La ruralidad de Ecuador y América Latina enfrenta una realidad opresiva derivada de infraestructuras incompatibles con su potencial productivo, persistencia de latifundios y sistemas técnico – científicos discordantes con la explotación sostenible y sustentable de sus recursos naturales. Contradictoriamente el Estado centra su atención presupuestaria en la urbanidad, discriminando a la población y gobiernos rurales. Bajo este contexto se interroga ¿Qué políticas públicas implementan los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales (GAD´s PR) para articular las realidades sociales que potencien la economía y la calidad de vida? El objetivo, “Promover el fortalecimiento de la institucionalidad de los GAD´s PR como entidades determinantes del desarrollo local: agropecuario y poblacional. El enfoque metodológico es mixto, método empírico – inductivo, diseño no experimental, alcance descriptivo, explicativo, correlacional, muestra probabilística, soporte legal en la constitución y leyes vigentes en Ecuador, con fundamentación en teorías sobre organización y desarrollo territorial. Los resultados expresan que el nivel de participación ciudadana en actividades colaborativas comunitarias es del 51 %, lo que afecta el funcionamiento de la estructura social, mientras que el nivel de rechazo hacia los gestores parroquiales está en 77%. El 28% perciben que las debilidades en el liderazgo impiden convertir a los sectores rurales en emporios del desarrollo local.

Palabras claves: problemática social; estrategias; desarrollo rural; participación ciudadana.

Rural problems at the crossroads of the management of autonomous decentralized parochial governments. Cases of the province of el oro

ABSTRACT

The rurality of Ecuador and Latin America faces an oppressive reality derived from infrastructures incompatible with their productive potential, persistence of large estates and technical-scientific systems that are discordant with the sustainable and sustainable exploitation of their natural resources. Contradictorily, the State focuses its budgetary attention on urbanity, discriminating against the population and rural governments. In this context, it is questioned, what public policies are implemented by the Autonomous Decentralized Rural Parochial Governments (GAD's PR) to articulate the social realities that enhance the economy and quality of life? The objective, “To promote the strengthening of the institutional framework of the GAD's PR as determinant entities of local development: agricultural and population. The methodological approach is mixed, empirical - inductive method, non-experimental design, descriptive, explanatory, correlational scope, probabilistic sample, legal support in the constitution and current laws in Ecuador, based on theories on territorial organization and development. The results express that the level of citizen participation in collaborative community activities is 51%, which affects the functioning of the social structure, while the level of rejection towards parish managers is 77%. 28% perceive that leadership weaknesses prevent turning rural sectors into emporiums of local development.

Key words: social problems; strategies; rural development; citizen participation.

Artículo recibido 20 marzo 2023

Aceptado para publicación: 05 abril 2023

INTRODUCCIÓN

La dependencia de la producción y del mercado petrolero, más allá de haberse convertido en la fuente principal de financiamiento de los gastos corrientes y de inversión social del Estado, ha significado colocar en planos no estelares al sector agropecuario, situación que ha afectado significativamente a la economía nacional especialmente al abastecimiento de los mercados urbanos, consecuentemente a las familias que sienten las repercusiones por el acceso cada vez más restringido a los productos de la canasta básica familiar provenientes de la agricultura, poniendo en serios aprietos a la sostenibilidad alimentaria.

Los problemas sociales que enfrentan las comunidades rurales tienen relación con la diversidad de los actores sociales, la estructura de las organizaciones de base, los contextos territoriales, las manifestaciones culturales, específicamente con las políticas económicas, la planeación del desarrollo, las ideologías políticas, entre otros, lo que demanda urgentemente que las instituciones del Estado en sus variadas categorías, inscriban en sus agendas al sector agrícola rural, pero no únicamente a los terratenientes, sino fundamentalmente a los agricultores que poseen el control fraccionado del suelo productivo, que son los sacrificados en el intento de producir y en los mercados donde sus productos se presentan con serias desventajas competitivas.

La agricultura ha sido una actividad familiar que ha aportado significativamente a la producción de alimentos tradicionales, ha generado fuentes de empleo, ha contribuido a enfrentar la pobreza, manteniendo la biodiversidad y la soberanía alimentaria (Araceli, Ramírez, & Pérez, 2017). Soberanía alimentaria que está suscrita a la producción campesina con fundamento en la cultura dinamizada desde las comunidades (colectivoagrario, 2009). A su vez, la soberanía alimentaria se ha convertido en el escudo para confrontar la polémica de la atención al desarrollo rural y las políticas que no respetan las necesidades de los productores a pequeña escala (Windfuhr & Jonsén, 2005).

Lógicamente en lo rural, los ejes dinamizadores de la economía siempre han girado alrededor de las actividades imbricadas la agricultura; sin agricultura no existe ruralidad y si el desarrollo rural es invisibilizado, difícilmente se puede hablar de desarrollo sostenible y de seguridad alimentaria. Y sin derecho a la alimentación se niega el derecho a la dignidad del ser humano, por tanto se pierde el valor de la vida (Gordillo & Méndez, 2013).

Los diferentes gobiernos permanentemente han postergaron el diseño de políticas de apoyo efectivo al sector agropecuario y como consecuencia, este sector se enfrenta a condiciones económicas y sociales críticas que impactan sustancialmente a los campesinos, empujándolos a la precariedad agrícola y a la migración, afectando indirectamente a la urbanidad, con el inminente riesgo de fomentar entornos de inseguridad alimentaria, provocada precisamente por la escases de productos agrícolas y las repercusiones inflacionarias que la crisis de la agricultura genera en los mercados urbanos locales, regionales y mundiales.

Para Silva (2003), si bien en América Latina existen áreas geográficas rurales que han experimentado mayores niveles de desarrollo, las realidades generalizadas son la ausencia de infraestructuras y las necesidades básicas insatisfechas. Localidades con altas tasas de analfabetismo, bajos niveles de escolaridad, tasas de desocupación por sobre los promedios. En términos generales, las áreas rurales de la región presentan una mayor prevalencia de la pobreza y problemas estructurales; En el año 2019 la tasa de pobreza rural se ubicó en el 45% y la pobreza extrema en el 21,2% (Genta, Riffo, Williner, & Sandoval, 2022). En tanto que en Ecuador, en el primer trimestre del 2022, la pobreza en el área rural asciende al 42,9% y la pobreza extrema al 22,7% (INEC, 2022). Las causas aparecen asociadas al desempleo y los bajos salarios; en el segundo semestre del 2022 la tasa de empleo adecuado alcanzó el 17,6% y el subempleo el 23,3% (INEC, 2022).

La desatención real a los problemas de la ruralidad es endémica en Ecuador y los demás piases de la región, esto explica las condiciones del subdesarrollo en los que se ubica a América Latina y El Caribe, lo que obliga a replantear el horizonte del desarrollo rural con un trabajo que mejore el enfoque de orden técnico científico, financiero y cultural, para lograr equilibrios locales y regionales. Consientes que una igualdad real o sustantiva “requiere una estructura socio-económica y política que promueva la justicia social y el crecimiento inclusivo para mayor prosperidad de todos”, (CEPAL, 2015, pág. 8). Para ello, lo prioritario es entender que Ecuador al igual que los países de la región, se siguen debatiendo en un modelo productivo primario agroexportador extractivista incapaz de superar las inequidades de la clase campesina (Zamora, Espinoza, Reyes, & Moreno, 2021).

La ausencia de políticas públicas estatales ejecutadas desde los gobiernos locales según los niveles de concreción territorial, destinadas a atender las demandas sociales de los sectores rurales, en Ecuador y en la provincia de El Oro, ha sido el vector histórico que ha ocasionado una descontrolada movilidad humana, en principio, desde la región sierra hacia la región costera y en las décadas de los cincuenta del siglo XX, desde las zonas rurales hasta los centros urbanos; el año 1950 la población de Machala, capital de la provincia de El Oro, era de 7.549 habitantes y de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador (2010), para este año ya eran 241.606, con proyección al 2020 de 289.141. En tanto que la población de la provincia de El Oro en 1950 fue de 89.306 y en el 2010 de 600.659, con proyección al 2020 de 715.751. Así mismo, la población rural en 1950 se ubicaba en el 74%, mientras que en los centros urbanos estaban el 26%. Situación que se modificó ostensiblemente, ya que en el 2010 lo urbano representaba el 73% y los habitantes rurales constituían el 23%.

En estas inequidades territoriales, entre lo urbano y lo rural, se explican las disfuncionalidades de la ciudad atravesada por problemas de hacinamiento, proliferación de asentamientos periféricos con limitaciones en la disponibilidad y acceso a servicios básicos, inseguridad ciudadana, cuya dicotomía pone en evidencia la crisis del modelo de desarrollo urbano nacional y la ineficiente gestión de los gobiernos locales municipales y parroquiales para controlar y planificar el suelo en el territorio local, como expresión del crecimiento descontrolado de las urbes y la precarización de los sectores rurales, sinónimo de pobreza y exclusión, que en lo social se manifiesta en la poca o nula capacidad de articular a los actores del territorio a la búsqueda de modelos más eficientes para su desarrollo (MIDUVI, 2015).

De allí que es urgente la presencia del Estado y de una acción más efectiva de los GAD´s parroquiales rurales, con planes, programas y carteras de proyectos debidamente financiados, coherentes con las particularidades de cada entorno, sobre todo donde el eje central no sea el servicio por el servicio, sino que todas las acciones pongan como actor principal de la agenda al ser humano, enfatizando en los principios de igualdad, equidad, inclusión y la distribución equitativa de la riqueza, con una firme convicción de servicio y práctica de los principios de la ética y la moral, para superar las desigualdades económicas, sociales, culturales, políticas y/o productivas, toda vez que la complejidad de los problemas requiere de respuestas institucionales más satisfactorias (IICA, 2019).

Como menciona la FAO (2019), los profundos cambios en la economía mundial, ha implicado nuevas formas de producir, distribuir y consumo de alimentos, planteándose exigentes retos a la seguridad alimentaria en el ámbito de la nutrición y la salud, lo que obliga a repensar la organización colectiva, la gestión estatal, la infraestructura vial, la disipación de las exclusiones y en la diversificación productiva con base en el sector agropecuario, para situarlo al sector rural como el motor principal del desarrollo, desde una perspectiva sustentable, considerando que la globalización y sus modelos económicos presionan a las naciones periféricas como Ecuador a volver la mirada a la explotación extractivista de la tierra.

Es urgente trabajar en la descentralización de políticas públicas, trasladándolas a la ruralidad, que concentren esfuerzos en el planteamiento de respuestas a la crisis, reactivación y trasformación productiva, que permita mejorar las condiciones sanitarias, educativas, infraestructura vial, asesoría técnica, financiera y enfrentar los problemas estructurales de las áreas rurales (Quicaña, 2020). Toda vez que las realidades con frecuencia quedan ausentes de la planificación prospectiva, situando la actividad agropecuaria a merced de los saberes cotidianos del habitante rural, lo que incrementa las disparidades del territorio, pero que demandan soluciones tangibles acentuadas en las potencialidades endógenas del mundo ruralista, que es un espacio diverso, profundamente diferenciado del mundo citadino.

Es fundamental para el sector rural legislar políticas públicas encaminadas a propiciar asistencia técnica, capacitación, créditos blandos y a largo plazo, ayuda tecnológica y equipamiento, mecanismos de comercialización, creación de un sistema vial óptimo que permita que los productos del campo ingresen directamente a los mercados y sus consumidores, ampliación de los programas de titulación de tierras y su justa redistribución, de tal manera que los principios de igualdad, equidad, inclusión y distribución equitativa de la riqueza sean hechos tangibles y visibilizados para las comunidades del sector rural de la provincia de El Oro y del Ecuador.

En tal sentido, se ratifica en la necesidad de que se requiere del diseño de estrategias enfocadas a enfrentar y combatir los problemas del subdesarrollo que depende del modelo de crecimiento utilizado en la región (Pearce, 2012). Lo que implica una profunda reestructuración del sistema de producción motivada por el Estado y con participación de todos los actores sociales y empresariales.

Las herramientas están provistas, Bermeo (2015) dice, los GAD locales (provinciales, municipales, parroquiales), por mandato constitucional y ley orgánica de organización territorial, Autonomía y descentralización (COOTAD), tienen como competencia exclusiva, fomentar las actividades productivas y en su contexto promover el desarrollo agropecuario articulado directamente con la los elementos característicos de la seguridad alimentaria; consecuentemente, con un enorme potencial para la dinamización económica y la ocupación de la mano de obra local rentalizada.

Implica por lo tanto, un llamado de atención a los líderes de los GAD parroquiales rurales a trascender desde la inoperancia, la medianía, ya que son quienes deben asumir un rol más protagónico en la gestión del desarrollo local; obligatoriamente tienen que desmontar la incapacidad técnica y financiera, para asumir con solvencia la administración de las competencias de salud, educación, dotación de servicios básicos, etc. Desarrollando a su vez, facultades planificadoras que detecten las áreas prioritarias de inversión, que incentive la asociatividad empresarial y tecnológico.

METODOLOGÍA

Es una investigación de tipo básica, de alcance descriptivo, de diseño no experimental, enfoque cuantitativo, articulado al método inductivo, toda vez que recoge información basada en una muestra probabilística con un margen de error del 5 %, en seis parroquias rurales de la Provincia de El Oro, con universo poblacional de 17.782 habitantes. Para la recolección de los datos empíricos se ha diseñado un instrumento de encuesta. También se ha elaborado un instrumento de registro de información mediante la técnica de la observación estructurada. Se hace una revisión del estado del arte sobre la temática.

Además, se hace la revisión bibliográfica y análisis de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) e instrumentos legales y de planificación en los que se sustentan las competencias específicas de los GAD´s PR, como parte de la organización territorial del Estado ecuatoriano, consagrado en el Art. 242 de la Constitución vigente desde el 2008.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las encuestas aplicadas con la utilización de un instrumento de recolección de datos empíricos incorporan las variables que a continuación de describen:

Tabla 1. Distribución porcentual según problemática social de los GAD´s parroquiales rurales

Dimensiones	Indicadores	%	Total
Participación comunitaria en la gestión administrativa	En la planificación del desarrollo Rendición de cuentas	4 5	100
	Consejos barriales	6
	Asambleas populares	5
	Comisiones de gestión	3
	Ninguna	77
Calidad de la gestión administrativa	Muy buena	4	100
	Buena	19
	Regular	38
	Pésima	39
Factores de incidencia en la deficiente gestión administrativa	Conflictos políticos en la organización	26	100
	Estrategias de gestión inadecuadas	4
	Escasa capacidad de convocatoria	16
	Debilidades en el liderazgo	28
	Escasa organización de dirigentes	23
	Ninguna	3
Acciones promovidas por el GAD Parroquial Rural para la convivencia social.	Motivan la participación ciudadana	2	100
	Incentivan la cohesión social	3
	Espacios de integración comunitaria	8
	Incentivan prácticas de buena vecindad	16
	Provoca exclusión	30
	Ninguna	41
Fuente: encuesta habitantes de parroquias rurales de la provincia de El Oro

Como se aprecia en la tabla 1, la participación comunitaria a través de mecanismos como: planificación del desarrollo, rendición de cuentas, consejos barriales, asambleas populares, comisiones de gestión, es ampliamente menor a los que no participan, la relación es 23% a 77%. Situación que afecta a la organización y la estructura social, pues la inhibición de la actoría social debilita la gestión para la construcción y mantenimiento de infraestructuras que hacen posible la disponibilidad de servicios básicos que apunten a lograr el buen vivir; toda vez que la participación ciudadana es el mecanismo por el que los vecinos se involucran activamente en la toma de decisiones (Rojas & Sánchez, 2021).

La participación ciudadana o comunitaria es clave en las organizaciones rurales o urbanas, es lo que le da soporte de los líderes en los procesos de gestión frente a instituciones. Su presencia afianza la canalización de recursos que impliquen el montaje de cadenas de valor que tributen a dinamizar las economías desde lo endógeno, teniendo en cuenta que los territorios rurales son territorios eminentemente agrícolas. Además, la participación ciudadana en el ejercicio de los gobiernos en territorio, significa abrir canales de comunicación para escuchar e intercambiar ideas a través del diálogo directo, lo que es clave para generar confianza legitimadora de la gestión (Calle & Costales, 2021).

En efecto la participación ciudadana asume como fundamento que los ciudadanos pueden contribuir de manera eficaz y original al diseño de políticas públicas a partir de los recursos de la sociedad (Arévalos, Báez, Cuenca, & Navarro, 2022). Es un hecho histórico asumido como un proceso que genera sinergias y relaciones horizontales entre gobernantes y ciudadanos, basado en una comunicación fuerte que provoque la construcción de ambientes armónicos (Argudo & Castillo, 2021). Puntualizando que la participación está asociada a la calidad de los procesos, a los resultados y a la mejora permanente de la gestión y confianza de los ciudadanos (López, 2022).

La ruralidad es el pilar fundamental en la alimentación, sus principales actividades asociadas a la agricultura se han reproducido de generación en generación (Patiño, Contreras, & López, 2022). Siendo imprescindible que las estructuras administrativas transparenten la gestión y sobre todo, el uso de los recursos económicos a través del mecanismo de control social: rendición de cuentas, si se quiere aspirar a una gestión efectiva. Tomando en cuenta que la gestión es el modo de hacer que los gobiernos locales proyecten, organicen e implementen acciones que dinamicen las fuentes y factores del desarrollo (Trujillo, Perón, Loredo, & González, 2022). Entendiendo que la gestión pública es la acción de gerenciar de manera eficiente y correcta los recursos (Valdiviezo & Luján, 2022).

En el caso del mecanismo de rendición de cuentas en los GAD´s PR, los ciudadanos perciben como un proceso manipulado e incompleto, que no trasparenta la gestión. Los actores institucionales condicionan la participación, limitan el derecho a intervenir, liberando la intervención únicamente a quienes han sido nominados a participar en asambleas, a los que previamente se les consigna lo que deben preguntar, de esta manera frenan la participación espontanea del resto de asistentes, cerrando el acceso a los datos estadísticos, balances, contabilidad, etc que permita contrastar la veracidad de lo que informan, a pesar de que la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el Art. 1 y 7, enfatiza en que toda la información es pública, por tanto, están obligados a difundirla. Con las excepciones que la misma Ley prevé.

Por lo tanto la rendición de cuentas es un mecanismo que otorga a la ciudadanía información para auditar acciones u omisiones de las servidoras y servidores públicos que administran recursos públicos, así como, auditar, vigilar el cumplimiento de las políticas públicas, los planes de desarrollo y demás instrumentos de gestión (CNE, 2016).

Se adiciona a lo anterior el problema de la legitimación de los liderazgos rurales; es contundente el nivel de inconformidad a la gestión de los integrantes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales (GAD-PR), la calificación de mala y/o pésima se ubica en el 77 %. En términos de la percepción ciudadana, representa que la gestión es descalificada, acusada a variables como: la percepción del 97% de los pobladores que aluden a la deficiente gestión administrativa, vista desde los conflictos políticos internos, estrategias de gestión inadecuadas, escasa capacidad de convocatoria a asambleas o sesiones de trabajo, debilidades en el liderazgo y a desacuerdos entre dirigentes.

Indicadores que dejan entrever que los sistemas de comunicación están fallando. Situación que debe corregirse, la comunicación es un eje vertebrador en la tarea de proporcionar información que apunte a despertar la comprensión, motivación y la cooperación e intereses, para que los vecinos cumplan tareas específicas en el marco de la construcción de una solidaridad comunitaria (Chiavenato, 2001).

El tema de la debilidad de los liderazgos tiene impacto directo e inmediato en la capacidad de gestión, consecuentemente afecta la confianza de los colectivos en la medida que se aleja la posibilidad de ver materializadas las aspiraciones sociales. Por ello, uno de los factores claves en la administración institucional, empresarial u organizacional es la capacidad de gestionar la resolución de problemas. Stoner y otros (1996) en su libro sobre administración, advierten que la gestión administrativa es una especialidad que trata de las cuestiones referentes al tiempo y a las relaciones humanas que se representan en las organizaciones, poniendo énfasis en las habilidades de dirección.

En cuanto a la convivencia social, el 30% que sostienen que hay exclusión, sumado al 41 % que manifiestan que no se promueve la cohesión social, evidencia que las gestiones de los GAD´s PR, se desarrollan en una estructura cerrada, alejada de la visualización de los vecinos y sobre todo, de integración entre los ciudadanos de la sociedad civil, que son los mandantes frente a los representantes de las Juntas Parroquiales. Consecuentemente, se advierte un serio fraccionamiento, entendido como un fenómeno estructural, que no es algo nuevo, aunque en la actualidad se caracterice por la fractura de elementos básicos de integración y la aparición de un nuevo factor que es el individualismo, que lo aleja de la vieja tradición de conflicto derivado de la débil cohesión. Pero la cuestión está en las estrategias para lograr que dicha integración sea colectiva o individualizada.

En esta línea Touraine (1998), analiza el tema de la integración social como un hecho que subraya la participación primaria de los actores sociales, por sobre las normas y valores impresos carentes de legitimidad. Por tanto, al carecer de aspectos que alienten la convivencia social entre representantes y habitantes, adicionado a que existe un índice preocupante de exclusión, la gestión de los gobiernos parroquiales, cae en un foso multidimensional y politizable, por cuanto se generalizan los riesgos de vulnerabilidad que repercuten en lo económico, social, político y cultural, conectados directamente con las condiciones en las que se debaten los habitantes del contexto local.

Tabla 2. Estrategias de fomento de la cohesiona social en el contexto rural.

Dimensiones	Indicadores	%	Total
Concreción de mecanismos de participación ciudadana	Rendición de cuentas	36	100
	Presupuestos participativos	32
	Conformación de veedurías	29
	Ninguno	2
Acciones que deberían programas los gestores locales.	Programas de capacitación	47	100
	Organizar casas abiertas	31
	Programas culturales	20
	Ninguna	2
Las mingas como espacios intersectoriales de participación colectiva.	Población predispuesta a participar	95	100
	Nunca	5	100
Frecuencia para la participación en mingas	Cada mes	60	100
	Cada tres meses	20
	Cada seis meses	10
	Cada año	5
	Nunca	5
Fuente: encuesta habitantes de parroquias rurales de la provincia de El Oro

En la tabla dos se describen las estrategias que según los habitantes de los sectores rurales deberían impulsar los gobiernos locales para motivar la cohesión social en torno a mejorar la participación ciudadana en asunto de interés colectivo. Toda vez que la participación ciudadana es un factor que incide en la toma de decisiones políticas, principalmente para canalizar las respuestas a las demandas ciudadanas (González, 2022). En este sentido el 98% de los informantes consideran que es indispensable activar mecanismos de participan ciudadana, como: la rendición de cuentas, los presupuestos participativos, las veedurías ciudadanas.

Su importancia estriba en que la participación ciudadana rebasa el hecho de la presencia en sí misma de los sectores sociales en la exigencia de reivindicaciones colectivas; la participación ciudadana lleva implícito el concepto de democracia que a su vez traslada a la acepción del gobierno del pueblo, significa entonces que el gobernante debe poner en primer plano al mandante, haciéndole posible sus derechos ciudadanos (Conopoima, 2022). La participación ciudadana se trata de un proceso en constante construcción. Es un desafío en el marco de un Estado democrático de derecho y derechos, que equivale al compromiso sociopolítico de fortalecer una ciudadanía responsable y activa (Arrioza, 2012).

Como se puede deducir, los gobiernos autónomos descentralizados rurales tienen una serie de herramientas sugeridas por los mismos sectores sociales; en el plano de la promoción de la integración social, el 98% sostienen que los gestores institucionales pueden llegar con programas educativos, organización de casas abiertas, actividades culturales; esto se complementa con otros recursos potentes en la gestión comunitaria, se trata de un recurso ancestral, como las mingas, en las que están dispuestos a participar el 95% de los pobladores, de los que el 60% lo harían cada mes.

CONCLUSIONES

Se advierte que la escasa participación ciudadana aparece adscrita a la deficiente gestión administrativa y el débil liderazgo, lo que genera elevados el índices de inconformidad de los habitantes hacia los directivos de los gobiernos parroquiales rurales, en gran parte por reflejar estructuras deficientes en sus procesos administrativos, con sistemas de rendición de cuentas secuestrados; etiologías que impiden el desarrollo sostenible desde la gestión de las Juntas Parroquiales Rurales. Lo que obliga a apalancar la gestión de estos organismos comunitarios en las estrategias, funciones y atribuciones prescritas en los instrumentos legales como la Constitución 2008, el COOTAD y los PDOT, para promover el Buen Vivir de los habitantes de las jurisdicciones territoriales rurales.

Se aprecia una realidad extremadamente opresiva y limitante para los pueblos de las zonas rurales en el Ecuador y en América Latina, como en el caso de los contextos objeto de tratamiento en el presente estudio, debido a la ausencia del Estado, que deriva en una infraestructura física carente e incompleta, incompatible con el potencial productivo articulado a la agricultura, característico de las zonas rurales.

Se identifican actitudes divisionistas al interior de los colectivos de representantes de las Juntas Parroquiales por cuestiones políticas, tomando como marco las ideologías que desencadenan en dogmatismos. Utilizando como instrumentos de exclusión y disociación, consecuentemente los puntos de convergencia se ven afectados por posiciones subjetivadas, cuyas repercusiones se evidencian en el estancamiento de las infraestructuras y los frenos en el acceso a servicios de básicos de mejora calidad y cobertura.

Existen condiciones para la inserción de los habitantes en procesos de integración social, como herramienta que tribute al fortalecimiento de la cohesión comunitaria. Este es un elemento social que debe aprovecharse, la promoción y apoyo de este tema en el ámbito local se enmarca en los objetivos estratégicos del Buen Vivir

En las comunidades rurales se mantiene vigente la acción colectiva ancestral de la minga; el 95 % de los habitantes se muestran predispuestos a participar en este tipo de cooperación comunitaria, lo que se convierte en una fortaleza que debe aprovecharse para impulsar el trabajo colectivo; es una característica esencial para el progreso local y recobrar la construcción humana, apuntando al fortalecimiento del tejido social, la organización colectiva, la capacidad de trabajar, vivir, compartir en comunidad.

RECOMENDACIONES

Deben imprimirse modificaciones profundas estructurales y funcionales, aprovechando el interés ciudadano por actividades de integración social, rescate de prácticas culturales y la predisposición a la contribución mediante mingas, como espacios de relaciones intersectoriales, con el propósito de darle una mayor consistencia a la estructura y funcionamiento de estas instancias de concreción territorial del Estado Ecuatoriano, pues de su inaplicabilidad se derivan actos como descoordinación, debilidades del liderazgo, escasa participación y asimetrías entre directivos.

Resulta imprescindible ejercer presión social hacia el Estado, en sus diversos niveles de concreción territorial; pues su presencia es urgente; primero con una seria planificación que diagnostique las realidades profundas de la ruralidad; segundo, con programas que apuntalen la fuerza productiva de los pequeños y medianos agricultores, a los que tienen que hacerse viables sistemas de crédito, asesoría técnica y garantizárseles mercados locales, nacionales y/o regionales donde puedan competir en igualdad de condiciones.

En necesario que el gobierno diseñe fórmulas de desintoxicación urbana, volviendo atractiva a la ruralidad, lo que implica atender a las zonas rurales: con mayor y mejor infraestructura vial, caminos vecinales estables, medios de comunicación y conectividad accesible, instituciones de educación en todos los niveles que posibilite a los niños y jóvenes una formación científica y técnica orientada a la explotación eficaz y provechosa de los recursos naturales de su entorno geográfico, sistemas médicos que posibiliten el disfrute de una vida saludable, programas educativos de fortalecimiento de habilidades y destrezas para intervenir en procesos de convalidación de prácticas ancestrales, dar valor agregado a las materias primas, diversificar la producción y construir una cultura del emprendimiento en unidades colectivas, individuales y familiares.

Las ideologías políticas no pueden ser instrumentos de exclusión y disociación, solo pueden ser concebidas como instrumentos de análisis, interpretación y solución de los problemas económicos y sociales. Deben ser mecanismos de convalidación de la participación ciudadana y fortalecimiento de la democracia, en procura de fortalecer la Constitución y las leyes, las que a su vez, deben reformarse en función de los nuevos imperativos económicos, científicos, tecnológicos y culturales, que estén condicionados, en buena medida, a los requerimientos de la producción rural, para lo cual se hace necesario la incorporación de un sistema jurídico y políticas públicas que en otros contextos han permitido experimentar mayores grados de desarrollo.

Es fundamental que se generen programas de capacitación sobre participación ciudadana, por considerar esencial la creación de espacios donde puedan expresar sus puntos de vista, como un derecho a la opinión sin ser censurados, ya que es una forma de aportar al desarrollo de la institucionalidad parroquial. Esto permitirá que los moradores puedan asumir conocimiento de cómo inmiscuirse en el desarrollo de sus parroquias, además de fortalecer las formas de organización de la sociedad civil, como las comisiones barriales, organizaciones, entre otros, en ambientes de dialogo constructivo y argumentado entre la ciudadanía y los representantes, donde se abran las oportunidades de llevar a cabo un seguimiento y evaluación de la gestión de los asuntos públicos impulsados por los integrantes de los GAD´s PR.

Es importante aprovechar el potencial que otorgan las mingas comunitarias, ya que se configuran en plataformas de integración; más allá de espacios intersectoriales, significan un proyecto para la sociedad en tanto convoca a diversos sectores y organizaciones. Teniendo en cuenta estos espacios de interacción colectiva y solidaria, es indispensable desarrollar estrategias comunicativas que profundicen el sentido de unión y organización, superando la resistencia o el conflicto que haya entre moradores y representantes.

LISTA DE REFERENCIAS

Araceli, M. M., Ramírez, M. C., & Pérez, S. A. (2017). Soberanía y Seguridad Alimentaria: propuestas políticas al problema alimentario. Economía y Políticas Públicas(69), 9-26. Obtenido de https://www.scielo.org.mx/pdf/textual/n69/2395-9177-textual-69-9.pdf

Arévalos, F. H., Báez, S. J., Cuenca, B. D., & Navarro, G. A. (2022). La participación ciudadana en la rendición de cuentas de los fondos municipales. Ciencia Latina, 6(3), 2665-2686. doi:https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i3.2409

Argudo, D. B., & Castillo, O. Y. (2021). Metodología de participación ciudadana en el proceso de desarrollo rural endógeno en el caso Cantón Limón Indanza. . Ciencia Digital, 3(11), 67-82. doi:https://doi.org/10.33262/concienciadigital.v4i1.1.1547

Arrioza, s. R. (2012). Desafios de la participación ciudadana en el Estado democrático de derecho. San José, Costa Rica: FLACSO. doi:https://www.corteidh.or.cr/tablas/31001.pdf

Bermeo, F. (2015). Seguridad Alimentaria: Responsabilidad de los Gobiernos Autonomos Descentralizados Pprovinciales. Quito - Ecuador: ABYA YALA. Primera edición - Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO - Ecuador. Obtenido de https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/57032.pdf

Calle, C. S., & Costales, P. Z. (2021). Participación ciudadana urbana cantonal en el gobierno local. Revista Ciencias Pedagógicas e Innovación, Volumen IX,(Nº 1), 85-91. doi:https://incyt.upse.edu.ec/pedagogia/revistas/index.php/rcpi/article/view/453/483

CEPAL. (2015). Panorama del desarrollo territorial. Santiago de Chile: Buitelaar, Rudolf.

Chiavenato, I. (2001). Introduccion a la Teoria General de La Administracion (Septima ed.). Colombia: Mc Graw Hill. Obtenido de https://frrq.cvg.utn.edu.ar/pluginfile.php/15525/mod_resource/content/0/Chiavenato%20Idalverto.%20Introducci%C3%B3n%20a%20la%20teor%C3%ADa%20general%20de%20la%20Administraci%C3%B3n.pdf

CNE. (s/d de Abril de 2016). La Rendición de Cuentas como mecanismo de transparencia para fortalecer la participación ciudadana. (C. N. Electoral, Ed.) Quito, Pichincha, Ecuador. Obtenido de https://institutodemocracia.gob.ec/wp-content/uploads/2019/11/Serie-Gaceta-No.-12-Abril-2016.pdf

colectivoagrario. (2009). Soberanía alimentaria. Quito - Ecuador: Una publicación del Colectivo Agrario: CAFOLIS, HEIFER, Intermón - Oxfam, FIAN, IEE, COLECTIVO AGROECOLÓGICO, SIPAE, VECO – Andino. Obtenido de https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/54950.pdf

Conopoima, M. Y. (2022). La participación ciudadana como fórmula de apoyo en la democracia Ecuatoriana. Nullius: Revista de pensamiento crítico en el ámbito de Derecho, 3(2), 79-96. doi:10.5281/zenodo.6795184

FAO, O. d. (2019). El estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el mundo. Protegerse frente a la desaceleración y el debilitamiento de la Economía. Roma - Italia: FAO, FIDA, OMS, PMA, Y UNICEF. Obtenido de https://www.fao.org/3/ca5162es/ca5162es.pdf

Genta, N., Riffo, L., Williner, A., & Sandoval, C. (2022). Panorama del desarrollo territorial de América Latina y el Caribe 2022. Santiago de Chile: Comisión Económica para américa Latina y el Caribe - CEPAL. Obtenido de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/48119/S2200685_es.pdf?sequence=1

González, F. (2022). Mejora de la gobernanza, con relación a la participación ciudadana, en la Municipalidad de San Martin de Porres, 2020-2022. Ciencia Latina, 6(5), 999-1030. doi:https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i5.3157

Gordillo, G., & Méndez, J. O. (2013). Seguridad y soberania alimentaria. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Obtenido de https://www.fao.org/3/ax736s/ax736s.pdf

IICA, I. I. (2019). Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe 2019-2020. San José, Costa Rica: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Obtenido de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45111/1/CEPAL-FAO2019-2020_es.pdf

INEC. (2010). V censo de población y IV de vicienda. Quito: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. Obtenido de https://www.ecuadorencifras.gob.ec/base-de-datos-censo-de-poblacion-y-vivienda/

INEC. (2022). Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU. Quito: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador. Obtenido de https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2022/Trimestre%1F_abril_junio_2022/2022_II_Trimestre_Mercado_Laboral.pdf

INEC. (2022). Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), Junio 2022. Quito: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - Ecuador. Obtenido de https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2022/Junio_2022/202206_Boletin_pobreza.pdf

López, d. l. (2022). Prevenir: con participación ciudadana. Revista española de salud pública, 96(XX), 1-12. Obtenido de file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Dialnet-Prevenir-8620580.pdf

MIDUVI, M. d. (2015). Informe Nacional del Ecuador. Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible. HABITAT III. Quito - Ecuador: Gobierno Nacional del Ecuador. Obtenido de https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/05/Informe-Pais-Ecuador-Enero-2016_vf.pdf

Patiño, R. S., Contreras, R. R., & López, S. R. (2022). Gestión de la agricultura sostenible y el desarrollo rural en las regiones del Peru. . Ciencia Latina, 6(6), 2707-2215. doi:https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i6.3589

Pearce, D. (2012). ESTRATEGIAS DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y LA GESTIÓN DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO EN COSTA RICA: ANÁLISIS DE UNA EXPERIENCIA. Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, 1.

Quicaña, E. (2020). Efectos de la COVID-19 en la economía rural de América Latina. Organización Internacional del Trabajo, 1 - 30. Obtenido de https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_760656.pdf

Rojas, C. D., & Sánchez, D. K. (2021). Empoderamiento de la ciudadanía a través de la participación iudadana para un gobierno local integral. Ciencia Latina, 5(4), 6036. doi:DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i4.758

Silva, L. I. (2003). Aspectos comunes de los procesos del desarrollo local. Santiago de Chile: Dirección de Gestión del Desarrollo Local y Regional.

Stoner , J., Freeman, E., & Gilbert, D. (1996). Administration (Sexta Edicion ed.). (P. M. Sacristán, Trad.) Mexico, Naucalpan de Juárez: Precentice Hall Hispanoamericana, S.A. . Obtenido de https://alvarezrubenantonio.milaulas.com/pluginfile.php/76/mod_resource/content/1/LIBRO%20DE%20ADMINISTRACION.pdf

Touraine, A. (1998). "El concepto de revisited" Democracia sin exclusiones ni excluidos. Caracas: Sader (ed.).

Trujillo, M. G., Perón, D. E., Loredo, C. N., & González, F. R. (2022). Procedimiento para la gestión de las relaciones de cooperación en el desarrollo local. Retos de la Dirección, 16(2), 131-154. doi:http://scielo.sld.cu/pdf/rdir/v16n2/2306-9155-rdir-16-02-131.pdf

Valdiviezo, C. M., & Luján, J. G. (2022). La gestión púbica de un gobierno autónomo descentralizado municipal en la dinámica del desarrollo local. El caso de la ciudad de Machala. Ciencia Latina , 6(6), 6280-6297. doi:https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i6.3874

Windfuhr, M., & Jonsén, J. (2005). Soberanía Alimentaria. FIAN-Internacional. Obtenido de https://www.fuhem.es/media/ecosocial/file/Boletin%20ECOS/ECOS%20CDV/Bolet%C3%ADn%204/FIAN_sob_alim.pdf

Zamora, B. S., Espinoza, H. X., Reyes, P. S., & Moreno, S. A. (2021). Sistema de innovación agrícola: una mirada a la situación del sector agrícola ecuatoriano. Revista Científica ECOCIENCIA, 8(Especial), 237-254. Obtenido de file:///C:/Users/ASUS/Downloads/647-Texto%20del%20art%C3%ADculo-1700-1-10-20211227.pdf