La regulación jurídica de la agricultura
sostenible como herramienta para la construcción de la paz intercultural en el
Estado Plurinacional de Bolivia
La regulación jurídica de la agricultura
sostenible como herramienta para la construcción de la paz intercultural en el
Estado Plurinacional de Bolivia
Zacarías Valeriano Rodríguez[1]
https://orcid.org/0009-0000-0920-4382
Universidad Juan Misael Saracho,
de la ciudad de Tarija, Estado Plurinacional de Bolivia
El presente documento tiene por objetivo exponer el análisis de la regulación jurídica de la agricultura sostenible como herramienta para la construcción de la paz intercultural en el Estado Plurinacional de Bolivia; para alcanzar este objetivo, se implementaron diversas estrategias metodológicas: se realizó un análisis exhaustivo de la legislación nacional e internacional relacionada con la agricultura sostenible y la promoción de la paz intercultural; se examinaron leyes, decretos, políticas y convenios internacionales que abordan estas temáticas, con el fin de identificar las disposiciones legales existentes y su aplicabilidad en el contexto boliviano. Los principales resultados revelaron que la regulación jurídica de la agricultura sostenible es fundamental para promover escenarios de paz intercultural, que se refiere a un enfoque de convivencia pactada en escenarios de alta conflictividad y polarización. Se identificó la existencia de leyes y políticas que fomentan la agricultura sostenible, conservación de recursos naturales y protección de conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas y campesinas, así mismo, se evidenció la importancia de fortalecer la participación y el diálogo intercultural en la toma de decisiones relacionadas con la agricultura, promoviendo mayor participación y diálogo de saberes ancestrales como engranaje institucional que promueva la gobernabilidad.
Palabras clave: agricultura sostenible; paz intercultural; gobernabilidad
The present document aims to present the analysis of the legal regulation of sustainable agriculture as a tool for the construction of intercultural peace in the Plurinational State of Bolivia. To achieve this objective, various methodological strategies were implemented: an exhaustive analysis of national and international legislation related to sustainable agriculture and the promotion of intercultural peace was carried out. Laws, decrees, policies, and international agreements addressing these issues were examined to identify existing legal provisions and their applicability in the Bolivian context. The main results revealed that the legal regulation of sustainable agriculture is fundamental to promote intercultural peace scenarios, which refers to an approach of negotiated coexistence in highly conflictive and polarized scenarios. The existence of laws and policies that promote sustainable agriculture, conservation of natural resources, and protection of traditional knowledge of indigenous and farming communities was identified. Furthermore, the importance of strengthening intercultural participation and dialogue in decision-making processes related to agriculture was demonstrated. This involves promoting greater participation and dialogue of ancestral knowledge as an institutional mechanism that promotes governance.
Keywords: sustainable agriculture; intercultural peace; governance
Artículo recibido 02 mayo 2023Aceptado para publicación: 20 mayo 2023
sector (Zamora, CLACSO, 2018).
1.- Factores de la crisis agrícola
La agricultura nacional enfrenta una severa crisis, los problemas relacionados con la erosión y degradación de los suelos; los bajos rendimientos productivos; el minifundio y latifundio; la contaminación y destrucción del medioambiente; la falta de incentivos, la migración y el abandono del campo; la conectividad y competitividad en los mercados; el acceso a fondos financieros; la gestión territorial; y la tenencia y tráfico de la tierra son solo algunas de las complejas problemáticas estructurales que atraviesa la agricultura boliviana y que empujan cada vez más a que sea menos rentable y menos sostenible en el tiempo.
a) Ampliación de la frontera agrícola y monocultivo
La crisis de producción agrícola en valles y altiplano persiste durante décadas, mientras que en la agricultura cruceña se observa un agotamiento más acelerado debido a problemas económicos, disminución de la productividad y pérdida de competitividad en el mercado internacional. La excesiva dependencia en la exportación de un solo cultivo, la soya, está generado un aumento en las importaciones de alimentos y el contrabando, lo que podría resultar en un saldo comercial agrícola nulo en aproximadamente cinco años. Esto plantea un escenario alarmante para Bolivia, un país conocido por su megadiversidad, donde la agricultura enfrenta el riesgo de colapsar y volverse dependiente de las importaciones de alimentos.
La situación insostenible actual se origina por el papel marginal y utilitario que Bolivia desempeña en el sistema agroalimentario globalizado, que sin embargo tiene sistemas de producción en un modelo agroexportador. De acuerdo a Gonzalo Colque, la producción de soya se destina principalmente a abaratar la producción de carne de pollo en países como Perú o Colombia, mientras que muchos otros países rechazan esta práctica debido a sus impactos contaminantes. Además, la agricultura boliviana se encuentra inmersa en un modelo agrícola diseñado para beneficiar al agronegocio global, que busca lucrar mediante la venta de semillas transgénicas, agroquímicos y el monopolio del comercio de granos.
Bolivia se ha convertido en un proveedor de materias primas agrícolas, al mismo tiempo que funciona como un mercado secundario para alimentos industrializados que atraviesan las fronteras. La pérdida de importancia económica y competitividad por parte de los productores altoandinos es permeable al contrabando de productos como la papa peruana, que provienen de agricultura campesina. Como resultado, los consumidores bolivianos han desarrollado un creciente apetito por alimentos ultraprocesados, producidos por la agroindustria transnacional. Esta preferencia por alimentos ricos en grasas, azúcares y conservantes químicos representa una considerable inversión de los ingresos generados por las exportaciones de soya. (Colque, 2020).
b) Emergencia étnica
Factores externos impactan notablemente en el desarrollo y pervivencia de pueblos indígena originario campesinos, a lo que algunos autores llaman emergencia étnica. Sin duda, la agresiva incorporación de las transnacionales en la explotación de recursos naturales, especialmente en tierras bajas, ha impulsado movilizaciones indígenas. En términos ideológicos ha creado condiciones favorables para la emergencia indígena en América Latina.
Una exhaustiva revisión y análisis de las dinámicas y entramados sociopolíticos alrededor de la tierra, exponen también los intereses comerciales transnacionales como condición básica para la producción de transgénicos en Bolivia permiten comprender y afirmar que las múltiples transformaciones y metamorfosis de la política estatal boliviana han anulado, en su totalidad, la posibilidad de una transformación productiva desde el Estado. Al contrario, como se ha podido evidenciar a lo largo del proceso analizado, el marco legal del conflicto de tierras en Bolivia en el que los transgénicos son un eje angular ha puesto a la tierra y a su producción al servicio de los objetivos del capital nacional y transnacional (Gutiérrez & Salazar, 2017).
Este es uno de los ejes que orientaron la serie de conflictos sociales que se visibilizaron a partir de la Primera Marcha "Por el territorio y la dignidad" el 15 de agosto de 1990, misma que partió de la ciudad de Trinidad hacia la ciudad de La Paz, contó con la participación de los pueblos indígenas: Mojeño Trinitario, Sirionó, Yurakaré, Movima, Tsimane y varias comunidades de las tierras bajas del norte y oriente de Bolivia, demandando salud, educación y el reconocimiento de sus tierras ancestrales, debido al avasallamiento de las empresas madereras y la usurpación de su territorio comunales, en vista al abandono del Estado, acción que originó con tenacidad y fuerza las pugnas sociales emancipatorias (Prensa Instituto Plurinacional de estudio de lenguas y culturas, 2023). El génesis de las reivindicaciones sociales de los excluidos con matices políticos que exigen la incorporación de políticas públicas y propuestas de diálogo y relaciones políticas horizontales con estos pueblos amazónicos en representación de las naciones reconocidas por la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia.
c) Ritmo sociopolítico
En 2005, tras ocho años de resistencia, fue aprobada la soya transgénica en Bolivia. Este proceso que comenzó en 1997, encierra en sí mismo un complejo entramado de luchas sociales. La agricultura mecanizada de cultivos comerciales y la combinación de factores, que incluyen la expansión agrícola, ganadería, extracción ilegal de madera y la expansión de la infraestructura vial. Estas actividades humanas, impulsadas por la demanda de tierras para la producción de alimentos y recursos naturales, han llevado a la pérdida de bosques y la degradación de los ecosistemas forestales del país.
Según informe del Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia (2019), la principal causa de deforestación en el país es la expansión de la frontera agrícola, especialmente para la producción de cultivos comerciales como la soya, la caña de azúcar y el aceite de palma. La creciente demanda de estos productos en el mercado nacional e internacional ha llevado a la conversión de grandes extensiones de bosques en tierras agrícolas.
Además, la ganadería extensiva es otro factor significativo en la deforestación de Bolivia. La expansión de la actividad ganadera implica la apertura de nuevos pastizales a expensas de los bosques, especialmente en las regiones de la Amazonía y el Chaco boliviano. El ganado es una importante fuente de ingresos para muchos agricultores y comunidades rurales en Bolivia, pero su expansión descontrolada ha contribuido a la pérdida de cobertura forestal.
La extracción ilegal de madera también juega un papel importante en la deforestación en Bolivia. La demanda de madera para la industria de la construcción, la fabricación de muebles para exportación y otros fines comerciales ha llevado a la tala ilegal de árboles en áreas protegidas y bosques nativos. La falta de control y vigilancia adecuados, junto con la corrupción, han facilitado esta actividad ilícita.
Además, la construcción de infraestructura vial, como carreteras y caminos, ha contribuido a la fragmentación y degradación de los bosques en diferentes partes del país. La apertura de nuevas vías de acceso facilita la expansión de la agricultura y la ganadería, así como la explotación de recursos naturales en áreas previamente inaccesibles (Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2019)
2.- Conflictividad derivada de la ausencia de derecho agrario
La ausencia de un marco legal sólido en el ámbito del derecho agrario en Bolivia ha sido una causa fundamental de conflictividad en el sector agrícola del país. La falta de normativas claras y seguridad jurídica relacionadas con la tenencia de la tierra, los derechos de los agricultores y el acceso equitativo a los recursos agrícolas ha generado tensiones y conflictos entre diferentes actores involucrados en la producción agropecuaria.
La carencia de un sistema jurídico adecuado ha propiciado la concentración de la tierra en manos de grandes terratenientes y empresas agroindustriales, dejando a pequeños agricultores y comunidades indígenas en una posición de desventaja. Con diferentes matices y enfoques, desde hace ya dos décadas se venía anticipando primero los intentos exploratorios, luego la fuerte presencia y finalmente la hegemonía de la propiedad de las mejores tierras agrícolas de Bolivia en manos de capitales y ciudadanos extranjeros, particularmente brasileros. Esta forma de expansión hegemónica del espacio territorial difiere de los asentamientos de colonizadores inmigrantes extranjeros de nacionalidad japonesa de principios de los años 1950 y de los menonitas unos años después (Urioste, 2018).
La falta de seguridad en la tenencia de la tierra y la vulneración de los derechos de los agricultores han generado disputas y tensiones, a menudo manifestadas en conflictos por la posesión y el uso de la tierra, Estos conflictos agrarios han sido frecuentes en diferentes regiones de Bolivia, especialmente en áreas rurales donde la tierra tiene un alto valor económico y estratégico. Las disputas pueden surgir entre comunidades indígenas y empresas extractivas, entre agricultores y grandes latifundistas, o entre agricultores y autoridades locales o nacionales. Los reclamos de tierras, las invasiones, los desalojos forzados y los enfrentamientos violentos son algunas de las manifestaciones de la conflictividad derivada de la ausencia de un marco legal sólido en el ámbito agrario.
Para abordar esta problemática, es crucial implementar políticas agrarias que promuevan la equidad en la tenencia de la tierra, reconozcan y protejan los derechos de los agricultores y fomenten la participación activa de las comunidades en la toma de decisiones relacionadas con la gestión de los recursos agrícolas. Asimismo, es necesario fortalecer y hacer cumplir las leyes existentes, así como garantizar un sistema judicial eficiente y transparente para resolver los conflictos agrarios de manera justa y pacífica.
3.- Base de la desprotección jurídica ambiental
Paradójicamente, a finales de 2012, el gobierno promulgó la Ley Marco de la Madre Tierra (Ley N.º 300) que propone una serie de fundamentos sociales y vínculo animista de relación con la “Madre Tierra”, enuncia en su Art. 24 numeral 8 “desarrollar acciones que promuevan la eliminación gradual de cultivos de organismos genéticamente modificados autorizados en el país a ser determinados en norma específica” (Ley300, 2012). Esta ley, y específicamente este artículo, generó una serie de conflictos en el sector agroindustrial, frente a lo que el gobierno no tardó en manifestar su apoyo y protección para el sector que en este caso eran explícitamente transgénicos. Hasta el momento, dicha ley no ha sido reglamentada, lo que posibilita también el crecimiento vertiginoso de la expansión de cultivos de soya transgénica en el país.
Sin embargo, es preciso volcar la mirada sobre las implicancias de la constante y veloz expansión de la frontera agrícola, que en 2013 fue impulsada a través de la Ley de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques (Bolivia, 2013), que, a pesar de su denominativo, es más conocida en el país como Ley de Desmontes (Ley N.º 337), pues ha legalizado la conversión ilegal de tierras de cobertura boscosa en tierras de uso agrícola y pecuario desde 1996 hasta 2011.
Esta ley, como pretende exponer su nombre, fue promulgada con el argumento de incrementar la producción de alimentos, aunque, dado que dichas tierras ya se encontraban produciéndolos y eran en su mayoría para la exportación agroindustrial, queda claro que su función fue la protección del sector latifundista que había realizado desmontes ilegales, y que, por tanto, corría el riesgo de que su propiedad sea revertida.
4.- Normas que vulneran el paradigma de cuidado y protección de la “Madre Tierra”
Al menos se identificaron una decena de leyes y decretos promulgados en los últimos años en el país que dan pie a los desmontes y otras agresiones al medio ambiente. Estas normas no solo tienen que ver con incendios forestales, sino también con la liberación ambiental de los productos transgénicos genéticamente modificados, que atentan contra del recurso suelo, flor y fauna, así como las actividades petroleras eximidas de estudios de evaluación e impacto ambiental (Correo del Sur, 2019) (Ver cuadro1).
Cuadro 1: Normas ambientales que afectan al modelo animista Madre Tierra
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NORMA |
ALCANCE |
OBJETIVO |
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Decreto Supremo Autorización de Quemas. DS 3973 de 10/07/ 2019. Art. 5. |
Santa Cruz y Beni, |
Autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias, que se enmarque en el Manejo Integral y Sustentable de Bosques y Tierra, conforme a los instrumentos de gestión específicos aprobados por la ABT y sus Planes de Uso de Suelo vigentes. (Observación: En ambos departamentos se permite las quemas). |
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Ley uso y manejo de quemas. Ley 1171 de 25/04/2019. Art. 7. II. |
Nacional
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Iniciado el proceso administrativo por quema, no se aplicarán multas al titular del predio cuando se haya excluido su responsabilidad sobre el origen del fuego o se identifique al tercero responsable, conforme al procedimiento a ser aprobado por la ABT. (Observación: Se limita responsabilidades por los incendios). |
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Decreto Supremo Biodiesel. DS 3874 del 17/04/2019 |
Nacional |
Autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la Soya evento HB4 y Soya evento Intacta, destinados a la producción de Aditivos de Origen Vegetal – Biodiesel. |
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Ley de aditivos y combustibles de origen vegetal. Ley 1098 de 15/09/2018. Art. 4. b) |
Nacional |
Promover la mejora progresiva y sustentable del rendimiento de cultivos destinados a la producción de Aditivos de Origen Vegetal. c) Establecer los mecanismos de control de deforestación y desplazamiento de otros cultivos para la producción de cultivos destinados a la producción de Aditivos de Origen Vegetal. |
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Decreto Supremo Control Ambiental. DS 3549 del 02/05/2018. |
Nacional |
Modifica el Reglamento de Prevención y Control Ambiental de la Ley 1333 y categoriza a actividades, por ejemplo, petroleras en categorías 3 y 4. (Observación: Esto significa que ya no deben realizar estudios de evaluación de impacto ambiental para prevenir o mitigar la afectación por dichas actividades). |
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Ley Protección de Desarrollo y Sustentable del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure. Ley 969 de 13/08/2017. Art. 9. |
Nacional |
Incorporar y utilizar mecanismos, equipos, tecnologías adecuadas y limpias en forma progresiva, que tengan por objeto minimizar los impactos negativos e incentivar los impactos positivos. (Observación: En las Áreas Protegidas y Territorios Originarios no se puede disponer ninguna actividad sin consulta previa y consentimiento). |
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Ley de autorización de desmonte hasta 20 hectáreas. Ley 741 de 29/09/2015. Art. 3. I. |
Nacional |
La ABT autorizará el desmonte de hasta 20 hectáreas en tierras con cobertura boscosa aptas para diversos usos y en tierras de producción forestal permanente, sin la presentación de Planes de Ordenamiento Predial o de Planes de Gestión Integral de Bosques y Tierra en pequeñas propiedades, propiedades comunitarias o colectivas, y asentamientos humanos con Resolución de Autorización, de forma expedita y simplificada. (Observación: Se autoriza los desmontes). |
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Decreto Supremo transgénicos en Bolivia. DS 2452 de 15/07/2015. Art. 3. |
Nacional |
Cualquier organismo cuyo material genético ha sido alterado por técnicas de la biotecnología moderna; también es aquel organismo resultante de un proceso de cruza genética, en el que uno de los progenitores sea un organismo genéticamente modificado. (Observación: El artículo 255 de la CPE señala la prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente). |
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Decreto Supremo Autorización de Explotación de Hidrocarburos en áreas Protegidas. DS 2366 de 20/05/2015. Art. 2. I. |
Nacional |
Se permite el desarrollo de actividades hidrocarburíferas de exploración en las diferentes zonas y categorías de áreas protegidas, en cumplimiento a los condicionamientos ambientales establecidos por el SERNAP y la Autoridad Ambiental Competente Nacional (AACN). (Observación: Se da curso a la actividad hidrocarburíferas en áreas protegidas). |
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Ley de apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques. Ley 337 de 11/01/2013. Art. 6. II. |
Nacional |
Se eximen del pago de multas, los desmontes realizados por beneficiarios de propiedades colectivas hasta una superficie de 20 hectáreas por unidad familiar. En el caso de la pequeña propiedad, la exención de la multa de hasta 20 hectáreas desmontadas, se dará siempre que el predio tenga una superficie igual o menor a 50 hectáreas. (Observación: Se exime de responsabilidades por desmontes). |
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Decreto Supremo 24676. |
Nacional |
Especifica autorizar la liberación ambiental de la soya transgénica, genéticamente modificada resistente al glifosato. |
Fuente: elaboración propia en base a información de Correo del Sur 2019
5.- Intersección del derecho agrario y construcción de paz intercultural
El derecho agrario desempeña un papel fundamental en la construcción de paz intercultural en contextos agrícolas, más aún en sociedades pluridiversas como el caso boliviano, la promoción de un marco jurídico inclusivo y equitativo, que reconozca y respete los derechos de las comunidades indígenas y campesinas, es esencial para fomentar la convivencia pacífica y el desarrollo sostenible en estas áreas.
La intersección entre el derecho agrario y la construcción de paz intercultural radica en la necesidad de abordar las desigualdades estructurales y las injusticias históricas que han afectado a las comunidades indígena originarias campesinas. La aplicación de políticas y leyes que reconozcan y protejan los derechos territoriales, la participación activa y significativa de las comunidades en la toma de decisiones relacionadas con la gestión de los recursos agrícolas, y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles, son elementos clave para fortalecer la paz intercultural.
Los índices de desigualdad han tenido una variación a causa de la pandemia por el COVID 19, la incidencia de la pobreza y de la pobreza extrema es mayor entre en áreas rurales, entre las personas indígenas y población afrodescendiente, debido principalmente al menor nivel de los salarios, desempleo, y menor cobertura de los sistemas de seguridad y asistencia social. En promedio en la región latinoamericana, la tasa de pobreza en las áreas rurales alcanzó el 45,7%, casi 19 puntos porcentuales por encima del valor registrado en las áreas urbanas (26,9%). Del mismo modo, la pobreza extrema en las áreas rurales llegó al 21,2%, más de 12 puntos porcentuales con respecto a la tasa registrada en las áreas urbanas (9,0%). Por otra parte, los niveles de pobreza y pobreza extrema entre las personas indígenas y afrodescendientes son más elevados en comparación con el resto de la población. En 2019, la tasa de pobreza de las personas indígenas ascendió al 46,7% y la de pobreza extrema al 17,3%, equivalentes al doble (2,1 veces) y el triple (3,1 veces) de las respectivas tasas para la población no indígena ni afrodescendiente (CEPAL, 2021).
Además, es fundamental fomentar el diálogo y la colaboración entre los diferentes actores involucrados en el ámbito agrario, incluyendo a las comunidades indígenas, los agricultores familiares, las empresas agroindustriales y las autoridades estatales. La construcción de acuerdos y consensos que reconozcan y valoren la diversidad cultural y promuevan la justicia social contribuirá a la transformación de los conflictos y a la construcción de una paz duradera y significativa, que reduce además los focos de conflicto con sectores sociales y sus reivindicaciones locales, que suelen desembocar en una articulación de demandas y cuya tendencia incremental supone intervenciones con fuertes impactos sociales, económicos y políticos.
El derecho agrario tiene el potencial de ser un catalizador para la construcción de paz intercultural en entornos agrícolas. Su aplicación adecuada, en línea con los principios de justicia, equidad y respeto por la diversidad, puede contribuir a la superación de las desigualdades y conflictos en el campo, y sentar las bases para una convivencia pacífica y sostenible en un contexto de interculturalidad.
6.- Superación del modelo desarrollista como base de justicia para la paz intercultural
Según el economista de origen Indio, Amartya Sen, la justicia intercultural y la equidad requieren una visión amplia y multidimensional. No se pueden limitar únicamente a la distribución de recursos materiales, sino que deben abordar también las libertades y capacidades de las personas para vivir una vida digna y llevar a cabo sus propios proyectos de vida.
En su enfoque de la justicia, Sen destaca la importancia de evaluar las desigualdades y las privaciones en términos de las capacidades y las libertades reales de las personas, más allá de los simples indicadores económicos. Para él, la equidad implica no solo garantizar una distribución justa de los recursos, sino también empoderar a las personas para que sean agentes activos de su propio desarrollo y bienestar.
En relación con la justicia intercultural, Sen subraya la necesidad de reconocer y valorar la diversidad cultural como parte integral de la justicia social. Defiende el respeto por las distintas identidades culturales y la promoción de un diálogo abierto y respetuoso entre diferentes comunidades y tradiciones. Para él, la justicia intercultural implica crear un entorno en el cual todas las personas, independientemente de su origen cultural, tengan igualdad de oportunidades y sean tratadas con dignidad y respeto.
Sen también enfatiza la importancia de la participación ciudadana y la democracia como herramientas para lograr la justicia intercultural y la equidad. Considera que la participación activa de los individuos y grupos en la toma de decisiones políticas y sociales es esencial para asegurar que las políticas y las instituciones reflejen las necesidades y aspiraciones de todos (Sen, 2000).
De esta manera también se propone el abordaje de la temática a través de un enfoque amplio de la justicia y la equidad, que incluya la consideración de las capacidades y las libertades de las personas, así como el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural. Su enfoque destaca la importancia de empoderar a las personas y promover la participación ciudadana como medios para lograr una sociedad más justa e igualitaria.
De esta manera, la búsqueda de mecanismos y ejes articuladores que
generen herramientas para diálogos constructivos en el marco de conflictos
sociales asociados al agro, nos permitirá mantenernos en una etapa de
prevención, sin descuidar la atención y la recuperación en términos de la
gestión del conflicto. Dice Boaventura Santos respecto de la emergencia de los
pueblos indígena originario campesinos, como parte de la interseccionalidad de población
vulnerable y excluida, genera tensiones en el plano político, dada su capacidad
movilizadora, lo que está en juego: tensiones y transiciones en un complejo
proceso de transición de resultado incierto (Boaventura, 2012).
Una visión descolonizadora nos permite identificar mecanismos perversos de subordinación y vasallaje ambiental, que terminarán imponiendo prohibiciones sobre el uso de los recursos naturales. Algunos agitan el fantasma que los derechos de la Naturaleza significa prohibir aprovechar el ambiente y por ello terminaríamos en la pobreza, a título de intangibilidad.
Siempre que se aborde el campo de los derechos, se deberá llegar a considerar las cuestiones de la justicia. De acuerdo a la postura clásica de los derechos humanos a un ambiente sano se acepta que están cubiertos por la llamada justicia ambiental.
Las altas tasas de deforestación se aceleran especialmente en zonas de cultivo agroindustrial, la diferencia de superficie cultivada en el eje metropolitano es significativamente diferenciada: 75% desarrollado en Santa Cruz, 7,5% en La Paz y 5,6 en Cochabamba, que también expone la velocidad de desgaste de la superficie y ninguna reparación ambiental por parte de las transnacionales que la operan, dados los vacíos legales y las imbricaciones políticas y económicas que ostenta (Ver Gráfico 2).
7.- Perplejidades del proceso
El postulado del presente trabajo es que la regulación jurídica de la agricultura sostenible puede ser una herramienta para la construcción de la paz intercultural en el Estado Plurinacional de Bolivia; a lo largo del proceso de análisis se han encontrado algunas perplejidades que deben tenerse en cuenta en la propuesta de construcción de políticas públicas asociadas al tema:
Conflictos de intereses: En ocasiones, la regulación de la agricultura sostenible colisiona con los intereses económicos, pero especialmente políticos de diferentes actores, como empresas agrícolas industriales, cooperativistas mineros, o grupos indígenas que tienen diferentes visiones sobre el uso de la tierra y los recursos naturales. Esto puede generar tensiones y conflictos que dificultan la construcción de la paz intercultural, porque se juega intereses y posiciones en el campo político.
Dificultades en la implementación: La regulación jurídica de la agricultura sostenible requiere de mecanismos eficientes de implementación y supervisión para garantizar su cumplimiento. Sin embargo, en muchos casos, la falta de recursos, capacidad institucional y niveles de coordinación entre diferentes entidades gubernamentales puede limitar la efectividad de estas regulaciones, lo que dificulta su impacto en la construcción de la paz intercultural.
Diferencias culturales y cosmovisiones: Bolivia al identificarse como país multicultural y plurinacional, con una gran diversidad de culturas y cosmovisiones, La regulación de la agricultura sostenible puede encontrarse con desafíos para integrar y respetar las diferentes formas de vida y prácticas agrícolas de los distintos grupos étnicos y comunidades indígenas, lo que puede generar tensiones y dificultar la construcción de la paz intercultural.
Desigualdades socioeconómicas: La implementación de regulaciones para la agricultura sostenible puede afectar de manera desigual a diferentes grupos sociales, el riesgo está en la generación de brechas no intencionadas, por ejemplo, pequeños agricultores, comunidades rurales, municipios pobres, pueden tener dificultades para la implementación y ejecución de planes, programas y políticas, cumpliendo con los requisitos establecidos, lo que puede profundizar las desigualdades socioeconómicas y generar conflictos en lugar de promover la paz intercultural.
Estos aspectos y contradicciones. resaltan la importancia de abordaje de los desafíos y limitaciones de la regulación jurídica de la agricultura sostenible para garantizar su efectividad y evitar posibles conflictos en la construcción de la paz intercultural en Bolivia. Un enfoque integral y participativo, que tome en cuenta las diversas realidades y perspectivas de los actores involucrados, puede ayudar a superarlas y capitalizar sus dificultades como parte de los aprendizajes en el modelo de Estado.
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