DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i1.4788

Políticas educativas, investigación y práctica docente,

una relación urgente en América Latina

Fredy Luis Pérez Dávila

Secretaría de Educación

Bogotá. D.C. – Colombia

RESUMEN

El artículo presenta una investigación teórico descriptiva de tipo documental, donde el método de búsqueda, organización, clasificación y análisis de documentos, incluye diferentes fuentes, básicamente electrónicas ubicadas en la WEB, además se incluye libros y artículos de investigación impresos, respecto a cómo las políticas públicas deben dar respuesta a los problemas y a las necesidades de una determinada población, en este caso se examina el sector educativo, y cómo se deben asociar estas políticas con la práctica docente en la región de América Latina, en especial con la investigación generada desde el interior de las instituciones educativas. Además, se examina la implementación de estas políticas, en particular, el poco conocimiento sobre este proceso y cuáles son las principales variables que se deben tener en cuenta para su adecuado estudio. Para terminar, se concluye que hay una necesidad urgente por parte de los gobiernos de la región, por planear modelos en los cuales se consideren las relaciones entre práctica docente, política e investigación educativa, que sirvan de sustento a un verdadero cambio a la educación latinoamericana.

Palabras clave: educación; investigación educativa; práctica docente; políticas educativas.

Correspondencia: [email protected]

Artículo recibido 05 enero 2023 Aceptado para publicación: 26 enero 2023

Conflictos de Interés: Ninguna que declarar

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Cómo citar: Pérez Dávila, F. L. (2023). Políticas educativas, investigación y práctica docente, una relación urgente en América Latina. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 7(1), 4648-4663. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i1.4788

Educational policies, research and teaching practice,

an urgent relationship in Latin America

ABSTRACT

The article presents a descriptive theoretical investigation of documentary type, where the method of search, organization, classification and analysis of documents, includes different sources, basically electronic located on the WEB, also includes books and printed research articles, regarding how the Public policies must respond to the problems and needs of a certain population, in this case the education sector is examined, and how these policies should be associated with teaching practice in the Latin American region, especially with research generated from inside educational institutions. In addition, the implementation of these policies is examined, in particular, the little knowledge about this process and what are the main variables that must be taken into account for its proper study. Finally, it is concluded that there is an urgent need on the part of the governments of the region, to plan models in which the relationships between teaching practice, policy and educational research are considered, which serve as support for a true change in Latin American education.

Keywords: education; educational investigation; teaching practice; educational policies.

INTRODUCCIÓN

El estudio de las políticas públicas desde la perspectiva de Jiménez (2012), permite entender cómo se realiza el encuentro entre lo social y el poder político, en otras palabras, es comprender los resultados de las políticas públicas respecto al bienestar social, de aquí la importancia de reconocer enfoques de la teoría política para determinar sí se han dado respuesta a los problemas de determinada población o, solo buscan legitimar el poder político como una herramienta de control, entonces, es necesario realizar estudios sobre la implementación de las políticas para advertir si es una respuesta a las diferentes necesidades sociales, económicas y políticas, en un estado, o son un problema en las políticas públicas.

Por lo tanto, los cambios constantes de la sociedad y los problemas que se desprenden de estos, ofrecen la necesidad de realizar profundas reflexiones en todos los campos, que conlleven a la identificación de estos y la búsqueda de soluciones a partir de nuevas formas de investigar, y la educación no es ajena a este aspecto, por eso es necesario cuestionarse sobre los asuntos educativos en contextos específicos y generales, para que con esta perspectiva se fortalezca las prácticas educativas y por ende el desarrollo profesional docente, además, que deben servir de herramienta y fundamento a las nuevas políticas educativas de América Latina (Miranda y Ortiz, 2021).

Entonces, es preciso avanzar en la comprensión de la problemática social que interviene en la educación, y como se puede establecer posibles soluciones para mejorar y alcanzar la calidad en este campo, consecuentemente, se debe reflexionar sobre la articulación de la investigación educativa y la política, asociados directamente con la práctica docente, que permitan establecer sus roles e importancia en los diferentes momentos que tienen las políticas educativas en cuanto a diagnóstico, producción, gestión y su evaluación.

Políticas educativas en América Latina

Para este siglo, las políticas educativas en América Latina tienen como meta, que la educación sea un derecho social dirigido a la formación del recurso humano, desde una perspectiva que asegure destrezas competentes para mantener el crecimiento económico por parte de estos países, a niveles que les permitan enfrentarse a los mercados internacionales (Munévar, 2017), mediante reformas y medidas estandarizadas, como lo son: en primer lugar, la descentralización de las instituciones educativas pasando la administración de los gobiernos nacionales a los estados, departamentos o municipios, seguido de la creación de sistemas de evaluación para establecer los niveles de aprendizaje en los estudiantes, planes centrados en la población más vulnerable, establecer sistemas de incentivos salariales para los docentes de acuerdo al desempeño y cumplimiento de indicadores de calidad, y finalmente, incentivar estrategias de privatización de la educación (Oreja y Vior, 2016).

En el mismo sentido, Gajardo y Ulloa (2016), establecen que se presenta una evolución en cuanto a cambios progresivos y cuantitativos, que buscan pasar de la cobertura a la calidad, conjuntamente, las políticas educativas en este región se determinan de forma unidireccional, jerárquica y homogénea, desde los gobiernos centrales hacia los estados o departamentos y municipios, sin permitir la participación de las comunidades educativas de acuerdo a sus contextos y necesidades, donde se privilegia la cultura de la evaluación, como la manera de evidenciar el alcance de los indicadores de calidad y eficacia en el sector educativo, lo cual para Caviedes (2018), es una estrategia de gobernanza establecida por la comparación a nivel mundial a través de pruebas nacionales e internacionales estandarizadas, bajo la premisa de la medición con valores cuantitativos de indicadores, desempeños y metas de calidad, que quedan sometidas a las necesidades e intereses de grupos empresariales de carácter internacional.

Para realizar dicha medición, se crearon pruebas externas que evalúan competencias técnicas y profesionales, transferibles y básicas, una de ellas es el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) , este instrumento de estandarización fue creado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que está presente en diferentes escenarios de la política pública de orden macroeconómico, pero el rol de gobernanza global que ha venido ocupando con mayor firmeza esta organización en materia educativa, es ejercida por la generación de ideas, la evaluación de las políticas y la producción de datos (Luengo y Saura, 2015). En este sentido, los resultados de las pruebas PISA es el actor principal para estandarizar y divulgar las políticas educativas a nivel mundial (Rodrigo, 2012). Es así, como se evidencia los problemas que tienen los países latinoamericanos en cuanto a calidad educativa desde esta medición externa, al ser muy bajos comparados con los países europeos y del sudeste asiático (Brunner y Contreras, 2017).

En consecuencia, la calidad educativa queda supeditada a la calificación de determinadas pruebas y no a una verdadera evaluación. Al respecto, Soriano (2012) asegura que, la calidad de la educación se debería pensar desde el volver a imaginar y trasformar los sistemas educativos de acuerdo a las necesidades del presente siglo, para lo cual, las instituciones educativas y la sociedad deben trabajar mancomunadamente, y así lograr una educación de calidad, equitativa y con mayor eficiencia.

Investigación educativa, políticas públicas y práctica docente

Al partir de la premisa que la educación es un derecho y debe tener como sustento la calidad y la equidad, lo cual genera una serie de necesidades, tanto en la práctica educativa como en la política, que, como consecuencia, debe ser desde la investigación educativa la generadora de conocimiento científico, que sea válido, confiable, y sustente la consecución de este derecho universal (Burgo et. al, 2019). Sin embargo, este conocimiento se ha tomado básicamente como de naturaleza técnica, en lo que corresponde a su papel en las políticas públicas educativas, para cambiar esta percepción de acuerdo a Bernal, et al (2021), se deben incluir una serie de elementos, como son: la misma generación de conocimiento, el diseño de políticas desde la planeación educativa, la metodología y los diferentes sistemas educativos, asimismo, la implementación y uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), sin dejar de lado las diferentes interacciones entre los agentes de la comunidad educativa: gobierno, funcionarios de ministerios o secretarías, políticos, docentes, sindicatos, padres de familia, estudiantes, medios de comunicación, sin olvidar, a la ciudadanía en general.

Aunque, desde esta perspectiva se puede dejar de lado la retroalimentación entre los elementos antes nombrados, y sus posibles contradicciones por diferencia de motivaciones y valores de los agentes involucrados en este proceso. Para resolver el cuestionamiento anterior, se debe buscar y permitir una relación entre la investigación y la toma de decisiones a partir de una interlocución entre las partes, al partir de la escucha, el reconocimiento y la comprensión entre ellos. En consecuencia, desde el punto de vista de Zorrilla (2010), una parte fundamental de la investigación educativa es entenderla como una actividad científica que, a la vez es un ejercicio político el cual representa el saber acumulado de los procesos de enseñanza-aprendizaje y las propuestas a su futuro desarrollo. Por lo tanto, es fundamental entender la importancia que en las políticas educativas se debe tener en consideración la financiación, para desarrollar investigación desde las instituciones educativas.

Por otra parte, es necesario que desde la comunidad científica se propongan los criterios, modelos de calidad, metodologías y consecuencias, a partir de las evidencias encontradas en las investigaciones en el campo educativo. Asimismo, se debe establecer los criterios mínimos al concepto de qué es investigación educativa y qué características deben tener los investigadores. Sin embargo, es necesario que esto tenga respaldo desde los políticos, ya que son ellos, los encargados de dirigir los sistemas educativos, por lo tanto, deben establecer los mecanismos que contribuyan con los recursos económicos para la actividad investigativa en este campo, como de las garantías para su promoción, difusión y adecuado uso.

En el mismo sentido, Santibáñez (2007 en Zorrilla, 2010) determina que, la relevancia que pueda tener la investigación educativa como generadora de evidencia la cual sirva para la toma de decisiones políticas, depende de la calidad y rigor técnico que tengan estas, igualmente de su relevancia y comprensión por parte de los agentes implicados, sin dejar de lado su divulgación y logre llegar a oídos de quien corresponda esta información, hecho que contribuya con la mejora de la educación. Es aquí, donde los sistemas de información y evaluación de los países con sus respectivas instituciones, pueden reunir y proveer evidencia que sirva de herramienta a las políticas públicas en educación.

Al respecto, la investigación en educación se convierte en un proceso fundamental para actualizar, modificar y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, que tiene como fin alcanzar la calidad educativa, mediante la producción de conocimiento y la mejora de la práctica docente, si se logra estos objetivos, entonces se puede establecer que es una manera factible para el desarrollo profesional, en la medida en que puede vincular la práctica docente con los profesores que realizan procesos de investigación (Roget, 2020). Luego, una práctica profesional docente necesita de profesores conocedores de la importancia de su función social, que no le temen el cambio, buscan superarse día a día, con competencias disciplinares, pedagógicas y didácticas, dispuestos a aprender, con aptitud y capacidad para la investigación (Garay y Muñoz, 2015).

Por lo tanto, Burgos et. al (2019) establecen que, el docente desde la reflexión sobre la acción en el aula es una estrategia fundamental para su desarrollo profesional, con lo cual le permite tener otra visión que lo lleva a ver la realidad de su entorno social, además de ser facilitador del conocimiento para sus estudiantes y logra sobrepasar la idea que enseñar se reduce a simplemente transmitir conocimientos, y así proponer guías de cambio en los procesos de enseñanza-aprendizaje que posibiliten desarrollar de la mejor forma el modo de pensar de los educandos y un cambio en los docentes, que se entiendan como mediadores y generadores de aprendizajes, y es la investigación a partir de la reflexión de su praxis la que se constituye en un recurso muy valioso para lograr esta visión de docente, que esté acorde a las exigencias educativas de estos tiempos y contribuya a su desarrollo profesional.

Asimismo, entender la problemática social de la comunidad educativa a la que pertenece, para generar estrategias didácticas y pedagógicas consecuentes con el contexto en el que se encuentra inmersa la institución educativa, que consigan orientar en la dirección correcta las políticas educativas, además de convertirse en sustento teórico y práctico a lo hora de trascender como insumo muy valioso de las políticas educativas, con una nueva mirada que parta desde el interior de las aulas hasta impactar las gestiones promovidas por los gobiernos en su tarea de atender la demanda y oferta en este sector.

En tal sentido, el desarrollo profesional del profesorado debe contribuir a la calidad educativa, que va ligado al logro de las transformaciones que se realizan en los centros educativos donde es fundamental el papel docente, que desde sus particularidades personales y profesionales, alcancen a producir cambios positivos a partir de plantear y diligenciar acciones en el contexto de su práctica pedagógica, al adaptar contenidos, aptitudes, normas, culturas y el uso de las nuevas tecnologías, cuyo entorno inherente es el salón de clases (Cargua et. al, 2019). Para lograr lo anterior, desde la perspectiva de Marín (2014), es necesaria la investigación educativa in situ, en el aula, porque es allí donde se identifican y evidencian los problemas educativos y pedagógicos del centro educativo, asimismo se realiza la práctica por medio de la creación de espacios de aprendizajes, innovación, participación, interrelación y reflexión sobre la praxis docente, y así incidir en el desarrollo profesional desde dentro de la institución educativa, porque es en este ámbito el núcleo donde se forman los profesores, y se puede establecer relaciones que procuren o limiten el desarrollo profesional.

En consecuencia, desde el enfoque de Marín (2014), el centro educativo se puede pensar primordialmente como el núcleo del desarrollo social de la comunidad, donde el docente, al ser uno de los actores principales de este espacio, puede aprovechar para aprender de su praxis, al ser consciente que la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje solo puede ocurrir si ellos desarrollan ideas y competencias esenciales para hacerlo viable. Una de las herramientas más importantes que tiene el docente para lograr esto, es la investigación, que debe nacer desde la reflexión de su práctica pedagógica, al ser un observador reflexivo y crítico, que le permita levantar evidencia empírica de la realidad social del contexto escolar, que le ayudará a cuestionar, evaluar e implementar prácticas educativas más cercanas a las necesidades propias de cada entorno, aprovechando en su mejor dimensión las herramientas tecnológicas con las que cuente la institución. Lo anterior, debe ser fundamento de la agenda política Latinoamericana, para que las decisiones y acciones tomadas estén dirigidas a fortalecer el campo educativo y contribuir a su mejora, asimismo como a su eficiencia.

La implementación de las políticas

Para llegar a un mejor entendimiento de lo que implica y las consecuencias que acarrea el proceso de implementación de las políticas, es necesario en primera medida entender a qué se refiere y comprender este término, en otras palabras, su conceptualización, en este sentido Van Meter y Van Horn (2000) afirman que, las acciones y esfuerzos realizados por una persona o un grupo de ellas, ya sea de carácter público o privado, que tienen como fin alcanzar una meta determinada con anterioridad. En este mismo sentido, Vaquero (2007) interpreta la implementación como un proceso que sucede desde que se declara de manera formal la política hasta sus consecuencias logradas, adicionalmente, Jiménez (2012) establece que, la implementación de las políticas es la oportunidad de trascender de lo escrito a gestiones que lleguen a hacer realidad las metas planteadas. Además, desde la perspectiva de Herrero (2014), se quiere cambiar con la expresión implementación, el concepto tradicional de ejecución o administración, como la forma de presentarse en procesos mecánicos del funcionamiento de las políticas, que incluyen muchos más elementos y posteriormente se han decretado como legislación y se ha establecido el presupuesto para su realización.

Aunque, al revisar la bibliografía se encuentran varios estudios sobre la implementación de las políticas, Van Meter y Van Horn (2000) establecen que hay poco conocimiento en relación a este tema, principalmente por tres razones, la primera, por la posición simplista al considerar que, al establecer una política por la parte gubernamental, esta se realizará y sus consecuencias se ajustarán en mayor o en menor medida a los fines de quienes la realizaron. En segundo lugar, a lo que ellos llaman la presupuestación por programas, donde se enfatiza en la creación de las políticas y las metodologías para alcanzar sus objetivos, restándole importancia al proceso para llevarlas a cabo, y finalmente, la problemática compleja en sí que tiene la implementación, como es: establecer los principales agentes, la dificultad o imposibilidad para medir todas las variables involucradas, y la gran cantidad de recursos y tiempo que supone el seguimiento a todas las acciones que se necesitan en la implementación.

Sin embargo, los mismos autores establecen que se deben tener presentes seis variables para un adecuado estudio de la implementación de las políticas: Inicialmente, se tiene que las normas y objetivos de las políticas deben estar involucrados directamente con las metas a alcanzar, incluyendo las pautas para su evaluación. La segunda variable, son los recursos de la política, de los cuales hacen parte el presupuesto y los incentivos para favorecer su implementación a nivel local. Además, es necesaria la comunicación entre organizaciones y las actividades para obligar a la acción, donde la forma de entendimiento entre quienes decretan las políticas y quienes las van aplicar debe ser clara y objetiva. Una cuarta variable a tener en cuenta, son las características de las instancias responsables de la implementación, como son: la cantidad de agentes involucrados y sus competencias, la jerarquía de las agencias responsables, los recursos políticos, las redes de comunicación y los posibles nexos entre las diferentes partes. Una quinta, son las condiciones económicas, sociales y políticas, y a pesar de su gran importancia en la implementación es muy poco el cuidado que se le ha colocado al tomar las decisiones de carácter político, y por último, la sexta variable que relaciona la actitud de los encargados de la implementación, que está directamente relacionado con el comportamiento y disposición de los agentes en los cuales recae el cumplimiento de una determinada política.

De lo anterior, Vaquero (2007) establece que, al menos cuatro de esas seis variables que se identifican como necesarias en el estudio de la implementación de las políticas, están relacionadas con asuntos burocráticos, ya que estos estudios tenían como punto de partida examinar el desempeño de las organizaciones y en estas, el rol de la burocracia como el principal elemento en los procesos de implementación. Sin embargo, el mismo autor enfatiza que las medidas políticas se ven afectadas por los agentes políticos, que son realmente quienes manejan el poder en cualquier sociedad, y estos se ven supeditados a través del tiempo de acuerdo a su correlación de fuerzas y su posicionamiento, lo cual no es ajeno en el sector educativo.

Sin embargo, Rodríguez (2017) afirma que para estudiar las políticas se puede realizar desde dos enfoques de implementación, el primero llamado Top- Down, que describe el trabajo administrativo público de arriba hacia abajo, donde es fundamental la jerarquía del proceso y sus etapas, que generalmente son políticas que se dan en forma de Ley, y según Herrero (2014) , para que este enfoque funcione son necesarias condiciones ideales, donde el conflicto se contempla como algo disfuncional, y el problema, es que en la realidad no funcionan así las relaciones de la política con el entorno. El segundo, es conocido como Bottom-Up, que va en contra vía al anterior, es decir de abajo hacia arriba, en el cual se reconocen los actores de la base y se tiene en cuenta el núcleo social que le dio el origen a la política pública, cuya característica principal es la de dividir el problema y buscar sus soluciones de forma progresiva. Además, este enfoque favorece que las políticas en el campo educativo se originen a partir de las investigaciones realizadas por los docentes, desde su práctica en las instituciones educativas y las capacitaciones a las que puedan acceder. Sin embargo, para lograr lo anterior es necesario que se presente desde una perspectiva de buen gobierno, lo que puede ser una gran dificultad.

También, a nivel general la implementación de las políticas se puede ver entorpecida por diferentes problemáticas, una de ellas es el proceso de comunicación, al respecto, Ríspolo (2020) establece que esto se da sí, no son claras las directrices de dichas políticas, sus objetivos y estándares, así como la exactitud de los comunicados, lo cual se puede presentar al interior y entre las instituciones encargadas de llevar a cabo dicha política, como fuera de ellas, por lo tanto estas dos variables, como son política y comunicación, son interdependientes y claves en el éxito o el fracaso de una política. Además, otro problema es el de la capacidad institucional representada en: la poca o mala preparación del personal, no proceder con la información necesaria, porque los plazos no son adecuados, y no tener la suficiente información o presupuesto, también se debe contar con la actitud de los responsables para la implementación, demostrada en la aprobación tanto de los servidores públicos, como de los beneficiarios y la comunidad en general. Lo anterior muestra, la gran variedad de obstáculos que se debe tener en cuenta y deben ser sorteados para llevar a cabo con éxito una política.

CONCLUSIONES

La necesidad de plantear modelos en los cuales se den las relaciones entre práctica docente, política e investigación educativa para que se puedan generar cambios en la educación de América Latina, donde el conocimiento científico logre llegar a impactar las decisiones con un sentido de responsabilidad, a partir de la construcción de redes entre estos tres elementos, es una decisión necesaria por parte de los gobiernos de los países de América Latina. También, concebir que es un proceso a largo plazo, flexible y con apertura, para que los actores involucrados puedan entenderse mutuamente y con esto, se logren mejoras en el campo educativo.

En consecuencia, es imperativo que los agentes que estén involucrados directa e indirectamente en el sector educativo tengan espacios y escenarios en todos los niveles, en los cuales se discuta y se lleguen a acuerdos sobre las necesidades propias que precisan cubrir las políticas públicas educativas en cada región e institución, desde las perspectivas de recursos, gestión, infraestructura, normalización, y el perfil de formación de los nuevos docentes para conseguir implementarlas.

Asimismo, se debe pensar en la educación para las próximas décadas, que no dependan las políticas en este sector de los resultados de pruebas estandarizadas para establecer la calidad de las instituciones educativas, que promueven competencias laborales, descontextualizadas de la realidad latinoamericana. Por lo tanto, la investigación en este ámbito debe ser una herramienta fundamental para sustentar este fin, además, de convertirse en un proceso primordial para actualizar, modificar y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, que tenga como fin alcanzar la calidad educativa, mediante la producción de conocimiento y la mejora de la práctica docente, si se alcanzan estos objetivos, entonces se puede establecer que es una manera factible para el desarrollo profesional, en la medida en que puede vincular la práctica docente con los profesores que realizan procesos de investigación.

Adicionalmente, uno de los aspectos relevantes que se deben tener en cuenta a futuro, son los problemas que enfrenta la comunidad educativa después de la pandemia del COVID-19, y cómo deben ser abordados dentro de las políticas educativas, y ser parte fundamental de los programas de formación continua para docentes, del mismo modo, es necesario realizar investigaciones acerca del impacto de la pandemia en la educación Latinoamericana, para que esto sirva de diagnóstico y herramienta para hacer la formulación de políticas y estrategias por parte de los gobiernos venideros, que conlleve a alcanzar la calidad en este campo y estar preparados a futuras eventualidades como la vivida en esta coyuntura.

Además, es relevante el estudio realizado por Van Meter y Van Horn (2000) respecto a las variables que fundamentan la implementación de las políticas públicas, al establecer seis variables, en las cuales señalan la importancia de instaurar de manera clara las normas y objetivos, la financiación, la comunicación, las características de los agentes encargados, el contexto de la población a quién afecta y la actitud de quienes son los responsables de la implementación, sin embargo, queda por fuera la variable de la participación ciudadana, como un componente principal de las políticas públicas en la democracia. En este sentido, es necesario que se tenga en cuenta los aportes de la población a quiénes van dirigidas las políticas en los diferentes momentos de sus procesos.

De lo presentado, se evidencia que es necesaria una voluntad política para desarrollar procesos de implementación que estén acordes a la participación y aceptación de los diferentes agentes que se ven involucrados en las políticas públicas educativas, mediante el diálogo y la negociación, donde la comunicación asertiva es necesaria para lograr el éxito de las mismas. Sin embargo, además de entender que la comunicación es una variable crítica en la implementación de las políticas, es necesaria la independencia burocrática de la parte legislativa del estado, y no se puede dejar de lado lo complejo que resulta el proceso de implementación de las políticas, al interactuar en ellas una variedad de actores y factores que se deben tener presentes desde la misma creación de la política.

Finalmente, es preciso y apremiante que en América Latina se desarrolle un pensamiento propio acerca de los saberes y habilidades que esta región necesita para afrontar los retos del siglo XXI, salir del círculo vicioso de la reproducción de la desigualdad social, al generar propuestas desde su seno que ayuden a las políticas públicas educativas a alcanzar el objetivo de asumir una verdadera reforma de los sistemas educativos, que ofrezcan calidad, equidad, oportunidades de aprendizaje y enseñanza, asimismo, cobertura en todos los niveles, donde la investigación educativa desde de la seriedad y el rigor técnico, sea productora de evidencias para la toma de decisiones políticas, a la par de su importancia, trascendencia, comprensión y divulgación por parte de los agentes implicados.

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