El
objeto de este trabajo, es determinar el legitimador activo en los procesos
disciplinarios administrativos en las Instituciones de Educación Superior, es
la persona que al tener conocimiento de un hecho o una acción que constituyan
faltas disciplinarias, presente la respectiva denuncia al órgano competente de
la institución, de tal forma que la sustente y posteriormente la autoridad
sustanciadora instaure el proceso que en derecho corresponda.
Como bien lo dice (Morales Terrones, 2020) “una denuncia
administrativa es un acto que un tercero ajeno al procedimiento realiza sobre
un hecho que conoció; sin embargo, estas personas deberían expresar de manera
fehaciente los hechos y relatos que conocieron, para que de esta manera la
administración pública no pierda el tiempo investigando hechos que van a
terminar en el archivado”.
Siendo así es recomendable en primera
instancia analizar los requisitos formales y los de fondo, a fin de admitir o
inadmitir la denuncia, según corresponda.
Previo a la inadmisión, se dispone aclarar
y completar la denuncia, que en mucho de los casos, el denunciante no lo hace,
por ello, en el presente artículo se analizará las consecuencias que, por falta
de legitimación activa dentro de los procesos disciplinarios en las
Instituciones de Educación Superior, las denuncias
podrían archivarse y peor aún no sancionar las infracciones disciplinarias que
existieren, lo que significa la posible
impunidad de los presuntos infractores, que al
tener conocimiento la entidad pública, tendría la obligación de tomar
acciones dentro del ámbito administrativo, de acuerdo a la naturaleza y
gravedad de las faltas disciplinarias.
La legitimación activa es
un concepto fundamental en los procesos disciplinarios administrativos en las
instituciones de educación superior en Ecuador.
Este proceso tiene como objetivo
garantizar la protección de los derechos de los estudiantes y personal
académico, así como mantener la convivencia institucional.
Todo esto se refiere a la capacidad
que tienen las partes interesadas en un proceso disciplinario para intervenir y
participar activamente en el mismo, ya sea en calidad de denunciantes,
denunciados o testigos. En el contexto de las instituciones de educación
superior en Ecuador, la legitimación activa se rige por un conjunto de normas y
procedimientos establecidos por las autoridades competentes.
DESARROLLO
Desde una perspectiva global, es
importante señalar que este derecho deriva de las leyes españolas del siglo
XIX, concretamente del Reglamento de Procedimiento Administrativo, que
estableció su dependencia para todos los niveles estatales en el año 1889 y desde
donde se extendió por todo el resto del mundo. Núñez
(2019),
refiere que “este fue el caso de Ecuador, donde a partir del siglo XX fue
necesario superar un exceso de formalismo en las leyes…” Como resultado, se desarrollaron
las primeras normas relativas al proceso administrativo, dando origen al
Decreto 1634 de 1994, también conocido como Estatuto de Régimen Jurídico
Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE), el cual fue modificado
posteriormente; sin embargo, también está probado que el Código Orgánico de
Ordenación Territorial (COOTAD) y la Ley Orgánica del Servicio Nacional de
Contrataciones Públicas fueron dictados en los años siguientes, en 2008 y 2010,
respectivamente. Estas son las normas que más se aplican en materia
administrativa, pero también era necesario crear normas como el Código Orgánico
Administrativo que rigen la forma en que los organismos ejercen sus funciones
administrativas.
El Derecho Administrativo “fue creado como un subconjunto del
derecho público, su objetivo es supervisar la administración eficiente de todas
las operaciones que se realizan en el ámbito público” (Vergara (2020, págs. 22-39). Tomando este concepto,
se puede definir que el derecho administrativo abarca al derecho público, que
es el que norma la conducta y actividad de la administración pública. Su
objetivo es el de garantizar el cumplimiento de las actuaciones administrativas,
así como el ejercicio de los derechos de las personas.
Es así que se puede entender que la
administración se enfoca en asegurar que la institución y el servicio público
funcionen adecuadamente, esta actividad adquiere un nivel de importancia. La
administración utiliza las sanciones para proteger y regular el interés
público, lo que permite que sea más elaborado el proceso y que se encuentren
nuevas formas de relación ante un estudio sobre lo que debe funcionar de manera
adecuada.
Por otro lado, Haro (2021), define que “el Derecho
Administrativo es una rama del derecho con una larga trayectoria en el Ecuador
y el resto del mundo, aunque su aparición es relativamente reciente en
comparación con otras especialidades jurídicas. Se deben cumplir dos
condiciones para confirmar la existencia de esta disciplina, la primera es que
debe existir una administración pública suficientemente desarrollada; y, además
la aceptación de la idea de que esta administración está sujeta al ordenamiento
jurídico, condiciones que en el Ecuador se consideró desde la primera
Constitución en 1830”.
Desde el ámbito ecuatoriano, tomando
en cuenta el COA, como la norma que regula el ejercicio de la función administrativa,
en su artículo 98 establece:
“Acto administrativo es la
declaración unilateral de voluntad efectuada en el ejercicio de la función
administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre
que se agote con su cumplimiento y de forma directa. (Código Orgánico
Administrativo, 2018, pág. 19).
De
igual manera, existe la definición de Montoya (2019),
que refiere: “cualquier declaración de voluntad, de juicio, de
conocimiento o de deseo realizada por la Administración en ejercicio de una
potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria”.
Considerando las definiciones, pueden
ser actos administrativos que producen efectos jurídicos, por ejemplo, la
aprobación de una jubilación, designación de cargos públicos, otorgar licencias
a funcionarios.
Se determina como los actos que se
desarrollan en el ámbito administrativo público dentro de su ejercicio y
competencias a las cuales están obligadas; sin embargo, dentro del contexto
ecuatoriano se expresa según el COA en su Art. 127 que refiere, exista o no un
acto administrativo previo, es toda actividad material que se exprese en
operaciones técnicas o físicas y se realice en el desempeño de una función
administrativa (Código Orgánico
Administrativo, 2018, pág. 25).
Para (Haro 2021) “es una rama
relativamente nueva y en constante cambio, la administración pública se basó en
los principios hasta crear la norma para esta materia; tocó suplir la falta de
esta y orientar la aplicación de la limitada norma existente con principios”.
En este contexto, los principios
dentro del campo jurídico, han recibido distintos nombres por el mismo
desarrollo del derecho, es por ello que su definición depende de la corriente
en que se genere, pues para el derecho son enunciados generales y abstractos
que rigen al propio derecho. Por lo que, dentro del territorio ecuatoriano en
el Art. 227 de su carta magna, establece como principios de la administración
pública a los de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, descentralización,
coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. (Constitución dela
República del Ecuador, 2008, pág. 73).
Como el derecho administrativo tiene
por objeto verificar la actividad que se realiza, así como los medios y
procesos que se desarrollan y sobre los cuales se deben poner en práctica los
principios, le corresponde directamente la regularización de la gestión de las
instituciones públicas, el interés general, la separación de poderes, la
descentralización, la moral, la economía, la eficiencia, la imparcialidad, la
publicidad y los principios de contradicción, entre otros, que integran los
derechos administrativos.
Los cuatro principios o normas constitucionales principales que influyen
en el derecho administrativo según Cevallos & Castillo (2019, pág. 15), son:
1. La legalidad de la acción
administrativa.
2. La responsabilidad del
Estado.
3. El debido proceso, que
incluye la característica de la acción administrativa, el derecho de petición y
la motivación de la acción administrativa. Actos.
4. Revisión jurisdiccional de
los actos de la administración pública.
Para Matute Ledesma señala
que: “La potestad sancionadora es aquella facultad de la administración pública
de imponer sanciones a través de un procedimiento administrativo, entendida la
sanción administrativa como aquel mal infligido a un administrado como
consecuencia de una conducta ilícita, con finalidad represora, consistiendo la
sanción en la privación de un bien o derecho. El derecho administrativo moderno
concibe a la potestad sancionadora como el poder que tiene el Estado para
imponer sanciones a las personas, vinculadas o no al ejercicio de la función
administrativa”. (Matute, 2021, pág. 8)
Es decir, se crea mediante la
aplicación del Ius Puniendi porque el Estado tiene la potestad de crear
sanciones cuando se establecen procedimientos disciplinarios en las
instituciones públicas, por lo que es activado por la administración pública
cada vez que un ciudadano se ve envuelto en circunstancias ilícitas por las que
debe imponerse una sanción administrativa, misma que está regulada por el COA.
Es fundamental entender que la
potestad sancionadora no es más que el uso de la Ley sancionadora, la cual
tiene por objeto mantener el orden público y reprimir por la fuerza toda
conducta que atente contra la Constitución y las leyes. A pesar de que el
Derecho Administrativo Sancionador está relacionado con el derecho público, las
fallas más significativas son reconocidas con precisión con base en las
acciones.
Nettel
& Rodríguez (2018),
relaciona “el principio de presunción de inocencia en el derecho administrativo
sancionador, desde la perspectiva de su aplicación en el derecho disciplinario
y la importancia de igualar el ámbito penal y el administrativo en la
aplicación de principios…”. Se puede decir que, hay relación ya que son sancionadores,
pero el derecho penal, es distinto en su defensa, lo que requiere ser cuidadoso
en comparar con el principio punitivo de la acción penal con el derecho
administrativo disciplinario, por cuanto este tiene por finalidad fomentar el
orden, la disciplina y lograr la eficacia en la administración pública; en
cambio, el derecho penal, son penas privativas de libertad, con las que se
pretende resocializar al infractor y prevenir los delitos.
Por lo tanto, si se incorpora la
potestad administrativa sancionadora al estado ius puniendi, entonces tiene
sentido que alimente el contenido de la potestad más antigua, que no es tal,
sino la potestad administrativa a la que se quiere someter la función de los
tribunales penales, porque la finalidad del poder punitivo del estado, que se
realiza a través de la sanción de los actos jurídicos administrativos, es
distinta a la del derecho penal y es proteger el servicio público en lugar de
reprimir el comportamiento antisocial.
En
este sentido Matute (2021) ratifica
que “la sanción administrativa debe estar predeterminada por la ley, la
administración pública debe someterse a lo que la ley exige y la autoridad del
órgano administrativo se rige únicamente por la ley…”,
Este principio adquiere un
significado propio bajo el concepto de legalidad que tiene dos componentes
fundamentales: las propias normas, que derivan su autoridad de la constitución
y las leyes, y el sistema jerárquico por el cual se requiere la autoridad para
hacer cumplir la Constitución de la República.
Con este antecedente, queda claro que
la infracción debe haber sido tipificada previamente o debe estar incluida en
la ley o reglamento para ser objeto de un procedimiento administrativo. Pocos
comprenderían que, para mantener el orden público, deben prevalecer las
obligaciones legales; en otras palabras, las obligaciones del estado están
determinadas por la ley, no por la voluntad.
Como ley suprema, la principal fuente
del Derecho Administrativo es la Constitución.
La Constitución de la República del
Ecuador (2008), enuncia a la administración pública en varios de sus artículos,
como es el artículo 226 … “las personas que actúen en virtud de una potestad
estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean
atribuidas en la Constitución y la ley …” así también el artículo 227
proclama expresamente que “La administración pública constituye un servicio a
la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia,
calidad, jerarquía, desconcentración, coordinación, participación,
planificación, transparencia y evaluación”.
La relación que tiene el Estado con
el Derecho Administrativo, debe ser aplicable a diferentes políticas de Estado
y por ende debe ser una herramienta de la democracia que atienda las
necesidades del mismo Estado, comunidad y sociedad, porque a través de este
proceso se busca un mejor orden general del estado, donde se genera no solo con
base en el principio de legalidad, sino también en un camino guiado por la
supremacía de las disposiciones de la constitución, donde el legitimador activo
garantiza sus derechos.
Como se había indicado anteriormente,
al ser una disciplina nueva, donde la sociedad es variable, implica una serie
de cambios dentro de las instituciones públicas, por lo que los órganos
relacionados con la potestad normativa, deben estar enfocados a velar los
derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución, por eso es
importante comprender que se generan problemas por la falta de una ley
relacionada con un procedimiento administrativo común y las diversas leyes que
han generado procedimientos administrativos especiales.
Con la instauración de un Estado de
derechos y justicia constitucional en el Ecuador, se han arraigado nuevas
tendencias en la interpretación de las leyes que insisten en que la finalidad
del Estado es garantizar los derechos fundamentales de las personas y que la Constitución
es de aplicación obligatoria en las actividades administrativas, por lo que se
concluye que no es solo un control de legalidad, sino un control de
constitucionalidad.
Desde este punto de vista, la
constitucionalización del derecho administrativo en el Ecuador significa una
renovada comprensión del concepto legalista imperante en el derecho
administrativo, lo que representa una mayor necesidad de los funcionarios
públicos de tener conocimiento de los instrumentos o métodos constitucionales o
jurisprudenciales y de una adecuada administración de sus acciones.
A decir de Suárez (2015) “la potestad administrativa
disciplinaria es el poder de la Administración Pública para actuar y aplicar
infracciones y sanciones disciplinarias a los funcionarios públicos por las
acciones u omisiones constitutivas de infracciones disciplinarias cometidas en
el ejercicio de sus funciones con el fin de tutelar el orden administrativo de
aquellos”.
Es la potestad administrativa, en razón
de la cual las administraciones públicas corregirán disciplinariamente las
infraccione de los funcionarios públicos, que incurrieren en el ejercicio de
sus funciones y cargos, sin perjuicio de una responsabilidad civil o penal que
pudiera derivarse de tales infracciones.
Para Cabanellas (2006), sirve como complemento
del poder de mando y tiene como objetivo impedir que las personas actúen de
manera que puedan dañar los derechos de los demás o afectar los intereses de la
comunidad, esto posibilita la ejecución de las decisiones administrativas,
razón por la cual se afirma que la potestad administrativa es la potestad de
mando. Está asociado al poder administrativo en cuanto habilita la imposición
de multas, el embargo de bienes o la difusión de información al público, así
como el derecho a hablar, votar o presidir una asamblea.
Por
otro lado, Mitre (2015) asevera que “la potestad sancionadora no es más que el
ejercicio del derecho sancionador, el cual tiene como finalidad el
mantener el orden del sistema de reprimir por medios coactivos aquellas
inconductas a la política del Estado”.
Es decir, la potestad sancionadora
puede entenderse como la potestad punitiva propia de la administración, que
permite sancionar a quienes ignoran o no cumplen los deberes y obligaciones que
la sociedad impone legalmente a sus órganos de administración.
La imposición de una sanción al
amparo de la ley, es causada por alguna consecuencia adversa, no obstante, la
normativa no puede ser suficiente para que la administración pública tome
medidas que permitan la protección de determinados bienes o derechos.
Finalmente, la potestad
administrativa sancionadora le permite a la administración imponer sanciones
administrativas en todos los casos de que hayan cometido algún tipo de falta en
la que se afecte el interés general y por ello debe ser castigada mediante una
serie de sanciones establecidas en una normativa como es el Régimen
Disciplinario que se emite en toda institución.
El Código Orgánico Administrativo,
que se considera como un avance dentro del Derecho Administrativo ecuatoriano,
donde se puntualiza claramente todas las fases de los procesos, establece los
principios y derechos fundamentales, brindando amparos a quienes están siendo
administrados. La Constitución de la República del Ecuador contiene las normas
relativas al procedimiento administrativo general.
Por esa razón Jaramillo
(2012),
refiere que “se fundamenta que el procedimiento administrativo se define como
una herramienta básica para la administración pública que permite los
principios del Estado constitucional”, entre los cuales se establecen la
juridicidad, esta al ser la máxima expresión de lo jurídico establecida dentro
de la constitución con la finalidad de resguardar los derechos de protección o
el desarrollo del proceso.
Por último, pero no menos importante,
se establece el control como un mecanismo de autocontrol de la administración
que permite la emisión de decisiones motivadas y eficaces. Este principio se
relaciona con las autoridades o funciones que tienen a su cargo cada una de las
acciones que emiten o desarrollan.
Para
Espinoza (2020),
“es el conjunto de etapas y actuaciones establecidas por la Administración
Pública para ejercer su facultad sancionadora disciplinaria, por el
cometimiento de faltas disciplinarias que pudiesen haber cometido los
funcionarios públicos”, en caso de establecer su responsabilidad, se procederá con
la aplicación de la sanción correspondiente. Su finalidad es determinar la
existencia de responsabilidad administrativa de los trabajadores o funcionarios
del sector público.
Otro de los autores que
aborda este tema es Flores (2018), quien afirma que, “la
administración pública debe establecerse y observar los procedimientos y principios
que competen a la autoridad sancionadora del Estado para el ejercicio de su
potestad disciplinaria. Las actuaciones de la administración pública establecen
la necesidad de personal idóneo y eficaz que, al incumplir alguna de sus
obligaciones legales o al cometer un error administrativo, pueda ser sancionado
administrativamente mediante amonestación, suspensión o destitución del cargo,
este con base en diversos factores, incluyendo la gravedad de la falta, la
reincidencia, el daño causado y la intención de la acción”.
En base a ello, se establece el
régimen disciplinario como una herramienta de autoprotección utilizada en la
administración pública, con el fin de asegurar y garantizar la función pública.
Tanto las definiciones de
Espinoza y Flores, se refieren a la facultad que tiene el Estado para avalar el
comportamiento de los funcionarios y servidores públicos y así garantizar la
organización administrativa, cuidando el orden, la disciplina y el correcto
ejercicio de las funciones administrativas. El procedimiento administrativo
disciplinario tiene por objeto determinar si se ha cometido falta, buscar los
medios probatorios para establecer el hecho factico, la forma como sucedió y la
responsabilidad del investigado o las pruebas que obran en su favor.
Por otro lado, varios principios
procesales del derecho administrativo, entre ellos la oficiosidad, la
instrucción, la verdad procesal, el informalismo, la existencia de un
procedimiento escrito y la separación orgánica entre la fase investigadora y la
sancionadora, deben ser garantizados e incluidos en las normas que rigen los
procesos sancionadores porque velará por la correcta ejecución del proceso y la
consecución de una sanción disciplinaria administrativa.
El procedimiento
administrativo disciplinario en las Instituciones de Educación Superior y la
falta de legitimador activo.
Según un estudio realizado por la Universidad
de Investigación y Tecnología Experimental Yachay Tech (2018), las instituciones de educación
superior son espacios de interacción entre estudiantes, personal académico y
administrativo, en los cuales se puede generar conductas inadecuadas y acciones
violentas que atentan contra el desarrollo de la convivencia armónica; en este
contexto, a través de la Ley de Educación Superior (LOES), la prevención y
erradicación de la violencia contra la mujer y, en particular, el “Protocolo
sobre acoso por razón de sexo y orientación sexual, sobre la Prevención y
Actuación de la Discriminación y la Violencia en las Instituciones Educativas”,
publicado por la SENESCYT y aprobado por el Consejo de Educación Superior
(CES), tiene como finalidad de asegurar la convivencia de todos los integrantes
de la comunidad universitaria, fortaleciendo el respeto, la equidad, la
justicia, igualdad y la paz.
El procedimiento administrativo
disciplinario en las Instituciones de Educación Superior, está bajo un régimen
disciplinario, conformado por un conjunto de normas que regulan las faltas en
las que puedan incurrir el personal académico y estudiantes, dichas normas
serán aplicables de conformidad a las faltas y sanciones determinadas en la
Ley Orgánica de Educación Superior, garantizando siempre el derecho a la
defensa y al debido proceso, como así lo establece el artículo 207 de la Ley
Orgánica de Educación Superior (2018).
El personal académico y estudiantes
tienen la obligación de cumplir la ley, reglamentos y normativa interna; su inobservancia
trae consigo responsabilidad disciplinaria, cuando el incumplimiento del deber,
al orden, a la disciplina, es decir, en sede administrativa, el funcionario
incide en responsabilidad administrativa que será sancionada disciplinariamente,
obviamente sin el perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiera generarse
por el mismo hecho.
El personal académico y estudiantil,
al estar inmerso en una falta disciplinaria, la institución debe observar las
garantías del debido proceso consagradas en la Constitución de la República del
Ecuador, respetando el derecho constitucional a la seguridad jurídica, a fin de
hacer efectivo el principio general de la presunción de inocencia, que a nadie
se le puede imponer sanción, a luz de las normas propias de cada procedimiento
y conforme a la ley.
La finalidad del sumario
administrativo es la indagación de los hechos y el análisis de las evidencias
de manera justa y oportuna, para posterior al proceso de investigación, emitir
un informe motivado que conste antecedentes, el señalamiento de las faltas
cometidas, mismas que deben estar tipificadas en la ley y reglamentos y por
dichas conductas indebidas amerite una sanción, misma que será impuesta por el
órgano competente; o, en su defecto, el sumario administrativo valdría para
absolver al docente o estudiante de las responsabilidades y consecuentemente
recomendar el archivo del expediente.
Dentro del procedimiento
administrativo disciplinario, la falta de legitimador activo, que según (Iniesta, 2021)
… “está determinada por la capacidad de poder actuar como parte demandante en
el proceso judicial de la titularidad del interés legítimo en la parte
demandada o recurrida …”, la persona que al tener conocimiento de un hecho o una
acción que constituya falta disciplinaria, no pone oficialmente en
conocimiento, no hay la decisión firme de denunciar por escrito, ya sea por la
desconfianza en el sistema universitario o por el temor de involucrase
legalmente en un procedimiento administrativo, únicamente queda en crítica y
comentarios al respecto y con el simple ánimo de corrección y cambio, situación
que hace difícil a los órganos competentes iniciar acciones legales
pertinentes.
Un proceso disciplinario
exclusivamente, podrá ser instaurado con la presentación de una denuncia
escrita, por aquella persona que tenga conocimiento sobre las supuestas faltas
cometidas y elevar a la instancia encargada de investigar e informar sobre los
aspectos disciplinarios del personal académico y estudiantes conforme a lo
establecido con la normativa respectiva.
La denuncia presentada, deberá
contener los requisitos descritos en la ley, caso contrario, a la parte actora
o legitimador activo, se solicita aclarar y completar, que en muchas veces no
lo hace, al considerar una molestia detallar de manera pormenorizada los hechos
como exige la norma; además, los medios probatorios, en muchas veces resulta
oneroso el cumplimiento en legal y debida forma, como son pericias o materializaciones
de documentos
lo que conlleva “a un elevado porcentaje
de denuncias inadmitidas a consecuencia del incumplimiento de los requisitos
descritos en la ley, lo que evidencia que el problema no es el procedimiento
administrativo disciplinario, sino la falta de compromiso del legitimador
activo” como así lo afirma Ortiz Mocha (2016).
Claro está, una denuncia administrativa
es un acto que una persona realiza sobre un hecho que conoce o es víctima del
mismo, cuyos hechos los debe expresar con precisión, veracidad y acompañando
sus pruebas de cargo, a fin de evitar que la administración pública malgaste
tiempo investigando hechos que acabarán siendo archivados.
El artículo
76 de la Constitución de la República del Ecuador (2008), señala: “En todo
proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se
asegurará el derecho al debido proceso”, de igual forma, el artículo 82 de la
Constitución de la República del Ecuador (2008), dispone: “El derecho a la
seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la
existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las
autoridades competentes.”, por lo que, no se puede suplir errores de hecho o
especificaciones de la denuncia a pretexto de ser una simple formalidad, como
así lo cree el legitimador activo, ya que al no contener los requisitos legales
y formales no se puede admitir a un procedimiento disciplinario, más aun
considerando las
garantías constituciones basadas en el principio de igualdad de partes, ya que son obstáculos insubsanables de derecho que afectaría
la validez del mismo.
Con estos antecedentes, es
inadmisible que, por el incumplimiento de formalidades, las denuncias pueden
ser archivadas y no se atiendan sus petitorios y peor aún no se sancionen las
infracciones disciplinarias que existieren, motivo por el cual a fin de
garantizar el acceso universal a la justicia, es necesario que la persona que
tenga conocimiento de una falta disciplinaria, colabore con la administración
pública, para el desarrollo de los procedimientos, facilitando informes,
inspecciones y otros actos de investigación en los casos previstos por el
ordenamiento jurídico; además deben proporcionar información dirigida a
identificar a otras personas no comparecientes con interés legítimo en el
procedimiento y comparecer ante los órganos responsables de los procedimientos
administrativos, cuando sean requeridos, como así lo establece el artículo 41
del Código Orgánico Administrativo, esto para garantizar la vigencia del
derecho a la administración de justicia.
De igual manera, lo establecido en la
LOES, en el artículo 207, las instituciones del Sistema de Educación Superior, están en la
obligación de aplicar las sanciones para las y los estudiantes, profesores e
investigadores, que incurran en las faltas disciplinarias categorizadas como leves,
graves y muy graves: la alteración a la paz, la
convivencia armónica, atentar contra la institucionalidad, cometer actos de
violencia, incurrir con actos u omisiones de violencia de género, psicológica o
sexual, no cumplir con los principios y disposiciones contenidas dentro de la
LOES, cometer fraude o deshonestidad académica. (LOES, 2018).
Por otro lado, en el tercer inciso
del mismo artículo 207, se establece las sanciones según la gravedad de las faltas
cometidas por estudiantes, docentes e investigadores, mismas que podrán ser:
amonestación escrita; pérdida de una o varias asignaturas; suspensión temporal
de sus actividades académicas; y por último la más enérgica la separación
definitiva de la Institución, aplicadas luego de la investigación
correspondiente, bajo el procedimiento determinado en los Estatutos y normativa
interna de la Institución, con la garantía del debido proceso y el derecho a la
defensa consagrados en nuestra Constitución. (LOES. 2018).
La legitimación activa en los
procesos disciplinarios administrativos en las instituciones de educación
superior en Ecuador es un tema relevante y complejo, ya que involucra tanto el
derecho a la defensa como la garantía del debido proceso en un ámbito específico
y delicado como lo es la educación superior.
Existe una necesidad de clarificar y
unificar los criterios y procedimientos para la legitimación activa en los
procesos disciplinarios administrativos en las instituciones de educación
superior en Ecuador, a fin de evitar interpretaciones erróneas o arbitrarias y
garantizar una aplicación efectiva y justa de la normativa vigente.
La legitimación activa en los
procesos disciplinarios administrativos en las instituciones de educación
superior en Ecuador debe ser entendida como un derecho fundamental de los
estudiantes y miembros de la comunidad universitaria, y no como una limitación
o restricción injustificada a su participación en los procesos disciplinarios
que los afectan directamente. Es responsabilidad de las autoridades
universitarias velar por su respeto y protección en todo momento.
Los servidores públicos, al tomar
posesión de su cargo, asumen responsabilidades derivadas de la ley, sólo
ejercen las atribuciones que les otorgan la constitución y la ley, y el
incumplimiento de las mismas implica obligaciones de velar por el orden
administrativo.
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