Perspectiva Ecológica de la Justicia Ambiental: Análisis De
conocimiento y percepciones de operadores de Justicia en Tarija
Valeriano Rodríguez Zacarías[1]
https://orcid.org/0009-0000-0920-4382.
Universidad Juan Misael Saracho, de la ciudad de Tarija, Estado Plurinacional de Bolivia
Resumen
El presente trabajo de investigación aborda la temática ambiental, enfatizando en los mecanismos y acciones legales que ha seguido el Estado Plurinacional de Bolivia en la consolidación de su paradigma del “Vivir Bien” contraponiendo el mismo con el andamiaje jurídico y normativo que se presentan en la dinámica de procesos de desarrollo e implementación de planes, programas y políticas. El presente trabajo de investigación indaga, así mismo, la percepción y conocimientos sobre temas ambientales, en un contexto de crisis ambiental, por parte de algunos actores jurídicos de la ciudad de Tarija (Estado Plurinacional de Bolivia), siendo éstos los principales agentes de administración de justicia del Estado, garantes de la aplicación de la normativa y corpus jurídico que delimita la acción protectora del Estado de derecho. La desatención, postergación o ralentización de acciones inmediatas de demandas sociales respecto de factores por contaminación minera, deforestación, ampliación de la frontera agrícola, contaminación acuífera (mercurio, plomo y arsénico) tienen impacto en la vida silvestre y en especial en la salud e incluso genética de poblaciones Indígena Originario Campesinas que viven de recursos lacustres o ríos, son engranajes ideales para generación de escenarios de alta conflictividad en el país. Por tanto, los resultados de esta identificación de conocimientos y percepciones nos permitirán identificar y proponer lineamientos de acción pertinentes y relevantes como políticas públicas que integren la participación y vigencia del pluralismo como eje articulador para la gobernanza, alerta temprana y gestión constructiva de futuros conflictos ambientales.
Palabras clave: Percepción, medio ambiente, educación, políticas públicas
Ecological Perspective of Environmental Justice: Analysis of knowledge and perceptions of justice operators in Tarija
Abstract
This research work addresses the environmental issue, emphasizing the mechanisms and legal actions that the Plurinational State of Bolivia has followed in the consolidation of its paradigm of "Living Well" contrasting it with the legal and regulatory scaffolding that are presented in the dynamics of development processes and implementation of plans, programs and policies. This research work investigates, likewise, the perception and knowledge of environmental issues, in a context of environmental crisis, by some legal actors in the city of Tarija (Plurinational State of Bolivia), these being the main administrative agents. of justice of the State, guarantors of the application of the regulations and legal corpus that delimits the protective action of the Rule of Law. The neglect, postponement or slowdown of immediate actions of social demands regarding factors such as mining contamination, deforestation, expansion of the agricultural frontier, aquifer contamination (mercury, lead and arsenic) have an impact on wildlife and especially on health and even Genetics of Native Indigenous Peasant populations that live on lake resources or rivers, are ideal gears for generating scenarios of high conflict in the country. Therefore, the results of this identification of knowledge and perceptions will allow us to identify and propose pertinent and relevant action guidelines as public policies that integrate the participation and validity of pluralism as the linchpin for governance, early warning and constructive management of future environmental conflicts.
Keywords: Perception, environment, education, public policies
Artículo recibido 25 abril 2023
Aceptado para publicación: 25 mayo 2023
INTRODUCCIÓN
Durante una exposición en el Diálogo Climático de Petersburgo (2022), Rusia, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, expresó su preocupación por el debilitamiento del interés de la comunidad multilateral en el trabajo conjunto, señalando, además, que se necesitan esfuerzos multilaterales para revertir la crisis climática, enfatizando la elección entre ‘acción colectiva o suicidio colectivo’ (Guterres, 2022).
La humanidad se enfrenta a una catástrofe global atravesado por un modelo de crisis civilizatoria; las consecuencias del impacto ambiental que emergen en nuestro país, comienzan a replicarse como conflictos articulados a demandas sociales, lo que reconfigura posibles escenarios de ingobernabilidad en el Estado Plurinacional de Bolivia.
Al menos 7 ejes de conflicto ambiental amenazan desde diferentes frentes la gestión política-administrativa que inició en 2020 el nuevo gobierno: i) Explotación de recursos naturales, ii) gestión de la tierra y territorio, iii) impacto del cambio climático en zonas deprimidas y escenarios urbanos vulnerables, iv) desarrollo y crecimiento económico basado en la explotación de recursos no renovables, v) contaminación de cuerpos de agua y calidad del aire, vi) escasa participación y riesgo de extinción de pueblos indígena originario campesinos, vii) laxa regulación y políticas ambientales.
El propósito de este artículo es encastrar dos escenarios que configuran la problemática ambiental del país; por un lado, la identificación y enfoque del paradigma ambiental y ecología jurídica cuya complejidad se manifiesta en la desviación entre el modelo normativo (leyes y normas ecologistas) y la praxis operativa (decisiones políticas no ecologistas) que colisionan en su implementación.
Por otro lado, se pretende conocer e identificar la percepción y conocimientos sobre temas ambientales de algunos agentes jurídicos en el Estado Plurinacional de Bolivia, quienes son los actores centrales en los procesos jurídicos ambientales quienes definirán escenarios que garanticen gobernabilidad en el marco de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.
El fundamento de este artículo se centrará en la identificación y propuesta de lineamientos de acción relevantes que al menos orienten la generación de políticas púbicas en el marco de un desarrollo ambientalmente sustentable y jurídicamente eficiente.
MATERIALES Y MÉTODOS
El objetivo central que guía el presente trabajo es conocer las orientaciones y percepciones jurídicas de operadores de justicia, para definir lineamientos y políticas socioeducativas, en el marco de políticas públicas que permitan garantizar la protección y gobernanza ambiental en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.
La estructura que seguirá la consecución de los objetivos permitirán también analizar los factores jurídicos que se establecen en la Constitución Política del Estado y las acciones asumidas por el Tribunal agroambiental como mecanismos de protección salvaguarda y cuidado del medio ambiente; por otro lado brevemente se definirá los criterios centrales de gobernanza ambiental que vincule la intervención del Estado articulado a la participación ciudadana de un modo efectivo y sostenible en el marco de la descentralización y autonomías (Departamental, municipal, regional, indígena originaria campesina).
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
El tipo de investigación es descriptivo, describirá algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento, al respecto señala que consiste en la recopilación de datos que describen los acontecimientos para luego organizarlos, tabular, representar y describir la recopilación de datos. Son aquellos trabajos donde nuestra preocupación, se centra en determinar los orígenes o las causas de un determinado conjunto de fenómenos, donde el objetivo es conocer por qué suceden ciertos hechos a través de la delimitación de las relaciones causales existentes o, al menos, de las condiciones en que ellas producen (Rojas, 2021).
El enfoque investigativo combinó método cualitativo como cuantitativo, la recolección de datos para probar las hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento se realizará desde el enfoque cuantitativo, Por otra parte, se recurrirá al enfoque cualitativo, porque el aporte de este método es a través de la realidad en su contexto natural y cómo sucede, analizando e interpretando fenómenos de acuerdo a informantes considerados clave.
Los métodos utilizados en la investigación descriptiva, son no experimentales que tienen como finalidad principal describir un fenómeno ya producido, también persiguen analizar la estructura del fenómeno y explorar las relaciones relativamente estables que lo definen, su intención no está orientada a establecer relaciones de causalidad entre las variables en estudio (Mousalli-Kayat, 2017).
Como técnica de investigación, el presente trabajo recurrió al trabajo de campo, como proceso que permite obtener datos primarios y estudiarlos tal y como se presentan, sin manipulación de las variables, estos son los mecanismos que nos permitirán recolectar, analizar e interpretar los datos estudiados.
La investigación de campo se realizó en la Ciudad de Tarija del Departamento del mismo nombre; se realizaron encuestas a una muestra de operadores de justicia para estudiar, analizar e interpretar sus percepciones respecto del tema ambiental en el Estado Plurinacional de Bolivia.
Siendo un diseño no experimental el tipo de Investigación fue transeccional, recolectó datos en un solo momento, (Hernández Sampieri, 2014), su propósito fue describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado, para establecer el estado de situación en un tiempo determinado, considerando:
1. Percepciones y actitudes de abogados y abogadas tomando una muestra del universo de operadores de justicia en el departamento de Tarija.
2. Evaluación e interpretación de conocimientos, actitudes y prácticas respecto del medio ambiente y su influencia en relación a acciones jurídicas en temas ambientales.
3. Análisis del efecto que puede tener en decisiones judiciales el nivel de conocimiento, y la actitud de operadores de justicia en temas relacionados a una ecología jurídica.
La fórmula de cálculo de extracción de muestra de la población corresponde al colectivo de profesionales de derecho en sus diferentes especialidades de la ciudad de Tarija. La población estimada es de 1200 abogados, de los cuales se ha extraído una muestra aleatoria de 132, con un margen de error de 9% y un nivel de confianza de 97%. La fórmula utilizada para el cálculo del tamaño de la muestra fue:
Datos:
N=1200
e=9%
p=0,5
q=0,5
z=2,17
n=132
Diseño de instrumentos para el relevamiento de información
Se utilizó un formulario estructurado y de aplicación enviado a través de grupos de “WhatsApp”. Dicho formulario contenía un conjunto de preguntas sobre los objetivos del estudio, que consistió en un formulario con dieciocho preguntas.
El diseño del formulario fue elaborado en base a la revisión bibliográfica sobre el tema para valorar las actitudes de la población con respecto al medio ambiente. El diseño del formulario se realizó en Google Drive y el procesamiento en SPSS 24.
Para comprobar la fiabilidad del instrumento se calculó el Alfa de Cronbach, el mismo que resultó en 0,992, que permite considerar la fiabilidad para la aplicación del cuestionario
Recolección, análisis e interpretación de información
La aplicación de la encuesta (2021), el procesamiento, análisis y sistematización de datos (2022), fueron la base de una interpretación con perspectiva socio jurídica. Contempló las fases: elaboración de la ficha técnica, diseño, aplicación de las encuestas, sistematización de la información recabada, análisis y elaboración de resultados.
Complementariamente se realizó un análisis de documentos de archivos judiciales, que se realizó haciendo una búsqueda digital especializada de jurisprudencia en el Estado Plurinacional de Bolivia,. El análisis se centró en los procesos judiciales que tuvieron sentencia exclusivamente en temas ambientales tengan relevancia con el tema.
RESULTADOS
Resultado 1 Análisis crisis ambiental
Acciones insuficientes
Desde entonces hasta la década de los años 2000 se caracteriza por un avance significativo en la incorporación en la Constitución Política del Estado (CPE) los derechos ambientales y socio ambientales, hecho también relevante en la gestión ambiental. Se elaboraron una serie de normas para efectivizar la participación de los pueblos indígenas en la gestión ambiental, especificando la implementación de Consulta Previa cuando se trate de proyectos productivos en sus territorios, antes de otorgar concesiones, en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, del Convenio 169 de la OIT y de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidades (Castro, 2014); sin embargo, en la práctica se ha ejercido este derecho de forma moderada a través de procesos de consulta previa, acompañados por el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), dependiente del Órgano Electoral Plurinacional.
Un sistema semi autónomo
Con base en la ley marco de autonomías y descentralización (Ley 031), puede afirmarse que por la diferenciación socioeconómica, e institucional que existe entre municipios, es dificultoso un proceso homogéneo tanto en la utilización de instrumentos jurídicos como su aplicación: no sólo en relación con los mecanismos de administración de recursos fiscales, de administración de personal y otros, sino, sobre todo, en materia de capacidad de planificación y de ejecución de las inversiones necesarias, por lo que se requiere mecanismos institucionales que recorten estas asimetrías (FLACSO, 2017).
Para un tema efectivo de administración de justicia ambiental descentralizado a nivel de municipios y gobernaciones el problema se manifiesta en la capacidad de incrementar sus recursos propios por la vía de la recaudación. Todo ello implicaría un Estado central con capacidad para implementar la normativa legal vigente de forma diferenciada, progresiva y concertada. Ello se ve obstaculizado por un Órgano Judicial deslegitimado, ambiguos sistemas de interpretación legal y desconfianza de independencia de éste en los últimos años y una obvia debilidad institucional endógena en los municipios para resolver sus problemas ambientales particulares.
Se requeriría, por esta razón, una adecuada planificación territorial y aprovechamiento de recursos naturales, que armonice la satisfacción de las necesidades de uso con las necesidades de conservación de los ecosistemas y los servicios ambientales fundamentada en información científica y con carácter vinculante, cuya base está establecida en la Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado (Ley Nº 777- SPIE).
Una efectiva política ambiental del aprovechamiento de los recursos naturales, efectiva protección de la biodiversidad y de los ecosistemas (áreas protegidas), la restauración de los ecosistemas degradados; las obligaciones de la sociedad y del Estado y de los procedimientos de gestión ambiental, en base a la CPE y a la Ley del Medio Ambiente (Ley Nº 1333). El control eficaz del cumplimiento de las normas, leyes y disposiciones de planificación territorial y penal, así como de mecanismos de control ambiental, que actualmente es lo más débil en el Estado Plurinacional de Bolivia (Wanderley, Op Cit).
Acciones escasamente complementarias
Tabla 1. Inversión pública destinada a recursos ambientales (En %)
|
Aporte Estatal |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2022 |
|
Inversión pública en el Presupuesto General del Estado destinado a recursos ambientales |
3,73 |
3,01 |
2,64 |
2,49 |
2,00 |
2,75 |
Fuente: Estado del Medio Ambiente en Bolivia Konrad Adenauer y actualización propia en 2022
Desde la implementación de la Ley marco de autonomías y descentralización “Andrés Ibáñez” (Ley 031) las competencias de los niveles subnacionales se hacen más específicas y su cumplimiento requiere muchas veces, recursos económicos que hace difícil su cumplimiento, Ardua tarea, así como su facultad legislativa y coordinación con el nivel central, dada las contingencias políticas entre los diferentes escenarios, existen pugnas de poder político en temas de acción ambiental, ya sea de carácter preventivo o acciones directas.
Segundo resultado factores jurídicos
a) Recuperación de legitimidad en la institución judicial como principio democrático
b) Fortalecimiento de la institucionalidad jurídica con la incorporación de operadores especializados en temas ambientales
c) Análisis de factores jurídicos que se establecen en la CPE como mecanismos efectivos de salvaguarda y protección ambiental como superación de la derrota del derecho en temas ambientales.
A partir de un análisis que integra opiniones de fuentes primarias, Verónica Hesse de los Ríos, ex juez del Tribunal agroambiental señala la existencia limitaciones que encuentra este tribunal nacional como mecanismo de protección, salvaguarda y cuidado del medio ambiente:
i) Difusa codificación procesal
Una de las razones por las que el Tribunal Agroambiental no está fortalecido es la ausencia de un código de proceso agroambiental; si bien existe la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria de 1996 (Ley 1715), no es específicamente en temas ambientales, sino agrarios. La legislación, por tanto, se encuentra en un panorama difuso en lo sustantivo, lo que genera en los jueces agroambientales inseguridad en materia procedimental. La CPE es de aplicación directa (Artículo 410 parágrafo II Constitución Política del Estado), mismo que sostiene en el bloque de constitucionalidad su aplicación en caso de medio ambiente que incluye todos los derechos humanos que pudieron ser vulnerados (derecho a medio ambiente sano, seguridad alimentaria, grupos vulnerables como adultos mayores mujeres niños personas con capacidades diferentes, etc.) (Hesse, 2022).
La Legislación ambiental, por tanto, es difusa, las normas están desactualizadas, como el código de agua, que tiene más de doscientos años de antigüedad; normas desconexas, que son específicas para cada tema, pero no articuladas en torno a un solo código, como la Ley 1333, de Medio ambiente, la Ley Forestal, Ley de Minería, Ley de Hidrocarburos.
Por otra parte, se ha señalado a través de autoridades del mismo Órgano Judicial la intervención de otros Órganos del Estado que influyen en decisiones judiciales.
ii) Presiones externas
Entre los diferentes informes elevados ante el Estado Plurinacional de Bolivia, (GIEI, Defensoría del Pueblo, etc.) Existe una marcada percepción generalizada de presión política por las decisiones que puedan asumir los diferentes Altos Tribunales del Órgano Judicial. No está ajeno el Tribunal Agroambiental, especialmente en el tema de tierras, que impiden avances en las decisiones del Tribunal Agroambiental, muchas veces, incluso en contraposición de criterios por razones de discrepancia dados los intereses de oriente y occidente, especialmente.
Tras la implementación de la CPE, el armazón jurídico de protección y salvaguarda del medio ambiente se ha visto en la necesidad de contar con personal especializado y peritos en temas científicos ambientales,
iii) Incipiente proceso de especialización de jueces en temas ambientales
Aunque existe un avance en el proceso de mejoramiento de la justicia, a través de la institucionalización de jueces especializados, éstos todavía están en un proceso inicial de formación, dada el elevado nivel de actualización de temas, especialmente en el área de biotecnología, ética ambiental, ecología jurídica, entre otros. Por lo que los jueces aparte de mantenerse actualizados en la temática deben lidiar con presiones, tanto políticas, sectoriales e incluso de pueblos indígena originario campesinos.
Tercer resultado encuesta a operadores de justicia
El 30,30% de los entrevistados se encuentra entre las edades de 31 y 41 años. Representa una edad relativamente joven quienes se encuentran en este rango de edad, mientras que los operadores entre 52 y más de 63 años representan 34%, (Figura 1), siendo éstos últimos quienes mayor acceso tienen a cargos de administración de justicia
Figura 1
Fuente: Elaboración propia
El 34,85% de los entrevistados son profesionales agro ambientalistas, el 26,52% son abogados civilistas y en menor proporción otras especialidades (Figura 2). Si bien éstos tienen formación especializada, paradójicamente, la mayoría tendrá dificultades para acceder a cargos de administración de justicia especializada, dados los actuales mecanismos de selección de operadores y administradores de justicia. La mayoría de juzgados que resuelvan casos en temas referidos a medio ambiente serán ejecutados por personal con limitada formación en temas específicos respecto de biocidio y perspectiva de justicia ambiental.
Figura 2
Fuente: Elaboración propia
Análisis promedio de opiniones
En la figura 3 se refleja los diferentes factores Valoración de los entrevistados sobre el medio ambiente. que han sido valorados por los entrevistados, el promedio corresponde a una escala de 1 a 5 (1=Estoy totalmente en desacuerdo y 5=Totalmente de acuerdo).
Figura 3
Fuente: Elaboración propia
Figura 4
La información obtenida a través del cuestionario aplicado nos permitió sistematizar los resultados en 4 categorías de análisis (Figura 4) :
Actitudes morales: Se observó actitudes subjetivas de valoración positiva en temas de cuidado, conservación y reducción de impactos negativos ambientales; así como valoración de incorrecto o injusto aquellas actitudes que atenten contra el medio ambiente.
Las fuentes consultadas señalan en su mayoría que los impactos climáticos se reflejarán en las generaciones nuevas, especialmente en temas sensibles como contaminación minera, generación de residuos sólidos, ampliación de la frontera agrícola, extractivismo, etc. Estas actitudes morales se forman a través de la socialización y el aprendizaje social, influenciados por factores como la religión, la cultura, la educación y experiencias personales en los operadores de justicia. )
Formación: Destaca la alta demanda de especialización en temas de ecología jurídica, actualización de temas ambientales y espacios de investigación, el perfil de los nuevos juristas apunta al empleo de tecnología y aplicación científica para la definición de criterios en materia de justicia ambiental. Un aspecto común, especialmente en los más jóvenes es la actitud positiva hacia términos como meritocracia y especialización del conocimiento.
Activismo ambiental: Al menos 60% de los entrevistados señalaron su interés de participación en colectivos, grupos u organizaciones que demanden atención o realicen acciones directas en favor del medio ambiente. La tecnología coadyuva a la actualización informativa a partir de la inmediatez con la que se genera corrientes de opinión pública en temas ambientalmente sensibles, por lo que existen dinámicas de colectivismo y acciones de respuesta a través de redes sociales y otras plataformas en línea.
Incidencia política: El 80% de los entrevistados señala su predisposición para articularse en escenarios de debate, investigación, foros, cumbres, etc. para generar incidencia política, cabildeos y mesas técnicas de trabajo para proponer revisiones técnicas y normativas actualizadas en temas de biocidio, ecología jurídica, justicia ambiental, además de propuestas para la resolución de problemática ambiental especialmente en temas de inversión pública e impactos ambientales.
Figura 1. Rol del abogado y opiniones sobre el medio
ambiente. 
Fuente: Elaboración propia
En la figura 5, se realizó un cruce de variables para determinar el rol de los entrevistados en relación a las opiniones que tienen sobre el medio ambiente, observamos que la mayor parte de los especialistas tienen opiniones que superan el promedio en casi todos los factores, excepto en los factores “me gustaría que se inserte en la malla curricular de todas las facultades la materia de medio ambiente” que tiene una valoración de 2 y que representa la opinión “estoy parcialmente en desacuerdo”; por otra parte el factor “me apetece mucho participar en debates, cursos y seminarios sobre la conservación del medio ambiente” que tiene una valoración de 3 y que corresponde a la valoración “ni en desacuerdo ni en acuerdo”. Se puede concluir que de los factores analizados la opinión general de los especialistas es positiva con respecto a la preservación del medio ambiente.
DISCUSIÓN
Los impactos del cambio climático son una amenaza manifiesta, en los altos índices de desplazados climáticos, conflictividad por tierras, contaminación de ríos y aire, impacto en la salud alimentaria, entre otros que nos impiden considerar que en el país vivimos en un medio ambiente sano, dado el manejo y aprovechamiento inadecuado de los ecosistemas, la actitud clientelar y extractivista, de manera compulsiva del propio Estado es la misma manera como lo ha hecho el sistema-mundo al cual pertenece como Estado subalterno, como objeto de dominación, en un contexto de colonización ambiental (Prada, 2022).
Los resultados de la aplicación de métodos estadísticos revelan que en los propios operadores de justicia existen principios morales que consideran que se ha soslayado la premisa de protección ambiental en los mismos operadores de justicia, que además incide en la recuperación del principio democrático de credibilidad en la institución judicial, la necesidad de fortalecimiento de la institucionalidad jurídica con la incorporación de operadores especializados en temas ambientales, así mismo la incorporación de mecanismos efectivos de salvaguarda y protección ambiental.
El reconocimiento de las propias instituciones estatales; organismos internacionales: GIEI, Naciones Unidas, instituciones de Derechos Humanos, CIDH entre otras, observan la brecha existente entre la administración de justicia en Bolivia, su imparcialidad, eficiencia y pluralidad. El consenso apunta a una re estructuración integral de la justicia, que debe considerar los aspectos del impacto ambiental en el marco de sus consecuencias: económicas, culturales, políticas y sociales, investigaciones que deben ser continuadas como interfaz de democracias de alta intensidad caracterizada por una mayor horizontalidad en las relaciones de poder, una mayor transparencia, rendición de cuentas, y una mayor responsabilidad social y ecológica por parte de las instituciones y los actores políticos.
CONCLUSIÓN
Se ha identificado 3 mecanismos cuya interdependencia, coordinación e implementación desde una mirada de estrategia país, podría generar los cambios necesarios: la perspectiva institucional, la reforma jurídica y participación ciudadana desde procesos educativos formales y no formales.
De acuerdo a la interpretación de las percepciones se hace referencia a las grandes contradicciones que existen en la actualidad, entre un marco de consignas políticas y discursivas, frente a un modelo extractivista versus una economía del capital. Como señala Boaventura de Sousa Santos, por un lado, vemos cómo las condiciones de vida actuales y las reuniones intergubernamentales por el cambio climático traen consigo un sentimiento de urgencia por cambiar las cosas. Por el otro, y en plena contradicción, nos parece que los cambios tienen que ser civilizatorios, de largo plazo, ya que la situación actual no se resuelve en tres años. Y esto es un problema real, porque no estamos hablando de producción material, sino de mentalidades, de sociabilidades, de maneras de vivir y de convivir. Por ello aquí hay una contradicción entre la urgencia de los cambios y la transformación civilizatoria que se requiere (De Soussa, 2017) .
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