Integridad
pública para prevenir y combatir la corrupción de gobierno local de Lima
Metropolitana, 2022
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William Agnes Chauca Castro[1] https://orcid.org/0000-0003-3798-3023 Universidad César Vallejo Lima - Perú
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Carlos Matos Ingaruca https://orcid.org/0000-0001-8043-7285 Universidad César Vallejo Lima - Perú
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RESUMEN
El estudio tuvo el objetivo de describir el modelo de integridad pública como capacidad preventiva de combate a la corrupción de gobierno local de Lima Metropolitana, 2022. El enfoque fue cualitativo de diseño fenomenológico, de tipo básico y nivel descriptivo. Se utilizó la técnica de entrevista semiestructurada aplicando la guía de entrevista a un funcionario y cuatro directivos con facultades decisorias en la organización. Los hallazgos evidencian la carencia del desarrollo de políticas, mecanismos y lineamientos en siete componentes del estándar de integridad; no obstante, que consideran relevantes como elementos preventivos de los actos de corruptela y opuestos a la ética. Por tanto, se concluyó que el proceso de implementación del modelo de integridad en el gobierno local se encuentra en estado incipiente.
Palabras clave: corrupción; integridad pública; gobierno local; cultura de integridad.
Public integrity to prevent and combat local government corruption in Metropolitan Lima, 2022
ABSTRACT
The study aimed to describe the public integrity model as a preventive capacity to combat corruption in local government in Metropolitan Lima, 2022. The approach was qualitative phenomenological design, basic type and descriptive level. The semi-structured interview technique was used, applying the interview guide to an official and four managers with decision-making powers in the organization. The findings demonstrate the lack of development of policies, mechanisms and guidelines in seven components of the integrity standard; However, they consider relevant as preventive elements of acts of corruption and opposed to ethics. Therefore, it was concluded that the process of implementing the integrity model in local government is in an incipient state.
Keywords: corruption; public integrity; local government; culture of integrity.
Artículo recibido 01 abril 2023
Aceptado para publicación: 15 abril 2023
INTRODUCCIÓN
En el 2021 el Índice de Percepción de la Corrupción del sector público en una muestra de 180 naciones, utilizando una escala del 0 al 100, en el que 0 revela una alta corrupción y 100 significa sin corrupción, resultó que 120 países que representa el 67% llegan a una puntuación por debajo de 50, y en promedio se alcanzó 43 puntos. Advirtiéndose que, Perú, alcanzó (36) puntos descendiendo en dos (2) lugares en comparación con el año pasado, así que, se ubicó en el puesto 109 del ranking de los 180 países ordenados de menor a mayor corrupción (Transparency International, 2022). Del mismo modo, a finales del año 2020, se realizó la Encuesta Anual a los ciudadanos mayores de 18 años en dieciocho naciones latinoamericanos, resultando un aumento de la corruptela desde el 2016 al 2020, en los países de Venezuela (75%), seguido de Chile (73%), Ecuador (72%) y Paraguay con Perú (70%); no obstante, existe una disminución a nivel de Latinoamérica (Latinobarómetro, 2021). Asimismo, en la XII Encuesta Nacional de percepción de corrupción en Perú 2022, resultó que la corruptela es el segundo problema principal con un 57%, después de la delincuencia que alcanzó el 60%; asimismo, el 81% cree que la corrupción se incrementó en los últimos cinco años y el 53% estima que aumentará en los próximos periodos (Proetica, 2022). Además, desde la descentralización treinta y cuatro gobernadores regionales fueron sancionados por delitos de corrupción y cincuenta siete investigados por la Fiscalía. También, diecisiete autoridades regionales removidos del cargo por presuntos delitos, de ellas, nueve fueron electas en el año 2018 (Falen, 2022). Igualmente, el 79% de alcaldes de Lima Metropolitana, es decir treinta y cuatro de cuarenta y tres, tienen denuncias o investigaciones fiscales por colusión, tráfico de influencias, negociación incompatible, manejo irregular de fondos públicos en la pandemia, contratación irregular de funcionarios. También seis (6) alcaldes vacados por temas de doble percepción, corrupción y presuntamente pertenecer a organizaciones criminales, entre ellos, las autoridades de la Municipalidad de Lima, Municipio de San Juan de Miraflores y la Municipalidad Distrital de San Luis (Ciriaco Ruiz, 2022). Los hechos y cifras expuestos revelan que los gobiernos hacen poco o nada para prevenir y combatir contundentemente a la corrupción que ocurre en todos sus niveles, por ello, los ciudadanos ven como el tema más significativo de la nación que impide el desarrollo y por ende la generación de valor público.
Por otro lado, se tiene el Índice de Integridad Púbica (IPI) que mide la capacidad de los países para enfrentar la corruptela, a través de las dimensiones de Transparencia Administrativa, Servicios en Línea, Libertad de Prensa, Transparencia Presupuestaria, Independencia Judicial y Ciudadanía Electrónica. En el 2021 se realizó la medición de ciento catorce países en el que Dinamarca, Noruega, Nueva Zelandia y Finlandia alcanzaron entre 9.62 y 9.26 puntos frente a Venezuela, Burundi, Yemen y Chad que lograron de 2.97 a 2.30 de puntuación de un máximo de 10 puntos. En Latinoamérica y El Caribe, encabezan Costa Rica con 8.12 y Uruguay con 7.88, mientras que Perú ocupó el sexto lugar con 6.71 de puntuación (ERCAS, 2022). Además, en el 2019 los países de Visegrado evidenciaron la reducción del IPI, en comparación a los años 2015 y 2017, en el que República Checa destacó con 8.2 puntos, en tanto, Polonia, Eslovaquia y Hungría consiguieron 7.4, 7.8 y 7.1, respectivamente (Us Ya et al., 2019). Lo descrito evidencia la falta de políticas de integridad pública para enfrentar con eficacia la corrupción, que viene arraigándose en todos los aparatos del gobierno exponiendo a la sociedad y el propio Estado a sus efectos devastadores como el socavamiento de la institucionalidad y gobernanza a través de la creciente desconfianza en el gobierno y los políticos.
Ahora bien, para combatir la corruptela se platea como estrategia implementar la integridad, a fin de lograr los objetivos del Estado y la generación de valor público (OCDE, 2019). Toda vez que, la falta de integridad conlleva a la captura del Estado, con favorecimientos en la legislación y regulación gubernamental a particulares, el sector privado, políticos y funcionarios (Borgonovi & Esposito, 2017). Siendo así, es importante contar con un sistema completo, sensibilización y empoderamiento permanente de los servidores públicos, a fin de garantizar la ejecución de las políticas de prevención y sanción en las administraciones gubernamentales (Valencia, 2020). Por ello, implementar una estrategia o modelo de integridad involucra mucho más que la dación de leyes, normas o códigos de conducta, sino fomentar la cultura de integridad pública.
Es así, que los países Latinoamericanos y del Caribe integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE, así como los que pretenden incorporarse, vienen implementando políticas de integridad pública. En el 2018, entre otros, México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Perú, cuentan con leyes y programas; sin embargo, solo ocho poseen una política general para impulsar la integridad pública, seis cuentan con gabinetes que aplican en su planificación y en cinco las entidades subnacionales (OECD, 2020). En consecuencia, existe el desafío de fomentar e impulsar la implantación de modelos o programas de integridad pública en los entes gubernamentales a efectos de asegurar el cumplimiento normativo, logro de mejores resultados y garantizar su sostenibilidad, contribuyendo a la mitigación de los riesgos de corruptela y fraude (Tavares de Souza & Batista, 2021). Siendo que desde el 2015 Chile viene implementando modelos de integridad en las organizaciones públicas, como herramienta efectiva de prevención de la corrupción, iniciando con los códigos de ética. A partir del 2017 se instaló cinco componentes: a) Titular de la entidad que lidera la implementación, b) Asesores para orientar la adopción de decisiones, c) Coordinador para robustecer la cultura ética, d) Comité de Integridad y e) Aplicativo informático interna y externa de socialización y recepción denuncias. Al 2020 casi el 90 por ciento de las entidades, cuentan con coordinador, comité de integridad, programa informático de socialización y denuncias, avanzando significativamente en las políticas de anticorrupción (Pliscoff & Lagos, 2021).
Es ese sentido, de continuar con el estancamiento o retroceso de los indicativos de la percepción de la corrupción, así como la ausencia de implementación de políticas de anticorrupción efectivas y permanentes en todos los niveles de gobierno, nos veremos afectados con las consecuencias devastadoras en lo social, económico y político, como es el incremento de la desigualdad, la extrema pobreza y la ingobernabilidad. Además, la falta de gobernanza, debilitamiento de la democracia, detención del crecimiento y desarrollo del país y por ende la ausencia de valor público (Baque et al., 2020; Mamani et al., 2021; Pérez, 2020). Ciertamente, de no adoptarse medidas contundentes para frenar los actos de corruptela en los gobiernos locales, los precarios recursos públicos con que cuentan serán utilizados sin la maximización esperada y desatendiendo las necesidades de la población. En el escenario puntualizado, se formuló la interrogante ¿Cómo se describe el modelo de integridad pública como capacidad preventiva de combate a la corrupción del gobierno local de San Luis, Lima, 2022? y como objetivo general. Describir el modelo de integridad pública como capacidad preventiva de combate a la corrupción del gobierno local de San Luis, Lima, 2022.
El estudio prácticamente se justifica, porque los resultados permitieron describir el funcionamiento del modelo de integridad en el gobierno local, a través de sus nueve componentes como estrategia de prevención de la corruptela, los mismos que son de utilidad para su adaptación y mejoramiento de las estrategias de implementación en la propia organización y otras corporaciones municipales, a fin de redoblar los esfuerzos para combatir los actos de corruptela, en pro de utilizar los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía y transparencia, así como la generación de valor público. Igualmente, en lo social, debido a que se aborda una estrategia que permitirá mejorar y fortalecer los mecanismos utilizados para enfrentar eficazmente el fenómeno de la corruptela que obstaculiza el cierre de brechas y el desarrollo del país, favoreciendo a todos los ciudadanos, pero especialmente a los más desfavorecidos quienes necesitan ser atendidos por el Estado y los gobiernos locales con la dotación de servicios e infraestructura de calidad.
En su investigación, (Lizardo, 2018) estableció que en Latinoamérica no se ve la contracción en la percepción de la corrupción, a pesar de una mayor existencia de la tecnología en la civilización y un avance significativo de implementación del gobierno electrónico en las entidades públicas. El estudio de diseño no experimental cuantitativo y de alcance explicativo, se aplicó en entre otros, en Perú, Chile, Brasil, México, Guatemala, Panamá y Colombia, con mediciones entre el 2003 y 2014. El hallazgo más transcendental fue determinar que solo el eGobierno no influye significativamente en la sensación de la corruptela. En tal sentido, se debe acompañar con el desarrollo de las variables de confianza política, solidez de la democracia e institucionalidad.
Asimismo, (Miranzo, 2018) en su estudio de sistematización de las políticas anticorrupción en el nuevo método de contratación estatal de Europa, prestando atención en la incursión a la integridad y el combate a la corruptela, efectuó un análisis reflexivo de las nuevas estrategias incorporadas por la legislación española y europea, estableciendo que las políticas de integridad, para su efectividad práctica, deben nutrir toda la normatividad sectorial a efectos de adecuar las respuestas legales a las condiciones del entorno y los actos de corrupción, en aras de construir un ambiente preventivo de integridad. Por ello, el marco general normativo de integridad en la administración gubernamental se debe adaptar a los diferentes sistemas, en especial a la contratación pública. Por otro lado, concluye que un acto de corruptela lo realiza quien ostenta poder y actúa anteponiendo intereses particulares ante el interés público en menoscabo de la institución pública, vulnerando sus funciones como servidor público. Así también, que la normativa del conflicto de intereses se suma a la implementación del sistema de integridad. Aunado a ello, entre otros, el control del apoyo financiero de los partidos políticos y el lobby, la implantación de códigos de ética, la despolitización de las decisiones y el uso de las tecnologías de información y comunicación destinados a fomentar la integridad.
En la misma línea, (Lopes, 2020) en su investigación de enfoque cualitativa utilizando el método deductivo e histórico-sociológico explicó que las débiles democracias en los países de Latinoamérica necesitan implementar la integridad pública que realce los valores y la ética, promuevan la transformación de los procesos administrativos para la eficiencia. Esto debido a que identificó que los actuales instrumentos de control de la corruptela no son suficientes para revertir los efectos degenerativos en los sistemas políticos de democracia representativa. Por ello, determinó que democracias frágiles, con ausencia de controles y acciones preventivas apropiadas, son contextos propicios para la creación de organizaciones de poder corruptos. Finalmente, expresó que se debe afianzar el modelo de integridad gubernamental. Asimismo, señala que en Brasil se está planteando la política de integridad pública, que depende de: i) la conducta de los funcionarios y ética pública; ii) gestión del conflicto de intereses; y iii) rendición de cuentas de los colaboradores estatales.
De igual forma, (Gilvonio, 2021) en su estudio con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y de corte longitudinal, en una muestra de 232 servidores públicos de gobiernos locales metropolitanos de Pucallpa, Ica y Huancayo, a través de la prueba t de Student llegó a determinar que las actuales políticas públicas que el gobierno viene implementado tienen poco impacto en los esfuerzos para combatir la corrupción en las municipalidades. Es decir, que la coordinación y acoplamiento interinstitucional, promoción de la implicación de la ciudadanía y sector privado y la indagación y sanción apropiada y efectiva en lo penal y disciplinario, no incide significativamente en el combate anticorrupción.
Así mismo, (Toroya, 2021) en su investigación de enfoque cualitativo aplicando la encuesta a profundidad a ocho participantes, estableció que el flagelo de la corrupción en la licitación de obras públicas en el municipio de Aguascalientes predominantemente fue repercutido por el factor cultural, es decir por las prácticas sociales de los contratistas y los agentes públicos, logrando identificar que la colusión entre ambos ocurre al intercambiar información privilegiada para beneficiarse con el otorgamiento de la buena pro, a pesar de contar con un marco regulatorio y jurídico estructurado y sólido de los procesos de licitación, así como sistemas de control administrativo. Asimismo, determinó que los elementos culturales principales implicados en la generación de actos de corruptela son: la amistad, las palancas, el compañerismo y la reciprocidad o intercambio de favores.
Finalmente, (Olano, 2022) en su estudio de enfoque cualitativo de tipo básico y diseño fenomenológico jurídico y de revisión documental, cuyo objetivo fue conocer si la estrategia de integridad previene la corruptela en la institución pública, aplicó una entrevista a nueve participantes, con el análisis de los resultados y la triangulación respectiva, concluyó que las políticas de integridad implementadas en la entidad resultan ser positivas y eficaces en la prevención de la corrupción. Además, las políticas establecidas por el gobierno se vienen implementado, con la creación de la Oficina de Integridad y actualización permanente de la plataforma de transparencia. Del mismo modo, verificó el compromiso de los funcionarios para presentar y actualizar la Declaración de Conflicto de Intereses, funcionamiento de Secretaría Técnica de procedimientos disciplinarios y atención del canal de denuncias de actos de corruptela.
En ese orden, la corrupción se entiende como el uso ilegal de las políticas y los recursos estatales en favor de intereses particulares o privados, así como el pago informal que las empresas realizan a los representantes del gobierno como medio de incentivo financiero para influir en sus decisiones (Rezzoagli et al., 2021). Además, se concibe como el privilegio y discrecionalidad en las decisiones gubernamentales menos la transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía, así como fenómeno producto de una gobernanza debilitada, contexto que, a su vez, genera las condiciones óptimas (como la impunidad) para que la corrupción continúe expandiéndose y prevaleciendo (Cancino, 2020). Asimismo, es utilizar al Estado y sus instituciones en provecho propio o privado, a través de la promulgación de normas beneficiosas, limitando la competencia o apropiándose indebidamente de fondos estatales, acrecentando las desigualdades económicas y sociales (OCDE/CAF/CEPAL, 2018). Entonces, utilizar indebidamente un cargo público para obtener beneficios personales o favorecer a privados, en menoscabo de la sociedad se conoce como corrupción, fenómeno muy complejo de medir y definir; por la falta de instrumentos que puedan detectarla de forma objetiva, así como la posibilidad de incluir o excluir acciones en el delgado límite entre lo lícito y lo ilícito. Este suceso incluso penetra los sólidos controles y la regulación estandarizada de la Unión Europea, al manipularse sistemáticamente el proceso de contratación pública por los gobiernos de turno (Dávid & Fazekas, 2019). Siendo así, el problema más perjudicial de nuestro tiempo es la corrupción, que derrocha los recursos públicos, intensifica la polarización política socavando la confianza de la población en las entidades, incrementando la desigualdad económica y social, así como perenniza la desigualdad y la pobreza.
En cambio, para (Meza & Carhuancho, 2019) en el Perú los actos de corrupción de funcionarios se deben a la incidencia directa de factores culturales, axiológicos, deontológicas y sociales en la actuación o conductas ilícitas. Además, para (Hamzah, 2020) los fraudes suceden por la falta de integridad, estructuras y sistemas administrativos deficientes. Del mismo modo, la (CAF, 2019) sustenta que la corrupción se percibe como el problema más trascendental colocándose por encima de la situación económica, el acceso a la educación, vivienda, salud y seguridad ciudadana, situación que afecta la entrega de servicios y bienes de calidad por el Estado, así como compromete el crecimiento de las economías y la productividad al desviar la asignación de recursos públicos. En ese sentido, (Arévalo et al., 2022) señalan que la legitimidad y la estabilidad de las instituciones políticas corren peligro cuando los escándalos de corrupción agravan la movilización social.
En ese orden, durante la pandemia del Covid-19, en las regiones de México y Perú se han evidenciado el incremento de los actos de corruptela, en la compra de insumos, materiales y equipos médicos a sobrecostos que en algunos casos duplicaban su precio de mercado, sin importar la salud y la vida de los ciudadanos (Alfaro, 2021; Pérez, 2020). Además, la corrupción genera consecuencias o costos en la economía de los países, como el caso del Perú en el 2019, se llegó a determinar pérdidas de aproximadamente el 15 por ciento del presupuesto ejecutado que equivale al 3 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) por la corruptela (Shack et al., 2020). Por ello, la ciudadanía demuestra su rechazo y desprecio a los actos de corrupción en todo el mundo (Klitgaard, 2017). Efectivamente, la corrupción ocasiona desconfianza generalizada en la política y la administración pública, por direccionamiento, favorecimiento y fraccionamiento en las licitaciones; así como proyectos y obras no concluidas o paralizadas, limitando el cierre de brechas en infraestructura, educación, salud, vivienda y otros.
En ese contexto, la lucha contra la corrupción consiste en diseñar y aplicar políticas y estrategias de anticorrupción como medidas preventivas, gestión de conflictos de intereses, protección de los denunciantes, sistema de control interno, gestión de riesgos, fomento de la ética pública, gestión de intereses y el régimen disciplinario (OCDE, 2017b). En el Perú, el 2017 se emitió la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el 2018 se aprobó el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, constituyendo como actores clave para combatir la corruptela a las instituciones encomendadas de la prevención, control, investigación, persecución y sanción; así como el sector privado y la ciudadanía en conjunto, además plantean afianzar la prevención y sanción en todas las entidades gubernamentales. Por lo que, como primer eje se determinó la Capacidad Preventiva referido al desarrollo de diversas medidas, estrategias y prácticas de prevención para enfrentar las posibles situaciones de corrupción e impulsar el establecimiento de la Cultura de Integridad Pública. Entre ellos, el Portal de Transparencia Estándar (PTE) apropiadamente diseñado y actualizado, el funcionamiento del Acceso a la Información Pública (AIP), gestión de intereses y conflicto de intereses en las entidades públicas, así como la entrega, publicación y fiscalización de la Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas (CAN, 2017, 2018).
De otro lado, la integridad pública es la coherencia y apego a un conglomerado de valores, fundamentos éticos y directrices orientados a salvaguardar, cultivar y dar prioridad al interés público por encima de los intereses privados, basado en tres principios y trece componentes: Sistema (Compromiso, Normas, Responsabilidad y Estrategia); Cultura (Liderazgo, Sociedad, Meritocracia, Apertura y Formación); y Rendición de Cuentas (Administración de Riesgos, Participación, Supervisión y Salud) (OCDE, 2017a). También se define como el desempeño congruente con principios, leyes y valores, que fomenta y resguarda el ejercicio ético de la administración gubernamental, es decir que las atribuciones y recursos dados al Gobierno se utilicen con fines que se destinaron, atestiguando que la atención pública a la población se orientado al interés general y la generación de valor público (Secretaría de Integridad Pública, 2021a). Además, se concibe como la cualidad de obrar en concordancia y armonía con los valores morales, las reglas y las normas de aceptación general (Huberts, 2018). Igualmente, se entiende como una virtud que garantiza que las actuaciones se sustentan en un cuerpo de principios internamente consistentes (Pliscoff & Lagos, 2021). En ese sentido, la integridad pública es aplicar principios, reglas y valores en la administración gubernamental, teniendo como pilares a la transparencia, la prevención de conductas ilícitas, la rendición de cuentas, políticas sobre conflictos de intereses, mecanismos de denuncia, incentivos para promover la cultura de integridad y la supervisión.
Es así, que el sistema de integridad comprende siete elementos: 1) Atención (Se encuentra en agenda, recibe atención permanente, se debate regularmente en toda la organización y se asigna recursos suficientes); 2) Claridad (La integridad y la visión de las políticas y estrategias están claramente definidos, formulados y ejecutados coherentemente); 3) Liderazgo (los directivos muestran un comportamiento ejemplar ético, apoyan y hacen cumplir las políticas de integridad); 4) Equilibrio (Estrategia de integridad bien equilibrada y coherente orientada a valores y normas); 5) Políticas (Código de conducta, normas de integridad, políticas de integridad del personal y programas de formación, instrumentos de gestión de riesgos de integridad); 6) Organización (se cuenta con oficina de integridad); y 7) Reflexión (reflexión crítica de forma regular, control y evaluación de las políticas de integridad en términos de aplicación, eficacia y ajustes y mejoras) (Hoekstra et al., 2022).
En esa línea, la integridad denota que los gestores públicos, no solo acaten lo exigido por la normatividad, sino guíen su actuación acorde a los valores y patrones de comportamiento claramente establecidos en la institución, con el propósito de brindar preminencia al interés público sobre el particular, a fin de que los pobladores y las empresas sientan la seguridad de vivir y trabajar en un ambiente de meritocracia y esfuerzo, así como de igualdad de oportunidades y condiciones, evitando que los lazos de amistad y parentesco o sobornos, determinen las posibilidades (Delle, 2018; Lindor, 2019). Por lo tanto, se advierte que la experiencia ha evidenciado que es esencial implementar un sólido y transversal modelo o sistema de integridad en todo el gobierno como estrategia de prevención contra los actos de corrupción.
Es así, que la OCDE planteó recomendaciones de integridad pública, como: i) definir las responsabilidades institucionales para tener un sistema de integridad eficaz y sólido; ii) desarrollar un enfoque estratégico para mitigar los riesgos de integridad; iii) establecer reglas estrictas de conducta de los funcionarios; iv) fomentar la cultura de integridad; v) brindar capacitación y monitoreo a los funcionarios en normas de integridad; vi) fomentar la cultura de transparencia organizativa, vii) implantar sistema de control y administración de riesgos; viii) mecanismos de ejecución para la detección de trasgresiones a las normas de integridad; y ix) reforzar la supervisión y controles externos en el sistema (Fernández, 2019). En consecuencia, en el combate a la corruptela, la dación legislativa, exigiendo mayor rigurosidad en su aplicación y cumplimiento no han tenido la eficacia respectiva, toda vez que, los actos de corrupción va en aumento, siendo la integridad pública una estrategia sostenible para hacer frente a la corrupción, entendida como la alineación a fundamentos, valores y normas éticos participativos, para preservar y preferir el interés general frente a las ventajas de los particulares, es decir hacer lo correcto cumpliendo las normas.
En ese contexto, el Estado Peruano aprobó el Modelo de Integridad Pública (MIP), basado en estándares internacionales, los principios del G-20 y las sugerencias de la OCDE, con el propósito de posibilitar a las instituciones públicas la implantación del sistema de prevención de la corrupción, que comprende nueve componentes: i) Compromiso de la dirección; ii) Administración de riesgos; iii) Políticas de integridad; iv) Transparencia y rendición de cuentas; v) Control interno y externo; vi) Comunicación y capacitación; vii) Canal de denuncias; viii) Supervisión y monitoreo; y ix) Gestor del modelo de integridad (CAN, 2018; Secretaría de Integridad Pública, 2021a; Secretaria de Integridad Pública, 2022). Además, sancionó los lineamientos para fortificar la cultura de integridad en las organizaciones gubernamentales, mediante la Directiva N.° 002-2021-PCM/SIP, disponiendo desarrollar las actividades de: Planificación (Diagnóstico de la implantación del modelo de integridad y formulación del programa de integridad); Implementación de las nueve componentes; y Seguimiento (Retroalimentar el proceso para la mejora continua) (Secretaría de Integridad Pública, 2021b). En el estudio se consideró como marco teórico la normativa antes señalada.
En ese sentido, el Modelo de Integridad Pública es el conjunto de pautas destinados a mejorar la capacidad de prevención y defensa de las organizaciones gubernamentales contra la corrupción y otros comportamientos no éticos, los cuales se encuentran ordenados metódicamente en nueve componentes sustentados en conceptos y patrones específicos a nivel organizacional y funcional, constituyéndose en el estándar y enfoque de integridad pública (CAN, 2018; Secretaría de Integridad Pública, 2021b, 2022; Vega et al., 2019). Seguidamente, se describe los componentes y subcomponentes:
a) Compromiso de Alta Dirección, como la voluntad política de la máxima autoridad de establecer la importancia de implementar una estrategia de Integridad y Lucha contra la Corrupción, empoderando a los funcionarios y áreas orgánicas que cumplen esta función, desarrollado a través de las siguientes acciones:
§ Fortalecimiento del Órgano u Oficina de Integridad Institucional, con la creación y asegurando las condiciones y recursos para ejercer la misión de integridad y consolidación de la cultura de integridad.
§ Visibilización de la integridad como propósito corporativo, incorporando el enfoque de integridad en los instrumentos de gestión y planificación, haciendo explícito la preferencia por la ética y la ejecución de los procesos y estrategias de integridad y lucha contra la corruptela.
b) Gestión de riesgos de integridad, identificando los procesos más frágiles a los actos de corruptela y otras acciones opuestas a la ética, a fin de plantear medidas de control, mediante las actividades siguientes:
§ Identificar, evaluar y mitigar los riesgos que menoscaban la integridad, organizado y dirigido por la oficina de integridad en coordinación con las unidades orgánicas responsables de los procesos más vulnerables a situaciones que impidan el logro de los propósitos del fomento de la integridad y combate a la corrupción, entre otros, en las contrataciones públicas y gestión del talento humano.
§ Mapa de riesgos y controles, elaboración y actualización constante para tener a la vista los procesos, riesgos y controles identificados y aplicados a cada uno.
c) Políticas de integridad, estándares de cumplimiento y obligaciones para las instituciones y servidores gubernamentales como parte de la política de integridad y lucha contra la corrupción, que se desarrollan con la ejecución de los siguientes elementos:
§ Código de conducta, instrumento normativo donde se define y precisa el comportamiento deseado del personal en relación con los valores de la institución.
§ Gestión de conflicto de intereses, a través de la implementación de lineamientos de prevención y mitigación de circunstancias que configuren conflicto de intereses.
§ Debida diligencia con las partes interesadas profundizando su conocimiento a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE), para decisiones discrecionales.
§ Reconocimientos e incentivos al personal para el fomento de principios, valores y normas de la administración pública.
§ Contratación de personal aplicando mecanismos que garanticen la meritocracia e integridad en el reclutamiento de personal mediante la transparencia de la entrevista personal, fiscalización posterior de la documentación presentada y evitar situaciones de conflictos de interés o nepotismo.
§ Plan de Integridad y Lucha Contra la Corrupción Institucional, dirigido por la Oficina de Integridad su formulación y aprobación, así como realiza el seguimiento a su ejecución y cumplimiento.
d) Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas, herramientas y mecanismos de la gestión pública utilizados en la prevención de la corrupción, desarrollado como sigue:
§ Transparencia activa, mediante la verificación periódica de la observancia de la normativa de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicación y actualización del PTE. Asimismo, la implementación del Registro de Visitas en Línea.
§ Transparencia pasiva, comprobación permanente del cumplimiento de la Ley de Transparencia, concerniente a la atención de las solicitudes de información pública, así como a la implantación de un sistema de registro de peticiones en línea.
e) Control interno, externo y auditoría, referido a la implementación y cumplimiento de las normas del Sistema Nacional de Control, a través de las actividades siguientes:
§ Implementación del Sistema de Control Interno, de acuerdo con la normativa del Sistema Nacional de Control.
§ Control Gubernamental, con la atención cabal y eficaz de la información y documentación solicitada por los órganos del Sistema Nacional de Control y la implementación de las recomendaciones de los informes de auditoría.
f) Comunicación y capacitación, para el fortalecimiento de la integridad pública, ejecutado con las acciones siguientes:
§ Implantación de procedimientos de inducción sobre integridad a los ingresantes a la función pública.
§ Capacitación en políticas de integridad, incluyendo en el Plan de Desarrollo de Personas (PDP) materias afines al fortalecimiento del desempeño ético de los servidores.
§ Comunicación de las políticas de integridad a las partes interesadas, mediante acciones de difusión del contenido y ejecución a los grupos de interés.
§ Evaluación del clima laboral, con la inclusión de temas relacionados con las políticas de integridad en las encuestas.
§ Evaluación del nivel de satisfacción de los grupos de interés, con la inclusión de consultas en materia de integridad pública en las encuestas.
g) Canal de denuncias, para la recepción y evaluación de presuntos hechos irregulares contrarios a las normas, valores y ética, desarrollados como sigue:
§ Implementación del canal de denuncias, supervisado por la Oficina de integridad garantizando el cumplimiento del Decreto Legislativo N.° 1327 y su reglamento, acompañando y orientando a los denunciantes sobre los procedimientos. También, la implementación de la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano.
§ Mecanismos de protección al denunciante, a través de lineamientos que permitan cautelar el otorgamiento de las medidas de protección.
h) Supervisión y monitoreo del Modelo de Integridad:
§ Evaluación de la efectividad del modelo, que implica la evaluación anual de la eficiencia, eficacia y sostenibilidad, a través del desarrollo de indicadores de medición, para lo cual la Oficina de Integridad realiza el registro de información en el Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción.
i) Encargado del Modelo de Integridad:
§ Función de acompañamiento, realizado por la Oficina de Integridad mediante la articulación de los componentes, el rol de orientación antes que la labor de fiscalización. Es decir, guía a las áreas orgánicas la apropiada y eficaz implementación de los principios éticos, normativas y directrices.
METODOLOGÍA
El estudio fue de enfoque cualitativo en el que se analizó e interpretó un contexto existente y se enmarcó en el tipo básico debido a que se describió y comprendió los aspectos fundamentales de la integridad pública en el gobierno local (Flick, 2015). Se organizó las categorías, subcategorías y rasgos del objeto de estudio con especial atención al marco teórico, así como el recojo y análisis de los datos de los participantes orientando a la exploración profunda y de esta forma conocer su sistema de relaciones, así como su estructura dinámica (Escudero & Cortez Suárez, 2018). De este modo, en la investigación de nivel exploratorio se mantuvo una constante interacción con los participantes y con la información, para de esta forma entender y revelar sus experiencias y conocimientos sobre el objeto de estudio.
La investigación fue de diseño fenomenológico, debido a que a partir de las experiencias de los participantes se exploraron y comprendieron el objeto de estudio, así como se describen e interpretan las características, comportamiento y propiedades (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). Luego de ello, se identificó las estrategias y mecanismos de prevención de la corruptela que se vienen implementando en el gobierno local.
La investigación se ejecutó en la corporación municipal de San Luis, Lima uno de los cuarenta y tres distritos de Lima Metropolitana, creado por Ley N.º 17023 del 23 de mayo de 1968, con 52082 habitantes y superficie territorial de 3.49 km². Tiene como máximo órgano de gobierno al Concejo Municipal integrado por nueve regidores y el alcalde, quien lo preside. Asimismo, su estructura organizativa posee ocho (8) gerencias y diecinueve (19) subgerencias, así también está integrado por Alcaldía, Secretaria General, Procuraduría Municipal y el Órgano de Control Institucional.
En el estudio se tuvo la intervención del Gerente Municipal, Secretario General, Gerente de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento Estratégico y Presupuesto y el Subgerente de Recursos Humanos, es decir cinco (5) participantes; quienes cuentan con atribuciones y competencias de Alta Dirección y nivel jerárquico superior, responsables de planificar, dirigir y controlar las acciones estratégicas, misionales y operativos. Así como, de implementar la políticas nacionales y sectoriales de la corporación edil, entre ellos, el Plan de integridad y combate a la corrupción y la consolidación de la cultura de integridad, a través del desarrollo del modelo de integridad. Toda vez, que el muestreo en el enfoque cualitativo no se realiza a través de una selección formal de una parte de la población, sino de manera no probabilístico, deliberada y por conveniencia en función al propósito de la investigación (Flick, 2015; Otzen & Manterola, 2017).
En la investigación, la recolección de información se realizó a través de la entrevista no estructurada a los participantes del estudio para identificar los aspectos de interés. Por consiguiente, fue necesario elaborar un instrumento, el cual se utilizó como guía de entrevista no estructurada, abierta y con un nivel de flexibilidad, porque las preguntas se plantearon con anticipación y luego se fueron ajustando para cada uno de los entrevistados, permitiendo realizar aclaraciones de ciertos términos y ambigüedades.
El procedimiento de investigación consistió en abordar con la guía de entrevista no estructurada a cada uno de los participantes del estudio que fueron seleccionados por sus características de decisores y responsables de implementar el Plan de integridad y combate a la corrupción y la consolidación de la cultura de integridad, a través del desarrollo del modelo de integridad, a fin de socializar el propósito y la importancia de su participación en el estudio y por ende el desarrollo de la entrevista para luego analizar y realizar contrastaciones de la información obtenida, el mismo que se presenta en los resultados y la discusión, con el propósito de acreditar la originalidad del estudio y el análisis propio de la problemática. Se utilizó el Atlas.ti 9 como herramienta informática para la sistematización y análisis de la información a través de la nube, citas, codificación y redes semánticas. Además, se siguió el orden siguiente: a) exploración de datos; b) organización en unidades o códigos y categorías; c) narración de las experiencias y respuestas; d) encontrar los patrones y categorías, así también su vinculación, para interpretarlos y explicarlos; y e) relacionar los resultados y los saberes existentes (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). Como método se utilizó la triangulación o de convergencia metodológica que permitió contrastar las respuestas de los participantes, los antecedentes, el marco teórico y normativo analizado, el cual confiere profundidad y coherencia a los hallazgos, a la vez disminuir los sesgos y mejorar la comprensión del fenómeno estudiado (Sánchez et al., 2021). Asimismo, la triangulación permitió realizar contrastaciones entre los resultados de las entrevistas con la información teórica, así como tener profundidad y consistencia de las evidencias, además reducir los sesgos y ampliar la comprensión del objeto estudiado. Finalmente, en la investigación los participantes fueron funcionarios y directivos de la corporación edil, por lo que, se tuvo presente los principios de justicia, beneficencia, no maleficencia y respeto.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De acuerdo con las Redes Semánticas obtenidas en el Atlas.ti 9 en el rasgo de Compromiso de Alta Dirección del Modelo de Integridad Pública los entrevistados coincidieron en revelar que, en la Municipalidad Distrital de San Luis, Lima no fue creado la Oficina de Integridad Institucional u otra unidad orgánica que cumpla tal función. Además, reconocen la importancia de esta para la práctica de la ética, los valores y la prevención de la corrupción en la organización. No obstante, se debe tener en cuenta que implementar esta componente es fundamental y punto de partida en la implementación del modelo, que se manifiesta con la instauración y empoderamiento de la Oficina de integridad, asignando recursos y condiciones para su funcionamiento, así como la visibilización del enfoque de integridad en los instrumentos de planificación (CAN, 2018; Secretaría de Integridad Pública, 2021b; Secretaría de Integridad Pública, 2022; Vega et al., 2019). Sin embargo, en el numeral 3 del artículo 34 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) vigente desde el 2020, entre las funciones de la Subgerencia de Recursos Humanos, establece que ejecutará las funciones de la Oficina de integridad, solo en lo referido a las medidas de protección al denunciante de actos de corruptela y sanciones por denuncias de mala fe, denotándose la ausencia de compromiso y voluntad para gestionar el estándar de integridad.
Concerniente al rasgo de Gestión de Riesgos de Integridad Pública, los entrevistados concordaron en señalar que en el marco de la implementación del modelo de integridad en la municipalidad no se desarrolló este componente. Es decir, no se identificó, evaluó y mitigó los eventos que pudieran impedir la configuración de prácticas corruptas o contrarias a la ética en las actividades o procesos susceptibles a estas, por lo que, no se elaboró el mapa de riesgos y controles como documento de gestión (CAN, 2018; Secretaría de Integridad Pública, 2021a). En ese sentido, no se mitigó los efectos negativos en los procesos, actividades y tareas operacionales, financieros y otros de determinadas conductas que quebranten las normas, principios, valores y deberes, generando ambiente propicio para actos de corrupción y antiéticas en la entidad.
Referido al rasgo de Políticas de Integridad (PI) se tiene los siguientes:
§ Los entrevistados mencionaron que la municipalidad no cuenta con Código de Conducta, documento que describe de manera específica y puntual los lineamientos para la correcta actuación de los servidores públicos y la promoción de una cultura de integridad; que según (Gilvonio, 2021) una política pública preventiva para combatir a la corrupción es implementar el código de conducta que establece las actuaciones calificadas como corruptas, directrices sobre cortesías y regalos, así como infracciones a los principios éticos, valores e integridad.
§ Los entrevistados indicaron que no se elaboró y aprobó lineamientos para la Gestión de Conflicto de Intereses para la identificación y aplacamiento de eventuales conflictos de interés. Al respecto, un procedimiento efectivo de declaración de intereses permite se identifique, gestione y sancione un conflicto de interés al comprobarse que la decisión de un gestor público fue implicada por un beneficio privado, para lo cual es fundamental establecer pautas explícitas de inhibición de funciones ante probables conflictos de interés y contar con un banco de datos de los vínculos familiares, comerciales y políticas del personal (CAN, 2018; OECD, 2020).
§ También expresaron que no usaron la información almacenada en la Plataforma de Interoperabilidad del Estado, para la toma de decisiones discrecionales con relación a los grupos de interés, como práctica de debida diligencia en la institución. No obstante, que la implementación de lineamientos de debida diligencia asegura el conocimiento y la comprensión oportuna de las normas, así como su cumplimiento efectivo, para aplacar probables riesgos de inobservancia que afecten la integridad pública (Secretaría de Integridad Pública, 2021a). Asimismo, establecer medidas de debida diligencia permiten incorporar filtros, exigencias, controles e incentivos en las relaciones con las partes interesadas.
§ Igualmente, manifestaron que no se implementó lineamientos o disposiciones referidos al reconocimiento e incentivo a los servidores públicos por su contribución al desempeño ético en la administración gubernamental. Además, los premios y la gratitud al personal al estar vinculados al fomento de las normas, principios y valores de la función pública coadyuvan al fortalecimiento de la cultura de integridad en la organización (Secretaría de Integridad Pública, 2021b). Por lo que, es fundamental definir los criterios y categorías de concursos, reconocimientos y premiación públicamente por el cumplimiento de preceptos y valores.
§ Así también, anunciaron que se utilizó criterios de meritocracia en los procesos de contratación de recursos humanos. Es decir, se promueve el acceso a los cargos públicos de acuerdo con las exigencias de los perfiles del puesto y personas idóneas y calificadas, en el que toma importancia la actuación de los responsables del reclutamiento y designación de puestos de confianza (Secretaría de Integridad Pública, 2021a). Sin embargo, no implementaron pautas o mecanismos de integridad que permitan garantizar la transparencia de las fases del proceso de contratación con énfasis en la entrevista personal, el control posterior al acervo documentario y mitigar situaciones de clientelismo, nepotismo y conflictos de interés.
§ Del mismo modo, significaron que no se elaboró y aprobó el Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción Institucional como medida preventiva de la corrupción. A saber, es el instrumento donde se platean los objetivos y acciones de combate a la corruptela como resultado del diagnóstico e identificación de riesgos, articulado o vinculado con el Plan Operativo y el Plan Estratégico, así como se encuentra sujeto a seguimiento y evaluación (Secretaría de Integridad Pública, 2021b). Asimismo, se debe formular y ejecutar teniendo en cuenta la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, con asignación de presupuesto para garantizar su difusión e implementación en un período no menor de 2 años apropiadamente calendarizado con metas e indicadores medibles y viables (CAN, 2018). Por consiguiente, esta herramienta permite detectar, evaluar, mitigar y vulnerabilidades o riesgos de corrupción en áreas o procesos críticos, proporcionando mecanismos de defensa contra la corruptela y mejorar la robustez de la integridad.
Con relación al rasgo de Transparencia, Datos Abiertos y Rendición de Cuentas, se tuvo las manifestaciones siguientes:
§ Los entrevistados armonizaron expresando que realizaron la publicación y actualización de información en los diferentes rubros temáticos del Portal de Transparencia Estándar. Al respecto, la Oficina de Integridad verifica permanentemente el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las directrices del portal de transparencia; asimismo, fomenta y vigila la implantación del registro de visitas en línea (Secretaría de Integridad Pública, 2021b). Además, se tiene que enfatizar en la publicación del estado de implementación de las recomendaciones reportados por el Órgano de Control Institucional, datos completos de las retribuciones, gratificaciones y beneficios de los servidores, actualización constante de las declaraciones juradas de los directivos e información de las acciones del Plan de Integridad Institucional como parte del avance de la implementación del Modelo de Integridad (CAN, 2018).
§ Igualmente, con relación a la transparencia pasiva coincidieron manifestando que las peticiones de acceso a la información de carácter público son atendidas de manera oportuna y apropiada. Sin embargo, ninguno mencionó sobre la implementación virtual o en línea de los petitorios de acceso a la información a fin de optimizar el seguimiento y las respuestas al requerimiento (CAN, 2018).
Además, el entrevistado de la Gerencia de Planeamiento Estratégico y Presupuesto acotó sobre la importancia de las rendiciones de cuentas periódicas a la población sobre el desempeño de la gestión y el destino de los recursos, así como elaborar y publicar la memoria anual institucional, como prácticas esenciales de transparencia.
En cuanto al rasgo de Control Interno, Externo y Auditoria, se encontró las expresiones siguientes:
§ Los entrevistados convergieron señalando que se está implementando el Sistema de Control Interno en la organización, para coadyuvar al logro de los objetivos institucionales y prevenir la corrupción, al mismo tiempo robustecer la integridad pública. Sin embargo, ningunos hizo mención el nivel de logro que alcanzaron en el proceso de implantación, además si vienen ejecutando los Planes de Acción de Medidas de Remediación y Medidas de Control, así como el cumplimiento de envío de los entregables virtualmente (Secretaría de Integridad Pública, 2021b). No obstante, se verificó en el portal web de la entidad que al 30 de noviembre de 2022 tienen un grado de madurez de 98.25, lo cual muestra un avance significativo que permitirá fortalecer el modelo de integridad.
§ Igualmente, señalaron que es fundamental la entrega de información oportuna para las auditorías y la implementación de las recomendaciones emergentes de estas, para contribuir a la mejora del control gubernamental y por ende de la gestión pública. En tal sentido, la entidad como estrategia de implementación del modelo de integridad, promueve el fortalecimiento del Órgano de Control Institucional, a través de soporte logístico apropiado, capacidad operativa con independencia para el desarrollo del control gubernamental con eficiencia y eficacia (CAN, 2018). Efectivamente, es necesario la dotación o asignación de presupuesto que garantice la ejecución de los servicios de control que tiene la finalidad de cautelar el uso adecuado de los recursos públicos.
En cuanto al rasgo de Comunicación y Capacitación (CyC), se revelaron los aspectos siguientes:
§ La municipalidad no ha implementado mecanismos o instrumentos de inducción a los nuevos servidores públicos, capacitación permanente y evaluación del clima laboral incluyendo temas y acciones de las políticas de integridad, con la finalidad de fortalecer la cultura de integridad en la organización; no obstante, consideran la relevancia de su implementación como estrategia del modelo de integridad y prevención de los actos de corruptela y actuaciones contrarias a los valores éticos.
§ Del mismo modo, no se implementó procedimientos o herramientas para gestionar la comunicación de las políticas de integridad a los grupos de interés y la evaluación del grado de satisfacción de las partes interesadas incluyendo temas afines a la integridad pública. No obstante, valoran su implementación como parte del modelo. Toda vez, que las políticas de integridad se difunden entre los proveedores, usuarios, organizaciones y público en general, debido a la importancia de conocer la intención de la institución de actuar con integridad; asimismo, practicar la evaluación de la complacencia de los grupos de interés con tópicos vinculados a la integridad pública como un proceso de mejora continua que identifica los problemas internos para ser superados (CAN, 2018). Siendo así, la institución está obligado a difundir y promocionar la cultura de integridad a los stakeholders con comunicaciones y encuestas de satisfacción periódicas como parte de la componente de comunicación y capacitación del estándar de integridad.
Con relación a la organización y análisis a las respuestas de los entrevistados con el Atlas.ti concerniente al rasgo de Canal de Denuncias, se develó los siguientes:
§ En cuanto a la Plataforma Digital Única de Denuncias todos significaron que es una herramienta útil para la presentación y canalización de las denuncias de corrupción de manera virtual que optimiza la gestión y seguimiento de las denuncias; no obstante, el entrevistado de la Gerencia de Planeamiento Estratégico y Presupuesto acotó que teniendo en cuenta la brecha de acceso a la virtualidad, los canales tradicionales continúan siendo importantes. Sin embargo, ninguno de los entrevistados aludió que la entidad haya implementado la plataforma para la gestión de las denuncias de corrupción y que viene utilizando en la tramitación de estas, a efectos de asegurar la trazabilidad y contestación oportuna al denunciante; además, que la implementación se esté difundiendo tanto interno y externamente (Secretaría de Integridad Pública, 2021b). De ello, se desprende que la entidad carece de un mecanismo entendible y aplicable para que cualquier persona denuncie prácticas corruptas y cuestionables.
§ De igual modo, refirieron que la organización no ha implementado lineamientos para el otorgamiento de medidas de protección al denunciante para salvaguardarle de represalias, a efectos de fomentar la participación en la presentación de denuncias de actos de corruptela. Sobre el particular, se tiene que el responsable de la Oficina de Integridad Pública es quien dirige el establecimiento de las directrices para el otorgamiento de protección conforme a lo estipulado en el Decreto Legislativo N° 1327 y su Reglamento (Secretaría de Integridad Pública, 2021b). Aunado a ello, el numeral 3 del artículo 34 del Reglamento de Organización y Funciones de la municipalidad, establece que la Subgerencia de Recursos Humanos, ejecutará las funciones de la Oficina de Integridad, en lo referido a las medidas de protección al denunciante de actos de corruptela; sin embargo, al no contar con los mecanismos establecidos para esta, en la corporación edil no se viene cumpliendo con brindar protección a los denunciantes que pretenderían acogerse.
Concerniente a la organización y análisis a las respuestas de los entrevistados en el Atlas.ti referido al rasgo de supervisión y monitoreo del Modelo de Integridad Pública, se tiene:
§ Unánimemente mencionaron que el municipio no hace uso del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción (ICPC), a fin de medir los avances en la implementación del modelo de integridad; no obstante, reconocieron la importancia de la aplicación de esta herramienta en el seguimiento al proceso de desarrollo. Al respecto, el ICPC es un instrumento que mide el progreso en la implantación de los nueve (9) componentes del modelo, mediante la evaluación en una escala porcentual de 0 a 100, donde 0 significa que no hay medidas anticorrupción estandarizadas y 100 significa cumplimiento total; asimismo, la valoración se realiza por etapas progresivamente hasta alcanzar el grado de maduración del estándar de integridad pública.
Con relación a la organización y análisis a las respuestas de los entrevistados en la red semántica del Atlas.ti concerniente al rasgo de encargado del Modelo de Integridad Pública, se tuvo lo siguiente:
§ Todos señalaron que la corporación edil no cuenta con la Oficina de Integridad Pública y tampoco con el responsable como encargado de liderar y ejecutar las acciones de seguimiento a la implementación del modelo de integridad, aunque, valoran la importancia de crear y poner en funcionamiento la oficina de integridad, a fin de garantizar avances significativos en el desarrollo del modelo. Ahor bien, la (CAN, 2018) y la (Secretaría de Integridad Pública, 2021b) consideran que la esta unidad orgánica cumple un papel fundamental en la articulación de los componentes del modelo, en la orientación y acompañamiento a las áreas orgánicas sobre la adecuada y eficaz ejecución de las reglas y mecanismos que conforman el estándar de integridad; asimismo, aclarar las consultas sobre la adopción de determinada acción a la luz de los principios éticos del modelo. En efecto, esta oficina desempeña acciones de monitoreo y seguimiento, así como de asesoría técnica a las unidades funcionales de la institución para una correcta implementación del modelo.
CONCLUSIONES
En el marco de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción y el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, la Municipalidad de San Luis, Lima se encuentra obligada a implementar el modelo de integridad pública de acuerdo con lo establecido en los lineamientos para fortalecer una Cultura de Integridad en las entidades públicas, aprobado por la Secretaría de Integridad Pública en el año 2021; no obstante, como resultado del estudio se ha evidenciado un estado incipiente del proceso de implementación del modelo de integridad, debido a que solo dos (2) componentes (Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas y Control Interno, Externo y Auditoría) fueron desarrollados y siete (7) no se ejecutaron, según los hallazgos siguientes:
En la componente Compromiso de la Alta Dirección no se creó la Oficina de Integridad como unidad orgánica o funcional, así como no fue delegada esta función; además, en los documentos de planificación y gestión no se incorporó de manera explícita la prioridad a la ética y las políticas de fortalecimiento de la integridad.
En lo referente a la Gestión de Riesgos que afecten la integridad pública no se realizó prácticas para identificar, evaluar y mitigar riesgos de corruptela y actos opuestos a la ética en los procesos sensibles; por consiguiente, no se formularon mapas de riesgos y controles para hacer frente de manera preventiva a la corrupción.
Concerniente a las Políticas de Integridad, no fue elaborado y aprobado el Código de conducta, tampoco los mecanismos para prevenir y mitigar situaciones de conflicto de intereses, así como disposiciones de debida diligencia acorde con los grupos de interés, incentivos y reconocimientos a los colaboradores en materia de integridad, criterios de integridad en la contratación de personal y no se formuló el Plan de integridad, lucha contra la corrupción institucional.
Con relación a la Comunicación y Capacitación se careció de mecanismos de inducción sobre integridad a los nuevos colaboradores, se advirtió la ausencia de capacitación permanente en políticas de integridad y no realizaron evaluaciones del clima laboral, igualmente, no efectúan prácticas de comunicación de las políticas de integridad a los stakeholders y evaluaciones de satisfacción de los grupos de interés incluyendo temas de integridad.
Referido al Canal de Denuncias, se verificó que no se implementó el uso de la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano para gestionar las denuncias de corrupción y los mecanismos de protección al denunciante, a fin de fomentar la mayor participación de los denunciantes.
Perteneciente a la supervisión y monitoreo del modelo de integridad, la corporación edil no realizó la evaluación de la efectividad de los componentes del modelo, mediante el Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción (ICPC), que permita establecer el estado de maduración del estándar de integridad en la organización.
Finalmente, con respecto al componente encargado del modelo de integridad, se advirtió que no se contó con un responsable de las funciones de oficina de integridad, a fin de que lidere, acompañe y asesore a las diferentes unidades orgánicas en la implementación de las normas y mecanismos del estándar de integridad.
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