El Impacto del
Microcrédito en Ecuador y Cómo ha Influido en la Implementación de Cajas
Rurales y Bonos Sociales
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María Belén Medina-Cáceres[1] https://orcid.org/0009-0009-4027-2987 Instituto Superior Tecnológico Humane Ecuador
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Luis Alberto Mera Maldonado https://orcid.org/0009-0008-9245-9930 Instituto Superior Tecnológico Humane Ecuador
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RESUMEN
Por los niveles de pobreza de los países de la región de América Latina y el Caribe, se busca analizar la importancia del microcrédito como fuente de financiamiento para el crecimiento económico de las actividades productivas y mejora del bienestar de los hogares, enfocado en las zonas de mayor necesidad. En Ecuador, el acceso a servicios bancarios y fuentes de financiamiento para el crecimiento es aún una necesidad insatisfecha, lo que afecta principalmente a habitantes de zonas rurales de mayor pobreza. La metodología utilizada para analizar dichos cambios se basa en un análisis cualitativa, exploratoria y observacional sobre las principales fuentes que abarcan a la realidad de esta problemática a traves del análisis de información proveniente de fuentes generales y públicas, llegando a la conclusión de que el difícil acceso a los servicios bancarios, el alto costo del financiamiento, entre otros factores, obstaculiza su uso, promoviendo la aplicación de alternativas de financiamiento como son los bonos sociales y las cajas rurales.
Palabras clave: Microcrédito; bonos sociales; cajas rurales; Ecuador.
The Impact of Microcredit in Ecuador and How It Has Influenced the Implementation of Rural Savings Banks and Social Bonds
ABSTRACT
The poverty levels of the countries in the Latin American and Caribbean region reach 26.5% of inhabitants in 2021, as a result of the various external and internal events that detonate in each country, which causes an even slower recovery of the impacts of the Covid-19 pandemic. In Ecuador, it was reported as of December 2022 that 25.2% of its national population was below the income poverty line, and 7.5% of the national population is below the extreme income poverty line. The impact of microcredit in the country was analyzed, mainly in rural areas, and its importance for economic growth and improvement of household well-being. Concluding that the difficult access to banking services, the high cost of financing, among other factors, is an obstacle that limits productive growth and generates the application of financing alternatives such as social bonds and rural savings banks. Both aid mechanisms to cover financing needs, but focused on specific objectives in the case of bonds, and with greater participation of community residents in the case of rural savings banks. There is still an unmet need in Ecuador, in relation to access to banking services and sources of financing, which mainly affects the inhabitants of the poorest rural areas. In places where families carry out productive activities, there is still a lack of economic support to sustain themselves in times of difficulty or to increase their productivity, and therefore generate benefits for their family circle, for the community and for society in general.
Key words: Microcredit; social bonds; rural boxes; Ecuador.
Artículo recibido 19 agosto 2023
Aceptado para publicación: 20 setiembre 2023
Los sectores económicos más pobres necesitan constantemente de apoyo para desarrollarse, crecer económicamente y mejorar su bienestar familiar; apoyo que suele llegar a través de financiamientos, los cuales, dependiendo de su origen, van a ofrecerles condiciones más o menos convenientes. Dicho financiamiento puede provenir de organismos internacionales de apoyo a países en desarrollo, de instituciones gubernamental o de instituciones financieras del sector privado, cuyos costos difieren dependiendo del objetivo que buscan alcanzar, ya sea para reducción de la pobreza o para generación de ingresos.
En Ecuador, el financiamiento proveniente del sector financiero privado o público corresponde principalmente al segmento de microcréditos que es una herramienta financiera valiosa en el objetivo de promover el desarrollo económico y reducir la pobreza, y que ha venido crecimiento importante en los últimos años según la Asociación de Bancos del Ecuador ASOBANCA (2022)[2]. Entre las ventajas de este tipo de financiamiento están: el dar acceso a créditos a personas de bajos ingresos, fomentar el desarrollo de pequeñas empresas y el empleo, y ayudar a las personas a salir de la pobreza en el largo plazo.
No obstante, algo que se está observado en los microcréditos ofrecidos tanto por el sector financiero público como por el privado, es que estos muestran desaceleración en el crecimiento del número de operaciones otorgadas, y esto en parte es debido a las tasas de interés cobradas, de acuerdo con lo analizado por la ASOBANCA. Esto sumado a estudios realizados en otros países, refuerza la duda de si los microcréditos en realidad están funcionando[3]. Esto es por lo que los gobiernos deben participar en el financiamiento de proyectos sociales para el crecimiento de la economía, especialmente en apoyo de las clases sociales más necesitadas, y además saben que deben utilizar otras herramientas de financiamiento.
Dentro del mercado mundial de deuda sostenible, se encuentran los bonos temáticos, que atraen capitales para el financiamiento de diversos programas sociales, ambientales o de sostenibilidad. Dichos bonos buscan generar un impacto positivo en las diferentes sociedades, de tal manera que se alcancen las metas de desarrollo sostenible global y de medio ambiente de las Naciones Unidas, lo que se ha visto afectado por diferentes acontecimientos mundiales, como la pandemia del Covid19 y la guerra en Ucrania[4].
Desde el 2007, la expansión del mercado de los bonos sociales y de sostenibilidad ha sido notable, llegando en el primer semestre del 2021 a 18.300 millones de dólares en emisiones acumuladas. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) junto con la Corporación Interamericana de Inversiones (BID Invest) son un ejemplo de organismos internacionales que impulsan programas gubernamentales a través de emisión de bonos sociales soberanos. Solo en América Latina, el BID emitió bonos por alrededor de US$1.000 millones para financiar proyectos con diversos objetivos, como equidad de género y empoderamiento a las mujeres en Latinoamérica y el Caribe.[5]
Este estudio empezará con un breve análisis general del desempeño del microcrédito en América Latina y en Ecuador. Luego se expondrá cómo ha sido la implementación de mecanismos alternativos de financiamiento en áreas rurales más inaccesibles de Ecuador y si su impacto ha sido positivo. A través de un análisis de autores como Ricardo, D., Arango, L. & Taboada, R. (Microcrédito y pobreza: su relación con el desarrollo endógeno local)., de Sánchez-Riofrio, A.M., Lupton, N.C., Camino-Mogro, S. and Acosta-Ávila, A. (para citarne algunos) pero también con un enfoque a los artículos sobre el micro crédito por parte de organismos ecuatorianos e internacionales como la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) exploraremos el funcionamiento de microcredito y las cajas rurales, llegando a las conclusiones del porqué dichos sistemas están poco implementados en Ecuador.
Para este análisis, se consideraron las fuentes bibliográficas principales relacionadas con nuestros temas de interés, pero enfocado en un análisis cualitativo sobre algunas experiencias de microcrédito, los social bond y cajas rurales en Ecuador para generar un aporte académico acorde a la metodología y aplicable a sector empresarial
A través de una revisión exploratoria, se describirá el sujeto al que le impacta el tema de estudio y se relacionará con los diversos participantes ya sean personas o entidades, quienes pueden tener vínculo en el proceso.
El estudio contiene un análisis general del desempeño del microcrédito en América Latina y en Ecuador. De esta manera, poder exponer de manera general cómo ha sido la implementación de los diversos mecanismos de financiamiento alternativos, enfocados a las áreas rurales de acceso más reducido que alberga a individuos con necesidades más insatisfechas de Ecuador, buscando evaluar el impacto.
De hecho, las microfinanzas surgen principalmente como un instrumento para llegar a los sectores más desfavorecidos de países con mayores niveles de pobreza, cuyo sistema financiero tradicional no ha podido cubrir. Y las razones pueden ser varias, ya sea que los interesados en el financiamiento no cumplen con los requisitos mínimos para aplicar, el nivel riesgo de incumplimiento es muy alto, falta de infraestructura, o por falta simplemente de interés en llegar a ese sector de la sociedad.
Desde los primeros experimentos efectuados hace 50 años, para proporcionar pequeños préstamos a mujeres pobres, el microfinanciamiento ha crecido vigorosamente hasta convertirse en una industria sofisticada. El BID calcula que en América Latina y el Caribe, alrededor de 600 instituciones de microfinanzas han colocado alrededor de US $ 12 mil millones en más de 10 millones de clientes de bajos ingresos[6].
También, exploraremos el funcionamiento de los bonos sociales y las cajas rurales en Ecuador, como una fuente de financiamiento básico y de objetivos específicos. Enfocándonos en los reportes y publicaciones que pueden funcionar como indicadores de resultados, que reportan una vista del panorama de estos mecanismos de financiamiento, podremos inferir más allá de su desempeño, si ha sido del todo favorable o si fuera recomendable tener un mayor análisis de datos.
LAS MICROCREDITO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
América Latina y el Caribe es una región caracterizada por tener países con niveles de desarrollo y pobreza diversos. En el reporte del Banco Mundial de abril 2023[7], que habla de niveles de pobreza del 26.5% en el 2021, se expone también que un impacto mayor sobre la pobreza de la región ha ocurrido, resultado de la guerra Rusia-Ucrania, lo que no permitió la total recuperación del impacto de la pandemia del Covid-19. La guerra ocasionó el incremento de los precios de los alimentos y la energía. Los efectos difieren entre cada país, evidenciándose países con incremento en sus niveles de pobreza (Colombia, Perú, Costa Rica), países con tensiones sociales (Panamá) y países con crisis alimentaria que podría llegar a problemas de inseguridad alimentaria (Centroamérica, Haití y países andinos).
Sin embargo, no todo es negativo, y considerando la historia de superación que los países América Latina y el Caribe han afrontado, crecen las expectativas de superar también estas condiciones adversas.
Ante este panorama, es evidente la utilidad que tienen los instrumentos de financiamiento enfocados en el sector de mayor necesitad, en el afán de disminuir la pobreza y generar condiciones apropiadas para un desarrollo endógeno (Arango y Taboada, 2020)[8].
El BID ha sido pionero en la promoción de las microfinanzas en la región. En las últimas dos décadas, su Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) ha impulsado la ampliación de las principales redes de microfinanzas y ha fomentado muchas innovaciones que permitieron el desarrollo de esta dinámica industria[9].
Con lo expuesto entendemos la utilidad de estos mecanismos financiamiento, pero como el microcrédito no cumple al cien por ciento el llegar a todos los ciudadanos que lo necesitan, surgen las programas de microfinanciamiento, que captan capitales enfocados a diversos programas.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) reporta que al 2022 en Ecuador existían registradas 863 mil de empresas, habiendo sido 888 mil antes de la pandemia. Al 2022 el 90% son microempresas, 7% son pequeñas empresas, 2% son empresas medianas y 1% con grandes empresas. Es decir, el 99% de las empresas en Ecuador son microempresas, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), y generan alrededor el 56% de las plazas de empleo[10]. En el contexto actual, este segmento representa un pilar fundamental de la economía y el empleo del país, y está enfrentando muchos retos para mantener su actividad productiva, sus empleados y sus ingresos.
Además, en un estudio de género de Global Entrepreneurship Research Association (2021) se encontró que, de manera general, el 30% de las mujeres emprendedoras contratarán entre 6 o más personas en los próximos 5 años, cuando en el 2019 fue de 18%. Cifra que se incrementa en el lado masculino, llegando al 48%. Lo que nos demuestra que, si bien hay crecimiento en este aspecto del negocio, aún se mantiene una brecha con respecto a los indicadores de los hombres.
En el estudio de Sánchez-Riofrio y otros (2023), se confirma el hecho de que en Ecuador hay un alto índice de emprendimiento liderado por mujeres, pero que, debido a factores socioeconómicos y políticos, su crecimiento se ha visto afectado. Adicionalmente, el acceso a financiamiento es más limitado en comparación a emprendimientos similares liderados por hombres[11].
De acuerdo con lo reportado por la ASOBANCA (2022)[12], en Ecuador el segmento de MIPYMES han aportado significativamente al desarrollo de la economía del país, debido a que ha reflejado crecimiento en las colocaciones de microcréditos, al pasar de USD 1.298 millones en el 2020, a USD 2.436 millones en el 2022; mostrando incremento anual del 15%. El destino de las operaciones de microcrédito es el fortalecimiento de los emprendimientos y microempresas, que reportan ventas anuales inferiores a los USD 100.000. Este crecimiento, en parte se debe al impulso de las Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS), que tienen el beneficio de poder conformarse sin tener un capital mínimo[13]. Las tasas de interés activas referenciales que se cobran en el sistema financiero de Ecuador en las operaciones de microcrédito van del 19.55% al 20.43% de acuerdo con el Boletín de tasas de interés del Banco Central a mayo 2023[14].
Según el análisis hecho por el BID el 2020[15], entre los retos que debe enfrentar Ecuador para lograr una recuperación económica, está el de impulsar la productividad y el desarrollo del sector privado. Para esto se necesita que las empresas desarrollen su capacidad tecnológica y de innovación, tengan apertura comercial, una buena infraestructura de transporte y energía, así como el apoyo del sistema financiero. Pero indica, que los mercados de crédito y de capitales, en Ecuador tienen un desarrollo insuficiente. Mientras que, en el 2019 la participación de los créditos otorgados al sector privado con respecto al PIB del país, llego a 41%, la participación de la región América Latina y el Caribe era del 56% del PIB. Evidenciando que el acceso a financiamiento es un fuerte obstáculo para la inversión privada.
Es necesario recalcar la importancia de buscar el desarrollo económico del país, considerando los datos que reporta el INEC, donde indica que Ecuador registró a diciembre 2022 el 25,2% de su población nacional bajo la línea de pobreza por ingresos, la pobreza en el área urbana fue del 17,8%, y la pobreza en el área rural del 41,0%. El 7,5% de la población nacional se encuentra bajo la línea de pobreza extrema por ingresos. En el área urbana, el 3,9% de la población se encuentra en condiciones de pobreza extrema, mientras que, en el sector rural, este porcentaje asciende a 17,4%. Si bien los niveles de pobreza han disminuido con respecto al 2021, no han alcanzado los niveles prepandemia 2019, cuando la pobreza nacional era del 23.3%, mucho menos el nivel más bajo registrado en los últimos años, que fue de 21.5% en el 2017[16].
Por lo tanto, son las microempresas, medianas y pequeñas empresas, así como los emprendimientos, un pilar importante para el crecimiento económico de los países, generando innovación y fuentes de empleo.
La ASOBANCA está convencida que, si bien el microcrédito registró crecimiento en el volumen de colocaciones, este número pudo ser mayor si no fuera por la política gubernamental, que fija tasas máximas de interés para todos los segmentos de crédito, incluido el microcrédito. Con lo cual, las instituciones financieras no están conformes, al indicar que no reflejan las condiciones reales de la economía, por lo que el riesgo asumido no es rentable. En este sentido, quieren más libertad para fijar tasas de interés, incorporando el impacto de factores como las elevadas tasas de interés internacional y local que deben pagar los bancos para su financiamiento.
Sin embargo, en la disyuntiva de que los bancos quieren cobrar tasas de interés más elevada a los microempresarios y emprendedores, para poder otorgar más créditos de este sector; sin embargo, esto visto del lado del beneficiario, le generara más costos que pagar, que no es lo más factible
Si bien el microcrédito no es la única opción de financiamiento, es probablemente, el mecanismo más utilizado, pero dada las condiciones desfavorables, se recurren a otras fuentes de financiamiento.
Dentro del mercado mundial de deuda sostenible, se encuentran los bonos verdes, sociales y temáticos que agrupan: los bonos destinados a temas sociales, que permiten financiar proyectos sociales importantes (salud, vivienda, educación), los bonos verdes, que financian proyectos de medio ambiente, y los bonos de sostenibilidad o vinculados a la sostenibilidad, que financian proyectos socialmente responsables con el medio ambiente[17]. Dichos bonos buscan generar un impacto positivo en las diferentes sociedades, de tal manera que se alcancen las metas de desarrollo sostenible global y de medio ambiente de las Naciones Unidas, lo que se ha visto afectado por diferentes acontecimientos mundiales, como la pandemia del Covid19 y la guerra en Ucrania.
Los montos de bonos sociales emitidos son en general inferiores a los montos emitidos de los bonos verdes. Sin embargo, a raíz de la pandemia de Covid-19, las emisiones de bonos sociales se incrementaron.
En su reporte del 2022, la CEPAL indica que los países Latinoamericanos y del Caribe emitieron bonos sociales un total de USD 64.000 millones, lo que significó un 57% menos de lo emitido en el 2021. Además, el reporte explica que el costo de este tipo de financiamiento fue superior y que su plazo de vencimiento fue significativamente menor, a lo obtenido en años anteriores. Esto como resultado de acontecimientos mundiales que afectaron las condiciones macroeconómicas. Entre los acontecimientos están las expectativas de inflación mundial, el endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos y la fortaleza del dólar, así como la guerra entre Rusia y Ucrania[18].
El reporte señala que, en total, la región emitió en el 2022 un total de 20.500 millones de dólares en bonos internacionales GSSS (green, social, sustainability and sustainability-linked, por sus siglas en ingles), 56% menos que el 2021. Los países que más emitieron bonos en la región fueron México, Chile y Brasil, con el 26%, 17% y 16% del total de bonos entre corporativos y soberanos de toda la región respectivamente.
Uno de los organismos con mayor participación este sector es el Banco Interamericano de Desarrollo BID Invest, que desde el 2012 ha emitido 32 bonos valorados en US$9.300 millones para el financiamiento de más de 650 proyectos de desarrollo sostenible, desembolsando más de USD 15.800 millones. Con ello han promovido el desarrollo de diversas industrias, fomentando la creación de empleo, crecimiento verde, diversidad e inclusión[19].
Ecuador incursionó en el 2019 en la emisión de bonos, a través del Banco Pichincha con la emisión de un bono verde por USD 150 millones. El bono sirvió para financiar proyectos sostenibles que promueven la reducción del impacto ambiental de las organizaciones. Entre los requisitos a seguir, está que se financian a las empresas que cumplan con algunas consideraciones internacionales de los Green Bond Principles, definidos por la Asociación Internacional de Mercado de Capitales, ICMA (por sus siglas en inglés). Entre los inversionistas internacionales que compraron los títulos están: BID Invest, del Banco Interamericano de Desarrollo; la Corporación Financiera Internacional (IFC), del Banco Mundial; y, Proparco, de la Agencia Francesa de Desarrollo.[20]
Luego fue el Gobierno ecuatoriano quien realizó la emisión del primer Bono Social Soberano del mundo en enero de 2020 por USD 400 millones, justo antes de la explosión de la pandemia por el Covid-19, con la garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$ 300 millones. Este bono se destinó al sector de la vivienda, a través del proyecto “Acceso a vivienda digna” que daría vivienda a 24.000 familias de ingresos medios o bajos, y movilizará cerca de US$1.350 millones en inversiones en el sector vivienda del país[21].
Si bien ambos bonos otorgan financiamiento con tasas preferenciales, permitiendo el acceso a créditos a ciudadanos con necesidades de financiamiento específicas, esto no asegura el acceso a ciudadanos de sectores rurales alejados con niveles de ingresos más reducidos.
Las cajas rurales son organizaciones comunitarias que se enfocan en brindar servicios financieros a las comunidades rurales. A menudo, en estas áreas puede ser difícil acceder a servicios bancarios tradicionales debido a la falta de sucursales bancarias o medios de transporte limitados. Las cajas rurales ofrecen una amplia gama de productos y servicios financieros, como cuentas de ahorro, préstamos, tarjetas de crédito y débito, entre otros, adaptados a las necesidades específicas de los clientes rurales.
Estas organizaciones funcionan de manera similar a los bancos tradicionales, pero a menudo están lideradas y administradas por miembros de la comunidad local. Además, muchas de ellas están diseñadas como cooperativas, lo que significa que sus miembros son simultáneamente propietarios y clientes, lo que les permite compartir los beneficios y los riesgos.
Entre los beneficios de contar con cajas rurales está el de ayudar a construir capital social en las comunidades, fortalecer la organización comunitaria, apoyar las actividades productivas o de comercio de la zona, y facilitar el acceso local a créditos.
En Ecuador, las cajas rurales no realizan intermediación financiera con el público, no captan fondos, ni están reguladas por ningún organismo de control. Su creación es por voluntad de sus socios, y usan aportes económicos propios para su funcionamiento. Es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria SEPS, quien se encarga de llevar la nómina de estas cajas, para su uso de carácter informativo. Este organismo reporta un total de 16.301 organizaciones y entidades activas a marzo 2023, señalando que 7 de cada 10 adultos están relacionados con entidades de la EPS[22].
Un ejemplo de esos organismos es la Fundación Acción Solidaria en Guayaquil, que dentro de sus actividades esta apoyar el emprendimiento de los habitantes de las comunidades donde realizan sus actividades de ayuda comunitaria.
Aunque se reconoce la utilidad del microcrédito, se observa que este no logra llegar al cien por ciento de las personas que lo necesitan, están mostrando desaceleración en las colocaciones y sus tasas presentan un conflicto ya que los bancos desean cobrar tasas de interés más elevadas a los microempresarios y emprendedores, con el fin de otorgar más créditos a este sector, mientras que los beneficiarios buscan tasas más bajas. Por lo tanto, surge la necesidad de crear nuevas ideas alternativas que permitan la inclusión financiera y el acceso a créditos productivos. Algunos de los programas están enfocados en proyectos específicos, entre sociales, ambientales o de sostenibilidad, que son una buena opción para muchos de los ciudadanos que buscan prosperar sus economías familiares.
Una de las alternativas analizadas fue la de bonos (verdes, sociales, ambientales o de sustentabilidad), que buscan mitigar la problemática de acceso a créditos para proyectos de desarrollo de los gobiernos, al reducir el costo de financieros, sin embargo, aún no se evidencia el acceso a las comunidades más apartadas, y el hecho de que sea limitado a específicos proyectos, se vuelve más de voluntad de los organismos financieros que otorgaran los créditos.
Por esta razón, aún existen o se buscan otras fuentes de financiamiento más inclusivas y a la vez sencillas, ante la falta de acceso a microcréditos en áreas rurales que son de difícil acceso para los servicios bancarios o donde se cobra un alto costo por estos servicios. La alternativa es la creación de cajas rurales, que se aplican socialmente para promover el desarrollo de las comunidades. La caja rural es vista como una solución para solucionar los problemas de financiamiento en las áreas rurales de Ecuador, permitiendo que los habitantes participen en su funcionamiento para obtener los mayores beneficios y disminuir los riesgos.
Aún existe una necesidad insatisfecha en Ecuador, que afecta a las zonas rurales de mayor pobreza, donde las familias realizan actividades productivas, pero que les falta apoyo para mantenerse en momentos de dificultad o crecer. Su productividad requiere de apoyo para su desarrollo, y por ende llegar a generar beneficios para su círculo familiar, para la comunidad y para la sociedad en general, de esta manera logra poner fin al circulo de pobreza que continua generacionalmente.
Es importante destacar que a lo largo de los años, varias organizaciones y programas gubernamentales nacionales e internacionales, como se ha visto por la Fundación Acción Solidaria, han trabajado para promover el uso de microcréditos y mejorar el acceso de las poblaciones de bajos ingresos a servicios financieros en Ecuador, también no sin problemas.
De hecho, e acceso limitado a servicios financieros, con muchas personas especialmente en áreas rurales y comunidades marginadas que pueden tener un acceso limitado a servicios financieros, incluyendo microcréditos, la falta de educación financiera y de confianza en el sistema financiaría oficial, también por falta de legislaciones que favorezcan estos herramientas a servicio de los más necesitados y los riesgos económicos y políticos debidos por la inestabilidad económica y política en Ecuador afectan la confianza de las personas en la obtención de préstamos, ya que temen no poder cumplir con los pagos en caso de cambios en la situación económica o política, son los puntos que mayormente no ayudan a desarrollar el microcrédito, los bonos sociales o las más disciplinadas cajas rurales, también si las experiencias como la de la caja rural en el cantón Daule del Guayas llamada “Jigual” llevada adelante por la Fundación Acción Solidaria en Guayaquil, que ayuda a Implementar en las zonas seleccionadas programas y propuestas que promuevan el Desarrollo Integral Personal, Familiar y Económico, para garantizar una mejor calidad de vida de las familias de los sectores urbanos marginal y rural; generando una cultura de ahorro, mediante la formación y acompañamiento en los procesos de constitución de los bancos comunales, la formación en la gestión de emprendimientos y la formación en valores y educación financiera familiar puede ser esperanza y luz en actividades de ayuda comunitaria a través de los herramientas objetos de este artículo.
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