DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i6.4247
Justicia sexual y de género, la experiencia mexicana reciente
Dr. Omar Becerra Moreno
https://orcid.org/0000-0002-4073-563X
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Dra. Tzitzi Erandi Becerra Moreno
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Mtro Zoe Becerra Santacruz
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Correspondencia: [email protected]
Artículo recibido 26 noviembre 2022 Aceptado para publicación: 26 diciembre 2022
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Cómo citar: Becerra Moreno, D. O., Becerra Moreno, D. T. E., & Becerra Santacruz, M. Z. (2023). Justicia sexual y de género, la experiencia mexicana reciente. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 6(6), 12183-12204. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i6.4247
RESUMEN
Nuestro interés por explorar la justicia sexual y de género refleja una tensión continua en la forma en que la ley y el derecho figuran en los debates actuales sobre la sexualidad y las políticas de género. Las apelaciones a la ley son una característica cada vez más común de los movimientos sociales que persiguen diferentes formas de justicia sexual y/o de género y, como algunas contribuciones referidas por autores demuestran, estos llamamientos pueden tener éxito. Sin embargo, como destacan otros autores, la tensión de este "vuelco la ley" se manifiesta en las distintas formas que puede adoptar la justicia sexual y de género, las cuales se traducen cada vez más en el lenguaje y los marcos jurídicos, incluido el lenguaje utilizado en el Derecho.
Esta investigación trata de reconocer y valorar, más que resolver, esta tensión. Así pues, la búsqueda de la justicia sexual y de género que se relata refiere, entre otros temas, las luchas por los derechos de las lesbianas, los gays, los bisexuales y los transexuales (LGBT), los movimientos transfronterizos y las cuestiones relativas a la asignación de recursos y la exclusión socioeconómica. El derecho y la ley pueden desempeñar un papel mayor o menor en cualquiera de estas luchas.
Los materiales analizados se eligieron con base en la pregunta ¿cuán útil es el Derecho para lograr la justicia sexual y de género? No cabe duda de que un amplio espectro de personas, organizaciones e instituciones trabajan actualmente a nivel local, nacional y transnacional, a través de procesos legales, que apuntan a la realización de la justicia sexual y de género para diversos grupos. Sin embargo, como se explora en los distintos párrafos de este trabajo, el papel del Derecho en estas luchas es complejo: una reivindicación de derechos humanos o de protecciones de derechos constitucionalmente garantizados que pueda utilizarse para impugnar prácticas injustas o para exigir protección; pero, así como la ley puede conferir la ciudadanía y promover la igualdad, también puede funcionar para excluir o marginar a los más necesitados de protección.
Palabras clave: sexo; género; política; homosexualidad
Sexual and gender justice, the recent Mexican experience
ABSTRACT
Our interest in exploring sexual and gender justice reflects an ongoing tension in the way law and law figure in current debates about sexuality and gender politics. Appeals to law are an increasingly common feature of social movements pursuing different forms of sexual and/or gender justice and, as some author-referenced contributions demonstrate, these appeals can be successful. However, as other authors highlight, the tension of this "overturning the law" manifests itself in the different forms that sexual and gender justice can take, which are increasingly translated into legal language and frameworks, including the language used in law.
This research seeks to acknowledge and value, rather than resolve, this tension. Thus, the quest for sexual and gender justice recounted refers to, among other issues, struggles for lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) rights, cross-border movements, and issues of resource allocation and socioeconomic exclusion. Law and law can play a major or minor role in any of these struggles.
The materials analyzed were chosen based on the question how useful is law in achieving sexual and gender justice? There is no doubt that a wide range of individuals, organizations, and institutions are currently working at local, national, and transnational levels, through legal processes, that aim to realize sexual and gender justice for diverse groups. However, as explored in the various paragraphs of this paper, the role of law in these struggles is complex: a claim to human rights or constitutionally guaranteed rights protections that can be used to challenge unjust practices or to demand protection; but, just as law can confer citizenship and promote equality, it can also function to exclude or marginalize those most in need of protection.
Keywords: sex; gender; politics; homosexuality
DESARROLLO
Al cuestionar la utilidad, frecuentemente "dada por sentada", de los procesos jurídicos para lograr la justicia sexual y de género, las contribuciones de los trabajos utilizados en esta presentación[1] dan cuenta de cómo los procesos jurídicos se entrelazan en lugares geográficos e históricos tan distintos con una misma finalidad. Se sugiere que el Derecho puede operar en múltiples áreas sociales, tanto como un medio por el cual el Estado puede reforzar su propio poder, como un campo en el que esta operación del poder estatal puede hacerse visible o desafiarse y reformularse. El Derecho nos da recursos para traducir las reivindicaciones sociales en una estructura, un orden dentro de una estructura ya definida. El Derecho funciona, al mismo tiempo, como una herramienta para mantener el status quo de una comunidad, pero también hay algunos casos excepcionales y maravillosos en los que el Derecho demuestra ser lo contrario: una herramienta para el cambio social.
A lo largo de los encuentros entre los autores, vemos que existe un diálogo que trata, por una parte, de la relación entre el Derecho, la justicia sexual y de género y el poder del Estado[2] y, por otra, del papel del Derecho en el afianzamiento de la marginación social y económica[3], así como los medios por los cuales el Derecho se vale para mantenerse como herramienta perene e inmutable. Al reflexionar sobre la forma en que la ley puede utilizarse de manera constructiva para promover la justicia social, las contribuciones revelan una gama de instrumentos jurídicos, entre ellos: abogados aliados a causas sociales; canales políticos para intervenir en los poderes legislativo y judicial del gobierno y vías prácticas para acceder a los procesos jurídicos e influir en ellos[4].
Al utilizar estos instrumentos jurídicos, los activistas en pro de la justicia sexual y de género han podido, en algunos casos, lograr con éxito la inclusión y el reconocimiento de derechos y problemas, por parte del Estado, así como la prohibición de cualquier tipo de discriminación, el matrimonio igualitario, el cambio de género en documentación y la adopción de menores (si bien no a nivel de las 32 entidades, sí a nivel federal). Estableciendo con lo anterior un diálogo mencionado anteriormente
Al reflexionar acerca del papel que ha tomado el Derecho, se aprecia que este ha sido insuficiente para detener la ola de agresiones sufridas por el colectivo LGBT, ya que vemos que, en el país, aún existe la persecución de las mujeres trans, los crímenes de odio por razón de homofobia, entre otros abusos. Si bien la homosexualidad apareció en la escena política hace relativamente poco tiempo, se convirtió en el objetivo de la defensa de la autenticidad cultural contra una campaña ficticia de machismo, donde la poca atención a la tasa de crímenes de odio por homofobia refleja el ejercicio sin trabas del poder político por parte del ejecutivo; haciendo caso omiso abiertamente de la propia constitución del país y de los compromisos formales de promover los acuerdos internacionales de derechos humanos.
El enfoque legalista adoptado hasta ahora, con respecto al movimiento de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, ha marginado posibilidades más radicales de resistencia al hacer invisibles las diversas identidades y la interseccionalidad. En este contexto, el examen histórico del movimiento de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, en comparación con el movimiento de derechos civiles y los estudios de casos locales, da a las trayectorias de las posibilidades "perdidas" un nuevo significado.
La liberación, mediante el desafío de las estructuras familiares patriarcales, ha servido como argumento a favor de las familias trabajadoras homosexuales mediante políticas de bienestar y redistribución.[5]. El estrecho marco de las cuestiones por litigio eclipsa el trabajo social de base tan amplia. ¿Por qué el litigio ha seguido siendo la estrategia dominante para las cuestiones LGBT? En primer lugar, los estudios demuestran que el litigio ha atraído más atención de los medios de comunicación que las protestas sociales desde el decenio de 1970[6]. Se cita como razón la creciente escalada de protestas y la presencia de múltiples cuestiones, a menudo dispares, en juego en un movimiento social, en contraposición al "efecto de dramatización" que ofrece el litigio. Un solo evento perturbador como centro de atención y el drama personal de los litigantes sirve a los medios de comunicación más que las protestas violentas.
En segundo lugar, en el caso de las demandas que afectan a los grupos más desfavorecidos, el derecho formal se inclina a tomar la iniciativa antes que otras instituciones jurídicas[7]. Para los grupos de interés, cuyos derechos son insuficientemente defendidos por la representación electoral, el litigio constitucional sigue siendo la vía más prometedora para establecer reclamaciones[8]. ¿Cómo puede el movimiento LGBT ganar bases que el litigio ha logrado? Re-imaginar la estrategia legal, con la finalidad de ir más allá de la reforma, para el cambio social puede ser una opción como ha pasado en situaciones anteriores.
La primera estrategia es establecer objetivos extralegales como el empoderamiento del cliente (ciudadano) y la necesidad de la comunidad. La segunda propone que los abogados puedan usar las salas de los tribunales para dar a conocer las demandas más amplias del movimiento. Tercera, los abogados pueden desafiar la interpretación tradicional de la ley, sacando a relucir la subordinación interseccional y estructural. La cuarta estrategia consiste en ampliar el alcance del discurso de los derechos humanos para dar voz a la interseccionalidad dentro de la ley. Por ejemplo, Rothschild[9] sostiene que, mientras los hombres contextualizan las cuestiones de la comunidad LGBT utilizando un lenguaje de derechos humanos corriente, las mujeres optan por enmarcar la cuestión utilizando el discurso feminista más radical de la elección sexual y la autonomía en cuestiones sexuales como parte del reconocimiento mundial de la violencia contra la mujer.
Además, como observa Swiebel[10], la definición de los derechos humanos tenía que reflejar críticamente su propia visión heteronormativa[11] del mundo, dominada por los hombres, para dar cabida a los derechos LGBT como derechos humanos. El establecimiento de una agenda para incluir las cuestiones LGBT, como discriminación, ha tomado a menudo la forma de un "efecto de vagón", en el que la política antidiscriminatoria existente se amplía para incluir la orientación sexual[12]. El uso de categorías legales podría, inadvertidamente, materializar la jerarquía existente de categorías (homo/hetero; femenino/masculino) o fusionarlas en una identidad esencialista, en lugar de que los patrones de comportamiento desencadenen una especie de imperialismo sexual. La reformulación del discurso de los derechos humanos, para permitir voces interseccionales, solo puede tener lugar a través de la política.
Es en este punto donde los autores destacan la importancia de utilizar los instrumentos políticos y jurídicos disponibles; pero también reflexionan sobre el peligro de la falta de habilitación jurídica, cuando los ciudadanos se ven desalentados a utilizar los instrumentos jurídicos establecidos, incluidos los preceptos constitucionales o los procedimientos penales, o no pueden utilizarlos para defenderse a sí mismos o a otros contra el abuso de poder arbitrario. Esta "privación legal" permite al Estado afianzar su poder político y, al hacerlo, establece un círculo vicioso de privación legal[13].
Existe una conexión con la política de la diversidad sexual (LGBTQ) en el sentido que la identidad ha servido, quizá sin querer, para marginar las cuestiones de economía política con respecto a la sexualidad. Este es un argumento que ha sido formulado por la propia comunidad diversa, misma que ha señalado que el matrimonio igualitario expande marginalmente el terreno de los derechos de ciudadanía para los que tienen medios, mientras que hace poco para los que están fuera de este ámbito.
Aquí vemos que la individuación de la población, dentro de los discursos de las políticas LGBTQ, se centran en la idea de los orígenes, es decir, desde el momento en que un individuo “sale del closet” es llamado a existir como gay; sin tener un pasado ni un futuro. Entonces, se desdibujan las conexiones entre su sexualidad y su derecho al acceso al agua, la tierra, el sustento y el ejercicio del poder estatal en la calle urbana. Sin el conjunto de conexiones del Derecho, más allá de una primera mirada, queda claro que, en torno de la sexualidad y la pobreza, gira la problemática de la individualización y una visión despolitizada del mundo.
Un análisis que se centra en la sexualidad como, entre otras cosas, un discurso de la materialidad, más ampliamente, por cuestiones de economía política, puede entenderse, en este momento discursivo, en los términos de una intervención que nos ayuda a alejarnos de una reificación de la individuación, que se ha hecho particularmente legible en el caso homosexual. En otras palabras, el motor de la identificación dentro de los discursos que hacen referencia a la sexualidad, como el discurso sobre la otredad, ha logrado que algunas condiciones sociales se conviertan en un estado del ser, una identidad o un hecho histórico, por así decirlo, del que hay que rescatar a las personas[14].
En consecuencia, el identitarianismo ha servido, quizá sin querer, para marginar las cuestiones de economía con respecto a la sexualidad un argumento que ha sido formulado ávidamente por los propios homosexuales y transexuales de izquierdas, queer y trans pensadores, quienes, durante más de una década, Señalaron que el "matrimonio entre personas del mismo sexo" expande hasta cierto punto el ámbito de la ciudadanía para quienes tienen medios económicos, pero no ayuda a quienes no.
Si el primer conjunto de conexiones que podríamos elaborar entre la sexualidad y la pobreza, gira en torno a la problemática de la individuación y a una visión despolitizada del mundo; entonces, el segundo conjunto de conexiones podría articularse como la problemática del tiempo y la temporalidad. Se entiende la temporalidad como la manera en que se produce el progreso en relación con los límites cambiantes de la sexualidad y la subjetividad sexual, en particular en el mundo no occidental
¿Cuál es el alcance de la labor conjunta para promover la justicia sexual y de género?
Si bien se ha abordado el valor de las personas en un contexto más amplio y se ha señalado la necesidad de emplear los procesos jurídicos para lograr la justicia sexual y de género dentro de una red más amplia de políticas, prácticas, prestación de servicios y poder tanto estatal como político, aún persisten ciertas interrogantes. Sin embargo, la interacción entre la legislación, los procesos legales y las preocupaciones de desarrollo sugieren que, al preguntarnos sobre la utilidad del Derecho y la ley, también debemos preguntarnos ‘¿para quién es útil?’ Teniendo en cuenta este desafío, debemos además preguntarnos ‘¿cuál es el alcance del trabajo conjunto para promover la justicia sexual y de género?’.
Al formular esta pregunta, hemos de ver que la sociedad y los activistas se ponen en el centro de atención[15]. Escuchamos acerca de sus encuentros críticos, subversivos y transgresores con la ley y, a través de estos encuentros, aprendemos acerca de sus estrategias conjuntas para lograr la transformación legal, social y económica.
¿Qué tan útil es el Derecho y la legislación para lograr los derechos sexuales?
La reforma legal es percibida por muchos como la forma más efectiva de asegurar los derechos sexuales y la libertad de acción de las comunidades marginadas a largo plazo. Pero existe un debate considerable sobre la medida en que la reforma legal puede realmente abordar la exclusión económica y social o permitir relaciones políticas de solidaridad con programas de derechos humanos más amplios y en qué contextos. Es por ello por lo que siempre debemos preguntarnos ¿qué partes del activismo jurídico son productivas y para quién?
¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrentan las diferentes comunidades en respuesta a las acciones legales? ¿Cómo podemos medir el impacto de las acciones legales? ¿Qué resultados debemos buscar? ¿Cuándo es "demasiado pronto"? ¿Es el activismo jurídico el mejor de los recursos y, si no, cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son los costos y los riesgos? Partiendo de allí es que si analizamos El impacto de la acción legal y/o la reforma en comunidades, organizaciones o políticas específicas; Los beneficios y los desafíos de los diferentes tipos de acción y activismo jurídicos; se ven en acción
Para dar respuesta a lo anterior, la estrategia de los movimientos sociales, para el cambio de política, que más beneficios ha proporcionado ha sido hacer las reclamaciones a través del sistema judicial. Mientras que las demandas públicas, a través de marchas y el aumento de la visibilidad, ganan una buena cantidad de atención del público, son los argumentos legales a favor de la igualdad los que han tenido éxito en los tribunales y los procesos legislativos. Por ejemplo, a nivel Latinoamericano, vemos que la concesión del reconocimiento de la condición de homosexualidad a algunas parejas en Brasil, alrededor del año 2000, fue resultado de un fallo judicial.
De manera similar, los tribunales colombianos han fallado a favor de las parejas del mismo sexo. Las ganancias en términos de independencia judicial han creado oportunidades para que los actores sociales se movilicen, protesten y obtengan derechos[16]. La liberalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo pone de relieve la forma en que la política contenciosa ha cambiado en la región a medida que los tribunales, y ya no las calles, se han convertido en nuevos lugares de protesta.
Las estrategias
utilizadas en América Latina estuvieron muy influidas por el activismo
transnacional. Al principio, evitar los referendos u otros mecanismos que
permitieran a una mayoría decidir sobre una cuestión que sólo solo
afecta a una minoría fue un movimiento estratégico que se aprendió del
activismo anterior. Se observa una difusión no relacional de estas tácticas a
través de documentos creados por activistas de América Latina. Además, algunos
de los delegados de la ILGA también contribuyen de manera importante a las
estrategias nacionales.
En una entrevista Gloria Careaga declaró que "somos conscientes de todas las estrategias, pero no todas funcionarían en todos los contextos en México. Necesitamos adaptarnos a la realidad nacional y encontrar el tema que movilice a los muchos grupos que hay"[17] . El mecanismo de difusión de las tácticas, a través del activismo transnacional, ha ayudado a conformar el arsenal de estrategias disponibles. En otros casos, como en Argentina, la atribución de similitudes fue el mecanismo que funcionó cuando los activistas nacionales trabajaron con activistas españoles que habían aprobado triunfalmente una ley sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo en España[18].
La acción legislativa, con respecto a los derechos de los homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales, se ha llevado a cabo en las leyes contra la discriminación más rápidamente que en cualquier otra esfera. Los códigos jurídicos han cambiado constantemente desde los procesos de democratización para muchos países de América Latina. Algunos de estos códigos legales también han visto la creación de maquinarias de políticas de diversidad. Es decir, no solo existe una situación legal que hace ilegal discriminar a un individuo explícitamente por su preferencia sexual[19], sino también la creación de un organismo federal encargado de la protección de estos códigos legales (CONAPRED).
Este organismo es importante porque crea una apertura en la estructura de oportunidades políticas al proporcionar un canal representativo añadido en los procesos políticos. No se puede subestimar la pertinencia de las leyes contra la discriminación, ya que pueden tener un impacto drástico en las políticas y procedimientos de empleo y en las percepciones de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de primer nivel.
El concepto es más claramente explicado desde la investigación sobre el feminismo estatal[20], que es útil para dilucidar por qué algunos movimientos tienen más éxito que otros en el ámbito de la formulación de políticas. En particular, cuando se trata de procesos de políticas públicas con perspectiva de género, los analistas explican cómo los organismos gubernamentales pueden "desarrollar oportunidades para que los actores basados en la sociedad ─los feministas y las organizaciones de defensa de la mujer─ ejerzan influencia en las políticas feministas[21]". En general, estos organismos actúan para representar los intereses de la mujer al conectar los movimientos sociales con los responsables de las políticas e insertar demandas que hagan avanzar la condición de la mujer en la sociedad. Estos organismos pueden, a veces, actuar solo de manera simbólica porque su poder se ve restringido por la falta de financiación o por una débil voluntad política.
Como ha sugerido Weldon, los movimientos encargados del cambio de política de la mujer mejoran la capacidad de respuesta porque "corrigen un sesgo institucional de género"[22]. De manera similar, estos tienen el potencial de ser una fuente institucionalizada de representación para quienes son excluidos sistemáticamente por su condición etaria, raza, género u otros grupos sistemáticamente desfavorecidos.
El concepto de feminismo político, al ser trasladado al movimiento LGBT, permite evaluar la forma en que las instituciones pueden ayudar u obstaculizar el proceso de formulación de políticas de ciertos grupos que han sido tradicionalmente excluidos de los círculos de formulación de políticas. En las circunstancias adecuadas, los actores de un proceso de democratización pueden actuar como agentes de políticas, función que es sumamente crucial en las sociedades dominadas por el Estado.
Analizando esto en la región latinoamericana, Ecuador fue el primer país que incluyó en su Constitución progresista de 1998 una cláusula que prohibía explícitamente la discriminación basada en la orientación sexual. Sin embargo, no existe ningún organismo que se encargue inequívocamente de supervisar o hacer cumplir esta ley. Como resultado, en la práctica, muchos abusos siguen quedando impunes. Recientemente, se descubrió que se están cometiendo abusos contra homosexuales en clínicas de "ex gays" que, como mínimo, someten a las mujeres a confinamiento forzoso[23] . La petición de cerrar estos centros fue del Ministerio de Salud Pública de Ecuador, en ausencia de un organismo claro que se ocupe de las demandas de las personas LGBT.
En Colombia, los
códigos jurídicos contra la discriminación se aprobaron en 2011 bajo la presión
no sólo solo de los movimientos sociales LGBT, sino también de los
colombianos de ascendencia africana[24]. En Chile, el proceso que condujo a
la aprobación de una ley contra la discriminación incluyó la dramática muerte
de un joven en un lugar público. Daniel Mauricio Zamudio Vera, un joven
visiblemente gay, fue golpeado por un grupo de cuatro en un parque público. La
protesta de las organizaciones de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (en
particular el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Movilh),
Amnistía Internacional, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR) y la población en general impulsaron la acción
legislativa.
A pesar del apoyo al proyecto de ley contra la discriminación, todavía era difícil de vender en el Congreso. El proyecto de ley fue aprobado solo por un par de votos[25]. Las demandas de acción gubernamental fueron el resultado del ataque violento a un joven en un parque público. La legislación fue acelerada por el presidente Sebastián Piñera, ya que había estado en el Congreso desde 2005[26]. La presión internacional fue un factor decisivo para la aprobación de esta legislación en particular.
El cronograma legislativo en distintas naciones muestra una tendencia constante a la inclusión de la identidad de género, la sexualidad o la preferencia sexual como una categoría de discriminación proscrita por diferentes códigos. Sin embargo, algunas de estas medidas pueden calificarse de simbólicas, ya que no crean un procedimiento por el cual los individuos puedan presentar una demanda o asignar esfuerzos de aplicación para hacer cumplir estas leyes.
En Argentina, la creación de la organización es en sí misma un ejemplo de difusión relacional, donde el modelo español fue adoptado por activistas sociales LGBT argentinos e implementando, con su ayuda, acciones legales ante la corte[27]. La misma estrategia se extendería a otros tribunales de distintas jurisdicciones tanto nacionales como internacionales, para presionar por el reconocimiento judicial del matrimonio[28]. En todos los casos, la estrategia fue esencialmente la misma: una pareja solicitó una licencia de matrimonio, seguida de un grupo de abogados y simpatizantes. Cuando se deniega la licencia, la verdadera protesta se produce mediante la movilización a través de la cobertura de los medios de comunicación y la solicitud de amparos del Código Civil, argumentando que el matrimonio entre personas del mismo sexo es compatible con los derechos constitucionales y está protegido por acuerdos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). El primer matrimonio tuvo lugar en un tribunal de nivel inferior y fue concedido por un abogado progresista que apeló al derecho internacional para defender y sostener la decisión.
En México, la intervención de David Razú Aznar hizo posible el avance de los derechos de los homosexuales. Razú Aznar, un representante de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México del PSD de tendencia izquierdista, presentó y defendió el proyecto, además de ser el empresario político clave en este caso. El activista Lol Kin Castaneda observó que, "si no fuera por David, el proyecto [de reforma del Código Civil] todavía estaría en el suelo de la Asamblea. A pesar de que nuestro activismo apoyó la medida y los adherentes mantuvieron la campaña en marcha, las maniobras políticas crearon las condiciones definitivas para su aprobación[29]".
Después de que se aprobara la controvertida ley sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo en la Ciudad de México, los grupos opositores no tardaron en presentar una impugnación legal, que fue encabezada por el Fiscal General Arturo Chávez, quien argumentó que la enmienda era inconstitucional porque violaba el principio de "integridad familiar" estipulado en la Constitución mexicana. El entonces presidente Felipe Calderón apoyó este desafío, ya que se opuso abiertamente a la ley. No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó las enmiendas por una votación de 9 a 2 y declaró que la validez de los matrimonios tendría que ser reconocida por todos los demás estados.
Como resultado de lo analizado en las líneas anteriores, podemos deducir que la movilización jurídica se ha convertido en una de las estrategias empleadas por los activistas LGBT que, en un grado limitado, han capitalizado el poder judicial recientemente autónomo. Como sostiene Pilar Domingo, "los cambios fundamentales en algunos niveles de la función judicial de protección de los derechos y el gobierno limitado coexisten en México con estructuras antiliberales profundamente arraigadas de administración de justicia[30]". Al menos a nivel federal, la Corte Suprema se ha convertido ahora en un actor importante del sistema político mexicano.
Aunque en el caso del matrimonio entre personas del mismo sexo la política no ha avanzado tan rápidamente como en el caso de las políticas de no discriminación, existe una tendencia a la liberalización. Los cambios de política en esta esfera parecen adelantarse a los cambios de la opinión pública. De hecho, es en esta esfera donde la movilización parece tener mayor impacto. Las tácticas persuasivas en este caso han seguido una narrativa basada en los derechos, que ha tenido bastante éxito en el sistema judicial. Sin embargo, es probable que se difundan estrategias sobre otras demandas, aunque, como señalan Barclay y Bernstein, "el derecho es un terreno intrínsecamente disputado; la oposición[31] casi siempre tiene un argumento compensatorio basado en las mismas normas y doctrinas[32]".
El activismo como ayuda en la causa
Los activistas han colaborado de manera productiva con las legislaturas para derogar las disposiciones restrictivas, negociar regímenes de reglamentación y establecer protecciones afirmativas. Entre los objetivos más inmediatos se encuentran las restricciones a los derechos sexuales, que siguen existiendo en diversas formas. Ya sea mediante prohibiciones penales o civiles, las leyes de todo el mundo restringen significativamente el acceso a la anticoncepción y el aborto; prohíben el trabajo sexual y la actividad homosexual; imponen requisitos invasivos y onerosos para el reconocimiento legal del género y restringen la defensa de los derechos sexuales por parte de la sociedad civil.
Los esfuerzos por derogar las leyes restrictivas mediante la promoción legislativa han tenido cierto éxito en los últimos años, incluso en las regiones más conservadoras del mundo, para ejemplo de ello basta citar el caso del África subsahariana, en donde se logró persuadir a los legisladores de derogar las prohibiciones de las actividades sexuales entre personas del mismo sexo en Cabo Verde en 2004, Lesoto y Santo Tomé y Príncipe en 2012, Mozambique en 2015 y Seychelles en 2016.
En la región de Asia y el Pacífico, Palau despenalizó la actividad sexual entre personas del mismo sexo en 2014. En el decenio de 2000, Nicaragua y Panamá fueron los únicos países de América Latina que prohibieron la homosexualidad. Esto cambió en 2006 y 2008, respectivamente, cuando cada país derogó las leyes que penalizaban las actividades homosexuales. Las leyes que penalizan el trabajo sexual también han sido objeto de examen legislativo. Si bien esas leyes han sido sustituidas en ocasiones por alternativas problemáticas, ─considérese, por ejemplo, la adopción por Suecia de un "Modelo Nórdico" que pretende despenalizar el trabajo sexual pero que penaliza a quienes lo compran, también han dado lugar a sólidos precedentes como la despenalización del trabajo sexual en Nueva Zelanda.
Los esfuerzos más ambiciosos y exitosos para crear sistemas jurídicos que afirmen los derechos de las personas transexuales e intersexuales se han realizado en la Argentina y Malta, respectivamente. En 2012, la Argentina se convirtió en el primer país en aprobar una ley que reconoce la identidad de género percibida por uno mismo como la única forma de determinar la identidad de género de alguien. Los activistas argentinos lucharon por una ley expansiva que permite el reconocimiento legal del género sin intervención psiquiátrica, médica, judicial o administrativa y facilita el acceso gratuito a las intervenciones médicas para quienes las deseen[33].
En Malta, una ley innovadora, aprobada en 2015, no solo permite el reconocimiento legal del género basado en la autodeterminación, sino que prohíbe la normalización de las cirugías genitales en los bebés intersexuales. Entre 2015 y 2018, Brasil, Colombia, México, Nepal, Bolivia, Irlanda y Noruega también han seguido, con algunas diferencias, esta vía despatologizante y desjudicializadora.
Derechos a través de la resistencia: ¿qué hay más allá del legalismo para el movimiento LGBT?
El mecanismo institucional por el que las identidades esencialistas y las estrategias políticas marginales adquirieron importancia en el movimiento LGBT puede explicarse por los factores sistemáticos y estructurales que limitan las subculturas del movimiento para defender sus intereses[34]. Además, tal análisis apunta a los sistemas (más que a los individuos) en el centro de la interseccionalidad. Una analogía histórica del discurso de los derechos civiles sería las teorías raciales críticas que han explicado el racismo institucional, reuniendo un análisis teórico coherente.
Así pues, es necesario integrar las cuestiones relativas al colectivo LGBT en un gran marco macro-institucional. Por ejemplo, el contexto histórico en el que la identidad gay moderna comenzó a expresarse públicamente está estrechamente vinculado con la transición de la producción doméstica autosuficiente a la producción fabril bajo el capitalismo, que liberó la compulsión por la reproducción heterosexual como método para mantener una vida decente[35]. Además, nuevos espacios como las fuerzas de defensa durante la guerra y el desplazamiento a ciudades y lugares de trabajo en tiempos de paz proporcionaron oportunidades para que otras sexualidades fueran exploradas y expresadas[36].
A medida que la parte sustantiva de la identidad comenzó a identificarse con el trabajo, el primer conjunto de derechos que se reclamó para la comunidad gay fue la igualdad de oportunidades de empleo en alianza con los sindicatos y el movimiento de mujeres. Sin embargo, en el marco del capitalismo de consumo actual, la identidad LGBT también se ha apropiado como un segmento de consumo a través de una forma de "bussines-power", que implica elecciones continuas e individualizadas y con una constante amenaza de explotación[37] . Este "bussines-power" puede resistirse a través de actos cotidianos o mediante la reimaginación del marco del propio capitalismo neoliberal.
El segundo enfoque para animar a las bases es prestar atención a la micropolítica de la vida cotidiana y la ciudadanía es el propuesto por Dutta, quien sostiene que la "juridificación excesiva" del movimiento LGBT se ha convertido incidentalmente en la estrategia de contención mediante la cual se permite que las alternativas se expresen solo a través de los movimientos en el futuro. La naturaleza política desordenada y de confrontación del radicalismo "queer" puede amenazar constantemente la existencia civil y saneada de los legalistas[38]. El desorden de la clase baja, la casta y la raza puede alterar el orden aparente de la clase media y alta, la casta brahmánica y la supremacía blanca para producir nuevos ideales de ciudadanía. El estrechamiento de lo que es posible, a través del filtrado de la agenda de los movimientos sociales, constituye la "política de contención" y la "ciudadanía de consolación" debido a la complicidad entre el matrimonio monógamo del mismo sexo y las perspectivas neoliberales, homonormativas y homonacionalismo, que termina reproduciendo problemáticos privilegios de género, clase e incluso heterosexuales[39] (Oliveira 2013).
Por ejemplo, temas como los Muxes no pueden ser situados simplemente como externos a las articulaciones transnacionales de la igualdad y los derechos de los LGBT. Por último, los movimientos sociales dominantes tienen que reconocer que las voces más desatendidas son las de las formaciones queer no vinculadas a la política y las comunidades sexuales en la historiografía LGBT, porque los deseos queer exceden los límites de las identidades LGBT.
La atención prestada a los estudios de casos locales ha ayudado a poner de relieve esas voces y la relación entre la política, las comunidades y la cultura. Sin embargo, el límite del discurso actual es que se trata de una narrativa lineal y secuencial, como suele ser la historia crítica, que se basa en la historia del progreso y el retroceso centrado en los agentes humanos del cambio. Por importante que haya sido, las posibilidades extrañas siguen sin expresarse.
CONCLUSIÓN
Los individuos LGBT son ahora actores políticos en la región. El éxito de los drásticos cambios de política en ámbitos indiferentes de los derechos de los LGBT, como la protección contra la discriminación en el lugar de trabajo o en los lugares públicos, ha sido importante para avanzar en la igualdad y promover la participación a través de la ciudadanía. Los procesos de democratización han modificado las estructuras internas, que ahora son más permeables a los agentes sociales.
Los agentes transnacionales han influido en las tácticas empleadas por los activistas LGBT, por ejemplo, desafiando al Estado a través del sistema judicial. Los cambios constitucionales derivados de los procesos de democratización han abierto la puerta a estos desafíos judiciales, y las normas internacionales establecidas por el derecho internacional han contribuido a demostrar que existe desigualdad ante la ley, especialmente en demandas como el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Los cambios en la política han sido el resultado de la judicialización de la política en la región, de un entorno internacional que ha reconocido los derechos de los homosexuales, las lesbianas, los bisexuales y los transexuales como derechos humanos y de un activismo que ha tomado prestado de las tácticas de los ambitos transnacionales. Los movimientos sociales son una importante vía de representación para los grupos que han permanecido al margen del sistema político y, lo que es peor, oprimidos.
Los mecanismos de protesta que han funcionado en los ámbitos transnacionales han sido particularmente eficaces en América Latina debido a la independencia recientemente obtenida por el poder judicial, que se ha convertido en un miembro proactivo de la formulación de políticas. Además, se ha abierto una nueva vía de representación en la Argentina, México y, en cierta medida, en el Uruguay, mediante la creación de instituciones a nivel federal encargadas de hacer cumplir las sentencias de no discriminación.
Estos organismos, que he denominado mecanismos de políticas de diversidad, ya se han convertido en un importante aliado de los movimientos sociales en los ámbitos de la formulación de políticas. Las investigaciones futuras se centrarán en el impacto del cambio institucional que proporciona una representación sustantiva. El panorama que se presenta aquí es amplio y sugiere que todavía queda mucho por hacer, en particular, frente a la creciente violencia en América Latina. Aunque el aumento de la violencia ha servido en algunos casos para abrir la conversación sobre los derechos de las personas LGBT, como fue el caso de Chile, la violencia también sugiere que los cambios de política no son suficientes para garantizar los derechos, especialmente en una región en la que prevalecen instituciones débiles.
La política progresista contemporánea de protesta se enfrenta frecuentemente a un problema de legitimidad, autoridad y representación. Al menos desde finales del decenio de 1970 y durante todo el decenio de 1980, las feministas antirracistas y anticolonialistas y los activistas homosexuales se han enfrentado a la política de representación y al problema de hablar en nombre de otros. Los académicos nos han instado a reconocer que las disparidades sistémicas, en la ubicación social, entre los que hablan y los que son hablados, tienen efectos significativos en el contenido de lo que se dice.
Hoy en día, las elisiones y exclusiones que la mayoría de los movimientos progresistas contemporáneos provocan en sus reivindicaciones reciben una crítica casi inmediata. Las nuevas e innovadoras plataformas tecnológicas de información y comunicación permiten tanto la explosión viral de estos movimientos como sus críticas (internas) por parte de los marginados, excluidos, tergiversados, simbólicos o borrados en las luchas políticas.
En el campo de los estudios intersectoriales críticos sobre el género y la sexualidad, existe una voluntad general de ser autocrítico y abierto a nuevas ideas y transformaciones. Al mismo tiempo, al provenir de un lugar del Sur global, nos damos cuenta de las formas en que muchos conceptos, categorías, discursos, políticas, estrategias y similares emergen en el Norte global, se vuelven influyentes y, posteriormente, circulan y son tomados en el Sur global como modelos deseables de prácticas sensatas, buenas o mejores. Es difícil ignorar el hecho de que esas circulaciones se producen en un contexto de configuraciones geopolíticas mundiales desiguales y jerárquicas, en el que las diferencias de riqueza y poder de los Estados nación son importantes.
El enfoque asimilacionista ha creado logros encomiables para la comunidad LGBT en todo el mundo, como la despenalización de la homosexualidad, la igualdad en el matrimonio, la no discriminación en el acceso al empleo y la política social y la creación de una tradición de jurisprudencia comparada. Sin embargo, los enfoques radicales para reivindicar derechos mediante actos cotidianos y la resistencia colectiva son los principales marginados. Esto ha creado una jerarquía fracturada dentro de las subcomunidades del movimiento LGBT en función de los grupos de edad y género y sus demandas.
Además, las decisiones judiciales también han provocado una reacción en forma de contra movilización mediante el nacionalismo cultural y la homofobia política, que tratan de erosionar los derechos y la legitimidad obtenidos mediante el asimilacionismo. En este contexto, ¿cuáles son las formas en que se puede vitalizar el movimiento para hacer resaltar su pluralidad manteniendo, al mismo tiempo, una transformación social significativa? En el presente documento se defienden tres enfoques posibles:
El primero consiste en limitar las fuerzas de la contra movilización a la fijación del programa y reducir la amplia gama de reivindicaciones a los conflictos de una sola cuestión. La formación de alianzas con otras organizaciones de derechos civiles, como los sindicatos y los grupos feministas, ayudaría a ampliar las prioridades en los puntos de intersección.
El segundo enfoque consiste en replantear la cuestión utilizando marcos institucionales como el Derecho y la medicina. Por ejemplo, la terminología médica puede hacer una clara distinción entre los trastornos de género y la disfunción sexual, lo que desestigmatizaría las sexualidades al mismo tiempo que proporcionaría atención médica a quienes la necesitan. Además, el discurso contemporáneo de los derechos humanos utiliza el marco de derechos existentes para articular la inclusión de LGBT en su pliegue. Si bien este enfoque tiene sus méritos, nuevos marcos podrían ser necesarios si la interseccionalidad es encontrar la expresión en el discurso jurídico.
Por último, el retorno a la política y la teoría es la única manera sostenible de que el movimiento pueda avanzar. La política activa, a través de los movimientos organizados y la resistencia cotidiana, proporciona un marco para comprender cómo el movimiento está integrado en las instituciones macroeconómicas como el capitalismo neoliberal. Una introspección honesta también permitiría al movimiento LGBT reconocer que, al reclamar la igualdad de la ciudadanía dentro del marco existente, posibilidades radicales como las normas sociales "queering" siguen sin expresarse en el discurso dominante.
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