DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i1.4974
El delito de tráfico de influencias en la corte superior de justicia de la provincia constitucional del callao – Perú
Dr. Marco Antonio Tarrillo Vásquez
https://orcid.org/0000-0003-4059-4205
Dra. Gloria Fernández Pisfil
https://orcid.org/0000-0001-8922-7022
Dra María Cecilia Rojas Guanilo
https://orcid.org/0000-0002-2415-3621
RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre la imputación necesaria con el delito de tráfico de influencias, empleando para ello un enfoque cuantitativo de tipo básico, de nivel correlacional, descriptiva – explicativa y con un diseño no experimental. Se utilizó como población del estudio a 30 personas, entre los cuales se encuentran operadores de justicia y docentes de una universidad de Lima Metropolitana, los mismos que formaron parte de la muestra, empleando para ello la técnica de muestreo no probabilístico. Se obtuvo como resultado que existe una relación significativa entre la imputación necesaria con el principio de legalidad, lo cual indicó que el delito de tráfico de influencias está correlacionado con la responsabilidad penal, en la Corte Superior de la Provincia Constitucional del Callao en el Perú.
Palabras clave: imputación necesaria; delito de tráfico ilícito de influencias; principio de legalidad; indicios reveladores de la existencia del delito; responsabilidad penal y responsabilidad administrativa.
Correspondencia: [email protected]
Artículo recibido 21 enero 2023 Aceptado para publicación: 21 febrero 2023
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Cómo citar: Tarrillo Vásquez , M. A., Fernández Pisfil , G., & Rojas Guanilo, M. C. (2023). El delito de tráfico de influencias en la corte superior de justicia de la provincia constitucional del callao – Perú. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 7(1), 7373-7383. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i1.4974
The crime of influence peddling in the superior court of justice
of the constitutional province of Callao – Peru
ABSTRACT
The main objective of this research was to determine the relationship between the necessary imputation with the crime of influence peddling, using a quantitative approach of a basic type, correlational level, descriptive - explanatory and with a non- experimental design. Thirty people were used as the study population, among whom are justice operators and teachers from a university in Metropolitan Lima, the same ones who were part of the sample, using the non-probabilistic sampling technique. It was obtained as a result that there is a significant relationship between the necessary imputation with the principle of legality, which indicated that the crime of influence peddling is correlated with criminal responsibility, in the Superior Court of the Constitutional Province of Callao in Peru.
Keywords: necessary imputation; crime of illicit influence peddling; principle of legality; revealing evidence of the existence of the crime; criminal liability and administrative liability.
INTRODUCCIÓN
La imputación necesaria en el ámbito jurídico constituye un principio aplicado al orden jurídico en el Perú, el cual se encarga de preservar de la manera más metódica y correctamente posible el empleo de la legislación presente en el Estado, a través del respeto de cualquier derecho fundamental de los ciudadanos que le son imputados en algún procedimiento de índole legal,
viniendo a ser un principio implícito en el Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), el cual desprende dos concepciones que son necesarios en su ejecución, una concepción es la que señala el derecho del imputado a ser debidamente informado, la cual está relacionada directamente con el principio acusatorio y el uso de la defensa como derecho, la otra concepción es la que señala la presencia de la contradicción y contraria en todo el proceso. Nación (2016) señala que cuando empezó el NCPP se inició una discusión y atención plena por parte de los involucrados en el mundo del derecho tanto a nivel nacional como fuera del país (basado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), ya que se buscaba explicar bajo diversas perspectivas, pero se llegó a definir que el mencionado principio debería de ser aplicado de forma propicia y respetuosa. Es debido a ello que la implementación del modelo procesal recientemente presentado crea la oportunidad de tener un adecuado servicio en la administración de justicia, a través del cual todos los involucrados actúen de acuerdo a mínimos niveles en temas de garantía y calidad; por ejemplo, en casos de derecho de índole constitucional de imputación la cual debe de ser transparente y directa. De igual manera debe de ser el dogma penal empleado, ya que la ley no abarca todos los aspectos, debido a esto algún tipo de análisis que no sea fundamentado o sustentado empleando la mera lógica, dogma y la razón, podría el incumplimiento del derecho de la motivación en los resolutos y por ende un adecuado proceso jurídico.
Es necesario hacer un hincapié que este estudio tiene por finalidad realizar una investigación acerca de la relación que podría existir entre la imputación necesaria y el delito del tráfico de influencias que se encuentren en la jurisdicción de las salas penales de la corte superior que se encuentran en la Provincia Constitucional del Callao en el Perú; resultando complicado ya que es necesario precisar algún tipo de comportamientos que permitan visualizar el ilícito y se somete meramente a la percepción de cada miembro. Este delito también configura ciertos actos considerados corruptos que propician un nivel de suspicacia en los ciudadanos con relación al manejo de situaciones de índole público que se presentan en instancias del estado propiamente dicho.
En nuestra sociedad actual, la gestión pública, básicamente en su administración, trabaja en función a las necesidades y expectativas de su sociedad, y es en su eficiencia, el respeto, en su actuar eficaz que cada ciudadano tenga un acercamiento con sus gobernantes, que aprueben o no la gestión y aceptar la determinación legal hacia un determinado sistema. Frente a esta percepción son los mismos ciudadanos los que visualizan a dicha gestión como un ente burocrático, ineficiente, ineficaz, aletargado en sus procesos, o tiene temor a que presenten frecuentemente situaciones que atenten sus garantías individuales, acciones que propician que se apartan del gobierno central y se sientan marginados de la licitud y comportarse de acuerdo a lo normado.
Desde el 2004 en que el NCPP entra en vigor, surge el rol de persecución por parte del Ministerio Público, aperturando con ello indagaciones con diferentes aseveraciones llegando a imputar con argumentos jurídicos sin tener en consideración algún tipo de cuidado al proponer fácticamente y usar las normas descritas de uso típico, también en situaciones en donde hay muchas acusaciones o acusado en contravenciones en la gestión estatal, en el cual los hechos no son determinados, el alcance de involucramiento de los acusados o los criterios en que se basa la imputación, se ha atentado contra el derecho a la defensa en la realización del proceso penal. Todo esto ha ocasionado que se presenten deficiencias y problemas que hasta la fecha no han podido ser superados, propiciando que las acusaciones se presenten de manera insuficiente respecto a la oficialización de la imputación preparatoria y la investigación fiscal; además afectan de manera directa al propósito del debate, desde la violación del derecho de defensa hasta el aumento de los expedientes presentados cuando son dilatados los tiempos en las cortes que tratan dichos procesos no considerando presentar una explicación valedera que se vincule al hecho delictivo, lo cual se evidencia directamente en los delitos denominados de tráfico de influencias, sobre todo en la Corte del objeto del presente estudio. Según Figueroa (2015) la imputación necesaria tiene diferentes perspectivas y considera que en la actualidad hay un amplio distanciamiento tanto con los principios y las pretensiones de garantía como con la pura realidad que se realiza comúnmente y con la que se debe de relacionar con los procedimientos que atentan con la misma Constitución. En ocasiones la Comunidad Internacional de los Derechos Humanos cuestiona al sistema procesal penal del Perú y al penal.
El interés de la presente investigación se plantea el siguiente cuestionamiento ¿De qué manera se relaciona la imputación necesaria con el delito de tráfico de influencias en las salas penales de la corte superior del Callao?, tratando de mencionar de forma directa y límpida si el delito de tráfico de influencias condena acciones que tengan que ver con la obligación del Estado en su lucha contra la corrupción, el cual corresponde a los objetivos sociales básicos y a la responsabilidad internacional en el referido tema, lo cual sería un tema muy complejo ya que en cada momento se enfrenta a la incansable lucha por erradicar este aspecto negativo que altera en sobremanera al Estado y a los ciudadanos en general.
Para Pino (2015) la posición de influencia es la acción determinante para que se presente el delito de tráfico de influencias, el cual es totalmente aceptable en la legislación del Perú, existiendo diferentes posturas respecto a este principio, en el cual se relaciona a la influencia con la inducción, encontrado que se presenta cierta semejanza entre ambas con base en que el empleo de la terminología “influencia” que conlleva al empleo del dominio psicológico en cualquier caso para dirigir su conducta, esto infiere también que hay una estrecha relación entre el influjo y la presión.
Un estudio acerca de la formulación de la imputación fue la desarrollada por Quintero (2015) quien realizó una investigación de tipo documental con enfoque cualitativo, llegando a la conclusión de que los cargos deben contener los eventos suscitados, la normatividad correspondiente y las pruebas necesarias para que la denuncia sea sustentada fehacientemente. Por otro lado, para modificar o para incluir otros hechos en la denuncia puede realizarse a través de una audiencia preliminar ante el juez que dirige el proceso, quien podrá realizar dicha acción si en caso no se hubieran incluido en los escritos presentados. También encontró que cuando se realiza la imputación son activadas todos los derechos fundamentales de las personas aceptadas en las principales normas.
Renán (2014) realizó un estudio en Colombia sobre el delito de tráfico de influencias en la legislación de la Corte Suprema de Justicia, teniendo como principal objetivo de investigación hacer un análisis de la jurisprudencia del delito de tráfico de influencias de manera documental empleando el enfoque cualitativo a través de una ficha de revisión documental donde recolectó los datos requeridos, concluyendo que el tipo penal dispuesto en el artículo 411° del código penal en Colombia se desarrolla en diversas situaciones de manera subsidiaria o residual, mientras que en otros eventos el comportamiento de emplear el tráfico de influencias sería un medio cometido debido a otras trasgresiones contra la administración pública lo que implicaría que sea dificultoso definir y esclarecer el ámbito de aplicación.
En una investigación realizada por Aguirre (2018) acerca de la seguridad jurídica, estudia al principio de imputación necesaria como un precepto de la Constitución ecuatoriana, teniendo como referencia su legalidad, determina que la figura de imputación necesaria se presenta de manera implícita y no directamente expresa, debido que es obvio que se reconoce el derecho a ser informado de cualquier tipo de acusación y también de tener las pruebas necesarias para elaborar su óptima defensa a través del informe de los hechos, precisando las imputaciones para conocer exactamente su calificación jurídica.
En una investigación realizada por Becerra (2020) para analizar el nivel de asociación que existe entre ambas variables, fundamentalmente en las normas formales de investigación preparatoria en la Región tumbesina durante un tiempo previamente establecido. Para ello se emplearon diferentes metodologías (analítica, deductiva e inductiva) y técnicas (ficha de observación) teniendo como resultado concluyente que las disposiciones fiscales de formalización de investigación preparatoria emitidos en el Distrito Fiscal de la región de estudio entre los años 2016 y 2018 en temas concernientes al delito de colusión cumplieron en su mayoría con la fundamentación de la concertación con el empleo del criterio de negociación indebida perjudicando con ello al estado peruano.
Por otro lado, en un estudio llevado a cabo por Soto (2017) acerca de los mínimos parámetros del principio de imputación necesaria en la oficialización de la investigación preparatoria realizada en la 3° Fiscalía Penal Provincial Corporativa en la ciudad de Huancayo, realizó una observación y un análisis posterior de los parámetros mínimos empleados para obtener una adecuada y correcta aplicación del principio de imputación necesaria con relación a la formalización de la investigación preparatoria que se presentaron en 27 documentos fiscales, concluyendo que no se ha desarrollado en la doctrina peruana suficiente material sobre imputación necesaria, pero la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional lo realizaron a través de diferentes sentencias, utilizando concepciones de garantía penal de imputación necesaria como una Garantía Procesal Penal con base en la Constitución unificándolo con el principio de legalidad referente al derecho a la eficaz defensa del imputado, pero no resultaron ser deficientes en el análisis de las proposiciones fácticas que se encontraban relacionadas con las proposiciones jurídicas, determinando así que el Ministerio Público como principal ente penal no cumple eficazmente, presentado documentos con nulo criterio y en algunos casos no se consideraron debidamente los indicios probatorios y el respaldo de la formalización de la investigación preparatoria, evidenciando con ello que existe una escaza diligencia en los procesos en temas de utilidad y contundencia.
Finalmente, en una investigación realizada por Pino en el 2015 sobre el delito del tráfico de influencias en el nuevo ordenamiento procesal penal, busca determinar la incidencia del proceso penal por delito de tráfico de influencias en la protección de la administración pública según la legislación procesal penal actual, para lo cual realizó un estudio de tipo aplicado descriptivo, empleando el método analítico sintético con un diseño correlaciona , a través de una encuesta y la ficha de revisión documental, en una muestra de 43 funcionarios de los Juzgados Penales de la Corte Superior de Justicia de Lima, concluyendo que el delito de tráfico de influencias se presenta favorablemente en la protección de la administración pública conforme a la legislación procesal penal actual.
Sobre estas bases científicas realizadas es que la presente investigación desarrolló un análisis sobre el principio de la imputación necesaria considerando para ello que el presente modelo procesal tiene por finalidad instaurar en la administración de justicia el respeto por la legalidad y los altos niveles de calidad especialmente en las garantías, considerando que la imputación necesaria se debe presentar de manera precisa, sencilla y clara, de igual manera con la teoría del delito según corresponda, caso contrario es estaría vulnerando el debido proceso. También se pretendió estudiar ambas variables ya que se considera que el tráfico de influencias como un delito que propicia actos corruptos promoviendo así desconfianza de la ciudadanía a los estamentos gubernamentales, por lo que se investigó acerca de la relación que podría existir entre la imputación necesaria y el delito del tráfico de influencias con el fin de la vulneración del derecho al debido proceso. Es por ello que se planteó como objetivo principal determinar de qué manera se relacionan las variables imputación necesaria y el delito de tráfico de influencias en salas penales de la corte superior de la Provincia Constitucional del Callao, analizando para ello las dimensiones de principio de legalidad, indicios reveladores de la existencia del delito, responsabilidad penal y responsabilidad administrativa.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para la presente investigación se consideró realizar un estudio de tipo básico, además fue realizado bajo un enfoque cuantitativo, de tipo correlacional, descriptivo y explicativo, a través del cual se describieron los aspectos fundamentales de la imputación necesaria además del delito de tráfico de influencias, asimismo se buscó determinar la relación entre ambas variables para inferir alguna causalidad que identifique la razón por la que ocurren o no las situaciones de cierta manera. Para ello se empleó un diseño no experimental para observar los acontecimientos tal cual se presentan en su entorno y luego ser analizados.
Para la población de estudio se tuvo en consideración a los operadores judiciales Corte Superior de la Provincia Constitucional del Callao, además de catedráticos universitarios de una Universidad de Lima Metropolitana cuya especialidad es el área penal. Por otro lado, la muestra estuvo constituida por 30 sujetos, específicamente 5 jueces, 5 fiscales, 10 asistentes de fiscales y 10 catedráticos, para lo cual se empleó el muestreo no probabilístico. Las técnicas empleadas fueron la revisión de índole documental a través de una ficha de análisis de documentos y una encuesta de tipo Escala de Likert para tener resultados relevantes y objetivos para el estudio.
RESULTADOS
Al indagar sobre la imputación necesaria considerando el principio de legalidad se identificó que éste restringe la práctica del poder en temas penales exclusivamente a los comportamientos o sus supresiones que se encuentran previstas en la norma consideradas como faltas sancionables. También se determinó que en las salas penales de la Corte Superior de la Provincia Constitucional del Callao se precisa de manera correcta la vigencia del tiempo de la ley y de aquellos hechos fundamentales en la realización de un acto considerado delictivo o algún nexo de índole causal, pero los resultados obtenidos muestran que los plazos no son respetados, un 90% de los encuestados concordó en que la imputación necesaria tiene una estrecha relación de manera significativa con el principio de legalidad.
También se estudió el tema de los indicios reveladores de la existencia en un delito, arrojando como resultado que estos tienes que estar defendidos con factores que convenzan y sean evidencia para demostrar que el acusado participó en algún tipo de infracción normativa, sumado a este aspecto se evidenció que en las Salas sujetas al estudio se realiza un análisis estructural de los acontecimientos suscitados de forma útil y protectora, además no se realiza un análisis adecuado de los elementos considerados periféricos de los delitos ni de aquellas pruebas reveladoras, propiciando con ello la percepción de deficiencias en las bases imputadas.
Por otro lado, se distingue que todos de los encuestados (100%) consideró que la imputación necesaria está relacionada con los indicios reveladores de la existencia del delito, al realizar la indagación correspondiente se evidenció que es necesario realizar una investigación de índole fiscal por el delito de tráfico de influencias que tiene como origen una prueba por indicios, pues esto ayuda a precisar si hay algún tipo de incumbencia por parte del acusado. Igualmente, un 95% consideró que en el delito de tráfico de influencias se presentan graves situaciones que provienen de la misma figura del trabajador estatal que posee el imputado y un 98% destaca que el delito de tráfico de influencias presenta una relación significativa con la responsabilidad en el tema penal; indagando sobre esta última dimensión se encontró que el 93% percibe que se asocia con acciones y consideraciones propias de la gestión pública y en algunas situaciones con administraciones privadas, los cuales tienen sus bases en la Ley de Contrataciones del Estado y la Ley General del Procedimiento Administrativo. Finalmente se encontró que el 88% de los encuestados concuerda con la legislación del Perú que precisa que el tráfico de influencia como delito es interpretado ampliamente en el que la administración incluye acciones realizadas de manera unilateral, sumado a ello la gran mayoría (96%) de los investigados piensan que este delito se encuentra relacionado con la responsabilidad administrativa significativamente.
CONCLUSIONES
Se pudo establecer en el presente estudio que la imputación necesaria guarda una relación significativa con el delito de tráfico de influencias en las Salas Penales de la Corte Superior de Justicia del Callao, además que la imputación necesaria está relacionada altamente con el principio de legalidad y con los indicios reveladores de la existencia del delito; por otro lado, el delito de tráfico de influencias mantiene una estrecha relación con la responsabilidad penal en las salas penales de la Corte Superior del Callao y de manera significativa con la responsabilidad penal y administrativa.
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