Manejo de cifras homicidio de líderes
sociales y defensores de derechos humanos en Colombia
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Martha Cecilia Agudelo Pérez[1] https://orcid.org/0000-0002-6940-3786 Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario Bogotá - Colombia
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Juan Sebastián Monsalve De Salvador https://orcid.org/0000-0002-6086-202X Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario Bogotá - Colombia
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RESUMEN
Mediante el presente artículo se analiza el fenómeno de los homicidios de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en Colombia a partir del contraste entre el manejo de las cifras de por parte de las entidades estatales y las ONG´s, tanto nacionales como internacionales, con el fin de entender el impacto del manejo de cifras en la respuesta por parte del Estado colombiano al fenómeno objeto de estudio y la manera como las entidades comprenden los homicidios de los líderes sociales y de los defensores de derechos humanos. Para tal fin, el análisis se centra en los homicidios que hayan ocurrido desde la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla FARC – EP en octubre de 2016 hasta la fecha, así como en las causas identificadas por cada una de las entidades y de las ONG´s.
Palabras clave: defensores de derechos humanos; líderes sociales; conflicto armado interno; postconflicto; derechos humanos.
Management of homicide figures of social leaders and
human rights defenders in Colombia
ABSTRACT
Through the present paper, the phenomenon of homicides of social leaders and human rights defenders in Colombia is analysed from the contrast between the handling of figures by state entities and NGOs, both national and international, in order to understand the impact of the handling of figures in the response by the Colombian State to the phenomenon under study and the way in which entities understand the homicides of social leaders and human rights defenders. To this end, the analysis focuses on the homicides that have occurred since the signing of the peace agreement between the National Government and the FARC - EP guerrilla in October 2016 to date, as well as on the causes identified by each of the entities and NGO's.
Keywords: human rights defenders; social leaders; internal armed conflict; post-conflict; human rights.
Artículo recibido 15 febrero 2023
Aceptado para publicación: 15 marzo 2023
INTRODUCCIÓN
La presente investigación busca dar una mirada general a la actual situación de homicidios de defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia, situación que ha ido en aumento desde la firma del Acuerdo del Teatro Colón el día 24 de noviembre de 2016. La actual circunstancia de violación de los Derechos Humanos y Derechos Fundamentales de Líderes Sociales, ha generado una serie de respuestas por parte de diferentes sectores de la sociedad Colombiana y de la comunidad internacional, por lo que el debate sobre este fenómeno está en pleno apogeo dando un especial cubrimiento por parte de ONG`S, medios de comunicación, organismos internacionales de Derechos Humanos, así como de los entes de control del Estado, tales como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
Se debe entender por defensor de derechos humanos y líder social a las personas que se dedican a promover, proteger y garantizar derechos y causas sociales, a través de manifestaciones públicas, opiniones, foros, marchas, y liderazgos a nivel de las comunidades a las cuales pertenecen o representan. Dentro de sus principales reclamos, los líderes sociales y los defensores de derechos humanos se centran en temas relacionados al cumplimento de las garantías y de los derechos fundamentales por parte del Estado, la búsqueda de reformas estructurales que ayuden a conseguir una mayor equidad dentro de la sociedad colombiana, la adecuada distribución de la tierra, la protección del medio ambiente, la destinación de los recursos a las zonas más apartadas de país y aquellas afectadas por el conflicto, así como la aplicación y ejecución de los contenidos dentro del acuerdo de paz y el respeto a la minorías, entre otros tantos motivos que se van presentando.
Las reclamaciones y actividades desarrolladas por estos miembros han generado como respuesta una ola de homicidios con un factor común, donde se utiliza esta práctica por parte de los victimarios como un medio de censura a su labor debido a que pone en riesgo sus intereses, beneficios y estructuras de poder dentro de las comunidades. Así mismo, con el fin de delimitar el fenómeno nos centraremos en los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados a partir de firma del acuerdo de paz, siendo el año 2016 el punto de partida para la presente investigación. Por otro lado, se busca determinar cuáles son los principales departamentos que presentan el mayor número de homicidios, los posibles victimarios, los móviles de los homicidios y posibles factores que influyan en la comisión de estos hechos que tanto revuelo han generado en el país.
JUSTIFICACIÓN
El presente tema de investigación fue seleccionado debido a su actual importancia dentro del contexto social colombiano, donde este ha impactado de manera contundente en los diferentes sectores políticos, sociales, culturales, étnicos, estatales, judiciales e internacionales, los cuales se han pronunciado respecto de esta situación sobre los defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia.
Este fenómeno está generando una fuerte crítica por parte de los sectores anteriormente mencionados contra la capacidad de acción y de protección del Estado hacia sus ciudadanos, discurso que cobra una especial importancia dentro del actual contexto de posconflicto que vive Colombia, donde la sociedad civil está mucho más pendiente del actuar de las entidades gubernamentales y de la fallas del gobierno, lo que lleva a que las diferentes ramas del poder, como la legislativa, judicial y ejecutiva traten de dar solución a la problemática por medio de la promulgación de leyes, pronunciamientos judiciales y creación de nuevos organismos de vigilancia. Sin embargo, estas medidas han resultado ser insuficientes para ponerle un alto a la presente problemática, ya que no se ha logrado determinar de manera clara, real y concisa ciertas dinámicas presentes alrededor de este fenómeno.
La recolección y levantamiento de información sobre este tema en particular, es relevante debido a que en la actual literatura no se encuentra un compendio que contenga la manera como se encuentra recolectada la información en los informes de las ONG´S, las entidades estatales, las entidades gubernamentales, los organismos de control y las organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas, ni siquiera del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, se evidencia de forma, concreta y concisa como fueron recopilados los datos contenidos en el precitado documento, pues allí se hace referencia a las entrevistas que se realizaron a algunas de las víctimas de conflicto armado en Colombia y, en otros eventos, se hace referencia a información de las entidades gubernamentales y no gubernamentales citadas en precedencia.
Esta investigación, permite dar una vista plural sobre la actual problemática, la manera como estos actores procesan la información y construyen su percepción del problema, lo que termina influyendo en la manera como intervienen sobre el mismo.
Estado del Arte
El fenómeno del homicidio de los defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia se ha hecho más visible actualmente, razón por la que a nivel de búsqueda de literatura pertinente para el presente tema las fuentes disponibles son pocas, ante lo cual el presente trabajo se centró en los informes de las ONG`S, los organismos internacionales en materia de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y diferentes documentos emitidos por organismos de carácter estatal.
El presente fenómeno social se enmarca dentro de la situación del conflicto armado interno de Colombia, el cual ha estado determinado por diferentes variables como lo son el narcotráfico, los grupos paramilitares, las guerrillas, la corrupción, la desigualdad social, la discriminación, la falta de presencia estatal en las regiones y la constante violación de los Derechos Fundamentales por parte de diferentes actores.
De acuerdo con Bushnell (1993), la construcción de Colombia como nación se ha desarrollado por medio de vías difíciles, donde los malentendidos sociales, territoriales, políticos y regionales han tenido el mayor protagonismo dentro de la historia del país, historia que ha estado marcada por las luchas por el poder, el surgimiento de las guerrillas, los paramilitares y el narcotráfico. Dentro de esta misma línea argumentativa, Ronderos (2014) afirma que la sociedad Colombia está enmarcada dentro una realidad política rural que es supremamente compleja, y que va acompañada de una lectura de una sociedad dual debido a su multiculturalidad y la realidad propia de cada sector que la constituye. Así mismo, señala que Colombia no es un país exitoso, moderno y no logra cumplir con sus obligaciones respecto a sus ciudadanos, muestra de ello fue la existencia y desarrollo de las actividades de los grupos al margen de la Ley durante gran parte de la historia de Colombia.
Según Mera (2016), la importancia de la labor de los defensores de derechos humanos y de los líderes sociales se debe a la denominada crisis de los valores democráticos, donde la represión, la imposición de obstáculos para ejercer el derecho a la protesta social y la criminalización de la labor propia de este grupo de personas, donde estos se convierten en actores activos para reclamar sus derechos y garantías con el fin de establecer unos límites de respeto a la dignidad humana de los miembros de la sociedad que han sido constantemente atacados por sectores que buscan perpetuar un estatus quo y mantener las dinámicas de desigualdad existente en la sociedad.
Por su parte, Diego Checa encasilla la labor de los defensores de derechos humanos y de los líderes sociales dentro del ámbito de las intervenciones internacionales no violentas, donde la sociedad civil se constituye como la protagonista de activismos de defensa de causas sociales por medio de organizaciones “base” que buscan contribuir a la construcción de paz, del tejido social y del posicionamiento a favor de los débiles, de las organizaciones e individuos que están comprometidos con los principios de la no violencia. Así mismo, señala que las denominadas Peace Brigades International cumplen una función de veeduría y denunciantes de los ataques contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos, por lo que el fenómeno en cuestión ha adquirido una gran importancia a nivel internacional (Checa, 2012).
Según la investigación de Xavier Mínguez Alcaide (2015), en la que se entrevistó a varios líderes de grupos defensores de derechos humanos en Colombia, dichas personas buscan acabar con los núcleos del conflicto, que según el artículo de investigación vienen a ser la distribución de la tierra, la situación de pobreza y la exclusión por parte de la sociedad y del Estado. De igual modo, se aborda la percepción de estos grupos respecto a la influencia internacional dentro de Colombia, donde ellos perciben a países, como por ejemplo Estados Unidos, como un factor de inseguridad y vulneración de sus derechos. Así mismo, el grupo de entrevistados manifestó su preocupación por la poca comprensión de su etnia, cultura, ideología y cosmovisión por parte de las autoridades, lo que ha contribuido a que se presenten ataques y homicidios contra ellos. Finalmente, la mayoría de estos líderes declararon su incertidumbre frente a la implementación del acuerdo de paz y las reformas estructurales para acabar con las problemáticas anteriormente enunciadas.
Dejando de lado la contextualización del Conflicto armado colombiano y de la labor de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, nos debemos centrar en el fenómeno como tal, el cual ya no se ve como una consecuencia directa del enfrentamiento entre el Estado y diferentes actores armados al margen de la Ley, sino, como lo establece González y Delgado (2018), este tipo de crímenes se enfoca en los sujetos, es decir, aquellos defensores y líderes sociales que se encargan de promover, apoyar y trabajar por los procesos de paz locales y la implementación del contenido del Acuerdo de Paz en las zonas donde se encuentra localizado los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).
Así mismo, los dos anteriores autores señalan que los años más violentos y más difíciles para esta población, fueron los años 2016 y 2017 donde se presentaron 289 homicidios que en su mayoría pueden ser atribuidos a los paramilitares. Dentro de esta línea, señalan que este tipo de amenazas para la vida e integridad de los líderes defensores se da en 89 municipios de 24 departamentos del país, donde cada homicidio va antecedido por la publicación de unos panfletos donde se señala al líder o defensor como un miembro encubierto o excombatiente de la guerrilla. Por otra parte, se tiene el hecho de que en 26 de los departamentos del territorio se han presentado homicidios contra esta población, por lo que en temas de porcentaje en el 81.25% del país este fenómeno está presente, siendo el departamento del Cauca (76 homicidios) y de Antioquia (38 homicidios) los que llevan la delantera en la presencia de dichos crímenes (González&Delgado,2018).
Respecto al origen de los homicidios, Osorio (2017) coincide en que estos se deben a la función que desempeña las víctimas, que va en contra de las actividades e ideologías de los victimarios, ya que de los 20 casos de titulares estudiados, 3 corresponden a grupos paramilitares y 17 a victimarios desconocidos los cuales están vinculados con actividades ilícitas. Sin embargo, en el mismo texto la autora señala que la vinculación del posible victimario con actividades ilícitas sirve para validar el discurso de la Policía Nacional sobre el denominado discurso del “otro”, con lo que se justifica la muerte de la víctima.
Por su parte, la ONG Amnistía Internacional (2018), señala que los defensores y defensoras de derechos humanos, así como los líderes sociales han sido víctimas de homicidios selectivos, donde al menos 105 homicidios se han presentado en lo transcurrido del año. Según esta organización, los principales ataques se han dado contra a aquellos defensores que defiende y promueven el derecho a la tierra, el territorio, el medio ambiente y, en especial, aquellos que participan en campañas a favor del acuerdo de paz, donde la mayoría de las víctimas son afrodescendientes, indígenas, campesinos y sobre todo mujeres, situación que pone entredicho el éxito del acuerdo de paz. A reglón seguido, la ONG señala que estos crímenes van acompañados de móviles de orden políticos, económicos y sociales, donde las denuncias por abusos interpuestas por los líderes y defensores son percibidas como una amenaza a su estatus quo.
En el informe presentado por la sociedad civil y diferentes ONG´S, para el Examen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas, se determina que Colombia no ha cumplido las recomendaciones formuladas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el EPU de 2013, por lo que las agresiones contra los defensores de DDHH y líderes sociales se siguen presentado, acompañado de un amento de estos crímenes, como lo demuestra la cifra de 276 homicidios entre el 2016 y 2017, donde la mayoría de las víctimas eran afrodescendientes, indígenas y campesinos. Así mismo, señalan que los homicidios se presentan en los departamentos donde existe una marcada presencia paramilitar y de las Fuerzas Armadas, así como la implementación de procesos de organización social y erradicación de cultivos ilícito, lo que va acompañado de las rutas del narcotráfico. Dentro del mismo informe se destaca que el 69% de las victimas viven en zonas rurales y ejercen liderazgo social (Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, 2017).
Según la ONG británica ABColombia (2016), durante el lapso de tiempo comprendido entre 1994 y 2015, 729 defensores de derechos humanos fueron asesinados principalmente en departamentos de difícil acceso y con poca presencia estatal como el departamento del Choco. Dentro de este informe, que es uno de los más completos, se hace énfasis en las causas de este tipo de crímenes como lo son los factores políticos, económicos, el crecimiento de las fuerzas paramilitares y en especial, el proceso de restitución de tierras en territorios indígenas y de comunidades afrodescendientes. Así mismo, señalan que los agentes que atacan a esta población lo hacen con el fin de censurar a la oposición política y evitar que las comunidades desplazadas por las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC) vuelvan a sus territorios de origen, por lo que el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos se constituye en una herramienta para someter a la población a través del miedo.
En este contexto, es necesario hacer énfasis que aunque el estudio recientemente señalado obedece a una época diferente a la analizada a través de la presente investigación resulta de relevancia incluirla ya que no es posible desconocer que desde antes del acuerdo del proceso de paz, ya se presentaban asesinatos en contra de lideres sociales y defensores de derechos humanos, sin embargo, también se queda en evidencia que dicho flagelo ha ido aumentando exponencialmente desde que la guerrilla de las FARC, firmó el acuerdo de paz con el gobierno a cargo del expresidente Juan Manuel Santos.
Otro informe que se destaca en materia de los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos es el de la ONG Marcha Patriótica (2018), donde se afirma que entre enero de 2016 y mayo de 2018 han ocurrido 385 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos de manera sistemática en 26 departamentos del país, donde los cuatro primeros lugares los ocupan el departamento del Cauca, Antioquia, Nariño y el Choco. Dentro del anterior informe, se agrega como víctimas del fenómeno en cuestión a los ex miembros de las FARC, lo cual va de la mano con el incremento de presencia paramilitar en las zonas que antes estaban bajo el control de esta organización.
Según el anterior informe, en este tipo de crimen existe una sistematicidad en los homicidios cometidos en contra de líderes/as sociales y defensores/as de Derechos Humanos al igual que en contra de ex combatientes de las FARC-EP en proceso de reincorporación y familiares al tener un número significativo de víctimas, pertenecientes a grupos de características semejantes, sucedidas en un mismo período y espacio geográfico, aunque con distinciones en los actores y modos de ejecución de acuerdo al territorio, y con unos fines específicos. (Marcha Patriótica, 2018, pg. 16)
Según el informe Piedra en el Zapato del Programa Somos Defensores, entre el 2010 y 2017 se presentaron 523 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, de los cuales 186 corresponde al período comprendido entre el año 2016 y 2017. Como causas de este fenómeno, la ONG señala la falta de financiación de los programas institucionales para la reincorporación y ejecución de los acuerdos de paz, la falta de complementariedad y unidad al momento de poner en marcha los proyectos por parte de los diferentes entes del Estado, la falta de la llegada oportunidad del desarrollo a las zonas más afectadas por el conflicto, una justicia débil, la falta de presencia del Estado y el resurgimiento de los grupos paramilitares. El informe señala que los departamentos del Cauca, Antioquia y Valle del Cauca, son los que más han presentado casos de asesinatos de líderes y defensores (Somos Defensores, 2018).
El fenómeno de asesinatos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos también ha generado una preocupación a nivel internacional, por lo que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en su informe anual de 2018 dedicó un acápite para este tema. Dentro de la sección “Ataques contra defensores de los derechos humanos”, señalan que en el 2017 se registraron 121 asesinatos, donde el porcentaje de mujeres víctimas aumento, y donde la mayoría de defensores de derechos humanos son indígenas, afrodescendientes, campesinos y activistas sindicales. Así mismo, señalan que los departamentos de Antioquia (13) y Cauca (14) fueron los departamentos con mayores casos de asesinatos, donde el 64% de estos homicidios fueron en las zonas más afectas por el conflicto armado (ZOMAC) y con presencia histórica de las FARC. En adición a lo anterior, esta organización señala como causantes de estos crímenes el proceso de sustitución de cultivos, el apoyo a las políticas de acuerdo de paz, el ingreso de las economías ilegales a las comunidades y la reforma agraria que se ha tratado de implementar en el país (OACNUDH, 2018).
La Procuraduría General de la Nación (2018), en su informe del mes de abril de 2018 sobre la violencia sistemática contra los defensores de derechos territoriales, informó que entre 2017 y 2018 se han presentado 45 homicidios de defensores de derechos territoriales que participaban dentro de los procesos de restitución de tierras, quienes pertenecían a comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas. En adición a lo anterior, señala que este fenómeno se ha presentado en mayor medida en los departamentos del Chocó, Córdoba y Nariño, y que las principales causas de los acontecimientos es la falta de respuesta efectiva por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) ante las alertas que ha recibido, la falta de diálogo del Gobierno con las comunidades locales, las disputas territoriales entre actores armados, la falta de recursos para el posconflicto y problemas de índole étnico y cultural.
Por su parte la Defensoría del Pueblo (2018), registra en la alerta temprana Nº 026-18 el número de 343 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos, entre el 1° de enero de 2016 y el 22 de agosto de 2018, donde el departamento del Cauca y de Antioquia llevan la delantera en la presentación de este fenómeno. Así mismo, la Defensoría señala como posibles responsables de estas acciones a las Autodefensas Gaitanistas, el E.L.N y las disidencias de las FARC. En adición a los anterior, el anterior Defensor del Pueblo, Carlos Negret, le recomendó al Gobierno que cumpla con sus obligaciones respecto a los defensores y líderes, y trabaje de manera conjunta con las Naciones Unidas para poder solucionar esta situación (Defensoría del Pueblo, 2018).
Desde el punto de vista del Gobierno, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos (2018) afirma que en el período comprendido entre el año 2016 y 2017 se presentaron 147 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos, la mayoría de los cuales se produjeron en el departamento del Cauca y en el de Antioquia. El Gobierno, se limita en este informe a dar cifras numéricas y no exponen los motivos de los asesinatos, los victimarios y el origen de las víctimas.
De la misma forma, en el tomo Hallazgos y Recomendaciones, del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (2022), se indica que Indepaz reporta desde la firma del acuerdo de paz hasta marzo de 2022, más de 1.327 lideres sociales y defensores de derechos humanos asesinados, de los cuales el 42% de los mismos son atribuidos a los grupos paramilitares, a las guerrillas con el 16% y un 3% a los agentes del estado, sin embargo, ese mismo informe asevera que en el 35% de esos asesinatos se desconoce la autoría (De Roux Rengifo et al., 2022).
Del mismo modo, en el tomo No Mataras, Relato Histórico del Conflicto Interno en Colombia (2022), también se expresa que el aumento de los asesinatos de lideres sociales y defensores derechos humanos se ha dado con ocasión a la agenda reformista de Acuerdos de Paz, lo que a la postre, conllevó a una reactivación de la violencia, generando entre el 2017 y 2020 un crecimiento de gran magnitud en punto de muertes en contra de los lideres sociales y los defensores de derechos humanos en Colombia, mientras que, en la anualidad del 2021, se produjo una reducción bastante importante (Roux Rengifo et al., 2022).
Empero, del mismo documento es posible inferir que las cifras que maneja el Gobierno Nacional, los entes de control y las ONG’S no coinciden, ni siquiera se asimilan, ya que allí se plasmó que según la Defensoría del Pueblo en el año 2017 se presentaron 126 casos de lideres sociales y defensores de derecho humanos asesinados, en el 2018, la cifra ascendió a 178, mientras que en el 2019, esa cifra tuvo un descenso ubicándose en 134 casos, en tanto que durante el año 2020 y muy a pesar de estar en confinamiento a causa de la pandemia del Covid-19, los cifra se ubicó en el 182, siendo esta la más alta desde que se firmaron los acuerdo de paz, mientras que en la anualidad siguiente, es decir, 2021 el número de muertes se ubicó en 145.
A su turno, afirma ese mismo documento que Indepaz lleva un registro más sistemático en el cual se han reportado los homicidios de lideres sociales y defensores de derechos humanos así: año 2017, 207 muertes, es decir, 81 muertes de diferencia con el informe de la Defensoría del Pueblo, lo que equivale a un 39,13%, para la anualidad 2018 se registraron 298, lo que significa una diferencia de 120 muertes, que equivale a 40,26%, igualmente para el 2019 las cifras de asesinados fue reportada en 279, lo que significa una discrepancia de 145 casos, equivalente al 51,97%, en el año 2020 los asesinatos ascendió a la cifra de 310, es decir, 128 más que el informe del ente de control ya reseñado, que en porcentaje representa el 41,29%, y finalmente, en el año 2021 Indepaz registró 168 muertes, es decir, 23 de diferencia, equivalente al 13,69%, siendo este último año el que menor diferencia contiene, mientras que la mayor discrepancia se presenta en la anualidad de 2019, con más del 50% de diferencia (Roux Rengifo et al., 2022).
En este mismo contexto, en el tomo Hasta la Guerra Tiene Sus Límites, del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, también se documentó que este tipo de asesinatos se viene presentando porque a pesar que la guerrilla de las FARC, se desmovilizaron los conflictos agrario perduran en el tiempo, sumado a la circunstancia que durante el periodo comprendido entre el 2018-2022, durante el gobierno de Iván Duque Márquez, se presentó un importante recorte presupuestal a las entidades del sector agropecuario, y un nuevo ciclo del conflicto que se ha caracterizado por el despojo de la tierra, siendo las principales víctimas los lideres sociales que defienden sus territorios y los lideres que hacen parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, así como, los lideres de defienden los programas ambientales(Roux Rengifo et al., 2022).
El panorama frente a esta problemática es desalentador, si en cuenta se tiene que en el tomo Sufrir la Guerra y Rehacer la Vida, del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (2022), se plasmó que durante la anualidad del 2020 Colombia ocupó el primer lugar en el mundo en asesinatos de defensores de derechos humanos, puesto que de los 331 casos que se presentaron a nivel mundial, 177 ocurrieron en Colombia, es decir, con un porcentaje de 53%, seguido por Filipinas con 25 casos(Roux Rengifo et al. 2022).
Medidas de carácter legal frente a la situación de homicidios de Defensores de Derechos Humanos y Líderes Sociales en Colombia
La difícil situación por la que están pasando los defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia, ha generado que diferentes grupos de la sociedad como las ONGS, medios de comunicación, organismos internacionales de Derechos Humanos y los entes de control del Estado, como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo le exigieran al Gobierno Nacional que tomara una serie de medidas con el fin de ponerle un alto al homicidio de esta población dentro del país.
Como respuesta a las preocupaciones de estos actores y la delicada situación de violación de los derechos fundamentales de esta población, el Gobierno Nacional decidió expedir en un primer momento el Decreto 2252 de 2017 por medio del cual se adiciona el Capítulo 6, del Título I de la Parte 4, del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, en adelante DURSAI. Este Decreto, buscó establecer una serie de medidas de carácter legal por medio de las cuales los gobernadores y alcaldes tuvieran las herramientas necesarias a nivel regional para proteger a los líderes sociales y a los defensores de derechos humanos que se encuentren en riesgo, este Decreto consta de 2 dos artículos. El primer artículo, se encarga de introducir el nuevo texto compuesto por 6 artículos donde se define el actuar de los agentes territoriales frente a los líderes y defensores que se encuentren en una situación de riesgo, mientras el artículo 2 establece el régimen de vigencias y derogatorias del Capítulo 6 del DURSAI.
El artículo primero del Decreto anteriormente mencionado, establece y desarrolla de manera sucinta quienes son los principales responsables de la protección de los líderes sociales y de los defensores de derechos humanos, donde los gobernadores y alcaldes tienen en un primer momento el deber de protección respecto a esta población, donde deben cumplir y desarrollar las 9 responsabilidades contenidas en el artículo 2.4.1.6.3, el cual hace parte del capítulo 6 del Título 1, de la Parte 4, del Libro 2, Decreto 1066 de 2015, Único Reglamentario del Sector, Administrativo del Interior, modificado por el artículo primero del Decreto primeramente citado, el cual de manera genérica establece la responsabilidad de prevenir, diseñar, coordinar y establecer las estrategias tendientes a evitar, atender, controlar y realizar un seguimiento de la situación de los líderes sociales y defensores de derechos humanos que se encuentren en situación de riesgo. Por otro lado, este primer artículo les asigna las responsabilidades y deberes anteriormente mencionados a los inspectores de policía y corregidores, así como a los comandantes de estación, subestación y centro de atención inmediata de la Policía Nacional (Decreto 2252, 2017).
Sin embargo, el Decreto 2252 de 2017 no logró poner un alto a la situación de los líderes y defensores ya que el número de homicidios cada vez iba en aumento, ante esta situación y la presión ejercida sobre el Gobierno Nacional, este último decidió expedir el Decreto 660 de 2018 por el cual se adiciona el Capítulo 7, del Título 1, de la Parte 4, del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, para crear y reglamentar el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios; y se dictan otras disposiciones. Este Decreto, está compuesto por 3 artículos generales, los cuales contienen 64 artículos y 5 secciones. La primera sección se encarga de establecer las disposiciones generales; la sección segunda por su parte establece las medidas integrales de prevención, seguridad y protección; la sección tercera se refiere a los promotores comunitarios de paz y convivencia; por otro lado, la sección cuarta introduce el protocolo de protección para territorios rurales; finalmente, la sección 5 consagra el componente de apoyo a la actividad de denuncia de las organizaciones de derechos humanos en los territorios.
También se expidió el Decreto 898 (2017), con el objetivo de crear y conformar al Interior de la Fiscalía General de la Nación la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de organizaciones que atenten contra los defensores de derechos humanos y lideres sociales, el cual consta de 67 artículo, el cual, en términos generales, otorgó funciones especiales a la unidad creada y modificó la estructura, organización y funcionamiento al interior del ente investigativo ya reseñado.
En el Decreto 660 (2018) se destaca el artículo 2.4.1.7.1.1. donde se establece como objeto de la norma la creación y reglamentación del Programa Integral de Seguridad y Protección para las comunidades y Organizaciones en los Territorios, con el fin de adoptar las medidas necesarias de protección integrales para los líderes sociales y defensores de derechos humanos entre otros actores. Así mismo, el artículo 2.4.1.7.1.3. establece como sujeto del programa anteriormente mencionado a los líderes sociales y defensores de derechos humanos que se encuentren en situación de riesgo.
Dentro de la misma línea, el Decreto en cuestión contempla la elaboración e implementación de los Planes Integrales de Prevención, los cuales consisten en la elaboración de un plan metodológico donde se establecen unas medidas de prevención y protección a partir del análisis contextual del riego para los sujetos objeto de protección, un análisis exclusivo del riesgo, la identificación de los diferentes escenarios, la definición de las medidas pertinentes, el seguimiento y evaluación de las medidas propuestas. Por otro lado, el Decreto busca establecer unas medidas para la prevención y superación de la estigmatización y discriminación de los sujetos protegidos por esta norma. Aunado a lo anterior, el Decreto establece un despliegue preventivo de seguridad en cabeza de las autoridades territoriales y de Policía. Así mismo, la norma crea la figura del comité técnico de los componentes de promotores comunitarios de paz y convivencia, y de apoyo a la actividad de denuncia, así como la figura de los Promotores Comunitarios (Decreto 660, 2018).
El Decreto 660 (2018), define en su artículo 2.4.1.7.3.2. a los Promotores Comunitarios como personas naturales, que se destaquen como líderes sociales o defensores de derechos humanos dentro de su comunidad, que trabajaran de manera conjunta con las autoridades con el fin de dar una solución pacífica a los conflictos existentes entre los miembros de la comunidad, así como aportar para la prevención, protección y defensa de los derechos humanos en su comunidad. Por otro lado, este Decreto establece que las medidas de protección y prevención deberán ser diseñadas, desarrolladas, implementadas y ejecutadas en la totalidad del territorio nacional por las autoridades territoriales, es decir, los gobernadores y alcaldes de manera articulada con las autoridades judiciales y de policía.
Así mismo, el Congreso expidió a la Ley 1908 del 2018 el 9 de julio en el diario oficial con el No 50.649 por medio de la cual se buscó fortalecer la investigación y judicialización de organizaciones criminales, y se adoptaron medidas para la sujeción a la justicia. Esta Ley está conformada por 60 artículos, 3 títulos y 4 capítulos donde se busca una protección desde un punto de vista individual haciendo énfasis en los líderes, y defensores de derechos humanos. Es importante mencionar que esta ley fue presentada por el Ministerio del Interior con el fin de cumplir con parte de las recomendaciones formuladas en el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas en el mes de mayo del año en curso.
Dentro de la Ley mencionada, las amenazas a líderes sociales y defensores de derechos humanos se convierten en un delito autónomo (Ley 1908, 2018, art 188E), donde se establece una pena de 7 a 10 años de prisión. Por otro lado, el constreñimiento al avance en programas de desarrollo de carácter social también será castigado con penas de 4 a 6 años de cárcel (Ley 1908, 2018, art 182A). Finalmente, la protección ya enunciada en los artículos citados anteriormente que se le proporciona a los defensores de derechos humanos y líderes se extiende a los grupos familiares, personas o comunidades que sufran como sujetos pasivos, es decir víctimas, amenazas por parte de los grupos al margen de la ley y de los individuos que hagan parte de estos, quienes se verán expuestos a una pena de 4 a 8 años (Ley 1908, 2018, art 347) por incurrir en dichas conductas.
Finalmente, el Gobierno Nacional expidió el documento CONPES 4063 de 2021, con el propósito de definir la política pública de garantías y respeto a la labor de defensa de los derechos humanos y el liderazgo social, el cual busca desarrollar una gestión integrada que permita consolidar los esfuerzos con el fin que las personas de se dedican al liderazgo social y la defensa de los derechos humanos, puedan desarrollar su labor dentro del marco sólido del respecto a la vida, libertad, integridad y seguridad (Departamento Nacional, Consejo Nacional de Política Económica y Social, República de Colombia, 2021).
En ese documento, se afirma que entre el periodo comprendido entre el 2016 y 2020 se tuvo conocimiento de 528, de los cuales 94 aún están en verificación, es decir, que si se hace un comparativo con los lideres sociales y defensores de derechos humanos que han sido asesinados y se encuentra registrados por Indepaz, existe una diferencia de por los menos más de 300 homicidios durante el mismo espacio de tiempo (Departamento Nacional, Consejo Nacional de Política Económica y Social, República de Colombia, 2021).
Dentro del diagnóstico realizado al expedirse el CONPES en comento (2021), se evidenció la ausencia de un procedimiento institucional para la verificación de homicidios, siendo una necesidad apremiante, ya que hasta el momento no existe una entidad que consolide y verifique las cifras y tampoco haga un seguimiento a dicho flagelo (Departamento Nacional, Consejo Nacional de Política Económica y Social, República de Colombia, 2021).
CONCLUSIÓN
A manera de conclusión, se puede determinar que el fenómeno de los homicidios de los defensores de derechos humanos y los líderes sociales, se ha caracterizado por tener sus propias dinámicas de tiempo, modo y lugar, las cuales están en gran medida determinadas por el contexto sociopolítico que se encuentre atravesando el país. Muestra de ello es el aumento de los homicidios con ocasión del posconflicto, donde nuevos actores armados que buscan asumir el vacío de poder dejado por grupos como las FARC utilizan el homicidio de personajes relevantes que tienen la vocería dentro de las comunidades, y que utilizan dicho liderazgo con el fin de exigir el cumplimiento de obligaciones estatales, como un medio de desestabilización dentro de la comunidad creado zozobra, un liderazgo negativo y miedo entre sus integrantes.
Así mismo, se ve el hecho de que este fenómeno se presente en las áreas con poca parecencia estatal y donde la mayoría del territorio es rural, va de la mano con la construcción de estructuras de poder que permiten mantener y asegurar la rentabilidad y funcionamiento de actividades como el narcotráfico, la minería ilegal y demás actividades que van asociadas con el actuar de grupos como las Autodefensas Gaitanistas, las disidencias de las FARC y las denominas Bacrim en departamentos como el Cauca, Antioquia y Nariño.
Respecto a las medidas de carácter legal implementadas por el Gobierno Nacional, se ve que estas no proponen una solución integral a la problemática de los defensores y líderes sociales. Los dos decretos y la ley presentados dentro del trabajo, solo abordan la situación de aquellos líderes y defensores que se encuentren en riesgo, los cuales deben ser protegidos por las autoridades territoriales y no nacionales, donde el Gobierno se encarga de delegar la responsabilidad a los gobernadores y alcaldes. Por otro lado, las normas no están dirigidas a solucionar el problema como tal, ya que solo establecen un marco de acción en términos amplios, los cuales deben ser desarrollados por las autoridades territoriales, por lo que la prevención de los homicidios contra los lideres sociales y defensores de derecho humanos depende en gran medida de la voluntad política del momento.
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