Normatividad para la donación de vivienda a personas con discapacidad por parte del GAD municipal del Pangui, 2023

José Alfonso Daza-Rivera[1]

Universidad César Vallejo, Piura-Perú

Ecuador

RESUMEN

El artículo científico que se expone a continuación plantea como objetivo corresponde analizar la normatividad que existe actualmente en Ecuador para la donación de vivienda a personas con discapacidad por parte del GAD Municipal del Pangui. A nivel metodológico se trata de un estudio descriptivo con enfoque mixto. Las técnicas aplicadas corresponden a una entrevista que se aplicó a tres autoridades del GAD Municipal del Panguí, así como una encuesta realizada a una población de 68 personas con discapacidad que residen en el mismo cantón. Los resultados obtenidos permiten concluir que la normatividad que existe actualmente en Ecuador permite la donación de vivienda a personas con discapacidad por parte del GAD Municipal del Pangui. Esto se debe a que tanto la Constitución del Ecuador y la Ley Orgánica de Discapacidades garantizan el derecho a la vivienda a grupos vulnerables y prioritarios como las personas con discapacidad. Sin embargo, una de las limitaciones es que no existe una figura legal directa que permita la donación de inmuebles a este grupo de población, razón por la cual se podría crear un recurso para ello o generar un programa que formule acciones puntuales al respecto de dicha acción.

Palabras clave: discapacidad; donación; vivienda; normatividad.

Regulations for the donation of housing to people with disabilities by the Pangui municipal GAD, 2023

ABSTRACT

The scientific article that is presented below proposes as an objective to analyze the regulations that currently exist in Ecuador for the donation of housing to people with disabilities by the Pangui Municipal GAD. At the methodological level, it is a descriptive study with a mixed approach. The techniques applied correspond to an interview that was applied to three authorities of the Municipal GAD of Panguí, as well as a survey carried out on a population of 68 people with disabilities who reside in the same canton. The results obtained allow us to conclude that the regulations that currently exist in Ecuador allow the donation of housing to people with disabilities by the Pangui Municipal GAD. This is because both the Constitution of Ecuador and the Organic Law on Disabilities guarantee the right to housing for vulnerable and priority groups such as people with disabilities. However, one of the limitations is that there is no direct legal figure that allows the donation of real estate to this population group, which is why a resource could be created for it or a program that formulates specific actions regarding said action.

Keywords: disability; donation; housing; regulations.

Artículo recibido 27 junio 2023

Aceptado para publicación: 27 julio 2023

INTRODUCCIÓN

El acceso a la vivienda es un derecho que debe cumplirse para todos los seres humanos, sin importar su género, etnia, clase social, edad u otra clase de condición. Sin embargo, para quienes enfrentan alguna clase de discapacidad, tal acción puede convertirse en un proceso difícil de realizar, debido al costo de la misma y al hecho de que no todas las personas con discapacidad tienen la oportunidad de contar con un empleo digno y un pago remunerado justo por su trabajo profesional. Esto provoca, que, al momento de querer obtener un préstamo bancario, dichas entidades no lo confieran debido a la inestabilidad laboral del usuario que solicita esta clase de servicio.

Según lo refiere Narváez (2022), a nivel internacional, en el 2021, en Europa, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea estimó que el 22% de las personas con discapacidad enfrentaban dificultades para encontrar viviendas accesibles, y alrededor del 5% vivían en instituciones o viviendas que no cumplían con los estándares adecuados de accesibilidad. Además de acuerdo a cifras expuestas por la Organización de las Naciones Unidas, en 2021, más del 80% de las personas con discapacidad vivían en países en desarrollo, y muchas de ellas enfrentaban condiciones de vivienda inadecuadas como la falta de acceso a viviendas accesibles y adaptadas a sus necesidades.

En el contexto ecuatoriano, se conoce que el déficit de vivienda es una problemática que incide sobre aquellas personas con discapacidad, puesto que, de acuerdo a cifras presentadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, más de 2 millones de hogares sufren déficit habitacional, afectando al 60% de los hogares de menores ingresos. Esta cifra se incrementa en “dos puntos porcentuales si se trata de hogares con jefatura femenina (78%); y en ocho puntos para hogares que cuentan con tres o más menores o mayores de edad, que presentan alguna discapacidad, ubicándose en el 84%” (Acosta, 2022, p. 1).

Ante este panorama, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda de Ecuador, gracias al apoyo económico del Banco Interamericano de Desarrollo gestionó el programa “Soluciones de Vivienda para Hogares Pobres y Vulnerables” en el 2021, dando como resultado la entrega de vivienda a tan solo un 16,5% de hogares que tienen entre sus integrantes a una persona con discapacidad (Acosta, 2022). Tales cifras evidencian la falta de acceso de las personas con discapacidad a una vivienda en Ecuador. Tampoco se cuenta con datos actualizados a nivel local, como sucede en el cantón El Pangui, ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, donde no es posible encontrar cifras que den cuenta del número de personas con discapacidad que hayan logrado acceder a una vivienda.

La relevancia de la investigación propuesta tiene un aporte teórico ya que los hallazgos obtenidos se plantean como un referente para ampliar el abordaje de la discapacidad y las razones que limitan el acceso a una vivienda, pese a que a nivel normativo internacional y nacional existen estatutos que apoyan el acceso a este servicio. Desde una perspectiva práctica, la investigación es fundamental puesto que los resultados permitirán la formulación de estrategias y acciones a través de las cuales se pueda trabajar a nivel municipal para garantizar el acceso de vivienda a las personas con discapacidad, contribuyendo a mejorar su calidad de vida. A nivel metodológico, la investigación es factible ya que existen fuentes primarias y secundarias a través de las cuales se puede recopilar datos que permitan entender en profundidad la normatividad que existe actualmente para la donación de vivienda a personas con discapacidad por parte del GAD Municipal del Pangui, en Ecuador.

A nivel teórico, el trabajo formulado en este artículo se sustenta en la teoría Social o Constructivista que plantea a la discapacidad al interior de la sociedad y no en la persona, convirtiéndola en un tema colectivo y refiriéndose a ella como producto de la opresión y la exclusión social. En este sentido, la discapacidad se centra en el reconocimiento legal, así como en la aceptación de la discapacidad y su inclusión a nivel social. Esta teoría plantea que quienes presentan discapacidad desempeñan roles positivos en la sociedad que debe ser responsable de velar por sus derechos y que se respeten sus particularidades (Peña et al. 2020).

También se utiliza la teoría de los Estudios Críticos sobre la discapacidad desarrollada por Goodley y Lawthom. Dicha teoría reconoce la necesidad de abordar a la discapacidad mediante el materialismo, respetando sus componentes y estudios, tomando en consideración el contexto global, nacional, local y su incidencia en las personas que son parte de esta comunidad (Revuelta y Hernández, 2021).

Asimismo, existe la teoría política activista cuya fundamentación se centra en la reivindicación de los derechos humanos de quienes cuentan con alguna clase de discapacidad, respetando su identidad y el derecho de asociación con personas que compartan características similares, permitiéndoles crear condiciones de vida que se fundamenten en la aceptación, y el reconocimiento de la identidad de los demás (Pinillos y Naranjo, 2020).

En lo que respecta a las variables abordadas en la investigación, éstas corresponden a normatividad que desde la perspectiva de Colombo y Soler (2020) la definen como el conjunto de principios o reglamentaciones de carácter obligatorio, que se formulan desde una autoridad normativa, y cuyo fundamento y validez parten de una norma jurídica, teniendo por objetivo regularizar las relaciones sociales y cuyo cumplimiento está garantizado por el Estado. Otros autores como Alarcón (2019) señalan que la normatividad se define como aquellas normas o reglas de conducta y accionar que deben ser observadas y aplicadas en un determinado ámbito o campo de acción, con el objetivo de direccionar las relaciones entre las personas y velar por el funcionamiento efectivo de la sociedad. En cambio, para Aarnio et al. (2017), la normatividad hace alusión al carácter normativo de las normas jurídicas, es decir, su capacidad para imponer deberes y establecer derechos, así como para ser aplicadas y sancionadas en caso de incumplimiento por las entidades correspondientes que funcionan bajo la vigilancia y aprobación del Estado.

Por otro lado, la variable dependiente donación es definida por Fontanéz (2020) como un acto en el cual una persona, denominada donante, transfiere de manera voluntaria y gratuita la propiedad o el uso de una vivienda a otra persona o entidad, conocida como donatario. Otros autores como Wakel (2021) definen a la donación de vivienda como un acto de liberalidad mediante el cual una persona, llamada donante, transfiere gratuitamente el dominio de una vivienda a otra persona, denominada donatario, que acepta el beneficio.

Por su parte, Pérez (2019) señala que la donación de vivienda es una transferencia gratuita de propiedad y tiene como objetivo favorecer o beneficiar al donatario. Es importante señalar que, para que la donación de vivienda sea válida, debe cumplir con los requisitos legales y formales establecidos en las leyes y normativas del país en el que se realiza la donación. Además, la donación puede tener implicaciones legales y fiscales, por lo que es aconsejable contar con el asesoramiento adecuado antes de llevar a cabo este tipo de transacciones.

En cuanto a los antecedentes sobre el tema propuesto, a nivel internacional se considera el trabajo realizado por Solís et al. (2018) en México. Se plantea como objetivo analizar un conjunto de viviendas creadas para población con discapacidad para determinar el cumplimiento de requisitos necesarios y los mecanismos aplicados para su obtención considerando la percepción de los usuarios. A nivel metodológico se trata de una investigación de tipo correlacional y cualitativa. El diseño utilizado corresponde al descriptivo. La técnica aplicada es un análisis estructural de las viviendas y una encuesta que se realizó a las personas con discapacidad propietarias de dichas edificaciones. Los instrumentos fueron una rúbrica y cuestionario. Las principales conclusiones determinan que el grado en que se cumplen los requerimientos de accesibilidad fue poco satisfactorio en el caso de las edificaciones analizadas, además de que los usuarios manifiestan que las viviendas no son del todo accesibles, siendo de difícil obtención por parte de sus usuarios.

De la misma manera, Moreno y Suárez (2020) desarrollaron una investigación sobre el tema en Colombia. En ella se plantea como objetivo diseñar un informe sobre prácticas de acceso en donde se detallen criterios técnicos fundamentados en la adaptación y construcción de viviendas que pueden ser accesibles para personas con discapacidad en la ciudad de Bucaramanga. A nivel metodológico se trata de una investigación cualitativa y de campo. El diseño utilizado corresponde al descriptivo. La técnica aplicada corresponde a una entrevista en profundidad. El instrumento utilizado fue una guía de entrevista. Las principales conclusiones determinan que las personas con discapacidad que participaron en el estudio presentaron dificultades para acceder a una vivienda, y una vez que la obtuvieron afrontan limitaciones en la realización autónoma de sus actividades cotidianas, debido a que existen limitaciones físicas y no cuentan con presupuesto e información para mejorar los espacios que se requieren de acuerdo a su condición de discapacidad.

También se considera a la investigación formulada por Ortiz (2021). En ella se plantea como objetivo detallar las condiciones de las personas con discapacidad del Municipio de Concepción, Santander para dar cuenta de sus necesidades que incluyen el acceso a una vivienda de calidad. A nivel metodológico se trata de una investigación cuantitativa, cualitativa y exploratoria. El diseño utilizado corresponde al descriptivo. La técnica aplicada fue una encuesta. El instrumento aplicado fue un cuestionario. Las principales conclusiones determinan que la mayoría de personas que presentan alguna discapacidad no han logrado adquirir una vivienda propia ya que no cuentan con presupuesto, y por ello, generalmente viven en el hogar de algún familiar.

Para los antecedentes nacionales se considera a la investigación realizada por Reina et al. (2017) que establece como objetivo explicar las características de las viviendas de la población con discapacidad que es parte de la parroquia San Antonio de Pasa y sus comunidades vecinas para detallar el tipo de discapacidad que se presenta y sus condiciones de vida. A nivel metodológico se trata de una investigación cuantitativa, cualitativa y de campo. El diseño utilizado corresponde al descriptivo. Las técnicas aplicadas fueron la observación y la encuesta. Los instrumentos utilizados fueron una ficha de observación y cuestionario respectivamente. Las principales conclusiones plantean que la principal demanda de la población con discapacidad corresponde a la adquisición de una vivienda, puesto que el 41,2% de los participantes cuentan con una casa, el 16,5% reside en una mediagua, el 3,1% en choza y el 39,8% restante en espacios de riesgo que afectan a su seguridad.

Los antecedentes abordados con anterioridad establecen similitudes en cuanto a las dificultades que las personas con discapacidad afrontan al momento de adquirir una vivienda de acuerdo a sus propias necesidades. Tal hecho responde en parte a las limitaciones económicas que poseen, puesto que una gran parte de esta población no cuenta con un trabajo estable y bien remunerado que les permita adquirir una vivienda de forma directa, o a su vez, solicitar un préstamo a una entidad bancaria para lograr tal propósito. En estos antecedentes también es notorio que no existe una normatividad específica que aborde el tema del acceso a la vivienda para la población con discapacidad, y menos aún, una que se centre en la donación de esta clase de recursos por parte de entidades vinculadas al Estado.

Por otra parte, debe mencionarse que el contexto actual en el que se realiza esta investigación se caracteriza por un déficit de vivienda a nivel nacional. Esto se debe a que, de acuerdo a cifras recopiladas por el Banco Interamericano de Desarrollo, en un informe de mayo de 2019, “más de dos millones de hogares ecuatorianos sufren déficit habitacional, de los cuales, 1,2 millones se localiza en áreas urbanas, es decir, el 21% con déficit cualitativo y 850.000 en áreas rurales con el 38% de déficit cualitativo” (Murillo, 2021, p. 1). Tal contexto afecta a la población en general, en el cual se incluye también a las personas con discapacidad. Cabe mencionar que otro de los hitos en el contexto actual ecuatoriano corresponde a la creación de la Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades 2021 – 2025, un instrumento de planificación cuyo objetivo se centra en “identificar, verificar y reducir las brechas de desigualdad que afectan la calidad de vida y el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias” (Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades 2021 – 2025, 2021, p. 9). Este instrumento representa una acción muy importante en materia de discapacidad en Ecuador, debido a los planteamientos que contiene a nivel normativo y en el marco del cumplimiento de derechos en el país.

Una vez definido el contexto en el cual se plantea el estudio, el objetivo general del mismo corresponde a analizar la normatividad que existe actualmente en Ecuador para la donación de vivienda a personas con discapacidad por parte del GAD Municipal del Pangui.

Los objetivos específicos corresponden a los siguientes: a). Identificar la normativa vigente actual en materia de discapacidad y acceso a vivienda en el Ecuador. b). Analizar los estatutos de normatividad municipal que respaldan la donación de viviendas a personas en situación de vulnerabilidad. c). Establecer los mecanismos normativos para la selección de las personas con discapacidad que podrían ser beneficiadas con la donación de una vivienda por parte del GAD Municipal del Pangui.

METODOLOGÍA

En lo que respecta al enfoque utilizado en esta investigación este corresponde al cuantitativo y cualitativo, puesto que se realiza un contraste entre datos numéricos y aquellos de índole descriptiva. El tipo de investigación corresponde al exploratorio, descriptivo y relacional, puesto que se trata de un tema poco abordado que busca obtener información para dar cuenta de la clase de relación existente entre las variables, es, decir, comprende si la normatividad vigente en Ecuador permite la donación de vivienda a personas con discapacidad.

El diseño utilizado fue transversal puesto que se recopilaron datos en un período de tiempo determinado que corresponde a enero a julio de 2023. En cuanto a la población con la que se trabajó, esta corresponde a un total de 68 personas con discapacidad que residen en el cantón El Pangui de las cuales el 59% corresponden a género masculino y 41% al género femenino. Debido a que no se trata de un grupo tan amplio de participantes se aplicó el instrumento a toda la población, ya que no fue necesario aplicar ningún tipo de muestreo. Las técnicas de recolección de datos fueron una entrevista semiestructurada que se aplicó a tres autoridades del GAD Municipal del Pangui a través de una guía de entrevista, mientras que la encuesta se la desarrolló con las 68 personas con discapacidad que residen en el cantón El Pangui

En cuanto a las consideraciones éticas, los participantes firmaron un consentimiento informado respecto a su participación en la investigación, en donde se exponen el anonimato respecto a los datos obtenidos y su uso a nivel académico. En cuanto a los criterios de inclusión de los particpantes estos se remitieron a: ser una persona que presenta alguna clase de discapacidad, ser mayor de edad, no poseer vivienda propia, residir en el cantón El Pangui, aceptar voluntariamente ser parte de la investigación, y estar de acuerdo en firmar el consentimiento informado.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En este apartado se exponen los hallazgos más significativos en base a los objetivos planteados en este estudio.

Normativa vigente actual en materia de discapacidad y acceso a vivienda en el Ecuador

La entrevista realizada a las tres autoridades que laboran en el GAD Municipal del Pangui permite comprender en primera instancia que no existe una normativa legal actual que establezca una figura legal mediante la cual se exija o demande que las personas con discapacidad tengan acceso prioritario a una vivienda. Respecto a ello, uno de los entrevistados señala que, la falta de esta clase de normativa se debe a que en la Constitución (2008) en su artículo 47 y la Ley Orgánica de Discapacidades (2012) en su artículo 56 plantean que las personas con discapacidad deben tener derecho a una vivienda digna que sea adecuada a sus requerimientos, incluyendo facilidades de acceso y lograr su autonomía. Es por ello, que, en criterio de la persona entrevistada, las autoridades nacionales vinculadas al tema de vivienda, así como los gobiernos autónomos descentralizados son responsables de “implementar, diseñar y ejecutar programas de vivienda, que permitan a las personas con discapacidad un acceso prioritario y oportuno a una vivienda. Los programas incluirán políticas dirigidas al establecimiento de incentivos, financiamiento y apoyo, tanto para la construcción o adquisición de inmuebles o viviendas nuevas, como para el mejoramiento, acondicionamiento y accesibilidad de las viviendas ya adquiridas”.

Sobre este mismo planteamiento, la segunda entrevistada señala que no se trata de que exista una ley específica para que en materia de discapacidad se genere procesos de acceso vivienda, puesto que la misma Constitución señala que el Estado es responsable de crear y aplicar políticas que prevengan las discapacidades y que además garanticen que quienes presentan esta situación puedan alcanzar una plena integración social y reconocimiento sus derechos entre los que se incluyen la igualdad de oportunidades en el empleo, y el acceso a una vivienda adecuada.

Si bien es cierto que los dos representantes del GAD Municipal del Pangui señalan que tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Discapacidades plantean el derecho a la vivienda por quienes presentan alguna clase de discapacidad, tal hecho no se corresponde con la realidad que viven los habitantes de Pangui. Tal afirmación se sustenta en la figura que se detalla a continuación.

Figura 1. Respuesta de encuestados sobre normativa vigente en discapacidad y acceso a vivienda digna

Los resultados que se muestran en la figura 1 evidencian que la mayoría de los habitantes con discapacidad del cantón Panguí, es decir, el 52% están totalmente en desacuerdo en que la normativa vigente actual en materia de discapacidad en Ecuador les permite tener acceso a una vivienda digna, cifra seguida por el 22% que señala su desacuerdo al respecto.

Sobre estos resultados, el tercer entrevistado manifiesta que una de las principales razones por las cuales las personas con discapacidad creen que no existe ninguna clase de apoyo estatal para tener acceso a una vivienda digna se debe al desconocimiento de las políticas, programas o normativas que en el contexto ecuatoriano se manejan. Esta afirmación se respalda con los datos que se presentan en la figura 2.

Figura 2. Respuesta de encuestados sobre conocimiento de normativas, programas y planes de acceso a vivienda para personas con discapacidad

Como se observa en la figura 2, la mayoría de participantes que corresponden al 56% están totalmente en desacuerdo con la existencia de normativas, programas y planes de acceso a vivienda para personas con discapacidad, seguido del 15% que está en desacuerdo, al igual que otro 15% que se muestra indiferente.

Los resultados obtenidos en la encuesta permiten comprender que, pese a que en el país existe normativas sobre el tema de discapacidad y acceso a vivienda, la desinformación sobre el tema provoca que las personas consideren que es un tema que a nivel gubernamental no se viene abordando. Todo ello da como resultado un sentimiento de desatención respecto al derecho de obtener una vivienda, generando frustración en este grupo poblacional.

Estatutos de normatividad municipal que respaldan la donación de viviendas a personas en situación de vulnerabilidad

En lo que respecta a la normatividad que se maneja a nivel de GAD Municipal, los tres entrevistados refieren que existe una ordenanza municipal especial de vivienda social para familias integradas por personas con discapacidad. Esta ordenanza tiene como finalidad establecer un régimen especial a través del cual se fomenten el acceso a la vivienda de aquellas familias en cuyo núcleo se incluyan alguna persona con discapacidad. No obstante, coinciden que pese a que este recurso legal existe en la actualidad tiene muy poca aplicación en el contexto del cantón Pangui. Además, refieren que esta normativa no se centra en la figura legal de donación, puesto que para que ello se cumpla se debería apelar a otras figuras legales vinculadas con tal acción.

Sin embargo, las autoridades entrevistadas plantean que a nivel legal y mediante la intervención de entidades como el Ministerio de Vivienda e Inclusión Social existe la posibilidad de que se realice un estudio acerca de la situación de vulnerabilidad de la persona con discapacidad y se la pueda incluir en un programa cuyo beneficio sea el de una vivienda que pueda ser donada por el GAD Municipal del Pangui, a través de una figura legal que se ajuste a tal decisión.

Esta situación respalda lo obtenido en la encuesta, ya que como se observa en la figura 3, la mayoría de participantes que corresponden al 49% están totalmente en desacuerdo que el GAD Municipal del Pangui pueda donar una vivienda a una persona con discapacidad, seguido del 22% que se muestra indiferente ante tal aspecto.

Figura 3. Respuesta de encuestados sobre capacidad del GAD Municipal del Pangui para donar una vivienda a una persona con discapacidad

Mecanismos normativos para la selección de las personas con discapacidad que podrían ser beneficiadas con la donación de una vivienda por parte del GAD Municipal del Pangui.

Sobre los mecanismos que se podrían aplicar para seleccionar a una persona con discapacidad que se beneficie de una vivienda donada por el GAD Municipal del Pangui, los entrevistados plantean que se podría llevar a cabo mediante la Creación de un Programa a nivel cantonal. Este programa definiría las directrices, normativos y lineamientos estratégicos en los cuales se fundamente tal propósito. Sin embargo, consideran que se debería realizar un estudio de caso de cada persona para que realmente se pueda comprobar su estado mediante el carnet de discapacidad entregado por el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS) que dé cuenta de su condición, además de evaluar otros aspectos respecto a su condición de vulnerabilidad.

Estos planteamientos se refuerzan con los resultados obtenidos en la encuesta, tal como se observa en las figuras 4 y 5.

Figura 4. Respuesta de encuestados sobre mecanismos normativos para acceder a la donación de una vivienda por parte del GAD Municipal del Pangui

Como se observa en la figura 4, la mayoría de participantes que corresponden al 73% consideran que a través de la aplicación de un Plan de discapacidad cantonal es el mecanismo a nivel normativo que debería aplicarse para registrar y seleccionar a las personas con discapacidad que podrían beneficiarse con una donación de vivienda.

Figura 5. Respuesta de encuestados sobre la entidad que debería aplicar el mecanismo normativo para registrar y seleccionar a la persona con discapacidad que podría beneficiarse de la donación de una vivienda por parte del GAD Municipal del Pangui

Los datos que se presentan en la figura 5 determinan que la mayor parte de los participantes que corresponden al 29% señalan que la entidad que debería aplicar el mecanismo normativo para registrar y seleccionar a la persona con discapacidad que podría beneficiarse de la donación de una vivienda corresponde al CONADIS, seguido del mismo GAD Municipal del Pangui con el 19%.

Como se observa en los resultados obtenidos, Ecuador es un país que cuenta con normativas enfocadas en la protección y cumplimiento de derechos de las personas con discapacidad, tal como lo refieren los trabajos planteados por Solís et al. (2018) y Moreno y Suárez (2020) que consideran que en países como México y Colombia también existen políticas y estatutos normativos enfocados en que este grupo poblacional sea protegido y se cumplan sus derechos que incluyen el acceso a una vivienda digna que se ajuste a sus propias necesidades y características en torno a la discapacidad. Sin embargo, en lo que se coincide con esta investigación es que no existen normativas que contemplen la donación de vivienda por entidades municipales como es el caso del Ecuador. Es por esta razón que si se desea lograr tal acción es necesario crear programas al respecto que establezcan normativas claras para tal acción, o a su vez recurrir a otras figuras legales que permitan que el inmueble se entregue a una persona cuya condición de vulnerabilidad lo amerite en base a un diagnóstico sobre su condición y calidad de vida en torno a la discapacidad

Los hallazgos obtenidos en esta investigación plantean la necesidad de realizar a futuro otros estudios que permitan analizar las razones de la falta de inclusión de principios o estatutos para legalizar la donación de viviendas a personas con discapacidad en las normativas ya existentes. Además, resultaría oportuno analizar los motivos por los cuales se dificulta la donación de viviendas a personas con discapacidad por parte de los GAD municipales u otras entidades, pese a que en normativas nacionales como la Constitución o la Ley Orgánica de Discapacidades se plantea el acceso a la vivienda para quienes presentan una discapacidad.

CONCLUSIONES

La investigación realizada permite concluir que la normatividad que existe actualmente en Ecuador si permite la donación de vivienda a personas con discapacidad por parte del GAD Municipal del Pangui. Esto se debe a que tanto la Constitución del Ecuador y la Ley Orgánica de Discapacidades garantizan el derecho a la vivienda a grupos vulnerables y prioritarios como las personas con discapacidad. Sin embargo, una de las limitaciones al respecto es que no existe una figura legal directa que permita la donación de inmuebles a este grupo de población, razón por la cual se podría crear un recurso para ello o generar un programa que formule acciones puntuales al respecto de dicha acción.

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