DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i6.3834

La perspectiva de género y espacios universitarios libres

de violencia de género

 

Dra. Guadalupe Antúnez Nájera   

[email protected]

https://orcid.org/0000-0001-7344-3177

Universidad Autónoma de Guerrero

Mexicana

 

M.C. Karla Estefania De la luz Antúnez

[email protected]

https://orcid.org/0000-0001-9987-5365

Investigadora independiente

Mexicana

 

RESUMEN

Uno de los desafíos de las Universidades como Instituciones Públicas Educativas es atender la violencia de género mediante políticas públicas que emanen de lo constitucional con perspectiva de género y de esta forma se implementen o rediseñen mecanismos y estrategias para atenden las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres al interior de los espacios educativos. Las instituciones educativas públicas tienen la responsabilidad social y humanitaria de ofertar espacios donde las y los estudiantes, personal académico y no académico sea formado, atendido con dignidad y respeto sus derechos humanos. En este estudio teórico, se mencionan algunos mecanismos y estrategias que pueden abonar a la construcción de instrumentos académicos y jurídicos para la transversalización de la perspectiva de género, con el propósito de promover por un lado competencias y habilidades en los estudiantes que les permitan conducirse con esta perspectiva, así como,  capacitar a directivos, docentes y no docentes, hombres y mujeres a fomentar trabajos de colaboración para reducir las brechas hegemónicas de poder y brindar espacios  académicos, de atención y de servicios  libres de violencia de género. Se retoman algunas experiencias implementadas en la Universidad Autónoma de Guerrero, que han permitido disminuir los índices de violencia, sobre todo, a las mujeres estudiantes y trabajadoras.

 

Palabras clave: cultura; espacios universitarios; feminismo; perspectiva de género; violencia de género.

 

 

 

Correspondencia: [email protected]

Artículo recibido 12 octubre 2022 Aceptado para publicación: 12 noviembre 2022

Conflictos de Interés: Ninguna que declarar

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Cómo citar: Antúnez Nájera, D. G., & De la luz Antúnez , M. K. E. (2022). La perspectiva de género y espacios universitarios libres de violencia de género. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 6(6), 5660-5674. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i6.3834

 

The gender perspective and university spaces free
 of gender violence
ABSTRACT
One of the challenges of universities as Public Educational Institutions is to address gender violence through public policies that emanate from the constitutional with a gender perspective and in this way mechanisms and strategies are implemented or redesigned to address the inequality gaps between men and women. within the educational spaces. Public educational institutions have the social and humanitarian responsibility to offer spaces where students, academic and non-academic staff are trained, cared for with dignity and respect for their human rights. In this theoretical study, some mechanisms and strategies are mentioned that can contribute to the construction of academic and legal instruments for the mainstreaming of the gender perspective, with the purpose of promoting, on the one hand, competences and abilities in students that allow them to conduct themselves with this perspective, as well as training managers, teachers and non-teachers, men and women to promote collaborative work to reduce hegemonic power gaps and provide academic, care and service spaces free of gender violence. Some experiences implemented at the Autonomous University of Guerrero are resumed, which have allowed to reduce the rates of violence, especially against female students and workers.
 
Keywords: culture; university spaces; feminism; gender perspectiva; gender violence.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN

En la actualidad siguen prevaleciendo relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres indistintamente de los contextos donde estos interactúan o se relacionan; observar expresiones de subordinación, discriminación y exclusión en los centros laborales, educativos, familiares, recreativo e inclusive en los religiosos, no son eventos de actualidad, ni motivos para sorprendernos, han sido acciones históricas en las cuales los varones dejan clara la postura de supremacía a las mujeres.

En este sentido, reviste importancia abordar esta información desde la perspectiva del feminismo. Así, en esta perspectiva y/o corriente de análisis cabe observar cómo la diferencia entre los géneros en las sociedades se construye signando lo masculino como hegemónico y lo femenino como subordinado (Delgado, 2008).

De esta forma y, adentrándonos a la discusión y al análisis de la violencia a la mujeres, para Lagarde (citada en Castañeda, Ravelo y Pérez, 2013) acuñar el término de Feminicidio, es la expresión más drástica de la violencia de género. Solo en el 2018 los índices de feminicidios presentados en el país mexicano dejan ver otra cara más, con actitudes masculinas que refuerzan la historia patriarcal sobre el concepto de las mujeres y en consecuencia la materialización. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2017 se registraron 766 presuntas víctimas de feminicidio, en 2018 llegando a 906, en 2019 (enero a septiembre) el número registrado fue de 748 presuntas víctimas, considerando la tendencia se espera que 2019 concluya aproximadamente en 1036 (INMUJERES, 2019). Como este grave y alarmante delito cometido contra las mujeres, le siguen otros; el hostigamiento sexual, el agresor valiéndose de las relaciones de subordinación continua como se ha observado en algunos estudios aplicando conductas relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva a la persona subordinada sobre todo a las mujeres (Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2021). El acoso, es otra forma de violencia en la que, si bien, no existe la subordinación,   hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos (Ley Federal del Trabajo, 2022).

La violencia de género está definida como todos aquellos comportamientos que hacen evidente la desigualdad existente en las relaciones interpersonales, que interponen y en ocasiones legitiman el control del hombre sobre la mujer. En los sistemas sociales patriarcales subsiste la creencia de que la violencia es una forma bajo la cual los fuertes pueden dominar a los débiles (Expósito y Moya, 2005; Nahar, Van Reeuwijk y Reis, 2013 como se citó en Hernández, García y Guadarrama, 2015). Varios autores coinciden en afirmar que se tiene evidencia de que la Universidad sigue siendo dominada por los hombres, los cuales ejercen este predominio a través de diferentes formas de misoginia y de discriminación. Estas formas de violencia perjudican a los docentes y a los estudiantes, e impactan de forma negativa en el desarrollo profesional de las mujeres y en el avance de sus carreras universitarias (Reilly, Lott y Gallogly, 1986, como se citó en Hernández, García y Guadarrama, 2015).

En el imaginario social sigue prevaleciendo un sistema androcentrista, donde se concibe a la mujer con atributos de inferioridad, y, por lo tanto, de sumisión, obediencia, con incapacidad en la toma de decisiones, confinada en muchos de los casos a espacios de control, de subyugación, donde el varón es el encargado de aplicar el poder, el control. Y esto puede observarse tanto en lo contextos privados como públicos. Desde años atrás, se ha analizado y disertado sobre la posición de las mujeres en las estructuras que determinan con claridad relaciones de dominación y de privilegio. También se ha hablado de la época, como una categoría de análisis intrincada al momento histórico, como si este fuera un factor decisivo que acoge los orígenes del desarrollo del fenómeno, si bien, es importante retomar esta categoría para ubicar los elementos de su desarrollo, esto no indica, que la violencia a las mujeres sea solo un asunto del pasado, en tanto, las ideologías, los mandatos culturales y los discursos se sigan construyendo con un lenguaje sexista, de prejuicios y estereotipos de género, continuará la historia de las mujeres vista de acuerdo con Simone de Beauvoir, como “el segundo sexo”, aún en la época actual.

 Desde la cultura y sus diversas aristas, puede llevarse a la reflexión de cómo a través de un sistema de creencias, costumbres, se puede influir en las personas para que adopten determinados comportamiento y actitudes en sus vidas diarias, de esta forma Rivas (2020) menciona lo siguiente:

Sus creencias, tradiciones, formas de actuar o interpretar los problemas sociales dependen en gran medida de sus raíces culturales, de lo que la gente ha vivido; de lo que la gente vive en esa mutua interrelación con los demás. El ser humano debe convivir con los otros para poder subsistir; y es precisamente esa convivencia lo que lo hace crear cultura. La cultura se hace, el ser humano no nace con cultura. La cultura se aprende. Y es precisamente esa complejidad humana, determinada por la cultura y en ese hecho de interrelacionarse, lo que muchas veces ocasiona tensiones entre grupos (p.17).

Se logra observar a la cultura como un conjunto de patrones culturales que promueven condiciones para acentuar la falta de bienestar, de salud, de oportunidades, por el hecho de que las personas comparten usos y costumbres ancestrales de su lugar de origen. Se establecen modelos que demarcan roles entre los sexos; el caso de muchas mujeres sin posibilidades de acceso a la educación, a mejores condiciones económicas, laborales, a la libre determinación sobre su sexualidad y su cuerpo. La venta de niñas y/o los casamientos forzados (Divany, 2021), en algunas regiones de México, como: Guerrero, Oaxaca y Chiapas sigue siendo una práctica cultural que mina todo proyecto de vida en las niñas y adolescentes. En tanto que, en los hombres se observa la toma de decisión, aplicación del poder, libertad de guiar su propia vida, y ser dueños de su cuerpo.

En referencia a la historia,  una de las mujeres considerada precursora del moderno feminismo, Olimpia de Gouges, autora de la «Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana», y quien denunciaba que la revolución había denegado los derechos políticos a las mujeres y, por lo tanto, que los revolucionarios mentían cuando se les llenaba la boca de principios «universales» como la igualdad y la libertad, pero no digerían mujeres libres e iguales (Varela, 2008, p. 24 a). Asimismo, en uno de sus artículos decía «La mujer tiene el derecho a ser llevada al cadalso y, del mismo modo, el derecho a subir a la tribuna...», aunque Gouges nunca subió a ninguna tribuna y no porque no lo hubiera intentado, sino porque no se le fue permitido, pero si subió al cadalso (Varela, 2008 b), por el hecho de no ser una persona de razón desde el pensamiento patriarcal de la época.  En este mismo orden de actitudes y acciones patriarcales, se suscitó un hecho en Nueva York (1908), 129 mujeres trabajadoras de la fábrica textil Cotton, por el hecho de manifestarse y exigir mejores condiciones de trabajo, el empresario prendió fuego a la empresa con todas las mujeres dentro, ocasionando la muerte de todas ellas (Varela, 2008 c). A estos hechos, le siguen otros, donde el valor más grande “la vida” es expuesta, comprometida por mujeres en pro de alcanzar sueños, emprender camino de libertad. Luchas que han sido una constante a lo largo de la humanidad, lidereando batallas tanto en los ámbitos públicos como en los privados.

Uno de los logros histórico que ha permitido ir cerrando brechas de desigualdad entre los hombres y las mujeres, tuvo su origen en el año de 1979, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), considerada también como la Carta Internacional de los Derechos de las Mujeres. En la actualidad, sigue siendo el mayor instrumento vinculante, universalmente reconocido, que no solo lucha contra la discriminación de la mujer, sino que también protege los derechos de las niñas para preservar su dignidad y bienestar; asimismo, alienta con políticas públicas que les puedan ofrecer oportunidades de igualdad (Unidad General de Igualdad de Género, s/f.).

Este instrumento vinculante es suscrito por México en 1980 y aprobado en 1981, mismo año en que entra en vigor. De esta forma México se compromete a consagrar el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización de prácticas de ese principio. Sin embargo, no es hasta años más tarde que reconoce la desigual situación de las mujeres y con ello, se inician a perfilar mecanismos y estrategias para su atención.  De esta forma, se pone en marcha el Programa Nacional de la Mujer (1995-2000), en el que se reconoce el papel protagónico y estratégico de las mujeres en el proceso de desarrollo económico y social, así como en los avances democráticos y en la transmisión de la cultura y valores. Además, pone en énfasis la importancia de la educación:

El fundamento de una educación de calidad reside en la sólida adquisición de conocimientos, en el desarrollo de habilidades y destrezas para la actividad productiva, en la transmisión de lo mejor de nuestras costumbres y tradiciones, así como de los valores esenciales que propician el desarrollo integral y armónico de las personas. La educación contribuye a enriquecer y ampliar los horizontes de los individuos, así como modificar sus actitudes al infundir en ellos el convencimiento de que pueden influir en su propia conducta y en la manera en que desarrollan sus relaciones sociales e interpersonales. Por todas estas razones, la educación sobresale como un factor estratégico… para impulsar el desarrollo personal y la participación plena de la mujer en la sociedad, así como para promover relaciones más equitativas e igualitarias entre hombres y mujeres (Diario Oficial de la Federación, 1996).

Si bien, desde algunas décadas la presencia de las mujeres en las universidades públicas y privadas   ha tenido un auge vertiginoso, lo que ha significado una oportunidad de crecimiento profesional e intelectual para las mujeres y en general para el desarrollo económico, cultural y político del país, es pertinente mencionar, que la violencia sobre todo en los espacios educativo en los que se desarrollan algunas formas de relaciones de poder, se implementan también mecanismo de presión para violentar a las mujeres. La violencia se puede encontrar naturalizada y justificada en las normas, los procedimientos y las estructuras institucionales (Vázquez, López y Torres, 2021, p.3).

La lucha por la igualdad entre los sexos, encaminada a evitar la discriminación y a alcanzar la justicia social, debe expandirse a todos los ámbitos de la acción humana. Incluso dentro de la ciencia (que se considera sexualmente neutra debido a su pretensión de objetividad) encontramos parcialidad en cuanto al género, de forma que las teorías científicas, en tanto que construcciones humanas, no son tan neutrales como se pretende, pues, ciertamente, estamos “acostumbrados a ver la vida a través de los ojos de los hombres” (Gilligan, 1985, como se citó en Velazco, 2016). 

La violencia de género en los espacios educativos

La violencia de género de acuerdo con la CEDAW (como se citó en el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UANAM, 2019) es definida como una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. Implica una violación a los derechos humanos que perpetúa los estereotipos de género y que niega la dignidad, la autodeterminación y el derecho al desarrollo de las personas (p, 4). Para la Organización de las Naciones Unidas (2010, como se citó en Vázquez, López y Torres, 2021), la violencia contra la mujer es “todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada” (p, 4).

Diversos son los estudios que han abordado la violencia de género desde distintas disciplinas y perspectivas metodológicas en la idea de visibilizarla, mostrarla y tratarla en sus campos de aplicación. El artículo titulado Violencia de Género en el Nivel Superior de la UAGro, muestra el tipo de violencia que reciben las estudiantes, y quienes son los agresores más frecuentes, mismos que se encuentran al interior de los espacios educativos, como son: los compañeros de salón (29.7%), maestros (16.3%) y de la pareja con el 14.9%, (Cortes, Guevara y Antúnez, 2013). Asimismo, el artículo “Violencia de género en las estudiantes del Nivel Medio Superior de la UAGro”, muestra que el 37.30% (de 284 estudiantes mujeres) entre estudiantes varones, maestros, directivos, personal administrativo y de intendencia manifestaron que las mujeres son inferiores y que deben obedecer a los hombres, mientras que el 50.40% utiliza un lenguaje sexista, el 31.70 las discriminan (Cortes, Guevara y Antúnez, 2014). En la Universidad Autónoma Chapingo se desarrolló el estudio “Violencia de género sobre estudiantes universitarios (as)”, y visibilizó que la variable que más aportó al índice fue “Reproducción de la violencia”, la cual indica que el abuso de poder, la impunidad y la corrupción son elementos que determinan fuertemente el ejercicio de la violencia (Zamudio, Andrade, Arana y Alvarado, 2017). Las autoras concluyen que la situación de violencia en la UACh es un problema estructural y que gran parte de estas violencias se debe a la falta de sanción de los hechos violentos.

Como se puede observar, y, no obstante, de los diversos instrumentos jurídicos, políticas públicas que tienen las Instituciones Educativas para erradicar la violencia de género, esta sigue persistiendo; La Universidad Autónoma de México (UNAM) cuenta con un protocolo, al igual que otras, como: La Universidad de Guadalajara (UDG),  [Universidad Autónoma de Guerrero], el Instituto Politécnico Nacional (IPN), Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Universidad Iberoamericana y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), sin embargo, las mujeres por razón de su género continúan siendo blanco de actitudes patriarcales que se ejercen contra ellas en estos ambientes académicos. Es alarmante en otros contextos como surge este tipo de violencia, solo en el mes de enero en el Territorio Nacional Mexicano en lo que va del 2022 se registraron 75 feminicidios; el Estado de México el de mayor incidencia con 14 casos, siguiendo la Ciudad de México, Oaxaca y Veracruz con 6 casos, Tabasco y Nuevo León con 5, Chiapas y Chihuahua con 4 casos. El resto de los estados presentan menor incidencia, algunos son:  Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Puebla, Sonora, Zacatecas, Guerrero, entre otros (Diario As, 2022). ¿Cómo es que siguen persistiendo estos hechos, estos acontecimientos brutales?

Las Instituciones Educativas tiene una gran labor, y responsabilidad social; formar profesionales que atiendan las necesidades sociales de la ciudadanía; de hombres y mujeres, y contribuyan fundamentalmente al cambio de pensamientos y conductas, de tal forma que las relaciones interpersonales, de grupo entre hombres y mujeres en cualquiera de los espacios sociales y tiempos muestren sentido de inclusión, respeto, igualdad y sororidad.

La importancia de transversalizar la perspectiva de género en las Instituciones Educativas

En julio de 1997 el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) definió el concepto de la transversalización de la perspectiva de género en los siguientes términos:

"Transversalizar la perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la integración es conseguir la igualdad de los géneros” (s.p.).

El Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, fue uno de los grandes documentos que permitió cimbrar fuertemente las bases con la puesta en marcha de estrategias transversales de perspectiva de género. Su propósito consistió en alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, en un marco de respeto irrestricto a los derechos humanos de las mujeres, niñas y en un contexto de democracia participativa, utilizando para ello la planeación, programación y presupuestación con perspectiva de género (Gobierno de México, s/f). Los objetivos de este programa trazaron de alguna forma una ruta de trabajo y acciones para que la perspectiva de género se aplicara en todos los espacios de la vida pública, de ahí, que las universidades en México han considerado en sus diversas agendas la importancia de esta perspectiva de género como una de sus metas para contrarrestar los estereotipos y prejuicio al interior de los espacios educativos.

En este sentido, cada espacio educativo ocupado por directivos, profesores, administrativo y estudiantes puede ser un espacio de seguridad y bienestar siempre y cuando se reconozca que son espacios de administración y de servicio para brindar atención de calidad, libre de violencia, de abuso de poder, de mandatos estereotipados. A modo de ejemplos, se menciona lo siguiente:

Áreas educativas: atención académica con perspectiva de género.

1)    El personal del Departamento de Control Escolar, debe conducirse bajo un reglamento o criterios con perspectiva de género, donde tanto las y los estudiantes deben ser atendido con un trato digno igualitario, sin menos cabo o prejuicio por la orientación sexual, color, o no pueda dominar con claridad el castellano, o incluso su falta de entendimiento no le permita ver con claridad lo que debe realizar. El/la estudiante está en contacto con el departamento durante la trayectoria escolar; hasta culminar con su carrera profesional. Por lo que es importante, que el Reglamento con el que se base la operatividad y/o funcionamiento de este Departamento tenga como política la aplicación de la perspectiva de género.

2)      En el proceso educativo, la actividad docente es la base sustantiva que por naturaleza debiera integrar y fortalecer elementos trasversales como los derechos humanos, la libertad de catedra, la perspectiva de género, el conocimiento de la normatividad, la sustentabilidad, y pertinencia. Sin embargo, estudios muestran la injusticia con la que algunos estudiantes son tratados al interior de las aulas, por su condición sexual, étnica, o por presentar alguna discapacidad intelectual, motora o física, o incluso, por presentar habilidades superiores de comprensión, disertación y análisis al resto del grupo o del propio docente. De esta forma, todo proceso de enseñanza y aprendizaje debe llevarse a cabo con base a una normatividad especifica que contemple de manera irreductible la perspectiva de género.

3)      La atención tutorial, debe estar basada en estrategias y metas orientadas a brindar un fuerte acompañamiento a estudiantes mujeres y hombres para fortalecer sus proyectos de formación profesional y dotarlos de las herramientas necesarias para afrontar situaciones de contrariedad que pudieran estar experimentando en los diferentes entornos sociales; la familia, la calle, la escuela o trabajo. El acompañamiento al que me refiero es una sugerencia para que se aplique sin exclusión por condición de género, etnia, sexo, color, lengua, entre otros. La acción tutorial por lo tanto estaría sustentada en la normatividad con perspectiva de género que permita estructurar cognitivamente valores de igualdad, equidad y respeto a los derechos humanos.

4)      Los departamentos psicopedagógicos también están orientados a atender y ofrecer alternativas de solución a situaciones de violencia entre hombres y mujeres originadas por contradicciones de idiosincrasia, filosóficas, culturales, políticas, étnicas, por aspectos físicos y por caracteres ideológicos (formas de pensamiento). La ampliación de las acciones de atención debe ser promovidas en mujeres y hombres de manera igualitaria, rompiendo estereotipos, clichés, tabúes y otras connotaciones que erróneamente se han establecido para hacer creer que dichas acciones están orientadas mayormente a las mujeres.

En este sentido, la transversalización de la perspectiva de género debe aplicarse a través de protocolos, reglamentos, programas, y todo documento normativo que pueda coadyuvar a garantizar el respeto a los derechos estudiantiles, laborales y de esta forma, promover un mundo académico libre de violencia.

La transversalización de género en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro)

Con la asesoría del departamento de Asuntos de la Mujer en 2002 y la Coordinación de Asuntos de Género en el 2009, en la Universidad Autónoma de Guerrero se inician acciones tendiente a institucionalizar y transversalizar la perspectiva de género (Cárdenas & Ramírez, 2016), sin embargo, no es hasta el 2020 que se instituyen dos órganos jurisdiccionales que tienen que ver con el acoso y el hostigamiento de género: La Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios y El Tribunal Universitario, que permiten  la elaboración de un ordenamiento específico para regular la prevención, atención y sanción de este tipo de conductas y dar soporte legal.  Para el 2020, estos elementos permiten el diseño, elaboración y publicación del Protocolo y Reglamento de Actuación para la Prevención, Atención, y Sanción del Acoso y Hostigamiento de Género. Con estos instrumentos de alguna manera se ha permitido frenar estas conductas violentas infringidas a las estudiantes sobre todo por parte de profesores, administrativos y compañeros de aula. La experiencia normativa y reglamentaria ha permitido afrontar la dinámica de violencia hacia las mujeres estudiantes, si bien, no ha erradicado este tipo de conductas llevadas a cabo por diversos actores universitarios sobre todo hombres, ha hecho posible disminuir el acoso y el hostigamiento al interior de los espacios educativos.

También se han conformado Unidades de Género en las diferentes Escuela y/o Facultades que cuentan con programas de atención a víctimas de violencia de género y promueven además acciones académicas como:  conversatorias, talleres, charlas, encuentros estudiantiles, jornadas de atención psicológica por violencia de género y asistencia tutorial. Asimismo, por medio de los festejos o conmemoraciones de fechas importantes sobre la erradicación de la violencia a las mujeres, donde se incentivan a los y las estudiantes y profesores a participar en actividades que sensibilicen la necesidad de evitar la violencia a las mujeres y ofrecer espacios académicos seguros y libres de agresiones. Otro de los avances en la UAGro ha consistido en integrar en la actualización de los Planes y Programa de Estudio la perspectiva de género como elemento transversal.

La Universidad Autónoma de Guerrero ha implementado un conjunto de estrategias y acciones con perspectiva de género para atender la violencia de género al interior de los espacios educativos como una respuesta a las políticas públicas federales y estatales, también hay argumentos para sostener que lo que ha hecho la universidad en esta materia es insuficiente en términos presupuestales, y destinar los recursos necesarios para la apertura plaza y construcción de espacios físicos  para concretar los proyectos.

CONCLUSIONES

En resumen, las instituciones educativas tienen implícita y explícitamente el deber de diseñar e implementar instrumentos para deconstruir pensamientos machistas, hegemónicos, que dañan la salud mental de su comunidades estudiantiles, docente, y administrativo, con ello, inicie la construcción de mentalidades incluyentes, de libertades e igualdad entre hombres y mujeres. En este entendido, y desde estas trincheras psicoeducativas, seguramente el rumbo de la sociedad se aseguraría de mayor confianza y tranquilidad. Por otro lado, el estado mexicano a través de sus gobiernos, de sus instituciones, tiene un deber moral, ético, de velar por el bienestar de los ciudadanos, de proteger a las mujeres, quienes suelen ser mayormente las víctimas ante actos de poder, de imposiciones por parte de los varones. Tener en cuenta las necesidades de los pueblos, de las mujeres aclaman justicia, mujeres indígenas que están completamente a la orden de los varones; padres, hermanos, pareja, autoridades comunitarias. Mujeres sin protección más que la de un masculino. A quienes se les mina todo el derecho, la libertad de continuar con un sueño académico, profesional de vida. Guerrero (México) cuna de costumbres y tradiciones ancestrales, pero también, cuna de la violencia de género, donde la educación en muchas comunidades indígenas prácticamente deja de ser un derecho por falta a su acceso.

Propuestas

Por lo anterior, considero indispensable plantear algunas propuestas que pudieran servir o ser útiles o prácticas para incidir en la solución del delicado problema que representa la violencia de género en el estado de Guerrero: 1) diseñar e implantar acciones conjuntas con universidades públicas y privadas, gobiernos estatal y municipales para resolver en sus diferentes aspectos (jurídicas, educativos, políticas, económicas, culturales, legislativas) la violencia de género;  2) Que los diputados locales legislen para resolver lagunas jurídicas que pudieran existir y que impiden que las personas procedan correctamente con base a la aplicación  de la Ley; 3) Que  la Secretaria de Educación Guerrero (SEG) diseño o completamente programas especiales para que desde las aulas, las mujeres conozcan y aprendan a defender sus derechos; 4) Que en cada región del Estado existan observadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para la que la ley se aplique de forma transparente y expedita en defensa de las mujeres de Guerrero y de forma particular, de las mujeres indígenas a quienes se les ha minado sus derechos y libertades sobre todo a la educación; 5) Hacer un llamado a los integrantes del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para que se apersonen en las diferentes comunidades indígenas y de manera conjunta con las autoridades locales; ayuntamientos, comisariados ejidales en la elaboración y aplicación de programas y realización de  actividades  para mejorar las condiciones de vida de las niñas, adolescentes indígenas en las escuela y en la comunidad y 6) Que el CONACYT se involucre desde el campo de la investigación en la búsqueda de propuestas y soluciones  para atender de forma directa esta complejidad social.

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