Declaración del imputado como medio de prueba o medio de defensa, revisión sistemática

Resumen

Esta investigación se abordó el problema en lo que concierne a la declaración del imputado, para determinar cuál es la categoría que se le asigna, dentro de la doctrina y la jurisprudencia, nacional y extranjera. El propósito de la investigación tiene como objetivo una revisión sistemática de literatura jurídica en torno a la declaración del imputado, que permita determinar la categoría que se le asigna sea como medio de prueba o medio de defensa. Para cumplir esta labor se ha revisado la bibliografía de las diversas fuentes de las revistas con mayor aceptación dentro de la doctrina jurisprudencial, donde se ha analizado un total de 68 artículos de diversas fuentes, obteniendo información relevante en 20 de los mismos, entre la doctrina comparada y la doctrina nacional. Se ha concluido que no existe unanimidad ni en la doctrina ni en la jurisprudencia, nacional y extranjera, para determinar a la categoría que se le debe asignar a la declaración del imputado. Dentro del proceso investigativo, pudimos advertir, que los pronunciamientos jurisdiccionales difieren de manera categórica, al momento de asignarle una categoría a la declaración del imputado, lo que nos produce una enorme preocupación, debido a que esto acarrea pronunciamientos distintos en situaciones homólogas, lo cual perjudica a los justiciables, creando incertidumbre jurídica. En el mismo sentido, la doctrina no ha otorgado una respuesta a la problemática surgida, siendo que únicamente han tomado posiciones aisladas y controversiales, donde un sector, más conservador y adepto al principio de legalidad, le asigna la categoría de medio de prueba, mientras que otro sector un poco más optimista con el nuevo código procesal penal peruano del año 2024, se inclina por asignarle la categoría de medio de defensa. Lo mismo ocurre en la doctrina extranjera, donde la discusión tampoco es pacifica, adoptando posiciones disimiles, justificando cada sector su posición, generalmente teniendo en cuenta el principio constitucional a la no autoincriminación, que protege al imputado.