_archivos/image001.png)
La construcción del
derecho de igualdad en Bolivia
William Alex Estrada Rocha[1]
https://orcid.org/0009-0001-9117-1838
La Paz – Bolivia
RESUMEN
Bolivia un país con mucha diversidad etnográfica, grupos poblacionales de muchos orígenes, que conviven juntos y revueltos, pero muchos bolivianos desarrollaron políticas públicas e instituciones, además de costumbres, que los quiere no revueltos, segregando la otorgación de derechos civiles; la igualdad de derechos; es aún una aspiración por alcanzar. El presente artículo tiene por objetivo describir la paulatina aplicación práctica de los derechos civiles dentro del Estado Plurinacional de Bolivia en la actualidad. Para el logro de este objetivo se utilizará el método cronológico descriptivo, a lo largo de la historia de Bolivia y los estudios realizados por organismos internacionales como el PNUD y las investigaciones de especialistas en Sociología, Ciencias Políticas y Derecho. Partiendo que Bolivia es un Estado en construcción, donde la igualdad debe ser construida, mejor dicho, debe seguir siendo construida; al respecto se puede señalar que en sus primeros años de vida independiente la ciudadanía derivada de la colonia operó y admitió derechos; la igualdad de derechos; no avanzó dentro de la vida independiente, ya que la legislación del propio Estado desarrolló leyes que prohibían el paso en espacios públicos a personas de cierto tipo racial. En la revolución de 1952, se dotaron de muchos más derechos a la población, donde se buscó estructurar una igualdad con la “alianza de clases”; la igualdad de derechos; no llegó en la práctica real de la vida, desde el año 2007, el Estado boliviano con una visión plurinacional, donde en el artículo 1 de su actual Constitución Política del Estado, en su segunda parte señala: “Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país”, busca una igualdad de derechos ciudadanos para todos los seres humanos que viven en su territorio, pero el hecho que se produzca una desigualdad en los actos de la vida cotidiana de su misma población, muestra que la igualdad debe ser construida, como parte de una evolución cultural, antropológica, sociológica y de psicología social como de psicología individual supere a todos los actos de discriminación.
Palabras clave: derecho de igualdad; discriminación; igualdad.
The construction of the right to equality in Bolivia
ABSTRACT
Bolivia is a country with great ethnographic diversity, population groups of many origins, who live together and scrambled, but many Bolivians developed public policies and institutions, as well as customs, that want them not scrambled, segregating the granting of civil rights; equal rights; it is still an aspiration to be achieved. The purpose of this article is to describe the gradual practical application of civil rights within the Plurinational State of Bolivia today. To achieve this objective, the descriptive chronological method will be used, throughout the history of Bolivia and the studies carried out by international organizations such as the PNUD and the investigations of specialists in Sociology, Political Science and Law. Starting from the fact that Bolivia is a State under construction, where equality must be built, rather, it must continue to be built; in this regard it can be noted that in its first years of independent life the citizenship derived from the colony operated and admitted rights; equal rights; it did not advance within the independent life, since the legislation of the State itself developed laws that prohibited the passage in public spaces to people of a certain racial type. In the 1952 revolution, many more rights were endowed to the population, where they sought to structure an equality with the "class alliance"; equal rights; In the real practice of life, since 2007, the Bolivian State with a plurinational vision did not arrive, where in article 1 of its current Political Constitution of the State, in its second part, it states: "Bolivia is founded on plurality and political, economic, legal, cultural and linguistic pluralism within the integration process of the country", seeks equal citizen rights for all human beings who live in their territory, but the fact that inequality occurs in the acts of life daily life of its own population, shows that equality must be built, as part of a cultural, anthropological, sociological and social psychology evolution as well as individual psychology that overcomes all acts of discrimination.
Keywords: right of equality; discrimination; equality.
Artículo recibido 05 Mayo 2023
Aceptado para publicación: 20 mayo 2023
INTRODUCCIÓN
Se busca; la igualdad de derechos; su aplicación en la vida cotidiana, ya que en Bolivia cuenta con la Ley 045 Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación del 8 de octubre de 2010, su D. S. 0762 Reglamento a la Ley 045, la Ley 1197 de 8 de julio de 2019 y la Ley 139 del 14 de junio de 2011, fruto de la práctica de la discriminación racial, sexual, social y otros tipos que se desarrolla en Bolivia, el usar términos como cholo, indio, maricón, sonso, impedido y otros son usados como insultos, comentarios como “mujer tenías que ser”, “estos chicos que se retiren, que saben”, “la indiada se va levantar”; son la presencia de una conducta discriminatoria en el país, no hay; la igualdad de derechos; aún la discriminación se practica. En un estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) del año 2017 señala: “Se habla mucho de las debilidades de gestión del Estado boliviano. Pero antes de tocar los temas de gestión, se debe abordar los problemas previos a la gestión que son los supuestos del trato entre gobernantes y gobernados. La subordinación al orden estatal en democracia supone que la ciudadanía es la fuente y justificación de la pretensión de mando y autoridad que invocan el Estado y el gobierno. Se espera que los ciudadanos y ciudadanas reciban un trato igualitario del sistema jurídico y que sean tratados con respeto y consideración por las burocracias estatales. El principio normativo de una burocracia como espacio libre de discriminación no es una realidad en el Estado Boliviano, aún existiendo una legislación que la convierte en un delito desde la Constitución Política del Estado, vigente desde el año 2007. Existen prácticas burocráticas que provocan vivencias de inferioridad o de superioridad, pero no de igualdad. Las personas procedentes del área rural, que no están bien vestidas que no saben expresarse bien en castellano, que no conocen los ambientes burocráticos y que no cuentan con conocidos en estas oficinas son las que experimentan más frecuentemente la falta de respeto y consideración. Son ellas las que se sienten más discriminadas, menos iguales y con menos derechos en sus encuentros cotidianos con el Estado. La manera cómo son tratadas las personas en sus encuentros con representantes del Estado es sentida como el nivel de igualdad que de hecho tienen en la sociedad y frente al Estado”. Por ello, la calidad de la atención pública es un tema central de ciudadanía. El trato no discriminatorio de parte de los funcionarios públicos, la posibilidad de comunicación en los idiomas de dominio de la ciudadanía y la oferta eficiente de la atención pública son retos centrales para la construcción de ciudadanía” (Informe PNUD 2017). Si bien, se ha avanzado mucho en el sector público en la década de 2007 a 2017, la pandemia del COVID 19, el uso de las redes sociales ha generado otras formas de discriminación del Estado hacia el ciudadano. Bajo una metodología descriptiva y aplicativa se aborda el problema de la discriminación en la vida cotidiana del Estado Plurinacional de Bolivia. Un Estado que legalice cualquier forma de discriminación sea racial, social, sexual, religiosa, afinidad política, limitaciones físicas, grado académico, económico o cualquier segregación humana. Perderá el aporte de parte de todas estas personas separadas, perdiendo científicos, artistas, profesionales, líderes, deportistas, visionarios, siendo una sociedad cada vez más limitada en el mundo, que incluso resta a la humanidad de la participación de los individuos discriminados.
El Derecho de Igualdad.
Dice Manuel Osorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. “Igualdad. Del concepto genérico, como conformidad de una cosa con otra en naturaleza, calidad o cantidad, se desprenden diversas consecuencias que pueden afectar el orden jurídico. La primera de ellas tiene su origen en la determinación de sí la idea de igualdad representa una realidad o una mera teoría. No puede llegarse a una conclusión sin distinguir entre el hombre considerado en sus condiciones naturales, como criatura humana, y el hombre con relación a sus características, como integrante de una sociedad organizada. En el primer sentido no puede decirse que exista igualdad, aun cuando se dé semejanza, porque no todas las personas tienen el mismo grado de inteligencia, de fortaleza, de belleza, de iniciativa, de valor. De esas diferencias se deriva una consideración distinta de los hombres frente a la ley, afirmación que debe tomarse en el sentido de que, mientras unos tienen plena capacidad para gobernar sus actos por sí mismos, otros, en razón de la edad, de la deficiencia mental o de la enfermedad y hasta, en ocasiones, del sexo, no tienen capacidad para actuar jurídicamente o la tienen disminuida. Inclusive frente a un mismo hecho delictivo, esa misma diferencia de condiciones personales puede llevar desde la plena imputabilidad del acto hasta la absoluta in imputabilidad. De ahí que el concepto igualitario esté referido a las personas de características semejantes, dentro de una normalidad natural. Por eso se ha dicho que la verdadera igualdad consiste en tratar desigualmente a los desiguales. Esa diferenciación, que se encuentra en el orden natural de los individuos, repercute en sus relaciones sociales y políticas, porque también la situación respecto a ellos es muy diferente según sea la condición de que estén investidos. Todo eso sin tener en cuenta otro género de desigualdades que, como las económicas, no tienen un origen natural, sino social, y que cambian con el régimen político de cada país. Por eso, cuando en términos de Derecho se habla de igualdad, lo que se quiere decir es que la ley no establece distinciones individuales respecto a aquellas personas de similares características, ya que a todas ellas se les reconocen los mismos derechos y las posibilidades. Una consecuencia de esa igualdad ha sido la abolición de la esclavitud y la supresión, en muchas legislaciones, ya que no desgraciadamente en todas, de los privilegios de nacimiento. Todas las personas son iguales ante la ley, sin distinción de credos, razas, ideas políticas, posición económica. Este sentido de la igualdad, que ha constituido un ideal logrado a través de muchos siglos y de muchas luchas, se está viendo contrariado en tiempos modernos por teorías racistas, que quieren establecer discriminaciones por razones de raza y de color, y por los sectarismos religiosos o políticos”. (Ossorio 2006). La Real Academia Española define la palabra igualdad del latín aequalitas, átis, que significan conformidad de algo con otra cosa en naturaleza, forma, calidad o cantidad. Correspondencia y proporción que resulta de muchas partes que uniformemente componen un todo. También define como el principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en derechos y obligaciones, incluso en matemáticas significa una equivalencia de dos cantidades o expresiones, dentro de los estados de ánimo es una constancia y serenidad en los sucesos prósperos o adversos (Diccionario de la lengua española 2014). La Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece en su Capítulo II de Derechos Civiles y Políticos los siguientes derechos y libertades: reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la vida, la integridad y libertad personal, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, garantías judiciales, principio de legalidad y retroactividad, derecho de indemnización, protección de la honra y la dignidad, libertad de conciencia y de religión, libertad de pensamiento y de expresión, derecho de rectificación o respuesta, derecho de reunión, libertad de asociación, protección a la familia, derecho al nombre, derechos del niño, derecho a la nacionalidad, derecho a la propiedad, derecho de circulación y de residencia, derechos políticos, igualdad ante la ley y protección judicial. Igualdad de derechos es para que la practiquen de forma cotidiana los individuos que son semejantes entre sí, pero se la expande a las personas que tengan limitaciones mentales, físicas, de edad, situación económica, y todas aquellas situaciones que permiten limitación individual, como signo de sociedad humana civilizada. El derecho a la igualdad significa que todo ser humano, desde su nacimiento, debe ser reconocido como igual ante la ley, por parte de los Estados. Esto implica que todos los seres humanos pueden disfrutar de todos los derechos sin que haya lugar a distinción alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. (Corte I. D. H. 2018). Es importante señalar que, para que el derecho a la igualdad sea una realidad, no basta únicamente con la acción de los Estados, así estos sean sus principales garantes. Los ciudadanos también tienen el deber actuar en consecuencia con este derecho y de ejercer su capacidad de hacerlo valer. "El principio de la igualdad para todas las personas no sólo aplica a los gobiernos. Debe hacerse frente a la discriminación en el trabajo, en la escuela y en el hogar." Se aplica en espacios públicos como privados dentro de la vida cotidiana de todo Estado. “La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad. No es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza”. (Corte I. D. H. 2018) entonces para que todas las personas se sientan integradas a un país, satisfaciendo su necesidad gregaria innata en todo ser humano, siendo la base para una sociedad más participativa que coseche la participación de todos sus habitantes en economía, valores sociales, familiares y culturales. A manera de reseña histórica de la igualdad en Bolivia. En el territorio del ahora Estado Plurinacional de Bolivia, se desarrollaron civilizaciones que buscaron la conformación de una diversidad de tribus y etnias a manera de progreso y construcción de un Estado primario; como se desarrolla en el Tomo I, de la colección Bolivia su Historia (2015), donde se explica: Un análisis de lo que pudo haber sido la composición estatal de Tiwanaku muestra un alcance geográfico caracterizado por cuatro regiones mayores, que son el territorio nuclear, el área nuclear, las provincias y la periferia:
El territorio nuclear el centro, formado por el sitio de Tiwanaku, con el complejo ceremonial y todos sus componentes.
El área nuclear estaría conformada por el territorio que el Estado fue incorporando en los primeros momentos de su expansión sobre lugares cercanos en la zona del lago Titicaca, involucrando a “linajes aliados”. Los asentamientos de Pajchiri, Ojje, Sillumoko, Pariti, Copacahuana y la isla del Sol. Las provincias serían territorios más distantes, como Moquegua, el valle costero del sur del Perú donde Tiwanaku estableció colonias controladas directamente desde el valle de Cocha pampa y en los Yungas, posiblemente para la producción de maíz y coca.
La periferia estaría formada por territorios donde no existió control estatal de Tiwanaku, pero donde sí se desarrollaron relaciones de alianza del Estado con las élites locales, lo que permitió el acceso a productos exóticos, como piedras semi preciosas y otros, por medio de obsequios, posiblemente bienes de lujo a cambio de la posibilidad del acceso a estos recursos, incluso mediante matrimonios entre las elites de Tiwanaku y sus pueblos fronterizos. Isbell (2008) considera que esta estructura pudo haber generado lo que llama “un modelo cultural internacional” o un “campo cultural” basado en “la promoción de una nueva religión e identidad a través del consumo de una cultura material distintiva”, se construyó un Estado altamente diverso en su composición de población de diversos orígenes y zonas geográficas, donde se buscaba tener una relación consanguínea muy amplia. Tiwanaku fue un punto imán a donde diferentes grupos sociales llevaban productos y bienes y los intercambiaban con otros procedentes de diferentes ecologías, funcionando como un centro de irradiación de ideología y de atracción para diversos grupos sociales. Y posiblemente las imágenes y la iconografía emitidas desde el centro por las elites llegaron a distintos lugares de la costa, valles y otros sitios del altiplano; es decir, alcanzaron a todos los centros contemporáneos difundiendo una cosmovisión, estructura de pensamiento, capacidad de significar y una ideología colectiva, donde una nueva visión etnográfica, era incorporada y adaptada al conjunto de civilizaciones que conformaban este imperio (Isbell 2008).
Etnias y lenguas. No existía un idioma oficial. Debido a la presencia de diferentes etnias, se consideró también la existencia de diferentes idiomas. Hoy se sabe que el pukina, hoy desaparecido, fue el idioma de Tiwanaku y que se hablaba en la costa, en todo el sector Noreste del lago Titicaca y en los valles húmedos y subtropicales a lo largo de la Cordillera Oriental. Si bien los nombres de lugares en aymara dominan la región del altiplano, e incluso la de los valles, los estudios lingüísticos, especialmente el de Alfredo Torero (1965) y Cerrón Palomino, muestran que durante el período Tiwanaku, la lengua dominante fue la pukina, incluso el cronista mestizo Gracilazo De La Vega la llamó la lengua secreta de los incas (Medinaceli 2014). El imperio del Tiwanaku fue fuerte y organizado mientras se mantuvo como un Estado confederado de muchas etnias y grupos humanos relacionados, al dividirse en señoríos aymaras alrededor del año 1100 después de Cristo, esta civilización desapareció en forma casi absoluta. Pero, como afirma el autor Guamán Poma De Ayala, “siempre hay un después, en la historia y en el tiempo siempre se construirá un mañana, con defectos, pero también al mismo tiempo mejor”, sucederá al Tiwanaku, otro imperio el cual será conquistado por invasores europeos, pero lo integrará al mundo conocido.
La impronta Inca en Bolivia (1470 – 1540 d. C.) según autores Arze, Lima & Medinaceli (2014), afirman que los incas conquistaron a los señoríos aymaras, los anexaron geográficamente, imponiendo la prohibición de hablar aymara, imponiendo el quechua como idioma oficial en todo el imperio incaico, la conquista militar, los mitimaes, que era un sistema de traslado de personas o etnias rebeldes de un lugar a otro para evitar rebeliones, y la no posibilidad de ascenso social, religioso o político de los conquistados, desarrolló un imperio gigante pero no fuerte, pese a contar con un ejército numeroso, pero que no pudo evitar que los españoles penetren hasta el Cuzco, y luego de muerte el último soberano Inca, la conquista fue cuestión de tiempo (Arze, Lima & Medinaceli 2014).
Se desarrollará por casi 4 siglos consecutivos un sistema colonial en América, cuyo nombre fue impuesto por los conquistadores europeos, el nombre que usaban los originarios al continente donde habitaban se llamaba ALBY AYALA, este nombre fue ignorado y casi olvidado, siendo la primera forma de negación de la igualdad de los otros seres humanos, seguirán más negaciones del otro ser humano.
La igualdad social y jurídica, una lucha en la colonia. España estableció en general una sociedad clasista y racista en sus colonias de América, en particular en la Audiencia de Charcas se sumó una sociedad según las ocupaciones e ingresos. La desigualdad social se volvió la base principal del sistema colonial en América. Entre 1550 y 1551 se llevó a cabo el famoso debate de Valladolid (España), entre Fraile Bartolomé de las Casas y el humanista y cronista real Juan Ginés de Sepúlveda, sobre la manera adecuada de tratar a los indios. Bartolomé de las Casas afirmó: “Las guerras contra los indios son escandalosamente injustas, deben cesar todas las conquistas si la real conciencia había de mantenerse limpia. Reducir a los indios por medios pacíficos para enseguida lograr su conversión en fieles súbditos de la monarquía española”. Exigió al rey de España la anulación de encomiendas y repartimientos, la restitución de la libertad de los indígenas. En réplica Juan Ginés de Sepúlveda señaló: “La guerra es natural y a veces justa, legal y necesaria contra los naturales debido a la gravedad de los pecados de los indios, en especial sus idolatrías. Segundo, el carácter rudo de su naturaleza y su entendimiento limitado, los obligaba a servir a personas que tuvieran una conducta más civilizada, como era el caso de los españoles, tercero, la necesidad de difundir la fe, precia sumisión de los naturales”. (Arnade 1989). Bartolomé de las Casas, Obispo de Chiapas presentó a los reyes de España una serie de reformas que se concretaron en un cuerpo de leyes para proteger a los indígenas; se llamaron “Leyes Nuevas”, que fue su logro dentro su gestión, dictadas en Valladolid el año 1542, que ordenaban: 1. Los indios son vasallos libres de la Corona Española. 2. Tienen derecho a la vida, salud y propia conservación. 3. Pueden libremente disponer de sí mismos y de sus cosas. 4. Deben ser educados e instruidos en la religión cristiana. 5. Tienen derecho a exigir justicia contra las injurias de los españoles. En la práctica, estas leyes no se cumplieron, continuó la explotación desenfrenada del Nuevo Mundo a expensas de sus habitantes sin que nadie pudiera impedirlo. (Arnade 1989). La pirámide social de Charcas, en orden a sus profesiones y ocupaciones estuvo integrada en la siguiente forma: Primera clase. La autoridad civil delegada por el Rey de España. Llamados hombres del rey, eran ciudadanos españoles de nacimiento, pertenecían a familias de la aristocracia ibérica, tenían todos los derechos y privilegios que la sociedad colonial pudiera ejercer. Segunda clase. La Iglesia Católica, en todos sus miembros españoles(as), otros(as), que vinieron a evangelizar a la población nativa de América, contaban con todos los derechos civiles y religiosos de la época. Tercera Clase. La milicia, integrada por españoles, criollos, mestizos e indios libres. Un grupo muy diverso en razas y clases sociales, eran hombres desempleados, otros eran nobles empobrecidos, delincuentes que buscaban rehabilitación, emigrantes sin títulos de nobleza, criollos sin familia, mestizos, indios y hasta mulatos que deseaban ascender socialmente dentro la sociedad colonial. Cuarta Clase. El funcionarismo burocrático a la cabeza de españoles y criollos, cuyo requisito era saber leer, escribir y contabilidad, funcionarios venidos de España, o los hijos de estos que contaban con conocimientos académicos, gozaron de privilegios, pero las reformas borbónicas del siglo XVIII situaron a los criollos como parte de las clases no privilegiadas y de servicio a la corona, lo que produjo que muchos criollos se sumaran años más tarde a la lucha por la independencia de América. Quinta Clase. Los mineros, referidos a los administradores e inversores de empresarios mineros. Llamados azogueros, este nombre deriva de azogue o mercurio que se usaba en el beneficio del mineral de plata. Eran los dueños de las minas de Potosí, encargados de tributar el quinto real a la corona, organizados como gremio, los azogueros se constituyeron en uno de los grupos más poderosos de la sociedad colonial. Todos eran españoles de origen. Sexta Clase. Los terratenientes, sean encomenderos o afincados. Españoles y criollos que, con las influencias del rey de España, se habían apropiado de grandes extensiones de terreno, pero tributaban el diezmo, alcabala, almojarifazgo, casi un 50 % de su producción agrícola y ganadera se destinaba a los impuestos para España, lo que también generó ideas de independencia, muchos eran criollos y mestizos, pero también se sumaron caciques o curacas indígenas que colaboraron con la mita y el tributo indigenal. Séptima Clase. Los comerciantes, estancos y encomenderos. Los comerciantes mayoristas de mercancías terminadas, generalmente joyas, vestimenta, productos agrícolas no perecederos, dueños de fábricas llamadas en ese tiempo obrajes, los administradores de estancos, que fabricaban un producto ordenado por el rey, en un lugar geográfico establecido y en cantidades mínimas para llenar un barco, y los encomenderos a cargo de encomiendas, que consistían en la obligación de instruir en la fe católica a un determinado número de indios a cambio de que éstos tributaran a favor de la corona y del encomendero. Octava Clase. Los pulperos, tenderos y gateras, comerciantes minoristas. Compuesto por nativos de América y emigrantes de otras latitudes europeas como franceses e italianos, pero también mestizos y mulatos libres, que se dedicaban al comercio detallista y servicios de limpieza y mantenimiento de edificaciones. Novena Clase. Artesanía en sus diversos gremios. Personas que no pertenecían a estancos ni obrajes, que habían desarrollado una actividad económica independiente, casi micro-empresarial. Décima Clase. Mitayos, yanacona y servidumbre. Constituyeron la clase inferior y más explotada, debían cancelar el tributo a los encomenderos y someterse a los trabajos forzados en las minas a través del sistema de la mita, de allí se los denominó mitayos, entre los cuales había indios yanaconas (huérfanos o necesitados), que trabajaban a cambio de ropa, comida y albergue, de por vida, su aspiración máxima era ser sirvientes en casas de ricos españoles o criollos. Décimo Primera Clase. Indígenas del campo como siervos adscritos a la tierra, junto a esclavos negros y zambos. La trata de africanos(as), principalmente para la minería, fracasó en el Alto Perú, entonces los esclavos negros fueron llevados para el trabajo de haciendas en lugares tropicales o valles, con jornadas de 12 a 14 horas, eran herramientas vistas como no humanos, incluso se decía “los negros no tienen alma”, los indígenas que eran parte del capital agrícola del hacendado, hacían la labor de capacitadores de negros y de tareas complementarias como la cocina, chistes y comentarios de la calle se repetían en son de broma pesada o humor negro: “a los blancos los hizo Dios, a los mulatos San Pedro, a los indios Judas y a los negros el diablo para que sean tizón del infierno”. Décimo Segunda Clase. Pobres y mendigos de las ciudades y aldeas. Personas que padecían marginadas debido ha enfermedades de diverso tipo y origen, discapacidad mental, limitaciones físicas, extrema pobreza o vicios terminales, vivían de la caridad, no existían centros de capacitación especial o rehabilitación física o psicológica, no existía seguridad social o ningún tipo de beneficio que pueda mejorar su situación. Francisco de Miranda en el año 1810 dijo al inspeccionar las primeras tropas de soldados en el ejército de la independencia, “con estos hombres que en su mayoría son mendigos, negros esclavos, indios ignorantes, mestizos analfabetos ¿vamos a libertar un continente?”, creyó que la causa de la independencia americana había nacido muerta, ya que para él deberían ser hombres con formación escolar completa, que escriban y lean fluido, que además con su presencia y portación de un uniforme militar de la época, sean promotores de una sociedad libre, independiente y nueva (Pardo 1989). Un hecho que demuestra que, en la guerra de la independencia americana, el objetivo era echar a los españoles de nacimiento y al sistema colonial; pero, no existía; la igualdad de derechos; no era objetivo de la guerra independentista. La igualdad en el ejercicio de los derechos civiles en la Audiencia de Charcas encontraba más restricciones, por ejemplo, en la jerarquía eclesial, sólo podían ser sacerdotes, obispos, arzobispos, madres superioras, sólo los nacidos en España, o criollos con identidad de linaje comprobado, los mestizos, mulatos e indios, deberían empezar de sacristanes, sus hijos, sus nietos deberían desarrollar el mismo oficio, los bisnietos recién podrían ingresar a seminarios para ser sacerdotes, otras funciones fueron rescatadas desde del antiguo imperio romano para la Iglesia Católica, destinadas a personas que deseaban pertenecer a este credo, pero no eran ibéricos ni criollos, como el sexafecnario o el encargado de encender las velas para iluminar el templo. El donado, que se ocupaba de la limpieza de los monasterios y los servicios domésticos para los sacerdotes como cocina, lavandería, barbería, sastrería y similares. Otro puesto del laico en la Iglesia Católica del siglo XVIII era El Legionario, encargado de las instalaciones de templos, monasterios y conventos, cumpliendo labores de albañil, alcantarillista y los que se necesite en este campo; estos servicios eran gratuitos y por generaciones, para al cabo de la cuarta recién los descendientes puedan ser sacerdotes o monjas con autoridad jerárquica. Incluso se dieron casos, de que delincuentes como piratas, asaltantes de caminos y ladrones de mercados, eran encerrados en monasterios de claustro, durante el tiempo de su condena, donde cubrían las funciones de donados y legionarios; algunos aprendieron a leer, escribir, ser almacenistas, cuando cumplieron sus sentencias, se volvieron empleados y comerciantes, habían españoles que desde muy jóvenes habían servido como mercenarios a la corona española, pero que no poseían ningún título nobiliario, riqueza o familia, deseosos de aventura y buscar yacimientos mineros u otros recursos para poder tener una vejez decente aspirantes a ser sargentos de por vida, pero en algunos casos a ser considerados comandantes y ejecutados judicialmente a la pena de muerte cuando ocurrían motines o excesos en su comportamiento; criollos empobrecidos, hijos desheredados por desobediencia a sus padres, hombres que no contaban con empleo fijo, adolescentes y jóvenes de conducta conflictiva que habían sido desterrados de su propia familia, indios, mulatos, negros y zambos que habían alcanzado la libertad ciudadana, huérfanos o yanaconas con aptitud para la milicia, delincuentes de todo tipo, que habían decidido reivindicarse ante la sociedad, además de hijos fuera del matrimonio. Un criollo que se hizo conocido fue José Manuel de Goyoneche, nacido en Lima, en entonces Bajo Perú, combatió y ejecutó a muchos patriotas en el territorio de la Audiencia de Charcas, sofocando las rebeliones de La Paz, Cochabamba y Charcas (hoy Sucre), pero después de las reformas borbónicas, los oficiales sólo podían ser españoles de nacimiento, lo que provocó que muchos criollos se pasaran al bando de independientes. Esto molestó a los oriundos de América que eran oficiales en el ejército realista, que como se dijo se pasaron al bando independiente manteniendo su grado y sus privilegios, (Rey de Castro 1995). Bolivia un nuevo país, pero con la desigualdad de derechos. Al nacer como país independiente Bolivia, mantuvo la organización colonial; no buscó; la igualdad de derechos; dentro su sociedad. “La aristocracia criolla chapetona que nutrió con verdadera convicción y en virtud de sus privilegios e intereses, las filas del ejército realista, no estaba dispuesta a dejar sus posiciones económicas ni sociales. Dueña de las mejores y más extensas propiedades territoriales, tenía su razón de ser, el fundamento de su existencia, en la continuidad de las formas feudales de la colonia y se aprestó a defender sus intereses por todos los medios. El año 1824 fue crucial, los doctores y grandes latifundistas criollos de la aristocracia feudal, modificaron violenta pero calculadamente sus convicciones y se presentaron en forma pública como ardientes patriotas republicanos” (Valencia 1973). “La creación de Bolivia fue un producto de diez y seis años de revolución, guerras e intrigas, de casi 250 líderes insurgentes sólo 14 vieron al Alto Perú transformase de manera real en la República de Bolivia. Fue una conclusión que podría haber sido alcanzada por la generación de 1809, los veteranos de la guerra, como Juana Azurduy de Padilla, los mestizos, las masas de indios, los honestos criollos tales como Antonio José de Sucre, y los españoles patriotas como Arenales. Pero, éstos fueron traicionados por la clase deshonesta que usurpó sus conceptos de 1809 y les dio vuelta para su propio beneficio” (Arnade 1989). Los excombatientes no llegaron a conocer pensiones vitalicias de guerra, tampoco el ser dotado de tierras a perpetuidad, o privilegios para la educación de sus hijos. Las mujeres luchadoras por la independencia en su mayoría fueron olvidadas por el Estado. La situación económica de Bolivia al comenzar su vida como país, fue caótica. “Al nacer Bolivia, a la vida independiente atravesaba una profunda crisis económica motivada por el efecto devastador de la guerra de independencia. Miles de minas fueron abandonadas y terminaron inundándose. A esto se añadía el alza en los costos de producción minera, las dificultades para importar azogue desde España, la escasez de mano de obra debido a la caída demográfica provocada por la guerra. La producción agropecuaria, artesanal y obrajero también sufrieron los efectos de la guerra, a lo cual se sumó la competencia que inmediatamente surgió de la producción de los países vecinos. Esa situación condujo a que el tesoro de la nueva república se nutriera casi exclusivamente del tributo de la población indígena” (Sandoval 1986). Además de esto, en la realidad práctica se mostraba a Bolivia un Estado con desigualdades institucionalizadas. Bolivia adaptó muchas prácticas del sistema colonial del cual se había independizado, había racismo y clasismo en todo nivel social, no había; la igualdad de derechos; incluso había la esclavitud reconocida o por lo menos tolerada como acto lícito; recién en el 1850, es decir, 25 años después de su nacimiento, el presidente Manuel Isidoro Belzu dictó la abolición de la esclavitud para personas de raza negra en Bolivia (Calderón 1897). En 1873, el Presidente boliviano Tomás Frías dicta la Ley de la Enfiteusis, la cual prohíbe el ingreso de personas indígenas, de raza negra, bajo pueblo conocido como cholaje, a las calles, avenidas, plazas y locales gastronómicos de las zonas centrales y residenciales de las ciudades bolivianas, estas personas podrán sólo ejercer sus actividades personales y comerciales en los barrios de indios, la sanción será cárcel y multas según la gravedad de las faltas; la igualdad de derechos; no existía de manera jurídica como institucional. Bolivia empezó a tener un desarrollo separado (APART TYTE) al estilo de Sudáfrica en el siglo XX. Siguiendo la política del dictador depuesto Mariano Melgarejo, de despojo de sus tierras a las comunidades indígenas, durante el gobierno de Tomás Frías, se dictaron las leyes de exviculación. Consistían éstas en obligar a los comunarios que detentaban la propiedad colectiva de la tierra, a venderla en parcelas individuales y convertirse en peones o colonos de los nuevos propietarios, además los indígenas no tenían derecho a una alfabetización normal de ninguna naturaleza. A ese efecto, se crearon unas “mesas revisitadoras” que eran comisiones que viajaban por las áreas rurales a presionar a los indígenas para la venta en condiciones desventajosas. Esto generaría rebeliones indígenas, hasta el año 1899 con la insurrección de Pablo Zárate el Temible Wilka. En 1874, su sucesor, el Presidente Adolfo Ballivián, prohíbe el servicio militar para personas indígenas y residentes en el área rural, establece un sistema de educación privada para familias de las elites aristocráticas de Bolivia, la educación pública está a cargo de la Iglesia Católica, requisito ser bautizado católico y del sexo masculino. En 1892, en el gobierno de Aniceto Arce, se aplasta la última rebelión chiriguana, realizando un genocidio de la etnia en la masacre de Kuruyuki, dejando en oferta las tierras del Chaco boliviano a emigrantes extranjeros; entre 1890 y 1920, la goma elástica o caucho se constituyó en el rubro de exportación más importante del país, pues, en ocasiones, su monto superó lo producido por el total de las exportaciones de plata, esta actividad económica demandaría mano de obra, a lo cual se tiene la siguiente afirmación: “La industria de la goma en el noroeste de Bolivia, significó, para muchos escritores bolivianos, un sistema de explotación inmisericorde de los trabajadores que eran llevados hasta allí con engaños y en condiciones de semiesclavitud, preferían gente de bajos recursos económicos, con hijos y sin instrucción académica, se les pagaba en boletas o recibos, que podían cambiar por ropa, alimentos y enseres de las tiendas o almacenes propiedad de sus mismos patrones (Juan B. Coimbra, 1945). El desarrollo separado y otras políticas gubernamentales, en la sociedad boliviana, trajeron como consecuencia que las personas indígenas, de raza negra, de etnias amazónicas y del Chaco, sean vistas como sub-humanas, eternos menores de edad, por eso a los campesinos se los llamaba “hijo(a)”, por ser incapaces de tener razonamiento propio, estudio o comportamiento; los indios urbanos, mestizos eran denominados “cholos(as)”, lo peor de la sociedad, grandes bebedores de alcohol, irresponsables en el trabajo, serviles que necesitaban el apoyo de un padrino o compadre que los guíe a salir de su ignorancia e inmoralidad, sobre todo sexual, chola era sinónimo de amante del hombre casado, madre de hijos fuera del matrimonio. En los años 1900 a 1920, conocido como el período de los presidentes liberales bolivianos, se estableció la Banca, el comercio tanto nacional como internacional, una reforma determinante fue la educación laica, desplazando a la Iglesia Católica de la educación pública, se abrieron escuelas y colegios en toda Bolivia, aparecieron los primeros liceos para la educación de niñas y señoritas, se contrató una misión pedagógica belga a la cabeza de George Rouma, que creó la Escuela Nacional de Maestros. (Vásquez Machicado 1980). Nuevas organizaciones proletarias y artesanales como el Sindicato Central de Albañiles y Constructores (1924), la unión de Trabajadores en Madera (1925) y la Federación de Artes Mecánicas (1926), junto a la Federación de Sastres (1927), se convirtieron en porta estandartes de la campaña en pro de la adopción de la jornada de ocho horas diarias de trabajo, este postulado era motivo de permanente agitación callejera y fabril, puesto que la legislación al respecto no era acatada por las empresas. Esto hizo ver al anarquismo como anticapitalista y promotor de las demandas de sectores excluidos, la vía era la identidad plebeya, asentada en la dignidad del trabajo y el derecho ciudadano a la ciudadanía (Dunkerley 1989). Desde 1906 hasta 1949, los sindicatos se convierten en la voz de la gente no incorporada a la ciudadanía boliviana, esto significó represión estatal, masacres, arrestos de dirigentes, encarcelamientos y malestar social, muertos, heridos y perseguidos fue el precio en Bolivia por las ocho horas de trabajo, además de los derechos femeninos de las trabajadoras. (Dunkerley 1989). Bolivia no alcanzó; la igualdad de derechos; en su territorio. En la Guerra del Chaco se conocerían muchos combatientes bolivianos pertenecientes a diferentes clases sociales.
Las Consecuencias de la Guerra del Chaco. Al finalizar la Guerra del Chaco en 1935, la población boliviana reflexionó sobre su rol y estructura de sí misma, buscando un cambio en su rol con el país, como una nueva visión de sus derechos civiles, el Presidente Gualberto Villarroel, realizó una Convención Nacional de 1945, fue una especie de continuación de la empezada por otro Presidente, Germán Busch en 1938, acentuando la tendencia estatista y social a favor de los trabajadores asalariados,
las reformas constitucionales fueron las siguientes:
1. Se fijó la prima anual cuyo monto equivaldría al salario de un mes.
2. Se dispuso que las empresas con más de 80 trabajadores debían proporcionar a éstos viviendas y servicios médicos.
3. Se garantizó la existencia del fuero sindical a los dirigentes obreros, la estabilidad en el trabajo y la inmunidad por sus actos político- sindicales.
4. Se estableció el retiro voluntario con indemnización.
5. La Constitución de 1938 fue objeto de cuidadosa revisión manteniéndose sus aspectos esenciales, especialmente en lo relativo al constitucionalismo social.
6. Se aumentó a la Constitución el capítulo 9 referente al “Régimen de Familia”. Se estableció que la familia, la mujer y los hijos se encuentran bajo la protección del Estado, ratificándose la igualdad jurídica de todos los hijos tanto legítimos como naturales.
7. Se estableció el matrimonio de hecho para las uniones concubinarios de más de dos años o cuando hubiese habido un hijo.
8. Para proteger a los inquilinos pobres se dictó la ley del inquilinato y la vivienda.
9. Otorgó por primera vez el derecho al voto femenino, aunque restringido a las elecciones municipales.
10. El período presidencial fue ampliado de cuatro a seis años, sin derecho a reelección sino pasado un periodo, aunque esta enmienda no llegó a entrar en vigencia.
11. Promulgó el Decreto de 5 de enero de 1944, similar a la Ley 1008 que dice: Créase una Comisión investigadora de los delitos que, contra los altos intereses de la Nación, las normas de la ley y la moral, hubiesen cometido las autoridades del Estado, los ciudadanos en ejercicio de funciones públicas o particulares conexas con los negocios fiscales, y los dirigentes de las entidades estatales autónomas y semiautónomas. La Comisión funcionará con autonomía propia en sus investigaciones, manteniendo en reserva sus actividades hasta el momento de establecer conclusiones y dependiendo sola y directamente de la Excma. Junta de Gobierno.
12. Por ser aliado de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, se expropian los bienes de los súbditos del Eje, esto dio lugar a muchos atentados contra los derechos civiles, patrimonio y domicilio.
Era otro avance; en la igualdad de derechos; en Bolivia. Un grupo de la población aparecerá con un mayor rol social, el cual, será resistido, pero su población reclamará mayor igualdad de derechos civiles. Bajo una visión: El ascenso del indio, mestizo o cholo. El pensamiento sociológico que prevaleció en Bolivia hasta el triunfo de la Revolución Nacional, era positivista y aristocratizante, pues proclamaba el predominio de las élites de origen europeo sobre las masas mestizas e indígenas. Quien popularizó más estos planteamientos fue el historiador cruceño Gabriel René Moreno, así como Nicomedes Antelo, un profesor y pedagogo que vivió la mayor parte de su vida en la Argentina y a quien Moreno consideró su maestro. En la misma línea se sitúa posteriormente Alcides Arguedas, autor de obras de “Pueblo Enfermo” y “Raza de Bronce”. En toda esta literatura se consideraba que los males del país tenían su origen en el hibridismo racial, en la mezcla de la sangre blanca con la indígena. Aún Franz Tamayo, considerado como el más vigoroso de los indigenistas, pues exaltó las virtudes y la fortaleza de la raza aymará, consideró también al cholo como un elemento negativo para el país. Todas estas creencias cayeron en descrédito a raíz de lo ocurrido en la Guerra del Chaco donde el ejército boliviano estuvo compuesto mayoritariamente por mestizos e indígenas que defendieron con denuedo la heredad nacional y caracterizaron con su presencia y actuación lo más representativo del país, la literatura de la post-guerra recogió estas realidades como puede verse en la obra literaria e histórica de Augusto Céspedes y en la narrativa de Carlos Medinaceli, autor de la novela “La Chascañawi”, lo mismo puede decirse de “Nacionalismo y Coloniaje” de Carlos Montenegro a quien se considera como un lúcido pensador que proporcionó el fundamento teórico de la revolución de 1952. Montenegro sostuvo la tesis de la “alianza de clases”, para hacer frente a un enemigo común externo, el que fue identificado como el imperialismo de Estados Unidos. Dicha alianza se sustentaba en el accionar del pueblo predominantemente mestizo o cholo que se constituyó en el pivote de las jornadas que terminarían con la victoria de abril de 1952. Los vigorosos movimientos obreros surgidos en esta etapa precursora de la revolución se originaron en el seno de la población mestiza que ha dejado su impronta en el desarrollo social del país. Con el tiempo la palabra cholo que era en sentido peyorativo, ha ido evolucionando hasta convertirse en símbolo y esencia de la nacionalidad boliviana (Klein 1992). Arturo Urquidi Morales, jurista y sociólogo cochabambino ha sido considerado como el padre ideológico de la reforma agraria boliviana de 1953. Su formación marxista no lo condujo, sin embargo, a postular la vía socialista o estatista, sino que buscó la modernización del agro, superando el sistema semi-feudal existente a través de un capitalismo agrario en el cual se insertarían las masas campesinas. Las creativas ideas del profesor Urquidi quedaron plasmadas en el Decreto Ley de Reforma Agraria de 1953 y en disposiciones legales posteriores (Alcázar 2001). Si bien el período de la Revolución Nacional, permitió la legalización de derechos civiles, como el derecho al trabajo basado en una legislación internacional y nacional, la propiedad de la tierra con la reforma agraria, la nacionalización de la gran minería como generadora de recursos para el país, el derecho político de todos(as) a elegir y ser elegidos en cualquier nivel de gobierno del Estado boliviano, no fue la solución definitiva, la educación en todos los niveles representaba el clasismo patético en Bolivia, donde los fiscales eran para la gente del pueblo (indios, cholos y pobres), los establecimientos particulares para la “gente bien” blancoide, de altos ingresos, aristocrática y pro extranjera, desde la educación inicial hasta la profesional, para ingresar a la Academia de Policías, el Colegio Militar de Ejército, la Escuela Naval Militar y el Colegio Militar de Aviación, los postulantes debían ser de raza blanca, con familiares militares; de altos ingresos monetarios, algo similar ocurría con la universidad Católica; el sistema universitario estatal era visto como la universidad del pueblo, en las oficinas estatales se continuó con el trato desigual a personas provenientes del área rural de parte de los funcionarios públicos, donde según el lugar los indios, cholos, cambas, chapacos, incluso pobres, ancianos y mujeres fueron maltratados por funcionarios públicos, llanos a recompensas económicas, como es el caso de las oficinas de Identificación Nacional cuando eran dependientes de la Policía Boliviana, cuando cualquier persona pagaba de forma individual montos entre Bs. 10 a 20 a policías para que su trámite de cédula de identificación sea más rápido y fácil, la coima o el soborno desde el más ínfimo hasta enormes cantidades de dinero en moneda extranjera, regalos y favores personales, se convirtieron en moneda común en muchos estamentos de la Administración Pública. Que se convirtió en un atropello acostumbrado a los derechos civiles del ciudadano boliviano, por eso un autor afirmó: “El MNR fracasó, cuando menos en parte ya que destronó al viejo orden, pero ni él ni ninguna otra agrupación política pudo construir hasta ahora un orden nuevo, dentro del cual se pudiera plasmar el sueño de un desarrollo acelerado, y es en ese sentido que la revolución debe continuar porque es inconclusa” (Malloy 1989).
El liberalismo en Bolivia y los derechos laborales. El Decreto Supremo 21060 dictado en agosto de 1985, trajo la libre contratación, donde la parte patronal contaba con una herramienta legal para limitar los derechos y beneficios logrados por la parte subalterna o los contratados, se permitió el despido inmediato, si bien este Decreto fue la base legal para establecer una estabilidad económica, que era urgente por la situación paupérrima del Estado boliviano, lo que permitió una reforma tributaria, una estabilización de la moneda patrón del dólar estadounidense, pero en lo social, los empleados de todo tipo quedaron en desventaja legal frente a sus patrones, el despido masivo, como la relocalización de 60.000 mineros, cierre de empresas estatales, despido de empleados públicos, generó protestas, que fueron controladas por estados de sitio, que cada gobierno neoliberal aplicaba según su turno y sus medidas de políticas públicas. El sistema político neoliberal boliviano se fue desgastando, en sus 20 años de aplicación, (1985 a 2005), un Estado casi sin fuentes de ingresos, que quiso apoyarse una vez más en la tributación a la ciudadanía mediante un impuesto al salario, la aplicación de estados de sitio en forma reiterada, que cerraba toda posibilidad de diálogo entre Estado y sociedad, el desconocimiento de beneficios laborales para muchos profesionales que trabajaban en la Administración Pública como también en la Administración Privada, por medio de contratos de consultores en línea, y empleados que debían emitir factura para poder cobrar sus remuneraciones mensuales, una jubilación privada e incierta, y hasta cuestionada, además de los altos índices de corrupción en funcionarios públicos, cuestionamientos sobre la relación de elites de poder con cabecillas de los cárteles del narcotráfico, terminaron destruyendo el sistema político vigente. Donde la exigencia de una mucha mayor participación ciudadana en las decisiones del Estado, un auto gobierno en zonas regionales y sectoriales se hacía presente como una demanda de derechos ciudadanos. Fruto de este acto intencional ignorado, surgieron los partidos populistas CONDEPA y UCS, llamados la “Burguesía Chola”; es decir, cholos y gente del pueblo con plata, pero sin ancestros nobles o aristocráticos de la política tradicional boliviana, un analista político decía: Hemos dicho que estos movimientos de los cuales el palenquismo y el maxismo constituyen su mejor realización, nacen, en primer lugar, en contra de los partidos y la política tradicional. Se insertan en la brecha abierta por esos partidos que no lograron articularse debidamente con amplios sectores pobres de la sociedad, sectores que, a su vez, lo asociaban con su situación de pobreza. Pero esos movimientos tienen una relación muy ambigua con el sistema democrático. De un lado, sus líderes no son precisamente de formación democrática. Nada de su pasado nos dice que la democracia fuese en ellos un valor central en sus actitudes; por el contrario, tienen tendencias autoritarias vinculadas al caudillismo (Lazarte, 1992). En Bolivia, un problema social ignorado o sin importancia, fue creciendo, el cual es la discriminación hacia el sexo femenino, pero que se manifestó primero donde las mujeres estaban acostumbradas a cobrar menos remuneraciones que sus compañeros varones, en 2021, existe una mayor participación femenina, pero se presenta la lacra del femenicidio, como otros problemas como el acoso sexual, laboral y familiar, como también las niñas madres, que en su mayoría engrosan los índices de pobreza y vulnerabilidad social. Según las convenciones sociales, hombres y mujeres tienen distintos deberes para con la sociedad, a nivel de género; la igualdad de derechos; no se producía. El problema se plantea cuando estas situaciones diferenciadas reciben valoraciones que pueden ser inequitativas pues desembocan en una discutible jerarquización de lo que se entiende por “masculino” y “femenino”. El mandato de la OIT de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mundo del trabajo está consagrado en su Constitución y fue proyectado en las normas internacionales del trabajo pertinentes. Los cuatro Convenios clave de la OIT son: el Convenio (núm. 100 ) sobre igualdad de remuneración (1951), el Convenio (núm. 111 ) sobre la discriminación en el empleo y la ocupación (1958), el Convenio (núm. 156 ) sobre los trabajadores con responsabilidades familiares (1981) y el Convenio (núm. 183 ) sobre la protección de la maternidad (2000). Los Convenios 100 y 111 también se cuentan entre los ocho Convenios fundamentales de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo . El mandato de la OIT respecto de la igualdad de género queda reforzado por las Resoluciones conexas adoptadas por el órgano supremo de decisión de la Organización, la Conferencia Internacional del Trabajo. La más reciente de ellas es la Resolución relativa a la igualdad de género como eje del trabajo decente , adoptada en junio de 2009; y la Resolución relativa a la promoción de la igualdad de género, la igualdad de remuneración y la protección de la maternidad , adoptada en junio de 2004. En su decisión de marzo de 2005, el Consejo de Administración encomendó incorporar la perspectiva de género en la cooperación técnica . El mandato de la Organización en materia de igualdad de género también está establecido en una amplia gama de instrumentos internacionales de fomento de la igualdad entre mujeres y hombres. Entre otros, cabe mencionar la propia Carta de las Naciones Unidas, numerosas resoluciones de la Asamblea General, las Conclusiones acordadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en relación con la integración de la perspectiva de género, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (por sus siglas en inglés, CEDAW), la Plataforma de Acción de Beijing de 1995 y su seguimiento, y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La política de la OIT sobre igualdad de género, expuesta en la Circular núm. 564 (1999) del Director General, exhorta a adoptar medidas que se refuercen entre sí a fin de promover la igualdad entre los sexos tanto en el ámbito del personal como en la esencia y la estructura de la Organización. Ello se logra mediante la integración de la igualdad de género en todos los aspectos de la labor de la OIT. En este proceso, la Oficina para la Igualdad de Género presta apoyo en todo el ámbito de la Oficina. La promoción de la igualdad de género se refleja en el Programa y Presupuesto de la OIT, por cuyo cumplimiento responde toda la Organización. La estrategia general consiste en intensificar la transversalización del género en todos los programas de la OIT, incluidos los Programas de trabajo decente por país y las políticas y estrategias nacionales para la erradicación de la pobreza. Mediante la colaboración de sus especialistas en género y los puntos focales, o funcionarios de enlace, la OIT apoya a los mandantes en este proceso. En los principales programas se han incorporado indicadores sensibles a la perspectiva de género, de conformidad con todos los objetivos estratégicos de la OIT, velando de este modo, por la responsabilización al respecto. El enfoque aplicado por la OIT en materia de incorporación de las consideraciones de género tiene una perspectiva doble, y se basa en análisis que examinan las necesidades e intereses específicos y a menudo disímiles de las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo. Por un lado, esa conciencia respecto de la diferencia de necesidades e intereses se integra en todas las políticas, programas y proyectos, así como en las estructuras y mecanismos institucionales. Por el otro, en especial cuando las desigualdades son extremas o están muy arraigadas, se adoptan medidas específicas de respecto de uno de los sexos en particular en las que se involucra a mujeres y hombres, ya sea por separado o juntos, o mediante medidas concebidas explícitamente para confrontar las desigualdades. De ser menester, la incorporación puede suponer acciones específicas en materia de género. La Organización ha elaborado un Plan de acción de la OIT sobre igualdad de género 2010-15 , que operacionaliza la política de la OIT de 1999 en cuanto a igualdad de género. El Plan de acción facilita asimismo una entrega efectiva y con perspectiva de género del Programa de Trabajo Decente, conforme a la Resolución de junio de 2009 relativa a la igualdad de género en el corazón del trabajo decente. Las cinco Oficinas Regionales de la OIT y las oficinas subregionales y nacionales han trazado sus propias políticas y estrategias en la materia, adaptándolas a su propio contexto regional y nacional. El objeto es promover la igualdad entre mujeres y hombres con más eficacia en los respectivos programas, en particular, en los Programas de trabajo decente por país (PTDP). El Programa de Trabajo Decente es de carácter transversal, por lo cual su ejecución es efectiva mediante la aplicación de una política y unas intervenciones institucionales integradas y coordinadas. Ello supone diferentes objetivos estratégicos, como la promoción de los derechos fundamentales, la creación de empleo, la protección social y el diálogo social. Aplicar un enfoque integrado de la igualdad de género y el trabajo decente forma parte de este proceso y equivale, por ejemplo, a lograr una mayor igualdad en las oportunidades de empleo mediante la adopción de medidas, que también apuntan a mejorar el acceso de la mujer a la educación, la formación profesional y la atención de salud, a la vez que se toma debidamente en cuenta el rol femenino de la economía de la prestación de cuidados, por ejemplo, mediante medidas para armonizar la vida laboral y familiar e incentivos en el ámbito laboral para la prestación de servicios de guardería y las licencias parentales. Wilma Amusquivar (2009) sostiene: “A partir de la exacerbación de estas diferencias biológicas se escinde de la sociedad en dos grandes grupos, esta división atraviesa las clases sociales y cualquier otra división de la sociedad. A través de la cultura, el género proyecta la diferencia hacia todos los ámbitos y actividades de la vida social, dotando a hombres y mujeres de vestimenta, roles sociales, formas de pensar, sentir y actuar diferentes. Así lo masculino recibe una valoración positiva, mientras que lo femenino es degradado, pues no es tomado en cuenta al cuantificar el trabajo productivo del país, no recibe reconocimiento social, y tampoco es remunerado adecuadamente”. El ciudadano, sujeto de la democracia. “La democracia reconoce en cada individuo una persona moral y legal, portadora de derechos y responsable de cómo ejercita tales derechos. En este sentido, la democracia concibe al individuo como un ser dotado de la capacidad para elegir entre opciones diversas, asumiendo responsablemente las consecuencias de tales elecciones, es decir, como un ser autónomo, razonable y responsable. Esta concepción de ser humano no sólo es filosófica y moral, también es legal; considera al individuo como portador de derechos subjetivos que son sancionados y garantizados por el sistema legal. En esta concepción del individuo sus derechos NO son derivados de la posición que ocupa en la jerarquía social sino en su capacidad de comprometerse, voluntaria y responsablemente, a cumplir las obligaciones que libremente asume, con su correlato del derecho a demandar el cumplimiento de las obligaciones contraídas. La ciudadanía aparece, así como un tipo de igualdad básica asociada al concepto de pertenencia a una comunidad, que en términos modernos es equivalente a los derechos y obligaciones de los que todos los individuos están dotados en virtud de su pertenencia a un Estado nacional”. (PNUD 2004). Pese a la creciente ampliación de los enfoques sobre ciudadanía es posible identificar una tendencia aún dominante, partir de un modelo ideal de sociedad y genérico al cual, como precepto, “hay que llegar”, según esa perspectiva la ciudadanía es definida como un conjunto de derechos que están asociados, por un lado, a la democracia como régimen político y, por otro, al andamiaje institucional del Estado trata, pues, de un modelo de organización del poder que, a modo de elementos inseparables, relaciona régimen democrático, Estado y ciudadanía (PNUD 2004). Uno de los atributos centrales de la ciudadanía así definida se refiere al estatus o condición legal de los individuos como portadores de derechos reconocidos y sancionados por el Estado. Los análisis de ciudadanía desde la perspectiva de la consolidación del régimen político y de la condición democrática del Estado orientan su atención hacia las características centrales del andamiaje institucional correspondientes tanto al régimen cuanto al aparato estatal. Este enfoque, inherente a las ciencias políticas, parte de un modelo de democracia con relación al cual, en clave comparada y con arreglo a ciertos indicadores, se “miden” los avances logrados por las sociedades en desarrollo y las democracias recientes. A partir de tal enfoque, que se define con apego a un modelo predeterminado, el citado informe del PNUD, define dos elementos principales de la democracia, el primero, elecciones limpias e institucionales y segundo, la inclusión política. El documento establece también dos primordiales componentes del Estado democrático: El primero, un sistema legal que sanciona y respalda los derechos y las libertades políticas y El segundo, un sistema jurídico que prescribe que ninguna persona o institución puede eliminar o suspender los efectos de la ley o evadirse de los alcances de la misma. La tipología de derechos propuesta por Marshall (1950) constituye una referencia ineludible para los estudios que abordan la ciudadanía como estatus. Sobre la base de su trabajo, sobre la experiencia histórica inglesa, Marshall definió tres conjuntos de derechos de ciudadanía: civiles, políticos y sociales. Se trata de tres “generaciones” que dan cuenta de un proceso acumulativo (evolución de larga duración) de ampliación y complementación de derechos: 1.- Los “derechos civiles” garantizan la libertad individual: derecho de ir y venir, derecho a la libre expresión, derecho a la propiedad privada y a establecer contratos válidos y derecho a la justicia. Las instituciones relacionadas con estos derechos civiles son las cortes de justicia. 2.- Los “derechos políticos” se concentran en promover la participación en la esfera pública, en las instituciones representativas tanto como votantes como en condición de representantes, así como el derecho a la asociación para la defensa de intereses comunes, las naturales instituciones correspondientes a estos derechos son la Asamblea Plurinacional (Parlamento), las asambleas departamentales y los consejos municipales. 3.- Los “derechos sociales”, por último, garantizan la seguridad y un mínimo de bienestar económico que corresponde a los estándares vigentes en la sociedad a la que el ciudadano pertenece. Las principales instituciones relacionadas con este derecho son el Estado de Bienestar y los sistemas educativos y de salud, entre otros servicios sociales, donde todos y todas las personas residentes en Bolivia son sujetas de derechos civiles en todo el territorio nacional. Estado en la sociedad, la sociedad en el Estado un razonamiento que será la base para una mayor igualdad de derechos. Un supuesto fundamental de la idea de interacción para abordar la ciudadanía es que las instituciones y prácticas estatales y sociales desempeñan un rol importante en la definición de los espacios de ejercicio y demanda de derechos. Las dinámicas sociales y la formación de sujetos, que se conciben como miembros de la comunidad política y por ende con derechos, condicionan y definen los procesos de formación de instituciones públicas, el establecimiento de derechos legales y las prácticas estatales. De la misma manera, las políticas y las prácticas estatales moldean, de una u otra manera, el desempeño de los actores sociales y su participación política. En este sentido se analiza la formación del Estado como parte de la sociedad y se sitúa la sociedad en relación con el Estado. Se tiene una influencia de doble vía: por un lado, las prácticas y acciones estatales; por el otro, las prácticas políticas y sociales de resistencia, interpelación y negociación. Pero las relaciones entre Estado y sociedad no se producen únicamente como negación o rechazo. Existe una composición variada de estrategias de relación de las organizaciones sociales movilizadas con el Estado. En Bolivia, en las pasadas dos décadas, la apropiación de leyes que ampliaron la participación en los asuntos públicos no restringió la confrontación respecto a otras normas y políticas públicas comprendidas como retrocesos en los derechos ciudadanos, los cambios estatales no pueden entenderse sin ubicarlos en el contexto social y político de formación de espacios públicos, los cuales reflejan la distribución relativa del poder en la sociedad. En ese sentido, una cuestión fundamental respecto a la ciudadanía y la exigencia a la vez que ejercicio de derechos está estrechamente relacionada con procesos de expansión y contracción de los derechos institucionalmente otorgados por el Estado. La conquista de derechos no se produce en una lógica lineal de “acumulación”. La historia boliviana en los últimos 20 años muestra con claridad que ambos procesos: de expansión de unos derechos y contracción de otros, son parte tanto de la formación y reforma estatal como la de creación de espacios públicos desde donde se gestaron las luchas y demandas por derechos, sea en clave de contestación y resistencia o como negación o acatamiento. El acto mismo de otorgar derechos y autorizar su ejercicio posiciona al Estado como la instancia con autoridad para clasificar a las personas y organizaciones como sujetos legales y miembros de la comunidad nacional, es decir, el derecho a tener derechos, así como acceder a recursos públicos pasa necesariamente por el Estado. Éste, a su vez, produce efectos sobre la formación de esferas públicas, respecto a los significados de ciudadanía y la auto-percepción de individuos y grupos acerca de su condición de miembro activo de la comunidad política nacional. Así, al subordinar, el Estado produce tanto el efecto de interiorización en algunas instancias, como de empoderamiento en otras. Los actores sociales, por su parte, se perciben “más ciudadanos” en algunas de sus relaciones con el Estado y “menos ciudadanos” en otras. Desigualdad y jerarquía como principios organizadores. Más allá de los principios de igualdad del liberalismo clásico, la desigualdad y la jerarquía fueron los ejes estructurantes de las relaciones sociales y de las visiones sobre el mundo y la sociedad del naciente Estado republicano en Bolivia. Muchos estudios (Démelas 2003, Barragán 2001 y Rivera 1993), señalan que la visión de mundo y la mentalidad que prevalecía, se fundaban en la comprensión de los hombres como “naturalmente” desiguales y de la sociedad como un sistema jerárquico de órdenes y clases, estructurado por relaciones de parentela y familiares donde las relaciones personales tenían (y deberían tener) un rol determinante. Esta concepción jerárquica de las relaciones sociales y la visión de hombres desiguales ha configurado las interacciones cotidianas entre individuos y grupos sociales, así como las relaciones de la sociedad con el Estado y del Estado con la sociedad. Aunque hay divergencia sobre las bases socio-históricas de la contracción entre el principio de la igualdad de los individuos y el principio de la desigualdad de los individuos y jerarquía en la formación social y estatal, se coincide en que el sistema estatal boliviano articuló, restituyó y normaron las desigualdades sociales y las relaciones jerárquicas. La “relación jurídica” entre los ciudadanos y el Estado asume como supuesto que éste es, o debería ser, un árbitro neutro y justo en la asignación de derechos. Con este supuesto, idealmente se espera que las interacciones concretas entre funcionarios y ciudadanos en las oficinas públicas no reproduzcan las desigualdades socioeconómicas y culturales que estructuran las relaciones sociales en la esfera privada (del mercado). La posibilidad de establecer “zonas de igualdad” es una importante referencia normativa que orienta las propuestas de políticas para lograr el objetivo de que las oficinas públicas sean espacios libres de discriminación y que las personas, independientemente de su posición social, se sientan incluidas y respetadas en su condición de miembros iguales de la comunidad política. Si bien, sea avanzado mucho en varias instituciones del Estado, por ejemplo, el SEGIP, reemplaza desde el año 2009, a las oficinas de identificación nacional, que ya no depende de la Policía Nacional, a permitido que el trámite de cédulas de identidad, sea más breve, eficaz y eficiente, donde el pagar para recibir facilidades es cosa del pasado, pero, existen interacciones concretas difieren mucho con este ideal. En las oficinas públicas se encuentran prácticas de desigualación que anulan el significado de los derechos formales, imposibilitando que los individuos actúen con base en ellos. Aunque las prácticas institucionales son constantemente negociadas, re-actualizadas o modificadas en las interacciones entre funcionarios públicos e individuos, sostienen sin embargo relaciones que tienden a perdurar en el tiempo. Por ello, sin acciones dirigidas al fortalecimiento organizacional y cultural de las oficinas de atención al público, como el caso de algunas oficinas del Estado se reproducirán, de manera aun más acentuada interacciones que interiorizan, afectando negativamente la autoestima y debilitando la experiencia como ciudadano – individuo, es determinante; la igualdad de derechos; dentro de un país. Las interacciones cotidianas son una instancia importante en la formación de las nociones y vivencias de derechos ciudadanos. En este sentido, adquieren relevancia analítica, a la par de los arreglos institucionales que definen los derechos y obligaciones de JURE entre personas elegibles y el Estado. Estas relaciones directas se hacen efectivo, en la práctica, un conjunto de derechos y obligaciones que define los sentidos de inclusión y exclusión en comunidades políticas, entre ellas el Estado. En las relaciones cara a cara, un conjunto de expectativas y obligaciones vagas y difusas, pero profundamente sentidas, se vuelven señales del grado de respeto, de consideración y de dignidad que unas personas tienen por otras (Coloma y Brown 1996). En las interacciones directas los actores aprenden a distinguir los actos que comunican estatus inferior y superior y agudizan su atención al tratamiento de menoscabo y de respeto. El concepto de “ciudadanía interaccional” desarrollado por estudios inspirados en el interaccionismo simbólico de Goffman (1969), desarrolla este concepto, que sostiene que las sociedades varían en la interiorización del sentido de igualdad de los individuos, lo cual se vincula con la institucionalización de rituales y códigos de comportamiento que informan a las personas en directa interrelación sobre su equivalencia de valor como ser humano por encima de asimetrías sociales. Mientras que en algunas sociedades las jerarquías sociales se realizan por la disposición de actos que desigualan profundamente a los individuos al no poner límites sobre cuánto la persona en posición de autoridad puede demandar legítimamente al subordinado, en otras sociedades las relaciones de autoridad están mejor definidas y representan apenas una dimensión de las interacciones. En éstas últimas, la dimensión asimétrica de encuentros concretos no aniquila la dimensión de igualdad, que expresiva y pragmáticamente es puesta en escena a través de gestos, palabras y códigos de conducta (Coloma y Brown 1996). Igualdad/desigualdad: Los sentidos profundos. Entre los pueblos aristocráticos, el pobre se acostumbra desde la infancia a la idea de ser mandado. Donde sea que dirige la mirada ve inmediatamente la imagen de jerarquía y el aspecto de la sujeción. En los países donde reina la desigualdad permanente de condiciones, el señor obtiene, pues, una obediencia pronta, completa, respetuosa y fácil de sus servidores, sobre quienes pesa todo al peso de la aristocracia. El patrón comanda los actos y hasta cierto punto dirige los pensamientos de sus empleados, que son considerados como una parte inferior y secundaria del mismo. En las democracias, en cambio, de ningún modo unos son inferiores que otros, y sólo se toman inferiores por efecto de un contrato. En los límites de este contrato uno es servidor y el otro es patrón, fuera de ellos, ambos son ciudadanos, dos hombres. El patrón juzga que está en su contrato el origen exclusivo de su poder, y el empleado descubre que es el contrato la única causa de su obediencia. Los patrones sólo exigen de sus empleados la fiel y rigurosa ejecución del contrato; basta que sean puntuales y honestos. En la democracia, la condición de empleados nada tiene de denigrante, pues es temporalmente adoptada; la opinión pública no la desprecia y no crea desigualdad alguna permanente entre el señor y el empleado (Tocqueville, 1977). Para el autor estadounidense Tocqueville, la igualdad en la sociedad tiene como padre Rousseau, dice la crítica del trabajo se presenta de hecho, al inicio, en la forma de la reivindicación de la igualdad, donde si bien pueden haber muchas funciones, pero todos deben ganar en la proporcionalidad a su riesgo, desgaste y esfuerzo que exige un trabajo, ¿pero qué es la igualdad rousseauniana?, ante todo es una declaración de igualdad política que alude al deseo de igualdad social, y en cierto sentido la presupone, desencarnando pues la igualdad social y haciendo de ésta una cuestión ideal y por tanto atemporal. Entonces la construcción de una igualdad de derechos es una tarea permanente del Estado, por la evolución y transformación tecnológica y de valores que siempre produce una sociedad con el paso del tiempo. Sobre estas bases, la burguesía fielmente busca y encuentra en Rousseau las bases de su construcción jurídica. ¿Por qué extraña paradoja, al contrario, la concepción rousseauniana de la igualdad puede, al mismo tiempo, ser un elemento de movimiento de masas cuya característica fundamental es transformar la pretensión a la igualdad formal en petición de igualdad social?, ¿cómo puede la temporalidad de los objetivos revolucionarios de su movimiento? El movimiento de masa revolucionario examina con paciencia los conceptos y principios rousseaunianos, transformando su recesión en innovación hermenéutica, el uso en nuevo planteamiento, esto significa una vez más que las masas estarán contentas con los cambios que realice el Estado en busca de su igualdad, pero que estos cambios a su vez deben ser cambiados para seguir construyendo la igualdad, el poder constituyente que es la misma población que decide su destino, busca una representación cada vez más genuina, que construya mecanismos de igualdad de derechos y bienestar común, por eso el Contrato Social, debe ser periódicamente renovado, tomando como esencia las aspiraciones de la población en su totalidad, que es el poder constituyente.
CONCLUSIÓN. -
La investigación arriba a las siguientes conclusiones:
1) En el Estado Plurinacional de Bolivia 2021, avanzó mucho jurídicamente en el ejercicio de derechos humanos, tanto en su Constitución actual (artículos 8 y 9); como están vigentes las Leyes contra el racismo y toda forma de discriminación, la de los derechos de las personas GLTBI; aún no ha desaparecido la desigualdad de derechos que generan algunas instituciones del Estado en su relación con la ciudadanía.
2) Una estructura social institucionalizada se reparte dentro de la Administración Pública, las instituciones educativas, religiosas, deportivas, donde hay discriminadores y discriminados; hechos que se deben superar como sociedad que se auto califica como civilizada y postmoderna del siglo XXI.
3) Las instituciones académicas militares, policiales y hasta de la cancillería, ya no son patrimonio de personas de raza blanca, con apellidos de ciertas familias, rasgos físicos como mínimo de altura y formas de hablar, ya son cosa del pasado; pero aún sucede que muchos uniformados asumen en su vida personal, conductas de individuos con mayores derechos que el resto de la población.
4) La igualdad de derechos está constituida en la legislación boliviana, es practicada mediante carteles de todos somos iguales ante la ley, en todas las oficinas públicas del país, como también en lugares privados como instituciones deportivas gastronómicas, financieras y una amplia gama, aún se presenta la desigualdad.
5) Bolivia, debe superar su visión colonial de su misma población, donde se debe superar un sistema intangible de clases sociales que se siente en su vida cotidiana, como expresiones de racismo dentro del campo político principalmente, como también en instituciones ministeriales, de gobierno regional, como en organizaciones educativas, que son las llamadas a mostrar un ejercicio de la igualdad de derechos.
6) La igualdad debe ser construida por la población de forma cotidiana, pero también el Estado debe potenciar que su población profese la igualdad de derechos, donde la educación mixta busca que los varones respeten a sus compañeras mujeres, ahora falta que la escuela se convierta en un taller o fábrica, como decía Simón Rodríguez, para que los futuros ciudadanos comprendan que es una responsabilidad grupal, además del respeto y la valoración del esfuerzo ajeno.
LISTA DE REFERENCIAS
2004 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta, Novena Edición, ISBN 950-885-005-1. Buenos Aires – Argentina.
2014 Diccionario de la Lengua Española, Tomo 7, Editorial Real Academia Española de la Lengua y ESPASA, Vigésimo Tercera Edición, ISBN Tomo VII 978-612-4284-04-5. Madrid - España
2017 Informe Nacional sobre el Desarrollo Nacional, del PNUD en Bolivia, abril 2017, ISBN 978-99905-860-7-1. La Paz – Bolivia.
2018 Noticias ONU, Declaración de los Derechos a la Igualdad ante la Ley, 19 de noviembre de 2018, Nueva York - USA.
2008 ISBELL Alexei, “Tiwanaku y la dinámica urbana pre-colombina. Los rumbos hacia el futuro. Editorial UMSA CIPIES. Primera Edición. La Paz – Bolivia.
2013 ARZE Silvia, LIMA Pilar y MEDINACELLI Ximena. Bolivia y su historia, Tomo I, Editorial La Razón, Edición Primera. ISBN 978-99974-47-57-9, La Paz – Bolivia.
1989 ARNADE, Charles, “La dramática insurgencia de Bolivia, Editorial Juventud, Edición Primera, La Paz – Bolivia.
1989 PARDO DE LEYGONIER, G. F. “El movimiento emancipador”, Editorial Ministerio de Venezuela, Edición Quinta, Caracas – Venezuela.
1995 REY DE CASTRO, José María, “Recuentos del tiempo heroico” Editorial Litografía Melvin Caracas, Edición Primera, La Paz – Bolivia.
1987 CALDERÓN JEMIO, Raúl, “Las mayorías irrumpen en la Historia”, Editorial Los amigos del Libro, Edición Primera, La Paz – Bolivia.
1986 SANDOVAL RODRÍGUEZ, Isaac, “Historia de Santa Cruz”, Editorial Juventud, Edición Primera, La Paz – Bolivia.
1989 DUNKERLEY, James “Rebelión en las venas, la lucha política en Bolivia 1952 – 1982”, Editorial Quipus, Edición Primera, La Paz – Bolivia.
1980 VÁSQUEZ MACHICADO, Humberto, “Manual de Historia de Bolivia”, Grupo Editorial Océano, Primera Edición, La Paz – Bolivia.
1992 KLEIN, Herbert, “Historia de Bolivia”, Editorial Juventud, Edición Segunda, La Paz – Bolivia.
1989 MALLOY, James, “Bolivia: La revolución inconclusa”, Editorial CERES, Edición Primera, La Paz – Bolivia.
2000 Compañía de Jesús en Bolivia, “Condepa: Agonía y salto inconcluso” en cuarto intermedio, Pág. 4 La Paz – Bolivia.
2004 Informe Nacional sobre el Desarrollo Nacional, del PNUD en Bolivia, abril 2004, ISBN 578-12365-972-8-0. La Paz – Bolivia.
1996 BROWN Agustín & COLOMA Jhonn, “Sociología de los Derechos Humanos”, Editorial LIMUSA, Edición Primera, Lima – Perú.
1997 NEGRI, Antonio, “El Poder Constituyente”, Editorial Prodhufi S. A., Segunda Edición, ISBN 84-7954-156-3, Madrid – España.
2011 OIT, Programa del Trabajo Decente, para las gestiones 2010 a 2015, Edición Anual, New York – USA. De forma virtual abierta se puede ver bajo el mismo título.