Public corruption is an ancient phenomenon. Currently its research and relationship with the rights of citizens is a strategy used by governments to fight this scourge. Corruption affects all components of society, undermining the trust of citizens in those who lead them and must protect them. Therefore, in this article, we evaluate the effect of corruption in society, which involves people who work for the State, and the social transformations that occurred to combat it. We find that there are different tools that must be used jointly, in decision-making power for the establishment of all public policies, for the benefit of citizens.

Keywords: corruption; public official; human rights; transparency; prevention

Artículo recibido 20 septiembre 2023

Aceptado para publicación: 26 octubre 2023

INTRODUCCIÓN

Etimológicamente corrupción proviene del latín corruptus, que significa acción y efecto de destruir, descomponer, putrefacción o desintegrar, que también puede entenderse como el proceso degenerativo de las normas y de los valores que se establecen en la sociedad (Martínez Cárdenas & Ramírez Mora, 2010). Por otra parte, la corrupción podría ser también consecuencia de la pérdida de la naturaleza, muchas veces el “corrupto” se hace, como resultado del miedo a perder, el poder, la influencia, el manejo de situaciones y decisiones. Entonces la corrupción podría ser una consecuencia de la “avaricia”, la sed de tener (Moreno, 2016), debe tener un límite, encontrado por uno mismo o impartido por la sociedad y el orden jurídico.

En la actualidad o relacionado a las sociedades modernas se define a la corrupción como una conducta motivada por el beneficio privado que se aparta de la normativa vigente o que se cree vigente en un contexto determinado (Friedrich, 1999). Transparencia Internacional la define como “El abuso de poder para beneficio propio”. El Banco Mundial, como “el abuso de un puesto público para ganancia privada”. El Banco Internacional de Desarrollo la define como “actos realizados por funcionarios que usan su posición con fines propios, o bien lo hacen a pedido de otros, a fin de obtener beneficios para sí o para terceros”. El economista Robert Klitgaard creó la fórmula de la corrupción C = M + D – R (T) Corrupción es igual a Monopolio más Discrecionalidad menos Responsabilidad (Transparencia). A pesar de no existir una única

definición, todas ellas abarcan tres elementos comunes: abuso de poder, beneficio, menoscabo de un bien público (Poder ciudadano, 2014), lo que conlleva a la vulneración de los derechos sociales. La particularidad de la corrupción no solo está dada por lo que será afectado (bienes o valores), sino porque es un medio de agresión especial que, según sus características, se produce en determinados contextos (Rojas, et al. 2014). Pero si el marco de referencia se reduce al Estado, la corrupción es una forma de agredir el correcto y objetivo funcionamiento del aparato del Estado (Kindhäuser, 2007).

En base a lo anterior y en función del objeto o bien agredido, una clasificación de este flagelo, la distingue entre pequeña corrupción y gran corrupción. La pequeña corrupción o corrupción clásica se refiere a la corrupción que afecta a las personas que interactúan con las y los funcionarios del Estado al usar los servicios públicos, ya que es individual y pública. Este tipo de corrupción es llamada también “baja” o “de la calle”, por el tipo de funcionarios involucrados, por las personas que la sufren directamente y por las sumas implicadas (Consejo Internacional De Políticas De Derechos Humanos [ICHRP], (2009); Martinón Quintero, 2016). En base a lo anterior, realizaremos un análisis sobre como esto afecta a la sociedad la corrupción que involucra a personas que trabajan para el Estado, y las transformaciones sociales que se produjeron para combatir la misma.

METODOLOGÍA

La recopilación de información se realizó accediendo a artículos de distintas bases de datos como Scielo, Google Académico y Redalyc; también legislación, periódicos y revistas digitales. Para esto se usaron como

descriptores: corrupción pública, funcionario público, delitos contra la administración, corrupción y derechos humanos, combate de la corrupción, transparencia en la administración. La búsqueda bibliográfica se llevó a cabo sin límite de tiempo, o cobertura geográfica, y se seleccionaron aquellos artículos relacionados a la temática tratada. Se realizó una categorización de la bibliografía a fin de abarcar ampliamente el tema desde cómo afecta la corrupción pública los derechos humanos, cuando esta es propiciada por los funcionarios; y las principales herramientas sociales para combatir la corrupción pública.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Funcionario público y sus deberes

Argentina está suscripta a las distintas convenciones internacionales en la lucha contra la corrupción como la Convención Interamericana contra la corrupción, la Convención sobre la Lucha contra el Cohecho de funcionarios Públicos Extranjeros en la Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre otras. La Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE es un acuerdo legalmente vinculante; los países que se unen a la Convención acuerdan establecer como delito el cohecho de un servidor público extranjero en su legislación nacional. En nuestro país el art. 77 del Código Penal, define mediante los términos “funcionario público” y “empleado público” a todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente. Estos términos se encuentran contemplados también en la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La ley 25.188 define al funcionario público a toda persona que desempeñe la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, o por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado. La Convención engloba bajo el concepto de funcionario público a toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado parte y a toda persona que desempeñe una función pública o preste un servicio público según se defina en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de este Estado Parte, lo cual se encuentra especificado en los art. 1°, primer párrafo, de la ley 25188; y también el art. 2° inc. a), b) y c) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción aprobada por la ley 26.097 (2003).

Asimismo, la Ley de Responsabilidad penal, ley 27.401 (2018), regula los programas de complimiento normativo, castiga penalmente a las personas jurídicas por los delitos cometidos en su beneficio, teniendo como ultima finalidad llevar a la Argentina a la altura de los estándares internacionales, en los que se encuentra suscripto nuestro país, como entre otras la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE (2000). La ley, responsabiliza penalmente a las personas jurídicas por: cohecho de funcionarios públicos y tráfico de influencias, nacional y transnacional, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, concusión, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, balances e informes falsos gravados. Además, establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas y regula los programas de cumplimiento para ciertos delitos. Las personas jurídicas son penalizadas según los distintos artículos (art.) del Código Penal, cuando los delitos que se mencionan a continuación, son realizados directa o indirectamente, con su intervención o en su nombre, interés o beneficio: a) Cohecho y tráfico de influencias, nacional y transnacional (art. 258 y 258 bis). b) Negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas (art. 265). c) Concusión (art. 268). d) Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados (arts. 268 (1) y (2)). e) Balances e informes falsos (art. 300). Aunque la versión de proyecto presentada por el Ejecutivo sufrió modificaciones, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senado, eliminando por ejemplo el requisito de que la comisión de delito sea consecuencia de inadecuados controles y supervisiones, además de la referencia de la responsabilidad de los terceros en los casos de que las personas jurídicas no cumplieran los procedimientos.

Lo anterior evidencia que la corrupción afecta la calidad institucional y de la democracia, ya que repercute negativamente en la calidad de vida de los ciudadanos, atacando distintos ámbitos sociales, aunque para que se produzca el hecho las condiciones del contexto deben favorecer el proceso.

Derechos humanos

La corrupción es un problema transnacional, que genera diversos efectos, lo que permite a ser entendida y analizada desde distintas dimensiones como la sociológica, económica y el jurídica. Los efectos más graves los generados sobre los derechos fundamentales de la ciudadanía, afectando significativamente la vida de las personas, ya que es cometida por la deslealtad de funcionarios y servidores públicos que los eligieron y cuyo deber principal debería ser el de garantizar justamente esos derechos y de trabajar en la administración pública en un sentido prestacional (Novoa Curic, 2016).

La Convención Interamericana Contra La Corrupción manifiesta en su preámbulo que “…la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos”, y que “…el combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social” (Convención Interamericana Contra La Corrupción, 1996) Es por esto que necesario adoptar y reivindicar criterios y valores tales como las buenas prácticas, el cumplimiento normativo y elementos de integridad, como conductas que legitimen las instituciones. Las conductas que dan oportunidad al acto ilícito, como por ejemplo contrataciones públicas o comparas de empresas públicas, así como las consecuencias que se generan a partir del mismo como por ejemplo inadecuada asignación de recursos o distorsiones en la asignación a empresas privadas, son actos que ponen principalmente en perjuicio de la sociedad. La lucha contra la corrupción en distintos países de Latinoamérica, incluyen el fortalecimiento de la gestión pública (en sus procesos y sus recursos humanos), así, como el incentivo a la participación ciudadana, partiendo del reconocimiento de derechos básicos, fundamentales o connaturales a las personas (Rivera Sánchez, 2012).

Maldonado (2001), expone algunas de las formas de vulneración de derechos humanos, por las que un gobierno por acción u omisión, vulnera derechos fundamentatales bajo el fenómeno de la corrupción. Una de estas formas es la exclusión, ocasionada generalmente por los representantes elegidos en gobiernos republicanos, mediante la supresión de mecanismos de control ciudadano y ocultamiento en la toma y justificación de decisiones. Otra forma de vulneración expuesta por el autor, es la ausencia de oposición política la cual permite la adquisición ilegal de contratos, venta ficticia de bienes, concesión de puestos públicos y maniobras secretas para perpetuarse en el poder, entre otros. Por último, la impunidad, que, gracias a la inoperancia de la justicia, o coacción o incentivos manipula la actuación de la justicia a favor de determinados intereses, los que permiten las operaciones del crimen organizado, narcotráfico, corrupción y como consecuencia las violaciones a derechos humanos. Esto restringe igualdades y libertades, frustrando

reparaciones en razón del desconocimiento de las mismas leyes y el aprovechamiento del poder que ejercen ciertos grupos (Clavijo Castañeda, 2012).

La Convención Americana Sobre Derechos Humanos (1969), en su artículo 1°, establece las obligaciones de respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Sin embargo, la concusión, el enriquecimiento ilícito, cohecho, la manipulación en la legislación y políticas públicas, entre otros, producen deficiencia en los

servicios, con pésimas consecuencias para la sociedad, lo cual denota la importancia de su erradicación y control de las políticas públicas. Los distintos organismos encargados de llevar esta tarea, tienen por finalidad la promoción y facilitación del desarrollo de mecanismos orientados a prevenir y combatir la corrupción, para evitar que la misma continúe dañando el Estado y, principalmente, a su población. Es así que la finalidad última de las convenciones anticorrupción es la lucha contra la corrupción como herramienta fundamental para garantizar la vigencia de los Derechos Humanos.

Efectos de la corrupción en los derechos humanos

La acción del Estados en cuanto a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos se ve impedida por la corrupción, ya que imposibilita una asignación justa de los recursos, propiciando o facilitando el desvío de fondos necesarios para hacer efectivos los derechos, especialmente de acceso a los servicios público), obstaculiza la inclusión (fijando quién participa y quién no, excluyendo a los grupos más vulnerables) y en cuanto impide la rendición de cuentas no permite la determinación de los responsables de las violaciones de los derechos humanos ni, por tanto, la garantía obligada de los mismos (Martinón Quintero, 2016).

Un claro ejemplo que expone Novoa Curic (2016), de la corrupción pública y su efecto en la sociedad es el de la transgresión al derecho a la igualdad, ejemplificando que el mismo se vería transgredido cuando, para un trámite municipal, una persona decide pagar una coima o soborno al funcionario de mesa de partes para que su trámite sea llevado a cabo de manera más rápida y/o sea atendido antes que las demás personas que estaban esperando en la cola para ser atendidos. Aquí, el funcionario municipal estaría tratando de modo desigual a todos los que se encuentran esperando a ser atendidos, pues estaría favoreciendo injustificadamente a una persona en perjuicio de las demás. Del mismo modo podemos decir en relación al ejemplo que se observa la misma conducta cuando el funcionario atiende primero al familiar o amigo. Así es como la corrupción resulta discriminatoria ya que impide la no discriminación y fomenta la desigualdad, pues los pobres se ven afectados de manera desproporcionada por la corrupción (por ejemplo, el pago de sobornos) del mismo modo que los otros grupos sociales que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, siendo por lo tanto la corrupción un obstáculo estructural al ejercicio de los derechos humanos (Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 1989; Transparencia Internacional, 2013). Como muestra el Barómetro Global de la Corrupción (Transparencia Internacional, 2019), más de la mitad de los encuestados afirma que el Gobierno hace un mal trabajo en la lucha contra la corrupción y el 78% cree que sufrirá represalias si denuncia un caso de corrupción, además perciben un aumento de la corrupción en los funcionarios de la justicia (47%) y de la policía (42%).

La magnitud del daño producido en la sociedad por el/los sujetos corruptos, variará en función de la posición o poder, porque podrán malversar más cantidad de recursos, afectando a los derechos humanos generalmente de dos formas: encareciendo o imposibilitando el acceso a un servicio por la exigencia de soborno; o, en el caso de malversación de fondos públicos: imposibilita o reduce la calidad de los servicios necesarios para cumplir con los derechos económicos, sociales y culturales (en especial se ven afectados los derechos a la salud, la vivienda, el agua potable y la educación

La transparencia en los gobiernos y el interés público

Los gobiernos deben reconocer los cambios sociales, que exigen transparencia en sus líderes, asociando dicho comportamiento con un buen ejercicio de la democracia, por lo tanto, la transparencia de los poderes públicos es un elemento clave del buen gobierno y un indicador de calidad democrática (Sánchez De Diego, 2008). Algunas ventajas de esto son:

La transparencia pública refuerza la legitimación democrática de la Administración. Haciendo visible la actuación de la Administración, la ciudadanía, la opinión pública contribuye al control de la misma. Esto refuerza la legitimidad democrática, y su configuración al servicio del interés público, y no de otros intereses particulares. Así, el principio democrático se proyecta no sólo a través del principio de legalidad, ofreciendo una legitimación en el fundamento de la actuación pública, sino que también se proyecta, a través del principio de transparencia, mediante la exigencia de un control democrático en su ejercicio (Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 2001).

- La transparencia de la actividad pública coadyuva al respeto de la legalidad por parte de las autoridades y sus agentes, sirviendo de estímulo para la efectividad misma de las normas del Derecho Público. Así la aplicación práctica de políticas de transparencia no queda al exclusivo cuidado de la Administración, sino que a la involucra a la ciudadanía, mediante una sociedad civil madura. En relación a esto la transparencia pública es un elemento esencial de las políticas de lucha contra la corrupción, y por ello forma parte de las exigencias de organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial a los Estados (Fernández Ramos, 2018). El autor también señala que la transparencia, deshace el anonimato y exige responsabilidades, coadyuva también a la consecución del rigor de responsabilidades, coadyuva también a la consecución del rigor y eficiencia en la acción administrativa, haciendo eficaz y equitativo el uso de los escasos recursos públicos, permitiendo conocer la calidad de los servicios públicos brindados. Además, que la transparencia permite la participación informada de los ciudadanos en asuntos de interés público, como sucede en los procesos electorales, y como en la participación directa de la sociedad civil en asuntos públicos. Es por esto que es importante la política de impulso y promoción de la participación ciudadana mediante el diálogo honesto para garantizar una participación informada. El derecho de acceso a la información pública es un derecho informativo, es esencial para el desarrollo autónomo de las personas y para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y su tutela judicial, incluyendo derechos personales como el de la identidad o derechos de titularidad colectiva, como la protección de los bienes ambientales y culturales, o el derecho a la salud de los consumidores, pero también no menos legítimos derechos de carácter económico y patrimonial.

De lo anterior y como lo indica Del Hierro (2014) la transparencia, sirve como requerimiento de publicidad de la actuación de los poderes públicos, procede del principio democrático sobre el que se funda la legitimidad del ejercicio del poder e incumbe al reconocimiento del derecho de acceso que los ciudadanos tienen a la información pública.

Herramientas sociales para combatir la corrupción pública

Naciones Unidas afirma: Reforzar el goce de los derechos humanos en general, y de derechos civiles o políticos específicos y el principio de no discriminación en particular, es un valioso instrumento de lucha contra la corrupción (Consejo De Derechos Humanos, 2015). La tendencia a una participación ciudadana comprometida en la lucha contra la corrupción se hace en general con discursos que provienen de instituciones internacionales y organizaciones no gubernamentales. Algunos de los cuales promueve que los ciudadanos pueden dar una mejor respuesta a la corrupción que atestiguan, o bien que consideran que la tarea de la política de anticorrupción existe para enfrentar ciudadanos honestos contra corruptos. La participación ciudadana permite la fiscalización de las decisiones públicas y el conocimiento de las mismas evitando, de ese modo, el oscurantismo estatal, posibilitando el control de la corrupción estatal y el desempeño de los funcionarios dentro de los márgenes previstos en la Ley de Ética Pública (1999).

La mayoría de los sistemas jurídicos comparados y supranacionales, reconoce que el acceso a la información pública constituye un derecho humano fundamental, que permite a toda persona acceder a datos, registros, expedientes y a cualquier tipo de información que se encuentre en poder de autoridades públicas o privadas que lleven adelante cometidos públicos. De esta manera se procura fomentar la transparencia de la actividad estatal y el control del ejercicio del poder público y de la corrupción gubernamental (Buteler, 2014).

El derecho a la participación de los ciudadanos, de acuerdo con el Derecho Internacional Público cuenta con tres manifestaciones: 1) la participación directa en la conducción de los asuntos públicos; 2) el derecho de votar y ser votado y 3) el acceso en condiciones de igualdad a la función, por lo que la participación ciudadana contra la corrupción configura una referencia directa a la vigencia de los derechos humanos de los habitantes de la función pública, lo cual se puede verificar en el artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. El discurso dado por el director del Banco Mundial, en 1996, impulso a que los estados demuestren políticas de buen gobierno e incorporen medidas anticorrupción apelando al papel del ciudadano, considerándolo como esencial para limitar la corrupción, promoviendo la confianza entre las partes (Verdenicci & Hough, 2015). También Uslaner, (2013) señaló que la corrupción conduce tanto a niveles más bajos de confianza como a más corrupción "en un ciclo “sin fin”.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en su Art. 13 promueve la Participación de la sociedad, cuidando la integridad de los ciudadanos involucrados. Un Gobierno en pleno ejercicio de la democracia debe garantizar el acceso eficaz del público a la información y a su vez tener una población educada en la intransigencia contra la corrupción, ya que estos son instrumentos importantes para brindar a la sociedad, además de dar el ejemplo en la rendición de cuentas para fomentar la transparencia pública, lo cual se transmite en forma vertical desde el Gobierno Nacional a las gobernaciones provinciales, implementando cada provincia su propio instrumento para fomentar la participación contra la corrupción. Transgredir los derechos humanos, atentar contra el desarrollo sustentable y fomentar la exclusión social son según la agencia Transparencia Internacional el efecto de la corrupción sistemática. Sin embargo, fomentar la participación ciudadana, mediante el acceso a la información sobre gastos públicos o respetar la libertad de prensa, mejora la percepción de la gestión de los gobernantes, promoviendo la intervención ciudadana, mediante distintos mecanismos.

En este sentido, distintas ciencias, mediante trabajo en conjunto han demostrado como se puede mejorar el concepto o idea de los administradores públicos, mediante pequeños cambios en los entornos y las políticas públicas, que tiendan al beneficio de la sociedad (Bellé, et al. 2018; Grimmelikhuijsen, et al. 2017). Faulkner et al. (2018) proponen un sistema nemotécnico sencillo de comunicaciones escritas para enviar información a los ciudadanos y las partes interesadas, de manera de aumentar la eficacia en la comunicación. El sistema INSPIRE, por sus siglas en inglés: implementation intentions, norms, salience, procedural justice, incentives, reputation, and ease, es decir: intenciones de implementación, normas, prominencia, justicia procesal, incentivos, reputación, y facilidad; propone técnicas que podrían resultar en un gran impacto en la efectividad y en los resultados socialmente deseables del público, basado todo esto en la influencia en su comportamiento, lo que a continuación se explica brevemente. Las intenciones de implementación son planes “si-entonces”, es decir intervenciones o estrategias eficaces para fomentar el comportamiento reduciendo las distracciones, abordando las tendencias a procrastinar u olvidar, y evitando las intenciones de actuar de los individuos (Hagger & Luszczynska, 2014). En cuanto a las normas, éstas son reglas y estándares que entienden los miembros de una sociedad, y que guían y/o restringen el comportamiento social sin la fuerza de las leyes, aprobando o desaprobando comportamientos, en base a buenas conductas sociales. Por lo que se debe elegir cuidadosamente el lenguaje y mensaje al utilizar normas para convencer a la gente adoptar el comportamiento deseado, y que lleve a tener un impacto positivo promoviendo una conducta de cumplimiento normativo. El termino sialance (prominencia), hace referencia a los estímulos visuales a los que están expuestas las personas diariamente, pudiendo trasladarse a estímulos de comunicación escrita como tamaño y color de letras o formas de enviar cartas para fomentar el intercambio o intervención en cumplimiento. La toma de decisiones por parte de las autoridades y la transparencia del proceso, implica exactitud en la decisión, procedimientos justos y consistentes entre individuos y administración, fomentando la integridad social. Del mismo modo, los incentivos sirven pueden promover la comunicación efectiva, actuando como motivadores sociales, promoviendo la comunicación en relación a la integridad de las acciones de la sociedad y sus autoridades. La reputación y credibilidad del administrador público son importantes para transmitir lo mensajes, que deben cumplir con ciertos requerimientos técnicos y de lenguaje, para que sean recibidos con gran confianza por parte de los ciudadanos. Por último, la facilidad se referencia a que el cumplimiento sea fácil para ciudadano, lo que es importante para fomentar el cambio en el comportamiento. Así para requerimientos escritos, como cartas o correos, se asegura que quien lo reciba lo acepte y entienda por su mensaje claro, organizado y sencillo. Esta herramienta, cartas, correos electrónicos y otras formas de comunicación, implementadas correctamente y con compromiso por parte de los administradores públicos pueden mejorar su impacto social, fomentando el cumplimiento y compromiso social para fomentar la integridad. Lo anterior demuestra la importancia de combatir la corrupción enseñando desde edades tempranas las herramientas para combatirla (Lizundia, 2020), subrayando la importancia de promover un esquema de gobierno abierto, lo cual considera que es fundamental para para combatir la corrupción, debido a que mejora la transparencia del mismo, y fomenta la participación ciudadana, propiciando la colaboración entre el gobierno y los ciudadanos, lo que mejora la mirada democrática del pueblo hacia sus gobernantes. Además, el autor destaca que para combatir la corrupción es de gran importancia que se respeten las normas de ética y códigos de conducta, que se favorezcan la transparencia y las leyes de acceso a la información, que se definan y respeten las medidas de prevención de conflictos de intereses, y que se revise la contratación pública y salvaguardias de adjudicación de proyectos, entre otras.

Todas estas acciones subrayan la importancia de las diferentes herramientas para combatir la corrupción, que permiten denunciar casos de corrupción y de análisis de datos enumerados en los portales de transparencia, especialmente con respecto a la contratación pública. Fomentar a la ciudadanía a cumplir un rol de monitoreo social, a través de herramientas de supervisión y de intervención, tales como el periodismo ciudadano o campañas de sensibilización, a través de participación ciudadana activa desde edades tempranas, son también acciones importantes a promocionar en la sociedad para combatir la corrupción.

El cambio en la administración: la transparencia como herramienta para combatir la corrupción

El cumplimiento público como estrategia anticorrupción integra los conceptos y conocimientos de ética pública y los contenidos de cumplimento normativo desarrollados por las empresas privadas, mediante la creación de medidas de autorregulación que incrementen los controles internos de cada organización (Nieto Martin, 2018). En este sentido, el código de conducta se considera el centro de las medidas internas y del cumplimento normativo, que basado en la vigilancia y el control busca anular justificativos y técnicas de neutralización de la legalidad por parte de sus miembros. El código puede materializarse en un reglamento, acuerdo, ley, etc., que debe ser coherente, y dado que denota eficacia y legitimidad, además de aceptación, para la confección se propicia la participación de sus destinatarios, es decir la participación ciudadana. Esta estrategia pone de manifiesto una serie de valores, principios y normas básicas de conducta que regulan el actuar del funcionario público (art. 258 bis del Código Penal). Así, en relación a Compliance y sector público argentino, se creó en 2008, la Dirección de Transparencia Institucional, del Ministerio de Defensa, creada por Resolución 1545/2008 del Ministerio de Defensa, entre cuyas funciones se encuentran las de asesorar al ministro en el diseño de acciones para promover la participación ciudadana, velar por el cumplimiento del derecho de acceder a la información pública y coordinar acciones de prevención con la Oficina de Anticorrupción. Acciones similares se llevaron a cabo en el Ministerio de Seguridad y Fabricaciones Militares y en el Sistema Penitenciario Federal (Martínez, 2018). En estos ministerios se crearon oficinas de Transparencia, que entre otras incluyen políticas de integridad, recepción de denuncias, promoción de investigaciones internas, detección y reacción ante irregularidades.

El abordaje interorganizacional de la corrupción basados en los riesgos de la institución, la apertura de canales específicos para la denuncia de corrupción e irregularidades, son entre otros, aspectos comunes de los espacios señalados anteriormente, aunque se pueden realizar mejoras o profundizaciones las líneas de trabajo, brindando más herramientas en la lucha contra la corrupción pública. Existen distintas herramientas aportadas o bien adaptadas del Código Penal que brindan instrumentos legales que permitan aplicar técnicas de prevención para reducir las oportunidades delictivas que explicitan las figuras que comprenden los delitos en los que pueden incurrirse desde la Administración pública, así como también la Ley 27.401 que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en Argentina, evidenciando que nuestro país comenzó a transitar el camino anticorrupción y Compliance .Además, es necesario asegurar la protección de denunciantes de actos de corrupción, de manera de poder combatirla sin miedo. De esta manera se asegura la libertad de expresión, así como una creciente relación entre la agenda anticorrupción y de derechos humanos, lo que presenta una serie de obligaciones que el Estado debe observar y cumplir (Chípuli Castillo, 2020). Podemos decir que la protección ciudadana es una obligación del estado, ya que son los ciudadanos los que ejercen el control social, lo cual es una herramienta de la democracia. El Estado Democrático de Derecho debe asegurar y promocionar el uso de los valores democráticos para una participación popular activa, aunque el comportamiento y la acción del ciudadano estén condicionados por los aspectos políticos y culturales de la sociedad, los que siempre deben buscar favorecer o influir positivamente en los actos practicados por los administradores públicos. Todo lo mencionado genera cambios en el Estado, que busca una mejor legitimación para el ejercicio del poder, con envolvimiento del pluralismo político y jurídico, de la participación popular y de la transparencia absoluta de todos los actos practicados en nombre del Estado (Mileski, 2011).

CONCLUSIONES

La corrupción, es una forma ilícita de ejercer y ejecutar acciones en la función pública, afectando y desgastando la legitimidad del sistema público, disminuyendo la confianza de los ciudadanos. Esto se debe a que afecta las decisiones tomadas por el funcionario que las lleva a cabo, en beneficio personal o de tercero, en perjuicio de la sociedad. La percepción ciudadana sobre el aumento de este flagelo ha llevado a la Administración Pública, a transformarse, a buscar herramientas que mejoren su desempeño, dando respuestas rápidas y eficientes a las demandas sociales. Entre las herramientas encontramos el cumplimiento normativo, la transparencia, el acceso a la información y la participación de los ciudadanos quienes el control social. La unión y ensamble de estas herramientas es fundamental en el poder de decisión para el establecimiento de todas las políticas públicas, en beneficio de los ciudadanos. El combate a la corrupción se debe desempeñar en conjunto entre el Estado y organizaciones no gubernamentales, empresas y ciudadanos, asegurando el primero la protección de quienes ejercen sus derechos.

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[1] Autor principal

Correspondencia: germaneoestmann@gmail.com