La Inclusión Educativa en Ecuador: una mirada desde las Políticas Educativas
Nancy Arcos Proaño[1] https://orcid.org/0009-0001-0718-8347 Universidad de Extremadura. Departamento de Ciencias de la Educación. Facultad de Formación del Profesorado. Badajoz. España.
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Carmina Garrido Arroyo https://orcid.org/0000-0002-0265-3019 Universidad de Extremadura. Departamento de Ciencias de la Educación. Facultad de Formación del Profesorado. Badajoz. España.
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Jorge Balladares Burgos https://orcid.org/0000-0001-7033-1970 Universidad de Extremadura. Departamento de Ciencias de la Educación. Facultad de Formación del Profesorado. Badajoz. España.
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RESUMEN
La discapacidad e inclusión educativa en el Ecuador conlleva a un trato igualitario en el contexto de aprendizaje así como obligatorio en las instituciones educativas regulares, de acuerdo a lo que establece el marco normativo de la discapacidad en las leyes y políticas nacionales e internacionales para la Educación Inclusiva, de acuerdo a lo que determina la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI (art. 227) (MINEDUC, 2011). El presente artículo se pretende determinar la legislación educativa sobre el proceso de inclusión que rige en el país en relación a estudiantes que presentan una condición de discapacidad, y cómo se desarrolla este sistema educativo. A partir de una revisión sistemática de la literatura se determina a qué se refiere la inclusión educativa y la discapacidad, así como la política educativa del país, qué legislación se ha puesto en marcha y su abordaje en el aula en relación a la discapacidad e inclusión, en el ámbito educativo. Por tanto, el estudio nos permite concretar información relevante relacionada al desconocimiento de la normativa vigente, sobre la realidad que se lleva a cabo en los centros educativos, lo cual provoca inconvenientes en el proceso de inclusión con los estudiantes que presentan dificultades en su aprendizaje por su condición de discapacidad.
Palabras clave: Inclusión educativa, discapacidad, política educativa, necesidades educativas especiales
Educational Inclusion In Ecuador: A Look From Educational Policies
ABSTRACT
Disability and educational inclusion in Ecuador leads to equal treatment in the learning context as well as mandatory in regular educational institutions, according to what is established by the regulatory framework of disability in national and international laws and policies for Education. Inclusive, refers to the Organic Law of Intercultural Education LOEI (art. 227) (MINEDUC, 2011). This article aims to determine the educational legislation on the inclusion process that governs the country in relation to students who present a condition of disability, and how this educational system is developed. From a systematic review of the literature, it is determined what educational inclusion and disability refers to, as well as the country's educational policy, what legislation has been implemented and its approach in the classroom in relation to disability and inclusion, in the field of educational. Therefore, the study allows us to specify relevant information about the reality that is carried out in educational centers to start the inclusion process with students who have difficulties in their learning due to their disability.
Keywords: educational inclusion, disability; educational policy; special educational needs
Artículo recibido 16 mayo 2023
Aceptado para publicación: 16 junio 2023
Puntos Destacados
Existe una vulnerabilidad en los estudiantes escolares que presentan una condición de discapacidad, por lo que es importante conocer las necesidades educativas especiales que requieren este grupo prioritario y su proceso de escolarización.
Cómo se aborda la inclusión educativa ante la diversidad estudiantil y específicamente en casos de discapacidad.
Se hace una revisión de la política educativa del país que aborda el proceso inclusivo de estudiantes con necesidades educativas especiales, y como se lleva esta temática desde esta política, que legislación se ha puesto en marcha y cómo se abordan situaciones desde cada ley.
Se mencionan resultados obtenidas de la revisión sistemática de la literatura realizada, sobre la realidad estudiantil en las aulas inclusivas y como se desarrolla la aplicación de la legislación ecuatoriana.
Introducción
En la realidad educativa del Ecuador existe gran diversidad de estudiantes, es el caso de aquellos que presentan necesidades educativas especiales por su condición de discapacidad, por lo que se espera una atención oportuna sin discriminaciones, con justicia y calidad.
El presente artículo tiene por objetivo detallar información relevante en torno a las leyes y políticas nacionales e internacionales que rigen en torno a la educación, para llevar a cabo el proceso inclusivo de estudiantes que presentan una condición de discapacidad y su abordaje en el aula.
Hablar de personas con discapacidad es referirse a aquellas que se encuentran restringidas de desarrollar actividades de la vida diaria como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de forma permanente, por lo que el Estado debe facilitar el acceso, permanencia y culminación en el Sistema Nacional de Educación en instituciones escolarizadas o especializadas, según sea el caso, de la misma manera debe proporcionar las medidas y apoyos necesarios para la inclusión de los estudiantes y proporcionar atención para cada discapacidad, con la debida supervisión de la autoridad educativa nacional. (ley_organica_discapacidades, 2012). Se agregan además situaciones como la discriminación social que viven, limitaciones a realizar actividades como el caminar, vestirse, bañarse, leer y otras en la casa, el trabajo o en el centro educativo, de acuerdo al Informe Mundial Sobre la Discapacidad, (2011). Cabe mencionar que de acuerdo a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en sus Objetivos se plantea que las personas que presentan discapacidad son las más vulnerables y rezagadas de la población, ante esto es importante una gran transformación de las condiciones estructurales hacia un desarrollo de la niñez y adolescencia con discapacidad ya que son grupos desprotegidos, encaminándolos y garantizando una equidad de derechos y oportunidades (UNICEF, 2019), por lo que no se puede dejar de señalar que los seres humanos con discapacidad necesitan atención, una oportuna intervención social y la responsabilidad de las políticas públicas en ejecutar modificaciones pertinentes dentro del ámbito educativo, para obtener una participación real de estas personas en la sociedad, de acuerdo a Tomé et al. (2022). La Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI (art. 227) (MINEDUC, 2011) garantiza la educación de todos los niños y niñas con discapacidad, lo cual constituye un derecho y obligación el acudir a instituciones educativas regulares.
Las necesidades educativas especiales se refieren a la atención y los apoyos que necesitan los estudiantes por su condición de discapacidad, y requieren una respuesta individualizada considerando las dificultades que presentan en su proceso de aprendizaje de forma permanente (UNESCO, 2017). El Ministerio de Educación (2013) facilita una atención individualizada mediante estrategias pedagógicas y varias adaptaciones que permiten al estudiante acceder al currículo de acuerdo a su edad, además de requerir recursos humanos, técnicos y materiales. Promover una educación para todos sin discriminaciones ni exclusiones, con respuestas a las diferencias, es atender las necesidades educativas especiales (UNESCO, 2021).
Para hacer mención a la inclusión en el ámbito educativo es importante señalar que la Declaración de Salamanca en 1994, determina que la educación es un derecho fundamental sin considerar las particularidades y ofrecer respuestas que permitan desarrollar una educación de calidad basada en la igualdad de principios y equidad educativa (Cruz, 2019). La inclusión educativa asegura una educación de calidad e igualdad a todos los niños y niñas, constituyendo un lugar flexible, contar con los medios humanos y materiales necesarios para acceder a los aprendizajes (Echeita, 2006); este proceso ofrece apertura para el involucramiento de todos, de manera continua e interminable (Booth y Ainscow, 2006).
Es importante el apoyo por parte de las entidades públicas estatales en este proceso para mejorar la situación social de todos los estudiantes y su atención (Arnaiz-Sánchez, 2019); valorando la diversidad y garantizando los derechos a una educación con equidad, con una normativa que permita aulas inclusivas en todos los niveles a la par con todos los sistemas estatales como salud, cultura, etc. y generar una gran transformación para el goce de sus derechos educativos (Miñana et al., 2020); superando las condiciones que han sido la causa de una exclusión, ofreciendo contextos que permitan su participación y desarrollo de los aprendizajes (Tomé et al., 2022). Esta debe ser la escuela inclusiva del siglo XXI garantizando la no discriminación y una activa participación de los estudiantes, independientemente de su condición y les posibilite una vida digna (Arnaiz-Sánchez y Escarbajal, 2020).
Una verdadera educación inclusiva debe contar con el compromiso para eliminar barreras, cambios en los contenidos, nuevas estrategias de enseñanza, con entornos comunes, facilitando el desarrollo de sus habilidades y llegar a todos los estudiantes, lo que implica una verdadera transformación (UNICEF, 2021); adecuando instalaciones en entornos seguros e inclusivos, con respuestas oportunas a las necesidades de los estudiantes con discapacidad, pues la educación inclusiva es un gran reto en América Latina (ONU, 2021). Es fundamental contar con un currículo organizado y flexible que atienda a la diversidad y las necesidades individuales de los alumnos y alumnas, con una verdadera convivencia en valores y oportunidades (Universidad Internacional de Valencia, 2022); contando además con un modelo heterogéneo en el que se considere a la diversidad para una convivencia solidaria y justa hacia un mejoramiento constante de las prácticas docentes hacia una calidad educativa (Duque, 2020).
En nuestro país la inclusión educativa está garantizada por las leyes y políticas nacionales, bajo un precepto de obligatoriedad, es así que la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI, en su art. 47 se establece el acceso a la educación de todos los niños y niñas con discapacidad, reconociéndolo como un derecho y obligación de concurrir a los centros de educación regular, también se les facilitará los recursos necesarios, apoyos técnicos y asesorías a los docentes, además velará por la atención de los estudiantes que lo requieran (MINEDUC, 2011). De la misma manera el Plan Nacional de Desarrollo toda una Vida 2017-2021 (Plan Nacional de Desarrollo, 2017) propone el aseguramiento de los derechos de las personas con discapacidad mediante una plena integración y favoreciendo el desarrollo de la infancia.
El Ministerio de Educación expide la normativa sobre la atención de los estudiantes con necesidades educativas especiales en instituciones educativas ordinarias mediante el Acuerdo Ministerial 295-13, se constituye la Educación Inclusiva para reducir la exclusión, proceso que se dio inicio con un Programa de Formación Continua en el Magisterio Fiscal, luego creó las Unidades de Apoyo a la Inclusión UDAI para facilitar la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad, señala las funciones que corresponden a los centros educativos referente a la planificación, responsabilidad de su permanencia, promoción y egreso, así como promover un ambiente confiable, seguro y con igualdad de oportunidades, y las adaptaciones curriculares se ejecutarán en coordinación con la UDAI, se menciona también la función de los padres en velar y vigilar el cumplimiento de la inclusión educativa de sus hijos; en relación a las funciones de la UDAI, realiza la respectiva evaluación, asesoramiento, ubicación e intervención psicopedagógica en los programas, luego elabora el Documento Individual de Adaptación Curricular DIAC que debe ser conocido por los docentes y les informa los resultados de las evaluaciones a los docentes y a los padres; en relación a las instituciones particulares deben incluir el 2% del total de su matrícula a estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad (Ministerio de Educación, 2013).
Para atender esta compleja realidad de acuerdo el Plan del Buen Vivir, se requiere de docentes preparados en busca de mejoras en la calidad educativa y sin discriminaciones (Gallegos, 2015); existe un desconocimiento de la inclusión, temor al cambio y aceptación de esta responsabilidad, poca apertura, discriminación por un desconocimiento, por lo que el gobierno brinda capacitaciones y programas de sensibilización, también se debe agregar una gran motivación por la educación inclusiva, trabajo colaborativo docente y apoyo de conocimientos (Corral et al., 2015).
Para abordar este proceso, el Ministerio de Educación ofrece una guía para elaborar las adaptaciones curriculares individuales para estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad, determinando el grado de afectación, el cual será Grado 1, 2 o 3 y serán aplicadas de manera temporal o permanente en relación a su afectación, se realizarán cambios en los elementos de la propuesta educativa para un estudiante atendiendo sus necesidades educativas especiales y no serán compartidas con el resto de compañeros (Ministerio de Educación, 2013)
En el Ecuador la inclusión favorece el aprendizaje y la participación segura de sus actores, su contexto están libres de acoso y discriminación, son seguros y brindan una atención adecuada a las necesidades educativas especiales, posibilitando la justicia, equidad y por consiguiente el éxito de sus estudiantes considerando la condición que pueda presentar (INEVAL, 2018). Se debe considerar la actitud de los docentes frente a una inclusión, ya que su posición ante la realidad de preparación y desarrollo de actividades, contar con los recursos necesarios, el tiempo que se requiere para la implementación de estrategias para facilitar el aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas especiales puede afectar en una disminución de la calidad en la enseñanza (Tárraga et al., 2021).
De acuerdo a información del 2022, el sistema educativo ecuatoriano cuenta con 4.309.139 estudiantes y el 1,1% corresponde a estudiantes con discapacidad que equivale a 46.484 estudiantes (Ministerio de Educación, 2022).
METODOLOGÍA
Para la presente revisión bibliográfica se plantean las siguientes preguntas: ¿Cuál es la política educativa del país que rige el proceso de inclusión educativa en niños y niñas con necesidades educativas especiales asociados a discapacidades?, ¿Cómo es el proceso de inclusión educativa de estudiantes que presentan necesidades educativas especiales asociados a discapacidades de acuerdo a la legislación vigente?
Para responder a las preguntas planteadas se procedió a realizar una revisión sistemática de la literatura, ya que permite conocer, interpretar y resumir el contenido de la investigación disponible sobre el tema de interés (Rodríguez et al., 2015), se obtienen las aportaciones que se destacan sobre el contenido que se investiga (Arnau-Sabatés & Sala-Roca, 2020), posibilita extraer resúmenes claros para responder una pregunta específica (Moreno et al., 2018). Es así que la revisión sistemática de la literatura implica un diseño de la investigación observacional que permite recopilar el producto obtenido de investigaciones previas (Balladares-Burgos & Valverde-Berrocoso, 2022).
Los criterios de selección de la bibliográfica sobre la legislación y normativa vigente en el Ecuador relacionada a los procesos de inclusión educativa, así como fuentes e investigaciones realizadas sobre el proceso inclusivo llevados a cabo en el país, procedimiento llevado a cabo desde el año 2017 hasta la presente fecha, se detallan a continuación: Se utilizaron varias palabras clave para su búsqueda: discapacidad, inclusión educativa, legislación educativa ecuatoriana. Se utilizó el buscador Google Académico en el que se evidenciaron 35 documentos referentes a la legislación educativa ecuatoriana, 121 sobre inclusión educativa y 75 sobre discapacidad:
Tabla 1: Presentación de resultados obtenidos de palabras clave
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Legislación educativa ecuatoriana |
Inclusión educativa |
Discapacidad |
Total referencias |
Google Académico |
30 |
121 |
80 |
231 |
Fuente: Elaboración propia
Los resultados de las bases de datos científicas fueron: en Dialnet 70 artículos, Redalyc 75 artículos, Scielo 56 artículos, eLibro 30 publicaciones. Finalmente la totalidad de artículos obtenidos fueron 231, se aplicó el criterio de inclusión considerando la fiabilidad de los cuales el total de revisión literaria fue de 172 documentos sobre estudios realizados al proceso inclusivo de discapacidad en la educación y fuentes oficiales relacionadas a leyes vigentes aplicadas a la educación ecuatoriana, de los cuales para el presente artículo se escogieron 27 publicaciones.
Tabla 2: Presentación de resultados obtenidos en bases de datos
Dialnet |
Redalyc |
Scielo |
eLibro |
Total referencias |
70 artículos |
75 artículos |
56 artículos |
30 publicaciones |
231 |
Fuente:
Elaboración propia
RESULTADOS
Los procesos inclusivos llevados a cabo actualmente se consideran de acuerdo a la base legal promulgada por la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI (art. 227) (MINEDUC, 2011); y el Ministerio de Educación que ampara y regula los sistemas educativos para prestar atención a las personas que presentan necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad en los centros educativos ordinarios y reciben soporte de la Unidad de Apoyo a la Inclusión UDAI, eliminando barreras como la infraestructura, comunicación, recursos, currículo, docentes y su contexto; constituyendo una responsabilidad de las instituciones educativas, que en este caso deben adoptar los requerimientos necesarios para facilitar el acceso a los estudiantes con necesidades educativas especiales aceptando su individualidad según el Acuerdo Ministerial 295-13 (Ministerio de Educación, 2013). De la misma manera, el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 2017-2021 (Plan Nacional de Desarrollo, 2017) procura el aseguramiento de los derechos de las personas con discapacidad a través de una plena integración en busca de una vida con calidad; por lo que debe recalcarse la importancia de considerar el compromiso que deben asumir las instituciones púbicas para un progreso en la vida social de cada estudiante (Arnaiz-Sánchez, 2019).
En vista de la discriminación social que han tenido que vivenciar los estudiantes con discapacidad (Informe Mundial Sobre la Discapacidad, 2011), se afirma en la ley_orgánica_discapacidades, (2012) las facilidades que el Estado debe otorgarles para su acceso al Sistema Educativo, lo cual incluye las medidas necesarias y apoyos para una atención favorable; además requieren de una respuesta individualizada de acuerdo a las dificultades que presentan (UNESCO, 2017); para ello el Ministerio de Educación (2013) posibilita adaptaciones curriculares que le permitirán un ingreso ágil a los aprendizajes, para lo cual se espera una inclusión sin ningún tipo de discriminaciones y atención oportuna a las diferencias (UNESCO, 2021; Arnaiz-Sánchez y Escarbajal, 2020 ).
La inclusión educativa permite un acceso continuo (Booth y Ainscow, 2006), mantiene una equidad educativa de acuerdo a los planteamientos de la Declaración de Salamanca (Cruz, 2019), con aulas inclusivas en todos los niveles (Miñana et al., 2020), que se reconozca como la escuela inclusiva del siglo XXI (Arnaiz-Sánchez y Escarbajal, 2020), eliminando barreras, con nuevas estrategias que permita desarrollar habilidades (UNICEF, 2021) e implementar un modelo heterogéneo en el aula (Duque, 2020), iniciando procesos de socialización y convivencia (Universidad Internacional de Valencia, 2022), con respuestas oportunas a este gran reto (ONU, 2021), para lo cual el Plan Nacional de Desarrollo (2017) ofrece una integración de la infancia para garantizar sus derechos.
En otras investigaciones se menciona que los niños y niñas con discapacidad son un grupo desprotegido y rezagados de la población, se requiere una transformación estructural para garantizarles igualdad de derechos (UNICEF, 2019); el alumnado que presenta una condición de discapacidad tienen la capacidad de elegir su vida y conducirla adelante (Tomé et al., 2022). El ingreso de estudiantes con discapacidad a los centros educativos es relativamente bajo por las dificultades que se presentan para los docentes en atender las necesidades educativas especiales de acuerdo a la condición individual, a pesar de que la política pública garantiza la educación inclusiva y como un derecho educativo, además de su reconocimiento como derecho fundamental el Estado se encuentra obligado a procurar el abordaje de esta garantía dentro del ámbito jurídico y crear las condiciones necesarias para su materialización en las instituciones educativas; la educación inclusiva debe ser uno de los caminos básicos para dejar de lado la exclusión educativa en a que viven muchas personas sumergidas en una exclusión social y son evidenciadas en los contextos educativos (Hernández & Samada, 2021). La exclusión en niños con necesidades educativas especiales es una situación que puede llevarles al fracaso y abandono de los centros escolares, además de afectar y perjudicar aspectos de su vida personal ocasionando desigualdades (Echeita, 2006).
Menciona Delgado (2016) que en el Ecuador existen leyes y normativas constitucionales sobre educación inclusiva, pero se necesita promover programas y proyectos con intervenciones favorables y orientaciones a los equipos técnicos que den apertura a las necesidades educativas especiales con acciones de mejora para el ejercicio eficiente de la inclusión de acuerdo a cada individualidad. Es importante recalcar que se requiere otro tipo de participación para mejorar la participación y consecuentemente el éxito académico de sus estudiantes como son metodologías inclusivas que se orienten a atender la diversidad estudiantil, puesto que en algunos sectores específicamente de la ciudad de Quito, no existe una atención igualitaria, tampoco se han alcanzado los aprendizajes (Delgado, 2019).
Se requiere docentes con una formación para afrontar una verdadera inclusión, reciban el apoyo de conocimientos y actividades colaborativas (Corral et al., 2015; Gallegos, 2015), implementar las adaptaciones curriculares necesarias (Ministerio de Educación, 2013), para una inclusión segura, en contextos libres de acoso para una equidad educativa (INEVAL, 2018), considerando que el 1,1% son estudiantes que presentan una condición de discapacidad (Ministerio de Educación, 2022).
Afirma Tárraga et al. (2021) en los cursos de formación de los docentes existe una falta de preparación y profundización en los temas que involucran a la educación inclusiva, así como las políticas y prácticas llevadas a cabo en los centros.
DISCUSIÓN
En los resultados obtenidos de las revisiones realizadas se consideran diferentes aspectos relacionados a la educación inclusiva, que se los presentan a continuación: Partiendo de la normativa legal en Ecuador y el enfoque de los derechos de los estudiantes, se nota un insuficiente proceso de aplicación de los principios legales en los centros educativos por parte de las respectivas autoridades ante la diversidad de necesidades que presentan las discapacidades para ser atendidas; también se debe considerar un aumento de su cobertura para que pasen a formar parte del sistema educativo, evitando su deserción, para lo cual se considera realizar un análisis crítico para mejorar el aprendizaje y la participación de todos; para lo cual se debe adquirir esta responsabilidad no solo en el plano legal, sino como un proceso encaminado a eliminar las barreras que facilite su acceso a todas las actividades, logrando una disminución de la exclusión educativa, se requiere de una formación docente adecuada sobre investigación y estrategias metodológicas que mejoren el proceso de enseñanza aprendizaje, considerando la educación inclusiva como un eje transversal del currículo para enriquecer sus elementos, inversión en materiales didácticos innovadores que tomen en cuenta sus capacidades individuales, con respeto a la diferencia y propiciando la solidaridad (Hernández & Samada, 2021).
Delgado (2016) presenta un análisis de los principios constitucionales y legales para el funcionamiento de la educación inclusiva en Ecuador, los cuales permiten contar con un marco jurídico que posibilita la convivencia y gestionada hacia una inclusión social; pero no es suficiente, se requiere la organización y estructuración de planes de trabajo del Sistema Educativo que permita ejecutar una eficiente educación inclusiva con una apertura a la diversidad ofreciendo una atención con calidez tanto para docentes como estudiantes logrando presencia, participación y éxito educativo, para lo cual se requiere de apoyos para un servicio de calidad; este plan de trabajo puede estar basado en un plan de mejora que consiste en programas de actualización dirigidos a los equipos de la Unidad de Apoco a la Inclusión UDAI, al Departamento de Consejería Estudiantil DECE, a los docentes y a los padres, por su gran importancia en la formación de sus hijos.
Menciona Tárraga et al. (2021) la falta de conocimiento claro de las políticas inclusivas y formación eficiente en el profesorado ecuatoriano, lo cual puede causar dificultades para diferenciar la integración de la inclusión, lo que afectaría en una correcta aplicación de normativas y aspectos sobre una verdadera inclusión.
El sistema educativo ecuatoriano es declarado inclusivo a través de sus políticas, mientras tanto se evidencia la falta de intervenciones adicionales para asegurar su presencia y participación, debe existir una atención a la heterogeneidad de los estudiantes, en si las instituciones educativas requieren medidas de apoyo con procesos de acompañamiento mediante una plena concientización, formación y actualización de los docentes hacia una educación inclusiva, lo cual podría enfocarse hacia una cultura inclusiva de un trabajo conjunto de docentes, familia y sociedad; de los resultados obtenidos se puede establecer que existe una mediana gestión inclusiva (Delgado, 2019).
CONCLUSIONES
En el Ecuador hablar de una inclusión educativa es referirse al sistema que se está llevando de acuerdo a las políticas públicas implementadas para dar acceso a los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales y deben ser atendidas de acuerdo a su condición individual, por lo que haciendo una mirada a los hallazgos obtenidos de la investigación bibliográfica se puede mencionar que de acuerdo a su estructuración, la Unidad de Apoyo a la Inclusión UDAI brinda soporte a las instituciones educativas para mejorar el acceso de los estudiantes con necesidades educativas especiales de acuerdo a los lineamientos y fundamentos que se requieren para una inclusión favorable (Ministerio de Educación, 2013) , de esta manera la responsabilidad de establecer la normativa de igualdad y justicia la aborda cada centro, de la misma manera interpretará la inclusión.
Dentro del sistema educativo, el diseño inclusivo debe responder a las necesidades específicas de los estudiantes de acuerdo a la legislación vigente, la misma que les garantiza el derecho a la educación inclusiva y a través de las instituciones involucradas en el proceso garantizan el cumplimiento de la normativa; esto no es suficiente, la inclusión debe considerar el contexto social, la situación económico y la cultura para su desarrollo y su práctica; en tal consideración la educación inclusiva debe modificar el sistema vigente para que cumpla y responda a estos requerimientos (Hernández & Samada, 2021).
Dentro del modelo de educación inclusiva se busca alcanzar un eficiente plan de mejora el cual será implementado de manera progresiva, además se organizarán los equipos de trabajo considerando la participación de los padres como actores de gran importancia en la formación y aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas especiales; se requiere que todas las instancias de la sociedad asuman su función con responsabilidad aportando para mejorar el proceso inclusivo iniciado en los centros educativos, manifiesta Delgado (2016).
En los centros de educación inclusiva los estudiantes alcanzarán un desarrollo máximo de sus habilidades y capacidades para obtener aprendizajes, por consiguiente se logrará una sociedad con grandes expectativas personales y de una mejor vida (Delgado, 2019).
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Universidad Internacional de Valencia. (2022). Características y buenas prácticas para la educación inclusiva. VIU. https://www.universidadviu.com/es/actualidad/nuestros-expertos/caracteristicas-y-buenas-practicas-para-la-educacion-inclusiva