La Inimputabilidad de Personas con Trastornos Mentales en el Ecuador

 

Alvaro Sebastian Ango Haro[1]

[email protected]

https://orcid.org/0009-0008-4708-6389

Universidad Tecnológica Indoamérica,

Ecuador

Karina Dayana Cárdenas Paredes

[email protected]

[email protected]

https://orcid.org/0000-0001-7517-6623

Universidad Tecnológica Indoamérica, Ecuador

 

RESUMEN

La inimputabilidad de personas con trastornos mentales en Ecuador es un tema relevante en el ámbito legal y de salud mental. Ya que, las personas que sufren un trastorno mental no pueden ser juzgadas penalmente, por lo que, se les impone otras medidas como tratamiento médico y apoyo para su rehabilitación. La inimputabilidad no significa que una persona quede exenta de responsabilidad, sino que, pueden recibir medidas de seguridad, como internamiento en un hospital psiquiátrico, para garantizar la protección de la sociedad y su propia rehabilitación. Además, se busca fomentar la integración dentro del resto de la población y la reinserción de estas personas en la colectividad, siempre bajo supervisión y seguimiento médico. El objetivo de la investigación es analizar la inimputabilidad de las personas con trastornos mentales en Ecuador, para lo cual se utilizan métodos de investigación como el de revisión bibliográfica, bajo un enfoque cualitativo. Los resultados revelan que la inimputabilidad se aplica a personas que sufren trastornos mentales en Ecuador, por cuanto, se aplican alternativas a la privación de libertad en determinados casos, en virtud de la mínima intervención del Derecho Penal.

 

Palabras clave:  imputabilidad; trastornos mentales; inimputabilidad; derechos humanos.


 

Not Criminal Responsability Due to Mental Disorder in Ecuador

 

ABSTRACT

The unaccountability of people with mental disorders in Ecuador is a relevant issue in the legal and mental health field. People who suffer from a mental disorder cannot be criminally prosecuted, so other measures such as medical treatment and support for their rehabilitation are imposed on them. Inimputability does not mean that a person is exempt from responsibility, but rather that they can receive security measures, such as internment in a psychiatric hospital, to ensure the protection of society and their own rehabilitation. In addition, the aim is to promote integration into the rest of the population and the reintegration of these people into the community, always under medical supervision and monitoring. The objective of the research is to analyze the unaccountability of people with mental disorders in Ecuador, for which research methods such as literature review are used, under a qualitative approach. The results reveal that inimputability is applied to persons suffering from mental disorders in Ecuador, since alternatives to the deprivation of liberty are applied in certain cases, by virtue of the minimum intervention of Criminal Law.

 

Keywords: imputability; mental disorders; unimputability; human rights.

 

 

 

Artículo recibido 20 agosto 2023

Aceptado para publicación: 25 setiembre 2023


 

INTRODUCCIÓN

La inimputabilidad de personas con trastornos mentales es un tema de suma importancia, la cual ha presionado a la humanidad, a indagar y a realizar más estudios acerca de las personas que sufren de trastornos mentales y que comenten algún tipo de delito, ya que al pasar de los años, se ha encontrado la necesidad de que exista una manera de dar un trato a las personas con trastornos mentales, tanto en el ámbito jurídico, como en el de la salud mental en el Ecuador.

Dentro de la teoría del delito ha sido considerada a la imputabilidad como un presupuesto técnico de la culpabilidad según las escuelas penales. La determinación de la inimputabilidad se basa en la premisa de que las personas con trastornos mentales graves pueden carecer de la capacidad para comprender y controlar sus acciones, todo esto está resuelto por la teoría del delito, de hecho, ecuador se acoge a la escuela finalista en la mayoría de sus preceptos, solo hay que demostrar la carencia de capacidad mental para aplicar de forma obligatoria los preceptos legales que dan tratamiento y solución a esta problemática.

La comprensión de la inimputabilidad de personas con trastornos mentales es esencial para garantizar un enfoque justo y equitativo en el sistema de justicia penal. Además, es fundamental promover la protección de los derechos de estas personas, evitando su estigmatización y asegurando que reciban la atención y el tratamiento adecuados para su condición.

En el Ecuador, existen criterios y procedimientos establecidos en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para determinar la inimputabilidad de las personas con trastornos mentales. Sin embargo, la aplicación efectiva de estos criterios y la disponibilidad de recursos y servicios de salud mental adecuados siguen siendo desafíos que en mucha socasiones obvian estas condiciones humanas.

Es importante realizar una investigación profunda sobre la inimputabilidad de personas con trastornos mentales en el Ecuador, analizando los criterios utilizados por diversos autores para determinar las implicaciones legales y sociales que esto conlleva. Así como también, la manera en que se aborda en el sistema de justicia penal, con el fin de garantizar la protección de los derechos de estas personas y la accesibilidad a la atención de salud mental en el país.

A través del análisis de la literatura existente, se espera contribuir al conocimiento y la comprensión de la inimputabilidad de personas con trastornos mentales en el contexto ecuatoriano, proporcionando una base sólida para el desarrollo de políticas y prácticas que promuevan una justicia equitativa y una atención integral de la salud mental de los ciudadanos en el país. Según el articulo 36 del Código Orgánico Integral Penal (2023), establece:

Trastorno mental.- La persona que al momento de cometer la infracción no tiene la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta o de determinarse de conformidad con esta comprensión, en razón del padecimiento de un trastorno mental, no será penalmente responsable. En estos casos la o el juzgador dictará una medida de seguridad.

La persona que, al momento de cometer la infracción, se encuentra disminuida en su capacidad de comprender la ilicitud de su conducta o de determinarse de conformidad con esta comprensión, tendrá responsabilidad penal atenuada en un tercio de la pena mínima prevista para el tipo penal.

Por lo tanto, una persona puede ser declarada inimputable si, al momento de cometer un delito, se encontraba en un estado de demencia, trastorno mental o desarrollo intelectual gravemente disminuido, que afecte su capacidad de comprender la ilicitud del hecho o de dirigir sus acciones.

Cuando se presenta una situación en la que se sospecha que una persona tiene un trastorno mental que podría afectar su imputabilidad, se lleva a cabo una evaluación psiquiátrica forense. Esta evaluación es realizada por expertos en salud mental designados por la autoridad judicial. El objetivo de la evaluación es determinar si la persona en cuestión, tiene la capacidad para comprender la naturaleza ilícita del delito o dirigir sus acciones de acuerdo con esa comprensión. Es decir, tenga o no, capacidad de motivarse ante la norma penal.

Si la evaluación psiquiátrica determina que la persona sufre de un trastorno mental que la hace inimputable, se tomarán medidas diferentes a las que se aplicarían a una persona imputable. En lugar de enfrentar un proceso penal tradicional, la persona inimputable puede ser sometida a medidas de seguridad y tratamiento en instituciones de salud mental, bajo la supervisión de las autoridades competentes. Es importante mencionar que existe una medida de seguridad establecida en el COIP, que dice:

Internamiento en un hospital psiquiátrico.- (Sustituido por el Art. 42 de la Ley s/n, R.O. 279-S, 29-III-2023).- El internamiento en un hospital psiquiátrico se aplica a la persona inimputable por trastorno mental. Su finalidad es lograr la superación de su perturbación y la inclusión social.

Se impone por las o los juzgadores, previo informe psiquiátrico, psicológico y social, que acredite su necesidad y duración.

Las medidas de seguridad estarán a cargo del ente rector de salud pública (Art. 76)

Es importante destacar que la inimputabilidad no implica impunidad. Las personas declaradas inimputables no quedan exentas de responsabilidad, sino que son sometidas a un sistema de tratamiento y medidas de seguridad destinadas a proteger, tanto su bienestar, como, el de la sociedad. La duración del tratamiento y las medidas de seguridad dependerán de la evaluación y seguimiento continuo de su condición mental.

Es fundamental que el sistema de justicia y salud mental en Ecuador, trabaje en conjunto para garantizar un enfoque equilibrado que proteja los derechos de las personas con trastornos mentales, asegurando un tratamiento adecuado y la seguridad de la comunidad.

A pesar de la existencia de esta regulación, la inimputabilidad de personas con trastornos mentales en Ecuador aún genera debates y desafíos. Algunas críticas argumentan que podría existir una falta de claridad en la determinación de la inimputabilidad y la posibilidad de abuso del sistema. Por otro lado, defensores de los derechos de las personas con enfermedades mentales sostienen que, es fundamental garantizar un proceso legal y médico justo que tenga en cuenta las particularidades y necesidades de estas personas.

En resumen, la inimputabilidad de personas con trastornos mentales en Ecuador es un tema complejo que busca equilibrar la responsabilidad legal con el reconocimiento de las limitaciones que pueden tener aquellos afectados por enfermedades mentales. La búsqueda de soluciones justas y equitativas, es crucial para garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las personas con trastornos mentales, que comenten delitos de acció penal pública o privada.

DESARROLLO

Los Trastornos Mentales

Los trastornos mentales perjudican la salud mental y el funcionamiento psicológico de una persona. Estos trastornos pueden manifestarse en diversas formas y afectar diferentes aspectos de la vida de una persona, incluyendo, su pensamiento, estado de ánimo, comportamiento y relaciones interpersonales. 

Los trastornos mentales pueden tener diversas causas, incluyendo factores genéticos, biológicos, ambientales y psicosociales. Pueden presentarse en diferentes etapas de la vida y manifestarse de diversas formas, desde síntomas leves y transitorios, hasta formas más graves y crónicas. Las personas con trastornos mentales son individuos que experimentan dificultades significativas en su salud mental y bienestar psicológico. Cada persona con un trastorno mental es única y su experiencia puede variar ampliamente, según el tipo de trastorno, su gravedad y su contexto personal.

Existe un estigma social asociado con los trastornos mentales que puede resultar en la discriminación, el rechazo y la falta de comprensión por parte de otras personas. Dichos estigmas pueden dificultar la búsqueda de ayuda y el acceso a los servicios de salud mental. Muchas personas con trastornos mentales pueden beneficiarse de diferentes formas de tratamiento. El que puede incluir terapia psicoterapéutica, medicación, apoyo social y cambios en el estilo de vida. La recuperación varía de una persona a otra y puede implicar la reducción de síntomas, el manejo efectivo de los desafíos y el logro de una vida satisfactoria y significativa.

Hay una gran variedad de trastornos mentales, cada uno con características y síntomas particulares. Algunos ejemplos comunes incluyen la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el trastorno de personalidad, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), entre otros. Cada trastorno mental puede tener un impacto significativo en la vida de la persona que lo padece, así como, en su entorno familiar, social y laboral.

Según Szasz (1961)“los trastornos mentales son etiquetas subjetivas y socialmente construidas que se utilizan para controlar y patologizar comportamientos que pueden ser considerados diferentes o indeseables” (p.113). Lo que el autor manifiesta es que, estos trastornos, son ciertas nominaciones que se les da a personas, que sufren de cierto comportamiento o trastorno inadecuado o que no se encuentra totalmente fijo.

El tratamiento de los trastornos mentales puede ser multifacético y variar según las necesidades individuales. En general, implica una combinación de fármacos, terapia psicológica y apoyo emocional. Algunos trastornos, como la depresión y la ansiedad, pueden ser tratados con medicamentos antidepresivos o ansiolíticos, mientras que otros, como la esquizofrenia, pueden requerir una terapia más prolongada y especializada. Es esencial recordar que cada persona es única y que el trastorno mental no define completamente su identidad. Las personas con trastornos mentales merecen ser tratadas con dignidad, respeto y comprensión, al igual que cualquier otra persona.

La imputabilidad como presupuesto de la culpabilidad

La imputabilidad es un concepto fundamental en el ámbito del derecho penal y se refiere a la capacidad de una persona para ser considerada responsable de sus acciones delictivas. Es un presupuesto necesario para establecer la culpabilidad de un individuo en un delito. Uno de los autores relevantes en el estudio de la imputabilidad es Zaffaroni (2012), quien sostiene que “La imputabilidad se basa en la capacidad de comprender la ilicitud de la conducta y de actuar conforme a esa comprensión” (p. 213). La imputabilidad implica que el sujeto tenga un adecuado desarrollo mental y carezca de causas para que pueda excluir la culpabilidad. No obstante, señala que la imputabilidad puede ser excluida si existen causas que afecten la capacidad del individuo para ser responsable penalmente. Estas causas pueden ser de naturaleza psicológica o biológica, como trastornos mentales o enfermedades que afecten el juicio y la capacidad de control de la conducta.

Además, Zaffaroni (2012)  "Propone que la imputabilidad se basa en la habilidad para comprender la ilegalidad de la conducta y actuar en consonancia con dicho entendimiento." Por lo que, destaca la importancia de que el sujeto tenga un adecuado desarrollo mental y carezca de causas que lo excluyan de la responsabilidad penal, como trastornos mentales o enfermedades que afecten su capacidad de discernimiento y control de la conducta. Estas ideas han contribuido al debate sobre la imputabilidad y han influido en el desarrollo del sistema de justicia penal.

De lo anterior, puede deducirse que, la imputabilidad, implica que el individuo posea un desarrollo mental adecuado. Esto requiere que el sujeto tenga la capacidad cognitiva necesaria para entender que su conducta es contraria a la ley y, por lo tanto, es ilícita. Además, se espera que el sujeto tenga la capacidad volitiva de actuar en concordancia con esa comprensión, es decir, que sea capaz de controlar sus impulsos y decidir no llevar a cabo la conducta ilícita.

Entonces, la imputabilidad implica que una persona debe tener un grado suficiente de capacidad mental y volitiva para ser considerada responsable de sus actos. Esto significa que, la persona debe ser capaz de entender la naturaleza y consecuencias de sus acciones y de tener el control sobre ellas. Si una persona carece de esta capacidad debido a una enfermedad mental, discapacidad intelectual u otra condición que afecte su facultad de comprensión y control, puede considerarse que no es imputable.

La imputabilidad es un concepto que tiene su fundamento en la idea de la responsabilidad individual. En el sistema penal, se considera que una persona es responsable de sus acciones y, por lo tanto, debe enfrentar las consecuencias legales si comete un delito. Sin embargo, para que la responsabilidad pueda atribuirse de manera justa, es necesario que la persona tenga la capacidad de discernimiento y control sobre sus acciones.

Por otro lado, Roxin (2010) refiere que, “…la imputabilidad es la capacidad de entender y querer, es decir, de comprender la naturaleza y consecuencias de sus actos y de dirigir su voluntad de acuerdo con ese entendimiento” (p.165). Además, el autor destaca la importancia de considerar la imputabilidad como un concepto flexible que debe adaptarse a las características individuales de cada persona.

En resumen, Roxin sostiene que la imputabilidad es un requisito clave para atribuir la culpabilidad a una persona. Según él, la imputabilidad se refiere a la capacidad de comprender y querer; es decir, entender la naturaleza y las consecuencias de los propios actos y dirigir la voluntad de acuerdo con ese entendimiento. El autor también destaca la importancia de considerar la imputabilidad como un concepto flexible que se ajuste a las características individuales de cada persona. En pocas palabras, puede decirse que, la persona loca, enajenada o trastornada mentalmente, al tener una percepción distorsionada de la reaidad y actuar en consecuencia, deja afectada también, su voluntad, pues no sabe lo que quiere, ni para qué, ni por qué lo quiere.

La imputabilidad, en defintiva, es un elemento esencial para establecer la culpabilidad de un individuo y determinar la pena correspondiente. Diversos autores han abordado este concepto y han realizado importantes contribuciones al respecto.

La inimputabilidad y sus consecuencias en la configuración del delito

La inimputabilidad es un concepto fundamental en el ámbito del Derecho penal. Se refiere a la incapacidad de una persona para ser considerada culpable y, responsable penalmente, debido a su estado mental o afecciones psicológicas. En este contexto, la inimputabilidad puede tener importantes consecuencias en la configuración del delito y en las decisiones judiciales. Además, está relacionada con la capacidad de comprensión y discernimiento de una persona en el momento de cometer un delito. Cuando se establece la inimputabilidad, se reconoce que el individuo no posee la capacidad mental necesaria para entender la naturaleza y consecuencias de sus actos. Esto puede deberse a trastornos mentales, discapacidades intelectuales o enfermedades psicológicas.

Zaffaroni (2002). "La inimputabilidad es la condición de aquel que no puede ser considerado responsable por sus acciones debido a alguna limitación mental o psicológica. Es un concepto fundamental en el ámbito del derecho penal"(p.130). Relacionando a lo que menciona el autor, Zaffaroni, la inimputabilidad es un principio que humaniza el sistema de justicia penal, reconociendo que las personas con discapacidades mentales o trastornos psicológicos graves pueden no ser moral o legalmente culpables de sus acciones. Al hacerlo, el derecho busca proteger los derechos y la dignidad de estas personas, evitando que sean tratadas de la misma manera que aquellos que cometen delitos conscientemente y con plena capacidad de discernimiento.

En términos legales, la inimputabilidad puede tener distintas implicaciones en la configuración del delito. En primer lugar, cuando se declara la inimputabilidad de un individuo, se excluye su culpabilidad, y en consecuencia, su responsabilidad penal. Por lo tanto, no se le puede imponer una pena. En lugar de ello, se pueden aplicar medidas de seguridad, como la de internamiento en un hospital psiquiátrico o centros de tratamiento, con el objetivo de proteger a la sociedad y brindar atención adecuada al individuo.

Según Jescheck (1996): "La inimputabilidad no significa impunidad. Las personas inimputables pueden recibir medidas de seguridad y tratamiento adecuados para su condición, con el objetivo de proteger su bienestar y la seguridad de la sociedad."(p. 85). En palabras más sencillas, es importante comprender que el enfoque no es dejar impune a los individuos inimputables, sino, encontrar un equilibrio entre la justicia y la protección. Estas personas pueden ser sometidas a medidas restrictivas de libertad, como la internación en instituciones especializadas o la supervisión comunitaria, con el objetivo de garantizar su atención y reducir los riesgos asociados a su condición.

La inimputabilidad también puede influir en la forma en que se lleva a cabo el proceso judicial. En muchos sistemas legales, se requiere que se demuestre la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable. Sin embargo, cuando se presenta evidencia de inimputabilidad, el enfoque puede cambiar hacia la evaluación de la condición mental del individuo en lugar de la culpabilidad tradicional. Esto implica la participación de expertos forenses y psiquiatras para determinar si el acusado es o no, imputable.

Para Cancio (1992): "La inimputabilidad implica una exclusión de responsabilidad penal, pero no necesariamente una exclusión de otras formas de responsabilidad, como la civil o administrativa. Es importante distinguir entre la responsabilidad penal y otras formas de responsabilidad jurídica." (p.195). Por lo tanto, se refleja el poder observar bien, cuándo y cómo se debe ser catalogado como imputable, a pesar de su trastorno.

La exclusión de la culpabilidad como consecuencia de la inimputabilidad tiene un impacto directo en la configuración del delito. En un sentido legal, la culpabilidad es un elemento esencial para establecer la responsabilidad penal de una persona. Sin embargo, cuando se declara la inimputabilidad, se reconoce que el individuo carece de la capacidad mental necesaria para ser considerado culpable de sus acciones delictivas.

Esta exclusión de la culpabilidad tiene implicaciones significativas en la configuración del delito, ya que impide la aplicación de sanciones penales tradicionales, como penas de prisión o multas. En lugar de ello, se buscan alternativas enfocadas en la atención y tratamiento de la persona, con el objetivo de abordar su condición mental subyacente y minimizar el riesgo de futuros delitos.

Es importante destacar que la exclusión de la culpabilidad no significa que la persona quede completamente libre de cualquier tipo de consecuencia legal. En cambio, se pueden aplicar medidas de seguridad para salvaguardar los intereses de la sociedad y del individuo en cuestión. Estas medidas pueden incluir internamiento en instituciones especializadas, seguimiento psicológico, tratamiento médico o supervisión judicial.

Sobre esto, algunos críticos argumentan que esta exclusión puede socavar la idea de responsabilidad individual y debilitar el principio de igualdad ante la ley. Otros, sostienen que es necesario considerar las limitaciones mentales de una persona al evaluar su grado de culpabilidad y que la inimputabilidad busca garantizar una respuesta más justa y adecuada a sus necesidades.

En resumen, la exclusión de la culpabilidad como consecuencia de la inimputabilidad tiene un impacto directo en la configuración del delito, ya que impide la imposición de sanciones penales tradicionales, por no configurarse el delito en cuestión, dada la ausencia del elemento culpabilidad. En su lugar, se adoptan medidas de seguridad y se enfatiza la atención y el tratamiento de la persona para abordar su condición mental.

Según Roxin, (1997) "La inimputabilidad es una manifestación de la dignidad y el respeto hacia la persona humana. Reconoce que algunas personas, debido a su condición mental, no pueden ser consideradas responsables en el sentido penal, pero no por ello deben ser tratadas de manera discriminatoria o injusta." (p.108). En síntesis, se busca defender y mitigar un poco la discriminación, quizás por tener algún tipo de trastorno, donde no puede ser totalmente imputable, se los discrimina y quizás, se les brinda un trato injusto a aquellos que merecen un trato mejor, esto solo basándose en su condición mental.

El tratamiento con medida de seguridad al inimputable por incapacidad mental

El tratamiento con medida de seguridad al inimputable por incapacidad mental es una cuestión legal y clínica crucial que busca garantizar la seguridad de la sociedad y brindar atención adecuada a las personas que cometen delitos debido a su incapacidad mental. Por ello, se establecen legalmente, esas medidas de seguridad con el objetivo de proteger, tanto al individuo, como a la sociedad, proporcionando tratamientos y cuidados específicos que se ajusten a las necesidades de cada caso.

La aplicación de medidas de seguridad al inimputable por incapacidad mental, se basa en una serie de fundamentos teóricos que buscan equilibrar la protección de los derechos humanos. Sin embargo, cuando una persona sufre de una enfermedad mental que le impide comprender o controlar sus acciones, se considera inimputable y, en lugar de recibir una pena, se le impone una medida de seguridad.

Parafraseando a Fuentes (2022), aunque los delitos cometidos por personas que padecen de algún tipo de trastorno mental no se perpetran de forma masiva en el Ecuador, la situación jurídica y los derechos fundamentales de este grupo de personas no pueden ser desconocidos dentro del ordenamiento jurídico del Estado.

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 35 precisa quiénes son las personas que forman parte de los grupos de atención prioritaria, y aunque las personas que padecen de trastornos o enfermedades mentales no se encuentran mencionadas o reconocidas expresamente dentro de dicho grupo o de categoría de personas que merece una atención especial del Estado, un problema de salud mental bien puede encajar en el contexto de la discapacidad, en este caso mental, siendo que la discapacidad en sentido general sí es mencionada en la Constitución de la República del Ecuador.

Según Smith, (2020) "El objetivo principal del tratamiento con medidas de seguridad es proteger tanto a la sociedad como al propio individuo inimputable. Se busca brindar atención médica y psicológica, así como crear un entorno seguro que promueva la recuperación y la reintegración social" (p.213).

El tratamiento con medidas de seguridad es una herramienta esencial en el sistema de justicia para abordar los casos de individuos inimputables, es decir, aquellos que, debido a condiciones mentales o psicológicas, no pueden ser responsabilizados por sus actos delictivos. Su objetivo principal es doble; en primer lugar, proteger a la sociedad en general, asegurando que estos individuos no representen una amenaza para otros ciudadanos; y, en segundo lugar, velar por el bienestar y la recuperación del propio individuo inimputable.

Para lograr estos propósitos, el tratamiento se enfoca en varios aspectos fundamentales. En primer lugar, brinda atención médica y psicológica especializada, dirigida a entender y abordar las condiciones mentales que han llevado al comportamiento delictivo. Se busca diagnosticar y tratar cualquier trastorno o enfermedad mental que pueda estar presente, con el fin de mejorar la salud mental del individuo y reducir el riesgo de futuros actos delictivos.

Además, el tratamiento con medidas de seguridad busca crear un entorno seguro y adecuado para el proceso de rehabilitación y recuperación del individuo inimputable. Esto implica proporcionar un ambiente donde la persona pueda sentirse comprendida y apoyada, evitando situaciones que puedan agravar su condición o impulsar comportamientos violentos.

La reintegración social es otro pilar importante del tratamiento. Se trabaja para proporcionar al individuo inimputable habilidades sociales y herramientas para su reinserción en la sociedad una vez que esté en condiciones de hacerlo. Esto puede implicar programas de capacitación laboral, educativa y asesoramiento para mejorar sus relaciones interpersonales.

Por otra parte, González (2018) plantea que:

Es fundamental que las medidas de seguridad sean proporcionales a la gravedad del delito cometido y a la peligrosidad del individuo. No se trata de castigar, sino de proteger y rehabilitar, siempre respetando los derechos humanos y la dignidad de la persona (p.172).

Este texto resalta la importancia de aplicar medidas de seguridad proporcionales a la gravedad del delito y al perfil del individuo involucrado. En lugar de enfocarse únicamente, en el castigo, destaca la necesidad de proteger y rehabilitar a los infractores, manteniendo siempre el respeto por los derechos humanos y la dignidad de cada persona.

En definitiva, este enfoque que equilibra la protección de la sociedad con el respeto a los derechos individuales y la rehabilitación, es esencial para construir un sistema de justicia más humano, efectivo y con resultados más positivos a largo plazo. La consideración de la peligrosidad y la gravedad del delito, junto con el respeto a la dignidad de cada persona, forman una base sólida para una sociedad más justa y equitativa. Asímismo, López, (2019) dice que:

La implementación de medidas de seguridad debe ser multidisciplinaria y contar con la participación de profesionales de la salud mental, el sistema judicial y otros expertos. Se requiere una evaluación exhaustiva para determinar el tipo de tratamiento más adecuado en cada caso (p.154).

Este texto destaca la importancia de una implementación multidisciplinaria de medidas de seguridad, lo cual, es fundamental en el contexto de la salud mental y el sistema judicial. La colaboración entre profesionales de diferentes áreas, garantiza una visión más completa y equilibrada, al abordar situaciones delicadas que involucran la seguridad y el bienestar de las personas.

La idea de realizar una evaluación exhaustiva es esencial para determinar el tipo de tratamiento más adecuado en cada caso particular. Cada individuo es único, y sus circunstancias y necesidades específicas deben ser tenidas en cuenta para garantizar que la medida de seguridad establecida en el articulo 76 del COIP sea efectiva y justa. La evaluación cuidadosa también puede ayudar a identificar posibles riesgos y factores que contribuyan a la situación, permitiendo un abordaje más completo y preventivo. Según Rodríguez (2021):

Es importante que el tratamiento con medidas de seguridad se enfoque en abordar las causas subyacentes de la incapacidad mental y brindar herramientas para el manejo de los impulsos y el control de conductas. Esto puede incluir terapia individual y grupal, así como el uso de medicación en algunos casos (p.98).

Este texto resalta la importancia de un enfoque integral en el tratamiento de la incapacidad mental, centrándose en abordar las causas subyacentes y proporcionar herramientas efectivas para el manejo de los impulsos y el control de conductas.

La terapia individual brinda la oportunidad de trabajar en profundidad con un profesional, mientras que la terapia grupal puede fomentar el apoyo y la comprensión entre los miembros del grupo.

Además, el texto menciona el uso de medicación en algunos casos. Es indispensable reconocer que en ciertas situaciones, la medicación puede ser beneficiosa para estabilizar los síntomas y permitir que la terapia sea más efectiva. Sin embargo, también es importante enfatizar que la medicación no debe ser considerada como la única solución, sino, como una parte complementaria del tratamiento.

En general, el texto resalta la importancia de un enfoque holístico en la atención a la incapacidad mental, integrando diferentes estrategias terapéuticas para brindar un cuidado completo y efectivo a las personas que lo necesiten. Es alentador ver cómo se enfoca en el bienestar y la calidad de vida de los individuos, buscando proporcionarles las herramientas necesarias para mejorar su funcionamiento y enfrentar los desafíos que puedan surgir.

Fernández (2017) habla sobre:

La reintegración social del inimputable debe ser una meta a largo plazo. Para lograrlo, es necesario establecer programas de seguimiento y apoyo continuo después de la liberación, así como promover la sensibilización y la educación sobre los trastornos mentales en la sociedad (p.112).

La conclusión acerca del tratamiento con medidas de seguridad para personas inimputables por incapacidad mental, es que su objetivo principal debe ser el equilibrio entre la protección de la sociedad y el respeto de los derechos humanos del individuo. Si bien es necesario salvaguardar la seguridad pública, también es relevante brindar atención y tratamiento adecuados, a las personas que sufren de trastornos mentales graves.

Además, es importante que el sistema legal promueva la revisión periódica de las medidas de seguridad para evaluar la progresión del inimputable y determinar si la liberación o la modificación de las medidas son apropiadas. Esta evaluación debe tener en cuenta tanto, la protección de la sociedad como el bienestar y los derechos del individuo.

En resumen, el tratamiento con medidas de seguridad para personas inimputables por incapacidad mental es el que busca un equilibrio entre la protección de la sociedad y el respeto de los derechos humanos individuales. La atención médica adecuada, la rehabilitación y la revisión periódica son elementos clave para garantizar un enfoque justo y humanitario en estos casos.


 

Revisión crítica del tratamiento normativo y práctico a la inimputabilidad en el proceso penal ecuatoriano

La inimputabilidad es una figura crucial en el sistema penal, ya que trata de determinar si una persona puede ser responsabilizada penalmente por sus acciones debido a su capacidad mental. En el Ecuador, esta cuestión se aborda en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y ha sido objeto de debate y controversia.

En el COIP, se establecen las condiciones para declarar a una persona inimputable. De acuerdo con el artículo 35, una persona será inimputable si, en el momento del hecho punible, no tenía la capacidad de comprender la ilicitud del acto o de dirigir sus acciones debido a una patología mental o a una alteración grave de sus facultades mentales. Si bien la intención detrás de esta disposición es proteger a personas con trastornos mentales que no pueden ser responsables de sus acciones, la aplicación práctica de la inimputabilidad en el sistema judicial ecuatoriano puede ser problemática.

En primer lugar, la determinación de la inimputabilidad a menudo es compleja y requiere una evaluación psiquiátrica y pericial adecuada. Sin embargo, en muchos casos, los recursos y la formación del personal judicial y pericial pueden ser insuficientes para llevar a cabo una evaluación rigurosa y precisa. Esto puede llevar a fallos injustos, donde personas con trastornos mentales no reciben el tratamiento adecuado o son privadas de su libertad sin que se tenga en cuenta su capacidad de culpabilidad.

Además, la inimputabilidad en el proceso penal ecuatoriano, no siempre garantiza una atención médica y social adecuada para las personas con problemas de salud mental. A menudo, son internadas en centros penitenciarios sin recibir el tratamiento y apoyo que realmente necesitan. Esto, plantea cuestiones de derechos humanos y dignidad de las personas, lo que contradice los principios de humanización del sistema de justicia penal.

Por otro lado, también se ha cuestionado la posibilidad de abuso del concepto de inimputabilidad. Algunos temen que, algunas eprosnas que resultan acusadas y que tienen influencias o poder económico, puedan intentar utilizar la inimputabilidad como una estrategia para evitar la responsabilidad penal.

Para abordar las deficiencias mencionadas, resulta imperativo adoptar un enfoque integral y centrado en el aspecto humanitario en el manejo de la inimputabilidad en el marco del proceso penal en Ecuador. Esto implica una mejora sustancial en las capacidades de evaluación psiquiátrica y pericial, asegurando de manera rigurosa el respeto irrestricto de los derechos de aquellos individuos que enfrentan problemas de salud mental, así como garantizar la prestación de la atención médica adecuada. Adicionalmente, se hace necesario tomar medidas enérgicas para evitar cualquier forma de posible abuso o mal uso del concepto de inimputabilidad en el sistema de justicia penal ecuatoriano.

Asimismo, es vital implementar programas de capacitación y sensibilización para jueces, fiscales, abogados y todo el personal involucrado en el proceso penal, para que puedan comprender mejor, los problemas de salud mental y abordarlos adecuadamente, en el sistema de justicia.

En conclusión, la inimputabilidad es una figura necesaria en el sistema penal ecuatoriano para proteger a personas con problemas de salud mental, pero su tratamiento normativo y práctico debe mejorarse significativamente. Esto implica asegurar evaluaciones imparciales y de alta calidad, proporcionar un tratamiento adecuado, proteger los derechos de las víctimas y realizar revisiones periódicas. El objetivo final debe ser encontrar un equilibrio que garantice la justicia y los derechos de todos los involucrados en el sistema penal.

Además, la falta de un enfoque interdisciplinario en la evaluación de la inimputabilidad también puede ser un problema. La determinación de la capacidad mental de un individuo no solo debe recaer en expertos en psiquiatría o psicología, sino que debería involucrar a profesionales de diferentes áreas como la psicología, la neurología y el trabajo social. De esta manera, se garantiza una evaluación más completa y precisa, y se evitan posibles sesgos.

Otro aspecto crítico, es la duración de la internación para personas declaradas inimputables. En muchos casos, se establece una internación indefinida en centros de atención psiquiátrica, lo que puede resultar injusto y contrario a los principios de proporcionalidad y rehabilitación. La ley debería establecer límites claros en cuanto a la duración de la internación y establecer mecanismos para revisar periódicamente la situación de las personas internadas, con el fin de evaluar si están en condiciones de ser liberadas o si necesitan continuar recibiendo tratamiento.

Por último, es fundamental fomentar la sensibilización y la educación pública sobre los problemas de salud mental y la inimputabilidad. La falta de conocimiento y la estigmatización en torno a estas cuestiones, pueden afectar negativamente, la percepción de la sociedad y los operadores de justicia, lo que a su vez, influye en la forma en que se tratan estos casos.

CONCLUSIONES

La inimputabilidad de las personas con trastornos mentales es un tema complejo y multidisciplinario que requiere de una atención cuidadosa tanto por parte del sistema legal, como del sistema de salud mental en el Ecuador. Es esencial promover la colaboración entre profesionales del derecho y de la salud, para establecer criterios claros y protocolos objetivos que guíen la determinación de la inimputabilidad. Asimismo, se deben fortalecer los programas de tratamiento y rehabilitación para garantizar la adecuada atención de las personas con trastornos mentales y prevenir la reincidencia delictiva. Solo, a través de un enfoque integral y basado en la evidencia, será posible abordar de manera efectiva, la inimputabilidad de las personas con trastornos mentales en el Ecuador.

Además, se debe promover una colaboración estrecha entre los profesionales del derecho y de la salud mental, garantizando la aplicación de evaluaciones rigurosas y objetivas, para determinar la inimputabilidad. La estandarización de los protocolos de evaluación y el fortalecimiento de la capacitación de los profesionales involucrados, son pasos esenciales para garantizar la justicia y equidad en estos casos.

Asimismo, es fundamental abordar las implicaciones éticas y sociales asociadas con la inimputabilidad. Se deben adoptar medidas para evitar el abuso de esta figura legal, al tiempo que se garantiza que las personas con trastornos mentales reciban el tratamiento y la atención adecuados para su rehabilitación. Esto implica desarrollar programas efectivos de tratamiento y rehabilitación que aborden las necesidades específicas de las personas con trastornos mentales y promuevan su reintegración en la sociedad.

En última instancia, la protección de los derechos de las personas con trastornos mentales y la responsabilidad penal deben equilibrarse cuidadosamente. Es necesario reconocer que los trastornos mentales pueden influir en la capacidad de una persona para comprender la ilicitud de sus actos o controlar sus impulsos, lo que puede justificar la inimputabilidad. Al mismo tiempo, se deben establecer salvaguardias para evitar el uso inapropiado de esta figura legal y garantizar que las personas con trastornos mentales no sean privadas de su derecho a un juicio justo y a recibir tratamiento adecuado.

En resumen. Solo a través de un enfoque colaborativo y basado en la evidencia, se podrá lograr un sistema de justicia equitativo y una atención adecuada para las personas con trastornos mentales, promoviendo así su reintegración y bienestar en la sociedad.

LISTA DE REFERENCIAS

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