Cambios, continuidades y retos del
periodismo, a 20 años
de la transición democrática
en México
Frambel Lizárraga Salas
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5237-0797
Universidad Autónoma de Sinaloa, Unidad
Mazatlán, México
Yadira Carrera Ontiveros
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8938-9355
Universidad Autónoma de Sinaloa, Unidad
Culiacán, México
Sergio Miguel Hernández Medina
ORCID: http://orcid .org
/0000-0002-9616-192X
Universidad
Autónoma de Sinaloa, Unidad Mazatlán, México
RESUMEN
El objetivo de este artículo es
analizar las expectativas de los periodistas ante la transición democrática,
los cambios y continuidades en la prensa, así como los retos que enfrentan
después de 20 años de ese cambio de régimen autoritario y de la aprobación y
entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Información Pública, herramienta con
la que se buscaba transparentar los archivos y datos públicos con la finalidad
de informar a la ciudadanía, combatir la corrupción, garantizar la libertad de
expresión y fortalecer el periodismo de investigación. El artículo se apoya en la
Teoría de la Democracia y la Teoría Autoritaria de la Prensa para explicar la
relación entre el gobierno y los medios de comunicación en el contexto de la
democracia. Es un estudio cualitativo donde se aplican nueve entrevistas en
profundidad a periodistas. En las conclusiones, se reflexiona sobre el quehacer
periodístico y el uso que los reporteros le han dado a esta herramienta para
obtener información del gobierno después de 20 años de aprobarse la Ley de
Acceso a la Información Pública.
Palabras claves:
Transición democrática, periodismo, ley de acceso a la información pública,
derecho a la información.
Changes, continuities and challenges of journalism,
20 years later
of the
democratic transition in Mexico
ABSTRACT
The objective of this article is to analyze the expectations
of journalists in the face of the democratic transition, the changes and continuities in the press, as well as the challenges they
face after 20 years of this authoritarian regime change and the approval
and entry into force of the
Law on Access to Public Information, a tool that sought
to make public files and data transparent
in order to inform citizens, combat
corruption, guarantee freedom
of expression and strengthen investigative
journalism. The article relies on the Theory of Democracy and the Authoritarian Theory of the Press to explain
the relationship between the government and the media in the context of democracy. It is a qualitative study where nine in-depth interviews with journalists
are applied. In the conclusions, it is reflected on the journalistic
work and the use that reporters have given to this tool to obtain
information from the government after 20 years of passing
the Law on Access to Public Information.
Keywords: Democratic
transition, journalism, law on access to public information, right
to information.
Artículo recibido: 10. Junio. 2021
Aceptado para publicación: 16. Julio. 2021
Correspondencia:
frambeliz@uas.edu.mx
Conflictos de Interés: Ninguna que declarar
INTRODUCCIÓN
El ejercicio del Derecho y Acceso a la
Información Pública son elementos claves para consolidar la transparencia, así
como la rendición de cuentas de la actividad gubernamental, y con ello la Democracia.
Desde junio del año 2002, en México entró en vigor la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, además se
implementaron las Leyes Estatales de Acceso a la Información, así como las
Comisiones encargadas de regular esta legislación.
Con la entrada en vigor de esta ley, todos
los ciudadanos mexicanos -incluyendo los periodistas- ya pueden solicitar ante
las entidades gubernamentales la información que sea de su interés. Con esto,
además de conocer la operatividad del gobierno federal y especialmente del
municipal, los ciudadanos buscan construir y consolidar la democracia en el
país. Así, el Derecho a la Información se revela como un instrumento
indispensable para la consolidación de cualquier proyecto de nación que busque
identificarse con los mayores preceptos democráticos (Navarro, F., 2004).
En México se empieza a legislar en materia de
Derecho a la Información a partir de octubre de 1977 con José López Portillo,
entonces Presidente de la República, quien presentó
ante la Cámara de Diputados el proyecto de Reformas Constitucionales que
confirmarían el marco jurídico de la Reforma Política. Este proyecto incluía
reformas a 17 artículos de la Constitución Política de México, entre ellos la
reforma al artículo 6º constitucional. Constataba de la adición de 10 palabras
a su parte final que expresaban: “…el Derecho a la Información será
garantizado por el Estado”. En la exposición de motivos, se expresó que la
finalidad de esta reforma era facilitar a los partidos políticos el acceso a
los medios de comunicación, bajo la garantía del Estado.
Desde esa fecha, en México existía la
necesidad de garantizar el acceso a la información a los ciudadanos en un marco
de democracia y libertad, pero fue hasta abril del año 2002 cuando se legisla
en materia de acceso a la información pública. Es preciso indicar que en el
Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006, la transparencia, el combate a la
corrupción y el acceso a la información estaban planeados como puntos de
compromiso. Así, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental fue aprobada por el Senado de la República el día 30 de
abril del año 2002, y posteriormente se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el 11 de junio del mismo año.
Esta aprobación fue posible, entre otros
factores, por la estrategia de movilización de la opinión pública y de los
proyectos de la sociedad civil, quienes
le exigieron a Vicente Fox Quesada, Presidente de la República, cumplir con el
compromiso de enviar una iniciativa de ley a la Cámara de Diputados en materia
de acceso a la información pública, pero debido a la tardanza para realizar
mencionado proyecto, se elaboró una iniciativa ciudadana apoyada por todos los
partidos políticos opositores al entonces presidente de México.
En este proceso del desarrollo y la
aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental intervinieron diversos actores sociales, actores políticos,
coyunturas democráticas, así como los propios medios de comunicación, como lo
indica Fidela Navarro Rodríguez (2004): “Los factores que han llevado a la
aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental como primer paso para el desarrollo del Derecho a la Información
-y por ende paso decisivo y necesario en el proceso democrático -han sido la
alternancia, predisposición e interés político; el apoyo y presión de unos
medios de comunicación con mayores libertades; las recomendaciones de
organismos internacionales financieros y económicos, y sobre todo, la actividad
de una sociedad civil más participativa e influyente representada por el Grupo
Oaxaca”.
En este sentido, se entiende que “desde esa
originaria ubicación jurídica
y conceptual, medios de comunicación y periodistas están relacionados de manera estrecha con el derecho al
acceso a la información pública.
Son los actores del derecho a la información en
sentido amplio, y son destinatarios naturales derecho a conocer datos y hechos
acerca de acciones y decisiones de las instituciones públicas
y sus funcionarios, adquiere relevancia social en la medida en que esa información es propalada a través
de los medios de comunicación de masas. Los medios
de comunicación apuntalan el derecho al acceso a la información en dos sentidos: utilizándolo
para documentar el seguimiento o la develación de
asuntos públicos, como parte de su tarea periodística, y, en segundo término,
ocupándose de los temas relacionados con el acceso a
la información pública:
las noticias acerca de las decisiones de los organismos encargados de regular y
garantizar el acceso a la información pública, el seguimiento de las discusiones y resoluciones
legislativas en ese tema, así como la utilización que la sociedad hace de la información
pública obtenida en ejercicio de tal derecho, son
asuntos que se han incorporado con naturalidad en las agendas de los medios de comunicación”, (Trejo, 2013, 26-27).
Otro logro en materia de Derecho a la
Información en México es la reforma al artículo sexto constitucional. Esta
reforma fue aprobada por el Senado de la República por 108 votos a favor y uno
en contra, durante la administración del entonces presidente Felipe Calderón
Hinojosa. Esta transformación consistió en adicionar un segundo párrafo con
siete fracciones al artículo sexto constitucional. Con este cambio, ahora el
artículo sexto de la Constitución “permitirá garantizar que toda la información
en poder de cualquier autoridad, entidad, organismos federales, estatales y
municipios sea pública, y que sólo pueda quedar reservada temporalmente -de
manera excepcional- por razones de interés nacional, aquella que si fue
divulgada pudiera afectar un bien valioso para la comunidad” (Gaceta
Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 22112-I, martes 13 de marzo de
2007).
“La expansión del
derecho de acceso a la información en
a la información, tanto en el ámbito federal
como en las entidades federativas. En el transcurso de seis años
(de 2002 a 2007), la federación y todas las
entidades federativas, a través de sus poderes
legislativos, promulgaron leyes dirigidas a establecer instancias,
procedimientos, plazos y requisitos para que las personas solicitaran información a los poderes públicos.
De manera paralela, germinó en el país una masa crítica –periodistas, académicos,
organizaciones civiles– que sometió a todo tipo de
pruebas a dichas leyes de acceso a la información.
Este proceso de transformación cultural generó un
contexto de exigencia con alcance nacional enfocado a diseñar
pisos mínimos que hicieran efectivo el ejercicio del
derecho de acceso a la información en todos los órdenes de gobierno. Este gran consenso nacional, avalado
por las tres principales fuerzas políticas del país, aprobado por unanimidad en el Congreso de la Unión y
respaldado por 22 legislaturas locales, culminó con la reforma al artículo 6º
constitucional del 20 de junio de 2007. Gracias a ella, el acceso a la información quedó reconocido como un derecho fundamental,
estableciéndose bases y principios generales para la
creación de leyes de acceso a la información
en la federación y los estados” (Instituto Federal
de Acceso a la Información y Protección
de Datos, 2012, pp. 7-8).
Como se observa, desde hace 20 años se empezó a discutir, debatir y
legislar sobre el Derecho a la Información en México, y hoy en día se comprende
que en las democracias contemporáneas indispensable que se garantice, como
explica Rodríguez Zepeda (2006), “de un derecho
complejo y no carente de paradojas y riesgos, pues, por una parte, mantiene la
exigencia liberal de que el Estado, en la medida en que es una entidad
mandataria de la ciudadanía, esté abierto en lo
posible a la indagación ciudadana y, por otra,
supone que la ciudadanía debe poseer un sentido crítico, producto de una formación
cultural que no es espontánea, capaz de llevar a
efecto tal indagación. Ambas funciones de este
derecho no son compatibles con facilidad, pues algunas acciones de los
particulares que parecerían estar avaladas por su
libertad de expresión, tienen que ser limitadas a
favor del derecho ciudadano a la información veraz y
fundamentada”.
Por
su parte, Ernesto Villanueva (2000) precisa que el Derecho a la Información “se
refiere a la posibilidad jurídica de que los individuos tengan acceso a la
información, de interés público, fundamentalmente aquella derivada de los
poderes públicos”. Acceder a la información acerca de los asuntos públicos
es obligación y una prerrogativa ineludible en las
democracias modernas. “El derecho a una información
veraz es una supone la evaluación ciudadana sobre su
gobierno y para que ésta sea efectiva debe cumplir
con dos requisitos: que el ciudadano tenga los elementos necesarios para emitir
juicios y hacer evaluaciones basado en una buena información
y cuente con los medios para que su opinión pueda
ser divulgada y contrastada con la de otros ciudadanos” (Meyenberg,
2009, 38).
En
este contexto político, así como en medio del reclamo de la sociedad y los
medios de comunicación por vigilar más al gobierno y lograr una alternancia
política y a la vez la consolidación de la democracia, una vez que Vicente Fox
Quesada, del Partido Acción Nacional (PAN), fue elegido presidente de México el
día 2 de julio del año 2000, se marca el inicio de la transición democrática,
tras 70 años que el país había sido gobernado por el Partido Revolucionario
Institucional (PRI). En estas décadas, la mayoría de los medios de comunicación
estaban controlados por el régimen oficialista, y apenas existían algunos
medios independientes y críticos a ese gobierno, los cuales siempre estaban
bajo la amenaza de ser castigados con la compra de propaganda oficial o con
desaparecerlos.
En
este escenario político, cuando Vicente Fox toma posesión como
presidente de México, las expectativas del cambio positivo en el nuevo régimen
fueron muy altas, pues la sociedad mexicana y hasta internacional esperaban que
se acabara con el autoritarismo en la prensa, que se respetara la libertad de
expresión, que se transparentaran los presupuestos y gastos públicos, una
mejora en la economía, y que se combatiera la corrupción. Sin embargo, mientras
este sexenio avanzaba, esas expectativas positivas se desvanecían entre los
periodistas y ciudadanos en general.
El
objetivo de este artículo es analizar las expectativas de los
periodistas ante la transición democrática, los cambios y continuidades, así
como los retos que enfrentan después de 20 años de ese cambio de régimen
autoritario y de la aprobación y entrada en vigor de la Ley de Acceso a la
Información Pública, herramienta con la que se buscaba transparentar los
archivos y datos públicos con la finalidad de informar a la ciudadanía,
combatir la corrupción, garantizar la libertad de expresión y fortalecer el
periodismo de investigación.
Las preguntas que se responderán en esta
investigación son: ¿Cuáles fueron las expectativas que tenían los periodistas
tanto de la Ciudad de México como del estado de Sinaloa sobre el ejercicio
periodístico en el marco de la transición democrática en México? ¿cuáles son
los cambios y continuidades en el quehacer periodístico a partir de la la aprobación y entrada en vigor de la Ley de Acceso a la
Información Pública? ¿de qué manera los
reporteros de la Ciudad de México y del estado de Sinaloa han utilizado la Ley
de Acceso a la Información Pública en sus trabajos de investigación
periodística?
Transición
democrática, transparencia y Acceso a la Información
Las transiciones políticas
son procesos —experimentos— que trastocan aspectos muy diversos de la sociedad.
Las salas de redacción —periodistas, editores, dueños; rutinas, misión y visión
de los medios de comunicación; intereses económicos y vínculos políticos de las
corporaciones mediáticas— no son inmunes a estos cambios (Hughes, 2006).
La aprobación de la Ley Federal de Acceso a la información de México ocurre dentro del periodo de transición
democrática en México, donde las condiciones políticas eran distintas en un
país que fue gobernado durante 80 años por la hegemonía de un mismo partido
político. Durante la época de los gobiernos priistas, la práctica
de la transparencia era inexistente. La corrupción y la opacidad gubernamental
eran actividades cotidianas sin ninguna legislación que exigiera a las autoridades proporcionar información a los ciudadanos sobre los recursos públicos
ejercidos. La información sobre el presupuesto gubernamental era de
conocimiento de los legisladores. Existía poca claridad sobre los sueldos de
los funcionarios públicos y eran manejados como secretos de Estado.
Con el
cambio político en la presidencia de México, el país exigía mayor
transparencia gubernamental. Durante el gobierno del primer presidente de oposición en México, Vicente Fox Quesada, se aprobó por
unanimidad por unanimidad la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) y entró en vigor el 12 en junio de
2002.
A partir de ese año, los
Congresos locales secundaron la iniciativa y aprobaron sus propias
legislaciones en todo el país. Los primeros estados en legislar al respecto
fueron en ese mismo año Jalisco, Sinaloa, incluso antes de la entrada en vigor
de la ley federal y posteriormente se sumaron Aguascalientes, Michoacán y Querétaro.
La primera experiencia del uso de periodismo
de investigación y la nueva ley de transparencia, desnudó
el primer escándalo de corrupción llamado “toallagate”,
por los excesivos gastos para el menaje de la residencia oficial de Los Pinos.
El diario Milenio descubrió que la presidencia gastó 7 millones 795 mil
pesos en remodelar la mansión y 4 millones 17 ml 449 pesos más en el menaje. La
investigación realizada por la periodista Anabel Hernández revelaba gastos de
artículos como toallas a 4,025 pesos cada una, cuatro juegos de sábanas en
154,280 pesos y una vajilla de 40,250 pesos, todo mostrado en el sitio de Compranet, donde el nuevo gobierno mostraba las compras
realizadas por el gobierno. El hecho generó indignación a la opinión pública y
el presidente Fox ordenó una investigación a la contraloría y defendió que era
nuevo síntoma de transparencia el hecho de que los mexicanos pudieran conocer
por internet los gastos del Ejecutivo.
El caso evidenció que
ningún gobierno escapa de la corrupción, pero las nuevas obligaciones de
transparencia dotaban a la sociedad de herramientas para ejercer mayor
vigilancia sobre el gasto público. La auditoría gubernamental detectó
irregularidades, como precios elevados, ausencia de facturas, presunta evasión
de impuestos y entrega de productos distintos a los que se adquirieron.
El tema
de la transparencia fue quedando un poco a la sombra del discurso del
presidente. No obstante, se aprobó la Ley de Transparencia y se creó también
más tarde el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), los cuales
formaron el marco legal de las nuevas tareas de la administración pública en el
proyecto de transparencia.
Sin embargo “en la
Ley solamente se concretó el asunto de la transparencia y el acceso a la
información y se fue dejando de lado el combate a la corrupción y la mejora de
la administración pública, lo cual habría de llevar aún varios años de
discusiones, tropiezos y reveses en los tres niveles de gobierno, pues para
desmantelar prácticas de corrupción, opacidad, y en general un modus operandi
de la administración pública, típico de un
sistema autoritario, hará falta mucho más que la alternancia política y que el
cambio en la legislación” (Martínez y Heras, 2012: 299).
A pesar de que el discurso de transparencia
fue incorporado en la agenda del gobierno del cambio, el presidente Vicente Fox
y mantuvo relaciones deterioradas con la prensa que lo acusaba de parálisis en
su gobierno e incluso revelaba que no leía los diarios ante las críticas que
recibía. La administración del presidente Vicente Fox
si bien fue la primera en la que se aprueba una Ley de Transparencia y sienta
las bases para futuras reformas, el gobierno también respondía un
contexto internacional preocupado por el problema de la corrupción y México
debía cumplir con la serie de convenios y disposiciones que había firmado ante
la OEA y la OCD, de los cuáles México es país
miembro. Es hasta el siguiente sexenio, cuando se emprenden varias reformas y
se trata de implementar la transparencia y la rendición de cuentas como un
proceso integral y como un derecho y una garantía del ciudadano (Martínez y
Heras, 2012: 300).
La promesa del “cambio” fue sin duda la
esperanza de que habría una nueva realidad en el Sistema Político Mexicano,
también en el gremio periodístico se esperaba que habría una nueva relación con
la añeja y gastada reciprocidad con la figura presidencial. Sin embargo,
inmediatamente posterior a las elecciones, el presidente del “cambio” transformó su promesa y radicalizó su relación con
aquella prensa que no opinaba bien de su gestión, culpando y criticando que
había un complot en su contra a todas las iniciativas de cambio que su gobierno
presentaba.
MARCO
TEÓRICO
Para
cumplir con el objetivo planteado, esta investigación se apoya en dos ejes
teóricos: La Teoría de la Democracia y la Teoría Autoritaria de la
Prensa, para analizar la relación entre el gobierno y los medios de
comunicación en el contexto de la transición democrática en México.
Etimológicamente, “democracia”
significa “gobierno del pueblo”. Es decir, que el
pueblo es el titular del poder político, y debe ser así mismo quien lo ejerza.
Por su parte, Giovanni Sartori (2007)
indica que la democracia constitucional
contemporánea plantea la necesidad de negar el ejercicio a
su titular “para realizar la democracia se desunen la titularidad y el
ejercicio del poder. Luego, quien lo ejerza no será el pueblo, aunque lo
ejercerá sobre el pueblo. Debe aceptarse, así, que la titularidad no implica el
ejercicio, puesto que –sobre todo en la actualidad- el ejercicio colectivo del
poder se torna imposible”.
Como es bien sabido, las campañas
electorales representan el momento más importante, álgido e intenso de la
democracia. En estos momentos, el ideal, aunque no siempre se cumple de la
mejor manera, se expresan las necesidades y las aspiraciones de la sociedad sus
ciudadanos; los proyectos políticos de los partidos y sus candidatos; se
diseñan y difunden estrategias de comunicación política para persuadir y
convencer a los electores, se establecen, visualizan, analizan y discuten en el
espacio los temas centrales que interesan a la colectividad.
Norberto
Bobbio (1994) entiende y define a la democracia como: “El conjunto de reglas de
procedimiento para la formación de decisiones colectivas, en las cuales está
prevista y facilitada la participación más amplia posible de los interesados”.
Por otra parte, Bobbio propone que “ninguna definición de democracia puede
excluir, de entre sus características, la visibilidad o transparencia del
poder” (Bobbio, 1994). Cita a Elías Canneti: “El
secreto está en el núcleo más interno del poder”. La transparencia o el “poder
sin máscara” posee dos vertientes íntimamente relacionados: 1) Las
instituciones del Estado creados ex profeso para garantizar a los ciudadanos el
derecho el acceso a la información pública gubernamental, con las restricciones
que establece la ley, aunque en ocasiones mediante trámites engorrosos, y 2) el
papel del periodismo y de los medios de comunicación mediante el acto
investigativo de transparentar e informar sobre las acciones de los gobernantes
(Bobbio, 1994).
Como ya
se ha mencionado en párrafos anteriores, en México se empieza a legislar
en materia de derecho a la información a partir de octubre de 1977 con José
López Portillo, entonces Presidente de la República,
quien presentó ante la Cámara de Diputados el proyecto de reformas constitucionales
que confirmarían el marco jurídico de la reforma política. Este proyecto
incluía reformas a 17 artículos de la Constitución Política de México, entre
ellos la reforma al artículo 6º constitucional. Constataba de la adición de 10
palabras a su parte final, que expresaban: “...el Derecho a la Información será garantizado por el
Estado”.
Sin
embargo, la Ley de Acceso a la Información Pública Gubernamental fue aprobada
por el Senado de la República el día 30 de abril del año 2002, y posteriormente
se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio del año 2002.
En el caso de Sinaloa, la Ley de Acceso a la Información Pública entró en vigor
el 27 de abril del año 2002. Esta ley fue tomada como modelo a seguir para
otros estados de la República Mexicana que también publicaron su propia Ley de
Acceso a la Información Pública.
Han sido varios los especialistas en materia
jurídica que se han encargado de definir estos conceptos. Sin embargo, en
este trabajo se tomará la definición de Ernesto Villanueva, quien define al
derecho de acceso a la información como: “La prerrogativa de la persona para
acceder a datos, registros y todo tipo de informaciones en poder de entidades
públicas y empresas privadas que ejercen gasto público y/o cumplen funciones de
autoridad, con las excepciones taxativas que establezcan la ley en una sociedad
democrática” (Villanueva, 2003). Y entiende por información en un sentido
amplio que abarque los procedimientos –acopiar, almacenar, tratar, difundir,
recibir-; así como los tipos –hechos, noticias, datos, opiniones, ideas_; y sus
diversas funciones.
Este derecho fundamental de
acceso a los medios de comunicación participa de la doble vertiente del derecho
a la información que este Tribunal Pleno ha reconocido, por lo que comprende
una dimensión individual, que impone que los medios de comunicación estén
abiertos a todos sin discriminación, así como una dimensión colectiva o social
que exige ciertas condiciones respecto de éstos, a fin de que sean verdaderos
instrumentos de esa libertad y no vehículos para restringirla, para lo cual
resulta indispensable una regulación acorde con la naturaleza de cada medio,
destacando como un aspecto esencial que exista pluralidad de medios.
Al respecto, la opinión
consultiva OC-5/85 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala lo
siguiente:
“Así, si en principio la libertad de expresión requiere que
los medios de comunicación social estén virtualmente abiertos a todos sin discriminación o, más exactamente, que no haya
individuos o grupos que, a
priori, estén excluidos del acceso a
tales medios, exige igualmente ciertas condiciones respecto de éstos, de manera que, en la
práctica, sean verdaderos instrumentos de esa libertad y no vehículos para
restringirla. Son los medios de comunicación social los que sirven para
materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus
condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa
libertad. Para ello es indispensable, la pluralidad de medios, la prohibición
de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera sea la forma que pretenda
adoptar, y la garantía de protección a la libertad e independencia de los
periodistas. Todo lo anterior conduce a concluir que el derecho a crear medios
de comunicación requiere de acciones de los poderes públicos para su eficacia,
que adquieren especial relevancia tratándose de la televisión pues ésta, sobra decirlo, ocupa un
lugar central en la formación de la opinión pública en la que opera como medio
y factor. Para definir el alcance de este derecho fundamental en el aspecto
concreto de la televisión, el punto de partida debe ser la realidad de este
medio de comunicación: no podemos dejar de lado su enorme poder persuasivo y su
particular capacidad de sugestión.” (Corte Internacional de Derechos Humanos,
1948).
Por su parte, la teoría autoritaria
de la prensa
de Fred S. Siebert, misma que
forma parte de las llamadas teorías normativas de los medios de
comunicación las cuales procuran explicar “cómo deberían actuar los media o cómo se espera que actúen”. Por
actuación se entiende la manera como los medios de comunicación desempeñan sus funciones básicas de
información, educación y entretenimiento en una sociedad específica.
Los periodistas y los
empresarios de las instituciones mediáticas están igualmente subordinados a las
estructuras de poder político imperantes y carecen de una auténtica
independencia informativa. “La teoría autoritaria justifica la censura previa
[destinada a ocultar los hechos que pudieran herir a quienes detentan el poder]
y el castigo por desviación de las orientaciones externas, cuya aplicación más
probable se hallará en el campo de la política o en cualquier otro de claras
implicaciones ideológicas (F. S. Siebert y T.
Peterson, 1956, p. 28).
Sus premisas aún resultan pertinentes para
analizar y comprender la actuación de los medios de comunicación de masas en
nuestro país, tanto por la naturaleza y características propias del sistema político
mexicano durante la prolongada hegemonía del régimen autoritario priísta como por la deficiente calidad de la democracia
mexicana alcanzada tras la alternancia política en el año 2000.
“De esta manera,
se hará notar
que la actuación de la prensa, la radio y la
televisión en México son un reflejo fiel de las estructuras de poder
imperantes; que ha predominado un autoritarismo de tipo tradicional hacia los más
media, cuyo principal agente movilizador ha sido el Estado y que el
autoritarismo adopta matices modernos en los cuales la búsqueda de ganancias
económicas propicia que los emporios mediáticos pongan en riesgo la libertad de
expresión que tanto dicen defender y, por lo tanto, esas empresas de
comunicación ejercen su propio autoritarismo no muy distinto de aquél que
durante tanto tiempo han practicado tradicionalmente las instituciones del
Estado” (Bravo, J. (2008).
En México, la
relación democracia y periodismo se inició con la prensa escrita,
posteriormente con la radio y la televisión, en la que por las pantallas
comenzaron a desfilar políticos de diversos partidos y a transmitirse su
propaganda política, más como resultado del dinero y de estrategias político-mercadottécnicas de partidos y candidatos, que
de un auténtico convencimiento ideológico y democrático. En
un Estado republicano, la democracia necesita del periodismo de investigación
porque éste contribuye al ejercicio del gobierno democrático. De hecho, la corrupción gubernamental
ha sido el enfoque central de las investigaciones de la prensa en las
democracias.
ESTRATEGIA
METODOLÓGICA
Para
lograr los objetivos de investigación, se aplicaron entrevistas en
profundidad a hombres y mujeres periodistas que laboran en los medios de
comunicación tanto de la Ciudad de México como de la ciudad de Mazatlán,
Sinaloa, y que han sido testigos de la transición democrática en el país, así
como de la aprobación y entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Información
Pública. Las entrevistas a
profundidad o también conocidas como intensivas o a fondo proporcionan antecedentes detallados sobre
las razones que dan los participantes a preguntas específicas. Se obtienen referencias
elaboradas acerca de las opiniones, valores, motivaciones, experiencias,
percepciones e impresiones de los participantes.
“En
particular las entrevistas a profundidad, gracias a su afinidad con las
conversaciones comunes y corrientes, constituyen los instrumentos preferidos
para sondear las perspectivas de los usuarios (y otros comunicadores) sobre los
medios (Jensen, 2014).
Muestra
Se
entrevistaron a nueve periodistas que han trabajado en medios de comunicación
tanto en la Ciudad de México como del estado de Sinaloa. Las razones por las
que se seleccionaron a periodistas de estas dos entidades federativas porque
Sinaloa fue el segundo estado donde se aprobó -después de Jalisco- la Ley de
Acceso a la Información Pública, y en su momento, los especialistas la
consideraron como la legislación más completa en esta materia. El motivo por el
que eligió a periodistas que radican en la Ciudad de México es porque al
ejercer esta profesión en la capital de este país, pudieron observar de cerca y
ser testigos del proceso de la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Otro de
los criterios que se consideraron fueron que los periodistas entrevistados
tengan más de 20 años de ejercicio periodístico, de manera que hayan
atestiguado -ya dentro de su profesión- la transición democrática. Estas
entrevistas fueron aplicadas en el mes de julio y agosto del año 2020. En la
tabla 1 se muestran los nombres de las periodistas que se entrevistaron, así
como el medio de comunicación en el que trabajaron o en el que actualmente se
encuentran:
Tabla 1: Periodistas entrevistados
|
Nombre del Periodista |
Medio de Comunicación |
|
Alma Angelina Soto Galván |
Periódico Noroeste |
|
Carlos Padilla Ríos |
Revista Zócalo |
|
Elizabeth Velasco Contreras |
Periódico La Jornada |
|
Lidia Lizárraga |
MED
Soluciones |
|
Mauricio Coronel Guzmán |
Periodista
Independiente |
|
Olga Marina López García |
Punto
y Coma Noticias |
|
Sheila del Carmen Arias Martínez |
Periodista
Independiente |
|
Sibely Cañedo Cázarez |
Periodista
Independiente |
|
Jaqueline López Leal |
Portal
de internet: Qué pasa en Mazatlán |
Fuente: Elaboración propia.
De la esperanza al desencanto
Aunque los
periodistas entrevistados reconocieron que sí hubo avances y cambios
importantes en la transición democrática del año 2000, no fue suficiente para
lograr una democracia de calidad y terminar con los vicios de la cultura de la
corrupción que impera en todos los sectores del país. La periodista Elizabeth Velasco Contreras (La Jornada), -entrevista
realizada el 8 de agosto de 2020-, opina que con Vicente Fox hubo diversos
avances gracias al empuje y participación de la ciudadanía. Por primera
ocasión se da una alternancia en el poder que acabó con la supremacía del PRI,
desde la formación de ese partido como PNR. A la llegada de Vicente Fox se
crearon diversas instituciones que se denominan de tercera generación para el
avance a la democracia y la promoción de los derechos humanos, entre ellas el
entonces denominado Instituto Nacional de Transparencia y el Consejo Nacional
para la Prevención de la Discriminación, por citar algunos ejemplos. Sin
embargo -añade- si se quiere ir más a fondo, tendría que realizarse un estudio
para demostrar que el avance democrático lamentablemente se estancó y no se
avanzó como esperaba la ciudadanía.
La periodista Sheila del
Carmen Arias Martínez (Periodista
Independiente y activista en temas de transparencia y anticorrupción), considera: “No,
en lo absoluto. Fue el inicio de la transición democrática, sin duda un gran
paso en la historia política moderna de México, pero no se cumplieron los
cambios en el sistema como fueron sus promesas de campaña. Habló de erradicar
la corrupción, de apoyo social, de infraestructura en todo el país y justicia
social, pero los mexicanos no lo percibimos así. Las encuestas públicas
mostraron la caída y el desencanto”.
Para Carlos Padilla Ríos,
director de la Revista Zócalo, el gobierno de Vicente Fox fue una
decepción en todos los niveles de la sociedad mexicana, pues no se cumplió con
ese cambio que prometió durante su campaña política. “El triunfo histórico del Presidente Vicente Fox fue una decepción en los
ámbitos social, económico y político. No rompió con el régimen que heredó del partido de Estado:
continúo el sistema de control sindical; y la vieja relación de los medios de
comunicación y el gobierno. En telecomunicaciones fue un fracaso Enciclomedia y otras iniciativas. A nivel
diplomático lo mismo. Después de su gobierno, México no fue mejor. Ni
acabó con la corrupción ni creo un mejor sistema electoral”.
Por su parte,
Mauricio Coronel, periodista independiente en la Ciudad de México, opina: “La expectativa era grande ya que se
trataba del primer triunfo de la oposición. El desencanto social fue evidente y
se reflejó en las elecciones presidenciales donde el PAN, aunque refrendó un
segundo mandato, la diferencia fue muy estrecha. Para mucha gente Fox no estuvo
a la altura de las circunstancias y postergó la transición del país”.
También
para periodistas que radican en Sinaloa, uno de los primeros estados en aprobar
la
Ley de Acceso a la Información Pública y donde se tenían altas expectativas de
la consolidación de la democracia, el desencantó llegó ya que se continuaron
con prácticas autoritarias y el querer controlar a los periodistas y medios de
comunicación que criticaban al entonces presidente.
La periodista Alma
Angelina Soto Galván (Periódico Noroeste)
expresa: “No, definitivamente la democracia es un tema inacabado, no
solo no lo logró Vicente Fox en su sexenio, tampoco lo logró Felipe Calderón en
el suyo y mucho menos Enrique Peña Nieto. No veo, tampoco, que se esté
fortaleciendo en el presente sexenio, donde el Presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador, pretende incluso desaparecer el Instituto Nacional
Electoral para convertirse en “el guardián de las elecciones”. Vicente Fox dio
pasos para mejorar las condiciones de participación en el país, entre ellas,
creo que una de las más importantes, fue la de desmitificar la figura del
presidente, ya no es un dios inalcanzable e intocable, se podían hacer críticas
y señalamientos. El Instituto Federal Electoral se fortaleció y fue en esos
años cuando llegaron a las presidencias municipales y los congresos locales
representados emanados de partidos diferentes al PRI, que tenía el control de
las elecciones”.
Sibely Cañedo Cázarez (Periodista independiente) responde: “No
sin antes hacer la aclaración que, en ese año, apenas eran mis inicios en el
periodismo, puedo comentar que se compartía en el gremio el sentimiento de
esperanza de cambio; en primer lugar, la esperanza de pasar de un régimen
autoritario y cerrado a la paulatina aceptación de pluralidad de fuerzas
políticas, respeto y tolerancia a las ideologías ajenas. En segundo lugar --quizá
esto sea una apreciación más personal--, las expectativas se encaminaban a que,
al consolidarse la democracia en nuestro país, disminuirían la represión y la
violencia. Sin embargo, la historia nos enseñó que estábamos en un error”.
Asimismo, la periodista Lidia Lizárraga
(jefa de Información de MED Soluciones, Portal
de noticias especializado en temas de salud y directorio médico), opina: “No. Resultó muy positivo el cambio
gubernamental del PRI al PAN y en especial el ímpetu de transformación que se
implantó en la sociedad mexicana, fue el inicio de cambios, formación de
instituciones civiles, mayor participación social. Pero Vicente Fox como
gobernante tuvo omisiones, excesos y promesas incumplidas para los mexicanos”.
La periodista Olga Marina López García (Punto y Coma Noticias) coincide en
que con el gobierno de Vicente Fox no se cumplieron las expectativas de ese
cambio político y social prometido, ya que sólo se trató de un buen manejo de
marketing político durante su campaña. “No. Vicente Fox fue un actor que se
entrometió de manera y un tanto descarada en la electoral del país. Incluso se
le acusa de ser el actor principal del fraude que llevó a Felipe Calderón al
poder, perpetuando a Acción Nacional por un periodo más de gobierno, y
garantizando con ello su propia impunidad. Es decir, siguió la línea del PRI y
sus más de 70 años en el poder, históricos entre los países del mundo. Sin
embargo, no se le puede escatimar el logro de su triunfo, aunque éste haya sido
con base a las mentiras dichas en un excelente marketing político”.
De la misma manera, la periodista
Jaqueline López Leal (Portal Qué pasa en
Mazatlán) coincide en que: “Fue un periodo donde el periodismo y la
libertad de prensa aparentaba que tendría un poco más de apertura hacia y con
los medios, donde los gobiernos anteriores no toleraban ni siquiera pronunciar
de mal manera el nombre del primer mandatario nacional, pero al entrar el
gobierno de Vicente Fox, pareciera ser que se haría un espacio para dar cabida
a una nueva manera de hacer la labor periodística más abierta con y para los
gobernantes. Pero, con el transcurrir de la administración, vimos que solo era
estrategia mediática, para tener más controlados a los medios”.
Cambios y continuidades en la relación
gobierno y medios de comunicación
Los cambios que los periodistas se
esperaban en la relación de medios de comunicación y poder político a partir de
la transición democrática en México era el combate a la corrupción, mayor
libertad de expresión, acceso a la información pública, distribución equitativa
de la publicidad oficial, transparencia en el manejo de los recursos públicos y
consolidación de la democracia. Sin embargo, tanto en el gobierno como en la
mayoría de los medios de comunicación se continuaron con los viejos vicios de
la corrupción, control de reporteros, autoritarismo y agresiones a periodistas.
Los periodistas comentaron que se esperaban cambios, principalmente en la distribución
equitativa de la publicidad oficial y una mayor apertura informativa por parte
de las dependencias públicas. No obstante, a través de la investigación y el
IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información) se difunde información muy
importante en materia de asignación y erogación de recursos del erario,
mediante las diversas dependencias y fideicomisos de la Administración Pública
Federal. Asimismo, la regulación, pues coincidió con el
auge digital y fue la era del nacimiento de nuevos medios, del resurgimiento de
otras narrativas. Y al menos, se esperaba la regulación como una forma de
ordenar para controlar al mismo tiempo el reparto de los recursos públicos
destinados a la publicidad oficial. Eso no ocurrió y hoy son pocos lineamientos
que intervienen en la regulación de medios.
Además, los comunicadores coinciden en
que en el año 2000, en México y en el mundo
cambió el ecosistema de los medios de comunicación. Casi todos abrieron y
desarrollaron su sitio web, y en otros casos surgieron medios exclusivamente
digitales. Desafortunadamente ante la falta de claridad, reglas y
transparencia, los medios electrónicos se mantuvieron como los favoritos a la
hora de recibir publicidad oficial. Los periodistas que incursionaron en el
mundo digital lo hicieron a contra corriente y al final sólo muy pocos de ellos
lograron posicionarse.
Los periodistas entrevistados también
reconocen que con la transición democrática y la
entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Información Pública, los reporteros
de antaño no modificaron su estilo de ejercer el periodismo, (no de la noche a
la mañana) y en el caso de los nuevos elementos del periodismo hubo una
confrontación, pues se recurrió a la autocensura por temor a afectar al medio
para el que se laboraba o anteponiendo su propia seguridad. Se dio el ascenso
de fuerzas, de poderes fácticos, ajenos a la política formal, que en
combinación con esta desarrollaron nuevas amenazas al periodismo y al derecho a
informar y a estar informados de asuntos públicos.
La continuación del autoritarismo y
las agresiones a periodistas
Los periodistas entrevistados lamentan
en que las agresiones y desapariciones de reporteros no disminuyeron a partir
de la transición democrática en México (como se esperaba), sino que, por el
contrario, aumentaron estos delitos hacia los comunicadores. Por muchos años se
consideró a la prensa el cuarto poder, pero con la llegada de la transición
democrática en México, los periodistas estuvimos más expuestos. De hecho, están
contabilizados en estos 20 años, más de 130 asesinatos a periodistas en México
y más de 20 desapariciones forzadas. En cuanto a las agresiones a colegas
periodistas son incalculables ya que van desde agresiones físicas, verbales,
intimidaciones, y difamaciones de servidores públicos o particulares. Ejercer
el periodismo en México en los últimos años ha sido una profesión de alto
riesgo, donde la autoridad y sus legisladores en el mejor de los casos han
creado leyes de protección (sólo en 11 entidades), pero que en la práctica son
letra muerta, pues son escasos los hechos esclarecidos o de ejecución de
justicia.
Asimismo, mencionan
que de acuerdo estadísticas de Artículo 19, durante
el sexenio de Vicente Fox asesinaron a 23 periodistas por su labor; en el
sexenio de Felipe Calderón fueron 48; en el de Enrique Peña Nieto, fueron 47;
y, en poco menos de dos años de López Obrador, van ya 14 homicidios, cuatro más
que en el mismo periodo de tiempo del sexenio de Peña Nieto. Durante el sexenio
de Vicente Fox, se le acusó de que se asesinaba a periodistas porque la
Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, no
hacía nada por investigar los crímenes. Hoy tampoco lo hacen, la impunidad da
la oportunidad a los agresores.
De los tres sexenios posteriores al
2000, el de Vicente Fox está en un
tercer lugar nada honroso de muertes a periodistas, la lucha por la libertad de
expresión ha sido una batalla que se ha registrado con una saldo rojo, lo cual
ha sido denunciado antes instituciones locales como internacionales, el
gobierno mexicano no ha logrado darle la seguridad al gremio periodístico, el
cual ve debilitado su labor ante los constantes embates del propio sistema
político; la relación de políticos y delincuencia organizada ha sido una
mancuerna, donde la prensa ha pagado un alto costo.
Los comunicadores también
lamentan que después de la transición democrática no exista mayor libertad de
expresión en México, y reconocen que la aprobación de la Ley de Acceso a la
Información Pública y que se haya impulsado el Derecho a la Información como
derecho humano es gracias a el surgimiento de organizaciones de la sociedad
civil comprometida que impulsó y exigió la apertura de información pública.
La Ley
de Acceso a la Información Pública, herramienta útil para el periodismo de
investigación, pero poco aprovechada
Con la transición democrática llegó
también la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, aunque los
periodistas entrevistados reconocieron que sí utilizan esta ley para solicitar
información a dependencias públicas en su ejercicio periodístico, aceptan que
lamentablemente un porcentaje bajo de la población mexicana ha solicitado
información Pública al gobierno, desaprovechando así esta herramienta y derecho
humano. La periodista Sheila del Carmen Arias
Martínez expresó que: “aunque se están cumpliendo dos décadas con esta
Ley, y el más reciente estudio del INEGI, de junio de 2020, reveló que sólo el
5.6 por ciento de la población ha solicitado información pública al Gobierno, y
menos del 15% de la población ha consultado información en una página de
Gobierno. En términos de costo-beneficio eso es un resultado bajísimo comparado
con el recurso público económico y humano que se ha destinado a lo largo de 20
años. No hay eco de la autoridad para que los ciudadanos sepan que el acceso a
la información es un derecho y que deben defenderlo”.
Expresan también
que la creación de la Ley de Acceso a la Información Pública, ha sido la
oportunidad de generar herramientas para acceder a información que tiempo atrás
era imposible acceder sin embargo en los primeros años esta fue letra muerta ya
que gobiernos en los distintos niveles, no se apegaban a los lineamientos y
había omisiones para responder a las solicitudes generadas, también existían
universidades e institutos que debido a no ser sujetos obligados a facilitar
información estaban exentos de informar. Desde el 2003, casi con el nacimiento
de la Ley de Acceso a Ia Información Pública, empecé
a realizar ejercicios de solicitud de información, pero no tuve respuesta. Fue
a partir del 2010 a la fecha cuando más he efectuado solicitudes, con mejores
resultados.
Nuevos retos del periodismo, a 20 años
de la transición democrática
Después de 20 años de la transición
democrática que se inició en México, los periodistas entrevistados considera
que sí hay mayor apertura en los medios de comunicación, hay alternancia en el
poder, la sociedad y las asociaciones civiles son más críticas hacia el
gobierno y los portales de transparencia que si se saben utilizar se puede
obtener información relevante para realizar periodismo de investigación.
Los periodistas entrevistados
coinciden que, aunque actualmente hay mayor apertura, hay más medios de
comunicación, los periodistas se preparan mejor, están los portales de
transparencia, algunos de ellos hacen bien su trabajo, están las comisiones de
acceso a la información pública y, ahora, los datos abiertos, que permiten que
por lo menos la información mínima esté siempre disponible. Asimismo, reconocen
que todavía falta mucho por hacer. En el actual periodo, el Congreso ha
discutido y aprobado nuevas reglas para el reparto de la publicidad oficial,
pero al mismo tiempo con la reducción del gasto los medios y los periodistas
han salido afectados. Es una etapa interesante de transición y falta
perspectiva para hacer una valoración.
Reporteros sin fronteras explica en su reporte de 2008 que existen
dos amenazas principales a la libertad de prensa en el mundo. La primera son
los asesinatos o castigos drásticos a periodistas. La segunda amenaza es la impunidad y el abuso de poder del
gobierno. Los comunicadores expresan que aunque el cambio positivo lo observo a partir de la creación de leyes como
Acceso a la Información Pública, el Instituto Nacional Electoral, más reciente
la Plataforma de Transparencia, así como la creación de una cantidad importante
de asociaciones civiles vigilantes de las acciones de los gobiernos en los
distintos niveles. Pero no se puede bajar la guardia sino mantenernos en
alerta, ya que, en este último año y medio los periodistas se han visto
expuestos al linchamiento o escarnio público cuando al gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador no le agrada lo que se pública en relación a su
desempeño o sobre algunas de sus obras públicas.
Aunque la transición
democrática también generó cambios positivos en la sociedad mexicana, los
periodistas expresan que falta su consolidación, por lo que no se debe “bajar la guardia” ya que
falta una mayor participación social para exigir mejor desempeño de los
gobiernos tanto a nivel nacional como estatal y municipal. Los periodistas
entrevistados también señalan que la transición no sólo es una actitud del
gobierno, se requiere que la sociedad en su conjunto y los periodistas en
particular participemos para hacerla una realidad. Respecto a los derechos
laborales, la realidad es muy compleja. Sigue habiendo periodistas a quienes
les va muy bien y muchos, la mayoría, que viven en precariedad. Por ejemplo,
los nuevos medios digitales requieren de finanzas sanas para a su vez dar
buenas prestaciones. Y los tradicionales están recortando personal por diversas
causas y los periodistas se quedan desamparados. Se están creando fórmulas para
garantizar un salario digno y la garantía de la seguridad médica pero todavía
no es universal y de calidad.
Otro tema que se considera relevante
para que se logre la transición democrática y existan más medios de
comunicación independientes en México es el respeto por los derechos laborales
de los periodistas, desde un sueldo más digno, así como protección y seguridad
por parte de la empresa donde laboran y por parte de las autoridades
gubernamentales. Algunas de ellos comentaron que se requiere que al periodismo
se le saque de la categoría de oficio y colocarlo como profesión en esto
momentos de riesgo, similar al desempeño policial. Las jornadas laborales en
muchos de los casos son en promedio de 12 horas o más; en algunos medios de
comunicación los contratan como prestadores de servicios sin derecho a seguro
médico, pensión o seguro de vida. Pero además es necesario tener criterios como
la regulación de quienes pueden publicar información periodística, personas que
hayan sido egresados de la carrera de ciencias de la comunicación. Además
indican que se requiere la unión del gremio periodístico para exigir sus
derechos laborales y respeto a su integridad
como personas y mayor seguridad en el ejercicio de su profesión.
Asimismo, es necesario la voluntad de los gobiernos para mejorar las
condiciones laborales y la calidad de vida de de los
periodistas y de un modelo empresarial,
con base en publicidad oficial, está agotado. Avanzar hacia un esquema donde el
periodismo de investigación sea considerado un bien público, y reciba apoyos
gubernamentales o de sociedad civil, con mecanismos que garanticen
transparencia y autonomía de los periodistas.
Como se observa, el gobierno
panista de Vicente Fox, fue sin duda una gran decepción democrática, no solo se
continuó con el autoritarismo y el control de la libertad de expresión, sino
que varios medios de comunicación fueron abiertamente censurados. Una de la
actividades profesionales más peligrosas para ejercer en México es el
periodismo, en los últimos 30 años este gremio
ha tenido el más alto de índice de
fallecidos, incluso mayor que en aquellos países donde existe un conflicto
armado, luego de las elecciones del 2000, 26 periodistas fueron asesinados y
tres desapariciones ocurrieron durante el sexenio de Vicente Fox. El cambio
prometido durante campaña no se reflejó en la sociedad y los medios
trasmitieron esta inconformidad contra
el ejecutivo federal.
CONCLUSIONES
La promesa del “cambio” fue sin duda
la esperanza de que habría una nueva realidad en el Sistema Político Mexicano,
también en el gremio periodístico se esperaba que habría una nueva relación con
la añeja y gastada reciprocidad con la figura presidencial. Sin embargo,
inmediatamente posterior a las elecciones, el presidente del “cambio” transformó su promesa y radicalizó su relación
con aquella prensa que no opinaba bien de su gestión, culpando y criticando que
había un complot en su contra a todas las iniciativas de cambio que su gobierno
presentaba. El Presidente culpaba a la prensa de tergiversar sus palabras,
tanto que la prensa internacional como la local, evidenciaban la poca
importancia que le prestaba el ejecutivo al ejercicio periodístico.
La Ley de Acceso a la Información
Pública no se ha aprovechado en su totalidad para informarle a los ciudadanos
sobre los resultados en materia de rendición de cuentas de las dependencias
gubernamentales, ni se ha aprovechado como herramienta que les permita a los
periodistas realizar una mejor labor informativa, a través de un periodismo
enfocado a los hechos y la investigación, y no a las declaraciones. En una contradicción primigenia, México
muestra una Ley Federal de Acceso a la Información Pública, promovida por el
gobierno de Fox en el 2002, además de crear una fiscalía contra los delitos a
los comunicadores y periodistas, no obstante se continuó el ataque frontal y
directo, sin que existiera un alto a esta situación social que lastimaba la
imagen de un país que buscaba la democracia en todos sus sentidos.
Lo
anterior permite demostrar que la prensa escrita posee más allá de su influencia mediática en sus
contenidos e información; una estructura de intereses privados, por encima de
los públicos. Esta investigación presenta el desarrollo que los medios escritos
tuvieron con la política nacional durante el gobierno de Vicente Fox,
demostrando que los efectos y repercusiones en su proceso de gestión estuvieron
más en el ámbito de las relaciones institucionales y de intereses económicos
con el sistema político, que en el de sus lectores, gobernantes y gobernados;
el texto describe los alcances y límites que la prensa desempeñó como interlocutor entre los distintos sistemas
institucionales, los cuales integran el régimen
político mexicano, a partir de un enfoque teórico metodológico
desarrollado y articulado en las entrevistas realizadas a periodistas de
diversos medios nacionales.
A
partir de los resultados que se obtuvieron con las entrevistas a periodistas,
se deduce que las formas y estilos que poseen la prensa con respecto a la
función que tienen como difusores de información pública, así como la distancia y límites con
respecto a los gobiernos y partidos políticos, junto con grupos de poder
mediáticos; evidenciando una delgada y débil postura de
autonomía
profesional. La prensa ha sufrido el acoso de grupos de poder, políticos y
funcionarios públicos que van contra la libertad de expresión, siendo
enjuiciados o demandados por daño moral en su labor como reporteros; no hay una
ley específica que reglamente las funciones de los reporteros, sino que se adecua
a los otros medios de comunicación, como la televisión y la radio. La relación con el sistema
político, el Estado y gobiernos locales, han obtenido beneficios mutuos, en
parte por la adquisición de publicidad gubernamental, aun así podemos presentar
los siguientes rasgos del periodismo desde el 2000 a la fecha, como
características principales:
a)
Existe una débil autonomía periodística.
b)
Existe una dependencia económica
gubernamental a través de la publicidad.
c)
No hay ética profesional definida,
sino que cada diario posea su propia ética periodística.
d)
El trabajo periodístico no es valorado
como una función de beneficio real a la sociedad.
e)
La cercanía
con el sistema político o los otros niveles de gobierno, debilita la autonomía periodística.
f)
Los políticos o grupos de poder siguen
siendo los dueños de las empresas mediáticas.
g)
No hay un marco legal claro que
proteja la integridad laboral y periodística.
h)
Se percibe una autocensura
periodística que va como consecuencia del riesgo a ser demandados por políticos
de todos los niveles de gobierno.
Por
último, es importante destacar que las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación han sido grandes aliadas para el periodismo de investigación,
mediante plataformas, portales de transparencia, y redes digitales se han
abierto espacios para el ejercicio de este tipo de periodismo, así como para
mantener informada a la sociedad de manera más inmediata y que así vez, los
ciudadanos puedan emitir sus opiniones sobre los hechos noticiosos en estas
plataformas digitales.
En el transcurso de estos 20 años, algunas empresas periodísticas han optado por protegerse legítimamente, es decir, por autocensurarse. Otros, han cerrado sus puertas ante las amenazas o intimidaciones. Algunos otros (especialmente periódicos locales del norte del país), han decidido dejar de informar sobre temas de narcotráfico y el crimen organizado; y hay otros que persisten en sus investigaciones pero le asignan un pseudónimo al equipo de reporteros para proteger su seguridad e integridad física.
El “gobierno del cambio” no garantizó la libertad de expresión, ni la responsabilidad y ética periodística. Tampoco combatió la corrupción ni el autoritarismo (como lo prometió reiteradamente en su campaña política), y prefirió la espectacularidad, el escándalo y la difamación sin regulación. A 20 años de la transición democrática, todavía está pendiente combatir la corrupción y la impunidad, así como garantizar la libertad de expresión, el derecho a la información, la regulación de la programad oficial, y aplicar la justicia en los casos de periodistas amenazados, desaparecidos y asesinados.
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