron los cambios en el ordenamiento jurídico. ¿Por qué analizarlo desde este enfoque? De un lado, porque si bien el rompimiento de prácticas monopolísticas exige un rol activo del Estado, esta actuación podría fácilmente ser calificada como una intervención ilegítima contra la libertad de expresión (González, 2015, p. 66). De otro, porque los medios de comunicación cuentan con un fuerte poder de influencia sobre la sociedad para imponer ciertas temáticas conforme determinadas ideas y posiciones específicas. Dicho esto se analizará cada uno de los casos (países) de estudio.

En Argentina, el revés más importante que la Ley enfrentó se relacionó con la acción de inconstitucionalidad que inició Grupo El Clarín. Tras la promulgación de la ley el medio tuvo que “desprenderse de entre 150 y 200 medios, lo que da una idea del nivel de acaparamiento del grupo” (Serrano, 2016 en González, p. 82). Ante ello, el grupo planteó un profundo rechazo a la ley bajo acusaciones de violaciones a las libertades de prensa, expresión y propiedad privada. El desenlace de este cuestionamiento judicial, culminó con el rechazo de la acción interpuesta por el holding. Esta acción constituyó una significativa evidencia sobre cómo permearon la ideas de abandono del modelo liberal de comunicación hacia otro que intente garantizar un mercado mucho más pluralista. Sobre este punto, Becerra -en el análisis que realiza a la sentencia de la Corte Suprema de la Nación- apunta:

“… la libertad de expresión depende de los recursos de los que se disponen, y si estos están concentrados, la libertad de expresión del resto, es decir el interés público, se resiente. Es toda una innovación que el máximo tribunal de un país de la región sentencie que el objetivo de la regulación de los medios es el robustecimiento del debate público y que ello demanda regulación, equilibrio y razonabilidad por parte del Estado” (Becerra, 2014, p. 71).

Lejos de esta victoria, Argentina experimentó el incremento del grado de hostilidad y confrontación entre el gobierno y los medios de comunicación. Este aumento se debía a acciones de control tributario, laboral, entre otros. Las críticas a la acción del gobierno no se hicieron esperar sobre todo en noticias matutinas. El Gobierno no se quedó atrás en la interpelación al medio. La interpelación más recordada por la población argentina fue “Qué te pasa, Clarín… está nervioso?” (BBC Mundo, 2009).

En Ecuador, la incorporación del debate comunicacional y la inclusión de prohibiciones que frenen las prácticas monopolísticas “generaron malestar entre los empresarios de la comunicación que, en su afán de recuperar el estatus y los privilegios con los que funcionaron, iniciaron una guerra mediática en contra del gobierno de Correa” (Lizarzaburu y Sánchez, 2018, p. 118). El principal proceso judicial que ocupó la palestra mediática fue el iniciado por el ex presidente ecuatoriano contra Diario el Universo. En una conferencia dictada en la Universidad de Columbia, el ex mandatario Rafael Correa sostenía que:

“Aunque este es un problema planetario, en Latinoamérica, dado los monopolios de medios, su propiedad familiar, sus serias deficiencias éticas y profesionales, y su descarado involucramiento en política, el problema es mucho más serio.

En Ecuador, los medios de comunicación escritos, televisivos y radiales a nivel nacional son propiedad de media docena de familias. El mayor diario nacional, El Universo, pertenece a empresas fantasmas en Islas Caimán, un paraíso fiscal, donde no se va precisamente para pagar impuestos o transparentar finanzas.

Cuando llegamos al gobierno en el 2007, cinco de los siete canales de televisión nacionales eran propiedad de banqueros. Ustedes pueden imaginar lo que sucedía cuando se quería tomar alguna medida de regulación bancaria. En general, la práctica común fue siempre crear un grupo económico y usar los medios, no para informar, sino para defender los intereses de ese grupo económico.

La falta de objetividad, descontextualización, sesgo en la información son, por decir lo menos, patéticos. Como soy un Presidente que enfrenta a cierta prensa, si a mí me muerde un perro… ¡al día siguiente esa prensa entrevista al perro!  Aquello de decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, para excluir cualquier posibilidad de engaño, ni siquiera lo entienden” (Correa, 2011 en Stornaioli, 2019).

El caso boliviano fue bastante parecido. Al igual que en el caso argentino y ecuatoriano, los medios de comunicación en Bolivia estaban concentrados en pocas manos:

“Existen dos grandes conglomerados mediáticos: El grupo Prisa, de origen español, que controla los diarios La Razón, El Nuevo Día, Extra, la red de televisión ATB. Y el grupo Líder de las familias Rivero-Canelas propietario de los diarios El Deber, La prensa, Los Tiempos, Correo del Sur, El Potosí, Nuevo Sur, El Alteño, El Norte, Gente y un 40 por ciento del canal PAT. Además las familias Monasterios, Kuljis, Durán y Asbún controlan diversos medios escritos y televisivos” (Grebe, 2007, p. 11-12).

Tras la asunción al poder de Evo Morales Ayma, el gobierno requirió a los medios un trabajo que trate de concentrarse en los sectores sociales. El gobierno emprendió una política que priorizó la comunicación comunitaria. De otro lado, emprendió una constante crítica a los medios privados. Constantemente el ex mandatario Evo Morales Ayma realizaba “duras declaraciones contra los medos de comunicación, acusándolos de manipular la información para causar la pérdida de credibilidad entre la población” (Grebe, 2007, p. 13).

Estas experiencias muestran que la asunción de gobiernos progresistas con modelos intervencionistas sobre la comunicación agravaron el distanciamiento de los grandes grupos económicos propietarios de los medios convirtiéndolos en auténticos actores de oposición. Como lo recoge Ramos: “Los medios dejaron de ser los socios camuflados del poder político y, de pronto, se volvieron opositores inerciales del Gobierno (…) carentes de iniciativa y de visión de largo plazo, esbozaron conductas reactivas, poco conceptuales y orgánicamente débiles” (Ramos en Lizarzaburu y Sánchez, 2018, p. 119). De otro lado, los Gobiernos no lograron alcanzar un retorno del debate al aseguramiento del adecuado derecho de la población a la información (failure policy as a political issue). En realidad, asumieron una postura aún más crítica y confrontativa hacia los medios. Ello ocasionó que existan enormes y significativas disputas que trastocaron los planos mediáticos y judiciales.

En realidad, las experiencias de los tres países analizados muestran que si bien existieron acciones (sobre todo de regulación) que trataron de frenar el monopolio comunicacional, las actitudes reactivas de ambos actores políticos (Estado y medios), ocasionaron que los instrumentos de autoridad sean insuficientes y no se vean acompañados y robustecidos por otras estrategias de intervención. La ausencia de una reconducción tanto en el rol del Estado como en la reacción de los medios ocasionó que el debate se desplace de la necesidad de asegurar un derecho de información de calidad, hacia la oposición ciega y la denuncia por atentados a la libertad de expresión. En suma los Gobiernos cayeron en un juego tramposo de ataque a los medios descuidando aspectos sustanciales de la agenda pública en materia de comunicación. He aquí una debilidad institucional de los gobierno estudiados en la arena de la política pública de comunicación.

CONCLUSIONES

Los tres países latinoamericanos comparten problemas estructurales para la formulación e implementación de sus políticas. En efecto, la agenda política de Argentina, Bolivia y Ecuador expresa una “alternancia entre la rigidez y la volatilidad de los acuerdos entre múltiples actores” (Mejía, 2009, p. 215).En el plano comunicacional, y desde el retorno a la democracia de los países, se experimentó una auténtica democracia pactada, los intereses de partidos políticos y grupos económicos colusionaron en un pacto que intentaba minimizar la tarea del Estado sobre los medios (Giménez, 2010, p. 12). El pacto perduró durante varias décadas en los cuales los medios se habían convertido en portavoces y fonógrafos de los grandes poderes políticos y económicos (acuerdos rígidos si se sigue a Mejía).

Los procesos políticos llevados a cabo por Cristina Fernández de Kirchner de Argentina, Evo Morales Ayma de Bolivia y Rafael Correa Delgado de Ecuador rompen el esquema y abren paso a ideas de responsabilidad comunicacional y pluralismo informativo, emergiendo debates olvidados sobre la participación de la sociedad civil organizada en la vocería pública. El rompimiento del status quo ocasionó una reacción furibunda de medios y grupos económicos, en los que el Estado no contó con capacidad suficiente para emplear mecanismos que ayuden a legitimar la política. En realidad la influencia de un ejecutivo unitario y con poderes de mayordomía ocasionó que el Estado no se concentre en alcanzar acuerdos rígidos que legitimen la política. En realidad, el Gobierno exacerbó el conflicto (acuerdos volátiles, políticas volátiles si se sigue a Mejía). Como resultado, los países experimentaron un proceso de polarización y reacomodo de medios entre oficialistas y opositores; desplazando la atención tanto del Gobierno como de los medios por los objetivos sustantivos que originalmente perseguía la política, el derecho de la sociedad a contar con información verídica, verificada y de calidad. En suma el contexto analizado revela, una deuda de política pública pendiente entorpecida por Estado y medios.

Lejos de corregirse el problema, el transcurso de los años y el advenimiento de gobierno más cercanos a las élites económicas de los países ha afianzado el interés de los medios por conservar su status quo, acrecentando la noción de que el derecho a una sociedad informada continuará siendo una deuda pendiente y que los medios son simplemente portavoces de las ideas, intereses y creencias del dueño del capital. Ejemplos fácilmente identificables de ello se hallan en el desmantelamiento del aparataje de control comunicacional o la eliminación de leyes y regulaciones de comunicación llevados a cabo en los gobiernos neoliberales de Mauricio Macri en Argentina, Lenin Moreno en Ecuador y Jeannine Añéz en Bolivia.

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