DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i1.9963

Participación Ciudadana en Procesos de Formulación de Políticas Públicas para Prevenir la Violencia de Género

 

Silvia Elena Huerta Castillo[1] a9324077@unison.mx

https://orcid.org/0009-0000-0401-0861

Universidad de Sonora

México

 

Ana Gabriela Rodríguez Pérez [email protected]

https://orcid.org/0000-0001-5066-4989

 Universidad de Sonora

México

RESUMEN

En México la violencia de género se ha incrementado de manera exponencial, impactando de forma negativa el desarrollo social y humano. En este artículo se presentan los resultados de una investigación sobre la participación ciudadana en los procesos de formulación de políticas públicas para la prevención de la violencia de género en Hermosillo, Sonora.  El acercamiento ha sido cualitativo. Se realizaron 15 entrevistas semiestructuradas a ciudadanas, responsables de prevención de violencia en instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil. El análisis se hizo a través de esquema de coordenadas cartesianas (Corvalán, 2011) a partir de la perspectiva del desarrollo social teniendo en cuenta factores sociales y humanos, así como la gobernanza, los mecanismos de participación y prevención que inciden en la construcción de políticas públicas para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.  Se concluyó que  el desarrollo social y humano de las hermosillenses es afectado negativamente a través de su exclusión en el proceso de diseño e implementación de políticas públicas de prevención de la violencia de género al agudizar su condición de vulnerabilidad por ser las principales receptoras de este tipo de violencia pero también por limitar el desarrollo de capacidades políticas que contribuyan al ejercicio de sus derechos en contextos de poca cohesión social que impiden la generación de relaciones pacíficas. A partir de los resultados se elaboró una propuesta de estrategia de mejoramiento de la participación ciudadana para la prevención de la violencia de género.

 

Palabras clave: violencia de género, participación ciudadana, desarrollo social y humano


 

Citizen Participation in Public Policy Formulation Processes to Prevent Gender Violence

 

ABSTRACT

In Mexico, gender violence has increased exponentially, negatively impacting social and human development. This article presents the results of a research on citizen participation in the processes of public policy formulation for the prevention of gender violence in Hermosillo, Sonora. The approach has been qualitative. 15 semi-structured interviews were conducted with citizens, those responsible for violence prevention in public institutions and civil society organizations. The analysis was done through a Cartesian coordinate scheme (Corvalán, 2011) from the perspective of social development taking into account social and human factors, as well as governance, participation and prevention mechanisms that affect the construction of policies. public policies for women's access to a life free of violence. It was concluded that the social and human development of Hermosillo’s is negatively affected through their exclusion in the process of designing and implementing public policies for the prevention of gender violence by exacerbating their condition of vulnerability as they are the main recipients of this type. of violence but also for limiting the development of political capacities that contribute to the exercise of their rights in contexts of little social cohesion that prevent the generation of peaceful relations. Based on the results, a proposal for a strategy to improve citizen participation for the prevention of gender violence was developed.

 

Keywords: gender violence, citizen participation, social and human development

 

 

Artículo recibido 29 diciembre 2023

Aceptado para publicación: 30 enero 2024

 


 

INTRODUCCIÓN

La participación ciudadana es un derecho universal de las y los ciudadanos de participar en conjunto con sus gobiernos en los procesos de toma de decisiones, además de ser un principio de igualdad entre la población, establece el estado de derecho en los gobiernos democráticos, fortalece la inclusión social y el desarrollo económico, social y humano, a su vez de ser un derecho implica una obligación y un elemento determinante para el impulso o limitación de las políticas públicas.

A pesar de que existe un involucramiento cada vez mayor de las y los ciudadanos en los procesos de la gestión pública para la construcción de políticas públicas, estos no se han reflejado en todas las etapas del ciclo de la gestión pública, solo se han manifestado en la promulgación de leyes.

Sin embargo, la participación ciudadana se ha visto afectada al no contar con la información suficiente y oportuna de la realidad actual y nuevas formas de participación, por lo que es importante fomentarla y promoverla.

La investigación se enfocó a analizar la participación ciudadana para la formulación de políticas públicas para la prevención de la violencia de género en el municipio de Hermosillo en relación desarrollo social y humano, gobernanza, mecanismos de participación y prevención de la violencia que pueden influir en su efectividad para el acceso de mujeres a una vida sin violencia.

A la vez se realizó una propuesta de intervención que aminoren los problemas identificados a través del diagnóstico social. 

Efectos de la violencia de género

La violencia contra las mujeres, además de ser un obstáculo para el desarrollo humano y social, es una violación de derechos humanos, un problema de salud pública, de discriminación y de libertades, y constituye una manifestación en las relaciones de poder desigualdad entre hombres y mujeres.

La ONU (1993, p.2) ha señalado que la violencia de género es “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

Alrededor del mundo, la violencia de género ha alcanzado magnitudes alarmantes, por lo que algunos autores señalan que sus efectos han conformado una pandemia de feminicidio y de violencia de género que está acabando con las vidas de mujeres y niñas en todas partes del mundo “con grandes consecuencias económicas, sociales y culturales” (Cruz, López y Ramírez, 2021, p.14).

De acuerdo con el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL,2021) la Pandemia SARS-CoV-2, conocida como COVID-19, visualizó el grave problema de la violencia de género en el mundo, producida por las medidas de contención, mitigación y prevención, a través del aislamiento y confinamiento social, lo que provocó una sobre carga de trabajo a mujeres y niñas,

Se ha documentado, de igual forma, el incremento en el caso de violencias en el hogar, intensificando las grandes brechas de desigualdad social y de género, afectando el bienestar principalmente de mujeres y niñas, generada por un déficit de los servicios de salud y de protección que limitó el ejercicio de los derechos y capacidades para el desarrollo humano.

A nivel internacional, los efectos de la violencia de género han impactado en diversas dimensiones desde lo social, lo económico y de salud pública (Concha, 2002).

Este fenómeno social ha debilitado las estructuras sociales, no solo afectando a las víctimas y a sus familias, sino a toda la sociedad. Por lo que la violencia es prevenible y no es natural.

México presenta un retroceso en el sesgo contra la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres entre 2010-2014 y 2017-2022, por lo que es imprescindible que se fortalezcan las relaciones entre gobierno y sociedad civil con el objetivo de consolidar un sistema de protección y de inclusión (PNUD, 2022).

A la vez, la violencia de género se ha incrementado en los últimos años de forma preocupante, poniendo en riesgo a mujeres y niñas, 643 municipios de 22 entidades han sido declarados en Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (INMujeres, 2021).

Así mismo, el alto registro de casos de violencia de género de 108,382 víctimas y 291,331 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres es un ejemplo de la magnitud de la violencia en México (SESNSP, 2021).

Entre las entidades en México con mayor violencia de género y en contra de las mujeres se ubica el estado de Sonora, que ocupó el primer lugar de incidentes en llamadas de emergencia al 9-1-1 por violencia familiar en los años 2021 y 2022, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por otro lado, la violencia familiar ocupó el segundo lugar en llamadas al número de emergencia 9-1-1 con un total de 50 llamadas diarias, seguida por música en alto volumen en el municipio de Hermosillo (Proyecto Puente, 2023).

En este contexto, el municipio de Hermosillo se ubica en el primer lugar en la entidad en incidentes de violencia familiar. Esta forma reiterada de la violencia de género en nuestro estado motivó a la sociedad civil, la demanda urgente de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

Por tal motivo, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM, 2022, p.4) de la Secretaría de Gobernación “Declaró la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por violencia feminicida para los municipios de Cajeme, Empalme, Guaymas, Hermosillo, Nogales, y San Luis Río Colorado y el estado de Sonora”.

METODOLOGÍA

La presente investigación se desarrolló a través del método cualitativo, con un tipo de estudio de investigación explicativo, a través de la técnica de la entrevista semiestructurada, donde la población objetivo fueron instituciones públicas, privadas y población civil.

La muestra utilizada fue por muestreo por conveniencia, donde se entrevistaron cuatro instituciones públicas a nivel estatal y municipal, un organismo no gubernamental, diez ciudadanas y ciudadanos que asistieron a acciones de prevención de la violencia de género en el municipio de Hermosillo.

Entre los criterios de inclusión para las instituciones públicas y privadas se consideraron las siguientes: que se encuentren desarrollando acciones en materia de prevención de la violencia de género en el municipio de Hermosillo, las o los informantes tengan puestos de cargos medio o superior. Por otro lado, para la población civil: sea mayor de 18 años y más y que asistieran a una o más acciones de prevención.

Los criterios de exclusión estuvieron dados por: instituciones públicas y privadas no realicen acciones de prevención de la violencia de género y para la población civil no sea mayor de 18 años y que no asistieran acciones de prevención. 


 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El análisis de resultados se realizó a través del esquema de coordenadas cartesianas (Corvalán, 2011) basado a partir de las diversas teorías revisadas que permitió estructurar los resultados de acuerdo con los objetivos planteados de la investigación.

Tabla I. Análisis de datos a través del esquema de coordinadas cartesianas

Dimensiones/

Variables

Desarrollo Social

Gobernanza

Mecanismos de participación ciudadana

Prevención de la violencia de género

Desarrollo humano

Limitadas oportunidades y capacidades de la población para alcanzar el desarrollo social, por el escaso fortalecimiento del desarrollo humano

Las instituciones no garantizan los derechos humanos a la población.

La ciudadanía no se involucra en la gestión pública, por lo que existen nula legitimación de las políticas pública.

Escasa promoción de derechos humanos, lo que limita la gestión social.

Gestión

social

Poco fortalecimiento de las organizaciones en acciones de prevención en coordinación con las instituciones públicas lo que origina limitado desarrollo social.

Falta de estimulación para una ciudadanía activa que permita generar la gestión social en la población como agente de procesos de cambios en la gestión pública.

Insuficientes mecanismos de participación ciudadana. Solo comités y convenios.

La acciones de prevención no involucra a la población, esta solo participa como espectadores.

Políticas públicas

Escaso fomento al desarrollo social al no generar capacidades y habilidades a la población para su desarrollo sustentable.

Falta de transparencia y rendición de cuentas.

Limitada participación ciudadana, no se generan espacios de opinión.

Falta de seguimiento y evaluación de políticas públicas.

Gestión pública

Escaso capacidades de la población para el desarrollo social y humano.

Las y los ciudadanos no son escuchados sus voces.

Ausencia participación ciudadana en la gestión pública. 

Las y los ciudadanos solo participan como espectadores en las acciones de prevención.

Cohesión social

No se consideran a la población en los procesos del desarrollo social.

Poco fortalecimiento para la participación ciudadana en los procesos de la gestión de las políticas públicas.

Limitada participación ciudadana en asuntos colectivos.

No se abordan las causas de la violencia.

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas semiestructuradas.

De acuerdo con el análisis de los resultados del esquema de coordenadas cartesianas surge las siguiente discusión:

Prevención de la violencia de género como una de las formas para erradicarla

Ante este panorama global, la ONU (2006, p.104) ha recomendado que, para disminuir estos índices de violencia de género, es necesario desarrollar estrategias más integrales, orientadas a erradicar el problema de raíz, entre las que se encuentra: reafirmar los instrumentos y tratados internacionales sobre derechos humanos en los estados miembros, “en particular la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”, así como la prevención integral, entre otras.

Para Rico (1996, p.25) la prevención de la violencia de género debe basarse “en el reconocimiento de la necesidad de que la propia comunidad desarrolle acciones para hacer frente al problema, estimule cambios colectivos y posibilite la creación de redes sociales de ayuda”.

Sin embargo, en el municipio de Hermosillo la prevención de la violencia de género solo se ha enfocado a informar a la población de la existencia de una normativa para atender, prevenir, procurar y erradicar la violencia mediante pláticas, talleres y seminarios, donde la población asiste como espectadores sin involucrarse en el desarrollo de acciones para la solución del problema. 

Por otro lado, se identificó escaso fomento a la cultura de la legalidad, de capacitación en derechos humanos, mecanismos de solución de conflictos y de masculinidades inclusivas, ya que solo se enfoca a mujeres y no a hombres.

Existe una falta de transparencia y rendición de cuentas, no se visualiza los programas preventivos institucionales, así como el seguimiento y evaluación.

Para el diseño y elaboración, seguimiento y evaluación de programas preventivos, la ciudadanía no es tomada en cuenta, por lo que alcanzar la gobernanza efectiva en el municipio todavía está lejos de concretarse.

Además, que las instituciones no consideran planes de gestión de riesgos donde se identifican los problemas que puede enfrentar los programas y que dañe la efectividad, por lo que es importante prevenirlo y mitigarlo.

Violencia de género y el desarrollo social y humano

La violencia de género, además de ser considerada una violación de derechos humanos y un problema de salud pública, también puede definirse como un problema del desarrollo social y humano, dado que reduce la calidad de vida de las mujeres, lo que origina una violencia crónica y estructural que impacta en la participación y en la toma de decisiones para su empoderamiento (Kloppe y Abello, 2019).

Para el Banco Mundial (2019, s/n) el enfoque de desarrollo social “se centra en la necesidad de poner en primer lugar a las personas en los procesos de crecimiento social”, donde la pobreza no solo es económica si no se refiere a la vulnerabilidad, la exclusión y la exposición de la violencia.

Para Hag (1990, p.3) es la acción de “ampliar las opciones de las personas”, al crear ambientes saludables y seguros para una vida plena, al incrementar las capacidades, tendrán mayores oportunidades.

Incrementar el desarrollo humano ha sido un imperativo no solo para los organismos e instituciones internacionales y gobiernos locales sino para la propia sociedad, por lo que es importante generar las capacidades para incrementar las libertades de oportunidades para el bienestar social (Sen, 2000).

En el desarrollo humano, la educación es relevante para incrementar las capacidades y potencializar sus habilidades para la toma de decisiones de la población, lo cual permitirá un desarrollo sustentable (Cejudo, 2006).

Para fomentar un desarrollo social y humano es necesario impulsar una nueva forma de hacer gobierno, constituye un elemento indispensable para las acciones que promueve el desarrollo, la cohesión social y comunitaria, la eficacia colectiva y generar relaciones sanas y pacificas.

Por lo que es primordial contar con manuales que permita acceder de forma específica, metodológica y con criterios claros, la inclusión de la sociedad para la formulación de políticas públicas eficientes y eficaces para prevenir la violencia de género, como un proceso de cambio para solucionar la violencia contra las mujeres en conjunto gobierno y sociedad.

Sin embargo, las instituciones encargadas para esto, no cuenta con dichos manuales.

Por otro lado, no hay permanencia en los programas preventivos, solo acuden una sola vez y con una duración de menos de una hora, por lo que disminuye la oportunidad que la población acceda a herramientas para el desarrollo de capacidades para hacerle frente a la violencia.


 

Gobernanza y la participación ciudadana

Para Montecinos y Contreras (2019) la gobernanza es el involucramiento de los diferentes actores de la sociedad, con responsabilidades y con un mismo objetivo resolver los problemas más urgentes de la sociedad.  

Donde la participación ciudadana es fundamental para alcanzar una gobernanza democrática, legitimar programas, la confianza ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas.

Sin embargo, hasta ahora, la participación ciudadana se ha concentrado en la promoción y promulgación de leyes y normas, pero poco ha tenido efecto en su cumplimiento, debido a la falta de homologación a nivel nacional y de un sistema de seguimiento y evaluación de impacto para su cumplimiento (Villarreal, 2009).

A lo largo del tiempo, la participación ciudadana para la democratización ha sido malentendida como el ejercicio del sufragio, y no como el derecho que tienen las y los ciudadanos en participar en conjunto con los gobiernos en la toma de decisiones en sus comunidades (Villarreal, 2010).

Guy Peters (2010) advierte que existe un riesgo en la gobernanza, debido a que la participación ciudadana se interpreta como un convenio de simulación y que esta pierda autonomía y legitimidad, cuando están a las órdenes de los gobiernos en turnos, restringiéndose solo en espacios administrativos y no en la gestión de la política pública.      

Por lo que es fundamental establecer la participación ciudadana como eje transversal de las políticas públicas no solo de los gobiernos sino de la propia sociedad. 

La participación ciudadana en la gobernanza permite el aprovechamiento de las capacidades y experiencias para el beneficio de la población de seguridad y bienestar, además se desarrollan nuevas capacidades democráticas entre la ciudadanía y gobierno y se reduce la sensación de hastío de las y los ciudadanos, generando un nuevo sistema para mejorar la convivencia sana y pacífica.

Por otro lado, la participación ciudadana en la formulación de políticas públicas promueve la legitimidad de los programas y acciones porque existe un involucramiento directo de las y los ciudadanos, genera una propuesta representativa de la ciudadanía y se atienden las necesidades de la población, por lo que es transparente, da continuidad independientemente de los cambios de gobierno, puesto que fue elaborada por la propia población y propicia la participación en todo el proceso de la gestión pública. 

Por otra parte, la escasa evaluación de la participación ciudadana en los procesos de formulación de políticas pública no ha permitido conocer cuál ha sido la calidad de los aportes a la política pública, ni los procesos y eficiencia de los mismos, por lo que existe limitados manuales o guías sobre este tema (Trejo, 2020).

Las instituciones y organismos de la sociedad civil hermosillense no fortalecen la gestión pública para la formulación de políticas para prevenir la violencia, solo implementar pláticas, talleres, eventos deportivos y culturales donde la ciudadanía acuden como espectadores. Lo que significa un desaprovechamiento de las experiencias y aportaciones que puedan tener las y los ciudadanos para incidir de manera positiva a la erradicación de la violencia de mujeres y niñas.

Además, hay una limitada coordinación y articulación no solo de autoridades locales y estatales, sino con organismos no gubernamental, empresariales, y de la sociedad civil para el seguimiento y evaluación de programas y acciones.

Por otro lado, los indicadores de evaluación solo dan cumplimiento a metas (cuantitativos) y no de objetivos de programas, por lo que no reflejan la percepción y el sentir de la población al no ser cualitativos.

Mecanismos de participación ciudadana

Los mecanismos de participación ciudadana son elementos clave en la democratización de las acciones para la solución de la violencia contra las mujeres, relacionada como “los espacios o formas de la participación ciudadana y de formulación de las políticas sociales” (Ziccardi, 2004, p. 13).

Es importante activar los mecanismos de participación ciudadana para el involucramiento de la población de forma efectiva en la gestión pública, con efectos vinculantes que derivan en una agenda política para la construcción de políticas públicas.

En México la participación ciudadana tiene sus antecedentes en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, donde se establecía en primera instancia la elección de jefes de manzana, después se introdujo las formas de democracias directas como son los plebiscitos, referéndum, iniciativa popular, la consulta vecinal, la colaboración vecinal y a la fecha determina formas democráticas tanto directas como indirectas (Olvera, 2009).

Se ha avanzado en la integración de marcos legislativos donde la participación ciudadana es una pieza elemental para la construcción de políticas públicas, sin embargo, en la ejecución y las formas para impulsar la participación presenta pocos avances para fomentar relaciones estrechas entre gobierno y ciudadanía desaprovechando los medios tecnológicos actuales de información y comunicación (García y García, 2022).

Las instituciones públicas y organismos de la sociedad civil solo se concentran en integración de comités y convenios de colaboración como mecanismos, por lo que es necesario ampliar y fortalecer las formas que permita incentivar la participación principalmente de la población con mayor vulnerabilidad como son las comunidades indígenas, personas con discapacidad, población de diversidad sexual y mujeres y niñas. 

Además, no existen convocatorias abiertas a sectores de la sociedad, solo se realizan convocatorias cerradas, lo que provoca que solo asistan las y los ciudadanos y los organismos de la sociedad civil que están afines a su gobierno.

Propuesta de Intervención

Con el objetivo de dar respuesta a algunas de las deficiencias o nulos factores que presenta los programas de prevención de la violencia de género en el municipio de Hermosillo que permitan garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres y niñas de vivir una vida libre de violencia asegurado su desarrollo humano y social.

Consolidar una democracia democrática a través de del involucramiento de la ciudadanía en la gestión pública y la participación de hombres y niños en el desarrollo de la intervención.

Se propone una estrategia de mejoramiento de participación ciudadana para la prevención de la violencia de género. Busca fortalecer la cultura de la corresponsabilidad, generando espacios de comunicación con la ciudadanía, la transparencia, eficacia y efectividad.

Al proveer información oportuna a mujeres y niñas para generar su participación en el programa de prevención de la violencia de género:


 

§  Incrementando las acciones de transparencia de información;

§  Multiplicando los espacios de comunicación entre ciudadanía e instituciones públicas.

§  Impulso la elaboración de diagnósticos participativos.

§  La evaluación y el seguimiento de los programas con participación ciudadana.

CONCLUSIONES

Se concluye que en el municipio de Hermosillo la participación ciudadana en el desarrollo social y humano sigue siendo vertical, por lo que la toma de decisiones para la elaboración de programas y acciones se ejerce desde los mandos superiores sin la participación, debido a que existe una resistencia a la transversalidad de acciones.

Lo que conlleva, que población no disponga de información que genera el estado, como la transparencia y rendición de cuentas de los programas.  

No se promueven evaluaciones de impacto, debido a que las acciones solo se cuantifican y no se cualifican, es decir, la evaluación solo se da por cumplimiento de metas (número de pláticas y número de acciones realizadas) y no por el impacto que tiene el programa en los objetivos planteados.

Falta estimulación para una ciudadanía activa que genere la gestión social en la población, como agente de procesos de cambios en la gestión pública.

Además, las instituciones presentan resistencia al cambio y una praxis de usos y costumbres muy arriesgadas que permitan fortalecer la participación ciudadana en asuntos de gobierno, uno por generar un mayor trabajo, tiempo y presupuesto en los procesos y otra porque falta liderazgos innovadores.

No existe manuales y metodologías científicas para la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación con participación ciudadana .

No se parte de un diagnóstico para identificar las causas y efectos que genera el problema, en su caso si se hace no se incluye la participación ciudadana para priorizar esos causas.

No se han generado relaciones positivas entre organismos de la sociedad civil y gobierno para la búsqueda de soluciones consensuadas (tú me das y yo te apoyo), solo se ha limitado a la estricta participación en los procesos electorales.

En los procesos de la gestión pública se ve afectada por la poca efectividad y falta de mecanismos de participación, derivado por políticas o programa que se realizan a muy corto plazo en un término de 3 a 6 años, lo que imposibilita hacer cambios en la población, debido a que los problemas de la violencia son multicausales, se requiere de políticas de largo plazo.

Además, los mecanismos de participación se concentran en comités, redes, convenios y sistemas, los cuales no son efectivos, debido a que no se involucran la participación ciudadana en todo el ciclo de la intervención y los convenios son de buena fe.

Por otro lado, hace falta mejorar las herramientas y controles de información, dado que, los informes no contienen los procesos de la intervención, solo muestran fotografías y listas de asistencias, es notable la ausencia de seguimiento e impacto de los programas.

Es necesario la profesionalización de las y los servidores públicos, debido a que los perfiles no cuentan con la experiencia en el campo de la prevención o sobre género.

Existen desaprovechados mecanismos de participación, lo que originan programas de prevención de la violencia de género con reducido involucramiento ciudadano a limitarse solo a la integración de comités y convenios de colaboración, los cuales no estipulan cláusulas para su cumplimiento y seguimiento y evaluación.

No se promueven acciones de prevención de la violencia de género con hombres y niño, solo se reduce atender a mujeres y niñas.

Existe una falta de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, sociedad civil organizada, empresarios, académicos, investigadores y ciudadanía en general, por lo que es necesario impulsar y fortalecer la coordinación y articulación para que las acciones tengan un efecto real para erradicar todas las formas de violencia de género.

Así como formular y promover programas para la construcción de ciudadanía que incentive una participación activa y transformativa con desarrollo sustentable.

Derivado de las conclusiones se recomienda lo siguiente:

Fomentar la participación ciudadana en la población vulnerable, principalmente en la población indígena, con discapacidad y LGBTQI+, ya que se encuentran gravemente amenazadas por los estereotipos y prejuicios de discriminación, violencia de género y violación de derechos humanos.

Promover la transversalidad desde un enfoque con perspectiva de género, debido a que los tratados internacionales y la propia ley de planeación estipula la elaboración de planes y programas con perspectiva de género.

Un abordaje integral de la política pública con participación ciudadana, la participación no es solo el hecho que las y los ciudadanos asistan a acciones de prevención, si no, en el involucramiento de todo el proceso de la gestión pública, es decir, de la elaboración de diagnósticos participativos, diseño, intervención, seguimiento y evaluación. 

Consolidar la práctica de la formulación de políticas públicas con participación ciudadana.

Implementar el desarrollo organizacional, mediante la formación, capacitación y profesionalización de las y los servidores públicos que realizan acciones en materia de prevención de la violencia pública, así como a las y los tomadores de decisiones.

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[1] Autor Principal

Correspondencia [email protected]