Análisis de Medidas Socioeducativas y Psicosociales para la Reinserción del Adolescente Infractor en
la Sociedad Ecuatoriana
RESUMEN
Este trabajo se encuentra basado en la investigación sobre
aquellos adolescentes que han cometido algún tipo de delito y han sido penalizados por la ley ecuatoriana y
como el mismo lleva su proceso de
reinserción a la sociedad, para ello se han planteado como objetivo general:
Analizar la realidad de los
adolescentes infractores en los centros de rehabilitación social en la sociedad ecuatoriana y para fundamentar dicho
objetivo se ha establecido dos objetivos específicos como: Indagar el día a día de los adolescentes
infractores dentro de los centros de rehabilitación ecuatoriana y Analizar cómo es su proceso de rehabilitación
social a través de la investigación bibliográfica.
Usando una metodología investigativa de tipo cualitativa la cual permite
describir y explicar el tema indagado
posteriormente se optó por la realización de una entrevista no estructurada. Se concluyo que el grado de
delincuencia por parte de los adolescentes se destaca por el medio social en el que crecen, además que las actividades
que llevan a cabo para su reinserción
social tienen gran peso en círculo familiar y social ya que el apoyo de los
mismos es la clave para que su rehabilitación sea llevada
con éxito.
Palabras Clave: adolescentes; infracciones; reinserción; leyes; familia.
Analysis of Socio-Educational
and Psychosocial Measures for the Reinsertion of Adolescent Offenders in Ecuadorian
Society
ABSTRACT
This work is
based on research on those adolescents who have committed some type of crime and have been penalized by
Ecuadorian law and how they carry out their process of reintegration into society, for which the general objective has been: Analyze
the reality of adolescent offenders in social rehabilitation
centers in Ecuadorian society and to support
this objective, two specific objectives have been established: To investigate
the day-to-day of adolescent
offenders within Ecuadorian rehabilitation centers and Analyze how their process of social
rehabilitation through bibliographical research. Using a qualitative research methodology which allows describing and
explaining the subject investigated later, it was decided to carry out an unstructured interview. It was concluded that the degree of delinquency on the
part of adolescents stands out due to the social environment in which they grow up, in addition to the fact that
the activities they carry out for
their social reintegration have great weight in the family and social circle
since their support It is the
key for your rehabilitation to be
carried out successfully.
Keywords: adolescents; infractions; reinsertion; laws;
family.
Artículo recibido 20 julio 2023
Aceptado para publicación: 20 agosto 2023
INTRODUCCIÓN
Desde los años
transcurridos en la sociedad se han evidenciado hechos y acciones que son consideradas como ilegales, las
cuales han sido ejecutadas por parte de los adolescentes, estos a su vez han sido penalizados mediante las leyes y normas
del país en el
que se ha cometido dicha infracción, una vez cumplida la penalidad impuesta por
el juez a cargo, estos ciudadanos ya
considerados infractores sociales tienen el derecho de reintegrarse a su vida cotidiana, con la condición
de seguir las normas de la sociedad,
por tal motivo la presente
investigación tiene como tema “ANALISIS DE LAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS Y PSICOSOCIALES PARA LA REINSERCION DEL ADOLESCENTE INFRACTOR EN LA SOCIEDAD ECUATORIANA”.
Cabe resaltar que
para que dicho proceso denominado reinserción social se lleve a cabo estos adolescentes deben ejecutar actividades que ayuden a su rehabilitación la cual es conceptualizada como una herramienta
que permite al estado ecuatoriano restaurar a
una persona infractora mediante tratamientos y varios procesos
que ayuden a cumplir este propósito
y del mismo modo que sus actos delictivos no vuelvan a suscitarse (Morales y Pérez, 2022).
Tal es el caso
del Código de la Niñez y Adolescencia (CNA) que fue creado por la República del Ecuador con el propósito de
que los niños/as y adolescentes puedan disfrutar
a plenitud de sus derechos. El mismo tiene una vigencia desde la concepción desde del ciudadano
ecuatoriano hasta que este cumpla 18 años de edad, de este modo se cumplen y garantiza sus derechos.
El CDA es
considerado un conjunto de mecanismos tanto administrativos como judiciales, los cuales se encuentran
enfocados en los derechos, garantías, principios fundamentales y además en los deberes que deben cumplir los
menores de edad, además se hace
énfasis en que los organismos del Estado brinden a estos ciudadanos protección y defensa bajo las leyes estipuladas en la
constitución, del mismo modo no se deja pasar
por alto las sanciones e infracciones que deben cumplir en caso de que
se violen la ley, pues estas ya estas tipificadas y establecidas.
Cabe destacar que
estos adolescentes al poseer un código con los derechos que los respalden, también poseen normas que deben
cumplir como ciudadanos pertenecientes a un estado en este caso Ecuador, las mismas que al ser quebrantadas tienen una sanción conforme su edad, gravedad y lo
estipulado por la ley, para que dicha sanción sea dictaminada el Código de la Niñez y Adolescencia en su art. 305
esclarece que... “Los adolescentes
son penalmente inimputables y, por tanto, no serán juzgados por jueces penales ordinarios ni se les aplicarán las
sanciones previstas en las leyes penales”; del
mismo modo establece en el art.308 que “Los adolescentes únicamente
podrán ser juzgados por actos
considerados como delitos por el Código Orgánico Integral Penal con anterioridad al hecho que se le
atribuye y de acuerdo al procedimiento establecido en este Código” (2016).
La rehabilitación
social en Ecuador hoy en día sigue siendo una utopía que sigue dando que hablar al no concretarse a
plenitud a finalidad que esta persigue al imponer leyes que se persiguen en las personas privadas de libertad,
según el Código Orgánico Integral
Penal los Centros de Rehabilitación Social tienen como propósito la reinserción social para quienes les ha sido puesta una condena y se encuentran privados de su libertad.
Actualmente
aquellos adolescentes infractores que están en proceso de reinserción tienen una mayor complejidad, debido a que
el estado ecuatoriano está derivando pocos recursos
económicos para esta área de la sociedad, limitando así su pronta y completa rehabilitación social, vulnerando así uno
de sus derechos siendo este el art. 403 el cual hace referencia al bienestar del adolescente y su formación
educativa la cual recibe mientras se encuentre
en el centro las mismas
que podrá escoger en plena
libertad.
Los adolescentes que han realizado un acto delictivo y han cumplido
su sentencia por la infracción cometida y su proceso de aprendizaje- terapéutico, ha sido llevado
con éxito tienen una mayor probabilidad de
inserción social satisfactoria y positiva ya que su vida aún puede tener un gran cambio, sin embargo, no se debe olvidar
que le corresponde al estado y a la
sociedad definir y ejecutar planes y acciones que logren evitar la réplica de las infracciones, del mismo modo que las
mismas se puedan prevenir, de esta forma se mantendrá
una comunidad más pacífica y en futuras generaciones centros penitenciarios con menos reos.
Es por ello por
lo que se ha tomado en cuenta el desarrollar la temática antes mencionada, y la cual tiene como objetivo general:
Analizar la realidad
de los adolescentes infractores en los centros
de rehabilitación social
en la sociedad ecuatoriana.
Para fundamentar
el objetivo de la investigación se ha establecido dos objetivos específicos como: Indagar el día a día de los adolescentes infractores dentro de los centros
de rehabilitación ecuatoriana y Analizar cómo es su proceso de
rehabilitación social a través de la
investigación bibliográfica.
DESARROLLO
La Rehabilitación Social
Raúl Goldstein
(1997) define a la rehabilitación como “la capacidad de restituir una persona
o cosa a su antigua
capacidad jurídica, existiendo, como pena en el rol sancionatorio,
importa saber cuándo y cómo el condenado puede volver a su primitiva habitación, privada o suspendida por la aplicación de la pena”
Guillermo
Cabanellas (2008) en su Diccionario Jurídico define a la rehabilitación como “el acto por el cual se coloca a una
persona en la misma situación moral o legal en
la que se encontraba, y de la cual había sido
desposeída”.
Para la Real
Academia Española (2014) la rehabilitación es “Habilitar de nuevo o restituir
una persona o cosa a su antiguo
estado” también la define como el “Conjunto de métodos que tiene
por finalidad la readquisición de una actividad o función perdida o disminuida por tratamiento o enfermedad”,
es decir, regresar a conseguir u obtener algo
que se perdió temporalmente.
Por tal motivo el Estado ecuatoriano busca a través
de este programa de rehabilitación social que los adolescentes se vuelvan a enfocar y actuar de
forma honrada dentro de la sociedad, de esta forma se
les brinda una nueva
oportunidad para continuar con su diario vivir
Así mismo el
artículo 673 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) menciona que es finalidad del Sistema de
Rehabilitación Social velar por el correcto goce de todos y cada uno de los derechos
consagrados en la constitución del Ecuador para los privados
de libertad, todo esto con el
objetivo de proveer la atención y tratamientos necesarios para su reincorporación social una vez cumplida la pena impuesta
mediante sentencia condenatoria, es por ello que necesitan
ser tutelados, y guiados para que los
actos delictivos no vuelvan a ser
ejecutados (Ortega, Repositorio Universidad Andina Simon Bolivar, 2019).
La
privación de libertad
El concepto de
privación de libertad y sus consecuentes derivaciones: centros de privación, tratamiento de la infracción a
través del delincuente, el delincuente mismo, la función del Estado frente a esta problemática y la sociedad,
son todos y cada uno de los aspectos
que han sido discutidos desde que se vio la necesidad de regular la conducta humana en conflicto con un bien jurídico
protegido, o entendible de protección. Hoy en
día, la doctrina es clara
en llegar a un acuerdo
ineludible: la rehabilitación y la reinserción social deben ser el fin mismo del
cumplimiento de la penal Guilber
(2013).
Ahora bien, la Constitución
de la República del Ecuador del 2008 refleja un amplio sentido de protección a las personas privadas de libertad (PPL)
incluyéndolas dentro del grupo de
atención prioritaria, esto se funda por la categoría de vulnerabilidad que se
le asigna en efecto de la reducción
de sus derechos. De modo que el Estado no solo es garante, sino estricto
observador de que la atención
se priorice y que los fines que persigue se consigan
o se estimen mejoras en dicho ámbito (Morocho y Román,
2015).
Los grupos
de atención prioritaria refieren a grupos
de personas cuyas circunstancias, ya sean sociales, económicas o físicas,
de cierta forma les impide el efectivo goce de sus derechos o los pone en una situación de vulnerabilidad o
riesgo de ser vulnerados. Las personas privadas
de libertad, son parte de aquel grupo de atención
prioritaria, por lo que, la mayoría de los casos, las personas que
pasan por el sistema penitenciario por el cometimiento de un delito,
sufren de una doble vulnerabilidad. (Serrano y Torres,
2020).
El adolescente infractor
El adolescente
infractor, no es más que un individuo vulnerable que requiere de apoyo, de empatía y sobre todo de una
mejor calidad de vida, una publicación realizada en la revista
judicial por el diario “LA HORA” (Cedeño,
2011) menciona que se denomina “adolescente infractor” a la
persona que, siendo mayor de doce años, pero
menor de dieciocho, ha cometido
una infracción reprochable por la ley penal.
Esto significa el
hecho biológico de no haber cumplido la edad de 18 años, justifica la exclusión de la responsabilidad penal,
es decir, la inimputabilidad del menor, aun cuando llegado
el caso, el desarrollo de las facultades intelectuales y volitivas
del adolescente nos permitiera presumir que se trata de una persona
capaz de tener conciencia de la
ilegalidad del acto delictuoso y voluntad para abstenerse de realizarlo.
El Código
Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 2014 define como adolescente infractor penal a aquel cuya
responsabilidad ha sido determinada como autor o partícipe de un
hecho punible tipificado como delito
o falta en la ley penal.
Marco Normativo Y Jurisprudencia
Internacional Sobre La Rehabilitación Social
De Adolescentes Y El
Compromiso Del Estado Ecuatoriano
El artículo 35 de
la Constitución de la República del Ecuador establece que las Personas Privadas de Libertad representan
un grupo de atención prioritaria, y deben recibir, por lo tanto,
un trato equitativo y humano debido
a su condición. Las personas
en situación de privación de
libertad no dejan de ser seres humanos y poseer derecho. El Código Orgánico Integral Penal, en su
artículo 4 reconoce que las personas privadas de libertad conservan la titularidad de sus derechos humanos, con
las limitaciones propias de la
privación de libertad y por tanto, estas deben ser tratadas con respeto a su
dignidad como seres humanos, prohibiéndose su hacinamiento reconoce
que las personas privadas de libertad conservan la titularidad de sus derechos
humanos, con las limitaciones propias
de la privación de libertad y por tanto, estas deben ser tratadas con
respeto a su dignidad como seres humanos,
prohibiéndose su hacinamiento.
En el Art. 1 del
Código de la Niñez y Adolescencia, dispone sobre la protección integral
que el Estado, la sociedad
y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con
el fin de lograr su desarrollo integral y el
disfrute pleno de sus
derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad.
Por lo que, es
imprescindible que tanto la política pública de rehabilitación social como el sistema
penitenciario sean manejados de una manera
justa y humana,
cambiando el enfoque
securitiza tradicional de la privación de libertad por un enfoque basado en derechos humanos que permita comprender
que los Centros de Privación de Libertad y los Centros
de Rehabilitación para Adolescentes Infractores en conflicto con la ley penal son entidades en las que se debe generar
un indiscutible rehabilitación social y no incrementar o imponer más castigo que la propia privación de libertad. Siguiendo lo
dispuesto en el artículo 201 de la Carta Magna, que señala que “el sistema de rehabilitación social tiene
como finalidad la rehabilitación social de las
personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad,
así como la protección
de las personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos” así como que se “tendrá
como prioridad el desarrollo de las capacidades de las personas
sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus
responsabilidades al recuperar la
libertad”, por lo que el Estado ecuatoriano, a través del Directorio del Organismo Técnico del Sistema de
Rehabilitación Social, ostenta la Política Pública de Rehabilitación Social para el periodo 2021-2025, bajo un enfoque
integral de protección de derechos,
comprendida en el marco jurídico
nacional e internacional. Por la especificidad del sistema penal de
adolescentes, se aborda de manera particular el caso de los adolescentes infractores, con énfasis en el proceso
socioeducativo.
Por lo tanto,
para lograr ese propósito las administraciones penitenciarias y otras autoridades competentes, deben ofrecer
educación, formación profesional y trabajo, y
este especial rol le corresponde al Ministerio de Gobierno y a quienes
les atribuyan actividades a fines. Asimismo,
deben contemplase otras formas de asistencia convenientes, incluidas las de carácter
restaurador, moral, espiritual, social y las basadas en la salud y el deporte. Todos esos programas, actividades y
servicios se brindarán en atención a
las necesidades individuales lo privados de libertad, y considerando aquellas propias
de la edad y género.
El Código de la
Niñez y Adolescencia define las situaciones contempla aquellos casos en los cuales las y los juzgadores pueden dictar medidas
cautelares y socioeducativas para los adolescentes que han cometido un delito.
En cuanto al
juzgamiento de los adolescentes infractores, en el ámbito jurídico, las reformas al Código de la Niñez y
Adolescencia respecto a adolescentes en conflicto con la ley penal a través de la promulgación del Código Orgánico
Integral Penal, definieron las situaciones en las cuales el juez puede dictaminar medidas cautelares y socioeducativas para las y los adolescentes que han infringido la ley penal;
y las instancias encargadas
del cumplimiento de las medidas socioeducativas privativas y no privativas de la libertad.
Medidas de protección
Sobre las Juntas Cantonales, el Art. 205 del Código
de la Niñez y Adolescencia, dice. “Las Juntas
Cantonales de Protección de Derechos son órganos de nivel operativo, con autonomía administrativa y funcional, que
tienen como función pública la protección de
los derechos individuales y colectivos de los niños,
niñas y adolescentes, en el respectivo cantón.
Los órganos de
protección se encargan de proteger a los niños, niñas y adolescentes en caso de amenaza o violación de sus derechos
y garantías individuales o individualmente violadas. Estos órganos de protección son entidades públicas, vinculadas al gobierno
local, son permanentes y autónomos. Estos son los encargados de conocer, en los
casos puestos a su conocimiento o actuando de oficio, las medidas de
restitución de derechos y para esto tendrían una amplia competencia que incluye; tomar las medidas
de protección, promover
la ejecución de medidas, interponer acciones ante órganos
jurisdiccionales y denunciar al Ministerio Público
cuando en una violación a los derechos
exista un delito (Oñate,
2015).
En el Art. 206
del Código de la Niñez y Adolescencia, se determina las principales funciones
de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, las cuales son:
1.
“Conocer, de oficio o a petición de parte, los casos de amenaza o violación de los derechos individuales de niños, niñas y
adolescentes dentro de la jurisdicción del
respectivo cantón; y disponer las medidas administrativas de protección
que sean necesarias para proteger el derecho
amenazado o restituir el derecho
violado;
2. Vigilar la ejecución de sus medidas.
3.
Interponer las acciones necesarias ante los órganos judiciales competentes en los casos
de incumplimiento de sus
decisiones.
4.
Requerir de los funcionarios públicos
de la administración central y seccional, la información y documentos que requieran para el
cumplimiento de sus funciones.
5.
Llevar el registro de las familias, adultos,
niños, niñas y adolescentes del respectivo Municipio a quienes se haya aplicado medidas de protección.
6.
Denunciar ante las autoridades competentes la comisión de infracciones administrativas y penales en contra de
niños, niñas y adolescentes.
7.
Vigilar que los reglamentos y prácticas institucionales de las entidades
de atención no violen los derechos de la niñez
y adolescencia; y, las demás que señale
la ley”.
Sin embargo, a
pesar de existir algunas leyes que respalden la protección de este grupo vulnerable y su atención prioritaria
para una inserción social eficiente, se ha visto afectada, por el hecho de que existen centros que no cumplen con
lo reglamentado, esto con el fin de no realizar
un trabajo más extenso, cansoso
o de horas extras, además
de que muchas veces las actividades que se realizan
se ven limitadas por lo antes mencionado, o simplemente
porque no requieren gastar completamente el presupuesto brindado por el estado
para este grupo vulnerable.
Cabe resaltar que
durante los últimos años iniciando desde el 2019 el Ecuador ha vivido
una crisis política
y económica de corrupción que ha afectado
no solo a los centros
de rehabilitación social, dando como resultado un bajo progreso de
rehabilitación, si no también al campo educativo, de salud, y de diversos
ministerios con recortes
presupuestarios que ya sea a corto o largo plazo dan una deficiencia en
sus labores y servicios a la ciudadanía (Sánchez et al., 2022).
Medidas socioeducativas
Las medidas
socioeducativas son acciones dispuestas por autoridad judicial cuando ha sido declarada
la responsabilidad del adolescente en un hecho tipificado como infracción penal. Su finalidad
es lograr la integración social del adolescente y la reparación o compensación del daño
causado. El objetivo de la aplicación de estas
medidas socio-educativas, es la resocialización del menor, en concordancia con el principio del interés superior
del mismo.
Es por esta
razón que se atiende estrictamente al principio de reserva con la finalidad
de que no sea estigmatizado por la sociedad y su internamiento se
efectúa en lugares distinto de los
adultos, para evitar que reciba algún tipo de influencias negativas que ahonden
su conducta infractora (López, 2011).
Por ello las visitas
dentro de los centros de rehabilitación son vigiladas y controladas, además de ello solo se permite el
ingreso a los familiares, los cuales son revisados desde su ingreso tanto de forma física para evitar el ingreso de
algún objeto perjudicial para el menor, además
de sus documentos de identidad
de esta forma se logra velar por la
seguridad del internado, actualmente este grupo de adolescentes infractores son considerados como grupo de atención prioritaria (Núñez, 2018).
Dentro de estos
centros de rehabilitación social existen varias formas de educar a los adolescentes infractores, a continuación, se detallarán algunos de ellos.
Tipos de Medidas Socioeducativas
Las medidas
socioeducativas son acciones
legales que dispuestas bajo las autoridades competentes (jueces) tienen la finalidad de proteger y velar
por el óptimo desarrollo de los
adolescentes infractores, además de su educación y reintegración familiar,
también son vistas como las sanciones o medidas alternativas que privan de libertad a los menores
de 18 años, durante este proceso algunas cosas y eventos son
restringidos ya que se mantienen bajo vigilancia (Bustamante et al.,
2022).
1.
Amonestación. “Es
un llamado de atención verbal hecho directamente por el juzgador, al adolescente; y, a sus padres o representantes
legales o responsables de su cuidado para que se comprenda la ilicitud de las acciones”.
2.
Imposición
de reglas de conducta. “Es el cumplimiento de determinadas obligaciones y restricciones para que se comprenda la ilicitud de las acciones
y se modifique el comportamiento de cada adolescente, a fin de conseguir la integración a su entorno familiar y social”.
3.
Orientación y apoyo psico-socio familiar. “Es la obligación del adolescente y sus padres,
representantes legales corresponsables de su cuidado,
de participar en programas
de orientación y apoyo familiar para
conseguir la adaptación del adolescente a su entorno familiar y social”.
Esto ayudara a
que el adolescente no se sienta solo en este proceso de cambio y nueva aceptación a la sociedad, por tal motivo
el vincular a la familia
es esencial, ya que desde su nacimiento hasta su vivir
actual se ha mantenido en constante contacto
con ellos, y sentirse acompañado en este cambio es fundamental para presentar cambios positivos en su
tratamiento como lo menciona (Daher et al., 2018).
4.
Servicio a la comunidad. Son aquellas
actividades concretas que una vez revisadas
y aprobadas por un juez las cuales tienen una revisión periódica para comprobar
su proceso, esta sanción tiene benefactor principal a la comunidad,
para que el
adolescente las realice sin menoscabo de su integridad y dignidad, ni afectación de sus obligaciones académicas o laborales, tomando en consideración su edad, sus aptitudes, habilidades y destrezas, y el beneficio
socioeducativo que reportan (Ortega, 2019).
De esta manera
logran visualizar como pequeños trabajos pueden tener un gran reconocimiento social y de la misma forma mantienen
una compensación económica, aprendiendo que las actividades
buenas son recompensadas y que el esfuerzo también
es compensado, este tipo de programas tiene como parte importante
fortalecer algunas de sus habilidades y reforzar sus competencias sin embargo
el aporte personal
que posee cada agente es esencial para que la rehabilitación se lleve a cabo de la mejor manera
posible
5.
Libertad asistida.
“Es el estado de libertad condicionada al cumplimiento de directrices y restricciones de conducta fijadas
por el juzgador, sujeta a orientación, asistencia, supervisión y evaluación, obligándose el adolescente a cumplir programas educativos, a recibir la
orientación y el seguimiento, con la asistencia de especialistas y personas con conocimientos o aptitudes en el
tratamiento de adolescentes”.
Medidas Socioeducativas Privativas
De Libertad
1.
Internamiento Domiciliario. “Es la restricción parcial de la libertad por la cual el adolescente no puede abandonar
su hogar, excepto
para asistir al establecimiento de estudios, de s salud y de trabajo”.
2.
Internamiento De Fin De Semana. “Es la restricción parcial de la libertad en virtud de la cual el adolescente estará obligado a concurrir los
fines de semana al Centro de
Adolescentes Infractores, lo que le permite mantener sus relaciones familiares y acudir normalmente al establecimiento de estudios o de trabajo”.
3.
Internamiento Con Régimen Semiabierto. - “Es la restricción parcial de la libertad por la que el adolescente ingresa en un centro de adolescentes infractores, sin impedir su derecho a concurrir normalmente al
establecimiento de estudio o de
trabajo”.
4. Internamiento Institucional. - “Es la privación total de la libertad
del adolescente, que ingresa en un Centro
de adolescentes infractores, sin menoscabo de la aplicación de los programas
establecidos para su tratamiento. No es suficiente privar de la libertad a los adolescentes infractores, si durante
su internamiento no desarrollar sus habilidades, ni se logra un cambio de conducta”.
El proceso de
aplicación de la Medidas Socioeducativas enfocada en la retribución del adolescente se basa en lo establecido
dentro del (Código Orgánico de La Niñez y Adolescencia, 2014) este delinea
las bases para la instauración de una justicia
restaurativa al adolescente.
El artículo 1 del
(Código Orgánico de La Niñez y Adolescencia, 2014) por su parte, establece la finalidad como la protección
integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes, para
el disfrute pleno de sus derechos, en un
marco de libertad, dignidad y equidad.
El artículo 257
del (Código Orgánico de La Niñez y Adolescencia, 2014) señala las garantías del debido proceso, y el
artículo 306 de la responsabilidad del Estado respecto a los adolescentes que cometan infracciones tipificadas en la
ley penal y que estarán sujetos a medidas socioeducativas por su
responsabilidad.
El artículo
309 del (Código Orgánico de La Niñez y Adolescencia, 2014) por su parte, indica que el proceso de juzgamiento,
además de establecer el grado de participación del adolescente en el hecho del que se le acusa, tiene por finalidad investigar las circunstancias del hecho, la personalidad y conducta del adolescente, y el medio familiar y social en el que se desenvuelve, de
manera que el Juez pueda, de acuerdo a las reglas establecidas, aplicar la medida socioeducativa más adecuada para fortalecer el respeto del adolescente por los derechos
humanos y las libertades fundamentales de terceros, promover la reintegración del adolescente
y que éste asuma una función constructiva en
la sociedad.
En el caso
menores de comunidades indígenas, el Art 7 (Bustos y Maldonado, 2014) mencionan que La ley reconoce y
garantiza el derecho de los niños, niñas y adolescentes de nacionalidades indígenas
y afroecuatorianos, a desarrollarse de acuerdo con su cultura
y en el marco interculturalidad. Y que el Modelo de Atención para
Unidades Zonales de Desarrollo
Integral de Adolescentes Infractores
juzgamientos y la aplicación de
medidas socioeducativas se deben ajustar a lo dispuesto en este Código. En lo
referente a las garantías del debido
proceso, el art 6 se dispone que El Estado adoptara las medidas necesarias para eliminar toda
forma de discriminación.
Finalmente, las
reformas al libro IV y V del (COIP, 2014), establecen las situaciones en las cuales
el Juez puede dictaminar medidas
cautelares y socioeducativas para las y los adolescentes que han infringido la ley penal;
y se establecen las instancias encargadas del cumplimiento de las medidas socioeducativas:
Centros de adolescentes infractores, en los que permanecen los adolescentes a quiénes se les impuso medidas cautelares o medidas socioeducativas privativas de libertad.
Unidades Zonales
de desarrollo integral de adolescentes infractores, en los que se presta atención a quienes se les impone
una medida socioeducativa no privativa de libertad.
METODOLOGIA
Los métodos
aplicados para fundamentar la siguiente investigación están basados en el enfoque cualitativo el cual según autores como (Chamba y Verdesoto, 2022) mencionan
que permite realizar una explicación y un análisis profundo sobre el tema a estudiar, además cabe resaltar que este
tipo de enfoque no conlleva datos numéricos motivo por el cual no se han realizado
muestras de población.
En el campo de
las Ciencias Sociales la publicación de artículos científicos es muy común ya que de esta forma los estudiantes
y futuros profesionales desarrollan las competencias necesarias para su correcto
desenvolvimiento en el mundo laboral,
además gracias a estas
investigaciones logran solventar dudas que en su momento no tuvieron respuestas (Salamanca, 2020).
CONCLUSIONES
En virtud
de lo investigado en los diversos artículos científicos se ha identificado que las
medidas socio-educativas dentro del Ecuador son ineficientes al momento de
aplicar su praxis dentro de los
centros de rehabilitación, constatando que muchas de ellas no se ejecutan tal como lo señala la ley, como
son por las proporcionalidad de las infracciones cometidas por el adolescente infractor siendo así que se
aplican unos menores para aquellas
que deben ir con mayor rigidez por parte de las autoridades que emiten dichas medidas evidenciando dentro del entorno
social del Ecuador un déficit y una falta de
valoración a los casos de los adolescentes infractores lo que
propiamente no permite su adecuado desarrollo educacional para su respectiva reinserción tanto a la sociedad, como en
su entorno familiar y académico, por otra por
el contrario, solo realizan actividades superficiales
con el fin de reducir gastos y horas laborales por parte de los profesionales encargados de este grupo vulnerable, para
así manifestar que se realizado el trabajo pero sin tener en consideración como estas afectarían de manera psicológicas a los adolescentes al momento de verse aplicadas
dichas medidas socio-educativas sin tener un apoyo
psicológico a mayor profundad y estudiando su entorno al que lo lleva a cometer dichas infracciones, por lo cual debería
existir medidas psicosociales que implemente la salud psicológica del menor llevando
algún tipo de tratamiento conductivo que acompañe las medidas socioeducativas que se les imponen
a los menores infractores.
Actualmente el
grado de delincuencia por parte de los adolescentes es uno de los grandes problemas sociales, motivo por el
cual los centros de rehabilitación se han visto saturados, producto muchas
veces del medio ambiente en el que se desarrollan, el mismo que ha rebasado toda expectativa en la
sociedad actual. En el Ecuador se garantizan los derechos de los adolescentes a través
del Estado en sus
normativas como la Constitución de la República
del Ecuador, Tratados
Internacionales y Código de la Niñez y Adolescencia, y las
Autoridades responsables en materia de niñez y adolescencia.
Los centros
de rehabilitación ecuatoriana aun poseen falencias
que necesitan solventar, entre ellas y más importantes
es el aporte que debe brindar el gobierno ecuatoriano para que este grupo de atención prioritaria mantenga un servicio
y recuperación satisfactoria, ya que sin los recursos
necesarios la capacidad de aprendizaje y motivación
es muy limitada.
Para que este programa
de reinserción social y rehabilitación se cumpla satisfactoriamente los padres de familia,
representantes legales o familiares cercanos se deben comprometer a ayudar al cambio y de la misma forma apoyen
al adolescente en todo este proceso, ya que al visualizar un mayor apoyo su rehabilitación será más rápida,
siendo así que el juzgador
que impone las medidas obligue
de manera activa a su entorno familiar al acompañamiento del menor en
sus actividades educativas y psicológicas se le impongan, mientras estas cumplan con el objetivo
por el cual fueron impuestas que es su rehabilitación e integración social.
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