DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i5.3948
Incremento de la Corrupción y su fragilidad institucional en tiempos de Covid-19, en el Estado Peruano
Oscar Ivan Mamani-Mamani
https://orcid.org/0000-0003-1907-5865
Universidad César Vallejo Lima
Lima - Perú
Rosa Elvira Villanueva Figueroa
https://orcid.org/0000-0002-3919-0185
Universidad César Vallejo Lima, Perú
Lima - Perú
RESUMEN
Es presente artículo tiene como finalidad analizar los incrementos de corrupción y los avatares que sufrió la institucionalidad del gobierno en tiempos difíciles de la emergencia sanitaria por la propagación del Covid-19 en el Perú. El enfoque es cualitativo, la técnica empleada ha sido revisión documental, donde se ha registrado documentos de incremento de corrupción y la fragilidad institucional de fuentes primarias de la Procuraduría General y la Contraloría General de la República del Perú. Los resultados muestran un incremento de la corrupción institucional y un análisis comparativo entre los años 2020 y el 2019. Al final, se concluye que producto de esta evolución creciente de la corrupción se debe por la excepción de las normas de contratación y la discrecionalidad de los funcionarios y servidores que repercutieron en la corrupción institucional en los sectores del Gobierno Nacional y Subnacional (regionales y locales) del Perú.
Palabras clave: Corrupción, Institucionalidad, Gobierno, Políticas y Covid-19
Correspondencia: [email protected]
Artículo recibido: 11 septiembre 2022. Aceptado para publicación: 11 octubre 2022.
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Como citar: Mamani-Mamani, O. I., & Villanueva Figueroa, R. E. (2022). Incremento de la Corrupción y su fragilidad institucional en tiempos de Covid-19, en el Estado Peruano. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 6(5), 5741-5758. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i5.3948
Comparative
Increase in Corruption and its institutional fragility in times of Covid-19, in
the Peruvian State
ABSTRACT
The purpose of this article is to analyze the increases in corruption and the vicissitudes suffered by the government's institutions in difficult times of the health emergency due to the spread of Covid-19 in Peru. The approach is qualitative, the technique used has been documentary review, where documents of increased corruption and institutional fragility of primary sources of the Attorney General's Office and the Comptroller General's Office of the Republic of Peru have been recorded. The results show an increase in institutional corruption and a comparative analysis between the years 2020 and 2019. In the end, it is concluded that because of this growing evolution of corruption, it is due to the exception of the contracting rules and the discretion of the officials and servants that had an impact on institutional corruption in the sectors of the National and Subnational (regional and local) Government of Peru.
Keywords: Corruption, Institutionality, Government, Policies and Covid-19
INTRODUCCIÓN
Desde la declaración del estado de emergencia, en el 15 de marzo del 2020, el Estado Peruano ha sido abatido por un incremento numeroso de actos irregulares afectando a diferentes estamentos del gobierno. Para Cohaila (2020) y Pastrana (2019) mencionan que hay una relación entre la corrupción y la confianza a partir de la lucha de la corrupción de las instituciones, a lo cual se puede ganar una mayor aceptación y satisfacción de las personas con las democracias de gobierno. Se suma también Chaparro, Espinosa, & Páez (2021) que menciona que una eficacia del control de las conductas de corrupción se perciben mayores emociones e identificación de los ciudadanos con el gobierno. Sin embargo, lo contrario a todo ello puede generar una mayor intolerancia social desencadenando en reformas normativas, políticas y sociales.
Tenemos la situación que luego del escándalo judicial donde involucraba a exfiscales y exmiembros magistrados del Poder Judicial en el año 2018, en actos de corrupción mediante la organización criminal de los Cuellos Blancos del Puerto (Villanueva, 2021), el gobierno del Perú, planteó un referéndum al pueblo para una nueva institución siendo reemplazado el Consejo Nacional de la Magistratura por la Junta Nacional de Justicia, dando inicio a la reforma del sistema de justicia en el Perú.
Otros gobiernos, como el Estado Colombiano ante la emergencia sanitaria aprobaron diferentes medidas económicas, como la contratación directa y el manejo de mayores recursos públicos, pero la Procuraduría General de Colombia tuvo 1563 acciones de prevención de vulneración de derechos, corrupción y mal uso de recursos (Cardona & Mendieta, 2021).
El Gobierno Peruano no ha sido ajeno a las medidas económicas, en el que implementaron excepciones en la norma para la contratación directas hasta incremento de recursos para la prevención durante la emergencia sanitaria. Al generar normas que podrían generar discrecionalidad en las decisiones públicas también se produjo nuevos casos de corrupción desde la institucionalidad, perdiendo el interés razonable de lo público, según (Espinoza & Rubin de Celis, 2017). A esto trae consigo lo que indica Venturim, Machado & Sanches (2016) sobre la teoría de la agencia principal que el ejecutor responsable de la política pública podría buscar intereses particulares o privados perdiendo el horizonte del interés público. Esto se incrementa cuando las administraciones buscan una corrupción clientelar estructurando redes de corrupción para generar actos corruptibles en las instituciones del Estado (Pantín & Maíz, 2019).
Para Milet & Bravo (2021) en definitiva, la crisis sanitaria más los casos de corrupción generaron inestabilidad política dificultando la capacidad de gobernar durante el estado de emergencia en el Perú.
Se he de mencionar que la corrupción institucional establece un beneficio político, sistemático y tendencial donde las reglas permite actos de libre corrupción (Thompson, 1995 citado por Page, 2018). Como nos menciona Aguirre & Gómez (2021), que establece el debilitamiento institucional por las organizaciones criminales en un contexto de cogobierno con el Estado, donde se conduce la discrecionalidad de las leyes y recursos públicos, buscando intereses particulares y no el interés nacional. Entonces, el Estado se ha convertido en un eje disfuncional y un medio para conseguir o alcanzar beneficios de un grupo de intereses en proseguir con la corrupción vulnerando al más débil (Ruiz & Castaño, 2021).
A esto se suma el ocultar el delito de la corrupción frente a una institución que es incapaz de transparentar los actos o evaluarse o resolver los problemas que atañe a la sociedad generando deslegitimidad de sus acciones políticas (Brito & Ramis, 2018).
En el Perú, es el país donde más hechos de estudio sobre cambios en la institucionalidad se ha producido, entre ellos, podemos mencionar los 101 audios de corrupción por los integrantes involucrados por el ex Consejo Nacional de la Magistratura difundidos a mediados del 2018 (Fodale & Valdez, 2019), que trajo consigo cuestionamiento sobre la designación de jueces y reforma a la carrera del sistema de justica; otro caso, sobre los cuestionamientos declarados por incapacidad moral al Presidente de la República y la disolución del Congreso por parte del Gobierno de Martín Vizcarra en setiembre del 2019 (Paredes & Encinas, 2020), a lo que abarcaron en nuevas elecciones para conformar un nuevo pleno del congreso por el resto de la legislatura 2020-2021; Y por último, la vacancia presidencial por incapacidad moral del Gobierno de Martín Vizcarra por el Congreso de la República en noviembre del 2020 (Rodríguez, 2021), que se conformó en un mandato corto de el expresidente Manuel Merino, y tras su renuncia, se conformo un gobierno de transicion y emergencia liderado por el expresidente Francisco Sagasti Hochhausler.
Estos casos en su mayoría han recaído en procesos de investigaciones sobre presuntos delitos de corrupción en el ámbito jurisdiccional, a lo que ha generado mayor desconfianza de los ciudadanos por los tres poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Esto ha generado el incremento de marchas sociales en las instituciones públicas por las investigaciones a los expresidentes de la República por presuntos actos de corrupción, un Congreso ineficiente en el control político y un poder judicial en reorganización contribuyen a una inestabilidad política estatal (Lynch, 2020). Estas son las condiciones sobre el dimensionamiento institucional en que se han presentado al inicio y durante el estado de emergencia sanitaria en el Gobierno del Perú.
El presente estudio tiene por objeto realizar una revisión de la fragilidad institucional afectado por el fenómeno de la corrupción durante el estado de emergencia sanitaria por la propagación del COVID-19, en el Estado Peruano.
METODOLOGÍA
El presente estudio es un enfoque cualitativo, de diseño documental o bibliográfica, la técnica empleada es la revisión documental y como instrumento se ha utilizado las fuentes de data de organismos nacionales como la Procuraduría General de Perú y la Contraloría General de la República. Así como revisiones sobre el estudio de la corrupción en las administraciones públicas del Estado, usando comparaciones de estudios de corrupción de diferentes artículos referidos de base de datos científicas como Scopus, Ebsco y Scielo sobre las variables de estudio.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las principales teorías relacionadas a la corrupción que afectan en gran medida el nivel de institucionalidad del Estado son:
Tabla 1
Teorías relacionadas con la corrupción e institucionalidad
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Teorías
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Aportes |
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Teoría de agencia-principal |
La teoría de agencia-principal, está dada por los acuerdos que se dan para los beneficios de la organización. Sin embargo, el responsable de política pública podría buscar intereses particulares por encima de la organización (Caldas, Costa, & Pagliarussi, 2016). |
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Teoría del delito |
Se toma conciencia sobre el procesamiento y juzgamiento de autoridades que hubiesen cometidos actos delictivos graves y existe la disyuntiva sobre si estas personas debían de responder en su calidad de funcionarios responsables de sus crímenes y en qué medida (Meza, 2021). |
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Teoría de Legitimidad |
La teoría de la legitimidad establece que los actos administrativos son percibidos como resultados de su gestión. Esto disminuye por los problemas de la corrupción ante su fragilidad (Maider, Calvo, & Alvarez, 2019). |
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Teoría de triángulo de hierro |
Hay tres fuerzas en la gestión de políticas públicas sobre la institucionalidad de congreso, poder ejecutivo y los intereses de un grupo expectante a esto se denomina el triángulo de Hierro (Petersen Cortés, 2016). |
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Teoría institucional |
La teoría institucional ofrece un camino prometedor para avanzar en la comprensión de las diferentes formas de multinacionales contemporáneas sobre los fines de la institución con el desarrollo (Da Rocha & Azevedo ÁVILA, 2015). |
Fuente: Elaboración propia
Para Pino, Garcés, Duarte, & Mambuscay (2021) establecieron pisos en la interacción de la corrupción en las instituciones públicas.
Figura 1. Jerarquía piramidal de la corrupción
Fuente: Extraído de (Pino Cañaveral, Garcés Medrano, Duarte Molina, & Mambuscay Burbano, 2021)
De la revisión podemos mencionar a Alfaro (2021) que indica al 27 de julio del 2020, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción viene reportando a nivel nacional el incremento de 1186 casos de presuntos actos de corrupción durante la emergencia sanitaria. Se puede detallar los principales procesos de investigación que afectan a las instituciones públicas, conforme las siguientes tablas:
En la Tabla N° 02, se puede mencionar que los municipios distritales tienen el 44.1% de casos de corrupción por institución durante el estado de emergencia.
En la Tabla N° 03, se puede mencionar que los delitos de mayor concurrencia son: El peculado que tiene el 45.6%, colusión que tiene 26.9% y negociación incompatible que tiene el 18.4% de casos relacionados a la corrupción por institución durante el estado de emergencia.
La Contraloría General de la República (2021), ha informado sobre la atención de alertas ciudadanas recibidas por concepto de COVID 19, conforme el siguiente detalle:
En la Tabla N° 04, la Subgerencia de Evaluación de Denuncias de la Contraloría General de la República indica que está en evaluación 270 denuncias, 1154 denuncias concluidas y 406 denuncias que se advierte hechos irregulares en el estado de emergencia por departamento en el Perú.
En la Tabla N° 05, la Subgerencia de Evaluación de Denuncias de la Contraloría General de la República indican que los presuntos actos de corrupción, entre los más importantes, están relacionadas a adquisición y contrataciones con 342 casos, bonos con 200 casos, canastas con 586 casos y en el sector salud con 259 casos de alertas ciudadanas a presuntos actos de corrupción.
Discusión
Podemos mencionar a Bevilacqua & Neira (2021) en el estudio de 250 artículo relacionados a la corrupción administrativa, fue visto hace veinte años como algo inusual y poco investigado, y en la actualidad, se aproxima al crimen organizado mundial. Es por eso que los presupuestos actos de corrupción institucional están siendo estudiados con mayor atención por los países para confrontarla en forma sistemática.
Sin embargo, la ineficacia de combatir la corrupción o consentirla genera un riesgo al sistema político y debilita a las instituciones (Quiroga, 2018). El caso de macro-corrupción de la Empresa Odebrecht que ha afectado la crisis política de diez países, dentro de ellos el Perú con el Gobierno de Ollanta Humala, convirtiéndose en un problema estructural para América Latina (Yuhui, 2021).
Este hecho de corrupción de la Empresa Odebrecht ha dejado esclarecido la práctica de corrupción de la captura de las instituciones públicas en las decisiones económicas y orden público de los países involucrados en este tipo de corrupción estatal (Sanclemente, 2020).
Para Shack (2021) ha estimado en el Perú, que antes del estado de emergencia por la pandemia del Covid-19, se habría perdido más de 23 mil millones de soles por la corrupción e inconducta funcional en el 2019. Después del primer informe de 365 días de iniciado el estado de emergencia se ha estimado un perjuicio económico extrapolado de más de S/ 22 mil millones de soles por la incidencia de corrupción e inconducta funcional en el 2020, según (Shack, Pérez, & Portugal, 2021).
En la Tabla N° 06, se puede evidencia que hay una caída de -2.3% de daño de perjuicio económico entre los años 2020-2019, el Gobierno Local tiene un incremento de 1% de incidencia de perjuicio económico al patrimonio del Estado.
En la Tabla N° 07, se puede mencionar que esta caída se debe en la Genérica de Gasto 2.6 Activos No Financieros que son utilizadas en la ejecución de obras públicas y que han sufrido paralización por las inversiones por la propagación del Covid 19, en el año 2020. Dejando notar una mayor incidencia de perjuicio económico en las partidas de bienes y servicios y personal y otros referidos a los gastos de gobierno nacional, regional y local.
Para Shack, Pérez, & Portugal (2021) es probable que la corrupción esté relacionado al incremento de recursos disponibles para la compra de equipos médicos y alimenticios durante el estado de emergencia sanitaria.
CONCLUSIONES
Se concluye que el incremento de la corrupción en el Perú, durante el estado de emergencia, ha tenido una evolución creciente en las intervenciones de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción por la atención de 1186 casos de presuntos actos de corrupción, la Subgerencia de Evaluación de Denuncias de la Contraloría General de la República por la revisión de 1830 denuncias de alertas ciudadanas y la Contraloría General de la República por la incidencia en la corrupción e inconducta funcional con la estimación de perjuicio económico por más de 22 mil millones de soles al patrimonio del Estado.
Es necesario reforzar el carácter normativo interno de las instituciones públicas. Una de las propuestas a fin de disminuir la corrupción es la capacitación a funcionarios y servidores sobre las decisiones de actuación de prácticas de corrupción (Pliscoff & Lagos, 2021). A esto se suma Julián & Bonavia (2017), que menciona un reforzamiento de juicios de valor en las conductas anticorruptivas que se implementen politicas preventivas en los funcionarios públicos. Otra propuesta, es mayor participación ciudadana y espacios de transparencia y no por el contrario la utilización de psicopolítica y psicotecnología para enraizar la corrupción (Romero, Santa, Cueva, & Boy, 2021).
Para Villasmil (2021), es necesario delimitar la discrecionalidad de los administradores mediante la implementación de mecanismos de control relacionado a la transparencia, como una propuesta más estructura para el Estado frente a los incrementos de corrupción. Según Aguilar (2021) también es necesario normalizar la actividad de los lobbies en la toma de decisiones delimitando el funcionamiento de forma transparente y ético para reducir o evadir los riesgos de corrupción en los conflictos de intereses.
Se recomienda institucionalizar la conformación de organismos ciudadanos reguladores (OCR), como participantes en la toma de decisiones de las autoridades de gobierno a fin de ser veedores y participes en los actos administrativos de las entidades públicas, según (Gutiérrez-Magaña, 2021).
También se ha encontrado posiciones sobre la privatización que no solucionan la corrupción de un país, es más la corrupción puede ser mayor en este sector privado, a lo cual debe existir un sistema de gobernanza y sistema judicial para un mayor control, según (Rezzoagli, Da Cunha, Granja, & Celis, 2021).
En el ámbito institucional, sea hace oportuno tener sistemas de integridad que conduzcan el proceso de políticas anticorrupción, fortalecimiento institucional y recuperación de legitimidad (Pliscoff & Lagos, 2021). Y por último, la utilización de nuevas técnicas investigación y una tecnología que asegure la investigación del crimen organizado en esas prácticas de corrupción estructuradas en las entidades públicas (Huamán, 2021).
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