Integridad p�blica para prevenir y combatir la corrupci�n de gobierno local de Lima Metropolitana, 2022

William Agnes Chauca Castro[1] [email protected] https://orcid.org/0000-0003-3798-3023 Universidad C�sar Vallejo Lima - Per�

Carlos Matos Ingaruca [email protected] https://orcid.org/0000-0001-8043-7285 Universidad C�sar Vallejo Lima - Per�

RESUMEN

El estudio tuvo el objetivo de describir el modelo de integridad p�blica como capacidad preventiva de combate a la corrupci�n de gobierno local de Lima Metropolitana, 2022. El enfoque fue cualitativo de dise�o fenomenol�gico, de tipo b�sico y nivel descriptivo. Se utiliz� la t�cnica de entrevista semiestructurada aplicando la gu�a de entrevista a un funcionario y cuatro directivos con facultades decisorias en la organizaci�n. Los hallazgos evidencian la carencia del desarrollo de pol�ticas, mecanismos y lineamientos en siete componentes del est�ndar de integridad; no obstante, que consideran relevantes como elementos preventivos de los actos de corruptela y opuestos a la �tica. Por tanto, se concluy� que el proceso de implementaci�n del modelo de integridad en el gobierno local se encuentra en estado incipiente.

Palabras clave: corrupci�n; integridad p�blica; gobierno local; cultura de integridad.

Public integrity to prevent and combat local government corruption in Metropolitan Lima, 2022

ABSTRACT

The study aimed to describe the public integrity model as a preventive capacity to combat corruption in local government in Metropolitan Lima, 2022. The approach was qualitative phenomenological design, basic type and descriptive level. The semi-structured interview technique was used, applying the interview guide to an official and four managers with decision-making powers in the organization. The findings demonstrate the lack of development of policies, mechanisms and guidelines in seven components of the integrity standard; However, they consider relevant as preventive elements of acts of corruption and opposed to ethics. Therefore, it was concluded that the process of implementing the integrity model in local government is in an incipient state.

Keywords: corruption; public integrity; local government; culture of integrity.

Art�culo recibido 01 abril 2023
Aceptado para publicaci�n: 15 abril 2023

INTRODUCCI�N

En el 2021 el �ndice de Percepci�n de la Corrupci�n del sector p�blico en una muestra de 180 naciones, utilizando una escala del 0 al 100, en el que 0 revela una alta corrupci�n y 100 significa sin corrupci�n, result� que 120 pa�ses que representa el 67% llegan a una puntuaci�n por debajo de 50, y en promedio se alcanz� 43 puntos. Advirti�ndose que, Per�, alcanz� (36) puntos descendiendo en dos (2) lugares en comparaci�n con el a�o pasado, as� que, se ubic� en el puesto 109 del ranking de los 180 pa�ses ordenados de menor a mayor corrupci�n (Transparency International, 2022). Del mismo modo, a finales del a�o 2020, se realiz� la Encuesta Anual a los ciudadanos mayores de 18 a�os en dieciocho naciones latinoamericanos, resultando un aumento de la corruptela desde el 2016 al 2020, en los pa�ses de Venezuela (75%), seguido de Chile (73%), Ecuador (72%) y Paraguay con Per� (70%); no obstante, existe una disminuci�n a nivel de Latinoam�rica (Latinobar�metro, 2021). Asimismo, en la XII Encuesta Nacional de percepci�n de corrupci�n en Per� 2022, result� que la corruptela es el segundo problema principal con un 57%, despu�s de la delincuencia que alcanz� el 60%; asimismo, el 81% cree que la corrupci�n se increment� en los �ltimos cinco a�os y el 53% estima que aumentar� en los pr�ximos periodos (Proetica, 2022). Adem�s, desde la descentralizaci�n treinta y cuatro gobernadores regionales fueron sancionados por delitos de corrupci�n y cincuenta siete investigados por la Fiscal�a. Tambi�n, diecisiete autoridades regionales removidos del cargo por presuntos delitos, de ellas, nueve fueron electas en el a�o 2018 (Falen, 2022). Igualmente, el 79% de alcaldes de Lima Metropolitana, es decir treinta y cuatro de cuarenta y tres, tienen denuncias o investigaciones fiscales por colusi�n, tr�fico de influencias, negociaci�n incompatible, manejo irregular de fondos p�blicos en la pandemia, contrataci�n irregular de funcionarios. Tambi�n seis (6) alcaldes vacados por temas de doble percepci�n, corrupci�n y presuntamente pertenecer a organizaciones criminales, entre ellos, las autoridades de la Municipalidad de Lima, Municipio de San Juan de Miraflores y la Municipalidad Distrital de San Luis (Ciriaco Ruiz, 2022). Los hechos y cifras expuestos revelan que los gobiernos hacen poco o nada para prevenir y combatir contundentemente a la corrupci�n que ocurre en todos sus niveles, por ello, los ciudadanos ven como el tema m�s significativo de la naci�n que impide el desarrollo y por ende la generaci�n de valor p�blico.

Por otro lado, se tiene el �ndice de Integridad P�bica (IPI) que mide la capacidad de los pa�ses para enfrentar la corruptela, a trav�s de las dimensiones de Transparencia Administrativa, Servicios en L�nea, Libertad de Prensa, Transparencia Presupuestaria, Independencia Judicial y Ciudadan�a Electr�nica. En el 2021 se realiz� la medici�n de ciento catorce pa�ses en el que Dinamarca, Noruega, Nueva Zelandia y Finlandia alcanzaron entre 9.62 y 9.26 puntos frente a Venezuela, Burundi, Yemen y Chad que lograron de 2.97 a 2.30 de puntuaci�n de un m�ximo de 10 puntos. En Latinoam�rica y El Caribe, encabezan Costa Rica con 8.12 y Uruguay con 7.88, mientras que Per� ocup� el sexto lugar con 6.71 de puntuaci�n (ERCAS, 2022). Adem�s, en el 2019 los pa�ses de Visegrado evidenciaron la reducci�n del IPI, en comparaci�n a los a�os 2015 y 2017, en el que Rep�blica Checa destac� con 8.2 puntos, en tanto, Polonia, Eslovaquia y Hungr�a consiguieron 7.4, 7.8 y 7.1, respectivamente (Us Ya et al., 2019). Lo descrito evidencia la falta de pol�ticas de integridad p�blica para enfrentar con eficacia la corrupci�n, que viene arraig�ndose en todos los aparatos del gobierno exponiendo a la sociedad y el propio Estado a sus efectos devastadores como el socavamiento de la institucionalidad y gobernanza a trav�s de la creciente desconfianza en el gobierno y los pol�ticos.

Ahora bien, para combatir la corruptela se platea como estrategia implementar la integridad, a fin de lograr los objetivos del Estado y la generaci�n de valor p�blico (OCDE, 2019). Toda vez que, la falta de integridad conlleva a la captura del Estado, con favorecimientos en la legislaci�n y regulaci�n gubernamental a particulares, el sector privado, pol�ticos y funcionarios (Borgonovi & Esposito, 2017). Siendo as�, es importante contar con un sistema completo, sensibilizaci�n y empoderamiento permanente de los servidores p�blicos, a fin de garantizar la ejecuci�n de las pol�ticas de prevenci�n y sanci�n en las administraciones gubernamentales (Valencia, 2020). Por ello, implementar una estrategia o modelo de integridad involucra mucho m�s que la daci�n de leyes, normas o c�digos de conducta, sino fomentar la cultura de integridad p�blica.

Es as�, que los pa�ses Latinoamericanos y del Caribe integrantes de la Organizaci�n para la Cooperaci�n y el Desarrollo Econ�micos � OCDE, as� como los que pretenden incorporarse, vienen implementando pol�ticas de integridad p�blica. En el 2018, entre otros, M�xico, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Per�, cuentan con leyes y programas; sin embargo, solo ocho poseen una pol�tica general para impulsar la integridad p�blica, seis cuentan con gabinetes que aplican en su planificaci�n y en cinco las entidades subnacionales (OECD, 2020). En consecuencia, existe el desaf�o de fomentar e impulsar la implantaci�n de modelos o programas de integridad p�blica en los entes gubernamentales a efectos de asegurar el cumplimiento normativo, logro de mejores resultados y garantizar su sostenibilidad, contribuyendo a la mitigaci�n de los riesgos de corruptela y fraude (Tavares de Souza & Batista, 2021). Siendo que desde el 2015 Chile viene implementando modelos de integridad en las organizaciones p�blicas, como herramienta efectiva de prevenci�n de la corrupci�n, iniciando con los c�digos de �tica. A partir del 2017 se instal� cinco componentes: a) Titular de la entidad que lidera la implementaci�n, b) Asesores para orientar la adopci�n de decisiones, c) Coordinador para robustecer la cultura �tica, d) Comit� de Integridad y e) Aplicativo inform�tico interna y externa de socializaci�n y recepci�n denuncias. Al 2020 casi el 90 por ciento de las entidades, cuentan con coordinador, comit� de integridad, programa inform�tico de socializaci�n y denuncias, avanzando significativamente en las pol�ticas de anticorrupci�n (Pliscoff & Lagos, 2021).

Es ese sentido, de continuar con el estancamiento o retroceso de los indicativos de la percepci�n de la corrupci�n, as� como la ausencia de implementaci�n de pol�ticas de anticorrupci�n efectivas y permanentes en todos los niveles de gobierno, nos veremos afectados con las consecuencias devastadoras en lo social, econ�mico y pol�tico, como es el incremento de la desigualdad, la extrema pobreza y la ingobernabilidad. Adem�s, la falta de gobernanza, debilitamiento de la democracia, detenci�n del crecimiento y desarrollo del pa�s y por ende la ausencia de valor p�blico (Baque et al., 2020; Mamani et al., 2021; P�rez, 2020). Ciertamente, de no adoptarse medidas contundentes para frenar los actos de corruptela en los gobiernos locales, los precarios recursos p�blicos con que cuentan ser�n utilizados sin la maximizaci�n esperada y desatendiendo las necesidades de la poblaci�n. En el escenario puntualizado, se formul� la interrogante �C�mo se describe el modelo de integridad p�blica como capacidad preventiva de combate a la corrupci�n del gobierno local de San Luis, Lima, 2022? y como objetivo general. Describir el modelo de integridad p�blica como capacidad preventiva de combate a la corrupci�n del gobierno local de San Luis, Lima, 2022.

El estudio pr�cticamente se justifica, porque los resultados permitieron describir el funcionamiento del modelo de integridad en el gobierno local, a trav�s de sus nueve componentes como estrategia de prevenci�n de la corruptela, los mismos que son de utilidad para su adaptaci�n y mejoramiento de las estrategias de implementaci�n en la propia organizaci�n y otras corporaciones municipales, a fin de redoblar los esfuerzos para combatir los actos de corruptela, en pro de utilizar los recursos p�blicos con eficiencia, eficacia, econom�a y transparencia, as� como la generaci�n de valor p�blico. Igualmente, en lo social, debido a que se aborda una estrategia que permitir� mejorar y fortalecer los mecanismos utilizados para enfrentar eficazmente el fen�meno de la corruptela que obstaculiza el cierre de brechas y el desarrollo del pa�s, favoreciendo a todos los ciudadanos, pero especialmente a los m�s desfavorecidos quienes necesitan ser atendidos por el Estado y los gobiernos locales con la dotaci�n de servicios e infraestructura de calidad.

En su investigaci�n, (Lizardo, 2018) estableci� que en Latinoam�rica no se ve la contracci�n en la percepci�n de la corrupci�n, a pesar de una mayor existencia de la tecnolog�a en la civilizaci�n y un avance significativo de implementaci�n del gobierno electr�nico en las entidades p�blicas. El estudio de dise�o no experimental cuantitativo y de alcance explicativo, se aplic� en entre otros, en Per�, Chile, Brasil, M�xico, Guatemala, Panam� y Colombia, con mediciones entre el 2003 y 2014. El hallazgo m�s transcendental fue determinar que solo el eGobierno no influye significativamente en la sensaci�n de la corruptela. En tal sentido, se debe acompa�ar con el desarrollo de las variables de confianza pol�tica, solidez de la democracia e institucionalidad.

Asimismo, (Miranzo, 2018) en su estudio de sistematizaci�n de las pol�ticas anticorrupci�n en el nuevo m�todo de contrataci�n estatal de Europa, prestando atenci�n en la incursi�n a la integridad y el combate a la corruptela, efectu� un an�lisis reflexivo de las nuevas estrategias incorporadas por la legislaci�n espa�ola y europea, estableciendo que las pol�ticas de integridad, para su efectividad pr�ctica, deben nutrir toda la normatividad sectorial a efectos de adecuar las respuestas legales a las condiciones del entorno y los actos de corrupci�n, en aras de construir un ambiente preventivo de integridad. Por ello, el marco general normativo de integridad en la administraci�n gubernamental se debe adaptar a los diferentes sistemas, en especial a la contrataci�n p�blica. Por otro lado, concluye que un acto de corruptela lo realiza quien ostenta poder y act�a anteponiendo intereses particulares ante el inter�s p�blico en menoscabo de la instituci�n p�blica, vulnerando sus funciones como servidor p�blico. As� tambi�n, que la normativa del conflicto de intereses se suma a la implementaci�n del sistema de integridad. Aunado a ello, entre otros, el control del apoyo financiero de los partidos pol�ticos y el lobby, la implantaci�n de c�digos de �tica, la despolitizaci�n de las decisiones y el uso de las tecnolog�as de informaci�n y comunicaci�n destinados a fomentar la integridad.

En la misma l�nea, (Lopes, 2020) en su investigaci�n de enfoque cualitativa utilizando el m�todo�� deductivo e hist�rico-sociol�gico explic� que las d�biles democracias en los pa�ses de Latinoam�rica necesitan implementar la integridad p�blica que realce los valores y la �tica, promuevan la transformaci�n de los procesos administrativos para la eficiencia. Esto debido a que identific� que los actuales instrumentos de control de la corruptela no son suficientes para revertir los efectos degenerativos en los sistemas pol�ticos de democracia representativa. Por ello, determin� que democracias fr�giles, con ausencia de controles y acciones preventivas apropiadas, son contextos propicios para la creaci�n de organizaciones de poder corruptos. Finalmente, expres� que se debe afianzar el modelo de integridad gubernamental. Asimismo, se�ala que en Brasil se est� planteando la pol�tica de integridad p�blica, que depende de:� i) la conducta de los funcionarios y �tica p�blica; ii) gesti�n del conflicto de intereses; y iii) rendici�n de cuentas de los colaboradores estatales.

De igual forma, (Gilvonio, 2021) en su estudio con enfoque cuantitativo, de dise�o no experimental y de corte longitudinal, en una muestra de 232 servidores p�blicos de gobiernos locales metropolitanos de Pucallpa, Ica y Huancayo, a trav�s de la prueba t de Student lleg� a determinar que las actuales pol�ticas p�blicas que el gobierno viene implementado tienen poco impacto en los esfuerzos para combatir la corrupci�n en las municipalidades. Es decir, que la coordinaci�n y acoplamiento interinstitucional, promoci�n de la implicaci�n de la ciudadan�a y sector privado y la indagaci�n y sanci�n apropiada y efectiva en lo penal y disciplinario, no incide significativamente en el combate anticorrupci�n.

As� mismo, (Toroya, 2021) en su investigaci�n de enfoque cualitativo aplicando la encuesta a profundidad a ocho participantes, estableci� que el flagelo de la corrupci�n en la licitaci�n de obras p�blicas en el municipio de Aguascalientes predominantemente fue repercutido por el factor cultural, es decir por las pr�cticas sociales de los contratistas y los agentes p�blicos, logrando identificar que la colusi�n entre ambos ocurre al intercambiar informaci�n privilegiada para beneficiarse con el otorgamiento de la buena pro, a pesar de contar con un marco regulatorio y jur�dico estructurado y s�lido de los procesos de licitaci�n,� as�� como� sistemas de control� administrativo. Asimismo, determin� que los elementos culturales principales implicados en la generaci�n de actos de corruptela son: la amistad, las palancas, el compa�erismo y la reciprocidad o intercambio de favores.

Finalmente, (Olano, 2022) en su estudio de enfoque cualitativo de tipo b�sico y dise�o fenomenol�gico jur�dico y de revisi�n documental, cuyo objetivo fue conocer si la estrategia de integridad previene la corruptela en la instituci�n p�blica, aplic� una entrevista a nueve participantes, con el an�lisis de los resultados y la triangulaci�n respectiva, concluy� que las pol�ticas de integridad implementadas en la entidad resultan ser positivas y eficaces en la prevenci�n de la corrupci�n. Adem�s, las pol�ticas establecidas por el gobierno se vienen implementado, con la creaci�n de la Oficina de Integridad y actualizaci�n permanente de la plataforma de transparencia. Del mismo modo, verific� el compromiso de los funcionarios para presentar y actualizar la Declaraci�n de Conflicto de Intereses, funcionamiento de Secretar�a T�cnica de procedimientos disciplinarios y atenci�n del canal de denuncias de actos de corruptela.

En ese orden, la corrupci�n se entiende como el uso ilegal de las pol�ticas y los recursos estatales en favor de intereses particulares o privados, as� como el pago informal que las empresas realizan a los representantes del gobierno como medio de incentivo financiero para influir en sus decisiones (Rezzoagli et al., 2021). Adem�s, se concibe como el privilegio y discrecionalidad en las decisiones gubernamentales menos la transparencia y rendici�n de cuentas a la ciudadan�a, as� como fen�meno producto de una gobernanza debilitada, contexto que, a su vez, genera las condiciones �ptimas (como la impunidad) para que la corrupci�n contin�e expandi�ndose y prevaleciendo (Cancino, 2020). Asimismo, es utilizar al Estado y sus instituciones en provecho propio o privado, a trav�s de la promulgaci�n de normas beneficiosas, limitando la competencia o apropi�ndose indebidamente de fondos estatales, acrecentando las desigualdades econ�micas y sociales (OCDE/CAF/CEPAL, 2018). Entonces, utilizar indebidamente un cargo p�blico para obtener beneficios personales o favorecer a privados, en menoscabo de la sociedad se conoce como corrupci�n, fen�meno muy complejo de medir y definir; por la falta de instrumentos que puedan detectarla de forma objetiva, as� como la posibilidad de incluir o excluir acciones en el delgado l�mite entre lo l�cito y lo il�cito. Este suceso incluso penetra los s�lidos controles y la regulaci�n estandarizada de la Uni�n Europea, al manipularse sistem�ticamente el proceso de contrataci�n p�blica por los gobiernos de turno (D�vid & Fazekas, 2019). Siendo as�, el problema m�s perjudicial de nuestro tiempo es la corrupci�n, que derrocha los recursos p�blicos, intensifica la polarizaci�n pol�tica socavando la confianza de la poblaci�n en las entidades, incrementando la desigualdad econ�mica y social, as� como perenniza la desigualdad y la pobreza.

�En cambio, para (Meza & Carhuancho, 2019) en el Per� los actos de corrupci�n de funcionarios se deben a la incidencia directa de factores culturales, axiol�gicos, deontol�gicas y sociales en la actuaci�n o conductas il�citas. Adem�s, para (Hamzah, 2020) los fraudes suceden por la falta de integridad, estructuras y sistemas administrativos deficientes. Del mismo modo, la (CAF, 2019) sustenta que la corrupci�n se percibe como el problema m�s trascendental coloc�ndose por encima de la situaci�n econ�mica, el acceso a la educaci�n, vivienda, salud y seguridad ciudadana, situaci�n que afecta la entrega de servicios y bienes de calidad por el Estado, as� como compromete el crecimiento de las econom�as y la productividad al desviar la asignaci�n de recursos p�blicos. En ese sentido, (Ar�valo et al., 2022)� se�alan que la legitimidad y la estabilidad de las instituciones pol�ticas corren peligro cuando los esc�ndalos de corrupci�n agravan la movilizaci�n social.

En ese orden, durante la pandemia del Covid-19, en las regiones de M�xico y Per� se han evidenciado el incremento de los actos de corruptela, en la compra de insumos, materiales y equipos m�dicos a sobrecostos que en algunos casos duplicaban su precio de mercado, sin importar la salud y la vida de los ciudadanos (Alfaro, 2021; P�rez, 2020). Adem�s, la corrupci�n genera consecuencias o costos en la econom�a de los pa�ses, como el caso del Per� en el 2019, se lleg� a determinar p�rdidas de aproximadamente el 15 por ciento del presupuesto ejecutado que equivale al 3 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) por la corruptela (Shack et al., 2020). Por ello, la ciudadan�a demuestra su rechazo y desprecio a los actos de corrupci�n en todo el mundo (Klitgaard, 2017). Efectivamente, la corrupci�n ocasiona desconfianza generalizada en la pol�tica y la administraci�n p�blica, por direccionamiento, favorecimiento y fraccionamiento en las licitaciones; as� como proyectos y obras no concluidas o paralizadas, limitando el cierre de brechas en infraestructura, educaci�n, salud, vivienda y otros.

En ese contexto, la lucha contra la corrupci�n consiste en dise�ar y aplicar pol�ticas y estrategias de anticorrupci�n como medidas preventivas, gesti�n de conflictos de intereses, protecci�n de los denunciantes, sistema de control interno, gesti�n de riesgos, fomento de la �tica p�blica, gesti�n de intereses y el r�gimen disciplinario (OCDE, 2017b). En el Per�, el 2017 se emiti� la Pol�tica Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupci�n y el 2018 se aprob� el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupci�n 2018-2021, constituyendo como actores clave para combatir la corruptela a las instituciones encomendadas de la prevenci�n, control, investigaci�n, persecuci�n y sanci�n; as� como el sector privado y la ciudadan�a en conjunto, adem�s plantean afianzar la prevenci�n y sanci�n en todas las entidades gubernamentales.� Por lo que, como primer eje se determin� la Capacidad Preventiva referido al desarrollo de diversas medidas, estrategias y pr�cticas de prevenci�n para enfrentar las posibles situaciones de corrupci�n e impulsar el establecimiento de la Cultura de Integridad P�blica. Entre ellos, el Portal de Transparencia Est�ndar (PTE) apropiadamente dise�ado y actualizado, el funcionamiento del Acceso a la Informaci�n P�blica (AIP), gesti�n de intereses y conflicto de intereses en las entidades p�blicas, as� como la entrega, publicaci�n y fiscalizaci�n de la Declaraci�n Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas �(CAN, 2017, 2018).

De otro lado, la integridad p�blica es la coherencia y apego a un conglomerado de valores, fundamentos �ticos y directrices orientados a salvaguardar, cultivar y dar prioridad al inter�s p�blico por encima de los intereses privados, basado en tres principios y trece componentes: Sistema (Compromiso, Normas, Responsabilidad y Estrategia); Cultura (Liderazgo, Sociedad, Meritocracia, Apertura y Formaci�n); y Rendici�n de Cuentas (Administraci�n de Riesgos, Participaci�n, Supervisi�n y Salud) (OCDE, 2017a). Tambi�n se define como el desempe�o congruente con principios, leyes y valores, que fomenta y resguarda el ejercicio �tico de la administraci�n gubernamental, es decir que las atribuciones y recursos dados al Gobierno se utilicen con fines que se destinaron, atestiguando que la atenci�n p�blica a la poblaci�n se orientado al inter�s general y la generaci�n de valor p�blico (Secretar�a de Integridad P�blica, 2021a). Adem�s, se concibe como la cualidad de obrar en concordancia y armon�a con los valores morales, las reglas y las normas de aceptaci�n general (Huberts, 2018). Igualmente, se entiende como una virtud que garantiza que las actuaciones se sustentan en un cuerpo de principios internamente consistentes (Pliscoff & Lagos, 2021). En ese sentido, la integridad p�blica es aplicar principios, reglas y valores en la administraci�n gubernamental, teniendo como pilares a la transparencia, la prevenci�n de conductas il�citas, la rendici�n de cuentas, pol�ticas sobre conflictos de intereses, mecanismos de denuncia, incentivos para promover la cultura de integridad y la supervisi�n.

Es as�, que el sistema�� de integridad comprende siete elementos: 1) Atenci�n (Se encuentra en agenda, recibe atenci�n permanente, se debate regularmente en toda la organizaci�n y se asigna recursos suficientes); 2) Claridad (La integridad y la visi�n de las pol�ticas y estrategias est�n claramente definidos, formulados y ejecutados coherentemente); 3) Liderazgo (los directivos muestran un comportamiento ejemplar �tico, apoyan y hacen cumplir las pol�ticas de integridad); 4) Equilibrio (Estrategia de integridad bien equilibrada y coherente orientada a valores y normas); 5) Pol�ticas (C�digo de conducta, normas de integridad, pol�ticas de integridad del personal y programas de formaci�n, instrumentos de gesti�n de riesgos de integridad); 6) Organizaci�n (se cuenta con oficina de integridad); y 7) Reflexi�n (reflexi�n cr�tica de forma regular, control y evaluaci�n de las pol�ticas de integridad en t�rminos de aplicaci�n, eficacia y ajustes y mejoras) (Hoekstra et al., 2022).

En esa l�nea, la integridad denota que los gestores p�blicos, no solo acaten lo exigido por la normatividad, sino gu�en su actuaci�n acorde a los valores y patrones de comportamiento claramente establecidos en la instituci�n, con el prop�sito de brindar preminencia al inter�s p�blico sobre el particular, a fin de que los pobladores y las empresas sientan la seguridad de vivir y trabajar en un ambiente de meritocracia y esfuerzo, as� como de igualdad de oportunidades y condiciones, evitando que los lazos de amistad y parentesco o sobornos, determinen las posibilidades (Delle, 2018; Lindor, 2019). Por lo tanto, se advierte que la experiencia ha evidenciado que es esencial implementar un s�lido y transversal modelo o sistema de integridad en todo el gobierno como estrategia de prevenci�n contra los actos de corrupci�n.

Es as�, que la OCDE plante� recomendaciones de integridad p�blica, como: i) definir las responsabilidades institucionales para tener un sistema de integridad eficaz y s�lido; ii) desarrollar un enfoque estrat�gico para mitigar los riesgos de integridad; iii) establecer reglas estrictas de conducta de los funcionarios; iv) fomentar la cultura de integridad; v) brindar capacitaci�n y monitoreo a los funcionarios en normas de integridad; vi) fomentar la cultura de transparencia organizativa, vii) implantar sistema de control y administraci�n de riesgos; viii) mecanismos de ejecuci�n para la detecci�n de trasgresiones a las normas de integridad; y ix) reforzar la supervisi�n y controles externos en el sistema (Fern�ndez, 2019). En consecuencia, en el combate a la corruptela, la daci�n legislativa, exigiendo mayor rigurosidad en su aplicaci�n y cumplimiento no han tenido la eficacia respectiva, toda vez que, los actos de corrupci�n va en aumento, siendo la integridad p�blica una estrategia sostenible para hacer frente a la corrupci�n, entendida como la alineaci�n a fundamentos, valores y normas �ticos participativos, para preservar y preferir el inter�s general frente a las ventajas de los particulares, es decir hacer lo correcto cumpliendo las normas.

En ese contexto, el Estado Peruano aprob� el Modelo de Integridad P�blica (MIP), basado en est�ndares internacionales, los principios del G-20 y las sugerencias de la OCDE, con el prop�sito de posibilitar a las instituciones p�blicas la implantaci�n del sistema de prevenci�n de la corrupci�n, que comprende nueve componentes: i) Compromiso de la direcci�n; ii) Administraci�n de riesgos; iii) Pol�ticas de integridad; iv) Transparencia y rendici�n de cuentas; v) Control interno y externo; vi) Comunicaci�n y capacitaci�n; vii) Canal de denuncias; viii) Supervisi�n y monitoreo; y ix) Gestor del modelo de integridad (CAN, 2018; Secretar�a de Integridad P�blica, 2021a; Secretaria de Integridad P�blica, 2022). Adem�s, sancion� los lineamientos para fortificar la cultura de integridad en las organizaciones gubernamentales, mediante la Directiva N.� 002-2021-PCM/SIP, disponiendo desarrollar las actividades de: Planificaci�n (Diagn�stico de la implantaci�n del modelo de integridad y formulaci�n del programa de integridad); Implementaci�n de las nueve componentes; y Seguimiento (Retroalimentar el proceso para la mejora continua) (Secretar�a de Integridad P�blica, 2021b). En el estudio se consider� como marco te�rico la normativa antes se�alada.

En ese sentido, el Modelo de Integridad P�blica es el conjunto de pautas destinados a mejorar la capacidad de prevenci�n y defensa de las organizaciones gubernamentales contra la corrupci�n y otros comportamientos no �ticos, los cuales se encuentran ordenados met�dicamente en nueve componentes sustentados en conceptos y patrones espec�ficos a nivel organizacional y funcional, constituy�ndose en el est�ndar y enfoque de integridad p�blica (CAN, 2018; Secretar�a de Integridad P�blica, 2021b, 2022; Vega et al., 2019).� Seguidamente, se describe los componentes y subcomponentes:

a) Compromiso de Alta Direcci�n, como la voluntad pol�tica de la m�xima autoridad de establecer la importancia de implementar una estrategia de Integridad y Lucha contra la Corrupci�n, empoderando a los funcionarios y �reas org�nicas que cumplen esta funci�n, desarrollado a trav�s de las siguientes acciones:

� Fortalecimiento del �rgano u Oficina de Integridad Institucional, con la creaci�n y asegurando las condiciones y recursos para ejercer la misi�n de integridad y consolidaci�n de la cultura de integridad.

� Visibilizaci�n de la integridad como prop�sito corporativo, incorporando el enfoque de integridad en los instrumentos de gesti�n y planificaci�n, haciendo expl�cito la preferencia por la �tica y la ejecuci�n de los procesos y estrategias de integridad y lucha contra la corruptela.

b) Gesti�n de riesgos de integridad, identificando los procesos m�s fr�giles a los actos de corruptela y otras acciones opuestas a la �tica, a fin de plantear medidas de control, mediante las actividades siguientes:

� Identificar, evaluar y mitigar los riesgos que menoscaban la integridad, organizado y dirigido por la oficina de integridad en coordinaci�n con las unidades org�nicas responsables de los procesos m�s vulnerables a situaciones que impidan el logro de los prop�sitos del fomento de la integridad y combate a la corrupci�n, entre otros, en las contrataciones p�blicas y gesti�n del talento humano.

� Mapa de riesgos y controles, elaboraci�n y actualizaci�n constante para tener a la vista los procesos, riesgos y controles identificados y aplicados a cada uno.

c) Pol�ticas de integridad, est�ndares de cumplimiento y obligaciones para las instituciones y servidores gubernamentales como parte de la pol�tica de integridad y lucha contra la corrupci�n, que se desarrollan con la ejecuci�n de los siguientes elementos:

� C�digo de conducta, instrumento normativo donde se define y precisa el comportamiento deseado del personal en relaci�n con los valores de la instituci�n.

� Gesti�n de conflicto de intereses, a trav�s de la implementaci�n de lineamientos de prevenci�n y mitigaci�n de circunstancias que configuren conflicto de intereses.

� Debida diligencia con las partes interesadas profundizando su conocimiento a trav�s de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE), para decisiones discrecionales.

� Reconocimientos e incentivos al personal para el fomento de principios, valores y normas de la administraci�n p�blica.

� Contrataci�n de personal aplicando mecanismos que garanticen la meritocracia e integridad en el reclutamiento de personal mediante la transparencia de la entrevista personal, fiscalizaci�n posterior de la documentaci�n presentada y evitar situaciones de conflictos de inter�s o nepotismo.

� Plan de Integridad y Lucha Contra la Corrupci�n Institucional, dirigido por la Oficina de Integridad su formulaci�n y aprobaci�n, as� como realiza el seguimiento a su ejecuci�n y cumplimiento.

d) Transparencia, datos abiertos y rendici�n de cuentas, herramientas y mecanismos de la gesti�n p�blica utilizados en la prevenci�n de la corrupci�n, desarrollado como sigue:

� Transparencia activa, mediante la verificaci�n peri�dica de la observancia de la normativa de Transparencia y Acceso a la Informaci�n P�blica, publicaci�n y actualizaci�n del PTE. Asimismo, la implementaci�n del Registro de Visitas en L�nea.

� Transparencia pasiva, comprobaci�n permanente del cumplimiento de la Ley de Transparencia, concerniente a la atenci�n de las solicitudes de informaci�n p�blica, as� como a la implantaci�n de un sistema de registro de peticiones en l�nea.

e) Control interno, externo y auditor�a, referido a la implementaci�n y cumplimiento de las normas del Sistema Nacional de Control, a trav�s de las actividades siguientes:

� Implementaci�n del Sistema de Control Interno, de acuerdo con la normativa del Sistema Nacional de Control.

� Control Gubernamental, con la atenci�n cabal y eficaz de la informaci�n y documentaci�n solicitada por los �rganos del Sistema Nacional de Control y la implementaci�n de las recomendaciones de los informes de auditor�a.

f) Comunicaci�n y capacitaci�n, para el fortalecimiento de la integridad p�blica, ejecutado con las acciones siguientes:

� Implantaci�n de procedimientos de inducci�n sobre integridad a los ingresantes a la funci�n p�blica.

� Capacitaci�n en pol�ticas de integridad, incluyendo en el Plan de Desarrollo de Personas (PDP) materias afines al fortalecimiento del desempe�o �tico de los servidores.

� Comunicaci�n de las pol�ticas de integridad a las partes interesadas, mediante acciones de difusi�n del contenido y ejecuci�n a los grupos de inter�s.

� Evaluaci�n del clima laboral, con la inclusi�n de temas relacionados con las pol�ticas de integridad en las encuestas.

� Evaluaci�n del nivel de satisfacci�n de los grupos de inter�s, con la inclusi�n de consultas en materia de integridad p�blica en las encuestas.

g) Canal de denuncias, para la recepci�n y evaluaci�n de presuntos hechos irregulares contrarios a las normas, valores y �tica, desarrollados como sigue:

� Implementaci�n del canal de denuncias, supervisado por la Oficina de integridad garantizando el cumplimiento del Decreto Legislativo N.� 1327 y su reglamento, acompa�ando y orientando a los denunciantes sobre los procedimientos. Tambi�n, la implementaci�n de la Plataforma Digital �nica de Denuncias del Ciudadano.

� Mecanismos de protecci�n al denunciante, a trav�s de lineamientos que permitan cautelar el otorgamiento de las medidas de protecci�n.

h) Supervisi�n y monitoreo del Modelo de Integridad:

� Evaluaci�n de la efectividad del modelo, que implica la evaluaci�n anual de la eficiencia, eficacia y sostenibilidad, a trav�s del desarrollo de indicadores de medici�n, para lo cual la Oficina de Integridad realiza el registro de informaci�n en el �ndice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupci�n.

i) Encargado del Modelo de Integridad:

� Funci�n de acompa�amiento, realizado por la Oficina de Integridad mediante la articulaci�n de los componentes, el rol de orientaci�n antes que la labor de fiscalizaci�n. Es decir, gu�a a las �reas org�nicas la apropiada y eficaz implementaci�n de los principios �ticos, normativas y directrices.

METODOLOG�A

El estudio fue de enfoque cualitativo en el que se analiz� e interpret� un contexto existente y se enmarc� en el tipo b�sico debido a que se describi� y comprendi� los aspectos fundamentales de la integridad p�blica en el gobierno local (Flick, 2015). Se organiz� las categor�as, subcategor�as y rasgos del objeto de estudio con especial atenci�n al marco te�rico, as� como el recojo y an�lisis de los datos de los participantes orientando a la exploraci�n profunda y de esta forma conocer su sistema de relaciones, as� como su estructura din�mica (Escudero & Cortez Su�rez, 2018). De este modo, en la investigaci�n de nivel exploratorio se mantuvo una constante interacci�n con los participantes y con la informaci�n, para de esta forma entender y revelar sus experiencias y conocimientos sobre el objeto de estudio.

La investigaci�n fue de dise�o fenomenol�gico, debido a que a partir de las experiencias de los participantes se exploraron y comprendieron el objeto de estudio, as� como se describen e interpretan las caracter�sticas, comportamiento y propiedades (Hern�ndez-Sampieri & Mendoza, 2018). Luego de ello, se identific� las estrategias y mecanismos de prevenci�n de la corruptela que se vienen implementando en el gobierno local.

La investigaci�n se ejecut� en la corporaci�n municipal de San Luis, Lima uno de los cuarenta y tres distritos de Lima Metropolitana, creado por Ley N.� 17023 del 23 de mayo de 1968, con 52082 habitantes y superficie territorial de 3.49 km�. Tiene como m�ximo �rgano de gobierno al Concejo Municipal integrado por nueve regidores y el alcalde, quien lo preside. Asimismo, su estructura organizativa posee ocho (8) gerencias y diecinueve (19) subgerencias, as� tambi�n est� integrado por Alcald�a, Secretaria General, Procuradur�a Municipal y el �rgano de Control Institucional.

En el estudio se tuvo la intervenci�n del Gerente Municipal, Secretario �General, Gerente de Administraci�n y Finanzas, Gerencia de Planeamiento Estrat�gico y Presupuesto y el Subgerente de Recursos Humanos, es decir cinco (5) participantes; quienes cuentan con atribuciones y competencias de Alta Direcci�n y nivel jer�rquico superior, responsables de planificar, dirigir y controlar las acciones estrat�gicas, misionales y operativos. As� como, de implementar la pol�ticas nacionales y sectoriales de la corporaci�n edil, entre ellos, el Plan de integridad y combate a la corrupci�n y la consolidaci�n de la cultura de integridad, a trav�s del desarrollo del modelo de integridad. Toda vez, que el muestreo en el enfoque cualitativo no se realiza a trav�s de una selecci�n formal de una parte de la poblaci�n, sino de manera no probabil�stico, deliberada y por conveniencia en funci�n al prop�sito de la investigaci�n (Flick, 2015; Otzen & Manterola, 2017).

En la investigaci�n, la recolecci�n de informaci�n se realiz� a trav�s de la entrevista no estructurada a los participantes del estudio para identificar los aspectos de inter�s. Por consiguiente, fue necesario elaborar un instrumento, el cual se utiliz� como gu�a de entrevista no estructurada, abierta y con un nivel de flexibilidad, porque las preguntas se plantearon con anticipaci�n y luego se fueron ajustando para cada uno de los entrevistados, permitiendo realizar aclaraciones de ciertos t�rminos y ambig�edades.

El procedimiento de investigaci�n consisti� en abordar con la gu�a de entrevista no estructurada a cada uno de los participantes del estudio que fueron seleccionados por sus caracter�sticas de decisores y responsables de implementar el Plan de integridad y combate a la corrupci�n y la consolidaci�n de la cultura de integridad, a trav�s del desarrollo del modelo de integridad, a fin de socializar el prop�sito y la importancia de su participaci�n en el estudio y por ende el desarrollo de la entrevista para luego analizar y realizar contrastaciones de la informaci�n obtenida, el mismo que se presenta en los resultados y la discusi�n, con el prop�sito de acreditar la originalidad del estudio y el an�lisis propio de la problem�tica. Se utiliz� el Atlas.ti 9 como herramienta inform�tica para la sistematizaci�n y an�lisis de la informaci�n a trav�s de la nube, citas, codificaci�n y redes sem�nticas. Adem�s, se sigui� el orden siguiente: a) exploraci�n de datos; b) organizaci�n en unidades o c�digos y categor�as; c) narraci�n de las experiencias y respuestas; d) encontrar los patrones y categor�as, as� tambi�n su vinculaci�n, para interpretarlos y explicarlos; y e) relacionar los resultados y los saberes existentes (Hern�ndez-Sampieri & Mendoza, 2018). Como m�todo se utiliz� la triangulaci�n o de convergencia metodol�gica que permiti� contrastar las respuestas de los participantes, los antecedentes, el marco te�rico y normativo analizado, el cual confiere profundidad y coherencia a los hallazgos, a la vez disminuir los sesgos y mejorar la comprensi�n del fen�meno estudiado (S�nchez et al., 2021). Asimismo, la triangulaci�n permiti� realizar contrastaciones entre los resultados de las entrevistas con la informaci�n te�rica, as� como tener profundidad y consistencia de las evidencias, adem�s reducir los sesgos y ampliar la comprensi�n del objeto estudiado. Finalmente, en la investigaci�n los participantes fueron funcionarios y directivos de la corporaci�n edil, por lo que, se tuvo presente los principios de justicia, beneficencia, no maleficencia y respeto.

RESULTADOS Y DISCUSI�N

De acuerdo con las Redes Sem�nticas obtenidas en el Atlas.ti 9 en el rasgo de Compromiso de Alta Direcci�n del Modelo de Integridad P�blica los entrevistados coincidieron en revelar que, en la Municipalidad Distrital de San Luis, Lima no fue creado la Oficina de Integridad Institucional u otra unidad org�nica que cumpla tal funci�n. Adem�s, reconocen la importancia de esta para la pr�ctica de la �tica, los valores y la prevenci�n de la corrupci�n en la organizaci�n. No obstante, se debe tener en cuenta que implementar esta componente es fundamental y punto de partida en la implementaci�n del modelo, que se manifiesta con la instauraci�n y empoderamiento de la Oficina de integridad, asignando recursos y condiciones para su funcionamiento, as� como la visibilizaci�n del enfoque de integridad en los instrumentos de planificaci�n (CAN, 2018; Secretar�a de Integridad P�blica, 2021b; Secretar�a de Integridad P�blica, 2022; Vega et al., 2019). Sin embargo, en el numeral 3 del art�culo 34 del Reglamento de Organizaci�n y Funciones (ROF) vigente desde el 2020, entre las funciones de la Subgerencia de Recursos Humanos, establece que ejecutar� las funciones de la Oficina de integridad, solo en lo referido a las medidas de protecci�n al denunciante de actos de corruptela y sanciones por denuncias de mala fe, denot�ndose la ausencia de compromiso y voluntad para gestionar el est�ndar de integridad.

Concerniente al rasgo de Gesti�n de Riesgos de Integridad P�blica, los entrevistados concordaron en se�alar que en el marco de la implementaci�n del modelo de integridad en la municipalidad no se desarroll� este componente. Es decir, no se identific�, evalu� y mitig� los eventos que pudieran impedir la configuraci�n de pr�cticas corruptas o contrarias a la �tica en las actividades o procesos susceptibles a estas, por lo que, no se elabor� el mapa de riesgos y controles como documento de gesti�n (CAN, 2018; Secretar�a de Integridad P�blica, 2021a). En ese sentido, no se mitig� los efectos negativos en los procesos, actividades y tareas operacionales, financieros y otros de determinadas conductas que quebranten las normas, principios, valores y deberes, generando ambiente propicio para actos de corrupci�n y anti�ticas en la entidad.

Referido al rasgo de Pol�ticas de Integridad (PI) se tiene los siguientes:

� Los entrevistados mencionaron que la municipalidad no cuenta con C�digo de Conducta, documento que describe de manera espec�fica y puntual los lineamientos para la correcta actuaci�n de los servidores p�blicos y la promoci�n de una cultura de integridad; que seg�n (Gilvonio, 2021) una pol�tica p�blica preventiva para combatir a la corrupci�n es implementar el c�digo de conducta que establece las actuaciones calificadas como corruptas, directrices sobre cortes�as y regalos, as� como infracciones a los principios �ticos, valores e integridad.

� �Los entrevistados indicaron que no se elabor� y aprob� lineamientos para la Gesti�n de Conflicto de Intereses para la identificaci�n y aplacamiento de eventuales conflictos de inter�s. Al respecto, un procedimiento efectivo de declaraci�n de intereses permite se identifique, gestione y sancione un conflicto de inter�s al comprobarse que la decisi�n de un gestor p�blico fue implicada por un beneficio privado, para lo cual es fundamental establecer pautas expl�citas de inhibici�n de funciones ante probables conflictos de inter�s y contar con un banco de datos de los v�nculos familiares, comerciales y pol�ticas del personal (CAN, 2018; OECD, 2020).

� Tambi�n expresaron que no usaron la informaci�n almacenada en la Plataforma de Interoperabilidad del Estado, para la toma de decisiones discrecionales con relaci�n a los grupos de inter�s, como pr�ctica de debida diligencia en la instituci�n. No obstante, que la implementaci�n de lineamientos de debida diligencia asegura el conocimiento y la comprensi�n oportuna de las normas, as� como su cumplimiento efectivo, para aplacar probables riesgos de inobservancia que afecten la integridad p�blica (Secretar�a de Integridad P�blica, 2021a). Asimismo, establecer medidas de debida diligencia permiten incorporar filtros, exigencias, controles e incentivos en las relaciones con las partes interesadas.

� Igualmente, manifestaron que no se implement� lineamientos o disposiciones referidos al reconocimiento e incentivo a los servidores p�blicos por su contribuci�n al desempe�o �tico en la administraci�n gubernamental. Adem�s, los premios y la gratitud al personal al estar vinculados al fomento de las normas, principios y valores de la funci�n p�blica coadyuvan al fortalecimiento de la cultura de integridad en la organizaci�n (Secretar�a de Integridad P�blica, 2021b). Por lo que, es fundamental definir los criterios y categor�as de concursos, reconocimientos y premiaci�n p�blicamente por el cumplimiento de preceptos y valores.

� As� tambi�n, anunciaron que se utiliz� criterios de meritocracia en los procesos de contrataci�n de recursos humanos. Es decir, se promueve el acceso a los cargos p�blicos de acuerdo con las exigencias de los perfiles del puesto y personas id�neas y calificadas, en el que toma importancia la actuaci�n de los responsables del reclutamiento y designaci�n de puestos de confianza (Secretar�a de Integridad P�blica, 2021a). Sin embargo, no implementaron pautas o mecanismos de integridad que permitan garantizar la transparencia de las fases del proceso de contrataci�n con �nfasis en la entrevista personal, el control posterior al acervo documentario y mitigar situaciones de clientelismo, nepotismo y conflictos de inter�s.

� Del mismo modo, significaron que no se elabor� y aprob� el Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupci�n Institucional como medida preventiva de la corrupci�n. A saber, es el instrumento donde se platean los objetivos y acciones de combate a la corruptela como resultado del diagn�stico e identificaci�n de riesgos, articulado o vinculado con el Plan Operativo y el Plan Estrat�gico, as� como se encuentra sujeto a seguimiento y evaluaci�n (Secretar�a de Integridad P�blica, 2021b). Asimismo, se debe formular y ejecutar teniendo en cuenta la Pol�tica Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupci�n �y el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupci�n 2018-2021, con asignaci�n de presupuesto para garantizar su difusi�n e implementaci�n en un per�odo no menor de 2 a�os apropiadamente calendarizado con metas e indicadores medibles y viables (CAN, 2018). Por consiguiente, esta herramienta permite detectar, evaluar, mitigar y vulnerabilidades o riesgos de corrupci�n en �reas o procesos cr�ticos, proporcionando mecanismos de defensa contra la corruptela y mejorar la robustez de la integridad.

Con relaci�n al rasgo de Transparencia, Datos Abiertos y Rendici�n de Cuentas, se tuvo las manifestaciones siguientes:

� Los entrevistados armonizaron expresando que realizaron la publicaci�n y actualizaci�n de informaci�n en los diferentes rubros tem�ticos del Portal de Transparencia Est�ndar. Al respecto, la Oficina de Integridad verifica permanentemente el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci�n P�blica y las directrices del portal de transparencia; asimismo, fomenta y vigila la implantaci�n del registro de visitas en l�nea (Secretar�a de Integridad P�blica, 2021b). Adem�s, se tiene que enfatizar en la publicaci�n del estado de implementaci�n de las recomendaciones reportados por el �rgano de Control Institucional, datos completos de las retribuciones, gratificaciones y beneficios de los servidores, actualizaci�n constante de las declaraciones juradas de los directivos e informaci�n de las acciones del Plan de Integridad Institucional como parte del avance de la implementaci�n del Modelo de Integridad (CAN, 2018).

� Igualmente, con relaci�n a la transparencia pasiva coincidieron manifestando que las peticiones de acceso a la informaci�n de car�cter p�blico son atendidas de manera oportuna y apropiada. Sin embargo, ninguno mencion� sobre la implementaci�n virtual o en l�nea de los petitorios de acceso a la informaci�n a fin de optimizar el seguimiento y las respuestas al requerimiento (CAN, 2018).

Adem�s, el entrevistado de la Gerencia de Planeamiento Estrat�gico y Presupuesto acot� sobre la importancia de las rendiciones de cuentas peri�dicas a la poblaci�n sobre el desempe�o de la gesti�n y el destino de los recursos, as� como elaborar y publicar la memoria anual institucional, como pr�cticas esenciales de transparencia. �

En cuanto al rasgo de Control Interno, Externo y Auditoria, se encontr� las expresiones siguientes:

� Los entrevistados convergieron se�alando que se est� implementando el Sistema de Control Interno en la organizaci�n, para coadyuvar al logro de los objetivos institucionales y prevenir la corrupci�n, al mismo tiempo robustecer la integridad p�blica. Sin embargo, ningunos hizo menci�n el nivel de logro que alcanzaron en el proceso de implantaci�n, adem�s si vienen ejecutando los Planes de Acci�n de Medidas de Remediaci�n y Medidas de Control, as� como el cumplimiento de env�o de los entregables virtualmente (Secretar�a de Integridad P�blica, 2021b). No obstante, se verific� en el portal web de la entidad que al 30 de noviembre de 2022 tienen un grado de madurez de 98.25, lo cual muestra un avance significativo que permitir� fortalecer el modelo de integridad.

� Igualmente, se�alaron que es fundamental la entrega de informaci�n oportuna para las auditor�as y la implementaci�n de las recomendaciones emergentes de estas, para contribuir a la mejora del control gubernamental y por ende de la gesti�n p�blica. En tal sentido, la entidad como estrategia de implementaci�n del modelo de integridad, promueve el fortalecimiento del �rgano de Control Institucional, a trav�s de soporte log�stico apropiado, capacidad operativa con independencia para el desarrollo del control gubernamental con eficiencia y eficacia (CAN, 2018). Efectivamente, es necesario la dotaci�n o asignaci�n de presupuesto que garantice la ejecuci�n de los servicios de control que tiene la finalidad de cautelar el uso adecuado de los recursos p�blicos.

En cuanto al rasgo de Comunicaci�n y Capacitaci�n (CyC), se revelaron los aspectos siguientes:

� La municipalidad no ha implementado mecanismos o instrumentos de inducci�n a los nuevos servidores p�blicos, capacitaci�n permanente y evaluaci�n del clima laboral incluyendo temas y acciones de las pol�ticas de integridad, con la finalidad de fortalecer la cultura de integridad en la organizaci�n; no obstante, consideran la relevancia de su implementaci�n como estrategia del modelo de integridad y prevenci�n de los actos de corruptela y actuaciones contrarias a los valores �ticos.

� Del mismo modo, no se implement� procedimientos o herramientas para gestionar la comunicaci�n de las pol�ticas de integridad a los grupos de inter�s y la evaluaci�n del grado de satisfacci�n de las partes interesadas incluyendo temas afines a la integridad p�blica. No obstante, valoran su implementaci�n como parte del modelo. Toda vez, que las pol�ticas de integridad se difunden entre los proveedores, usuarios, organizaciones y p�blico en general, debido a la importancia de conocer la intenci�n de la instituci�n de actuar con integridad; asimismo, practicar la evaluaci�n de la complacencia de los grupos de inter�s con t�picos vinculados a la integridad p�blica como un proceso de mejora continua que identifica los problemas internos para ser superados (CAN, 2018). Siendo as�, la instituci�n est� obligado a difundir y promocionar la cultura de integridad a los stakeholders con comunicaciones y encuestas de satisfacci�n peri�dicas como parte de la componente de comunicaci�n y capacitaci�n del est�ndar de integridad.

Con relaci�n a la organizaci�n y an�lisis a las respuestas de los entrevistados con el Atlas.ti concerniente al rasgo de Canal de Denuncias, se devel� los siguientes:

� En cuanto a la Plataforma Digital �nica de Denuncias todos significaron que es una herramienta �til para la presentaci�n y canalizaci�n de las denuncias de corrupci�n de manera virtual que optimiza la gesti�n y seguimiento de las denuncias; no obstante, el entrevistado de la Gerencia de Planeamiento Estrat�gico y Presupuesto acot� que teniendo en cuenta la brecha de acceso a la virtualidad, los canales tradicionales contin�an siendo importantes. Sin embargo, ninguno de los entrevistados aludi� que la entidad haya implementado la plataforma para la gesti�n de las denuncias de corrupci�n y que viene utilizando en la tramitaci�n de estas, a efectos de asegurar la trazabilidad y contestaci�n oportuna al denunciante; adem�s, que la implementaci�n se est� difundiendo tanto interno y externamente (Secretar�a de Integridad P�blica, 2021b). De ello, se desprende que la entidad carece de un mecanismo entendible y aplicable para que cualquier persona denuncie pr�cticas corruptas y cuestionables.

� De igual modo, refirieron que la organizaci�n no ha implementado lineamientos para el otorgamiento de medidas de protecci�n al denunciante para salvaguardarle de represalias, a efectos de fomentar la participaci�n en la presentaci�n de denuncias de actos de corruptela. Sobre el particular, se tiene que el responsable de la Oficina de Integridad P�blica es quien dirige el establecimiento de las directrices para el otorgamiento de protecci�n conforme a lo estipulado en el Decreto Legislativo N� 1327 y su Reglamento (Secretar�a de Integridad P�blica, 2021b). Aunado a ello, el numeral 3 del art�culo 34 del Reglamento de Organizaci�n y Funciones de la municipalidad, establece que la Subgerencia de Recursos Humanos, ejecutar� las funciones de la Oficina de Integridad, en lo referido a las medidas de protecci�n al denunciante de actos de corruptela; sin embargo, al no contar con los mecanismos establecidos para esta, en la corporaci�n edil no se viene cumpliendo con brindar protecci�n a los denunciantes que pretender�an acogerse.

Concerniente a la organizaci�n y an�lisis a las respuestas de los entrevistados en el Atlas.ti referido al rasgo de supervisi�n y monitoreo del Modelo de Integridad P�blica, se tiene:

� Un�nimemente mencionaron que el municipio no hace uso del �ndice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupci�n (ICPC), a fin de medir los avances en la implementaci�n del modelo de integridad; no obstante, reconocieron la importancia de la aplicaci�n de esta herramienta en el seguimiento al proceso de desarrollo. Al respecto, el ICPC es un instrumento que mide el progreso en la implantaci�n de los nueve (9) componentes del modelo, mediante la evaluaci�n en una escala porcentual de 0 a 100, donde 0 significa que no hay medidas anticorrupci�n estandarizadas y 100 significa cumplimiento total; asimismo, la valoraci�n se realiza por etapas progresivamente hasta alcanzar el grado de maduraci�n del est�ndar de integridad p�blica.

Con relaci�n a la organizaci�n y an�lisis a las respuestas de los entrevistados en la red sem�ntica del Atlas.ti concerniente al rasgo de encargado del Modelo de Integridad P�blica, se tuvo lo siguiente:

� Todos se�alaron que la corporaci�n edil no cuenta con la Oficina de Integridad P�blica y tampoco con el responsable como encargado de liderar y ejecutar las acciones de seguimiento a la implementaci�n del modelo de integridad, aunque, valoran la importancia de crear y poner en funcionamiento la oficina de integridad, a fin de garantizar avances significativos en el desarrollo del modelo. Ahor bien, la (CAN, 2018) y la� (Secretar�a de Integridad P�blica, 2021b) consideran que la esta unidad org�nica cumple un papel fundamental en la articulaci�n de los componentes del modelo, en la orientaci�n y acompa�amiento a las �reas org�nicas sobre la adecuada y eficaz ejecuci�n de las reglas y mecanismos que conforman el est�ndar de integridad; asimismo, aclarar las consultas sobre la adopci�n de determinada acci�n a la luz de los principios �ticos del modelo. En efecto, esta oficina desempe�a acciones de monitoreo y seguimiento, as� como de asesor�a t�cnica a las unidades funcionales de la instituci�n para una correcta implementaci�n del modelo.

CONCLUSIONES

En el marco de la Pol�tica Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupci�n y el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupci�n 2018-2021, la Municipalidad de San Luis, Lima se encuentra obligada a implementar el modelo de integridad p�blica de acuerdo con lo establecido en los lineamientos para fortalecer una Cultura de Integridad en las entidades p�blicas, aprobado por la Secretar�a de Integridad P�blica en el a�o 2021; no obstante, como resultado del estudio se ha evidenciado un estado incipiente del proceso de implementaci�n del modelo de integridad, debido a que solo dos (2) componentes (Transparencia, datos abiertos y rendici�n de cuentas y Control Interno, Externo y Auditor�a) fueron desarrollados y siete (7) no se ejecutaron, seg�n los hallazgos siguientes:

En la componente Compromiso de la Alta Direcci�n no se cre� la Oficina de Integridad como unidad org�nica o funcional, as� como no fue delegada esta funci�n; adem�s, en los documentos de planificaci�n y gesti�n no se incorpor� de manera expl�cita la prioridad a la �tica y las pol�ticas de fortalecimiento de la integridad.

En lo referente a la Gesti�n de Riesgos que afecten la integridad p�blica no se realiz� pr�cticas para identificar, evaluar y mitigar riesgos de corruptela y actos opuestos a la �tica en los procesos sensibles; por consiguiente, no se formularon mapas de riesgos y controles para hacer frente de manera preventiva a la corrupci�n.

Concerniente a las Pol�ticas de Integridad, no fue elaborado y aprobado el C�digo de conducta, tampoco los mecanismos para prevenir y mitigar situaciones de conflicto de intereses, as� como disposiciones de debida diligencia acorde con los grupos de inter�s, incentivos y reconocimientos a los colaboradores en materia de integridad, criterios de integridad en la contrataci�n de personal y no se formul� el Plan de integridad, lucha contra la corrupci�n institucional.

Con relaci�n a la Comunicaci�n y Capacitaci�n se careci� de mecanismos de inducci�n sobre integridad a los nuevos colaboradores, se advirti� la ausencia de capacitaci�n permanente en pol�ticas de integridad y no realizaron evaluaciones del clima laboral, igualmente, no efect�an pr�cticas de comunicaci�n de las pol�ticas de integridad a los stakeholders y evaluaciones de satisfacci�n de los grupos de inter�s incluyendo temas de integridad.

Referido al Canal de Denuncias, se verific� que no se implement� el uso de la Plataforma Digital �nica de Denuncias del Ciudadano para gestionar las denuncias de corrupci�n y los mecanismos de protecci�n al denunciante, a fin de fomentar la mayor participaci�n de los denunciantes.

Perteneciente a la supervisi�n y monitoreo del modelo de integridad, la corporaci�n edil no realiz� la evaluaci�n de la efectividad de los componentes del modelo, mediante el �ndice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupci�n (ICPC), que permita establecer el estado de maduraci�n del est�ndar de integridad en la organizaci�n.

Finalmente, con respecto al componente encargado del modelo de integridad, se advirti� que no se cont� con un responsable de las funciones de oficina de integridad, a fin de que lidere, acompa�e y asesore a las diferentes unidades org�nicas en la implementaci�n de las normas y mecanismos del est�ndar de integridad.

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[1] Autor Principal